Introducción

En este estudio planteamos como objetivo analizar el contexto en que se sitúan los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, y en particular de México, el cual se caracteriza por la marginalidad y la violencia multidimensional aguda; estructuras de desigualdad donde se constituye el espacio vital de los jóvenes, su experiencia biográfica, y que condicionan, en gran manera, el ejercicio de su ciudadanía, sus posibilidades de acceder y constituir alternativas de vida dignas, justas y seguras.

En los últimos años hemos observado un aumento agobiante de información difundida en diferentes medios sobre el incremento de la intensidad de la violencia en diferentes regiones y de la variedad de sus formas expresadas. Estadísticas dan cuenta de la violencia y su agudo mensaje de peligro, de vulnerabilidad, de riesgo, como los datos del Global Peace Index (2015), que mide la paz global utilizando tres ejes temáticos: el nivel de seguridad en la sociedad, el alcance de los conflictos domésticos e internacionales y el grado de militarización, el cual destaca que:

• El mundo es ahora más violento comparado con el índice del 2008. Los indicadores que más se han deteriorado son los relacionados con refugiados, los muertos por conflicto interno, y el impacto del terrorismo. En el 2014 se registraron 20,000 personas muertas por ataques terroristas, en tanto que una década atrás el promedio era de 2,000 muertes.

• Las regiones de Medio Oriente y África del Norte sufrieron un incremento relevante en la violencia relacionada con luchas sectarias y conflictos civiles, así como un aumento en las acciones realizadas por grupos extremistas islámicos. “La intensidad de conflicto armado interno ha aumentado dramáticamente, con el número de personas muertas en conflictos multiplicándose 3.5 veces – desde 49.000 en 2010 a 180.000 en 2014” (p. 1).

• Siria permaneció como el país más violento en el mundo, seguido por Iraq y Afganistán.

• No obstante, Latinoamérica continúa como la región más violenta del mundo en términos de seguridad en la sociedad. Este es particularmente el caso para Centroamérica y el Caribe, la región peor clasificada y donde se pueden encontrar las tasas de homicidio más altas. En el caso de México, el Global Peace Index (2015) lo ubicó en el lugar 144 de 162 países que considera el estudio.

Sin embargo, la situación de México se agudiza según datos que proporciona la OCDE para los países que le conforman; y le ubica en el primer lugar de violencia, con 18.9 asesinatos por cada cien mil habitantes. Lo cual se incrementó en 2014 al registrarse 21.5 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Índice de Paz Global 2015 (Publimetro, 2015).

En el panorama mundial, también hay que considerar la gravedad de la violencia autoinfligida, y al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) señala que cada año más de 800 000 personas se suicidan y muchas más intentan hacerlo. En el 2012 fue la segunda causa principal de muerte en el grupo de los jóvenes (de 15 a 29 años) en todo el mundo. La organización plantea que el suicidio afecta tanto a países de altos ingresos como a los de mediano y bajo ingreso: En el 2012, el 75% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

La OMS (2015) vincula al suicidio con los trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol), señala que en los países de altos ingresos muchos suicidios “se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos”. Asimismo, el suicidio se asocia con problemas sociales, culturales, económicos, políticos y naturales, de manera que “las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas” (OMS, 2015, p. 1).

Las sociedades contemporáneas experimentan otras formas más de violencia como la de los medios de comunicación que difunden la violencia como una mercancía que mueve el morbo de la gente, lo que produce ganancias; asimismo, se experimentan problemas relacionados con la violencia del crimen organizado, la violencia en las interacciones sociales, la delincuencia, la violencia doméstica, la violencia estructural³, la lucha por el poder político, la violencia institucional representada por el Estado (la institucionaliza, la media y, cuando la utiliza, la legitima).

Estas expresiones de la violencia dan cuenta de la complejidad de sus procesos como construcciones sociales, y son objeto de una clasificación diversa: individual y colectiva, violencia estructural, institucional, delictiva y simbólica; diferenciada por grupos de edades, por clases sociales, por género, diferenciada bajo un contexto global y local que la constituye. Asimismo, el “tratamiento” para atender el grave problema de la violencia ha sido diverso, y en particular en México se ha fortalecido la orientación a la criminalización, la penalización de la violencia y se ha desatendido su origen social, económico, político y cultural.

En este contexto de violencia multidimensional y diferenciada, enfrentamos, según Puga (2015), un fenómeno social que denomina la “socialización de la violencia”, que refiere a la interiorización desde la vida cotidiana, desde la infancia, “de reglas formales e informales que permiten a los individuos sobrevivir en una realidad que los enfrenta diariamente al maltrato, a la ilegalidad, e incluso, a la eliminación física”.

La violencia y todas sus expresiones se erige como una amenaza individual y social, construye un “imaginario del miedo”, genera una percepción de riesgo y vulnerabilidad, que trasciende el tiempo y se internaliza e­­­­n lo profundo de las culturas (Cisneros y Cunjama, 2010, p. 90), de ahí la importancia de reflexionar sobre sus diversas formas de expresión, los procesos que le constituyen y sus efectos en la calidad de vida de los sujetos, en particular de los jóvenes quienes se ven más afectados.

Jóvenes y ciudadanía

La definición de la categoría social “joven” ha expresado variaciones en tiempo y espacio; Alvarado et al. (2009) nos dicen que para conceptualizarla es necesario considerar dos condiciones epistemológicas que asumen lo relativo de una definición certera y exacta, esto por la diversidad de los discursos que tratan de ello y la particularidad de espacio-tiempo donde se construyen dichos discursos. Esto pone de manifiesto de un lado “la incapacidad de aprehender en su totalidad los fenómenos, y de otro, la complementariedad y/o confrontación entre diferentes tradiciones discursivas” (Alvarado et al., 2009, p. 86). De esta manera, el concepto de “joven” refiere a un sentido más amplio que su aspecto psicoevolutivo situado en determinado rango de edad, refiere a una generación con una producción cultural, social e histórica específica, refiere entonces a tratar la juventud como “una pluralidad significativa” (Alvarado y Arata, 2015, p. 14).

Los jóvenes constituyen sus espacios vitales a través de las relaciones que establecen en los contextos determinados en que se sitúan y la estructura socioeconómica global de la cual forman parte. Estos contextos se caracterizan, en su mayoría, por condiciones socioeconómicas marginales, pobres, por la presencia de conflictos sociales y diversas formas de violencia, que les constituyen como espacios, lugares o “zonas de riesgo social” (Alvarado et al., 2009, p. 94): periferias de miseria, zonas marginales, etc., a las cuales se les adjudican, junto con sus habitantes y especialmente a los jóvenes, representaciones de espacios y gente de peligro, de riesgo. De tal forma que estos espacios restrictivos marginales generan implicaciones simbólicas en las estructuras sociales y se etiqueta “la invisibilidad y la proscripción del mundo de la vida juvenil” (p. 93).

Para los jóvenes, estas condiciones materiales que caracterizan sus contextos constituyen en gran parte fuertes condicionamientos para la conformación de sus trayectorias de vida y su futuro. Estas estructuras de desigualdad que pueden ser de clase, género, etnia, etc., para los jóvenes son factores restrictivos de posibilidades y “opciones de elección e influyen decisivamente en el desigual reparto de los recursos y competencias necesarios para estar en la esfera pública” (Benedicto, 2016, p. 933); condicionan en gran medida la participación de los jóvenes que los puede convertir en agentes de cambio social. Las estructuras sociales son reproducidas o producidas por las formas de pensar, valores, motivaciones y sentimientos de los jóvenes, lo que los erige como sujeto juvenil, como actores con capacidades de pensarse a sí mismos, a sus espacios vitales y generar estrategias de transformación de sus condiciones.

Al respecto, Hopenhayn (2015) plantea que los estudios sobre identidades juveniles dan cuenta que los jóvenes son actores y no sujetos inacabados, inmaduros o recipientes vacíos; actualmente, ya no se puede asumir que la trayectoria de vida de los jóvenes es lineal, irreversible y definitiva; sus condiciones de vida y perspectivas de futuro expresan que cada vez es menos factible construir una biografía experiencial que tenga como base la formación en una sola carrera (si es que puede acceder a ello), el trabajo único hasta la jubilación y la conformación de una familia bajo el modelo tradicional, y que también ya no es pertinente caracterizar a los jóvenes de apáticos, desmotivados, anómicos, porque la realidad es que “ellos encarnan con mayor intensidad la transmutación de valores en un proceso de secularización intensiva y de sociedades fragmentadas, donde los circuitos que captan sus motivaciones han cambiado igualmente de manera veloz” (p. 26).

Cuando hablamos de sujetos juveniles, de actores juveniles, tratamos la ciudadanía juvenil, que de acuerdo a Benedicto (2016, p. 926) se puede entender como “un proceso de conquista de espacios de autonomía (personal y colectiva) e implicación participativa de los jóvenes”, donde se asumen como actores, protagonistas de políticas activas que promueven su condición ciudadana. Sin embargo, actualmente los jóvenes enfrentan condiciones estructurales que constituyen serios obstáculos para que puedan adquirir y generar “los recursos y capacidades necesarios para ejercer los derechos que tienen reconocidos formalmente” (Benedicto, 2016, p. 931) y puedan constituirse en sujetos autónomos y agentes transformadores de sus contextos.

De esta manera, es importante indagar sobre las implicaciones de los fenómenos estructurales que impiden el ejercicio de ciudadanía de los más desfavorecidos, de los más vulnerados, especialmente de los jóvenes; en particular estudiar las afectaciones en sus condiciones socioeconómicas, la violencia sufrida y ejercida, diferenciando el contexto en que se sitúan, el género, la etnia, etc., porque estamos frente a una “profunda dinámica transformadora que recorre nuestra vida social, al tiempo que disminuye su carácter inclusivo y refuerza el carácter excluyente” (Benedicto, 2016, p. 929). Un contexto donde la incertidumbre, el riesgo, la violencia y la individualidad permean la vida cotidiana de los jóvenes, configuran sus identidades y perfilan su perspectiva de futuro.

El contexto contemporáneo de la violencia multidimensional

En las últimas décadas del siglo XX y los años recientes del siglo XXI se han suscitado profundas transformaciones en el orden mundial, especialmente la caída de violentos regímenes militares en América Latina, el derrumbe de los regímenes totalitarios de países socialistas y la imposición y predominio de un orden económico y político, la fase neoliberal del capitalismo, que ha constituido una nueva violencia estructural, generadora de profundas crisis en lo económico, político y sociocultural (Cisneros y Cunjama, 2010).

En este contexto global, las sociedades contemporáneas se encuentran interrelacionadas de manera desigual, en la mayoría de los casos. En términos de Giddens (2006), diríamos que la globalización, además de ser un proceso económico, también es político, tecnológico y cultural; estos procesos se vinculan a las particularidades contextuales de cada localidad, región y/o nación, y conforman fenómenos complejos, que implican nuevas maneras de comunicación, de interacción y de relacionarnos; se producen grandes contradicciones y graves desigualdades, desintegran en gran manera el poder de los Estados-nación y su capacidad de proporcionar a sus ciudadanos la posibilidad del ejercicio de su ciudadanía, generando grupos vulnerados de diversa índole.

La globalización representa el predominio del mercado mundial, el dominio de la ideología del neoliberalismo sustituyendo al quehacer político; por lo que se puede definir como “los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios” (Giddens, 2006, p. 34). Estos actores transnacionales se constituyen como grandes instituciones totalitarias que producen fuertes economías centralmente planificadas, las cuales utilizan haciéndolas depender de sus Estados nacionales y manipulan los impuestos para su beneficio (Chomsky y Dieterich, 1998, in Palacios, 2013).

Una de las características relevantes del Estado-nación es su delimitación a un territorio donde ejerce un control relacionado a lo fiscal, a las leyes y a la defensa del territorio; es decir, en lo económico, social, político y espacial. El Estado-nación actual vinculado a procesos globales se enfrenta a un desmantelamiento, especialmente por la diversificación de las funciones del espacio ante la dinámica económica global, lo que Beck (2008) refiere de la siguiente manera: uno es el lugar donde se invierte, otro donde se produce, otro donde las empresas realizan su declaración fiscal y otro donde se reside. Esta especie de poder es ejercido por los actores transnacionales, lo cual permite perfilar un sistema económico sin trabajo y sin impuestos, producido por un Estado descapitalizado, con dificultades para financiar el bienestar a su población, cuestión que en ciertas regiones se agudiza con la corrupción.

Los procesos económicos y políticos globales constituyen contextos caracterizados por profundas desigualdades, pobreza, marginación, exclusión social y cultural; en sí, en “el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría... [y] la ruptura del contrato social entre trabajo, capital y Estado” (Martín-Barbero, 2004, p. 35). Estamos frente a un nuevo orden mundial, que gira en torno a una sola división del trabajo desde lo global a lo local, generando las más profundas desigualdades entre sociedades, gobiernos, empresas, clases, culturas, familias, individuos, etc. (Wallerstein, 1995).

El contexto internacional se sitúa en una nueva polarización y estratificación de la población mundial situada en “un nuevo reparto de, a la vez, privilegios y ausencia de derechos, riqueza y pobreza, posibilidades de triunfo y falta de perspectivas, poder e impotencia, libertad y falta de libertad” (Beck, 2008, p. 118). Estamos frente a un panorama permeado por el incremento de la desigualdad social, lo cual no sólo refiere a un problema económico, cuyo peligro generalmente se relaciona con las amenazas al quebranto de leyes y el orden, sino que también afecta a otros factores del bienestar social como la salud mental y física de las personas, la calidad de la vida cotidiana, su compromiso político y solidaridad social (Bauman, 2011, inPalacios, 2013).

Con respecto a la situación de los “pobres localizados”, a nivel de América Latina y el Caribe, tenemos que en el año 2014 se registró a 167 millones de habitantes en condiciones de pobreza, casi una tercera parte, 28%, de la población total de dicha región, de los cuales 71 millones se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia, esto es 12%. Estos datos indican la grave situación de un amplio grupo poblacional de esta región, pero también es relevante destacar la disparidad de la situación en un contexto de análisis de cada nación (CEPAL, 2014).

Uno de los aspectos característicos de la pobreza en América Latina es su elevada incidencia en los grupos más jóvenes de la población en relación con grupos de mayor edad, de tal manera que la tasa de pobreza de los menores de 15 años equivale a 2,8 veces la registrada en el grupo de mayor edad, en tanto que la tasa del grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años equivale a 1,9 veces la de los mayores de 55 años (CEPAL, 2014).

En el caso de México, en el 2014 registró una población en situación de pobreza equivalente a 46.2% y una población en extrema pobreza de 9.5%; y su entidad federativa más empobrecida es Chiapas, con 76.2% de su población en condición de pobreza y 31.8% en pobreza extrema.

Los problemas actuales de los Estados-nación se enmarcan en una fase del capitalismo caracterizado como un capitalismo sin trabajo, un Estado descapitalizado generador de dificultades para financiar un bienestar colectivo a objeto de proteger a sus ciudadanos y garantizar el ejercicio de sus derechos, cuestión que se suma a la pérdida de legitimidad de éste. Señala Beck (2008, p. 131) que “cuando el capitalismo global de los países más desarrollados destruye el nervio vital de la sociedad del trabajo, se resquebraja también la alianza histórica entre capitalismo, Estado asistencial y democracia”.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dicha situación se considera como un momento crítico, caracterizado por “el momento con más desempleo en la historia” (González, 2010, p. 2), un agudo problema de desempleo y pobreza con consecuencias graves a largo plazo. Al respecto, la OIT (2015a), en su informe Perspectivas laborales y sociales en el mundo. Tendencias en el 2015, plantea que las perspectivas laborales a nivel mundial empeorarán en los siguientes cinco años. En el 2014 se registró a más de 201 millones de personas desempleadas y se calcula 3 millones más para este año 2015 y 8 millones más para los siguientes cuatro años. A esto hay que agregar la problemática de la precariedad del empleo que presenta un amplio sector poblacional. Es importante plantear que los jóvenes y en particular las jóvenes son el grupo poblacional más afectado por el desempleo, de una manera desproporcionada, caracteriza la OIT (2015a) y menciona que, en el 2014, aproximadamente 74 millones de jóvenes buscaban trabajo, cuya tasa de desempleo es casi tres veces mayor a la de los adultos. Todas las regiones del mundo expresan un incremento del desempleo de los jóvenes, el cual prevalece no obstante la mejora del nivel educativo, lo que fomenta el malestar social y el riesgo de la ruptura de la cohesión social.

Cabe señalar que a nivel mundial se cuenta con una población de 1800 millones de jóvenes (10 a 24 años), equivalente al 25%, y la región de América Latina y el Caribe posee 162 millones de jóvenes, el 27% de su población (Population Reference Bureau, 2013). En México, en 2012, residían 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 26.5% de la población total (INEGI, 2013a).

La situación de América Latina en su panorama laboral ha sido afectada por la desaceleración del crecimiento económico de la región, y actualmente predomina la incertidumbre y la preocupación. Según la OIT (2015b), la región de América Latina y el Caribe registró una tasa de desocupación en 2015 de 6,7 (en el 2014 fue de 6,2), lo que equivale a 1.7 millones de personas más desempleadas. Asimismo, esta situación se caracteriza por el deterioro de la situación laboral de las mujeres y los jóvenes. De estos nuevos desocupados, más de la mitad son mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 7,7 en 2014 a 8,2 en 2015 (1,4 veces más que la de los hombres).

La OIT considera preocupante la disminución de la creación de empleos en la región, y en particular la tendencia del desempleo en los jóvenes se registra a la alza, de 14,5 en 2014 pasó a 15,3 en el 2015, y prevé una agudización de esta problemática (la situación del desempleo juvenil varía en cada país; en cerca de la mitad se expresa una mejora). En el 2014, los jóvenes representaron el 40% de los desempleados y expresaban una desventaja con relación a los adultos, al tener una tasa de desocupación entre 2 y 4 veces mayor. La tasa de desocupación urbana en particular en México, al 2014, en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años fue de 9,5 (OIT, 2014).

Dentro de la gravedad de las condiciones de pobreza y desempleo que se enfrentan, se considera a los jóvenes como uno de los sectores más afectados, y son especialmente las mujeres jóvenes quienes expresan una mayor vulnerabilidad. De acuerdo a la CEPAL (2011), estas brechas en las tasas de desempleo se han profundizado en los últimos años. Es importante mencionar la disminución en la participación de hombres y mujeres jóvenes en el empleo; no sólo se trata de condiciones económicas, sino también de la manera relevante bajo la cual los aspectos socioculturales como normas, valores y factores institucionales de cada contexto agudizan la situación de las jóvenes en algunas regiones del mundo.

Según datos de la CEPAL (2015), la población joven de América Latina y el Caribe presenta un incremento en escolaridad, pero enfrentan más obstáculos de inserción laboral que los adultos, tienen mayor desempleo y menor protección social; al 2012 el 22% de los jóvenes de la región no estaban incorporados al sector educativo ni al laboral y que la mayoría de estos son mujeres que se dedican al trabajo doméstico sin remuneración.

Es importante anotar que al 2012 los gobiernos de los países que conforman América Latina y el Caribe invirtieron para gasto en su juventud el 2.6% de su PIB, y Cuba, el más alto de la región, invirtió el 9.7% de su PIB en sus jóvenes. En el caso de México, en el 2012, invirtió 2.1% del PIB en gasto para su juventud. Asimismo, registró el 15.4% de sus jóvenes afiliados a la seguridad social, y aproximadamente una tercera parte de los jóvenes, 28.9%, no estudia ni está empleada (CEPAL, 2015).

Los jóvenes ante dichas condiciones de vida se configuran, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012), como un sector de la sociedad “en” y “de” riesgo, ya que conforman “una generación de trabajadores jóvenes ‘marcada’ por una mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en el mundo en desarrollo” (OIT, 2012, p. 1), lo cual genera perspectivas de la generalización de mayores desigualdades, violencia e inestabilidad social.

Frente a un presente y futuro sumamente restringidos en oportunidades de acceso al ejercicio pleno de derechos ciudadanos, en especial la falta de fuentes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que implica la pérdida de ingresos, se generan también efectos negativos a nivel social, político, psicológico y de salud. La condición de desempleo crea en los jóvenes la pérdida de esperanza y el desaliento, aspectos que inciden en la disminución de su esperanza de vida; en este sentido, el director de la OIT, Juan Somavia (inGonzález, 2010, p. 2), argumenta que “la pérdida de empleos no sólo desalienta a la juventud, sino que daña sus perspectivas y sus capacidades, además [...] un joven desempleado es más propenso a sufrir problemas de salud o incluso morir mucho antes de llegar a la edad madura”.

Dentro de los efectos sociales negativos relacionados con la pobreza y el desempleo juvenil, se considera la frustración de las expectativas de movilidad social en el presente y en el futuro, la cual se asocia al incremento de la violencia en los jóvenes. Dicho horizonte se encuentra agravado por la deserción escolar, la desigualdad de oportunidades, la segregación y la falta de espacios de participación (OIT, 2012). Es necesario tomar en consideración la pobreza generada por el desempleo, no sólo como la carencia de ingresos y falta de comodidades, sino también como “una condición social y psicológica [...] ser pobre significa estar excluido de lo que se considera una ‘vida normal’ [...] implica, también, tener cerradas las oportunidades para una ‘vida feliz’ [...] la consecuencia es resentimiento y malestar [...]. Se manifiesta en forma de actos agresivos o autodestructivos, o de ambas cosas a la vez” (Bauman, 2008, p. 64). Es importante señalar que la delincuencia juvenil es un fenómeno tanto de raíces económicas como sociales, impulsada por la globalización y que se relaciona con una fuerte filosofía consumista, con reducidas oportunidades para la población pobre y con la ausencia de perspectivas realistas para evitar o superar la pobreza (Bauman, 2011, inPalacios, 2013).

Actualmente, de acuerdo a la OIT (2012), para Latinoamérica el principal problema de seguridad es la violencia juvenil organizada, y la primera causa de muerte de la población joven masculina es el homicidio; asimismo, se manifiesta un aumento de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de los niños. En sí, la región se enfrenta a un incremento en la escalada de violencia donde destaca la participación de los jóvenes como sujetos de violencia y perpetradores de la misma. De acuerdo a la OIT (2012), en los países de la región el principal problema es la violencia organizada de los jóvenes, la conformación de pandillas juveniles vinculadas al consumo y comercialización de drogas y el tráfico de personas. Cabe mencionar el caso de México, donde el 53.7% de sus jóvenes declararon haber consumido alcohol en los últimos 12 meses; asimismo, 48.6% declaró que conocen a alguien que haya vendido o comprado drogas, y el 71.3% manifestó haber sido víctima de un delito o su familia (CEPAL, 2015).

Al respecto, menciona la OIT (2012), las autoridades consideran a la condición de pobreza como el problema central para los jóvenes; en particular el principal problema percibido por los hombres jóvenes es el desempleo y por las mujeres la violencia intrafamiliar.

En este sentido, el desempleo tiene graves efectos psicosociales como desaliento, resentimiento, irritabilidad, y un sentimiento de impotencia, incapacidad, sufrimiento, dolor, agudizados por la presión de la cultura de consumo en la cual estamos inmersos; los sujetos desempleados poseen mucho tiempo libre inaprovechable y “gran parte de la existencia diaria carece de estructura [...] y la irritabilidad [es] la característica cotidiana en la vida diaria” (Bauman, 2008, p. 65). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) declaró que aproximadamente 1 millón de personas al año se suicidan, lo que representa una tasa de 11,4 por cada 100 mil habitantes a nivel mundial (15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres). En países ricos, las muertes por suicidio en hombres son tres veces mayor que mujeres, y en los países de ingresos bajos y medianos la relación hombre-mujer en suicidios es de 1.5 hombres por cada mujer. A nivel mundial, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre mujeres.

Para el caso de los jóvenes (15 a 29 años), es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y la región de las Américas registra 65 mil muertes por suicidio cada año (OMS, 2014). Datos específicos de la Organización Panamericana de la Salud (2013) registraron como tres principales causas de muerte en el 70% de adolescentes y jóvenes de esta región: (i) agresiones/homicidios 30.34%, (ii) accidentes de transporte terrestre 17.8% y (iii) suicidios 6%.

En el 2012, en América Latina y el Caribe, las cuatro primeras causas de mortalidad en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años son, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (2013):

1. (1a) Suicidios con 13.06%: primera causa de muerte en las mujeres (12.27%) y segunda para los hombres (13.40%);

2. (2a) Agresiones/homicidios con 10.83%: primera causa de muerte en los hombres (14.19%) y séptima para las mujeres (2.97%);

3. (3a) Accidentes de transporte terrestre con 10.60%: tercera causa de muerte en los hombres (13.24%) y sexta para las mujeres (4.46%);

4. (4a) Ahogamiento y sumersión accidental con 6.03%: cuarta causa de muerte en los hombres (7.81%) y novena para las mujeres (1.86%).

Para el caso de las mujeres jóvenes de América Latina y el Caribe, las primeras causas de mortalidad son: (1) suicidio, (2) embarazo, parto y puerperio, (3) enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo, (4) enfermedades del sistema urinario, (5) neoplasia maligna del tejido linfático, (6) accidentes de transporte terrestre, y (7) agresiones/homicidio.

Según el Banco Mundial (2012), el promedio global de homicidios es de 7 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio de Latinoamérica es de 29 y de Centroamérica es de 37.

Según datos obtenidos del Banco Mundial, en el 2010, en México, la primera causa de muerte en los jóvenes fue el homicidio, la segunda accidentes de tránsito y la tercera causa el suicidio. La escalada de violencia en el país se ha incrementado en los últimos años, especialmente por la guerra contra el narcotráfico implementada por el gobierno federal de Felipe Calderón (2006-2012). Dicha confrontación repercutió gravemente en el sector joven, específicamente en el grupo de jóvenes de 10 a 29 años, en el cual el total de homicidios en el período 2000 a 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, equivalente al 38.2% de los homicidios en México en el mismo período. La evolución de la tasa de homicidio juvenil en México manifestó un incremento a partir de 2008 hasta 25.8 en 2010. Del total de homicidios juveniles de 2000 a 2010, 43.4% se produjo en el lapso 2008 al 2010. Es importante destacar lo siguiente: una cuarta parte de los ejecutados en “la guerra contra el narcotráfico” son jóvenes. Igualmente, el homicidio afecta más a los hombres, pero el número de víctimas femeninas está creciendo. Entre 2000 y 2010, la proporción era de 8 hombres asesinados por cada mujer en la década. Pero entre 2007 y 2010 la proporción de homicidio juvenil entre hombres y mujeres se elevó de 7 a 9. El uso de armas de fuego en la violencia juvenil se incrementó sobre todo a partir del 2008. Entre 2007 y 2010, los homicidios de jóvenes por armas de fuego casi se han triplicado, y son los jóvenes los responsables de la mitad de los delitos en México en 2010 (Banco Mundial, 2012; CEPAL, 2015).

En 2010, más de la mitad de los homicidios de jóvenes en el país, 56.7%, ocurrió en cinco entidades: Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Baja California y Guerrero. Sólo en Chihuahua se produjo 28.2% de los homicidios de jóvenes (Banco Mundial, 2012).

En cuanto a la tasa de suicidio que presenta México, el Banco Mundial (2012) registra una tendencia ascendente de esta violencia autoinfligida en particular en los grupos de jóvenes de 15 a 19 y de 25 a 29 años de edad, en el período del 2000 a 2010. Para el año 2011, el INEGI (2013b) señaló una mayor proporción de suicidios en la población joven de 15 a 29 años, con 43.5%; y para los jóvenes de 15 a 24 años fue de 31%. En este último grupo, son las mujeres quienes expresan la mayor proporción de suicidios, con 40.7%, en tanto que los hombres presentaron 28.8% de suicidios.

En 2011, México registró 859 suicidios de adolescentes de 15 a 19 años de edad, equivalentes a una tasa de 7.7 muertes por cada 100 mil adolescentes. La mortalidad de jóvenes por suicidio es una problemática que va en aumento; en 1990 el INEGI consideró una tasa de 4 en hombres y en mujeres de 1.4 suicidios por cada 100 mil adolescentes, y en el 2011 incrementó a 10.8 y 4.7 suicidios por cada 100 mil adolescentes, respectivamente. A esto habría que agregar la grave situación de subregistro de los casos de suicidio que se da sobre todo en las áreas rurales. Al 2013, las principales entidades federales que se presentan como de más riesgo suicida se localizan en el sureste del país: Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Para el caso de los hombres, las entidades que registran más casos de suicidio son las del norte como Baja California, Sonora, Chihuahua; y para las mujeres las entidades del centro del país: Baja California Sur, Querétaro y Jalisco (INEGI, 2013b).

México expresa el incremento acelerado de víctimas de un hecho delictivo y la percepción de la inseguridad pública; el INEGI (2015) a través del Censo de Seguridad Pública y Justicia da cuenta que a nivel nacional, en el período del 2011 al 2014, la tasa de prevalencia delictiva⁴ por cada cien mil habitantes pasó de 23,993 a 28,224, lo que expresa un aumento en los últimos cuatro años de 4,231 (en hombres el incremento de víctimas de delito en este mismo período fue de 2,921 y en las mujeres de 3,853). En el sector poblacional de jóvenes, estos registraron 71.3% de víctimas de un delito, o su familia (CEPAL, 2015). Asimismo, en México, en el período del 2007 al 2011, se registraron más de 150 mil niños y jóvenes robados y desaparecidos; estas cifras pueden traducirse en más de 30 mil personas al año o de 3 a 4 niños y jóvenes robados/desaparecidos cada hora (Ponce, 2013).

Al respecto, podemos señalar que las condiciones de desigualdad social se consideran el factor más relevante que origina la violencia y la agudiza; Briceño-León (2008) considera que, “si bien la violencia afecta a todos los sectores sociales, la intensidad cambia, varía y se hace más dañina a medida que desciende el nivel de ingresos de los individuos, mostrando que, a mayor pobreza, la intensidad y la letalidad de la violencia es mayor también” (p. 110). Si tomamos este argumento, México posee espacios caracterizados por condiciones de pobreza y desigualdad muy graves, lo cual, en gran parte, determina la condición de vulnerabilidad de su población y en particular de sus jóvenes.

Al contexto de violencia estructural y social se integra también lo agudo de la violencia institucional, y el caso emblemático actual en América Latina, sin duda, lo representa México: masacres, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, violaciones, uso excesivo e indebido de la fuerza policiaca y militar, etc., se han convertido en prácticas de terror, de crímenes de lesa humanidad; en particular los jóvenes son los más afectados, y las hipótesis planteadas sobre las causas de este profundo espacio de violencia, como señalan Saxe-Fernández (2015) y Mastrogiovanni (inSaxe-Fernández, 2015), son que esta violencia se sitúa estratégicamente en territorios que poseen grandes riquezas de yacimientos de petróleo, gas, y minerales codiciados para su explotación por grandes empresas “aliadas con gobiernos para obtener la máxima ganancia”. Estos intereses de las empresas transnacionales y de grupos nacionales siembran el terror en estos espacios para “vaciar” territorios y poder explotar los recursos naturales, práctica que han reproducido en diversas latitudes del mundo, por ejemplo, Colombia y ahora México: “grupos de delincuentes hacen huir a la gente [o la asesinan], luego llegan grupos paramilitares o militares que los hacen huir a ellos y luego llegan las empresas para aprovechar ese territorio explotable sin gente”. En este “cruce entre negocios y geoestrategia” se imbrica el Estado, como un actor relevante en la práctica de una violencia contra su propia población que es señalada como una “guerra sucia impune”, que arrebata y aplasta el presente y el futuro de sus jóvenes.

Reflexiones finales

Hoy día nos situamos en un mundo más violento. Los contextos de violencia institucional, estructural y social conforman espacios complejos que influyen en las alternativas de vida para la sociedad y en particular para los jóvenes, quienes tienden a ser el grupo más vulnerado de la sociedad. En estos contextos de violencia, los jóvenes son estigmatizados por la referencia de juventud de una supuesta condición de violencia, lo cual genera una fractura en la solidaridad y “exacerba el sentido de exclusión” de este grupo social (CEPAL, 2015). Asimismo, estos contextos violentos, pobres, marginales impulsan el incremento de la participación de los jóvenes en organizaciones criminales, que les ofrecen “una alternativa de inclusión social”. La espiral de violencia en la cual se ven envueltos los jóvenes de la región amenaza los derechos humanos fundamentales de igualdad, libertad y justicia, así como el vivir con dignidad, y en el caso de la violencia extrema viola el derecho humano fundamental: el derecho a la vida.

Tanto las áreas rurales como las urbanas están constituidas principalmente por una gran parte de jóvenes excluidos por el Estado, situación agravada por los niveles de corrupción en las instancias de gobierno así como también por los nulos o escasos programas gubernamentales dirigidos a este sector, los cuales no han sido los óptimos para satisfacer y resolver los problemas enfrentados por los jóvenes; dichos programas, en su mayor parte, carecen en su origen de una planeación participativa de los diferentes actores implicados.

La falta de oportunidades educativas, laborales y sociales ha generado que los jóvenes queden “fuera de los espacios institucionales de reconocimiento, es decir, están en la calle o en casa” (González, 2010, p. 2). Las políticas públicas destinadas a los jóvenes se han caracterizado por la escasa importancia dada a estos y “la diferencia entre la importancia económica y social de los jóvenes” (Cuna, 2006, p. 9 2).

Las condiciones socioeconómicas de los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe indican la urgente necesidad de reorientar la política económica-social-cultural para considerar e incluir la participación y atención de los problemas de los jóvenes de la región. Esto es: incrementar el gasto social en el sector de jóvenes, incrementar su inclusión en el sector educativo, laboral, de salud, cultura, a las TICS y en la participación política. Retomando las propuestas de Hopenhayn (2015), señalaríamos que para la atención de los problemas de la juventud es primordial reconocerlos como un conjunto de sujetos, actores y protagonistas, fortalecer el desarrollo de sus capacidades y de los mecanismos de protección y promoción a partir de sus propuestas y participación activa.

Ante este contexto global-local el cual afecta a una parte relevante de la sociedad, en particular a su población joven, los retos son complejos, y corresponde no sólo a los jóvenes, sino a todos los sectores de la sociedad vencer el miedo que engendra la violencia y que paraliza o hace huir; atender el estado vulnerado al que nos destinan y nos provoca a la fragilidad, al riesgo; eliminar la exclusión y lograr la participación activa de cada ciudadano en sus diferentes contextos para transformar nuestros espacios de vida en otros más justos, más equitativos, más solidarios.

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Notas

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