Traer a debate las transformaciones agrarias y el cooperativismo en Cuba pudiera parecer un tema pasado de moda para las ciencias sociales. Sin embargo, problemas como la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, la resignificación del papel de la economía campesina, la atención a la vulnerabilidad social, y el destaque del papel del Estado en el diseño de políticas de desarrollo rural, entre otros, hacen de la cuestión agraria un problema vigente en América Latina.

La crisis que hubo de enfrentar la sociedad cubana desde inicios de la década de 1990 tras el derrumbe del socialismo este-europeo, colocó el problema agrario como uno de los principales en la agenda de la reforma económica. Las transformaciones puestas en vigor han sido consideradas las más trascendentes luego de la Reforma Agraria de 1959. Sus impactos son múltiples y las maneras en que participan los actores sociales también lo son.

Un análisis histórico nos remonta a encontrar sus causas en el modelo económico monoproductor y monoexportador nacido de la economia de plantaciones durante la colonia y reforzado en la república. Este modelo convirtió al país en el principal exportador de azúcar, tabaco y otros produtos primarios al mercado mundial, en base a grandes latifundios levantados sobre las ruinas y el despojo de cientos de familias campesinas luego de la última guerra por la independencia (1895-1898), de la intervención norteamericana (1898-1902) y del establecimiento de la república neocolonial (1902-1958).

Si bien la presencia del capital foráneo marcó la dinámica de múltiples sectores de la economía cubana, fue la expansión azucarera la de mayor confluencia entre el capital norteamericno y la oligarquía financiera cubana. Así se explica que la principal característica del régimen agrario en Cuba antes de 1959 sea precisamente la participación del latifundio azucarero, con el 25% de las mejores tierras del país, equivalentes a 1.173.015 ha (Pino, 1973). Según este autor, las inversiones registradas en el sector durante el período analizado hizo del país el principal exportador de azúcar al mercado norteamericano en la primera mitad del siglo XX, con más del 75% del valor exportado.

La prevalencia de un modelo capitalista de producción agrícola vinculado a la dinámica azucarera, dirigido a la exportación, con la correspondiente importación de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población (Estados Unidos cubría más del 75% de las importaciones), definió el perfil básico de las relaciones socioeconómicas en el ámbito rural; resumidas en: monopolio sobre las mejores tierras del país y explotación económica de éstas según las exigencias del mercado mundial; existencia de centros agroindustriales azucareros con alto nivel tecnológico y técnico que funcionaban como grandes complejos económicos territoriales; elevada asalarización de la fuerza de trabajo, más del 75% de la estructura social rural y el 59% de todos los asalariados en Cuba, así como una masa de 200 mil campesinos, de los cuales el 85% pagaban renta y vivía bajo la perenne amenaza del desalojo (Castro, 1982).

Estas características marcarían la especificidad de la Reforma Agraria, que la diferenció de otras realizadas en el subcontinente latinoamericano, así como de la experiencia soviética y china: el no fraccionamiento de la gran propiedad. Ello aseguró para la economía estatal todas aquellas tierras no cultivadas directamente por agricultores3, pertenecientes a latifundios nacionales o extranjeros, y de esa manera se gestó la gran empresa estatal4 (Rodríguez, 1983). La ley también establecía la creación de cooperativas cañeras integradas por obreros agrícolas y concebidas como una especie de tránsito hacia la granja estatal. De este modo, el gran dilema entre nacionalización o reparto de tierras fue solucionado a favor de la estatalización. El otro dilema estaba en sus límites, que quedó fijado en 402 ha (unas 30 caballerías5), dejando un remante para la existencia de terratenientes, luego por la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963.

El modelo de transformación agraria en Cuba, así como las políticas seguidas desde enero de 1959 hasta inicios de la década de 1990 sentaron las bases de una agricultura empresarial estatal de carácter extensivo, consumidora de altos insumos, que no privilegió a las cooperativas como forma de auto-organización democrática de la producción y del desarrollo rural. La propiedad estatal y la especialización agrícola se convirtieron en el símbolo de la transformación socialista de la agricultura.

Las leyes agrarias y otras nacionalizaciones enfrentaron diretamente a la Revolución Cubana con el gobierno norteamericano, que reaccionó con la agresión económica y militar6. El bloqueo económico, comercial y financiero iniciado en 1960 (conocido en el discurso norteamericano como embargo) llevó a la búsqueda de otros mercados, en especial en Europa del Este y la Unión Soviética, por lo que la expansión cañero-azucarera comenzó a responder a sus demandas. La incorporación de Cuba al Consejo de Ayuda Económica (CAME), a inicios década de 1970, reforzó el carácter especializado de sus cadenas productivas. La exportación de azúcar y cítricos a cambio de alimentos quebró el intento de la diversificación agrícola de la década anterior y colocó al país desde ese entonces en condiciones de vulnerabilidad alimentaria al depender de la importación de alimentos para la canasta básica. Siguiendo a Figueras (1994), a inicios de la década de 1990 Cuba importaba el 55% de las calorías, el 50% de las proteínas y el 90% de todas las grasas que consumía su población.

Desde mediados de la década de 1980, el modelo tecnológico y organizativo dominante en las relaciones agrarias comenzó a mostrar síntomas de insostenibilidad económica y ecológica, agravada por la caída del socialismo este-europeo que afectó severamente al sector estatal de la economía. Se trata de una profunda crisis económica que tuvo su desencadenamiento en la pérdida de más del 75% de los mercados internacionales, en el agravamiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos7 y en la imposibilidad de una reinserción rápida en el Mercado Mundial, controlado por intereses monopólicos y proteccionistas de los países que dominan en la Organización Mundial del Comercio.

En estas circunstancias, las políticas diseñadas por el Estado (desde la década de 1990) referentes al uso del suelo, a la organización social de la producción y a la búsqueda de la soberania alimentaria8 han sido consideradas las más trascendentes luego de la Reforma Agraria de 1959 y 1963, valoradas como un tercer momento del proceso iniciado con la Revolución, lo que permite considerar la Reforma Agraria como contínuum.

Fue en ese escenario que aparecen las Unidades Básicas de Producción Cooperativa9 (UBPC). El debate académico sobre el desarrollo rural acompañó esta y otras políticas orientadas a encarar la crisis y potenciar un desarrollo anclado en la sustentabilidad y la participación, dirigidos a la revalorización de los territorios rurales. A nivel nacional, se produjo una evaluación académica de las transformaciones y políticas iniciadas, con especial énfasis en las nuevas cooperativas. Como ejes en debate estaban la participación, la crisis de identidad de los nuevos cooperativistas, la autogestión y el sentido de propiedad, la composición de las nuevas cooperativas, la rentabilidad, la relación con la empresa estatal, entre otros. Las interrogantes que motivaban las discusiones estaban relacionadas con los principios del cooperativismo, si eran funcionales o no para un tipo de organización nacida por decreto, con autonomía limitada y constituída por obreros de antiguas empresas estatales. Otras eran respondidas por estudiosos sobre temas cubanos que analizaron criticamente los patrones seguidos y valoraron las diferencias con las reformas realizadas en China y Vietnam dado el predominio de la centralización, la regulación estatal y el carácter temporal del usufructo de la tierra. “Cuba está a enorme distancia de China y Vietnam, tanto en la agricultura (en los dos países asiáticos virtualmente transferida al sector privado), como en la industria, los servicios y la inversión (en los que el sector privado ha alcanzado progresos muy notables)” (Mesa-Lago, 2013, p.12).

En el nuevo escenario en que la economía cooperada desborda el sector agropecuario es estratégico repasar las lecciones que nos dejan las cooperativas nacidas en el marco de la crisis de los años noventa, pues el tema de la cooperación hoy, lejos de perder actualidad, se revaloriza, si tomamos en cuenta que la soberania alimentaria pasa ineluctablemente por el éxito de tales formas organizativas, dado el peso específico que en tierras, recursos y compromisos con los mercados agropecuarios locales, con el Estado y los servicios al turismo tienen las cooperativas.

El artículo evalúa las dinámicas sociales relacionadas con el mundo de la cooperación agropecuaria10 en Cuba, en el contexto de transformaciones agrarias que acontecen desde la década de 1990, así como los desafíos que tales procesos presuponen para las políticas públicas. La metodología se apoya en el análisis de informaciones estadísticas y de fuentes cubanas que incorporan el debate académico de la Red de Estudios Rurales de la que formamos parte, así como en entrevistas realizadas11 en el oriente de Cuba.

¿Cooperativas con obreros agrícolas? Antecedentes.

Las UBPC no constituyen la primera experiencia de este tipo en la economía cubana. Es en lo fundamental un fenómeno posrevolucionario contemplado en la política agraria diseñada en base a las leyes de reforma agraria. En 1960, por resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron transformados los latifundios cañeros en cooperativas agrícolas, agrupando así a una masa considerable de trabajadores rurales. Según el Censo Agrícola de 1946 los obreros agrícolas representaban el 65% de todos los asalariados del campo (Ministerio de la Agricultura, 1946). Su elevado nivel de proletarización y tradiciones entraban de hecho en contradicción con el nuevo status de propietario colectivo, pero en la práctica estas cooperativas estaban en el camino de la búsqueda de formas socialistas de organización de la agricultura, en un momento en que la ausencia de personas calificadas, la inmadurez de la teoría y la ineficiencia de la gestión del Estado impedían soluciones inmediatas. Para finales de 1961 existían unas 621 cooperativas con 12% de la superficie agrícola total y unos 169.054 trabajadores, dedicadas a producir caña de azúcar (Nova, 2011).

La realidad mostró el carácter restringido de su autonomía. El Instituto Nacional de Reforma Agraria controlaba su producción e imponía la administración. Para mediados de 1962 cuando fueron desechadas como forma organizativa por el Segundo Congreso de Cooperativas Cañeras, la casi totalidad de ellas era irrentables y tenían elevados niveles de endeudamiento (Valdés Paz, 1990). En su fracaso intervienen además, la confusión reinante em la política económica que identificaba propiedad y gestión. Las transformaciones realizadas fortalecían así el papel del Estado en detrimento de la organización cooperativa y de la economía campesina.

La politica oficial se concentró en el crecimiento de las empresas estatales, prevalecendo el criterio que la transformación socialista marcharía únicamente a través de la propiedad estatal y la producción agropecuaria bajo los parámetros impuestos por la “Revolución Verde”12. La subvaloración del cooperativismo hasta finales de la década de 1970 es expresión, además, del voluntarismo, el idealismo económico y de la asimilación acrítica del modelo soviético que caracterizó determinado período en la historia de la Revolución Cubana. Muestra de lo anterior fue el intento fallido de estatalizar a los campesinos desde finales de la década de 1960 y principios de los setenta mediante su incorporación a los llamados Planes Integrales13 donde devinieron en una especie de parásitos de la propiedad estatal. A ello se agrega que las tierras entregadas no siempre eran mantenidas en producción, unido a la pérdida del 70% de la fuerza laboral incorporada a los planes (Banco Nacional de Cuba, 1977). Se inició entonces un proceso acelerado de descampesinización que incidió negativamente en la producción de alimentos. Entre 1973 y 1976 el número de campesinos que transfirió sus tierras al Estado sumaba unos 30.000. Como resultado de tal política, el sector campesino hacia 1976 había disminuido en un 15%; en tanto, el sector estatal alcanzaba en ese momento el 79% de la tenencia de la tierra (Trinchet, 1984).

Las propias características de la transformación agraria, así como las políticas seguidas sentaron las bases para la agricultura empresarial estatal al tiempo que cambiaron de manera radical la situación de los trabajadores rurales. En los treinta años posteriores al triunfo revolucionario el sector estatal se convirtió en el más importante de la economía nacional con más del 75% de toda la estructura de la propiedad.

Para mediados de la década de 1980 el sector estatal concentraba alrededor del 82% de la tierra (PCC, 1987). Sin embargo, con ello no quedó resuelto el problema de la socialización de la propiedad, pues no se trata de que las nuevas relaciones sociales de producción dominen por su peso en la estructura de la economía, sino que cualitativamente garanticen su funcionamiento. De hecho, la estatización de los medios de producción constituyen un primer paso de la conquista por la sociedad de todas sus fuerzas productivas, pero no garantiza por sí misma la socialización efectiva de los mismos. Si bien, los trabajadores rurales habían recibido el derecho a ser dueños de los medios de producción, en realidad estaban muy lejos de serlo en la vida inmediata, pues son procesos que pasan por la apropiación consiente y la enajenación de la propiedad nacida en el capitalismo fue apuntada una y otra vez por la insuficiente preparación de la propiedad social, tanto estatal como cooperada, en la que in cidieron negativamente las políticas de desarrollo trazadas en ese período.

Otras formas de cooperación: Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)

Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), creadas en 1961 con el fin de viabilizar el acceso a servicios técnicos y financieros ofrecidos por el Estado, y las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), organizadas a partir de 1977 constituyeron importantes espacios de organización de los agricultores individuales, dueños de sus medios de producción, y de los campesinos cooperativistas, copropietarios del patrimonio colectivo creado bajo el principio de voluntariedad.

Las CCS significaron la introducción de prácticas socio productivas con diferentes grados de socialización y en tal sentido contribuyeron a debilitar el aislamiento campesino haciendo sistemáticas sus esporádicas relaciones de cooperación. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, fundada en 1961, hizo efectiva su política de incorporación de campesinos a formas diversas de cooperación y viabilizó el acceso a servicios y recursos financeiros.

La cooperativización agropecuaria fue incentivada por las políticas de industrialización y de socialización creciente del agro. Desde la lógica del modelo de desarrollo, las cooperativas eran concebidas como eslabones intermedios en el tránsito hacia la estatalización de la economía agropecuaria, lo cual presuponía la conversión de campesinos privados y cooperativistas en obreros agrícolas organizados en grandes empresas estatales.

Autores como Trinchet (1984), Valdés Paz (1990), Guevara (1997), Figueroa (1997 y 2014), Leyva (2006), Donéstevez (2006) permiten reconstruir las principales dinámicas sociales registradas en el campesinado, que pueden sintetizarse en el crecimiento sostenido de las cooperativas y el redimensionamiento estructural de las CPA entre 1977 y 1983. En esta etapa actuaron como incentivos la privilegiada política crediticia y de tecnificación agrícola, el otorgamiento del derecho a la jubilación, la distribución de tierras estatales en usufructo a estas entidades, así como su acceso al mercado campesino no reguladopor el Estado, cuyos beneficios se reflejaron en la diversificación productiva, la autonomía y la rentabilidad de las cooperativas. Como resultado de la política de seguridad social adoptada se producen jubilaciones masivas con el consiguiente decrecimiento del total de socios. Los nuevos socios/as reprodujeron en su nuevo marco laboral patrones ajenos a la tradición campesina, a sus prácticas y saberes. Esta transformación signó desde entonces la dinámica socioeconómica y cultural de las CPA, mitigando su alcance. La sostenida disminución de los campesinos aportadores de tierras al patrimonio colectivo entre 1987 y 2015 pasó del 20% al 1,7% (ANAP, 2015), lo que tuvo como correlato la expansión y predominio de la cultura obrera, distinguida por el manejo del tiempo laborable, la organización del trabajo y expresiones discursivas y simbólicas bajo códigos inmanentes a la economía y al trabajo de empresas estatales. El predominio de trabajadores procedentes del sector estatal y la reproducción en su funcionamiento de la lógica empresarial estatal, impuso desafíos en el orden de la realización de la propiedad colectiva, expresado en el persistente y variable distanciamiento entre el obrero-cooperativista y el conjunto de medios de producción aportados por sujetos ya ausentes del entorno cooperativo.

Los estudios realizados sugieren que sólo allí donde ha prevalecido una cultura campesina vigorosa y la familia de los socios continúa actuando como la base social fundamental de las cooperativas se muestra matices diferenciables en relación a la tendencia general. Factores de naturaleza micro como el liderazgo, las condiciones naturales, el horizonte de oportunidades ofrecido por el contexto territorial y las mediaciones subjetivas actúan a favor o en contra del desempeño socioeconómico de las cooperativas y de sus dinámica socio reproductivas.

Los mecanismos de regulación estatal que mediatizaban su autonomia de gestión incidieron negativamente en su capacidad de reclutamiento dentro del campesinado. Sin embargo, es de reconocer el positivo impacto de las políticas a favor de las cooperativas que incidieron en la reconfiguración de los espacios rurales, una revolución en las condiciones de vida y en el sistema de significados de las familias incorporadas, dada la construcción de modernas comunidades rurales, expresión de la corriente urbanizante del campo y del acceso a políticas públicas. No obstante, la visión imperante sobre las relaciones socialistas en el agro condujeron a serios errores en materia de políticas de desarrollo rural. Desde finales de la década de 1980 el modelo de desarrollo agrario de tipo convencional apoyado en los patrones de la “Revolución Verde” mostró evidentes síntomas de insostenibilidad económica y ecológica. Después de décadas de tecnificación e industrialización de los sistemas agrícolas, con el derrumbe del socialismo, Cuba perdió sus socios comerciales en el este de Europa y el país tuvo que enfrentar una crisis alimentaria, de tecnologías y de insumos sin precedentes. Bastaría decir que hasta 1989 el 57% de las proteínas y más del 50% de las calorías consumidas eran importadas, asimismo, el 40% de los insumos de fertilizantes y el 52% de los fabricados en Cuba eran producidos con materias primas importadas, el coeficiente de importación para todos los fertilizantes era de un 94% y para herbicidas y pienso para la alimentación animal del 97 y el 98% respectivamente (Averhoff y Figueroa, 1999).

El sobredimensiomiento de las unidades productivas en manos del Estado resultaban disfuncionales en el nuevo contexto y no garantizaban la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas de la población. Vasta decir que hacia 1990 el 73% de las empresas estatales eran irrentables por sus resultados económicos, en contraposición a la rentabilidad que mostraban más del 80% de las cooperativas campesinas (Nova, 2004). Estas razones llevaron a la dirección del país a pronunciarse sobre nuevas medidas14 que planteaban la gestión de la propiedad estatal sobre bases cooperadas en la búsqueda de un nuevo paradigma bajo en insumos químicos y con mayor intensidad de trabajo vivo.

Reforma de los ‘90: búsqueda de un modelo alternativode desarrollo agrícola.

La reforma agraria instrumentada a partir de 1993 tuvo como direcciones centrales la diversificación del régimen de tenencia y explotación de la tierra a través del usufructo colectivo e individual de la superficie estatal, la ampliación de la autonomía de gestión cooperativa, la búsqueda de mayor correspondencia entre ingresos y resultados productivos, la diversificación del sistema de comercialización, así como la modificación de las relaciones organizativas de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las estructuras técnico-administrativas de las Cooperativas de Créditos y Servicios.

En comparación con el esquema anterior, en el que predominaba la gestión estatal en el uso de la tierra, el modelo agrario concebido en la década de 1990, el uso de la tierra se usufructúa a agentes diversos, naturales y jurídicos. Tiene como rasgos fundamentales la presencia de niveles superiores de heterogeneidad socioeconómica, la diversificación de las relaciones y mecanismos de regulación, la coexistencia de formas organizativas, de gestión y tenencia con diversos grados de socialización, entre los que figuran agentes estatales y no estatales, espacios de planificación y mercado, pequeñas y grandes unidades de producción. A este régimen le resulta consustancial relaciones y estructura social mucho más diferenciada, en la que se transforman grupos sociales tradicionales y aparecen otros vinculados al sector cooperativo, que en su conjunto dan cuenta de un momento cualitativamente nuevo por la complejización de las relaciones sociales, el uso y tenencia de la tierra, la diversificación de la producción y de los tipos de mercado, además de modelos productivos que se confrontan.

El nuevo modelo agrario tomó al cooperativismo como eje central del cambio. En tal sentido, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) constituyeron el referente inmediato para la transformación de más largo alcance operada en la esfera estatal desde 1959, cuando la casi totalidad de las granjas agropecuarias quedaron convertidas en Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), entidades gestionadas por colectivos obreros que compartían la propiedad de sus medios de producción con el Estado; asimismo, las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) fueron revalorizadas por las políticas públicas mediante la transformación de sus relaciones organizacionales, de dirección y funcionamiento institucional15, así como por la entrega de tierras en usufructo para el cultivo de café, tabaco y producción familiar de alimentos, a personas naturales de diversa procedencia social, lo que favoreció la reproducción social del campesinado a partir de estratos sociales diversos.

La reforma activó nuevos canales de movilidad social y espacial urbano-rural y desde la economía estatal hacia la esfera cooperativo-campesina, que en conjunto incentivaron el crecimiento y redimensionaron el rol de este sector en la economía agraria. El arribo de jóvenes, técnicos de nivel medio y de profesionales a las cooperativas, constituyó un rasgo distintivo de este tipo de movilidad social en el contexto de la crisis económica y el incremento del desempleo que caracterizó toda la década de 1990. Para las estas cooperativas, la incorporación de ex trabajadores estatales, desempleados, jubilados, jóvenes desmovilizados del Servicio Militar, amas de casa, entre otros sujetos, significó la ruptura de su homogeneidad social y una creciente complejización de las relaciones sociales en el mundo rural.

El acceso individual a la tierra adquirió mayor relevancia en cultivos especializados como tabaco y café, para luego ampliarse a otros cultivos, convirtiendo a los nuevos campesinos (usufructuarios de tierras estatales) en el grupo social de crecimiento más dinámico. Como productores y productoras podían optar o no por la pertenencia a cooperativas. Las Cooperativas de Créditos y Servicios se convirtieron en su principal opción. Para 2015 constituían algo más del 42% del total de miembros de estas cooperativas y explotaban el 22% de toda la superficie agrícola cultivada, donde las mujeres sólo representaban el 11,1% del total de quienes usufructúan la tierra (Oficina Nacional de Estadísticas, 2017). La insuficiencia de incentivos centrados en elevar la equidad de género, así como la persistencia de rezagos propios de una cultura patriarcal en el campo figuran entre las razones que ayudan a explicar este fenómeno.

Un balance mínimo sobre las transformaciones registrados en las cooperativas campesinas arroja que estas organizaciones se reafirman como las más dinámicas por el incremento de nuevos asociados equivalente al 170,9 % (ANAP, 2015). El hecho de que alrededor del 77% de los nuevos sócios/as esté constituido por personas con escasa experiencia en las actividades agropecuarias y que el 35% oscile entre 20 y 35 años, implica un desafío para políticas públicas (extensionistas, crediticias, impositivas) dirigidas al sector agropecuario y al medio rural en general, las cuales habrán de instrumentar ayudas diferenciadas atendiendo las desigualdades territoriales y tomar el principio de la equidad de género, como elemento clave en su aplicación práctica.

El constante ingreso de técnicos de nivel medio y profesionales a las cooperativas campesinas durante las últimas décadas constituye otro elemento relevante en el marco de transformación agraria iniciada em Cuba desde la última década del siglo XX. El crecimiento de estos grupos impacta positivamente en la capacidad de gestión de las asociaciones, al tiempo que refuerza la diversidad social como elemento característico de la reproducción campesina en el contexto de la reforma.

Los usufructuarios y las usufructuarias pueden definirse como pequeños productores/as que explotan la tierra en calidad de su aprovechamiento gratuito, con ayuda familiar y adquieren en propiedad los demás medios de producción. Su emergencia obedeció en lo esencial al diseño de estrategias anticrisis y su nueva identidad se construye asociada a la inserción en la pequeña producción mercantil y a la forma de tenencia que los distingue en la estructura agraria. Con relativa rapidez asumen los valores típicos del campesinado mejorando su estructura sociodemográfica, socioprofesional, potenciando el capital social y retroalimentándose del capital cognitivo del campesinado. Su llegada al escenario agrario introduce cambios cualitativos en la reproducción social del campesinado más allá de la tradicional reproducción familiar. A este grupo también se le ha denominado neorurales, para catalogar a los recién llegados y que no tienen procedencia social campesina. El papel que juega la economía campesina en Cuba como aportadora del 58% de los tubérculos y raíces, el 62% de las hortalizas, el 77% del maíz, el 80,5 % de los frijoles, el 82% del cacao, el 73% de las frutas, el 56% de la producción de leche, etc. (Nova, 2009) justifica la importancia que el Estado cubano otorga a este grupo en el actual proceso de recampesinización.

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), implicaciones en la identidad colectiva.

Los cambios en la legislación agraria constituyen la plataforma directa desde la que se levantan los grupos emergentes del espacio rural cubano desde que se inicia la reforma en los años 90. La desestatalización de la tenencia de la tierra tuvo lugar a través de su concesión en usufructo a colectivos laborales procedentes de empresas estatales. En este contexto de reformas emergen los trabajadores cooperativistas de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

Con la desestatalización y descentralización de la agricultura empresarial el sector cooperativo se transformó en el más importante y decisivo de la agricultura cubana. La entrega en usufructo de la tierra fue realizada por lapsos de tiempo indefinidos, incluía la adquisición de los medios de producción, la posibilidad de operar sus propias cuentas bancarias, el autoabastecimiento a partir de sus producciones y el ejercicio de la autonomía de gestión estaban contenidos en el discurso inicial que les dio origen.

La Reforma en el sector agropecuario fue seguida por la decisión de acometer la reestructuración y redimensionamiento de la agroindustria azucarera (Ministerio del Azúcar, 2002), considerada como la transformación productiva y sectorial de mayor alcance en la isla en los últimos cien años16 (Marquetti, 2005) y que implicó la reconversión tecnológica-productiva de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa dedicadas a la producción de caña de azúcar.

La agroindustria presentaba una elevada contribución a la producción de alimentos y el bagazo constituía cerca del 30% del consumo energético del país. A ello se le agrega el hecho de que la agroindustria azucarera garantizaba empleo durante todo el año a más de 500, mil trabajadores en todo el país. (Marquetti, 2005).

Transformar las Unidades Básicas de Producción Cooperativa dedicadas a la caña tendría implicaciones negativas para trabajadores que poseían una tradición histórica vinculada a la agroindustria azucarera y muy poca experticia en la producción pecuaria y de otros cultivos, además de la pérdida de ventajas en ingresos, condiciones y calidad de vida que diferenciaban el sector azucarero de otros de la esfera agropecuaria.

Se trata de un doble impacto en las identidades. La primera, un cambio en el grupo social de pertinencia; la segunda, una transformación en la identidad productiva. Durante el trabajo de campo realizado en la región oriental del país, un trabajador expresó “sufrimos un trauma, era nuestra historia, nuestra cultura” (Carlos17, febrero 3, 2015). Al responder a nuestras interrogantes, el administrador de una UBPC en el municipio de Manatí en la provincia de Las Tunas señaló “tuvimos que asumir el cambio, un cambio brusco que no nos dio tiempo a prepararnos, por ejemplo, para la ganadería no se tenía muchos conocimientos, ni tecnologías” (Armando18, mayo 15, 2015). La reconversión azucarera implicó además, cambios en la estructura socio-profesional, y en la división social del trabajo, que impactaban negativamente en sus condición social y nivel de vida. Al respecto, se constató que “muchos hombres que eran operadores de máquinas, como los de las unidades de corte, alza y tiro fueron reubicados como trabajadores agrícolas, con pérdidas en sus ingresos, (…) hay que considerar que la agricultura depende de muchos factores como el clima.” (Joel19, integrante de la dirección sindical de una UBPC, Holguín, junio 4 de 2015)

Con la creación de las UBPC, las mujeres sufrieron más las desventajas en que la cultura patriarcal las coloca, ellas se vieron prejudicadas en condición y posición; y no se trataba sólo de una crisis de identidad como trabajadoras. Ubicadas en puestos que reproducian los roles tradicionales, alejadas de las maquinarias y del tratamiento al ganado mayor, vieron reducir sus ingresos en comparación a los hombres. Si a ello se añade el deterioro de las condiciones de vida causadas por la crisis y por los impactos de la reconversión azucarera, ellas tuvieron que reinventar lo cotidiano con el diseño de estrategias de sobrevivencia, a partir de sus saberes, de las redes familiares, aprovechando cada resquício del nuevo escenario y de las políticas en curso, sea el trabajo por cuenta propia, usufructuando tierras para las nuevas producciones o con la crianza de ganado menor; así como con el aprovechamiento de apoyos brindados por la cooperación internacional que exigían de una perspectiva de género. Una de las mujeres entrevistadas señala: “Tengo un rebaño de más de 80 carneros, aprovecho la leche para el consumo, el queso y la carne siempre tienen mercado. Recibí apoyo financiero para protegerlos y alimentarlos mejor, la crianza me ha dado autonomia, no dependo de nadie para vivir” (Martha20, 55, Holguín, julio 6 de 2015)

La creación de las UBPC constituyó un fenómeno singular en la práctica histórico-social, es decir, cooperativizar sin asociar propietarios. Ello de hecho implicaba un conjunto de riesgos iniciales y es la ausencia de sentido de propietario colectivo de los medios de producción. La tierra como medio fundamental no les pertenece, tal y como estipulan los documentos jurídicos que norman su funcionamiento. Estas entidades nacieron por decreto, sin experimentación social y a un ritmo vertiginoso.

La situación de crisis y depresión del mercado interno en el momento de su creación contribuyó a que la oferta de bienes industriales, insumos y de consumo incidiera negativamente en los niveles de producción. La adquisición de medios de producción (heredados de la empresa estatal y que debía resarcir) con elevados niveles de depreciación física y moral y de otro tipo equipamiento tecnológico no adecuado a las nuevas circunstancias. La carencia de insumos y escasez de piezas de repuesto colocaba a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) desde su nacimiento en una situación económica difícil para cumplir con los objetivos por el que fueron creadas; a saber: “el incremento sostenido en cantidad y calidad de la producción agropecuaria, el empleo racional de los recursos de que dispone y el mejoramiento de las condiciones de vida”. (Ministerio de Agricultura, 1997 , p. 11)

La propia posición respecto a los medios de producción implicaba en sí misma una dualidad social que les confería características diferentes a los asociados/as de estas cooperativas.

Así, los obreros agrícolas convertidos formalmente en obreros cooperativistas no llegan a identificarse con el tipo de propiedad estatal-cooperativa que rige en las UBPC. Esta contradicción queda expresada en una autopercepción propia de su condición social anterior, muestra del carácter complejo de los procesos de cambio donde interviene la variable conciencia de clase. Como la identidad no se corresponde con la posición actual de grupo social, entonces debe tomarse en cuenta el papel de la trayectoria de clase para explicar este fenómeno. La no necesaria coincidencia entre posición subjetiva y ubicación en la estructura social. La disociación entre autopercepción del sujeto y el carácter formal de las relaciones de propiedad en que éste se inserta.

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, en tanto que entidad económica portadora de una nueva modalidad de la tenencia de la tierra, implica la desagregación y aparición de poderes y derechos. La propiedad estatal-cooperativa ofrece un margen formal para la soberanía y la autonomía colectiva que resulta novedosa en el contexto de la economía estatal agropecuaria. Las nuevas facultades que ejercitan las asambleas de cooperativistas y las atribuciones mínimas contenidas en los documentos normativos que rigen el funcionamiento de estas cooperativas denotan el alcance de un grado de descentralización, participación social y horizontalización de relaciones inexistente en las estructuras empresariales anteriores a 1993.

En Cuba, la aparición de la propiedad estatal-cooperativa (Villegas, 1999) dentro del modelo de economía agraria que emerge a inicios de los noventa, presupone que el nuevo grupo social que le acompaña se hace depositario de poderes autoritarios, transferidos desde las empresas matrices, que lo distingue del resto de los trabajadores estatales del sector agrícola. Las funciones de control que cumplen las Unidades Básicas de Producción Cooperativa con relación al uso y conservación de los bienes que forman su patrimonio, y a la actividad económica, además de la política fiscal y de precios, constituyen la fuente de autoridad consustancial a la forma específica de propiedad que protagonizan e implican, a su vez, un resquebrajamiento de las relaciones tradicionales de autoridad entre empresa estatal y colectivos laborales, sustentadas en bajos niveles de participación y estilos de dirección excesivamente centralizados.

Tanto la autonomía como las nuevas funciones de control que asumen los trabajadores cooperativistas se convirtieron en facultades y responsabilidades para las cuales no estaban preparados cuando se produce el cambio en las relaciones de producción. El nuevo rol estatal no ha sido rápida e igualmente internalizado dentro del habitus21 de grupos administrativos, directivos y técnicos de instancias superiores a las unidades de base, lo cual ellos reproducen a través de prácticas que constriñen la autoridad de asociados/as. El habitus está mediatizado por las diferencias en las condiciones de existencia de los actores y ambos elementos pautan, a su vez, la formación y división de clases.

A pesar de que se deja fuera la posibilidad de que no exista correspondencia entre la posición social y el tipo de habitus que le acompaña, teniendo en cuenta la intervención de relaciones sociales múltiples, la movilidad social y trayectorias personales laborales y de vida, la perspectiva constructivista nos amplía la visión con que hemos de acercarnos a la dimensión subjetiva del proceso de cambio experimentado por la sociedad agraria cubana en los últimos años.

La naturaleza mixta de la propiedad estatal-cooperativa que da origen a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, trae consigo nuevas contradicciones que al no ser revertidas eficazmente provocan un regreso a la disociación entre trabajadores/as, los medios productivos y resultados económicos, relación típica de la crisis del modelo agrario anterior (Villegas, 1999). En este contexto, la no correspondencia entre la facultad de autonomía asignada a las cooperativas y el carácter aún constrictivo de las estructuras externas deviene contradicción fundamental y condiciona la formación de una subjetividad que al mismo tiempo contribuye a estructurar relaciones sociales y acciones que niegan la legitimidad de su contenido. Todo parece indicar que, ante la inflexibilidad del control estatal, el cual linvade los ámbitos más elementales de la actividad cooperativa, no sólo pierden credibilidad los incentivos que descansan en la propiedad colectiva del patrimonio material sino también aquellos que deben reactivar la productividad del trabajo a través del manejo autónomo de las producciones. Lo que explica la permanencia y reproducción de rasgos de la identidad de clase anterior.

El peso excesivo de los factores externos que norman sus relaciones con las entidades provocó distorsiones en el funcionamiento de las cooperativas, necesarias de corrección para lograr el cambio y rectificar la dirección de su movimento. El sistema entró en tensión con el entorno (empresa y demás instituciones estatales). Cuando dicha contradicción se torna insoluble para el sistema puede entonces producirse un fenómeno de anomia; es decir, el sistema está constreñido por una estructura externa que le impide organizar su funcionamiento sobre la base de los valores propios de su condición. En este caso, serían los valores típicos del cooperativismo y la formación de sujetos identificados con la propiedad colectiva sobre los medios de producción. Por su parte, la evidencia anómica está dada en la búsqueda de fuentes de ingresos y relaciones sociales alternativas para aquellos grupos más afectados por la falsa autonomía y el estilo vertical en la dirección empresarial.

Las contradicciones que genera la propiedad estatal-cooperativa impiden su realización socioeconómica y modelan una subjetividad identificable en gran medida con la posición social anterior. Aquí actúa la contradicción entre la prevaleciente cultura proletaria que portan estos sujetos, y la cultura cooperativa de raíz campesina que puja por nacer y se extravía en un medio signado durante muchos años por el predominio de mecanismos estatalmente centralizados. En esas condiciones, las expectativas iniciales que movilizó la voluntad de un cambio inducido desde el aparato central del Estado como política pública, han quedado parcial o totalmente insatisfechas. Todo ello nos conduce a identificar a los trabajadores-cooperativistas como un grupo social híbrido identificado más con la condición de trabajador asalariado que como cooperativista.

Junto al problema del sentido de la propiedad y la dualidad de identidades productivas un tema que alcanza relevancia es el de la autonomía de estas cooperativas. La autonomía como principio de estas organizaciones es un tema que sigue pendiente. Siguiendo a Rodríguez y López (2011) este es un fenómeno de carácter complejo, pues incluye elementos jurídicos, económicos, políticos e ideológicos, además de la consideración o no de estas entidades como empresas. Si tenemos en cuenta, las características de las organizaciones empresariales, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa tienen dudosa autonomía, reflejada en su limitado poder de decisión y su debilidad financiera. Desde el punto de vista jurídico, limita su autonomía las atribuciones que el reglamento interno de las cooperativas otorga a las empresas estatales, quienes tienen la potestad hasta de disolverlas, ejercen sobre ellas el control, realizan la casi totalidad de las transacciones económicas, tienen el carácter de intermediarias ante el mercado de insumos y en la realización de sus producciones.

En la práctica la autonomía se supedita a factores como: el desempeño económico-financiero alcanzado, el tipo de producción en que se especialice la cooperativa y la capacidad de liderazgo que muestren los dirigentes en la base. La preeminencia del componente estatal en el funcionamiento del sistema de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y su entorno determina su carácter como cooperativas estatales. El mecanismo económico que marca las relaciones empresa-cooperativa influye en la autopercepción de sus trabajadores quienes se conciben como “obreros agrícolas del Estado” o como “cooperativistas del Estado”, lo que hace muy difícil hablar de campesinos cooperativistas. Un elemento más a favor del análisis que hacemos es el hecho de que su membresía sigue estando sindicalizada y su máximo decisor es denominado administrador como en la anterior unidad estatal, a lo que se agrega que en la mayoría de las ocasiones este administrador es designado o sustituido por la propia empresa.

Los factores limitantes de su actividad socioeconómica influyen en la conducta subjetiva, pautan de manera directa su reproducción como grupo social y promueven la movilidad ocupacional y horizontal de sus miembros. La dinámica general de este nuevo agregado humano revela un condicionamiento estructural que cobra forma en la acción del mecanismo económico y las relaciones sociales en que se insertan este tipo de cooperativas.

Los factores anteriormente analizados condicionan que el aporte que realizan a la producción de alimentos no se corresponda con el fondo de tierras cultivables del país, ni con los recursos humanos y materiales que concentran. Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa cuentan con un área de más de un millón 700 mil hectáreas que representa según el balance sobre el uso de la tierra la gestión del 30,7% de la superfície agrícola cultivada (OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 2017), lo que las convierte en el mayor usufructuario de tierras del país, pero parte de ellas se mantienen ociosas (21,7%), acumulando, además millonarias deudas con el Estado. En este escenario, destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas constituye una exigencia del desarrollo económico y social del país, que exige de mecanismos jurídicos que refrenden la soñada autonomía de los y las cooperativistas.

Las nuevas regulaciones del acceso al fondo agrícola ocioso, si bien promueven la explotación sostenible del suelo, el policultivo y la producción animal en fincas forestales y frutales, no logran articular aún de manera explícita un enfoque agroecológico hacia la explotación bajo régimen de usufructo. A pesar de los exitosos resultados de programas y proyectos multi-institucionales desarrollados desde la perspectiva de la agricultura sostenible y participativa, se hacer dejación de concepciones y prácticas asociadas a la “Revolución Verde” que aún persisten en el sistema agropecuario estatal y parte del cooperativo, y transitar así hacia un modelo que privilegie el manejo de agroecosistemas integrados, el aprovechamiento eficiente de recursos locales y la conexión permanente de los nuevos agricultores usufructuarios con los centros generadores de productos biológicos, de manera que se promueva eficazmente su incorporación al Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino.

El proceso actual de acceso a la tierra, si bien ha propiciado una discreta recuperación de la población rural cubana, deberá orientarse mucho más hacia la creación de condiciones favorecedoras del asentamiento definitivo de las familias en torno al usufructo de la tierra. Bajo esta lógica, las nuevas estrategias encontrarán mayor justificación para enmarcarse en programas más amplios de desarrollo rural participativo a nivel local, con el imprescindible concurso de las instancias superiores. Las múltiples relaciones de interconexión entre la actividad agropecuaria y las dinámicas de los espacios rurales sugieren considerar, para el caso de Cuba, el desarrollo no como un epifenómeno del avance productivista sino, ante todo, como premisa y condición de la sostenibilidad de los cambios agrarios.

Consideraciones finales.

En Cuba, las dinámicas sociales y económicas que en el espacio rural acompañan las reformas iniciadas en los años 90 del pasado siglo, en especial las políticas agrarias aún en curso se han visto mediatizadas por un conjunto de fenómenos, en los que interviene como demiurgo las marcas centralizadoras de las empresas estatales, amordazando la gestión democrática de los agentes sociales emergentes. En el caso de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas se han enfrentado además, a condiciones económico-financieras, un marco normativo y factores subjetivos limitantes para el despliegue de sus fuerzas productivas. Otras mediatizaciones se dan por especificidades territoriales y de manera activa intervienen los vínculos intersubjetivos y las construcciones simbólicas. Todo ello define los cambios cualitativos, así como de los ritmos, direcciones y fuentes de reproducción de los grupos sociales analizados.

La reforma y transformación agraria iniciada en 1993 debe continuar ampliando su perfil inicial y abarcar todos los elementos que forman el mecanismo económico en el ámbito agrario. A partir de aquí se despejarían contradicciones que hoy imponen límites a la realización socioeconómica de la propiedad estatal-cooperativa y la transición de los asociados y asociadas a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa en verdaderos sujetos del cooperativismo.

El nuevo modelo económico diseñado para el actual período de la Revolución Cubana requiere destrabar las fuerzas productivas que favorezcan la conversión de los trabajadores de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa en agentes de su propio desarrollo y del espacio rural que habitan, lo que exige la continua flexibilización de sus relaciones con el Estado que les permita el ejercicio de su autonomía.

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios describen transiciones particulares orientadas, de un lado, hacia el cooperativismo obrero y su proximidad al sistema de códigos de la cultura institucional estatal, y de otro, hacia un campesinado en transformación, portador de formas de constitución y movilidad social que rompen con las pautas anteriores y al mismo tiempo aseguran su continuidad como sujeto social.

El análisis de estas trayectorias permite un acercamiento a los cambios más relevantes que caracterizan a la sociedad rural cubana durante las últimas décadas y rehabilita un conocimiento indispensable para el diseño de políticas públicas más ajustadas a las dinámicas reales vividas por el cooperativismo. En tal sentido, la revalorización de la equidad como principio inherente a los sistemas crediticio e impositivo; la transición definitiva hacia un modelo de agricultura sostenible basado en la agroecología y la combinación de tecnologías orientadas a la preservación del medioambiente, y el despliegue de programas de desarrollo rural territorial con enfoque participativo y de equidad de género, figuran entre los principales desafíos que enfrenta hoy la gestión pública en la esfera agropecuaria. En este contexto las cooperativas constituyen, sin dudas, una pieza clave para el cambio, dada sus significativas potencialidades transformativas.

El actual proceso de descentralización de la planificación, el fortalecimiento institucional y la concepción e instrumentación de planes de desarrollo rural a escala local recrean un marco propicio para la gestión del cambio desde la perspectiva de la integración de los agentes locales, la valorización de la cultura y la diversidad e interacción sinérgica de saberes.

Por su creciente complejidad, los procesos sociales del mundo rural plantean el constante reajuste de las agendas investigativas en el interés de reconstruir de manera más acabadas su multidimensionalidad característica. Se trata de un reto epistémico que han de asumir de manera permanente los estudios rurales.

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Notas

Notas de autor

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