Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad Covid-19 una pandemia, debido a su velocidad de propagación (WHO, 2020). En Colombia, la detección del primer caso ocurrió el 6 de marzo de 2020 (Ramírez, et al., 2021), dando inicio a la fase de contención del virus, para identificar oportunamente los casos y sus posibles fuentes de contacto, para evitar su propagación. En el momento en que los casos sin nexo epidemiológico superaron el 11 %, comenzó la fase de mitigación con la adopción de medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos sociales, económicos y de salud (Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud], 2020). Se considera que el abordaje más preciso para la emergencia sanitaria se da a partir del término sindemia, que fue acuñado por el antropólogo médico Merril Singer para describir situaciones en las que la enfermedad ocurre en espacios y tiempos específicos, generalmente globales, pero en las que los factores sociales y económicos actúan sinérgicamente para magnificar sus consecuencias (Singer, 2010).

Las medidas adoptadas por los diferentes estados para frenar la propagación acelerada del virus y salvaguardar la vida de las personas, como la paralización de actividades económicas y las restricciones a la movilidad, han aumentado el desempleo y generado reducciones de los ingresos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal] y Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020). Los efectos negativos se manifiestan de forma más marcada en la población que se encuentra en situación de pobreza y condiciones de precariedad laboral como lo son las mujeres, las y los jóvenes, indígenas, afrodescendientes, migrantes, pequeños productores agropecuarios y trabajadores y trabajadoras rurales (Cepal, 2020; Rose, et al., 2020).

Esta realidad puso de manifiesto -nuevamente- un sistema económico frágil, desigual, insostenible y excluyente. Tal es el caso de América Latina y el Caribe, que es la región más desigual del mundo: seis de los catorce países con mayor desigualdad del globo están en Latinoamérica, y Colombia ocupa el segundo lugar en esa medición, después de Honduras (Cañete, 2015).

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, 30 de cada 100 muertes por Covid-19 ocurren en personas menores de 60 años, mientras que en Estados Unidos la cifra se reduce a 12 % (Chauvin, et al., 2020). Las familias más pobres tienen mayor probabilidad de estar expuestas a entornos poco saludables, altos niveles de contaminación, o condiciones de trabajo con riesgos para la salud.

Al mismo tiempo, la pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo. Surgió en un contexto de bajo crecimiento y elevados niveles de informalidad laboral. Debido al Covid-19, se proyecta una caída del 9,1 % del producto interno bruto (PIB) en la región y se prevé que la tasa de pobreza aumente un 7 % en 2020, lo que significa un incremento de 45 millones de personas en esas condiciones, para obtener un total de 231 millones que padecen este flagelo. En el caso de la extrema pobreza, se espera un aumento de esta condición de 4,5 %, abarcando así a 96 millones de personas (ONU, Cepal & OPS, 2020).

En el caso de las zonas rurales, la situación es más dramática, puesto que aproximadamente el 80 % de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en el mundo viven en zonas rurales con acceso limitado a los recursos (De la O Campos, et al., 2018). Las poblaciones rurales colombianas enfrentan situaciones en las cuales no pueden acceder a las estructuras definidas por el sistema económico y social que rige al país, configurando dinámicas de desigualdad como, por ejemplo, el que los trabajadores independientes del área rural tienen ingresos que corresponden a una fracción del salario mínimo. Al mismo tiempo, los efectos en los pequeños agricultores y trabajadores rurales afectan de forma concomitante las cadenas y los sistemas agroalimentarios, puesto que se comprometen encadenamientos que van más allá de la producción agropecuaria, y los efectos sobre otros eslabones de la cadena terminan por afectar significativamente la propia producción y los ingresos de los agricultores (Penagos, et al., 2020). Además, la Universidad de La Salle ha definido partir de un hecho fundamental: “el campo y la ciudad se afectan mutuamente”, al tiempo que se reafirma y renueva su compromiso con el campo colombiano y se acoge la perspectiva del desarrollo rural territorial, como una herramienta valiosa para lograr un desarrollo humano, integral y sustentable (Universidad de La Salle [Unisalle], 2019).

En consecuencia, el objetivo de esta revisión de literatura descriptiva, dada bajo el concepto de Una Salud, es describir las brechas existentes y generadas por la pandemia de Covid-19 en las zonas rurales de Colombia, y sus efectos sobre las poblaciones urbano-rurales. Esta revisión hace parte de una investigación sobre modelos epidemiológicos y económicos de esta enfermedad en Colombia, financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de la convocatoria de Mincienciatón de marzo de 2020; proyecto otorgado a la Universidad de La Salle.

Evidencias de la desigualdad social en el sector rural colombiano

Según el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2011), los pobladores rurales en Colombia corresponden al 32 % de la población. Además, en tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales. En 2014, por medio de la Misión para la Transformación del Campo, se determinó que en el país se encuentran las siguientes categorías de ruralidad (con número de municipios y áreas no municipalizadas (ANM)): i) ciudades y aglomeraciones (117); ii) intermedios (314); iii) rurales (373); iv) rural disperso (318) (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015). Lo anterior muestra que más de la mitad de los municipios colombianos tienen características de municipios rurales y rural disperso. Asimismo, en el 2014 se realizó el censo agropecuario en Colombia, tras 44 años; censo en el que la información sobre la ruralidad colombiana se invisibilizó, y solo hasta hace poco se comenzó a conocer la especificidad de su perfil epidemiológico, cotidianidad, condiciones de vida, y las barreras para que estas poblaciones puedan gozar de salud y bienestar.

A finales del año 2018, la Asamblea General de la ONU, después de casi dos décadas de luchas de los movimientos campesinos para que sus derechos fueran reconocidos, adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, así como las apreciaciones de otras personas que trabajan en las zonas rurales (Asamblea General de Naciones Unidas, 2018). Esta se encaminó hacia la necesidad de que los países puedan desarrollar y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos. Sin embargo, pese a la necesidad de que los campesinos colombianos sean tenidos en cuenta e incluidos en las estadísticas nacionales, el Gobierno nacional colombiano fue uno de los estamentos nacionales que se abstuvo de votar la declaración, y fue renuente a adoptarla. En ese escenario, relegó una vez más la importancia de los campesinos y pobladores rurales frente a los compromisos políticos y sociales del gobierno nacional.

Por otro lado, atendiendo luchas incesantes de organizaciones campesinas, se presentó una acción de tutela para exigirle al Estado que se haga un reconocimiento al campesino como sujeto político y de derechos, y que se lo incluya en las estadísticas para un reconocimiento efectivo de sus derechos y el diseño de políticas públicas con enfoque diferencial para superar las brechas existentes (Acosta, et al., 2018; Güiza, et al., 2020). Después de un diálogo entre la academia, las organizaciones campesinas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y los organismos de control, se construyeron preguntas para medir estadísticamente la situación del campesinado en Colombia. Asimismo, a través de la Encuesta de Cultura Política, la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se comenzó por obtener una radiografía en torno a la autoidentificación campesina.

En tanto, en el manifiesto rural de la Universidad de la Salle se describe cómo, desde hace siglos, la sociedad colombiana ha venido acumulando una deuda socioecológica con el campo que tiene, por lo menos, seis saldos negativos:

i. La huella ecológica que deja la extracción de petróleo, gas, carbón, oro u otros minerales, así como la construcción de infraestructura urbana, vial y portuaria, y el avance de la frontera agrícola con la consecuente deforestación y el deterioro de las aguas y los suelos; ii. Las brechas sociales entre el campo y la ciudad, que se reflejan en la enorme asimetría en los ingresos, la informalidad laboral, la alimentación y el acceso a los servicios públicos y a la seguridad social; iii. Los habitantes rurales no solo tienen menos años de educación, menor calidad de la educación formal y mayores tasas de analfabetismo que los urbanos, sino que, con meritorias excepciones, la educación que se les imparte conspira contra la estabilidad de la sociedad rural y se ha constituido en un factor más de expulsión de parte de la población joven; iv. La aguda discriminación de género y de etnia, mucho más fuerte en el mundo rural que en las ciudades; v. La deuda de la tierra con los campesinos, derivada de una aberrante concentración de tierra, que es una causa directa del conflicto rural, un obstáculo para la estabilización de la sociedad rural y una severa limitación para que los agricultores familiares, que han mostrado ser muy eficientes, desarrollen su potencial productivo y vi. El profundo desorden de los territorios rurales. Se trata de un desorden perverso que coloca a los más débiles en agudas situaciones de vulnerabilidad. Este estado de cosas ha sido generado por la guerra crónica que ha vivido el país, por un centralismo discriminatorio y por una descentralización administrativa gestionada por mafias locales. (Unisalle, 2019, p.13-14)

Al observar las cifras sobre la realidad del campo colombiano, una de las más escandalosas es la desigualdad existente en la distribución de tierras en el país. Si se observa el Coeficiente Gini (figura 1) para la propiedad rural en Colombia, se nota que este es de 0,89 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2012). Esto quiere decir que casi el 90 % de la tierra rural está concentrada en pocas manos, que ostentan un poder significativo en la economía política del país (Faguet, et al., 2020). Estas cifras se constatan con el Censo Nacional Agropecuario de 2014 y el comportamiento de las Unidades Productoras Agropecuarias (UPA).

Las UPA que tienen menos de 10 ha representan el 81 % del total, y ocupan menos del 5 % de la superficie censada. En contraste, las UPA de más de 2000 ha representan tan solo 0,1 % del total y ocupan casi el 60 % del área total censada, unas cifras a todas luces irrisorias. Aunado a lo anterior, y oscureciendo un poco más la dramática situación rural en el país, según el Índice de Informalidad de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) el 54,3 % de los predios rurales cuenta con informalidad en la tenencia de la tierra, lo que acarrea una gran vulnerabilidad ante despojos, inseguridad económica, baja productividad y el uso inadecuado del suelo (UPRA, 2017).

Figura 1
Evolución del índice de Gini en la distribución de la propiedad rural en Colombia (1960 a 2014)
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012

Cuando se examina la incidencia de la pobreza monetaria -que mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico- se observa que, en los centros poblados y rural disperso, el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional fue 47,5 %. Esto significa que la incidencia de la pobreza en los centros poblados y en rural disperso equivale a 1,5 veces la incidencia en las cabeceras, lo cual demuestra nuevamente la brecha existente entre lo urbano y lo rural (DANE, 2020a).

Por otro lado, se obtienen mayores perspectivas cuando se observa el Índice de Pobreza Multidimensional [IPM]. En el 2019, la pobreza multidimensional en las cabeceras del país fue del 12,3 %, mientras que en los centros poblados y en rural disperso ascendió a 34,5 %. Esto significa que el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y en rural disperso fue 2,8 veces el de las cabeceras. En la tabla 1 se observan los 15 indicadores que componen el IPM para el 2019. Los hogares con analfabetismo en centros poblados y rural disperso corresponden al 20,5 %. Lo anterior significan que estos territorios presentan 3,4 veces más analfabetismo a comparación de las cabeceras. De la misma forma, el bajo logro educativo corresponde al 77,6 % en la ruralidad, comparado con el 34,1 % de las cabeceras, junto con la inasistencia escolar, que es el doble de la de las cabeceras. Esto significa que las brechas que hay entre la educación urbana y rural son gigantescas. En tanto, el indicador con mayor diferencia entre los hogares rurales y urbanos es la deficiencia de acceso a fuentes de agua mejorada, que para el caso rural es de 41,2 %, con lo que se obtiene que este es un índice casi 15 veces mayor al urbano.

Tabla 1

Ocurrencia de factores de pobreza multidimensional en hogares colombianos, 2019.

Fuente: DANE (2020b) *CP y RD = Centro poblado y rural disperso

Desigualdad frente a la educación

El número de años dedicados a la educación se suma a las brechas existentes en el mundo rural, puesto que el número de años promedio de educación es muy inferior para los pobladores rurales, comparado con las cifras de las cabeceras municipales y con el total nacional (figura 2). En las personas de 35 años o más, estas brechas están más acentuadas; la diferencia con sus pares en las cabeceras corresponde a 4,6 años. Lo anterior afecta el acceso a oportunidades en empleos con mayores niveles de capital humano, incidiendo así en las decisiones de migración de esta población (Penagos, et al., 2020). Esta brecha educativa se refleja en el tipo de empleo rural que se observa, puesto que los bajos niveles de educación están asociados con actividades de baja productividad y, al mismo tiempo, la baja productividad y los bajos ingresos laborales tienen una relación directa (Leibovich, et al., 2006).

Figura 2
Promedio de educación en años por grupos de edad en Colombia
Fuente: DANE (2020b)

Esta brecha puede verse ampliada por la emergencia sanitaria, debido a las diversas medidas implementadas por el gobierno para evitar la propagación del virus y para mitigar su impacto, como el cierre masivo de instituciones educativas. Esto da lugar a diversas afectaciones adicionales porque los y las estudiantes tienen acceso a otros servicios como salud mental, recreación, anticonceptivos, etc. Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables (Cepal y Unesco, 2020). En ese sentido, Colombia adoptó la alimentación escolar para aprendizaje en casa, para permitir que se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para su consumo en casa, con lo que se garantiza la continuidad de la seguridad alimentaria de los estudiantes más vulnerables (Mineducación, 2020).

Por otro lado, al rezago escolar evidente en las zonas rurales se suma el acceso desigual a la conectividad digital. A saber, solamente el 21 % de los hogares en centros poblados y rural disperso tienen acceso a internet, frente al 62 % de sus pares urbanos (figura 3). De la misma forma, la desigualdad frente a la proporción de hogares que poseen computador de escritorio, portátil o tableta es desmesurada. Mientras cerca del 51% de los hogares poseen ya sea computador de escritorio, portátil o de escritorio en las cabeceras municipales, solamente el 9,4 % posee uno en los centros poblados y en rural disperso. Asimismo, aunque hasta el momento no es posible determinar con certeza el impacto que tendrá la crisis en la implementación curricular en los distintos grados de la enseñanza, se prevé una profundización de las diferencias en lo referente a los logros de aprendizaje, debido a las desigualdades educativas imperantes, y a un acceso desigual a la cobertura curricular (Cepal y Unesco, 2020).

Figura 3
Porcentaje de hogares con acceso a internet en Colombia y que poseen computador de escritorio, portátil o tableta.
Fuente: DANE (2020b)

Existen entonces diferentes dimensiones a la hora de analizar estas brechas, porque además del acceso al internet o a los equipos necesarios para el uso de la tecnología, también deben tenerse en cuenta las habilidades para utilizarlos y las diferencias existentes entre los docentes, los estudiantes y los familiares. Por lo mismo, es central que las políticas de promoción de un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer estas diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales, y trabajar intencionalmente para superarlas (Cepal y Unesco, 2020).

Impacto en situación de salud

Las brechas entre lo urbano y lo rural también atraviesan disparidades en la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Si bien es cierto que el país ha alcanzado un alto grado de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con 93 % del total nacional (DANE, 2020b), existen territorios con un rezago importante relacionado con un alto grado de ruralidad y dispersión poblacional; con mayores índices de necesidades insatisfechas, y, en algunas ocasiones, con alto grado de incidencia del conflicto armado. Las brechas existentes pasan por indicadores como la razón de mortalidad materna, que en la zona urbana es de 45 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Por su parte, en la zona rural la cifra asciende a 61 mujeres. En el caso de la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) (por 100.000 menores de cinco años) es más del doble en las zonas rurales que en las zonas urbanas y en el caso de la Infección Respiratoria Aguda (IRA), la tasa de mortalidad (por 100.000 menores de cinco años) es de 13,2 para zonas urbanas y de 15,8 para zonas rurales: datos que evidencian la urgente necesidad de garantizar el acceso al agua potable y servicios de saneamiento e higiene para las poblaciones rurales (Minsalud, 2019).

Las principales barreras de acceso a la salud de la población rural obedecen a una falta de oferta en los servicios de salud, sumada a una menor disponibilidad de talento humano e infraestructura en salud. Mientras que la densidad de profesionales de la salud es de 102 por cada 10.000 habitantes en cabeceras municipales, en zonas rurales es de 40,8 y en rural disperso desciende a 28,1 profesionales (Minsalud, 2019). Las inequidades en el acceso a los servicios de salud no obedecen solamente a regiones geográficas, o a si las áreas son poblaciones urbanas o rurales, sino también al estrato económico y a grupos étnicos (García-Subirats, et al., 2014).

Al considerar que los trabajadores independientes o por cuenta propia corresponden al 51 % de la población rural, y que sus ingresos no alcanzan el salario mínimo, se ha afirmado que el 69 % de la población rural ocupada depende del sistema de salud subsidiado (Rodríguez-Triana & Benavides-Piracón, 2016). En este, para dicha población persisten las barreras en el acceso a los servicios del plan de beneficios -que obliga al uso de tutelas-; serios problemas de calidad y oportunidad, concentración del talento humano en las ciudades, y falta de rectoría territorial, entre otros. El sistema de aseguramiento ha abandonado los territorios más pobres, y los que cuentan con población dispersa y étnica, precisamente porque no resulta rentable para el asegurador ni para el prestador tener servicios permanentes cerca de las necesidades de las personas (Faguet, et al., 2020; Vargas, et al., 2010). Cabe señalar que lo expuesto atenta contra el derecho a la salud planteado en la Constitución Nacional.

Además, de acuerdo con Mueller, et al. (2020), las regiones rurales tienden a tener mayor vulnerabilidad con relación a las áreas urbanas. Además, como lo señalan los autores, carecen de acceso a la atención médica de calidad; tendrán una mayor dependencia de la telemedicina; tienden a tener mayor población con personas mayores y con compromisos de salud; enfrentan serias barreras para inscribirse en ensayos clínicos, y tienen un acceso mucho más limitado a las pruebas de Covid-19.

Impacto en equidad de género

Frente a la desigualdad de género en las zonas rurales, el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) reportó evidencias cuantitativas frente a la manera en que las mujeres rurales acceden y controlan la tierra. Entre ellos se encuentran la jefatura de hogar de las mujeres productoras residentes, siendo tres veces menor que la jefatura de hogar masculina (mujeres 23 % vs. hombres 78 %); de igual forma, estadísticas del censo muestran que hubo una menor proporción de mujeres tanto en el acceso a maquinaria (mujeres 19% vs. hombres 31 %) como en la toma de decisiones en las unidades productivas (mujeres 26% vs. hombres 61,4 %). Uno de los datos más importantes que impactan en la feminización de la pobreza rural es que un alto porcentaje (78%) de las mujeres que sí tienen poder de decisión sobre sus predios, poseen tierras de 5 ha o menos, lo cual tiene implicaciones en el potencial de rentabilidad, que, a largo plazo, causa el bajo acceso de las mujeres a mercados sostenibles y competitivos (Cediel & Morales, 2018). En este sentido, Martínez, et al. (2020a) estimó en el 2018 que el 40,7 % de los hogares rurales con jefatura femenina se encontraba en pobreza multidimensional, contrastando con el 33,6 % de los hogares rurales con jefatura masculina y con el 12,4 % en zonas urbanas. Al observar los datos de los habitantes de territorios étnicos -comunidades negras e indígenas-, se identifica un predominio de los hombres en la toma de decisiones en las unidades productivas así: hombres 55 % vs. mujeres 23 %, y hombres 48 % vs. mujeres 25 % en comunidades indígenas.

Una de las causas de esta desigualdad en la sociedad rural puede obedecer a que, históricamente, existen estereotipos de género que asignan arbitrariamente roles a las mujeres que implican labores del cuidado del hogar, de los enfermos y de los niños sin ninguna remuneración (Gómez, et al., 2020). Se plantea así, la problemática de la carga que asumen las mujeres tanto rurales como urbanas, estimando que trabajan en promedio siete horas diarias en actividades de la economía del cuidado, actividades que son invisibles y no contabilizadas en el sistema de cuentas nacionales. Por su parte, los hombres rurales y los urbanos se ocupan de estas actividades, en un promedio de tres horas al día, indicando que existe una brecha género en términos de economía del cuidado de cuatro horas (Martínez, et al., 2020a; 2020b).

En relación con los efectos del Covid-19 en la desigualdad de género rural, se ha descrito que dicha carga se ha incrementado ante el cierre de escuelas, el aislamiento preventivo en los hogares, y la necesidad de contención emocional de los demás miembros de la familia ante a la incertidumbre producida por la pandemia. Lo anterior, sumado a la baja afiliación a seguridad social por parte de las mujeres rurales, influye directamente en el acceso a adecuados servicios sanitarios y el correspondiente manejo médico en caso de resultar infectadas por el virus, tal como ocurre con las trabajadoras independientes y domésticas no remuneradas. De igual manera, el colapso de los sistemas sanitarios y el cierre de algunos servicios médicos, generó consecuencias negativas en la salud mental de las mujeres por un aumento de estrés (Jiménez, et al., 2020; ONU Mujeres, 2020; Brito, et al. 2020).

Según Martínez, et al. 2020 la tasa de desempleo rural femenino, al mes de iniciar la cuarentena llegó al 21,3 % en abril del 2020, comparado con el desempleo rural masculino que fue del 7,9 % a la misma fecha; esto quiere decir que hubo una brecha entre hombres y mujeres rurales del 13,4 %. Asimismo, otro aspecto a considerar en el mercado laboral, es el hecho de que las mujeres rurales se ocupan de un número mayor de actividades económicas, principalmente en el comercio, la industria manufacturera, el alojamiento y los servicios de comida, lo que explica su mayor afectación. (Martínez, et al., 2020a).

De otro lado, el inadecuado manejo del estrés y las tensiones dentro de los hogares por el confinamiento aumentaron el riesgo de violencia de género para mujeres y niñas, así como también se redujo la oportunidad de hacer las denuncias puesto que habitan en el mismo lugar del victimario. Por ejemplo, en áreas urbanas, un 32,7 % reporta haber sufrido violencia física por parte de su pareja, mientras en áreas rurales, solo un 29,2 % lo hace. Esta disparidad en las cifras se atribuye principalmente a la dificultad que tienen las mujeres rurales para hacer su denuncia, debido a la falta de acceso a las rutas de denuncia, a la falta de conectividad y a la falta de información sobre sus derechos. La conectividad resulta entonces fundamental para resguardar la identidad de las denunciantes y que con ella se contaría con datos más cercanos sobre la violencia de género en las zonas rurales de Colombia (Alon, et al., 2020; Martínez, et al., 2020a; Rodríguez-Pedraza, 2020). Asimismo, el trabajo de las organizaciones de mujeres se dificulta por el confinamiento generado por la Covid-19, ya que una parte importante de su labor sucede en el encuentro grupal, con lo que se eleva el estrés y se golpea su salud mental (Gómez, et al., 2020).

Impacto en mercado laboral y sistemas agroalimentarios

Los agricultores familiares producen aproximadamente el 80 % del valor de los alimentos del mundo, y en conjunto representan la mayor fuente de empleo del globo. Además, invierten sus ingresos principalmente en zonas rurales, de modo que estos contribuyen así a las economías locales. También tienen el potencial de promover la sostenibilidad ambiental de los sistemas agrícolas, gracias a su comprensión de las ecologías locales y las capacidades de la tierra (FAO, 2018). En Colombia, la agricultura familiar y campesina es en buena parte responsable por la seguridad alimentaria de los colombianos, entre otros motivos, por su protección de ecosistemas con su biodiversidad, suelo y fuentes de agua dulce (Acevedo-Osorio, 2016).

En el marco de la pandemia de Covid-19, y debido a las diversas restricciones implementadas, se consideró decretar al sector agroalimentario como esencial y exento de restricciones de operación y movilidad (Ministerio del Interior, 2020). Por lo anterior, se ha pensado que los efectos negativos de la contingencia sanitaria no han tenido impacto sobre el sistema agroalimentario, sobre todo en las familias que trabajan en el sector productivo; sin embargo, algunos datos muestran lo contrario.

Según Penagos, et al. (2020), los efectos de la pandemia en la ruralidad se manifestarán de manera rezagada y serán diferentes que los dados en lo urbano. La caída de la demanda, la falta de circuitos de comercialización y la dificultad para recibir ayudas de los gobiernos, acentuaron los efectos negativos para el empleo rural. Además, las escasas posibilidades de acceso a la salud y el mismo aislamiento hacen más difícil enfrentar los impactos directos de la pandemia sobre la salud de sus habitantes, en lo que se destaca que hay áreas rurales que no son aisladas y que tienen fuertes vínculos urbano-rurales.

En ese sentido, existe una tendencia a suponer que la ruralidad tiene una mayor capacidad de recuperación y reactivación, lo que no es del todo cierto (Phillipson, et al., 2020). Esto responde a que, según su estructura, en algunos casos los lugares de trabajo dispersos no son los lugares de residencia de los empleados; asimismo, se tienen en cuenta la importancia de los trabajadores ocasionales y migrantes, los altos niveles de autoempleo y de micro y pequeñas empresas, y las deficiencias de las cadenas de comercialización (Phillipson, et al., 2020).

Los hogares basados en agricultura familiar buscan estrategias de diversificación de sus ingresos para asegurar sus modos de vida (Reboul & Escobar, 2019). De igual modo, según la misma investigación, se estima que los ingresos por cuenta propia que provienen de las actividades agropecuarias representan cerca del 70 % de los ingresos totales. En el caso del empleo en las zonas rurales, en mayo de 2020 hubo una pérdida de 887.000 ocupados, que corresponde a una caída de 19,2 % con respecto a mayo de 2019 (Penagos, et al., 2020).

Si se compara el número promedio de desempleados que hubo entre marzo y julio de 2020 con el mismo periodo de 2019, se observa que hay 134.600 personas desempleadas, que equivalen a un aumento del desempleo de 42 %. Asimismo, la diferencia en el número de inactivos fue de 509.000 personas, equivalentes a un aumento del 13,7 %. La pérdida de empleos informales tiene una fuerte concentración en las actividades no agropecuarias: esto se explica con que, como ocurrió en áreas urbanas, el confinamiento restringió de forma directa las actividades no agropecuarias, lo que en el caso del trabajo informal significa una inmediata disminución en la ocupación. Al mismo tiempo, Penagos, et al. (2020) insisten en la importancia de entender el empleo agropecuario de una forma más amplia, con un enfoque de sistema agroalimentario, que tenga en cuenta, por ejemplo, la caída en la demanda de consumidores como restaurantes, hoteles y colegios, originada por las medidas restrictivas. Todo ello tiene consecuencias sobre las decisiones de ocupación agropecuaria, sobre todo en las decisiones de ocupación formal de este sector.

Pese a los distintos llamados de atención de organizaciones internacionales (Cepal & FAO, 2020; FAO, 2020) dirigidos a los gobiernos para mantenerse alerta ante los riesgos logísticos en el sistema alimentario por causa de la pandemia, en el país emergió una gran contradicción y una aparente falta de voluntad política para otorgar soluciones tanto a las familias que estaban en situación de inseguridad alimentaria como a los campesinos y campesinas que estaban perdiendo sus cosechas debido a las medidas restrictivas. Se registró cómo en barrios marginales de las grandes ciudades, con pañuelos rojos en sus puertas y ventanas, las personas pedían auxilio a los gobiernos en señal de pobreza y hambre (Herrero, 2020; Oquendo, 2020). Al mismo tiempo, desde diferentes sectores agropecuarios, los trabajadores rurales pedían ayudas porque sus cosechas se estaban perdiendo (El Tiempo, 2020). Aquellas manifestaciones se llevaron a cabo a pesar de que se diseñaron diferentes mecanismos para paliar estos efectos negativos en la población y en el sistema agroalimentario, como las transferencias monetarias y alimentarias, el apoyo al transporte de productos perecederos y la compra de insumos agropecuarios.

Conclusiones

El sector rural colombiano y sus comunidades han sufrido un abandono histórico por parte del Estado, que ha permitido y, en muchos casos, profundizado las desigualdades existentes entre lo urbano y lo rural. La llegada de la sindemia de Covid-19 al país agudizó problemas existentes de hambre, pobreza, brechas de género e inequidades históricas en los territorios rurales, donde aparecen con mayor fuerza las disonancias entre los instrumentos de política pública implementados por el Estado y su aplicación en las zonas más dispersas del país.

Si bien el sector agropecuario es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la situación ha implicado varios retos relacionados con el transporte de la producción, la adquisición de insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre sobre precios y demanda, y la falta de liquidez y crédito, entre otros. El diseño de instrumentos de política pública debe atender los llamados que hacen las organizaciones internacionales y las comunidades. Al final, son ellas las que viven y conocen las necesidades de cada uno de sus territorios. Al mismo tiempo, los instrumentos de política pública deben considerar la enorme heterogeneidad territorial que existe en el país, pues los hallazgos de la modelización del proyecto de investigación de la que hace parte esta revisión evidenciaron que el índice de pobreza multidimensional afecta significativamente las desigualdades en el riesgo de letalidad de Covid-19, siendo la relación más estrecha la concerniente a aspectos de salud y vivienda.

Finalmente, se evidencia que existe una necesidad inexorable de la defensa e implementación del primer punto de los Acuerdos de Paz: la Reforma Rural Integral (RRI). Esta busca contribuir a la transformación estructural del campo mediante la erradicación de la pobreza rural, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad en materia de vías terciarias, la implementación de distritos de riego, así como el acceso a electricidad, conectividad, mayor cobertura y calidad de la red pública hospitalaria, y mayor acceso a acueductos veredales y mejores condiciones de vivienda. Con ello, se busca lograr la reactivación y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria de forma justa, digna, incluyente y sostenible.

Referencias

Acevedo-Osorio, Á. (2016). Contribuciones y retos de la agricultura familiar en Colombia. En A. Acevedo-Osorio & J. Martínez-Collazos (Eds.), La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz (pp. 31-35). Universidad Cooperativa de Colombia. https://doi.org/10.16925/9789587600476

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Notas