Introducción

La construcción de paz territorial en Colombia encuentra en las violencias homicidas uno de sus mayores retos. Las lógicas criminales y delictivas, sus agentes, grupos, prácticas, mercados y relaciones alcanzan elevados niveles de sofisticación y adaptación en los entornos locales y subregionales. Así, las actuales redes criminales, diseminadas en el territorio nacional, se erigen como verdaderas amenazas a los procesos de negociación que el Estado adelanta con grupos armados ilegales; dinámicas que, de manera directa e indirecta, están influyendo en las prácticas sociales violentas² experimentadas en el territorio colombiano.

Tales amenazas no solo se identifican a partir de los niveles de reincidencia experimentados en el país, sino, y en especial, porque las redes ilegales establecidas en los entornos urbanos rediseñan sus estrategias cooptando los escenarios controlados por las antiguas estructuras ilegales (sean estas guerrilleras o paramilitares), y con ello se erigen en amenazas directas a la seguridad, la convivencia ciudadana y a los procesos de negociación del Estado con grupos armados ilegales.

De igual manera, para que dichas instancias ilegales sean posibles, se requiere del papel activo de los agentes legales de los campos³ políticos y/o económicos, los cuales por acción o por omisión han favorecido la instauración de variadas expresiones delictivas, en los entornos locales y regionales. En este sentido, es posible entender que “la permanencia de la criminalidad en un territorio, su desarrollo, actividad y expansión no es posible sin grandes redes de protección y corrupción que los sustentan” (Ávila y Pérez, 2011, p. 28).

Aunado a ello, algunas de las experiencias de posconflictos adelantados en diferentes lugares del planeta han señalado cómo la violencia en escenarios de posacuerdo aumenta en lugar de disminuir⁴, aclarando que la violencia política suele decrecer, a diferencia del incremento en la violencia económica y social (Moser y McIlwaine, 2001), situación que señala la necesidad, por un lado, de analizar las dinámicas homicidas a escala local reconociendo sus lógicas históricas y sus mutaciones en el marco de coyunturas específicas, y por otro, la necesidad de identificar las interpretaciones construidas en torno a las mismas.

Colombia desde el 1981 hasta 2004 ocupó el primer lugar respecto a la tasa de homicidios a escala mundial (salvo en 1998 y 1999, cuando pasó al segundo lugar) y se sostuvo en los primeros diez lugares hasta el 2015. Esta situación ha llevado a algunos investigadores a señalar la existencia de una violencia generalizada en Colombia (Franco, 2005), la existencia de un Estado fallido, de una “guerra social” o incluso la existencia de una presencia traumática del Estado colombiano (Gilhodes, 1974) entre otras nominaciones, configuradas para analizar la compleja situación de crisis humanitaria experimentada en el contexto colombiano, señalando con ello la existencia de variables de carácter estructural que denotan fallas geológicas en el orden democrático existente en el país. La mención a las llamadas fallas geológicas, o fracturas geológicas, señala la existencia de un conjunto de variables que han operado en los procesos de larga duración en la construcción de algunos Estados ubicados ideológicamente bajo la noción de subdesarrollo.

Es así como para analizar las lógicas de la violencia homicida en una de las ciudades con las mayores tasas de violencia homicida en Colombia como es el caso de Pereira, objeto central de análisis para el presente artículo⁵, se torna necesario no solo reconocer las interpretaciones elaboradas en relación con dichas violencias, para lo cual se tomaron como referencia temporal de análisis los momentos de mayor violencia homicida experimentadas en Colombia, sino también avanzar en la construcción de nuevas interpretaciones, reconociendo las propias limitaciones y zonas “grises” que trae consigo toda nueva explicación.

Para alcanzar tal objetivo se desea descentrar los análisis focalizados al problema delictivo o a las dinámicas propias del conflicto social y armado experimentadas en la región, para reconocer en algunas de las lógicas institucionales -particularmente en el papel de los agentes sociales pertenecientes a las dimensiones legales, ilegales y grises- los factores de reproducción de las violencias a través de las llamadas prácticas sociales violentas presentes en la misma.

Esta situación permite entender la coexistencia de importantes lógicas de crecimiento y desarrollo a escala local y regional, junto a expresiones de altas tasas de violencia homicida que no afectan las dinámicas de las primeras, en el marco de un orden social instituido en Pereira y su área metropolitana. De esta manera, es posible entender cómo ante la inexistencia de estructuras criminales hegemónicas a escala local y subregional, los mercados criminales conservan su estabilidad, situación entendida -entre otras razones- a partir de la existencia de un subcampo de la economía ilegal⁶ que opera como nodo articulador de relaciones legales e ilegales y que dinamiza las expresiones delictivas y homicidas presentes en Pereira.

Esta perspectiva relacional, que reconoce dinámicas históricas y enfatiza las lógicas de reproducción del orden social ilegal presentes en la región, es posible a partir de las interpretaciones señaladas por la sociología disposicional propia de la perspectiva analítica de Pierre Bourdieu.

1. Periodos de alta violencia homicida en Colombia y las lógicas homicidas a escala local: el caso crítico de la ciudad de Pereira

La reciente disminución en la tasa de homicidio experimentadas en Colombia no debe oscurecer las causas que originan dicho descenso (ya sea como resultado del crecimiento institucional, la consolidación de un agente o grupo en territorios específicos, o por el cambio en las estrategias de los agentes ilegales como, por ejemplo, el paso de la masacre a la violencia selectiva como estrategia de control social), ni tampoco desdibujar las complejas realidades locales y subregionales que explicarían las variaciones de las violencias en territorios específicos. Tampoco sobredimensionar un descenso cuando aún dicha tasa se encuentran muy por encima del promedio mundial.

Por esta razón, se debe descentrar los análisis de las violencias homicidas de las cuatro grandes ciudades colombianas (Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla) y ubicar la mirada en las ciudades intermedias, para lo cual se desea analizar las violencias homicidas -y sus interpretaciones en el marco de las coyunturas de mayor violencia homicida en Colombia- experimentadas en la ciudad de Pereira (tabla 1) con lo cual se podrían reconocer las nuevas variaciones de un fenómeno que ha atravesado la historia de Colombia y que perfilaría los retos a asumir en un posible escenario de posconflicto armado⁷ presente en el contexto actual.

1.1. La llamada “Violencia” en Colombia. El bipartidismo y la cultura sectaria de mediados del siglo XX

Durante el transcurso del siglo XX en Colombia es posible señalar un primer gran periodo de apogeo de la violencia homicida experimentada en el país entre 1946-1958. Distintos investigadores -entre los cuales se destacan los estudios de investigadores tales como Daniel Pecaut, Francisco Gutiérrez, Jorge Gutiérrez y Vicente Torrijos entre otros- los cuales han coincidido en señalar este periodo como una de las épocas de mayor violencia homicida en Colombia. Denominada como el periodo de la Violencia, coincide con la pérdida de la hegemonía liberal (1930-1946) y el ascenso a la presidencia de la república del conservador Mariano Ospina Pérez⁸.

Tabla 1.

Tasa de homicidios en Pereira, Risaralda y Colombia, y sus respectivos puestos entre 1990 y 2015

En 1958 la violencia es más intensa en los sectores rurales que urbanos. Una parte alta de los homicidios la hacen bandoleros y otros grupos provenientes del conflicto político liberal-conservador: la violencia se concentra en Caldas⁹, Antioquia, Valle y Tolima. En 1958 el 57% de los homicidios se daban en estos departamentos, que tenían el 37% de la población. Caldas, Valle, Tolima, Meta y Norte de Santander tenían tasas muchos más altas que el resto del país (Melo, 2008).

Pero los impactos de dichas violencias se identifican de manera diferenciada en las regiones colombianas; en este sentido, los departamentos del eje cafetero (conformado por Caldas, Quindío y Risaralda) experimentan tipos de violencia que superan los índices nacionales de violencia homicida.

Desde los años cincuenta la violencia organizada ha estado presente y ha sido muy intensa en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda¹⁰. Entre 1955 y 1968 las tasas de homicidio se hallaban bastante por encima de las nacionales, todavía muy ligadas a móviles registrados como políticos. En 1961 la tasa llegó a 68,5 su punto más alto para esa época, de todos modos inferior a los niveles alcanzados después de 1980 (Vicepresidencia de la República, 2001).

Es importante destacar el primer gran estudio acerca de la Violencia realizado en Colombia titulado: La violencia en Colombia (Guzmán, Fals y Umaña, 1962) el cual destacaba las particularidades de la misma a escala regional y local.

El sino de Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda) en cuanto a la violencia ha sido paradójico, porque es el departamento que goza, aparentemente, del nivel más alto de vida. Allí, según los sociólogos, se ha desarrollado una verdadera clase rural que tuvo su origen en las inmigraciones de antioqueños al Quindío desde mediados del siglo XIX. Una mentalidad especial de empresa con un sentido de independencia ha hecho de Caldas una región próspera. Pero quizá su riqueza, como se dice más adelante, sea la causa de su desgracia. Los explotadores del café, en su mayoría minifundistas, han debido sufrir el impacto de la confusión causada por el robo y el ansia de tierras (Guzmán et al., 1962, p. 130).

Esta cadena económica de mediados del siglo XX, centrada en el café, no sufrió considerables cambios en el marco de violencias tan explícitas, las cuales contaban en muchas ocasiones con la complacencia de las autoridades locales y regionales. Los márgenes de ganancia no sufrieron considerables cambios, situación que demuestra un modelo económico adaptado a las violencias o incluso utilizándola como una de sus partes.

¿Que existían muchas fincas abandonadas? Sí, pero todas explotadas. ¿Que la violencia se intensifica con la perspectiva de la cosecha? Sí, pero no rebaja el volumen de la transacción comercial. En el fondo lo que existe es toda una cadena inaprensible de productores que trafican con frutos teñidos con sangre de campesinos (Guzmán et al., 1962, p. 130).

Con relación a las interpretaciones alusivas a las violencias experimentadas en Pereira en este periodo, se puede señalar un conjunto de interpretaciones que se caracterizaban por la existencia de análisis centrados en las cifras que perfilaban, de manera global, las violencias presentes en el llamado Viejo Caldas, y que presenta datos desagregados por departamentos y municipios. Se identifican fuertes debilidades en los procesos de recolección de la información, los análisis e interpretaciones son aún precarios, con relación a sus abordajes conceptuales y también respecto a los análisis locales y regionales de los mismos.

1.2. El creciente papel del narcotráfico en las múltiples violencias y su consolidación en Colombia en la década de 1980

Un segundo momento se puede identificar a inicios de la década de 1980 e iría hasta 1993 (Melo, 2008). En este periodo la violencia crece exponencialmente llevando a Colombia a ubicarse en el primer lugar mundial respecto a la tasa de homicidios. En la Revista Criminalidad de la Policía Nacional, se lee:

Las tasas más altas de hurtos, principal indicador de los delitos contra el patrimonio económico, se registraron en los departamentos de Quindío y Risaralda y las mayores tasas de homicidio, principal indicador de violencia, se registraron en los departamentos de Antioquia y Risaralda¹¹ (Criminalidad, 1989, p. 23).

Por su parte, Jorge Orlando Melo (2008), en su análisis acerca de los 50 años de homicidios en Colombia, señala:

Antioquia, Caldas y Risaralda son ahora los departamentos con una mayor tasa de homicidios, y combinan en diversos niveles la influencia de la guerrilla y el narcotráfico: tienen el 18% de la población y el 34% de las muertes... Entre 1983 y 1991 se recrudece la violencia en Antioquia... Otro departamento que sigue figurando con una alta violencia es Risaralda (Melo, 2008, s. p.).

En esta época, los estudios sobre la violencia en Risaralda y Pereira se enriquecen en la misma medida en la que se fortalecen las miradas disciplinares. De esta manera, los análisis elaborados por disciplinas como la sociología, la historia y la antropología amplían las perspectivas de indagación. A pesar de ello, el sistema de recolección de información aún poseía grandes dificultades, esta situación afectaba las interpretaciones que del fenómeno se podían realizar.

A finales de los años de 1980 se publica el libro Pereira, años 80 (Arango, 1989), el cual constituyó un esfuerzo por analizar los cambios ocurridos en una década en la ciudad de Pereira y su área metropolitana de Dosquebradas. En 1989, se realiza un informe en la revista Criminalidad de la Policía Nacional, en el cual se realizó un análisis de la violencia homicida en Colombia durante la década de 1980.

En su balance de 10 años, la Policía Nacional señaló cómo los mayores registros de violencia homicida experimentados en Colombia se presentaron en los departamentos de Antioquia y Risaralda¹².

1.3. El incremento del accionar paramilitar y la disputa territorial a las guerrillas

El tercer momento de alta violencia homicida experimentada en Colombia, se ubica entre 1993 y 2002. En este periodo de crecimiento de la violencia homicida, la presencia de los grandes carteles del narcotráfico (Cartel de Cali y Cartel de Medellín), sumado al creciente proyecto paramilitar que inicia un proceso de fortalecimiento como una estructura jerárquica nacional generan múltiples escenarios criminales que incrementaron los índices de violencia homicida experimentados en el contexto nacional.

Al respecto, en el periodo comprendido entre 1990 y 2002, las primeras cuatro ciudades capitales con la mayor tasa de violencia homicida en Colombia (ciudades que además superen los 300.000 habitantes) concentraron 39% de la violencia homicida experimentada en este periodo. Tales ciudades en su respectivo orden fueron: Medellín con 15,4%, Pereira con 8,5%, Cúcuta con 7,9% y Cali con 7,8%.

De esta manera, surge lo que el Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y Derecho internacional humanitario ha denominado “el cartel de Pereira”. Bajo su tutela no solo operan bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato, quienes a su vez entran en pugna para beneficiarse de los amplios recursos fluctuantes en el medio; sino que también operan otro tipo de redes ilegales que actúan bajo su control.

En este periodo se avanza en procesos de unificación y coordinación de las instancias que generan datos estadísticos sobre el aumento de la violencia homicida, procesos que se logran gracias al papel que desempeña el Observatorio del Delito y los actores institucionales que lo integran. Las técnicas que permiten la geo-referenciación de la violencia aumentan, al igual que el nivel en los procesos de interpretación de los datos.

2. Prácticas sociales violentas como eje explicativo de las violencias en la ciudad de Pereira

Es en este panorama en el que se desea proponer una lectura multicausal que articule la perspectiva sincrónica y relacional de los fenómenos homicidas, con una perspectiva diacrónica que identifique las lógicas de larga duración de las violencias ocurridas en la región, reconociendo la consolidación de estructuras sociales incorporadas que hacen posible la permanencia de múltiples violencias en el territorio cafetero.

Para ello se propone analizar las prácticas sociales violentas, como el resultado de esta doble estructuración del universo social expresada, por una parte, en la existencia del subcampo de la economía ilegal , como manifestación objetiva e institucional de lógicas históricas que socializan propensiones para la acción, mediadas por el uso de la violencia. Por otro lado, se reconoce la existencia de unas estructuras sociales incorporadas, afirmación que señala la existencia de un conjunto de disposiciones a la informalidad y la ilegalidad, configuradas a lo largo de la historia del departamento y que generan principios valorativos y lógicas de resolución violenta de la conflictividad social.

Acerca de esta última manifestación de lo social, aquella entendida en el cuerpo de los agentes sociales, entendido como el habitus (Gutiérrez, 2012), se presentarán las manifestaciones de los tres agentes sociales que señalan las posiciones de los mismos en el llamado subcampo de la economía ilegal, se hace alusión a los agentes legales, grises e ilegales que configuran el conjunto de relaciones objetivas entre posiciones, existentes dentro del mismo. Esta doble relación estructural configura las prácticas sociales violentas en la región y permite no solo la articulación social a redes criminales, como lo han sido las distintas expresiones del crimen organizado a lo largo de la historia regional, sino, y en especial, a una propensión para la acción violenta expresada en la vida cotidiana (violencia anómica, ordinaria, callejera, entre otras). Esto tiene su origen en el cruce de dos campos como lo son el campo económico y el campo político en el departamento de Risaralda (figura 1).

Ambos campos, al igual que otros subcampos, como lo son el subcampo cafetero¹³, el subcampo del conflicto armado¹⁴ y el subcampo comercial y de servicios¹⁵ han configurado el llamado subcampo de la economía ilegal en la región, el cual constituye el nodo relacional explicativo (junto al llamado orden social casuístico) que genera dinámicas de continuidad y de generación de las prácticas sociales violentas experimentadas en la región.

Como se puede apreciar en el gráfico, tales campos y subcampos poseen tres dimensiones específicas: la dimensión legal, la dimensión gris y la dimensión ilegal; con ello se quiere señalar que por ejemplo el campo económico posee sus propios agentes, grupos, instituciones, capitales e intereses presentes en cada dimensión. De esta manera, existiría una dimensión ilegal de la economía regional la cual posee capitales socialmente escasos -como el caso del narcomenudeo o el contrabando-, el cual posee sus propias lógicas de acción, con una serie de normas implícitas propias -nominadas como Nomos- y que configuran escenarios de tensión y de disputa en el cual diferentes grupos, agentes e instituciones establecen relaciones de tensión y lucha por las posiciones históricas privilegiadas, las cuales les permitan acceder a los capitales que se encuentran en juego.

Figura 1.
Esquema general explicativo de las prácticas sociales violentas en Risaralda
Fuente: elaboración propia

Dichos campos y subcampos se configuran en el cruce de cinco variables, identificadas en el contexto regional y que definen su propia existencia: los factores estructurales, los factores coyunturales, las lógicas culturales, las condiciones socio-económicas desfavorables y los intereses de grupos de interés (clanes, agentes o grupos socialmente privilegiados); tales factores configuran, en momentos y escenarios específicos, escenarios ilegales y corruptos proclives a actos delictivos.

Pero, ¿son suficientes dichos factores para explicar las prácticas violentas presentes en la historia de Pereira y Risaralda? Esta situación nos ayuda a explicar sólo violencias de tipo coyuntural; se requiere, por lo tanto, del cruce de dicho escenario ilegal y corrupto con los campos y subcampos presentes en la región, con lo cual se logran estructurar las bases históricas de un tipo de violencia que se torna natural a un tipo de orden social casuístico presente en la región.

Para el desarrollo del presente artículo solo se señalarán, por un lado, los factores coyunturales y las lógicas estructurales presentes en el departamento de Risaralda; por otro lado, se realizará una presentación general de los tres agentes sociales (legales, ilegales y grises), ya que ambos momentos coyuntura-estructuras y agentes sociales constituyen las condiciones mínimas que han favorecido la reproducción del llamado subcampo de la economía ilegal y eje nodal del orden social casuístico presente en Risaralda, nodo explicativo de las violencias experimentadas en la ciudad de Pereira.

2.1. Lógicas estructurales. Dimensiones de orden nacional que afectan las dinámicas regionales

La configuración de la región cafetera en la especificidad que implica leerse por fuera y desde adentro del departamento antioqueño (esta doble condición de ser herederos de prácticas culturales siempre en la mixtura que implica la influencia de la llamada “cultura paisa”, pero a su vez influenciada por la tradición caucana, valluna y tolimense) denotaron las bases de una nueva región: “el viejo Caldas”.

En este panorama, interpretar las lógicas promovidas por las violencias existentes en la región exige reconocer las dinámicas del orden nacional que afectaron la construcción del naciente departamento de Caldas y su posterior división en la década de 1960 en los departamentos cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda. Estas variables del orden nacional se pueden agrupar bajo la noción de fallas geológicas en la construcción de la sociedad colombiana (Cepal, Flacso, 1999) ya nombradas en la introducción al presente artículo.

La mención a las llamadas fallas geológicas o fracturas geológicas señala la existencia de un conjunto de variables que han operado en los procesos de larga duración, en la construcción de algunos Estados ubicados ideológicamente bajo la noción de subdesarrollo. Para el caso colombiano, dichos factores están asociados -entre otros factores- con el modelo político-partidista experimentado en Colombia, según el cual los partidos antecedieron a la creación del Estado (Wills, 1993), la llamada cuestión agraria ante los fallidos intentos ocurridos en las décadas de 1930 y de 1960 (Fajardo, 1994), la denominada debilidad institucional presente a lo largo de la historia colombiana entre los cuales se destaca la crítica situación de la justicia (Gonzalez, 2003), la alta concentración del capital y los valores socialmente escasos, los complejos vínculos entre dimensiones legales e ilegales, los cuales han posibilitado las complejas relaciones entre política y violencia, urnas y armas (Molano, 2005), la presencia precaria o traumática del Estado (Gilhodes, 1974) y la llamada “cultura sectaria” excluyente, la cual se perfila como central para entender las violencias partidistas (Deas, 2000), que dinamizaron lógicas homicidas experimentadas en el territorio nacional.

2.2. Los factores coyunturales. Dinámicas de la dimensión sincrónica presente en el escenario risaraldense en la década de 1990 y principios del siglo XXI

Con relación a las variables coyunturales experimentadas a partir de la década de 1990 en Risaralda y Pereira, se pueden nombrar las siguientes condiciones:

1. La crisis cafetera profundizada a partir de la ruptura del Pacto Internacional del Café ocurrida en 1989. Ello generó el declive de la institucionalidad cafetera.2. La Crisis de la deuda a finales de la décda de 1980 y el diseño de las políticas de ajuste estructural (PAE) derivadas del Consenso de Washington; Apertura económica que generó una crisis económica a finales de los 90. (Martínez, 2012, p. 120). 3. La puesta en marcha de una nueva constitución en Colombia a inicios de la década de 1990, promoviendo -entre otros impactos- dinámicas crecientes de descentralización. 4. Agudización del conflicto social y armado en la región cafetera , desde mediados y finales de los 90. Agudización de la confrontación entre guerrillas y paramilitares (Sánchez, 1999). 5. La consolidación de la cultura y las estructuras narco (Franco, 2005) ante la reubicación de los carteles de Medellín y Cali (Reyes, 1997). 6. Las secuelas del terremoto de 1999 y las sobreexpectativas en los procesos de reconstrucción en la región. 7. La “Redefinición del territorio” en el marco de un proyecto desarrollista, centrado en el sector terciario, reconocimiento de Risaralda como zona geoestratégica con relación a diferentes megaproyectos impulsados en la región. 8. Los impactos de la recesión económica en Colombia ocurridos a finales de los 90 y que afectaron la región generando fuertes impactos en el empleo (Martínez, 2012) en sectores de histórica tradición industrial, como lo son los textiles y la confección.

2.3. Agentes legales interpretados a partir de expresiones de sectores políticos y económicos de la región. Integración diferenciada y civismo relativista. Primera mitad del siglo XX

Resultado de un inusual cruce de intereses entre caucanos y antioqueños, Pereira se erige desde sus orígenes como una ciudad con un importante flujo comercial, que conserva y proyecta en la actualidad.

Fundada por caucanos pero poblada por un grupo de familias procedentes de Antioquia, quienes comenzaron a llegar desde mediados del siglo XIX y se dedicaron a la explotación de pequeñas parcelas y a servir como puesto de descanso a los arrieros que mantenían un flujo comercial entre las provincias de Antioquia y Cauca (Montoya, 2004, p. 19).

Es en este escenario en el que emerge un tipo de agente económico y político, que tempranamente reconoció la necesidad de impulsar importantes obras que propendieran por la modernización de la creciente ciudad de Pereira. Sus intereses personales vinculados con dinámicas comerciales, industriales y agrarias se cruzaron con las motivaciones por generar dinámicas asociativas y cívicas.

Pero ante dicho imaginario social de progreso e inclusión, un conjunto de principios y disposiciones para la acción evidenciaban un tipo de construcción de identidad regional construida en el marco de la diferenciación y la exclusión social. Incluso, desde el propio origen del departamento del Viejo Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda), el cual se gestaba a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se generaron múltiples pugnas interregionales entre el naciente departamento de Caldas y los dos departamentos más importantes de Colombia durante el siglo XIX: Antioquia y Cauca.

De esta manera, el naciente departamento se creaba en medio de las luchas entre dos importantes departamentos, que encontraban en Caldas una zona fronteriza de tensión, ajena a sus intereses o lugar de pugna para extender sus propios valores e influencias, en la estratégica zona cafetera de ubicación privilegiada en el contexto nacional.

Hacia la década de los años de 1920, las tensiones y diferenciaciones se empiezan a manifestar -ahora- dentro del propio departamento de Caldas, fundamentalmente entre las élites subregionales de Caldas y Risaralda. De esta manera, sus dos principales ciudades, Pereira y Manizales, empezaron a consolidar, nos señala el historiador John Jaime Correa (2014), un proyecto de ciudad como empresa cívica con valores propios.

A su vez, Correa (2014) analiza el modelo cívico de los años de 1930 y 1950, idealizado por sectores de la clase dirigente de la ciudad, reconociendo en el mismo una noción de civismo y ciudadanía con claras raíces republicanas, que ubicaban en el centro la noción del “ciudadano de bien”, asociado a la idea de progreso y matizada por una fuerte filiación religiosa. Una “obligación moral” promovida por una élite “abnegada y desinteresada”; de esta manera, se leía al buen ciudadano como un buen cristiano, perfilando la triada: religión-moral-autoridad, en el centro del proyecto cívico experimentado en la ciudad de Pereira.

Esta excesiva normativización de la vida diaria buscaba superar los vicios de los sectores populares que en los debates raciales de los años 20 y 30 estaban asociados con la supuesta “malformación genética” de la población, producto de la hibridación cultural triétnica entre indígenas, negros y criollos (Correa, 2013, p. 12).

A su vez, se fortaleció el proyecto integrador matizado por las diferencias en este nuevo escenario, ahora diferenciado con las élites de Manizales.

El despertar de la conciencia cívica de los pereiranos tuvo como principal elemento movilizador sus diferencias con la clase política de Manizales que en su mayoría eran quienes definían la destinación de los recursos públicos del Departamento de Caldas, lo que obligó a los pereiranos a realizar las obras de progreso por cuenta propia y décadas más tarde propició la separación de Pereira del Departamento de Caldas y la creación del Departamento de Risaralda en el año 1967, proceso que también ha sido reconocido como parte de las grandes “batallas cívicas” en la historia de la ciudad (Correa, 2013, p. 11).

En este mismo escenario, se empiezan a generar nuevos indeseados, los cuales afeaban el proyecto higienista de integración social.

El líder cívico Rafael Cuartas Gaviria reconocía que en Pereira se “había recibido una avalancha de inmigrantes de todas las condiciones”, en los que había más malos que buenos, que hizo que la ciudad se llenara de indeseables que crearon mil complicaciones y problemas. Es evidente que cuando los valores del civismo demarcan tan tajantemente lo normal y lo patológico de una ciudad es porque sus imaginarios de ciudad cívica están bastante embolatados (Correa, 2013, p.17).

Por su parte, la institucionalidad fue configurando un discurso oficial sedimentado y definido como paradigma explicativo de las causas de la violencia y del ideal de sociedad que se debía seguir. Al respecto, Oscar Jaramillo, presidente de la Academia de Historia de Pereira, señala:

Antes del período de la violencia de los años 50, la ciudad contaba con gentes nacidas y criadas aquí, que poseían un gran civismo. Civismo que se fue perdiendo con la llegada de numerosos desplazados por la violencia que desconocían la historia y no se identificaban con la ciudad que los acogió (Prensa La Tarde, 5 de mayo de 2015).

2.4. Agentes grises, hibridación de un agente legal e ilegal. Emprendimiento informal y habituación a la ilegalidad. Segunda mitad del siglo XX

En el margen siempre inestable entre los universos legales e ilegales, un tipo de agente perteneciente a ambos universos ha constituido un universo propio, con capitales, disposiciones y propensiones a la acción social. Dicho agente denotado como agente gris se constituyó en un actor clave en el proceso modernizador de Pereira durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. Tales personajes reinvirtieron excedentes de mercados legales (como por ejemplo, sectores textiles, de la confección y agrarios) en el contrabando de los mismos y en el creciente mercado de estupefacientes (marihuana y cocaína) existentes en la región.

Interpretados como pertenecientes a una especie de “sociedad cerrada”, conformada por familias como: Alcides Arévalo, Carlos A. Ángel, Guillermo Vélez, José Vallejo, Fernando Marulanda, Rodolfo Ángel y Álvaro Echeverry, entre otros, (Castillo, 1987) fungieron como dirigentes cívicos pero mediados por el uso de recursos legales e ilegales.

Entre ellos se puede destacar el caso de Antonio Correa. Oriundo de Apía (Risaralda), fue considerado un agente clave en el proceso de modernización del centro de Pereira durante la década de 1980 (no solo con la construcción de uno de los edificios más modernos construidos en el centro de Pereira en la década de 1980, el cual lleva su nombre, sino también por el conjunto de bienes que poseía: oficinas, apartamentos y negocios), pero a su vez fue denominado como el primer capo de capos en Colombia, según declaraciones de Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, reconocido narcotraficante colombiano, quien señaló a la revista Semana en el 2007: “Llegó a manejar este país... Cuando nosotros estábamos comenzando este negocio, él era el gran capo de Colombia, y murió el año pasado ya de viejito” (Semana, 2007).

Los negocios del señor Antonio incluían la exportación de marihuana y cocaína por la Guajira, San Andrés y Nicaragua (Álvarez, 2013). En este sentido, un tipo de disposición para la acción señala la existencia de un conjunto de valores que relativizan las relaciones con la ilegalidad y con ello, se configuran acciones mediadas por un emprendimiento informal y una habituación a la ilegalidad por parte de sectores económicos y políticos en la ciudad de Pereira.

2.5. Agentes ilegales en el contexto regional. Estructuras criminales y mercados de la ilegalidad. Mediación violenta. Segunda mitad del siglo XX

Es importante señalar la década de 1960 y el fundante mercado del contrabando de autopartes, de café y de telas, acompañado del tráfico internacional de cocaína y venta local de marihuana, con lo cual distintas familias, clanes y agentes claves, -como por ejemplo la banda Blanco-Sepúlveda (cocaína), los Ríos-Pugliesse y Antonio Correa y José Olmedo Ocampo (el viejo) y su oficina de sicarios (Álvarez, 2013), influenciaron la consolidación del subcampo de la economía ilegal en la región, en relación siempre presente con sectores económicos y políticos sin los cuales dicho subcampo no sería posible. Estas estructuras ilegales consolidaron lógicas organizativas con una alta capacidad para controlar diferentes mercados ilegales concentrando a su vez expresiones delictivas que tenían la capacidad para realizar un ejercicio organizado de violencia y fuerza fáctica o simbólica.

De igual manera, experiencias criminales de impacto relevante, como lo fue en la década de 1980 los llamados Magníficos, expresión criminal que se inscribe en los anales del paramilitarismo en Colombia. La escuela de sicarios de La Virginia, analizada en detalle en el libro Balas por encargo de Juan Miguel Álvarez (2013). A su vez, la persecución a los grandes carteles del narcotráfico en Colombia (particularmente los carteles de Cali y Medellín a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990), acompañados de la ubicación estratégica de Risaralda y Pereira y su imaginario de progreso y relativa seguridad, llevaron a ubicar reductos de dichas organizaciones en la región cafetera. La experiencia de las Convivir y las dinámicas de creación de La Cordillera¹⁶ a inicios del siglo XXI, posteriormente cooptada por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la coordinación de Alias Macaco. En el 2005, se puede destacar el proceso de desmovilización de paramilitares y las estructuras narco-paramilitares de Macaco. Dichos actores se ubican en la ciudad de Pereira y entran al negocio del narcotráfico, brindando inicialmente seguridad a la Cordillera, para luego tomarse por completo dicha organización. En el 2008, Los Rastrojos consolidan su influencia en la región en un periodo de alto incremento de la violencia homicida experimentada en Risaralda.

Por último, se puede señalar cómo, a partir de intereses geo-estratégicos, organizaciones criminales (nominadas en la actualidad como BACRIM -Bandas criminales-) del orden nacional como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, han recreado en el eje cafetero condiciones contemporáneas del conflicto armado urbano, las cuales reconocen en este territorio una zona clave para el desarrollo de megaproyectos del orden transnacional.

A Manera de cierre

1. Se interpreta un conjunto de variables que han contribuido en la configuración de escenarios criminógenos, los cuales en relación con campos y subcampos específicos han logrado configurar un tipo de orden social casuístico a escala local y regional que integra dimensiones de los universos legales, grises e ilegales. Dicha integración ha estructurado un tipo de desarrollo regional que promueve valores propios tales como: un civismo relativista y una integración diferenciada, (promovido por agentes legales), una habituación a la ilegalidad y un emprendimiento informal (promovido por actores grises) y una mediación violenta y una cualificación ilegal (auspiciado por agentes ilegales). Dicho conjunto de disposiciones ha estructurado un tipo de habitus que favorece la existencia de prácticas sociales violentas presentes en Risaralda y en Pereira.

De esta manera, las violencias (como mediación social que posee su más dramática expresión en las violencias homicidas) se explican fundamentalmente no como el resultado de las estructuras criminales hegemónicas presentes en la región sino a partir, por un lado, de un conjunto de disposiciones para la acción que relativizan las dimensiones legales implementando -en ocasiones-, acciones mediadas por la fuerza y la violencia, y por otro, la existencia de un nodo de relaciones objetivo que configura capitales, agentes, grupos, intereses e instituciones, en un variado y estable mercado de la criminalidad el cual se articula a los ritmos institucionales propios de la legalidad y contribuye en la generación de un orden social casuístico existente en la otrora ciudad cafetera.

No se trata de la captura del Estado y sus instituciones a escala local y regional por estructuras del crimen organizado, ya que estas varían o incluso desaparecen sin que los mercados criminales desaparezcan con ellas; por el contrario, las evidencias señalan la existencia de expresiones de una élite gris que ha promovido una mentalidad especial de hacer empresa a cualquier precio o de construir lógicas de orden y autoridad pública que operan entre las dimensiones legales e ilegales de la sociedad risaraldense.

2. A pesar, por un lado, de los cambios experimentados entre un pico de violencia y otro, de los imaginarios sociales de civismo, progreso y seguridad recreados por sectores de las élites locales y regionales en torno al Eje Cafetero, la ciudad ha conservado elevados niveles de violencia los cuales superan con creces el promedio de violencia nacional. En medio de tan elevadas tasas de homicidio, los indicadores de crecimiento económico han señalado la existencia de una región próspera (con inevitables variaciones) en la cual, negocios lícitos e ilícitos se desarrollan sin contradicciones, señalando la existencia de sectores políticos y económicos acoplados a los ritmos de un escenario criminógeno altamente homicida. De esta manera, se instaura la violencia como dinámica de mediación social legítima y con ello, se internaliza una práctica habitual presente en los cuerpos de los habitantes de la región y en las instituciones existentes, las cuales, a su vez, han generado mecanismos propios de reproducción social.

3. Las acciones para contrarrestar las estructuras criminales en Pereira y Risaralda no han afectado de manera significativa el subcampo de la economía ilegal; con esto se quiere decir que ni las estructuras sociales objetivas (nodo de relaciones que perfila la existencia de dinámicas estructurales que se tornan externas ya sea a través de instituciones intermedias presentes en los barrios y en la ciudad en general, o los diferentes campos y subcampos existentes en la región) ni las estructuras sociales incorporadas (nodo de relaciones que perfila la existencia de disposiciones para la acción mediada por el uso de la fuerza e incorporadas en los cuerpos como propensiones para la acción), las cuales configuran las prácticas sociales violentas, han generado acciones significativas que alteren las lógicas estructurales que explican los mercados criminales y sus mediaciones violentas experimentadas en la que fuera la región cafetera por excelencia del occidente colombiano

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Notas