Es lugar común en diversos análisis e interpretaciones de las sociedades contemporáneas el hecho de aducir que nos encontramos en un momento complejo, convulso y paradójico, lleno de conflictos y tensiones y oportunidades que determinan la vida social. Pero esta realidad compleja no afecta o significa lo mismo para todos los sujetos sociales en general, por el contrario, cada grupo poblacional, organizativo o identitario siente y vive la complejidad de manera diferenciada. Ese es el caso de los jóvenes, grupo poblacional y cultural que por su condición específica habita el mundo y accede a lo que él ofrece de manera particular. Esta situación la ha detectado de manera importante la CEPAL, quien ha logrado una caracterización general de lo que llaman tensiones, paradojas y/o urgencias de la condición juvenil en la actualidad. Reconociendo que dicha caracterización resulta sugerente y en ocasiones obligante para los diseñadores e implementadores de políticas pública. De la producción CEPAL, se revisaron los documentos que se presentan en la Tabla 1 y con ello, identificar tensiones y posibilidades sobre el reconcomiendo juvenil.

Tabla 1.
Producción académica de la CEPAL. Documentos de revisión

Elaboración propíaNota Tabla 1. Producción académica de la CEPAL. Documentos de revisión

El documento publicado en el año 2004, La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias (primer informe de esta institución sobre el tema), logra ubicar de manera precisa las paradojas del mundo juvenil en nuestros contextos, a las cuales nombra como tensiones, y que soporta con un conjunto de datos sociodemográficos, económicos y estadísticos que permiten una caracterización estructural de la situación juvenil, lo que permite decir que desde esas tensiones se pueden valorar avances, retrocesos o estancamientos.

La primera de las tensiones señalada tiene que ver con la distancia, cada vez más aguda, entre el acceso y los niveles de formación de los jóvenes y las posibilidades de tener un empleo o trabajo. Distancia que está señalando una ruptura de los procesos de movilidad social que las jóvenes generaciones no están experimentando, debido a los procesos estructurales de reestructuración del mundo del trabajo – menos empleos, más informalidad, trabajos flexibles, reducción de plantillas laborales – que terminan devaluando los conocimientos adquiridos y estancando los procesos de inserción laboral. Es decir, la relación educación y trabajo está en un proceso de desajuste. Ligado al tema del ingreso a la educación se encuentra el asunto del acceso a mayores niveles y cantidades de información – desde las redes informáticas y el mundo del ciberespacio – pero ello no se traduce en acceso al poder en tanto capacidad de decidir e incidir en el mundo social, sobre todo institucional (Molina, 2016a). Si bien él o la joven conocen o saben del mundo, su no participación efectiva, por desconfianza, ilegitimidad o desinterés, es notable. Digamos que su participación está anclada a su grupo de pares cercano y no al mundo de la vida pública.

Una tercera tensión de la actualidad del contexto juvenil pasa por la dimensión de la salud. Los jóvenes, y en general la sociedad, tienen acceso y reconocimiento en los sistemas de salud – con algunas dificultades propias del sistema – pero en el caso de los jóvenes si bien están mejor provistos, el mismo sistema no logra reconocer las dificultades o dramas (morbimortalidad) propias que los jóvenes padecen, como en el caso de la sexualidad y sus experiencias y formas de vivenciarla, que a la postre reducen la eficacia de la atención y se le suma la poca integralidad de esta. La cuarta tensión expresa una paradoja radical, en el sentido de que el discurso público de las instituciones educativas, sociales, económicas, e incluso académicas, señalan al joven como potencial y apto para asumir los cambios del desarrollo (Puche-Navarro, Cerchiaro, De la Rosa, Montes & Ossa, 2017), pero no existe un panorama consistente de oportunidades que le garanticen esta labor, quedando en otras generaciones, no tan aptas para el cambio, las rutas del futuro y el desarrollo.

Las dos últimas tensiones tienen que ver – la quinta de ellas – con el fenómeno de expansión del consumo simbólico al cual se ven enfrentados los jóvenes. Consumo que va desde la cantidad de información dispuesta en las redes electrónicas, los mass media como el cine y la televisión, hasta la fuerza persuasora de la publicidad, la moda, los ídolos de farándula y los iconos del deporte, la música y el espectáculo. Los jóvenes en la ciudad global y la sociedad red del consumo simbólico logran conectarse con estas experiencias y discursos del goce, pero a la hora de acceder al consumo material – la ropa, los artefactos, las tecnologías de ese consumo simbólico – aparecen restricciones fuertísimas que impiden a los jóvenes gozar de esa oferta de opulencia simbólica. Finalmente la última tensión tiene que ver con una situación histórica de los jóvenes con respecto a las políticas, acciones y estrategias que sobre o para ellos se quieren adelantar: son jóvenes receptores y no protagonistas de aquello que les concierne. Tensión que ratifica la representación de menor de edad, pasivo, carente y vulnerable que tradicionalmente ha colonizado la experiencia juvenil.

Las tensiones planteadas en este informe tienen un rasgo muy interesante en su formulación, y es el juego entre las posibilidades que se le abren y agencian los jóvenes, y las restricciones, constreñimientos o limitaciones a las cuales se enfrentan. Lo cual es un indicador e indicio del reconocimiento paradójico, en tanto se hace una caracterización de los sujetos con posibilidades, pero inscritos en marcos de constreñimiento socio-político, económico e institucional. En síntesis,

“Al respecto, es fundamental ver en la juventud un potencial más que un problema, para lo cual habrá que revertir los estigmas que etiquetan a los jóvenes como disruptivos, inconsistentes o riesgosos. Por otra parte, aun cuando se construya la imagen de la juventud como potencial o promesa de futuro, es preciso también equilibrar esta valoración con la de los y las jóvenes como plenitud presente. Por último, a la premisa que reconoce la diferencia específica de la juventud como sujeto colectivo, tanto con respecto a otros sujetos como a su propia heterogeneidad interna, hay que sumarle con urgencia el imperativo de mayor igualdad de oportunidades para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos de vida” (p. 30).

Esta situación tiene implicaciones a la hora de diseñar e implementar las políticas que deben regular y dar lineamientos operativos para la distribución de recursos y las agendas operativas, que en el escenario más concreto de relacionamiento con los grupos poblacionales, enfrenta las conflictos de la desigualdad y la exclusión de oportunidades. Si bien el informe de la CEPAL, dirigido por uno de los académicos más prestigios de esta institución y del mundo académico latinoamericano, como lo es Matin Hopenhayn, logra dar cuenta de las transformaciones socio-culturales de las culturas y/o sujetos juveniles que irrumpen con toda fuerza y potencialidad, las redes, ofertas y tramas institucionales ligadas al modelo de desarrollo económico y al ordenamiento social, generan aquello que Daniel Bell llamó “contradicciones culturales del capitalismo” (2006). Es decir, reconocimiento sin distribución, reconocimiento con exclusión, reconocimiento con falta de oportunidades. Ahí se funda la paradoja estructura; en palabras del informe

“Finalmente, cabe señalar que la participación y ciudadanía de los jóvenes está cambiando, y este tránsito puede entenderse como el paso de los jóvenes como protagonistas del cambio político y social a los jóvenes como sujetos de derecho y objeto de políticas. Sin embargo, y tal como se señaló recién, dicha transición está pendiente y en el momento actual los jóvenes se encuentran en el umbral que separa a ambos modelos: ya no se perciben como el gran actor del cambio, pero tampoco se perciben todavía como sujetos plenos de derecho o claros beneficiarios de políticas públicas” (p. 269)

Este reconocimiento paradójico termina configurando un espacio social y político ambiguo, opaco e indeterminado que, para efectos del gobierno de las poblaciones, recicla las formas de enunciación sobre los jóvenes como carentes, vulnerables, en riesgo y “menores de edad”, distanciándose de los desarrollos de las investigaciones académicas y de las prácticas sociales que este grupo agencia. En este punto es nodal el debate sobre qué se entiende por juventud, en tanto ello constriñe o expande posibilidades, derechos y oportunidades. La conclusión del informe vuelve y reafirme lo paradójico, añadiendo la existencia de unas “edades difusas” que terminan sobre-poniéndose y negándose en sí mismas como adolescencia-juventud-adultez, y, a su vez, acortando el campo de derechos. Como el criterio hegemónico de clasificación y diferenciación ha sido la edad, que luego se traduce en normas y leyes, las lógicas de exclusión se marcan y resaltan al momento (de un día para otro) del cambio de edad.

En el año 2008 aparecerá el segundo gran informe de la CEPAL (Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar), que reconoce que las tensiones señaladas en 2004 se mantienen con pequeñas mejoras, pero esta vez poniendo el acento en la llamada cohesión social como reto del nuevo momento. Como continuidad se resalta el hecho de seguir con una indefinición sobre qué entender por juventud, esa edad difusa permanece y sigue marcando las decisiones de la política institucional, sin embargo, dos aspectos resultan muy relevantes para el debate: de un lado, “la juventud remite a la vez a capacidades acumuladas en etapas previas. Esto también puede operar como una condena, sobre todo si la infancia ha ido acompañada de carencias nutricionales, familiares y educacionales” (p. 34); y, de otro lado, “debido a ello, se ve perjudicada la cohesión social cuyas dos caras son precisamente las que la pobreza niega: inclusión social y sentido de pertenencia” (p. 34). Es decir, son los (as) jóvenes quienes “portan” la pobreza de una generación a otra, reproduciendo ciclos que profundizan la fragmentación social y los desenclajes, inseguridades e incertidumbres sociales (Castel, 2010; 2004)

Esta preocupación por fomentar y promover un modelo para la cohesión social, en un contexto de inseguridad, pobreza y precarización (Morley, 2012), también es señal del reconocimiento paradójico de la juventud. Si bien se puede señalar que

“En cuanto al reconocimiento público y político, los avances son notorios. En las dos últimas décadas no solo se han creado en todos los países instituciones de gobierno encargadas de formular planes y programas de juventud (institutos y direcciones nacionales o secretarías de Estado); también se han puesto en marcha instrumentos para aumentar el conocimiento y la percepción acerca de los jóvenes y mejorar la eficacia y orientación de las políticas públicas destinadas a ellos. La aprobación de leyes de juventud, el diseño y monitoreo de planes y programas, la realización de encuestas nacionales, la instalación de observatorios y la creación de centros de información juvenil y portales en Internet constituyen instrumentos empleados con frecuencia para respaldar e implementar los esfuerzos en este ámbito”. (p. 6)

Lo anterior no traduce unas mejores condiciones de existencia material y simbólica de este grupo poblacional. Quizás resulte significativa la creación e institucionalización de una serie de oficinas, programas, políticas, profesionales y sistemas de información, pero las situaciones estructurales de desigualdad se sostienen en el tiempo, lo que a la postre provoca en mayor medida exclusión y falta de sentido de pertenencia, porque la expectativa institucional no logra dar cuenta y responder por las demandas de los sujetos. A lo cual debe agregársele la invitación de concebir a la juventud o al sujeto joven como “productivo” o “agente de desarrollo”, que en el informe se resalta como un rasgo de las políticas públicas del continente.

En general, el universo de políticas nacionales de juventud apoya sus acciones en cuatro visiones acerca de las características de la fase juvenil (Krauskopf, 2003a): la juventud como período preparatorio (que la define a partir de las crisis), la juventud como etapa problemática (visión negativa de los jóvenes restringida a temas como delincuencia, drogas, violencia, deserción escolar, y otros), ciudadanía juvenil (perspectiva integral que da prioridad a la plenitud de derechos de los jóvenes para participar en políticas y programas de juventud), y la visión del joven como actor estratégico del desarrollo (orientada a la formación de capital humano y social, como destrezas y capacidades en la conducción de su desarrollo y en el campo productivo) (p. 314).

Si bien es cierto, los enfoques “han funcionado bajo una lógica combinada […] que se suceden en el tiempo o coexisten sin diluirse”, esta relación con la idea de un actor estratégico del desarrollo, además de poner en primer plano la responsabilidad que le cabe al grupo poblacional, supone poner en discusión la tesis de la moratoria social como espacio-tiempo de la formación de los jóvenes (Ospina & Delgado, 2018). En contextos de pobreza estructural, limitaciones en el acceso a bienes y servicios, poca retención poblacional en las instituciones de segundo orden, y, unas ofertas de consumo exponenciales, se hace casi inevitable la participación de los jóvenes en mercados informales y formales de la economía. Hacer o hacerse productivo termina condicionando la situación existencial, porque se debe enfrentar la desregulación de las responsabilidades del Estado de bienestar, cada vez más focalizado en sus acciones, y también la necesidad ontológica de no quedar en la máxima exclusión. De parte del Estado y su gobierno de las poblaciones, la lógica ha sido hacer productiva la población, para la cual todo el entramado institucional lo permite, pero animando el slogan cada vez más recurrente de “tú puedes”, “hazte responsable de ti mismo”, “el futuro es lo que hagas ahora”, “todo depéndete de ti”.

El informe sobre las perspectivas económicas para 2017, que lleva como subtítulo juventud, competencias y emprendimiento, resalta las cualidades que los sujetos jóvenes deben adquirir y administrar en las nuevas lógicas del capitalismo desregulado. Ser competentes (adquirir competencias, formar o capacitarse para lograrlo) y ser emprendedor (tener iniciativa, gestionar recursos y llevar a buen puerto el proceso-negocio), son las demandas que se exige para participar en las lógicas del emprendimiento y las posibles opciones de movilidad social. Pero nuevamente, como rasgos estructurales, este informe insiste en aquellas tensiones no resueltas que desde el año 2004 (fecha del primer informe CEPAL sobre juventud), perviven como una inercia negativa para el reconocimiento del mundo y las culturas juveniles. Soportados en datos macro-económicos, socio-demográficos y de resultados de políticas públicas de la región, señala que

“La población de jóvenes en América Latina y el Caribe (ALC) de edades comprendidas entre 15 y 29 años asciende a más de 163 millones – en torno a un cuarto de la población total de la región. La economía de ALC, con una evolución prometedora en épocas recientes, está ahora en fase de ralentización, lo cual pone en riesgo los avances sociales, políticos y económicos de la última década. Los jóvenes se encuentran en una encrucijada y encarnan las promesas y los desafíos de la región” (p. 17).

La encrucijada, las promesas y desafíos que deben enfrentar y padecer los jóvenes de la región, ponen en duda las continuas menciones de esta población como un sector con mayores oportunidades, en tanto la encrucijada social promueve una serie de barreras u obstáculos para su pleno reconocimiento. A continuación se enuncian barreras: 1. Los avances sociales y económicos de las últimas décadas han generado expectativas que no han llegado a cumplirse; 2. La mayoría de los jóvenes al dejar la escuela acceden a empleos informales o directamente pasan a ser inactivos; 3. La reciente expansión de la cobertura educativa debe ir acompañada de vínculos más fuertes con el mercado laboral; 4. Los ecosistemas de emprendimiento para emprendedores de alto crecimiento se están desarrollando rápidamente, pero ofrecen empleabilidad y movilidad social solo a unos pocos. Estas barreras ponen en evidencia las dificultades estructurales para garantizar la movilidad social, a pesar de los diseños e implementación políticas públicas de juventud en la mayoría de los países de la región. Es decir, existen procesos de reconocimiento formal e institucional, pero con déficits altos en la concreción de los derechos y ofertas para sostener la moratoria y garantizar la movilidad social.

Luego de identificar las barreras el informe propone una serie de desafíos, enunciados de la siguiente manera: 1. Invertir en las competencias de los jóvenes es esencial para poner en funcionamiento fuentes endógenas de crecimiento y construir una base sólida para el progreso futuro; 2. Impulsar el emprendimiento puede mejorar y facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo y a la vida adulta; 3. Reforzar las competencias de los jóvenes latinoamericanos y mejorar sus oportunidades de emprendimiento es algo que debería hacerse mirando hacia el futuro; 4. Empoderar a los jóvenes es una inversión inteligente para un crecimiento inclusivo en estos tiempos de desafíos económicos y políticos[7]. Una lectura comparativa entre barreras y desafíos termina confirmando la paradoja del reconocimiento o el reconocimiento paradójico para con los jóvenes, en tanto estos desafíos reproducen el aplazamiento hacia “futuro” de las garantías y derechos (incluso para la “vida adulta”). Emprender y empoderarse para un “futuro”, que puede estar lejos o cerca, según se resuelvan las barreras estructurales que condicionan las posibilidades de materiales existencia de los jóvenes.

La portada del informe en mención es ilustrativa del marco social o de los discurso del presente (Alonso & Fernandez, 2013) desde el cual se hace el análisis y las propuestas, y tiene que ver con aquello que ha dado en llamarse la sociedad del emprendimiento o emprenderismo. La imagen del continente llena de “profesionales”, “técnicos” o “tecnólogos” desarrollando diferentes oficios y poniendo a prueba sus “competencias”, semejan la sociedad a la cual se quiere llegar, que se adjetiva con la nube de palabras: “progreso”, “crecimiento”, “inclusión”, “democracia”, “clase media”, “productividad”, “tecnología”, “startups”, “redes sociales”, “ciudad”. El título, el mapa y las palabras son la invitación al “futuro”, pero el presente es aquello que no se deja ver, oculto opera como un fantasma y produce una alerta

“[…] el abuso del discurso del emprendedor – y de la formación en el marco de una sociedad presentada homogéneamente como del <<conocimiento>> en la vida cotidiana de las personas (como) una exigencia la oportuna empleabilidad, empresarialidad y adaptabilidad, a las que se les exige una adaptabilidad permanente para el cambio de empleo continuo (y con condiciones de trabajo cada vez más inestables y menos reguladas), se les pide esfuerzo de formación, reciclaje y prácticas a cuenta del buscador de empleo y se les anima luchar contra la dificultad de encontrar empelo, creando empresas propias o auto-empleándose, porque frente a la idea de que todo mundo es trabajador en potencia (típica de la era socialdemócrata), el nuevo management ha impuesto la idea contraria de que todos tenemos capital (económico, social, humano, simbólico, relacional, etc.) y somos empresarios, cuando menos empresarios de nosotros mismos” (Alonso & Fernández, 2018, p. 50)

El último informe sobre la situación de la juventud de la CEPAL, como se puede colegir, es evidencia de quince años en la región en los cuales se ha trabajado en la promulgación de políticas públicas enfocadas en este sector poblacional, lo cual es un indicador importante a la hora de formalizar e institucionalizar la importancia de reconocer y hacer sujeto de derechos a los jóvenes. Los datos así lo demuestran. Pero también es cierto aquello que la socióloga norteamericana Minow, dijera a propósito de las sociedades multiculturales: “el derecho no hace igual a aquel, que la sociedad define como diferente” (2001). En este caso los jóvenes siguen atrapados en regímenes de representación que valoran su presencia y sus posibilidades, pero ello no se traduce en la materialidad de sus derechos y demandas (Castellanos, Ossa & Achipiz, 2018).

Planes de desarrollo

Parte de las expectativas ciudadanas en clave de garantía de derechos y reconocimientos socio-culturales, tiene que con la elaboración y puesta en marcha de los Planes de Desarrollo departamentales y municipales, en el entendido que ellos deben traducir las propuestas que el gobierno nacional formula y, a su vez, recoger las demandas regionales y locales que los pobladores y/o ciudadanos manifiestan deben tenerse en cuenta. Esto Planes de Desarrollo son una especie mediación entre local-regional y lo nacional; en tal sentido, son de vital importancia a la hora de diseñar y ejercer la gestión gubernamental, como las intenciones o sentidos que subyacen y definen estilos, formas y dispositivos de gobierno. En síntesis, los planes de desarrollo son una bitácora de trabajo y un marco de referencia que define prioridades, programas, poblaciones, presupuestos y escenarios de acción; en ellos se inscriben las políticas públicas sectoriales que viabilizan y/o materializan la gestión.

En este sentido, siguiendo a Pierre Muller, las políticas públicas son el “rasgo”, “indicador” o “evidencia” de la acción de Estado. Siendo así, el surgimiento de una política pública pasa por la identificación de los diferentes actores y la comprensión de las relaciones que los unen. En términos generales, las políticas públicas constituyen el marco a través del cual las sociedades modernas van a definir la extensión y el alcance de los problemas que ellas se plantean a sí mismas. Es decir, son el lugar donde las sociedades definen sus relaciones con el mundo y consigo mismas.

“constituyen el lugar donde una sociedad dada construye su relación con el mundo. Por consiguiente, las políticas deben analizarse como unos procesos a través de los cuales van a elaborarse las representaciones que una sociedad se da para entender y actuar sobre lo real, tal como ella lo percibe. ¿Cuáles son los peligros que la amenazan? ¿Cómo repartir las riquezas? ¿Qué lugar debe ser acordado al Estado? ¿Cuál debe ser el lugar de las mujeres en la esfera del trabajo? Etcétera” (Muller, 2006: 95).

Definir la relación con el mundo, acotar los problemas y reducir la complejidad del mundo para administrarlo, son propósitos estratégicos y profundamente políticos para toda sociedad. Delinear el marco de acción del Estado y la sociedad en general es, en palabras de Foucault, parte del “arte de gobierno”. De tal suerte que analizar las políticas públicas es mirar sus impactos fácticos pero, y esa es la invitación, no basta con ello sino logramos develar el procedimiento, la tecnología de poder que le permitió su emergencia y su lógica de proceder en la identificación de problemas, actores e instituciones. Así, la política pública expresa una “concepción”-representación de aquello se entiende por lo real, la sociedad, etc. Este argumento lo desarrolla Muller a través de lo que él llama la función cognitiva de la política; argumento conceptual que parte de las siguientes premisas: i). La acción pública se instaura y legitima en-desde ciertos tipos de marcos cognitivos (ideologías, imaginarios, mapas mentales) que define el universo cognitivo de los actores y son relativamente estables en el tiempo; ii). Dichos mapas cognitivos terminan por definir qué es lo real (normal-anormal, justo-injusto, bello-feo) que funciona como ‘máquina’ de selección/exclusión de aquello nombrado como realidad.

En el caso que nos ocupa, los planes de desarrollo como política pública, definen qué se entiende por joven o juventud; en cuáles condiciones socio-económicas se encuentra; cuáles los derechos y programas a desarrollar; cuáles son los montos presupuestales y los alcances o beneficios que se esperan. Tal como lo propone Muller, estas definiciones inciden en la cognición social y sirven como guía para la acción gubernamental. Una lectura descriptiva de los planes de desarrollo de la ciudad de Palmira, resulta interesante para identificar cómo se define al joven o la juventud, y para mirar las relaciones entre los planes y los propuesto por le CEPAL. En la Tabla 2, se ha hecho una síntesis poniendo énfasis en tres dimensiones de análisis en los planes: noción de joven, área de acción (urbana o rural), y, el paradigma de juventud desde el cual se elaboraron los planes[8].

Tabla 2.
Dimensiones de análisis en los planes de desarrollo

Elaboración de los autores Nota Tabla 2. Dimensiones de análisis en los planes de desarrollo

Como observa en las dimensiones sobre la noción de joven que los planes contienen, de los siete revisados, cinco de ellos conciben a los jóvenes como vulnerables y en riesgo, que son dos de las formas de nombrarlos más tradicionales. La primera de ellas pone un fuerte énfasis en las carencias sociales en las cuales habita esta población, que por lo general hace referencia a sectores populares de la ciudad (barrios de las comunas 1, 2 y 5) que, al mismo tiempo, sufren lógicas de violencia urbana y presencia de microtráfico. Lo interesante es la extensión que se hace de la condición de carencia social a carencias emocionales y cognitivas, estas últimas sirven como justificación de las intervenciones institucionales y de ciertos estigmas que luego “portan” estas poblaciones. Con la idea de “jóvenes en riesgo” se remarcan las dificultades y

“A partir de la visibilización negativa emergen políticas sectoriales y compensatorias con perspectivas reactivas y reduccionistas para tratar el déficit, el riesgo y la transgresión juveniles. Este enfoque se mantiene con gran fuerza y da lugar a una percepción generalizadora de la juventud a partir de polos sintomáticos y problemáticos, como la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, los embarazos, las pandillas, etc. Según este paradigma, la causa última de las «patologías» juveniles se identifica en el mismo sujeto juvenil, de ahí que la intervención prioriza la acción sobre él y descuida el contexto” (Krauskopf, 2005, p. 146)

Resulta interesante y problematizador que los dos últimos planes de desarrollo sigan reproduciendo esta noción, ello porque los documentos de la política pública de juventud de la ciudad están distantes de reivindicar la vulnerabilidad y el riesgo como lugar de enunciación. Mucho más problematizador si se revisa con detalle el plan de desarrollo del alcalde de los años 2012-2015, porque en sus propósitos e intenciones existe una contradicción de perspectiva: de un lado, el reconocimiento de los procesos organizativos y de la política pública de juventud, planteando un “Subprograma. Políticas públicas sociales. Meta/producto. Implementar tres lineamientos de la política pública de juventud”. Y los tres lineamientos fueron: “Movilidad Social e Identidad, Cultura Participación y Diálogo Juvenil”, que en su formulación y en los programas y proyectos, se reconoce a la juventud como portadora de potencialidades y “protagonista” de los procesos.

Pero, por otro lado, y quizás por el contexto de inseguridad urbana[9], la prioridad en la inversión y la intervención se puso en sectores de la ciudad catalogados como vulnerables, “peligrosos” y con presencia de grupos llamados “combos” “parches” o “pandillas” conformados por jóvenes y ligados a la delincuencia. Es emblemático en la ciudad el Plan Especial de Inclusión Social (PEIS), y en ese marco el Programa de Nodos Juveniles, que en lugar de promover los postulados del plan de desarrollo (antes mencionados), termina reproduciendo la perspectiva del riesgo, la vulnerabilidad y focalizando la acción de Estado en sectores (barrios) populares, que termina negando y excluyendo otros sectores y a otros jóvenes que también requieren de la presencia y oferta institucional. Así, los planes de desarrollo suponen una doble paradoja frente al mundo juvenil: en primer lugar, el uso de discursos de reconocimiento, de fuerte corte académico, pero a la hora de implementar las políticas se opera con discursos y lógicas tradicionales de control, normalización y punición para con jóvenes, sobre todo, de sectores populares (primera paradoja). Y esta perspectiva niega, por defecto, otros sectores y otros jóvenes que pertenecen a las clases medias que requieren y necesitan el apoyo estatal (segunda paradoja).

Tensiones socio-históricas

Las lecturas, pronósticos y propuestas que la CEPAL ha elaborado sobre la situación juvenil en Iberoamérica, tienen como señal inexcusable una tensión estructural entre las intenciones académicas y sociales de reconocer a este sector de la sociedad como “potencial de capacidades”, “motor del desarrollo”, “futuro de la humanidad” y/o “herederos de los logros de las generaciones anteriores”, pero con una situación socio-económica llena de incertidumbres y tensiones a la hora de gozar de sus derechos y del reconocimiento que ello implica. Dos ejemplos merecen atención al respecto. El primero tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de la moratoria social, como un logro de las sociedades occidentales, que permitían a los jóvenes un periodo de tiempo en el cual debían educarse, como condición necesaria para la vida laboral y la independencia económica. Moratoria que dependía de una oferta estatal que amparaba, sobre todo a los jóvenes de clases medias y populares, su ingreso al sistema educativo. La Organización Internacional del Trabajo, lo ha registrado de la siguiente manera:

“La generación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes es un desafío importante en América Latina y el Caribe, donde su ingreso a la vida laboral está marcado por altas tasas de desocupación, informalidad y desaliento. La tasa de desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños llegó a 13,3% (2014), una proporción que triplica la de los adultos y es más del doble que la tasa general de desempleo promedio en la región, de 6,1%. Por otra parte, 6 de cada 10 jóvenes que si consiguen ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal, lo que en general implica malas condiciones de trabajo, sin protección ni derechos, y con bajos salarios y baja productividad. Por otra parte se estima que unos 20 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan, debido en gran parte a la frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral. A escala mundial, se estima que hay cerca de 75 millones de jóvenes desempleados de entre 15 y 24 años en 2012, un incremento de aproximadamente 4 millones desde 2007” (OIT, 2018).

A la descripción de la OIT, se le debe sumar el paulatino déficit presupuestario que los sistemas de educación superior públicos vienen padeciendo, lo cual recorta las posibilidades de la educación, que trae consigo el ingreso al mercado laboral informal y desvanece las garantías sociales y subjetivas que la moratoria social permitía. Las consecuencia son las dificultades para la movilidad social, en tanto proceso que garantizaba el tránsito de la población juvenil al mundo laboral, previa formación, pero al desestructurarse la continuidad entre moratoria y movilidad social, por la vía de las políticas de flexibilización e informalización laboral, el debilitamiento de la oferta educativa y la paulatina precarización de los sistemas de aseguramiento social, se configura una problemática compleja para el ejercicio y agencia de las expresiones y prácticas culturales, políticas y sociales de los jóvenes. En este escenario la pregunta que emerge es: ¿cómo ser o cómo se configura el lugar de los jóvenes en contextos de precarización social?

Pero frente a esta paradoja del reconocimiento, con déficits estructurales de aseguramiento, es importante subrayar que la condición juvenil ha estado en el centro de las preocupaciones gubernativas, en este caso no como posibilidades subjetivas y colectivas, sino como chivos expiatorios. La relación mecánica, epidemiológica y punitiva entre violencia, jóvenes y drogas, ha servido como justificación para un conjunto de programas y proyectos que pretenden resolver los problemas de la inseguridad, los homicidios y los fenómenos asociados al narcotráfico. Pero esta propensión de seguridad a toda costa puede rebasar las labores del Estado, en tanto regulador de la igualdad de seguridad, y desembocar en una persecución de aquellos tildados de sospechosos o aliens que portan o son causa de la inseguridad civil (los terroristas, los violentos, los bárbaros, los jóvenes de sectores populares, etc.), y que padecen de la inseguridad social (los pocos calificados que tiene una fuerza de trabajo más económica, aquellos que pagan menos por los servicios sociales financiados por todos, los migrantes que copan plazas de trabajo, etc.). En tal sentido las inseguridades son encarnadas en sujetos sociales específicos y ya no son deficiencias del sistema general regulador o de las nuevas políticas que administran las protecciones (Molina, 2018).

Robert Castel (2004, 2010), es quizás quien mejor a investigado el “problema” o “tensión” de la llamada seguridad contemporánea. Si bien él hace mención de los problemas que las nuevas inseguridades acarrean para la seguridad civil (el conflicto social callejero, el monopolio de la fuerza, la autoridad legítima sobre las armas y la participación política), se centrara en los asuntos de la inseguridad social y sentara una sentencia al plantear que esta inseguridad debe combatirse desde la “lucha” contra ella y “desarrollando y reconfigurando las protecciones sociales”, entendiendo que estar protegido desde el

“[…] punto de vista social en una sociedad de individuos (es) que estos individuos dispongan, por derecho, de las condiciones sociales mínimas de su independencia. La protección social es así la condición de posibilidad para formar […] una sociedad de semejantes: un tipo de formación social en cuyo seno nadie está excluido porque cada uno dispone de los recursos y de los derechos necesarios para mantener reacciones de interdependencia (y no solamente de dependencia) con todos. Es una definición posible de ciudadanía social” (Castel, 2010, p. 117).

Pero esta idea se ve fuertemente interpelada y amenazada por dos asuntos: uno, lo que el autor llama la incapacidad para domesticar al mercado, y dos, la tensión entre trabajo y mercado bajo el fin de la sociedad salarial. Nos encontramos, entonces, en la disolución de ese pacto moderno que surgió como garante de bienestar y buen vivir. Por ello Castel dice que nos encontramos en una paradoja entre “denunciar la inflación de la preocupación por la seguridad y afirmar la importancia esencial de la necesidad de protecciones” (p .114), es decir, denunciamos demasiadas demandas de protección, pero no nos imaginamos sin ellas, porque el “deseo de erradicar el peligro conlleva, nutre una forma de angustia probablemente especifica de la modernidad […] rechazar el mito de una seguridad total conduce a defender simultáneamente propensión a estar protegido” (p 115). Uno de los supuestos de las políticas públicas y sociales está regido por la idea protección o bienestar que, siguiendo los datos de la CEPAL en sus cuatro informes sobre la juventud en Iberoamérica, demuestran lo contrario. Pero, paralelamente, las políticas, programas y proyectos de seguridad ciudadana objetivan los peligros y sus las acciones punitivas en los jóvenes, en muchas ocasiones amplificados por los medios de comunicación (Rubio & Caicedo, 2013).

Existe, en tal sentido, un régimen de visibilización juvenil que da continuidad a la tesis de la paradoja del reconocimiento. Es un reconocimiento que pone énfasis en la condición vulnerable, de riesgo y de propensión a la violencia que esta población supone, y quizás las estadísticas de los observatorios institucionales lo confirmen, pero el gran problema ha sido la aplicación de los criterios de focalización que las políticas y proyectos han desarrollado. En principio tres rasgos de ese problema. El primero tiene que ver con la negación que esta perspectiva securitaria y punitiva hace de “otras” formas de existencia de lo juvenil, que no solo son aquellas ligadas a la violencia, y que están más ancladas en prácticas y estructuras del sentir cultural, que, si bien el establecimiento reconoce, a la hora de definir las políticas y sus recursos, lo niega por la vía del privilegio de resolver los índices de violencia. La pluralidad de lo juvenil se oblitera al reproducir la relación mecánica entre esta población y la violencia. Al parecer, el beneficio de la política pública y la atención social se concentra en un “tipo de joven” y deja a la deriva al resto. Evidencia de ello está en los planes de desarrollo analizados, que son indicio de una forma de gobernar y administrar lo social.

De acuerdo con esto, los modelos de intervención social despliegan estrategias compensatorias que responden no tanto a leyes o a derechos sociales universales como a protocolos particulares, creados para grupos localizados y particulares de integración social y laboral débil. La asistencialización de las políticas sociales va indisolublemente ligada ya a su focalización –esto es, a su <<desuniversalización>>-, y también a su gestión cada vez más territorializada y localizada. El peligro de esta nueva intervención, si se produce, es que puede ser cada vez más estigmatizadora y degradante (Fernández, 2018, pp. 95-96).

El segundo rasgo de la focalización, señalada por Alonso y Fernández, es la invención y gestión securitaria de territorios específicos de la ciudad, que en algunos estudios y sobre todo en los medios de comunicación, se denominan “zonas rojas”, “zonas calientes”, “zonas violentas”, etc. La pretensión es territorializar un problema de violencia o inseguridad a través de un sujeto o población que ha de encarnar el peligro y, a través de la acción gubernamental sobre ella, garantizar aquello que Michel Foucault llamo el “pacto de seguridad” (2006). Si el primer rasgo supone naturalizar un “tipo de joven”, el segundo naturaliza un territorio, que en términos generales es la periferia urbana, los sectores populares o zonas empobrecidas. Esta conjunción entre población y territorio es estratégica para el ejercicio o arte de gobernar, en tanto logra configurar una geografía visible de los problemas y de las acciones a desarrollar; logra despejar la incertidumbre y los miedos que la inseguridad provoca, y permite a la opinión pública tener referencias, datos, nombres y sujetos que aminoren su malestar. Construir esta geografía y en ella ubicar al tipo de joven “naturalizado”, sirve a las lógicas de una política asistencial y focalizada.

El tercer, y último rasgo, que requiere de un trabajo más detallado de investigación y de evidencias, lo ha subrayado Isabell Lorey de la siguiente manera:

“A diferencia de esta vieja regla del dominio, esto es, la de exigir obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente […] una forma de gobierno basada en un máximo de inseguridad […] Que la precarización se haya tornado en un instrumento de gobierno significa así mismo que el grado de la precarización no puede poner seriamente en peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar ese umbral” (Lorey, 2012, p. 18)

La tesis de la autora resulta de gran relevancia analítica, en el sentido de indicar que la situación de precarización y desajuste estructural de los derechos y las protecciones sociales, junto a sus consecuencias, que en el caso de los jóvenes se expresa en reconocimientos jurídicos y de políticas públicas, pero no en las condiciones materiales de existencias, garantías y recursos para su moratoria y movilidad social, coexisten como condición de su existencia. Lo dicho por la CEPAL lo confirma. Lo diferente y problemático, pero a la vez ilustrativo, es sostener que los gobierno no pretende darle fin a la precariedad o a la paradoja estructural del reconocimiento de los jóvenes, sino que en su lugar se trata administrarla funcionalmente. Es decir, sostener la naturalización de un tipo de joven “problema”, insistir en el asistencialismo estigmatizante y perpetuar inercialmente las barreras de ascenso y garantía de derechos. Es una especie de gobierno de la exclusión, la pobreza y la inequidad, que identifica los límites de su acción para evitar las protestas y rebeldías, pero sin resolver de fondo los problemas. Sin embargo, los discursos del emprendimiento y del yes, i can, proliferan como “una forma de gestionarse así mismo” (Molina, 2018, p. 14; Molina 2016b), en un contexto convulso y de incertidumbre. Alberto Melucci lo ha resumido muy bien, no solo para los jóvenes, sino para los sujetos en general

Los jóvenes viven un problema compartido por el resto de la sociedad de un modo intenso y dramático. El incremento de oportunidades les afecta a ellos en particular, aun cuando también es experimentado y sentido por los adultos. Es como si la sociedad hubiese escogido a los jóvenes para que experimenten esta situación global, donde se ven en la obligación de enfrentar diversas problemáticas y situaciones en las que son protagonistas (Melucci, 2001; 145)

El ascenso de las incertidumbres socio-económicas, políticas y subjetivas son el marco general de las sociedades contemporáneas, particularmente en lo que refiere a los sistemas de aseguramiento social que, producto de las políticas de ajuste fiscal y las mediaciones regulatorias de los Estados, han producido un campo en el cual los sujetos individuales deben hacerse cargo de sí mismos. Es decir, ante el desvanecimiento de derechos y garantías que hacían parte del Estado de bienestar (con sus matices en América latina), esas responsabilidades quedan a cargo de cada quien, como la salud, la educación, la recreación y los servicios básicos. A problemas globales y estructurales, respuestas individuales, esa parece ser la lógica en la cual los jóvenes han de construirse como sujetos. Una “política de la individualización” se instala como principio de acción, reivindicando al máximo la moderna idea de sujeto libre, racional y del trabajo, pero frente a una realidad donde “la desigualdad social está en aumento precisamente a causa de la difusión de la individualización” (Beck & Beck-Gernsheim, 2003, p. 33).