La idea de "megaproyecto" no es en sí una idea nueva o novedosa. Cualquier sociedad con dimensión estatal a lo largo de la historia se ha visto obligada a emprender esfuerzos excepcionales y fuera de lo común que afectan el medio para resolver las problemáticas sociales que se derivan de la concentración de población y la diversificación de actividades humanas. Tan patente es este hecho que ya desde el Anti-Dühring,Engels (1968) elabora un modelo para comprender la complejización social derivado de las percepciones de Marx (1976) del "modo de producción asiático" en el que se perfila la separación de las clases entre los trabajadores generales y aquellos que se encargan de la dirección de las grandes obras hidráulicas necesarias para mantener la viabilidad del grupo social. Caso semejante al de Karl Wittfogel (1966), que dedica toda una obra al estudio pormenorizado del despotismo oriental, en el que las grandes obras hidráulicas constituyen uno de los núcleos definitorios de la manera en la que se organizan esas sociedades, tanto social como políticamente. Destaca también la visión contemporánea de Linz Ribeiro (1987, 2006, 2007) y su propuesta de análisis de los "proyectos de gran escala", sus implicaciones sobre el desarrollo y las relaciones de poder que involucran.

Estas consideraciones iniciales vienen a lugar porque se insiste que la idea de megaproyecto dista de ser nueva en la historia de las sociedades estatales y su efecto es de tal naturaleza que alcanza dimensiones civilizatorias. Entonces, surge la pregunta del por qué en los años recientes se han incrementado tanto el desarrollo y la necesidad de estas grandes obras, así como las tensiones que surgen en las comunidades aledañas a estos megaproyectos. Es evidente que las presiones de la globalización contemporánea empujan a los actores económicos a la búsqueda incesante de una tasa de ganancia, más aún en el capitalismo actual de tinte neoliberal en el cual el control social de los métodos de obtención de ganancias busca, aún más, subordinar a los poderes políticos a las reglas del libre mercado; lo que Acselrad (2006) define como una reconfiguración de los poderes políticos a partir de la globalización y la reestructuración productiva. Estas reconfiguraciones, los conflictos que se producen en las sociedades y el daño en el medio ambiente, han dado lugar a lo que Martínez Allier (2015) define como el objetivo de la ecología política: "dar cuenta de cómo el poder político incide en los conflictos socio ambientales" (p. 57). Tales conflictos contemporáneos inciden no solo en los ámbitos económico-políticos y ecológicos sino también, en los culturales. Esta es una de las líneas de reflexión que abre Escobar (2006) sobre las luchas de las comunidades frente a las presiones productivas de la globalización, porque enfrenta las visiones locales o tradicionales con los procesos productivos globalizados.

Con el fin de entender qué es lo que ha hecho que en el presente los megaproyectos sean tan dañinos y generadores de conflicto, además de lo expuesto arriba, se pueden encontrar otros argumentos que hacen su implementación aún más conflictiva que en épocas anteriores. Uno de los principales es el cambio dramático de los patrones de crecimiento de la población mundial que inició con una cuesta de crecimiento muy empinada hacia los años cincuenta del siglo XX, derivada de varios factores, entre los más importantes se encuentran: el inicio de un ciclo de paz luego de las dos guerras mundiales; la estabilidad social que produjo en todo el mundo un gran periodo de auge económico por casi treinta años y que Hobsbawm (1995) llamó "la edad de oro"; la expansión y el mejoramiento dramático de los sistemas de salud estatales, en particular la síntesis y disponibilidad en gran escala de antibióticos y vacunas; el incremento general de los niveles educativos y, por lo tanto, la mayor especialización y productividad de los individuos; el proceso acelerado de mecanización y robotización de la producción industrial y la incorporación de la inteligencia artificial tanto en lo productivo como en lo administrativo. Estos cambios potenciaron una dinámica cultural de gran consumo, centrado no solo en las necesidades esenciales de los humanos, sino también en la satisfacción por el consumo mismo de las mercancías, lo que generó en el ámbito industrial una búsqueda desmedida por la ganancia. Finalmente, que, por primera vez en la historia de la humanidad, más gente vive en las ciudades que en el campo, lo que estimula un modelo basado en el consumismo, pues la gran cantidad de personas concentradas en un punto, incrementa las necesidades de mercancías de todo tipo y, por tanto, la infraestructura para satisfacer tal demanda se presenta como colosal. Basta decir que hacia 1960 la población rondaba los 3,000 millones de personas, y que para 2050 se habrá multiplicado por tres. Este crecimiento, además, está transformando dramáticamente al mundo, pues la proporción rural-urbana pasará, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de dos a uno en 1950, a invertirse cien años después; es decir, 6,000 millones en las ciudades y 3,000 en el campo para el año 2050 (ONU, 2018). No solo sorprende el patrón de crecimiento, los números absolutos son inéditos.² Estamos viviendo la reconversión de muchos modelos en la sociedad mundial para atender, tanto los intereses esenciales como los superfluos, con el resultado de que se requieren grandes obras de todo tipo. Sin embargo, el modelo actual de producción -no sustentable y depredador-, produce continuas luchas y protestas, pues, o bien impactan a poblaciones, su entorno y sus modos tradicionales de vida, o bien reservas naturales que están cada día más amenazadas frente a dicho modelo.

Por otro lado, a partir de los años 90 del siglo XX, el deseo de consultas que exponían y legitimaban la posición de las poblaciones frente a estos proyectos, se ha incrementado dramáticamente en América Latina; reformas jurídicas para establecer mecanismos de democracia directa y consultas efectivas han ocurrido de manera importante en toda la región (Altman, 2005; Lissidini, Welp & Zovatto, 2008). Esto supone una nueva realidad para la ocurrencia de los megaproyectos. Por un lado, las poblaciones son más conscientes de la existencia de mecanismos que las protegen frente a los megaproyectos y que determinan la necesidad de informarles, previa y verazmente, las ventajas y desventajas de que se les consulte libre y públicamente y que sea respetada su opinión. Por otro lado, esta nueva realidad ha hecho conscientes a los actores de la necesidad de gestionar adecuadamente la realización de los proyectos (López & Shane, 2014; Alberti & Pereyra, 2018). No obstante, este nuevo esquema no garantiza la ideal utilización de los instrumentos de consulta, pues como muchos otros mecanismos, los partidos políticos o los propios gobiernos han invadido el territorio gracias a las posibilidades de intermediación, manipulación o justificación al margen de los intereses de los afectados (Altman, 2010; Welp, 2010; Welp & Serdült, 2014).

Frente a este contexto que perfila lo complejo de los megaproyectos en el contexto de las relaciones hombre-naturaleza y, al mismo tiempo, el surgimiento de líneas que exigen mecanismos de consulta popular y participación informada, es que se pueden exponer ciertos antecedentes sobre este tipo de obras en América Latina y en particular en México.

Un caso emblemático es el de las hidroeléctricas que durante mucho tiempo -remontándose incluso a la época colonial- han afectado a las poblaciones rurales, en particular a las poblaciones indígenas de América Latina (Bartolomé, 1992; Gómez et ai., 2014). Destaca aquí que siendo la mayoría de los megaproyectos ubicaciones en territorios campestres o no urbanos, los pueblos indígenas son los más susceptibles de verse afectados. Justo la relación entre un entorno ecológico, su aprovechamiento masivo y pobladores afectados incide de manera problemática a los indígenas, como fue exhibido de manera relevante por Boege (2008).

El resultado final de este tipo de obras ha tenido en México resultados dispares: un ejemplo es el de las grandes afectaciones por la presa Cerro de Oro 1974-1988 (Bartolomé & Barabas, 1990); otro es el de la presa La Parota, iniciada en 2001, que por las agresiones estatales y los conflictos no resueltos (Chávez, 2009) a la fecha sigue sin terminarse. En todo caso, como se reseñó anteriormente, la historia de la cultura de consulta y negociación es muy joven en toda América Latina. Para el caso mexicano, la reforma en materia de derechos indígenas a la Constitución Mexicana en el año 2001, derivada de las presiones por ajustarse al espíritu del Convenio 169 de la Organización del Trabajo, estableció la necesidad de operar las obras que los afectan en coordinación con ellos pero sin un mandato que obligara consultas vinculantes.³

A partir de esto se aceleró el movimiento para hacer de la consulta un mecanismo regular, aunque con resultados todavía decepcionantes, pues el escaso aparato legal se cruza con la intensa demanda ciudadana (Zaremberg et ai., 2018). Así, casos como el del acueducto "Independencia" que en 2010 buscó apropiarse de un caudal de agua que surte al pueblo Yaqui sin mediar una consulta y que, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se mandató una consulta aun no realizada (Gómez, 2017; Lerma, 2014). En ese sentido, el caso de Huexca pertenece a esos megaproyectos no consultados y no concluidos. Últimamente se han realizado algunas consultas en el país, derivadas de una nueva visión de gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, todas estas consultas que han tenido su origen en intereses de gestión del gobierno actual, han sido duramente criticadas por desaliñadas, incluso por las Naciones Unidas, y como se señaló anteriormente, han tenido más un papel de justificación de intereses gubernamentales que de conocer la opinión genuina de los afectados. Ese es el contexto en el que se realizó la consulta del megaproyecto en Huexca y como se verá; resultó en un ejercicio inútil y que mantiene el conflicto en marcha.

Así pues, el desarrollo de los megaproyectos tiene lugar entre intereses civilizatorios, económicos, políticos, locales y culturales que se entreveran de manera conflictiva, pues en cada uno de esos niveles se promueven o desalientan los megaproyectos. El caso de Huexca expone dos momentos de este proceso. Al inicio, se buscó por todos los medios y se logró evitar cualquier mecanismo de consulta que impidiera o modificara el programa de toda la obra, limitándose en su primera época a informaciones vagas y beneficios aislados en la población. Al final, con la obra terminada, pero en paro, el gobierno actual realizó una polémica consulta diseñada para justificar la operación de todo el sistema, que no fue reconocida por amplios sectores de la región, que ocurrió días después del asesinato del líder de los opositores a la megaobra y que fue cuestionada por el órgano nacional de vigilancia de los derechos humanos. Por tanto, el mecanismo de consulta falló al inicio por no ocurrir, y al final por implementarse de manera amañada. Las consecuencias de todo lo anterior es una obra parada a la fecha y una comunidad dividida.

Esta sucinta introducción busca dar sentido a las tensiones que genera la implantación del Proyecto Integral Moreios, megaproyecto regional de energía que supuso la construcción de una planta de generación eléctrica en la pequeña localidad de Huexca en el estado de Morelos, México, y cuya población es de 1,153 habitantes (INEGI, 2021). La obra en cuestión consiste en una central termoeléctrica de ciclo combinado, que supone 2 turbinas de gas y dos generadores de vapor para la producción de electricidad. La instalación que está asentada en un predio de la comunidad, toma su carácter de "megaproyecto" en el sentido de que no es solo una afectación de carácter local, sino que impacta toda una región del estado de Morelos y, por lo tanto, los efectos dañinos también se extienden a decenas o cientos de kilómetros de la obra final. Por ello, todos los alcances y resistencias al proyecto están englobados en lo que se llama "Proyecto Integral Morelos" -en adelante PIM-, que buscó no sólo la construcción y operación de dicha termoeléctrica que produciría alrededor de 620 mega watts, sino todo un desarrollo regional al introducir a través de un gasoducto energía suficiente para el desarrollo de una amplia zona industrial del Estado de Morelos.

Así, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Proyecto consiste en:

• Una central termoeléctrica combinada en la localidad de Huexca.

• Un ducto de gas de 48' proveniente del estado de Tlaxcala.

• Un acueducto hacia la termoeléctrica con el fin de servir para la generación de vapor y el enfriamiento del sistema.

• Una red de transmisión eléctrica hacia la subestación de Yautepec, Morelos (CFE, 2011a).

Como se puede ver, la obra compromete muchos esfuerzos y, al mismo tiempo, muchos impactos en las zonas que atraviesa. Es decir, las afectaciones al medio y a las poblaciones aledañas a todo el proyecto deberían ser evaluadas mediante información suficiente para cuantificar los daños y los beneficios que se desprenderían de la obra. Sin embargo, no se realizó consulta alguna a la población afectada, únicamente se efectuaron asambleas informativas y se repartieron algunos apoyos a los pobladores cuando iniciaron los trabajos en el año de 2012. Este pecado inicial, el de no consultar el arranque de la obra, fue acumulando agravios hasta que se generó gran descontento a lo largo de todo el recorrido del PIM. En la trayectoria del gasoducto hay conflictos por la cercanía con zonas habitadas; en el acueducto también, debido a que no se quiere respetar la restricción al uso exclusivo de aguas negras, lo que ha motivado acciones jurídicas para tratar de detener las obras; y en Huexca, a la fecha, tampoco se ha permitido iniciar la operación de la planta.

Este rápido panorama busca resaltar cómo es que todo el proceso derivó en un conflicto interno en Huexca, pues la población se dividió entre aquellos que apoyaban la apertura de la planta -denominados por sus rivales como "los termos"- y aquellos que rechazaban la obra- denominados los "antitermos". Todas las instancias de coordinación local: sistema de cargos para la fiesta, asambleas vecinales, comités escolares y órganos de representación política local, se vieron inundados por este antagonismo, dañando la tranquilidad y armonía relativa que existía en Huexca. Diversos factores que analizaremos, llevaron a tal punto las cosas, que la polarización culminó en situaciones de tensión y violencia fatal.

El propósito de este trabajo es mostrar las consecuencias originadas por la ausencia de consulta a la población, o peor aún, por una consulta deficiente y en condiciones políticas impropias, lo que ocasionó la falta de consenso sobre los beneficios y los daños de la obra. De esta manera, ni los bandos que se oponían pudieron encontrar razones para aceptar la obra, ni los simpatizantes, razones para mitigar su efecto, por lo tanto, todo el PIM es visto entre muchos sectores como ilegítimo. Adicionalmente, contiene un elemento de emotividad política. En el 2014, el entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó el estado de Morelos y aseguró a los habitantes que si él ganaba la elección no pondría en operación la termoeléctrica. Habiendo triunfado en las elecciones regresó ya como presidente en funciones a principios de 2019 y declaró que la no operación de la termoeléctrica era un desperdicio de dinero y que habría que aprovechar la obra. El cambio de criterio enfureció a los que creyeron en su palabra y polarizó aún más la situación. López Obrador propuso la realización de una consulta, el presidente acataría el resultado. No obstante, la consulta fue diseñada de manera que el peso cuantitativo de los afectados locales fuera mínimo, al incluir municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos, cuyas tazas de afectación no eran semejantes; incluso se incluyeron ciudades como Cuernavaca o Cuautla, en donde las afectaciones son casi inexistentes y los beneficios máximos, pues se prometió bajar el precio de la luz cuando funcionara la obra.

La consulta arrojó un resultado aproximado de 59% a favor y 41% en contra, como se aprecia, no es un resultado muy contundente y, adicionalmente, como se dijo, de diseño sesgado. Hay un elemento adicional, unos días antes de la consulta fue asesinado Samir Flores, el líder principal de la oposición a todo el PIM, en circunstancias y motivos que a la fecha no son conocidos. Esto alimentó la sospecha y desconfianza hacia la consulta, pues sin haber condiciones políticas y de seguridad para tal ejercicio, el ejecutivo federal decidió instrumentarla. De este modo, surgió de nuevo el rechazo y la indignación por una consulta que favorecía los intereses del gobierno, lo que tiene a la termoeléctrica detenida y a todo el PIM en suspensión. En adelante se darán detalles puntuales del PIM y de los efectos concretos en la localidad de Huexca.

En los antecedentes del caso figuran los inicios del diseño y la planeación del Proyecto Integral Morelos. Hacia el año 2009 el entonces gobernador de Morelos, Marco Adame, presentó ante la Comisión Reguladora de Energía una solicitud para contar con infraestructura de suministro de gas natural hacia su estado, para el beneficio y expansión de las zonas industriales. Emitida la resolución aprobatoria, en 2010 la Secretaria de Energía federal (SENER) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que a la par de esos trabajos se instalara una central de generación eléctrica alimentada por gas natural.

Del mismo modo, en noviembre de ese año el gobierno estatal a través del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) emitió una autorización para poner a disposición de la planta hasta 280 litros de aguas negras por segundo para su utilización en la termoeléctrica; con estas disposiciones se pudo elaborar el contrato que la CFE signó con Abengoa/Elencor. De inicio, no era obligatoria legalmente una consulta para la obra, aunque hay que señalar que a partir de 2014 está establecido en la ley que, para obras de naturaleza energética, se debe contar con la aprobación de las comunidades indígenas afectadas. Dado que ese criterio normativo es posterior, el proyecto arrancó sin la opinión de los involucrados.

Según la MIA, se plantearon dos zonas probables en Yautepec y Yecapixtla; sin embargo, por las condiciones de alta productividad agrícola dependiente del riego en Yautepec, se preveía un rechazo a la venta de terrenos, por lo que, considerando la existencia del corredor industrial Burlington-Saint Gobain, se eligió Yecapixtla. Ahí existían tres posibles localizaciones: Cuautlixco, Huexca y Los Laureles, donde se suponía mayor disposición para la adquisición de los terrenos. De acuerdo con el mismo documento, se realizaron todo tipo de evaluaciones en varios índices. Destacan los rubros de abastecimiento de agua, infraestructura eléctrica, pendiente del terreno, clima, población, etc. En estos índices, las tres localidades lucían más o menos semejantes; la gran diferencia se encontraba en los terrenos de ubicación de la termoeléctrica, pues en Cuautlixco y Los Laureles, la propiedad de los terrenos probables era ejidal, a diferencia de Huexca que era privada, donde adicionalmente, se contaba con uso de suelo para infraestructura. Además, en Huexca el terreno estaba a mayor distancia del núcleo urbano y la densidad poblacional era menor. Con todos estos datos, la CFE decidió la implantación de la termoeléctrica en Huexca. Al ser el terreno privado, se evitaba negociar con distintos actores de la comunidad, lo que definió la ausencia de consultas de cualquier tipo. Con estas condiciones, se planeaba terminar la central hacia 2013 y que la operación iniciara hacia 2015.

El tema del agua era de especial preocupación. Este renglón impactaba no solo a Huexca sino a toda la cuenca de la región. Un acueducto de 12 kilómetros conduciría 216 litros por segundo, de los cuales, 200 se emplearían para el enfriamiento de la planta y 16 para repuesto del ciclo. En acuerdo con los pobladores de la zona, este caudal estaría constituido únicamente por aguas negras tratadas. A la fecha presente (mediados de 2020), faltan construir 140 metros del acueducto en la zona de la población de Apatlaco a causa de amparos contra la obra, pues en el proceso de finalización, se comenzó a hablar de la necesidad de un mayor caudal, el cual estaría constituido no solamente por agua tratada, sino por agua limpia.

Con relación al gasoducto, el cual también requirió una MIA, constaría de un ducto de 76 centímetros de diámetro con una longitud de 160 kilómetros, iniciando en el estado de Tlaxcala, atravesando por Puebla y llegando por Morelos hasta Huexca (CFE, 2011b). El derecho de vía es una franja de 25 metros y la zona de influencia de 500 metros. El flujo diario estimado sería de 337 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Para lo anterior, se procedió a establecer contratos de derechos de paso del ducto en las tierras elegidas, arrojando que se atravesarían en el recorrido final 32 municipios. Actualmente, el ducto está completamente terminado, pero sin funcionamiento, pues su objetivo, suministrar gas a la planta de Huexca, no es necesario por causa de su inactividad.

De la línea de transmisión, esta posee una capacidad de 40 kilovatios y una longitud de 20 kilómetros entre la termoeléctrica en Huexca y la subestación de Yautepec. Según la manifestación de impacto ambiental de la línea de transmisión, constaría de 65 torres ubicadas a cada 350 metros de distancia. La obra está concluida y en suspensión desde 2015.

De este modo, este megaproyecto consta de 4 grandes rubros: la termoeléctrica, el acueducto, el ducto de gas y la línea de transmisión, que a la fecha están sin funcionar en atención a las fuertes protestas y rechazo de la población por el desdén con el que se trató a la población de las zonas afectadas, las cuales reaccionaron con manifestaciones, plantones y acciones legales que impiden al presente, el inicio de las operaciones.

Un tema que es pertinente desarrollar es que la oposición a este megaproyecto no ocurre en el vacío, es decir, está sustentado en colectivos populares que se organizan para defenderse de los distintos temas que les afectan. En el estado de Morelos había, con relación a este tema, un antecedente relevante: en el año de 2003 se tenía la intención de pasar un gasoducto a través del territorio del estado. Las comunidades que se opusieron, se organizaron en el "Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos" (FPDT) impidiendo la instalación.⁴

Nueve años después, este mismo colectivo constituye el núcleo opositor al PIM. Desde el inicio de las obras, se comenzó a sospechar en virtud de que no había información y todo se basaba en rumores, así que en asociación con la "Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos", los pobladores se fueron organizando para tener información, tanto de lo que sucedía en Morelos, como lo que ocurría en Tlaxcala y en Puebla. Sus tácticas de lucha, que iniciaron en 2012, se conformaban de plantones, marchas, mítines y asambleas informativas, respecto a los alcances y posibles afectaciones de un megaproyecto que desconocían casi en su totalidad. Su actividad opositora les ha costado hostigamiento, detenciones y demandas judiciales por afectación. Incluso, a decir de los activistas, la ejecución del principal líder del movimiento, Samir Flores, que ocurrió días antes de la consulta que finalmente realizó el gobierno federal, cuyo crimen no ha sido esclarecido. Esta última circunstancia ha sido el detonante final de un cambio total dentro del movimiento.

En las etapas previas, los activistas luchaban en contrade gobiernos que ideológicamente consideraban antagónicos. Tanto en la presidencia de Felipe Calderón, como en la de Enrique Peña Nieto, el movimiento suponía a estos gobernantes parte de la derecha o del neoliberalismo, y por ende la lucha tenía un orden "natural" dentro de la cosmogonía política contemporánea: Izquierda, Justicia social y Pueblo; frente a Derecha, Neoliberalismo y Elites. Tal orden político se vio reafirmado por el hecho ya mencionado, de que en un mitin de promoción, el candidato natural de la izquierda a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, declaró en Yecapixtla, Morelos en 2014, que: "...no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas" (El sol de Cuernavaca, 2019). Con esa promesa, los miembros de las organizaciones confiaron en el candidato que resultó ganador en las elecciones presidenciales del 2018. Sin embargo, ya en el primer mes de su gobierno, declaró públicamente que el inicio de las operaciones de la termoeléctrica de Huexca no era una decisión tomada, que se iba a revisar y que se implementaría una consulta el 23 y 24 de febrero de 2019 para determinar el destino final. Ante esto, los colectivos organizados reactivaron su actividad pública, pero con un cambio. Iniciaron a considerar que el gobierno en turno, más allá de su etiqueta ideológica de izquierda, no estaba de su lado, es decir, los estaba traicionando. En un evento en la ciudad de Cuautla, Morelos, el 10 de febrero de 2019, a dos semanas de la consulta, López Obrador escuchó protestas por la posibilidad de consulta sobre la termoeléctrica y respondió a los inconformes: "Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras" (Político MX, 2019). Con esto declaraba su distancia ideológica con los inconformes y reafirmaba que el criterio para la termoeléctrica no era el que les enunció en 2014 relativo a la afectación al entorno, sino un criterio de desarrollo industrial nacional por encima de las afectaciones locales. En este ambiente de tensión, en la madrugada del miércoles 20 de febrero, tres días antes de la consulta, Samir Flores fue asesinado de cuatro balazos. López Obrador declaró ese mismo día que lamentaba los hechos, pero que no iba a suspender la consulta sobre la termoeléctrica: "...a lo mejor entre las posibilidades [del asesinato] era afectar la realización de la consulta" (BBC News Mundo, 2019).

Como se mencionó anteriormente, el asesinato de Samir polarizó totalmente el ánimo en contra del gobierno federal y definió el sentimiento de traición por parte del presidente de la República. Era evidente en la consulta, tanto el formato proclive a las intenciones del gobierno como la falta de condiciones políticas para su celebración. El mismo día de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por voz de su presidente, declaró que no había condiciones aceptables para una consulta de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Se realizaron dos marchas el viernes 22, un día antes de la consulta para protestar por el asesinato de Samir Flores y para que se suspendiera la consulta. En particular destaca una entre Huexca y Cuautla por la mañana y otra en la tarde del mismo día en la ciudad de México; del Ángel de la Independencia al Palacio Nacional. En ambas, participaron los colectivos más agraviados, y parientes y amigos del asesinado. El ambiente de la marcha fue de ira, con pancartas, pinta y consignas sobre la traición del presidente de la República, y de ser el asesinato de Samir un crimen de Estado.⁵

En este escenario de crispación y encono, se celebró la consulta el 23 y 24 de febrero. Como era de esperarse, en las zonas en donde no existían afectaciones directas el resultado fue favorable a la termoeléctrica, considerando que se les prometieron cuotas de electricidad más bajas. En varias localidades de Morelos y Puebla, sin embargo, no se instalaron las casillas o fueron destruidas por pobladores inconformes. El lunes 25 de febrero López Obrador informó los resultados generales de la consulta, en los que el 59.5% voto por el sí a la termoeléctrica y el 40.1% en contra de su culminación. Se emitieron 53,532 votos. A la fecha, en la página de Participación Social de la Secretaría de Gobernación, está todo el diseño y metodología de la consulta, pero no existen los resultados desagregados por casilla (Participación social, 2020).

Ante el resultado favorable, se impondría el inicio de las operaciones de la termoeléctrica; no obstante, a la fecha siguen existiendo causas que lo impiden. Son de dos tipos: las tangibles y las intangibles. En las primeras se cuentan las acciones legales en contra del funcionamiento de varios de los componentes del PIM y las recomendaciones de la CNDH (2018), destacando la "Recomendación No. 3/2018". Existen amparos en los que se suspende temporalmente la operación del gasoducto, en tanto la SENER no realice una consulta a la población indígena por las afectaciones del gasoducto o por los riesgos que hay dado la cercanía del volcán Popocatépetl y su actividad volcánica. Existen también amparos contra el uso de las aguas limpias de los ríos de la región de Cuautla, pues como se dijo, el caudal para la operación sería únicamente con el uso de aguas negras tratadas. Finalmente, también se fincaron amparos específicos en contra del inicio de la operación de la termoeléctrica. A lo anterior se suma otra recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 30 de agosto de 2019, el Consejo de la Judicatura de la Federación emitió un comunicado en el que se concentran en un solo Juzgado, los doce juicios de amparo vigentes a la fecha, relativos a todas las partes del PIM (Lo de hoy Puebla, 2019). Así que, mientras no se desahoguen todos los amparos y no se revoquen los argumentos de los afectados, la termoeléctrica continuará parada.

En cuanto a las causas intangibles están claramente la inconformidad popular y las estrategias para impedir el arranque de las operaciones. Como ya se evidenció, existe población organizada en los tres estados y dispuesta a la acción directa en caso de que se inicie el funcionamiento de la termoeléctrica, aun en el caso de que las sentencias le den la razón al gobierno federal. Muchas personas están muy enojadas, lo que es claro por la violencia que se dio en la zona durante la consulta. Se potencia esta ira por el asesinato no resuelto de Samir Flores, que no da muestras de ser aclarado por la apatía y falta de acción de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Gran parte de la población de Huexca, como la de Amilcingo de donde era originario Samir, están alertas ante cualquier movimiento, y muestran una alta convicción para evitar la operación de la termoeléctrica.

Hay, sin embargo, una conexión dramática que da a los intangibles un peso mayor en esta lucha entre el gobierno federal y los movimientos opositores. El activista Samir Flores, indígena náhuatl, era miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), colectivo indígena de alcance nacional con nexos profundos con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Congreso Nacional Indígena, 2019). Este nexo político hace que el asesinato de Samir tome un significado diferente, pues no solo existen actores regionales que se sienten agraviados, indignados e intimidados por el asesinato, sino que grupos de todo el país están adheridos a la causa que representaba Samir y, por lo tanto, significan un apoyo político de una gran fuerza nacional. Además, lo anterior expone la confrontación ya evidente entre el indigenismo del presidente López Obrador, y la visión no gubernamental y no estatalista que sustenta el CNI y el EZLN, que se ha vuelto muy intensa a propósito de otros megaproyectos que el ejecutivo federal pretende llevar a cabo en el país, siendo los más notables por su dimensión y por los probables efectos dañinos a las comunidades indígenas y al medio ambiente: el "Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec" y el "Proyecto de Desarrollo Tren Maya" (Gasparello, 2020). Diversos actores políticos cercanos al CNI y al EZLN también se han sumado a estas declaraciones dando a estos temas vigencia y alcance nacional.

De manera particular desataca que en el manifiesto que el EZLN leyó ante sus bases el 31 de diciembre de 2019, en el acto de celebración del vigésimo sexto aniversario de su lucha, el orador principal, el Subcomandante Moisés, expresó duras palabas a propósito de los megaproyectos del gobierno y también su indignación por el asesinato de su compañero Samir Flores:

Y con esto del progreso y la modernidad queremos recordar aquí a un compañero del Congreso Nacional Indígena que fue asesinado este año: el hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Y lo recordamos porque él se preguntaba y preguntaba que para quién es ese progreso del que tanto hablan. O sea que el hermano Samir preguntaba para dónde va ese camino que llaman "progreso", que ese nombre lleva como letrero la bestia de los megaproyectos. Y se respondió que ese camino lleva a la destrucción de la naturaleza y a la muerte de las comunidades originarias. Y entonces lo dijo claro que no está de acuerdo, y se organizó con sus compañeras y compañeros, y se resistió, y no tuvo miedo. Y por esa razón es que el mandón que está ahora lo mandó matar. (Enlace Zapatista, 2019)

Este tema ocupó en el discurso un lugar especial junto con el de los megaproyectos. Se destacó la lucha de activistas en contra de estos proyectos y de manera más que evidente imputó al mandón "que está ahora" como el responsable del asesinato de Samir. Se hizo también alusión a la manera en que el gobierno federal ha realizado consultas que no son representativas del sentir de la gente y sí de los intereses gubernamentales:

"...hace un año, en diciembre del 2018, el capataz que ahora manda en la finca que se llama "México", hizo una simulación de que le pidió permiso a la madre tierra para destruirla. Entonces se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas y pusieron en la tierra un pollo, trago y tortillas. Así cree el capataz que la madre tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz. Hace así porque desprecia a los pueblos originarios y porque desprecia a la madre tierra.

Y además el capataz no se quedó ahí, también retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensamos y sentimos, que "les guste o no les guste" a los indígenas, él va a hacer lo que le ordenó su patrón, o sea el mandón, o sea el gran capital.⁶ (El Universal, 2020)

Este choque con los zapatistas del EZLN y su mundo simbólico tiene un capítulo final, que cierra el conflicto que opone las visiones de desarrollo y tradición que encierra el tema de los megaproyectos. Dijo John Womack (2004) en su conocida obra acerca de Zapata y la Revolución Mexicana, que su trabajo era sobre unos campesinos que no querían cambiar, y por eso mismo hicieron una revolución. La batalla en el terreno de las genealogías del poder político y la legitimidad es en este caso muy demostrativa de la situación política vigente, pues en efecto, los inconformes del presente adheridos a la idea del zapatismo original protestan por una obra que supone desarrollo futuro, pero que los desplaza, y afecta la continuidad de su comunidad. En el 2014 López Obrador en terreno zapatista comentó lo siguiente: "Imagínense lo que significa el que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente que ha habido en la historia de México, aquí, en Anenecuilco, ahí quieren llevar a cabo una termoeléctrica" (El sol de Cuernavaca, 2019). Existía en el candidato un orgullo por la filiación política y un reconocimiento a Zapata como el mejor líder social en la historia del país. Esta convicción se reafirmó, ya que al inicio de su gobierno denominó al año 2019 como el "año de Zapata", pues se cumplían 100 años de su asesinato; incluso se le incluyó en el logotipo del gobierno de México en los documentos oficiales. Por ello destacó inmediatamente el choque con los manifestantes por la muerte de Samir Flores, con la imputación de ser un crimen de Estado y la igualación simbólica entre Samir y Emiliano Zapata al abundar los gritos de "Samir vive, la lucha sigue" que son una forma muy tradicional de mentar al Caudillo del Sur en toda marcha en la que se invoca su presencia; lo mismo sucede en las pancartas o posters en los que sus rostros aparecen juntos. El enfrentamiento llegó a tal nivel que los inconformes, entre los que se encontraba el nieto de Zapata, ocasionaron que el presidente de México no estuviera presente en la ceremonia de conmemoración del 10 de abril de ese año. Así, nuevamente la población local de Morelos se organizó para evitar el contacto entre el poder gubernamental y Zapata, lo que reitera el contenido simbólico del conocido gesto del héroe al evitar sentarse en la silla presidencial. La intensidad de esta pugna no baja a la fecha, pues en el tradicional mensaje que el EZLN dirigió por el aniversario del inicio de su lucha, en enero de 2021, continúan los mensajes de reclamo por el asesinato de Samir Flores y los nulos avances en la investigación. En el reciente segundo aniversario de su muerte, 20 de febrero de 2021, el EZLN y el CNI, organizaron marchas conmemorativas en los distintos "Caracoles" en la región chiapaneca.⁷

Como se puede ver, la tensión entre los proyectos de alcance nacional y el rechazo local por los pocos beneficios directos y los daños evidentes queda expuesta de manera evidente en el caso del PIM, con la termoeléctrica como su eje central. El inevitable choque nacion-localidad, impone la necesidad de que estos proyectos sean ser operados políticamente con información suficiente sobre daños y beneficios y desde luego, que las consultas cumplan con los estándares internacionales y nacionales; en particular con lo recomendado por la CNDH en armonía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la necesidad de una consulta: libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe (CNDH, 2016).Es evidente que la consulta sobre el PIM no cumplió con dichos requisitos mínimos en su afán por impulsar la termoeléctrica. Tal es el caso en este gobierno que una consulta con mayor tiempo de planeación gubernamental y mayor supervisión ciudadana, la del mencionado "Tren Maya", no cumplió con dichos estándares, a decir de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 2019). Estas consultas se refieren a megaproyectos que el Gobierno mexicano promueve y, por lo tanto, han sido fuertemente cuestionadas porque su diseño beneficia los intereses gubernamentales frente a los intereses locales. Paradójicamente, una nueva consulta sobre un megaproyecto ha sido realizada, esta vez para detener su operación. El pasado mes de marzo de 2020, el Gobierno Federal organizó una consulta sobre el inicio del funcionamiento de una planta cervecera de Constellation Brands que tenía todos los permisos necesarios. La consulta fue definida como ilegal ahora por los actores económicos del país, tanto por referirse a una obra casi terminada dentro de los marcos legales, como por carecer de representatividad al votar únicamente el 5% de los ciudadanos de la localidad (Expansión, 2020). Estos tres casos han generado un gran debate en el país, porque enfrentó actores contrapuestos, pero sobre todo, porque evidenció que las consultas oficiales no cumplían todos los estándares de legalidad y equidad, debido a que su diseño y ejecución estuvo sesgado para promover los intereses del gobierno, lo que evidentemente ocasiona grandes tensiones y deja los conflictos sin resolver, como en el caso de Huexca.

En el año de 2012 se iniciaron los trabajos de construcción de la termoeléctrica sin avisar a la comunidad. Al ser un terreno particular, la CFE lo adquirió de manera privada y comenzó los trabajos sin necesidad de gestiones en Huexca. La gente investigó y se enteró de la construcción de la termoeléctrica, por lo que comenzó el surgimiento de la inconformidad. Como respuesta, la CFE ofreció trabajo a los pobladores locales, que consistía en labores de construcción en la planta. Este ofrecimiento palió la inconformidad inicial, pero no la detuvo. Por esa fecha llegaron a la comunidad diversos actores externos, entre los que se encontraba Samir Flores, quién tenía la intención de informarles de las diversas consecuencias de la operación de la termoeléctrica, como la contaminación ambiental, el uso de aguas de riego para la planta y los riesgos de accidentes en el ducto de gas. Parte de la población comenzó a decantarse por la operación de la planta, en particular todos aquellos que pudieron conseguir un trabajo en su construcción; como contraparte, otra fracción del pueblo rechazó el trabajo y, por ende, también la planta.⁸ De este modo, inicio la división y la polarización de la comunidad de Huexca, que a la fecha persiste englobando a todos sus pobladores que se reconocen unos a otros como "termos" y "antitermos". Los denominados "termos" se han caracterizado por apoyar la operación de la planta; no asistir a ningún evento que proteste por su operación; tratar de llegar a acuerdos con la CFE; convocar o asistir a reuniones en donde se promueven los beneficios en programas sociales si llega a operar la termoeléctrica; desde luego, aceptar todos los beneficios que se ofrecen.⁹ Los "antitermos", por su parte, se oponen a la operación de la planta; realizan actividad política como marchas, plantones o reuniones informativas; reciben a los actores externos que los apoyan o traen información; no negocian ni conversan con representantes de la CFE o del gobierno federal; y no reciben beneficios asociados o condicionados a la operación de la planta.

Los argumentos que los oponen también están polarizados temáticamente. Los "termos" sustentan que la operación de la planta ayuda al desarrollo del pueblo, pues traerá mayores oportunidades de empleo directo e indirecto y mayor inversión gubernamental; que se mejorarán los caminos y comunicaciones; que habrá mayores beneficios sociales en apoyos para educación y salud; reconocen la inutilidad de luchar contra el gobierno, pues, en cualquier caso, "van a perder"; rechazan la intromisión de agentes externos en un asunto que consideran de la comunidad; y rechazan las tácticas violentas e intolerantes de su contraparte. Por otro lado, los "antitermos" argumentan que la termoeléctrica volverá su entorno vulnerable y se degradará por la actividad industrial; que la presencia de trabajadores externos incrementará la inseguridad en el pueblo; que se afectará su salud y las cosechas por la contaminación y el desvió de agua de riego; rechazan la imposición gubernamental y la violación de sus derechos y, por tanto, están dispuestos a luchar por todas las vías a su disposición; rechazan el posible ruido permanente por la operación de las turbinas; y aceptan del exterior cualquier ayuda a su causa.

Todo este proceso, que lleva ya casi ocho años, ha fragmentado amistades, familias y compadrazgos. Ha implantado un clima de tensión constante, pues todos los asuntos comunitarios quedan vertebrados por la división termo-antitermo. Los dos cargos políticos más importantes, el Ayudante Municipal y el presidente del Comisariado Ejidal están polarizados también, pues toda su actividad queda juzgada por su posición frente a la termoeléctrica y, desde luego, las pugnas en su elección están influenciadas por esos dos grupos. Los "comités", que son entidades organizadas ex profeso para temas particulares como los servicios de agua, el mantenimiento de las escuelas o las fiestas civiles o religiosas, también resultan impactados de manera semejante. Finalmente, las asambleas, que son el mecanismo definitivo para tomar decisiones en la comunidad, aglutinan a los participantes con esta división. A tal grado ha llegado la polarización que, en 2012, la fiesta religiosa de Huexca se dividió en fechas distintas a pesar de ser todos los participantes católicos y adherentes de la Virgen de Guadalupe. En Huexca, por lo tanto, han aprendido a vivir con el conflicto, y aunque las épocas de mayor violencia interna parecen haber quedado atrás, la división persiste en la comunidad.¹⁰ Al presente, los miembros de las facciones ya se hablan de manera regular para todos los asuntos cotidianos, pero subsiste el indeleble reconocimiento de las etiquetas: "ese es termo"; "ese es antitermo"

Hay varios temas que destacar con relación a las condiciones de la población que enlazan el desarrollo hegemónico nacional con la vida comunitaria tradicional. En primer lugar, está el dilema respecto del significado de una planta de energía eléctrica en el contexto de un Estado-Nación. Como se argumentó al inicio, las grandes obras de infraestructura son, en términos civilizatorios, esfuerzos poblacionales coordinados que buscan el desarrollo de un gran colectivo con dimensión geográfica significativa, de tal suerte que los beneficios de tales "megaproyectos" se dispersen por toda la región o el país; no obstante, que las afectaciones son claramente al nivel local (Linz Ribeiro, 1987). Presas, diques, barreras, terrazas, caminos, desvío de ríos, creación de lagos, minas abiertas o cerradas, pozos petroleros, proyectos de generación de energía eléctrica, grandes urbanizaciones, zonas industriales, nuevos destinos turísticos, etc. Si las evaluaciones de las obras de tal magnitud fueran solo en términos de las afectaciones locales, la realidad no sería tal como la conocemos. La creación del Estado y las ciudades es un complejo civilizatorio que determina acción local y beneficio regional. Desde luego que no se trata de hacer el elogio de las cosas como son, ni tampoco, del regreso al pasado del cazador-recolector. El asunto contemporáneo es que las necesidades de todo tipo presionan hegemónicamente para la continuación del modelo de los megaproyectos, pues el crecimiento y las necesidades poblacionales así lo define.¹¹ En tiempos de la transformación de todos los patrones vitales por la aparición de las computadoras, la inteligencia artificial y el internet, la demanda por la energía eléctrica es más exigente que nunca. No es únicamente un tema de mercado o de infraestructura de los estados-nación. Es un tema de derechos humanos, en términos de la conectividad y la posibilidad de acceso a la información necesaria para insertarse a la vida productiva en condiciones de equidad. En ese complejo mundo de paradojas, es que la comunidad de Huexca se ve arrastrada en este caudal, porque es necesario encontrar localidades en dónde implantar obras de este tipo, imprescindibles para todo un país. Los pobladores de Huexca no se expresan sobre las afectaciones ya existentes, y que les permiten comunicarse por caminos, tener agua por obras de infraestructura en otras regiones, contar con energía eléctrica para sus actividades productivas, educativas y lúdicas o, finalmente, el origen de los materiales con los que están fabricados sus tractores, sus autos o sus teléfonos celulares.¹² No se esta presumiendo que por o ignorancia, los habitantes de Huexca deban de aceptar sin reclamos la implantación de una obra que les afecta. El asunto es poner en perspectiva las fuerzas que están entrampadas en las grandes obras de desarrollo y que amenazan a las pequeñas comunidades. Los que están a favor de la termoeléctrica, los "termos", claramente apoyan el cambio de condiciones locales hacia un mayor desarrollo. Buscan tener empleos diferentes y mejor remunerados; que la actividad de la comunidad se acelere por el cambio económico. Esperan que mejoren las comunicaciones y, por tanto, mayores oportunidades de movilidad. Al aceptar la política energética oficial, aceptan el paquete gubernamental de mejora asociado a lo exterior, es decir, más y mejores programas sociales y avances en la educación o la salud. Y desde luego, perciben que la dimensión del Estado es externa a su comunidad y, por ende, no buscan combatir ante tal fuerza colosal.¹³

Todas estas razones, y las consecuencias lógicas de los argumentos, exponen que el grupo de los "termos" está constituido por personas que, o no quiere insertarse y reproducir los patrones de vida locales, o no pueden. En el primer caso se encuentran individuos que, derivado del gran impacto de las comunicaciones actuales, tiene un modelo aspiracional de vida distinto al comunitario tradicional. Buscan tener para ellos o sus cercanos mejor educación, mejor nivel de vida, mayor nivel en el consumo de mercancías y, por ende, requieren de mayores salarios. No es que estén en contra de la vida comunitaria, es que no la quieren. Por otro lado, también pueden ser individuos que a pesar de querer insertarse en la vida comunitaria están impedidos en los hechos. Este es el caso de aquellos que viviendo en un comunidad agrícola y ganadera -como es Huexca- no tiene acceso a la tierra, bien fundamental para emprender estas actividades. Ello puede ser debido a diversos factores, entre estos, la exclusión de los mecanismos de herencia, ya sea por estar en posiciones secundarias en la jerarquía familiar (hijos menores o parientes lejanos), por no haber fallecido el poseedor del predio o por pleitos familiares. También porque al aumentar la población ya no es factible dividir las parcelas, y dejan de ser rentables para un núcleo familiar. Desde luego está la falta de capital para la compra de un predio o la imposibilidad de ser sujeto de crédito. También ocurre que algunos "avecindados", al ser foráneos, no se le permite acceder a la tierra. Desde luego que su lejanía con la tierra, ya sea elegida o forzada, los determina a ser más flexibles en las afectaciones al medio ambiente; incluso si a mediano plazo les afectara a ellos también. Todos los casos anteriores están impactados por el hecho de que, al ser un ejido, solo los ejidatarios tienen el control del acceso a la tierra y, por lo tanto, su transmisión, enajenación o renta, está subordinada a un grupo delimitado de la población.

En contraparte, los "antitermos" no quieren una modificación dramática de los patrones de vida de la comunidad. Consideran que las actividades productivas son aceptables y no deben cambiar radicalmente. Desdeñan el impulso para salir en busca de nuevas formas de vida, o en su defecto, de introducirlas a la comunidad. Son individuos cuyo linaje tiene arraigo y permanencia en el tiempo y, por lo tanto, la llegada de cambios del exterior los hace sentirse amenazados. Si tienen grandes aspiraciones educativas son conflictivas, pues su consecuencia es la especialización productiva y, de este modo, la probable fuga de la comunidad. Su arraigo comunitario y modelo productivo, plantean un bajo nivel de consumo y por tanto de mercancías, y un modelo aspiracional con fuerte contenido rural. Finalmente, su cercanía con el mundo del campo los define como seres atentos a las afectaciones de la naturaleza, tanto por ser una materia de trabajo como por una cercanía emotiva.

Como es evidente de lo anterior, no es solamente la pésima actuación de los gobiernos en implementar mecanismos que permitan a las comunidades tomar decisiones informadas a través de consultas, negociaciones y compensaciones en torno a los megaproyectos, lo que subyace en esta disputa política. Realmente se está viendo que la construcción y operación de la planta termoeléctrica parece chocar completamente con un modelo tradicional de desarrollo, pero funcional con las consideraciones locales; sin embargo, esto no es completamente así. No se está hablando solo de una comunidad rural para la producción de la subsistencia.¹⁴ Se habla de una pequeña región (el estado de Morelos) en donde solo el 11% de la población de dedica a las actividades primarias (INEGI, 2020). Es decir, hay un gran porcentaje de la población que, en los hechos, no hace o no comparte el modelo tradicional de desarrollo. Ahí es donde surge el antagonismo y la división comunitaria. Pues la búsqueda de opciones para el desarrollo distintas a la tradicional define que agentes locales que están marginados de tal esquema o que buscan un modelo distinto, se alineen con propuestas que vienen de fuera, aun a costa de introducir el conflicto o el daño a la comunidad.¹⁵ A un pésimo inicio, se sumó el desdén a las fuerzas opositoras a la termoeléctrica y a todo el "Proyecto Integral Morelos". La decisión del nuevo presidente de la República de contradecir sus propios argumentos y proponer la realización atropellada de la consulta manipulada para favorecer la operación de la termoeléctrica, incentivó nuevamente el conflicto en el estado de Morelos, en particular en las zonas afectadas. Si bien se anunció un beneficio paliativo con la reducción del precio del servicio eléctrico, la operación política fue totalmente desaseada. Sin embargo, hay un hecho que potenció el rechazo a un grado máximo: la realización de la consulta a escasos días del asesinato del líder opositor Samir Flores. Su muerte determinó la ausencia de condiciones políticas para que la población decidiera con todas las garantías políticas. Los dos días que duró la consulta hubo miedo e incertidumbre, ira e indignación en la zona. A pesar de habérsele solicitado al presidente la cancelación ante la evidente falta de condiciones, como se había expuesto, él se negó.¹⁶ Aventuró la hipótesis de que el asesinato podría haber sido para evitar la consulta, con la insensible conclusión de que, con mayor razón no se debía de suspender. Esto inflamó aún más los ánimos y ha llevado a que el EZLN mantenga vigente un enfrentamiento particular con López Obrador, a propósito del asesinato no resuelto. El 21 de febrero de 2020 se realizó una manifestación para recordar el primer aniversario del asesinato de Samir Flores. Miembros del CNI y del FPDT-MPT colocaron en una de las esquinas del Zócalo, y sin autorización, un monumento con el busto del líder asesinado mirando hacia el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo y residencia del presidente de México, reiterando con ello la confrontación y el agravio. A la fecha el monumento sigue en el lugar.

La operación de la termoeléctrica continúa suspendida; sin embargo, se ven tensiones crecientes en el futuro, cuyo origen no está en la localidad, sino que son de dimensión nacional. Recientemente la CFE dio a conocer que cancelaba los procesos de licitación para cuatro nuevas plantas de generación de electricidad por no contar con los recursos económicos para financiarlas (Forbes, 2020). Esta circunstancia presiona aún más la puesta en marcha de la planta de Huexca, porque representa una inversión ya realizada. Tan cercano como finales de 2020, el presidente López Obrador declaró que ya no existían trabas legales para el inicio de las operaciones en la planta que -dijo- arrancarían en un mes (Milenio, 2020).

La respuesta no se hizo esperar, integrantes del FPDT-MPT, declararon ser falso el hecho de que no existen problemas legales, pues aseguran tener al menos tres amparos legales que impiden la operación de la termoeléctrica (La Jornada, 2020). Simultáneamente, estas confrontaciones representan la intensificación de las presiones de orden nacional sobre Huexca y, por tanto, la profundización del conflicto entre los órdenes locales y nacionales. Se evidencia así, nuevamente, la importancia de los procesos de consulta a la población, con la condición de que se respeten los criterios internacionales fundamentales para evitar sospechas y conflictos.