Uno de los conceptos que más tensión y discordia ha generado al interior de las ciencias sociales al momento de su aplicación es el de populismo. De hecho, en lo único que se está de acuerdo, "[...] después de décadas de discusiones científicas, [es que aún] no existe una definición aceptada" (Werz, 2012, p. 183) científicamente con respecto al concepto de populismo. Dos de las razones de esta tirantez se aducen a su maleabilidad semántica y a su popularización dentro del lenguaje coloquial, de allí que uno de los resultados de esta tensión haya sido la producción de una lógica teórica acerca del uso del populismo (Bueno, 2013) que ha dado origen a diferentes orientaciones o perspectivas de análisis. Algunas perspectivas están centradas en su irracionalidad, otras en la base socioeconómica y su relación con la movilización popular, y otras en la constitución discursiva de los sujetos populares.

La primera orientación, representada por teóricos como Germani (1978), Canovan (1981), Gellner y Ionescu (1969) y Freidenberg (2007), entiende el populismo como una forma desviada o aberrante de la política, el reverso perverso o "[...] el simple opuesto de formas políticas dignificadas con el estatus de una verdadera racionalidad" (Laclau, 2005a, p. 34). A partir de esta definición los fenómenos populistas se explican, por lo tanto, como formas irracionales, vagas, indeterminadas o deformadas de la acción política que impiden la consolidación del proyecto moderno, oscurecen la racionalidad occidental y fomentan una democracia insuficiente (Cadahia, 2016).

El resultado analítico desde esta orientación es la simplificación de la política al afirmar que existe una única verdadera o real que se desarrolla desde los parámetros de la racionalidad occidental moderna, lo que conduce a una falta de reconocimiento de un elemento cardinal de toda acción política: el antagonismo o la condición agonista (Mouffe, 2007) del mundo social. De igual manera, desconoce la capacidad de agencia del pueblo como actor social al reducirlo a una muchedumbre amorfa fácilmente manipulada y manipulable por un líder carismático o un grupo social (López, 2014). En esta medida, la buena política, promovida por los seguidores de esta orientación, que opera bajo la lógica de los encuentros, similitudes y consensos y no por los desencuentros, diferencias y desacuerdos, es la que prima en esta perspectiva analítica.

La segunda perspectiva, la clásica⁴, que se desarrolló en América Latina durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, comprende el populismo como un proceso popular-nacional en el que las clases populares emergentes, junto con las nacientes burguesías nacionales, jugaron un papel central en la consolidación de las naciones latinoamericanas. Para esta visión, el populismo tuvo como rasgo característico el impulso de políticas económicas de carácter redistributivo que tenían como propósito beneficiar a los más pobres y marginados social y políticamente, apelando para ello a un fuerte sentimiento nacionalista impulsado por líderes carismáticos que hicieron uso de la retórica y de la agitación popular como estrategia política, lo anterior moldeado a partir de la formulación de "[...] políticas proteccionistas e intervencionistas conjugadas con la idea de nacionalismos [...]" (Bueno, 2013, p. 123) económicos y la aplicación de "[…] reformas sociales incluyentes de los sectores desfavorecidos, procesos de incorporación popular, [y la] movilización del pueblo" (p. 123) contra las oligarquías nacionales.

Ahora bien, este reduccionismo económico frente al populismo latinoamericano tiene su explicación en el impulso que durante la década del sesenta y setenta del siglo XX tuvo la interpretación ortodoxa del marxismo heredada de la revolución soviética, desde la cual se le asignó al pueblo el rol histórico que fuera asignado en otra época al proletariado: ser el sujeto universal de la revolución popular. Visión que propició, en consecuencia, una concepción economicista del pueblo al transferirle los intereses de la clase trabajadora reduciéndolo a "[...] un sujeto universal, homogéneo, constituido a priori y con una tarea teleológicamente determinada" (López, 2014, p. 250). En síntesis, el relevo histórico de la clase proletaria.

Otra de las circunstancias que contribuyó a esta lectura clásica del populismo latinoamericano fue el papel transcendental que se le concedió al mundo del trabajo. Borón (2012) señala al respecto que el populismo latinoamericano se gestó y desarrolló dentro de la órbita del mundo del trabajo en una contienda trabajadores versus oligarquía; elemento que, según este autor, se encuentra ausente en el panorama actual latinoamericano. De allí que para esta visión el populismo haya perdido capacidad explicativa como categoría de análisis política contemporánea. La razón esgrimida es simple: al estar "extinguidas las burguesías nacionales, fragmentadas y atomizadas las clases populares que protagonizaron las grandes jornadas del populismo y agotada la etapa de los 'capitalismos nacionales', el populismo pasó a ocupar un lugar en el museo político de las sociedades latinoamericanas" (p. 140). Por lo tanto, la reaparición del populismo como categoría de análisis al interior de las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas está descartada desde esta perspectiva analítica.

La tercera orientación, la performativa o discursiva, parte de la tesis de entender el populismo como una lógica política (Laclau, 2005a) a través de la cual se construye y otorga significado al pueblo y su enemigo. En esta dirección, su eje de análisis apunta hacia una desencialización del pueblo como categoría de análisis abriendo el camino para su resemantización social, cultural y política (Dussel, 2012), reconociendo que el pueblo no opera por una lógica racionalista denotativa que le otorga un significado único, esencial y fijo, ni mucho menos por su subordinación a la categoría económica de clase; todo lo contrario, su productividad se debe a su elasticidad semántica.

Respecto a este último punto es importante recordar que "El pueblo de la política populista no está formado necesariamente por los pobres y tiene poco que ver con las nociones marxistas de alianza de clases contra la clase económicamente dominante" (Panizza, 2005, p. 31). En contraste, el pueblo de la lógica populista puede estar conformado, bajo ciertas condiciones y circunstancias históricas, por grupos privilegiados dentro de la sociedad como la oligarquía, la burguesía industrial o comercial, los terratenientes, entre otros, mientras su enemigo puede estarlo por las clases populares, los desposeídos, los humildes, los inmigrantes o el Estado de Bienestar⁵.

El populismo, en este sentido, más que un referente fijo al cual deben adherirse ciertas demandas y ciertos sujetos de manera apriorística, es "[...] un modo de identificación a disposición de cualquier actor político que opere en un campo discursivo [...]" (p. 14) y se encuentre inmerso en una disputa hegemónica por establecer el sentido de la realidad. Modo de identificación que es una de las formas de construir la unidad e identidad del pueblo en contra de sus potenciales enemigos a partir de procedimientos discursivos de exclusión, diferenciación, contradicción y contingencia.

El populismo, en consecuencia, más que una estrategia que recurre al engaño o la manipulación, o una ideología popular-reivindicativa centrada en la redistribución de la riqueza o beneficios económicos, es, como lo plantea Laclau (2005b), "[...] un determinado modo de articulación [de una serie de] contenidos sociales, políticos e ideológicos cualesquiera ellos sean" (p. 53) que logran su articulación por una práctica articulatoria a través de la cual se articulan diferentes "[...] demandas fragmentadas y dislocadas en torno a un nuevo núcleo [...]" (2005a, p. 222) que las viene a representar como un todo. Núcleo que asume el rol de una totalidad necesaria, pero precaria y temporal, que Laclau denomina significante vacío⁶ (y uno de estos puede ser el pueblo).

Un efecto de lo anterior, en términos epistemológicos, es que el pueblo como potencial identidad política pierde su carácter de unidad previamente establecida a la cual se anexan determinadas tareas, demandas y sujetos para llevarlas a cabo de manera apriorística. Su existencia, antes bien, es el resultado de una articulación equivalencial de un conjunto de demandas y elementos diversos producidos por un discurso en un nuevo centro gravitacional que los viene a representar a todos. Lo que equivale a concluir que el pueblo, como significante vacío, no existe previo a los elementos que lo constituyen a través del discurso.

Ahora bien, esta apreciación teórica implica dejar a un lado el análisis del pueblo como algo ya constituido, dado de antemano, y exige un ejercicio metodológico de reconstrucción contextual (Vergara, 2012) de las condiciones sociohistóricas y de los recursos retóricos utilizados por los sujetos en el discurso que hacen posible su configuración como subjetividad política. En esta medida, la perspectiva performativa, a diferencia de las dos anteriores, centra su análisis en "[...] la dimensión discursiva por la cual se logra articular la dimensión social, política y económica al considerarse que más allá de la simple retórica de un líder, el discurso logra un proceso de transformación cultural" (Bueno, 2013, p. 127), por medio del cual se producen las identidades nosotros/pueblo versus ellos/enemigo como dos identidades políticamente antagónicas. Es esta orientación la que guía el análisis acá propuesto.

Comprender el pueblo y su enemigo como una construcción discursiva resultado de las condiciones sociohistóricas bajo las cuales se produce y de los recursos retóricos utilizados por los sujetos en el discurso, abre la posibilidad para su análisis como fenómeno cultural. Reconocer esta condición, es decir, su capacidad de significar algo, de ser significado por alguien, para alguien y contra alguien, nos remite, a su turno, a su abordaje como fenómeno simbólico originado por un conjunto de objetos, acciones, textos y expresiones que se encuentran ubicadas en un contexto sociohistórico determinado que les confiere sentido (Thompson, 1993, p. 396). Objetos, acciones, textos y expresiones entendidas como formas simbólicas y analizadas, siguiendo el modelo de la metodología de la interpretación diseñado por Thompson (1993), a partir de cuatro niveles de análisis.

El primero corresponde a la hermenéutica de la vida cotidiana y busca "[...] elucidar las maneras en que las formas simbólicas son interpretadas y comprendidas por los individuos que las producen y las reciben en el curso de sus vidas diarias" (p. 406). En términos de Thompson, este nivel consiste en una comprensión de las doxas, opiniones, creencias y juicios que sostienen y comparten los individuos que comparten y conforman el mundo social. El segundo es el sociohistórico y se enfoca en "[...] reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, circulación y la recepción de las formas simbólicas" (p. 409) centrándose en su aspecto contextual, es decir, en el análisis de los contextos y procesos sociohistóricos específicos en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, circulan y reciben las formas simbólicas. El tercero se refiere al formal o discursivo, cuyo estudio "[...] se relaciona fundamentalmente con la organización interna de las formas simbólicas, con sus rasgos, patrones y relaciones estructurales" (p. 413), analizando los aspectos intencional, convencional y estructural de estas⁷. El último es el de la interpretación-reinterpretación y tiene como objetivo realizar una explicación interpretativa de lo que se representa o dice por medio de las formas simbólicas, con la intención de captar el aspecto referencial a través de la construcción creativa de un significado posible (p. 420) por parte de quien investiga.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo acá esbozado y siguiendo la línea metodológica delineada por Thompson, el examen a aplicar a las expresiones -formas simbólicas- seleccionadas de las alocuciones realizadas por Uribe se enfoca en los últimos tres niveles de análisis. Decisión que se soporta en el consejo dado por el autor de evitar la falacia internalista o reduccionista y propiciar, en consecuencia, un análisis integral que tenga en cuenta las propiedades y rasgos internos de las formas simbólicas, su contexto de producción, circulación y apropiación⁸, y una interpretación creativa por parte del investigador/a respecto a lo que representan o dicen.

Lo anterior, traducido en términos operativos, significa que, con el nivel sociohistórico, particularmente el aspecto espaciotemporal⁹ donde se produjeron y circularon las formas simbólicas seleccionadas, se indaga por ¿cuál era la situación política, económica y social de Colombia a finales del siglo XX?, y ¿cuáles fueron las circunstancias o hechos que posibilitaron la emergencia del discurso uribista y la construcción retórica de las identidades patriotas y antipatriotas? Con el formal-discursivo, se identifica y examina ¿qué sujetos integraron las identidades patriotas/pueblo y antipatriotas/ enemigo, qué papeles, cualidades y aptitudes fueron asignados a cada uno desde el discurso uribista y el tipo de relación que se estableció entre estos? Del mismo modo, se rastrea la manera como fue elaborado el relato de la patria como ser vivo desde el uribismo. Por último, con el interpretativo-reinterpretativo, que se efectúa de manera transversal y simultánea con los dos anteriores, se realiza un encadenamiento interpretativo de las condiciones sociohistóricas bajo las cuales se produjeron los textos, sus características internas y el sentido atribuido a la identidad patriotas como la totalidad de ciudadanos -el pueblo- y la de antipatriotas como su enemigo interno.

El 7 de agosto del 2002, llegó a la presidencia de Colombia Álvaro Uribe Vélez, un político, hasta entonces de bajo perfil, declarado independiente, con un discurso conservador, tradicionalista y moralista, que alcanzó la presidencia gracias a una bandera de campaña que logró convertir en un proyecto nacional: derrotar militarmente a la actualmente extinta guerrilla de las FARC-EP. Su llegada fue el resultado, en buena medida, de las condiciones del contexto histórico e institucional que vivió la sociedad colombiana para ese momento: una población fragmentada y acorralada por el accionar de los grupos armados ilegales, particularmente las FARC-EP y los paramilitares federados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un alto grado de desconfianza e inconformidad de la ciudadanía frente al papel del Estado y sus instituciones, y una incertidumbre sobre el porvenir de la nación.

Dentro de este contexto, tres hechos marcaron el camino para la llegada del uribismo al poder. El primero fue la ilegitimidad de los dos partidos políticos tradicionales colombianos, el Liberal y el Conservador, como los representantes legítimos de los intereses de los colombianos; el segundo, el fracaso de las negociaciones de paz adelantadas por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP; y el último, la aguda crisis económica y social resultado de la implementación y profundización, desde inicios de la década del noventa bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994), del modelo neoliberal.

Respecto a la ilegitimidad de los partidos políticos tradicionales colombianos, el Liberal y Conservador, como los representantes legítimos de las demandas de los ciudadanos, dos antecedentes marcaron esta dinámica. El primero correspondió a los escándalos de corrupción y narcotráfico que rodearon el gobierno de Ernesto Samper (19941998) y el segundo, al frustrado proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC-EP.

El escándalo de financiación por parte del narcotráfico, del cartel de Cali, a la campaña presidencial de Samper, posteriormente presidente de Colombia por el partido Liberal, generó un impacto institucional que erosionó la legitimidad de su gobierno y del Estado colombiano. En efecto, una de las repercusiones inmediatas de este escándalo fue la descertificación del Estado colombiano por parte de Estados Unidos por las presuntas conexiones del entonces presidente Samper con el narcotráfico y la clasificación por buena parte de la comunidad internacional y nacional como Estado fallido. Como bien lo sintetiza Estrada (2004),

[...] la crisis política, desatada por la financiación por parte del narcotráfico de la campaña electoral de Samper para llevarlo a la presidencia, tuvo como resultado un gobierno débil, dispuesto a hacer todo tipo de concesiones con el fin de poder terminar su cuatrienio presidencial (p. 96).

Debilidad que implicó una incapacidad para gobernar materializada en una seria limitación en su margen de maniobra en el ámbito nacional e internacional, situación que fue aprovechada por las FARC-EP y las AUC para fortalecerse militar, política y económicamente y enfocar sus acciones hacia un escalonamiento del conflicto que les permitiera presionar al Estado y a la sociedad civil a emprender diálogos de paz que tuvieran como eje central sus demandas y exigencias.

Bajo estas circunstancias, y con la bandera de campaña de alcanzar la paz por medio de la negociación, llegó a la presidencia el conservador Andrés Pastrana Arango. Su gobierno adelantó un proceso de paz con las FARC-EP durante más de dos años, del 7 de julio de 1999 hasta el 20 de febrero de 2002, con un resultado que distó del propósito de la dejación de las armas por este grupo guerrillero y su reincorporación a la vida civil a través de un acuerdo de paz. Por el contrario, durante su administración se recrudeció la violencia política como efecto de las acciones armadas ejecutadas por las FARC-EP y las AUC. Las tomas a poblaciones, a bases militares o estaciones de policía, el secuestro de miembros de las Fuerzas Armadas como presos políticos, las masacres contra la población civil, el desplazamiento masivo, el secuestro de políticos como forma de presión para un intercambio humanitario y los atentados a la infraestructura (oleoductos, puentes, etcétera), fueron una muestra de esta situación.

La consecuencia, en términos políticos y culturales, fue la producción y difusión en gran parte de la población colombiana de una percepción generalizada de inseguridad, desconfianza e incredulidad frente al papel del Estado y sus instituciones. De hecho, la realidad para inicios del siglo XXI era que tras la terminación de las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC-EP, lo único que había quedado en el panorama nacional "[…] era un paisaje de guerra más cruel que antes, con el trasfondo de una descomposición social visible por doquier" (Pécaut, 2003, p. 45).

A esta situación de orden público se sumó la crisis económica y social. Para el año de 1998, la tasa de desempleo alcanzó la cifra de 18%, la más alta en el país desde la década de 1960. La informalidad laboral afectó a un 30% de la población (Estrada, 2004), sumándose como un elemento más de descontento social. Por su parte, la deuda pública para finales de 1990 aumentó a una suma cercana a los 40.000 millones de dólares, lo que se tradujo para 1998 en "[...] niveles superiores al 55% del PIB absorbiendo, a través de su servicio, cerca del 40% del presupuesto de los gastos de la nación" (p. 206). Elementos que debilitaron aun más la capacidad de respuesta del Estado y sus gobernantes frente a las necesidades y reclamos de la población.

La concentración del ingreso, otro factor más de desestabilización, presionó el aumento de las desigualdades socioeconómicas y el incremento porcentual de la pobreza, medida de acuerdo con los ingresos percibidos por la actividad económica realizada. La cifra para finales del siglo XX era que el 68% de la población colombiana, estimada en 44 millones de habitantes, era pobre (Estrada, 2004). Otro dato revelador de este panorama era que "[...] mientras en 1990 el decil más rico tenía ingresos cuarenta veces mayores que el decil más pobre, en 2001 dicha proporción subió a ochenta veces, producto de la concentración del ingreso en el 3% de la población" (p. 206).

Frente a este conjunto de circunstancias, la respuesta elaborada por el discurso uribista fue señalar como directos responsables de la situación a los políticos tradicionales, dentro de los cuales incluyó a Pastrana, Samper y Gaviria, así como a las FARC-EP. A ambos los acusó de estar en contra de los intereses del pueblo y propiciar su desintegración. Tres expresiones de dos intervenciones realizadas por Uribe durante su primera campaña presidencial son ilustrativas. El 16 de agosto de 2001 señaló: "Las dificultades que enfrentamos no pueden servir para engañar al pueblo y regresar al monopolio de la burocracia que predica la solidaridad pero no la práctica" (Uribe, 2001a, p. 105), para remarcar que:

La guerrilla ha aprovechado el proceso de paz para avanzar hacia la toma del poder [y] Como buenos stalinistas que aplican recetas de Maquiavelo, han tomado la generosidad del Presidente [...] como debilidad del Estado adversario y ventaja táctica para destruirlo (p. 105).

Afirmación revalidada dos meses después cuando advirtió:

No acepto una tregua electoral para que la guerrilla se confabule con unos sectores de la política para señalar el próximo Presidente de Colombia. Si así lo fuere, estaré en contra de esa tregua y ese engaño al pueblo colombiano, y notificaré nuevamente, que mientras Dios me conserve la vida, no permitiré que la patria se la sigan entregando a los criminales (Uribe, 2001b, p. 8).

Ahora bien, el efecto discursivo de estas tres expresiones respecto a la lógica populista desplegada por el discurso uribista se puede evidenciar en la construcción de una línea divisoria entre dos proyectos políticos antagónicos representados por dos identidades políticas opuestas. Por un lado, quienes apoyaban las negociaciones de paz con las FARC-EP, incluidos algunos sectores políticos, posiblemente de izquierda y, por otro, quienes se oponían a estas. A los primeros, el uribismo les atribuyó, haciendo uso de la etopeya, una cualidad de malevolencia a través de una asociación directa con un imaginario popular de la izquierda -stalinista- como una lógica política que recurre al engaño, la violencia, la desestabilización y manipulación; mientras a los segundos les asignó, tácitamente, una cualidad moral superior de entrega, amor y sacrifico por la patria. Todo desde un registro moral de la política.

Operación similar efectuó respecto a los políticos tradicionales a quienes de manera metonímica designó como "burocracia", asignándoles, al tiempo, una cualidad de insolidaridad frente al pueblo: "[...] predican la solidaridad pero no la practican", instaurando una división no solo política, sino moral y conductual, entre el pueblo y los políticos tradicionales.

En síntesis, para cerrar este apartado, se puede señalar que la llegada del uribismo al poder, así como la producción y legitimación del discurso uribista, estuvo caracterizada por un conjunto de circunstancias que propiciaron una crisis institucional que afectó la legitimidad de los partidos políticos tradicionales, el Liberal y Conservador, del Estado, de los políticos tradicionales y de los gobiernos de turno, al tiempo que aumentó la animadversión hacia las FARC-EP como los principales responsables de la situación. Estas circunstancias dificultaron la unión de "[...] la sociedad [y] la dirigencia política en torno a algo que se asemejara a un propósito nacional" (Pécaut, 2003, p. 42), tarea que sí lograría capitalizar el uribismo a inicios del siglo XXI con su propuesta de derrotar militarmente a las FARC-EP.

En la construcción retórica del pueblo y su enemigo elaborada por el uribismo, el uso de la patria como un lugar en riesgo cumplió un papel central. Este uso fomentó un proceso de selección y exclusión por medio del cual se estableció quiénes eran los verdaderos patriotas y quiénes no (López, 2014), incluyendo dentro de esta segunda categoría a las FARC-EP; operación que estuvo marcada por la elaboración de un relato de la patria como ser vivo desplegada en dos momentos.

El primero se dio a finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando la patria fue representada como un ser vivo que sufría a causa de las acciones ejecutadas por los grupos armados ilegales, fundamentalmente las FARC-EP, y la incapacidad de los gobiernos de turno para solucionar los problemas de la nación. El segundo comenzó a finales del 2003, una vez materializada e implementada la Política de Defensa y Seguridad Democrática¹⁰ (PDSD), y se prolongó hasta el segundo mandato presidencial de Uribe (2010). En este, la patria fue representada como un ser vivo con esperanza, felicidad, confianza y alegría gracias al compromiso y dedicación de los miembros de la Fuerza Pública en su misión de recuperar la patria de sus potenciales enemigos.

Respecto al primer momento, tres expresiones seleccionadas de igual número de alocuciones realizadas por Uribe durante la campaña presidencial de 2002 y sus primeros meses de gobierno son ilustrativas. El 1 de marzo de 2002, Uribe declaró: "El problema de la Patria es muy complejo, yo he recorrido la Patria en muchas ocasiones y nunca la había visto tan compleja, tan pobre y tan violenta y con tanta desconfianza y tan desconcertada" (Uribe, 2002a, p. 284). Construcción simbólica que reafirmó, siendo presidente, el 31 de octubre de 2002 y el 20 de julio de 2003. En la primera ocasión señaló:

La patria lleva décadas de violencia; la patria lleva décadas de discursos leguleyos que se oponen a la seguridad del Estado. Pero la patria hoy toda está de pie de lucha para que recuperemos la seguridad como presupuesto para recuperar la economía y para recuperar el empleo (Uribe, 2002b, p. 41).

Mientras en la segunda remarcó: "Es tan difícil la situación de la patria en términos de pobreza e inequidad, que por mucho que hagamos en los años que vienen, será todavía muy poco para superar estos flagelos" (Uribe, 2003a, p. 378).

La importancia de estas tres expresiones radica en que a través de estas, el discurso uribista personificó a la patria durante los primeros años del siglo XXI como un ser vivo abatido que sufría a causa de las condiciones heredadas de un pasado marcado por la violencia, la desconfianza y el engaño (discursos leguleyos) de los políticos tradicionales, adjudicándole, a través de una relación de causalidad, cualidades-emociones propias de los seres vivos como la inseguridad, pobreza, incredulidad, violencia y desorientación. De hecho, durante este período la patria fue representada como un ser vivo que sufría, que se encontraba sin rumbo, totalmente desolada, desorientada y cerca a la desintegración. Representación, no obstante, que comenzó a cambiar tras la puesta en marcha de la PDSD, política que marcó el inicio del segundo momento.

Las siguientes expresiones ilustran este giro discursivo. El 7 de agosto de 2008, tras cinco años de implementación de la PDSD, Uribe expresó: "[...] hoy vemos una Patria más feliz, con más confianza, y en buena parte lo debemos al heroísmo de nuestros soldados y policías. Por la felicidad de la Patria, a ellos un aplauso desde el corazón". Alegoría que reafirmó el 15 de abril y el 9 de julio de 2010. En la primera oportunidad sentenció: "[...] la Patria no está convertida en un paraíso, pero la Patria sí está con ánimo, la Patria está con confianza, y eso no lo podemos dejar decaer" (Uribe, 2010a); entre tanto, en la segunda puntualizó: "[...] hemos pasado de la desolación del espíritu a la esperanza, a mirar con alegría el futuro de la Patria" (Uribe, 2010b).

En estas tres expresiones el uribismo reafirmó la construcción de la patria como ser vivo, pero con emociones y sensaciones diferentes a las atribuidas durante los primeros años del 2000. La patria, ahora, fue personificada como un ser feliz, confiado y con ánimo, que había pasado de la desolación del espíritu a la esperanza y alegría gracias al trabajo realizado por los soldados y policías; sujetos que desde la lógica uribista se erigieron como los héroes de la patria. Así, el discurso uribista pasó de una representación de la patria como un ser vivo afligido y desolado, que sufría como consecuencia de las acciones de los políticos tradicionales y de las FARC-EP, a una representación como un ser vigoroso y feliz gracias a la aptitud de los miembros de la Fuerza Pública.

La construcción de la identidad patriotas y antipatriotas elaborada por el discurso uribista estuvo marcada por una persistente moralización de la política colombiana y de un rechazo visceral hacia las FARC-EP. En esta construcción, dos expresiones jugaron un papel central. Una correspondió a "gente de bien" o "ciudadanos de bien", la otra a "bandidos", "violentos" o "terroristas". Con la primera, el discurso uribista se refirió, metonímicamente, al pueblo o los patriotas, mientras con la segunda a todos aquellos sujetos que consideró enemigos del pueblo, ergo antipatriotas.

Para el primer caso, un ejemplo se dio durante la primera campaña presidencial de Uribe, en la cual presentó como propuesta para combatir a los grupos armados ilegales, uno de los sujetos designados por el uribismo como enemigos del pueblo, la consolidación de una red de cooperantes con la Fuerza Pública. Para ello, propuso construir "Redes de vigilantes en carreteras y campos. Todos coordinados por la fuerza pública que, con esta ayuda, será más eficaz y totalmente transparente", red que estaría conformada por "Un millón de buenos ciudadanos, amantes de la tranquilidad y promotores de la convivencia" (Uribe, 2002c, p. 13).

La relevancia de dicha expresión es que a través de esta el discurso uribista escindió retórica, política, moral y conductualmente a la población colombiana. Por un lado, ubicó a quienes colaboraban activamente con la Fuerza Pública, es decir, los "buenos ciudadanos", mientras que en el otro a aquellos sujetos que no realizaban esta actividad, a quienes el uribismo, si bien no designó explícitamente dentro de la oración como enemigos, sí los asignó figurativamente como el opuesto moral de los buenos; en otras palabras, los malos. Además, el uribismo les atribuyó a los "buenos ciudadanos" aptitudes como la vigilancia, tranquilidad y convivencia, en contraposición al desorden, intranquilidad, violencia e intolerancia asociadas a los sujetos caracterizados desde la lógica uribista como los enemigos del pueblo.

Dos expresiones seleccionadas de igual número de alocuciones de Uribe confirman esta operación retórica. En el 2004 señaló: "Esta Patria nuestra ha creado el mal hábito de dialogar con los violentos -que nunca quieren dialogar- y de negarse a dialogar con las gentes de bien, que siempre reclaman diálogo" (Uribe, 2004); entre tanto, en el 2005 manifestó: "No hemos ganado todavía, pero vamos ganando, para bien de la democracia, [...] para bien de esas inmensas mayorías colombianas que son gentes honradas, gentes laboriosas, gentes espontáneas" (Uribe, 2005).

El efecto retórico de estas dos expresiones se puede interpretar así: en la primera expresión, por ejemplo, "violentos" se equivalió metonímicamente a enemigos de la patria, o sea, a los antipatriotas, a quienes el uribismo les atribuyó rasgos comportamentales como la violencia y el engaño: actúan violenta y deshonestamente. Por otra parte, en la segunda expresión "gentes honradas, gentes laboriosas, gentes espontáneas" es igual a pueblo o, en su defecto, a las "inmensas mayorías", con lo cual el pueblo y/o los patriotas fueron construidos retóricamente como sujetos trabajadores, disciplinados, apegados a las normas, abiertos al diálogo y transparentes, en una clara relación de oposición a sus antagonistas.

Fue así como el discurso uribista remarcó una diferencia comportamental y moral entre el pueblo y su enemigo: los primeros actúan correctamente, los segundos no. Dos casos que ilustran esta operación lo representan la constitución de las FARC-EP como los principales enemigos del pueblo, o como lo describe López (2014), el monstruo mayor del pueblo colombiano, y la figuración de los miembros de la Fuerza Pública como los líderes morales del pueblo.

Respecto al primer caso, dos expresiones son explícitas. En el 2003 Uribe se refirió a las FARC-EP en los siguientes términos: "Aquí se acabaron las cofradías con estos bandidos; aquí se acabaron las tertulias con esos bandidos, aquí se acabó la receptividad para que estos bandidos continúen engañando al pueblo colombiano" (Uribe, 2003c, p. 126), subrayando que "En Colombia no volverá a haber un milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria" (p. 128). En estas dos expresiones, que tienen como contexto narrativo el fallido proceso de paz adelantado por el gobierno de Pastrana y la extinta guerrilla de las FARC-EP, la palabra "bandidos" fue utilizada por Uribe para reemplazar metonímicamente a las FARC-EP, operación semiótica con la cual el uribismo negó cualquier tipo de estatus político a este grupo guerrillero. A su vez que los asemejó peyorativamente a una "caterva" -una muchedumbre o masa- sin ningún tipo de orientación o plataforma política e ideológica, sugiriendo que su forma de actuar obedecía a un instinto primitivo e irracional. En este sentido, el discurso uribista intentó borrar política y retóricamente las causas y condiciones históricas del surgimiento de las FARC-EP como movimiento revolucionario y reescribir, a su manera, una nueva historia desde su intencionalidad retórica, al asemejarlos a simples bandidos o terroristas.

Asimismo, se puede observar que por medio de estas expresiones el uribismo reafirmó la capacidad de engaño atribuida a las FARC-EP como una de sus cualidades comportamentales, reforzando su representación como manipuladores, embaucadores y abusadores del pueblo, representación que fue y es uno de los ejes centrales del discurso uribista. En el 2006, por ejemplo, Uribe expresó:

No vamos a caer en la trampa. Sabemos bien lo que ellos hacen. Son buenos discípulos de la perversidad: interpretan nuestra generosidad como debilidades. No son recíprocos para buscar la paz, sino que se valen de la buena voluntad del pueblo y del Gobierno para fortalecer su chantaje terrorista (Uribe, 2006a).

En esta expresión, "ellos" cumple la función metonímica de reemplazar a la FARC-EP, es decir, los enemigos del pueblo o antipatriotas, identidad a la que el uribismo atribuyó un conjunto de disposiciones inmorales como la perversidad, la trampa y el chantaje; disposiciones, por lo demás, que la conducían a actuar incorrectamente. En contraposición, al pueblo le asignó virtudes como la generosidad, la reciprocidad y la buena voluntad que lo conducían a obrar benéficamente. Como conclusión, el uribismo logró reafirmar discursivamente una división política y moral entre un ellos/enemigo caracterizado como malvado y perverso y un nosotros/pueblo simbolizado como generoso y virtuoso.

En cuanto a la figuración de los miembros de la Fuerza Pública como los líderes morales del pueblo, tres expresiones son ilustrativas. La primera corresponde a las palabras de fin año ofrecidas por Uribe en el 2002. La segunda a la intervención realizada en el 2006 tras su reelección presidencial y la última a la conmemoración de la Batalla de Boyacá en el 2008. En la primera oportunidad mencionó:

Quiero expresar desde Valledupar mi gratitud a cada uno de los soldados y policías de Colombia. A esta hora, mientras hay muchos colombianos en las playas de Santa Marta y de Cartagena, en las fincas del Cesar o del Quindío en su descanso merecido y contribuyendo a generar empleo; mientras muchos colombianos se desplazan alegremente con sus familias por las carreteras de la patria, hay miles de soldados y policías a la vera del camino con la mirada al sol haciendo un enorme sacrificio por devolverles a los colombianos su patria (Uribe, 2002d, p. 343).

En la intervención del 2006 recalcó que "[...] con el heroísmo de los Soldados y Policías de la Patria, avanzaremos para tener una Colombia segura, para que esta juventud vigorosa, pueda vivir feliz en el noble suelo de la Patria" (Uribe, 2006b); y en el 2008, utilizando una alegoría religiosa, indicó que "El de arriba ayuda, pero el de arriba ayuda cuando ve que en nuestros soldados y policías hay devoción, constancia, espíritu de sacrificio".

Como se puede apreciar en estas tres expresiones el discurso uribista acentuó el papel atribuido a los policías y militares como el grupo de vanguardia dentro del pueblo. De hecho, estos fueron investidos como los legítimos portadores de las virtudes y aptitudes más nobles: el sacrificio, la entrega, heroísmo, devoción, constancia y liderazgo, virtudes que les permitían renunciar a sus días de descanso o encuentro familiar y asumir el papel de héroes y salvadores de la patria, papel que cumplirían, según la lógica uribista, gracias a la protección y guía divina de "El de arriba", es decir, Dios.

Así, policías y militares fueron situados figurativamente por el discurso uribista a través de una alegoría judeo-cristiana en el bando de los de arriba, o sea, los buenos, mientras los sujetos representados como los enemigos del pueblo fueron ubicados tácitamente en el bando de los de abajo/ los malos, atribuyéndoles cualidades propias de los individuos que, según la doctrina cristiana, terminan en este lugar figurativo: el infierno.

En conclusión, se puede señalar que el discurso uribista representó a los policías y militares como los sujetos favorecidos por "El de arriba" para cumplir con la misión heroica de salvar a la patria de sus enemigos. En contraste, los enemigos del pueblo fueron representados como sujetos condenados a sufrir por su rebeldía y desviación de los preceptos morales enarbolados por el uribismo, a tal punto de ser merecedores de la derrota no solo militar sino cultural y simbólica, es decir, de su total aniquilación. La siguiente expresión es gráfica y concluyente en este sentido: "Si los grupos violentos dialogan y negocian, con ellos llegaremos a acuerdos; si no, convoco al pueblo colombiano a persistir hasta que derrotemos al último de los violentos para devolverle la ilusión a esta [patria]" (Uribe, 2002d, p. 343).