Introducción

En el “Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR” (Herrera y González, 2013), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), actualmente Agencia para la Reincorporación y la Normalización, realiza un comparativo entre los procesos de reintegración colombianos y los Estándares Integrados de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS, en inglés), que han sido aplicados en el país, atendiendo a sus propias particularidades. Entre los hallazgos y los resultados de los antecedentes del DDR y la justicia transicional en Colombia, la Agencia destaca que los mismos “hacían parte de las agendas de negociación con grupos al margen de la ley, mucho antes del auge de estos mecanismos al final de la década de los ochenta y durante la década de los noventa” (Herrera y González, 2013, p. 273)¹.

Con base en lo anterior, en el país ha habido, además de un conflicto de larga duración, un proceso ininterrumpido de negociación entre el gobierno y los grupos alzados en armas que conjuga, además de los hechos históricos y políticos, los giros institucionales en materia de reintegración. En otras palabras, el largo período de confrontación armada en el país resulta análogo a las trayectorias institucionales de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración de combatientes (1950-actual), pendulando desde enfoques minimalistas de seguridad estatal hasta perspectivas maximalistas de superación de condiciones de vulnerabilidad de los excombatientes, las víctimas y las comunidades receptoras. He aquí la cuestión definitiva de este artículo.

Las propuestas gubernamentales de terminación negociada del conflicto y su desarrollo legislativo han evolucionado conforme a las guías internacionales de DDR, “creando programas que poco a poco han venido añadiendo propuestas de participación política, acceso a la educación, salud, formación vocacional, a un concepto como el DDR, que tradicionalmente ha sido tratado más desde lo militar” (Herrera y González, 2013, p. 276). A partir de la Constitución Política de 1991, se advierten, entonces, los cambios en el diseño y la implementación del DDR con enfoques más participativos e integrales. Paralelamente a las transformaciones institucionales, los modelos psicosociales de reintegración a la vida civil han transitado, formalmente, desde el diseño y la atención de las desmovilizaciones individuales y colectivas de los excombatientes en proceso de reintegración hasta la creación y la implementación de modelos más integrales de atención de la población desmovilizada, sus familias y sus comunidades receptoras (ARN, s.f., párr. 16-27).

Así las cosas, esta composición tiene como objetivo describir los tránsitos de la política de reintegración en Colombia, desde un enfoque minimalista de la reinserción (que propende por la mera reinserción a la legalidad) hasta una perspectiva maximalista de la reintegración (que aspira a la superación de las condiciones de vulnerabilidad). Para el logro de este propósito (institucional y normativo) se establecen, en primer lugar, las guías institucionales del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR), a partir de los Estándares Integrados en DDR (2004), la Iniciativa de Estocolmo sobre DDR (2004-2006) y la Contribución de Cartagena al DDR (2009); en segundo lugar, se describen los antecedentes de la reintegración en Colombia, advirtiendo las transformaciones institucionales en materia de DDR desde los años 80 hasta la actualidad; en tercer lugar, se reseñan tres modelos psicosociales que transitan de la reinserción a la reintegración, a saber: Modelo Regreso a la Legalidad, diseñado e implementado por el Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín (2007), Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (MAPAZ, 2010) y Modelo Multidimensional de Reintegración (2013), trazados y desarrollados por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), actualmente, Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Finalmente, en cuarto lugar, se describen algunas vulnerabilidades de los excombatientes en proceso de reintegración y de la población receptora, señalando los desafíos para el DDR en Colombia.

1. Marco normativo: procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) desde una concepción internacional y nacional

La iniciativa

La Organización de Naciones Unidas (en adelante, ONU) tiene, entre otros fines y propósitos, mantener la paz y la seguridad internacionales (Carta de las Naciones Unidas de 1945, art. I). En este sentido, como sujeto derivado del derecho internacional, la ONU ha desarrollado un importante trabajo a nivel normativo, creando un marco orientador y acompañante de procesos que impliquen la retirada de armas por parte de miembros de grupos armados, la salida de estos combatientes de sus grupos y la ayuda a su reintegración como civiles en la sociedad, esperando con ello, que excombatientes y demás personas vinculadas a grupos armados le apuesten a la paz, siendo actores protagónicos de estos procesos (ONU, 2006). El resultado de este esfuerzo y de errores cometidos en el pasado se dio entre los años 2004 y 2006 con las IDDRS (siglas en inglés), que se leen como Estándares Integrados en Desarme, Desmovilización y Reintegración². Los cuales fueron revisados, posteriormente, con el ánimo de ampliar el concepto de DDR a contextos de postconflicto.

Ese proceso definido por la ONU como la “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la sociedad mediante formas de vida civiles” (ONU, 2006, p. 6), es reconocido por el mismo organismo, como un proceso complejo, que implica múltiples dimensiones (humanas, políticas, militares, económicas) y cuyo propósito, es el de asumir retos frente a la seguridad que demanda un postconflicto, donde el excombatiente se encuentra “sin medios de subsistencia o redes de apoyo, diferentes a los de sus excompañeros, durante el crítico periodo de transición del conflicto a la paz y el desarrollo” (ONU, 2006, p. 1). Se hace referencia entonces a un estado de vulnerabilidad diferencial de los excombatientes, esto es, a situaciones circunstanciales, particulares o diferenciales que los hacen un grupo con necesidades especiales. Sin embargo, para efectos de estos análisis y en palabras de Adriana María Ruiz:

Todos los seres humanos son vulnerables por condición debido a la actividad o desinterés de las fuerzas sociales, o lo que es lo mismo, al desarrollo o la desposesión como resultado de la interdependencia y cercanía con los otros, y el riesgo al daño, el dolor, el miedo, la pérdida, la violencia y las lesiones deriva, justamente, de los lazos y entidades sociopolíticas que sirven de apoyo. (2019, p. 40)

Lo que implica comprender no solo una vulnerabilidad diferencial, sino también, y, en primer lugar, una vulnerabilidad ontológica, que se incrementa bajo ciertas condiciones sociales y políticas. Esto se ve reflejado en la vida del excombatiente, en el cual se hacen presentes ambas vulnerabilidades -ontológica y diferencial-, complejizando, aún más, su existencia y su proceso de reintegración. De ahí que la ONU señale como propósito: “Un proceso de desarme integral de los combatientes, prepararlos para la vida civil y brindarles oportunidades para una reintegración social y económica sostenible” (ONU, 2006, p. 24).

Para el cumplimiento de este propósito, el proceso comprende cuatro componentes esenciales, a saber: i. Desarme (gestión, control y disposición de armas de los combatientes y de la población civil); ii. Desmovilización (descargo formal y controlado de los combatientes activos de las fuerzas u otros grupos armados); iii. Reinserción (asistencia ofrecida a los excombatientes durante la desmovilización); y, iv. Reintegración (obtención de estatuto civil, empleo e ingreso sostenible por parte de los excombatientes) (ONU, 2010, p. 25). En este punto, la ONU es enfática en señalar la correspondencia entre los excombatientes, las condiciones infraestructurales y los distintos componentes del proceso, o, en otras palabras, la respuesta a las condiciones de vulnerabilidad: “El desarme y la desmovilización sostenibles de los combatientes y de aquellos anteriormente asociados con las fuerzas y grupos armados dependerán de la disponibilidad de oportunidades de reintegración social y económica” (ONU, 2010, p. 127).

Cada uno estos componentes tienen su finalidad dentro del programa y, todos en conjunto, hacen emerger elementos que por separado no se percibían y que llevan a la transformación de las personas en proceso de reintegración y de la sociedad que los acoge. No obstante, particularmente, ese elemento de “reintegración”, exige una especial atención, pues se trata de un proceso social y económico de largo plazo, abierto, flexible y, particularmente, multidimensional, cuya falta y fracaso “socavará los logros del desarme y la desmovilización, poniendo en riesgo el programa de DDR y aumentando la inestabilidad” (ONU, 2010, p. 157). Sin lugar a dudas, este componente configura el punto de intersección entre el desarme y la desmovilización de los combatientes, asegurando su retorno a las comunidades receptoras, que, a su vez, han sido transformadas significativamente por el conflicto social y armado: “En algunos países que salen de un conflicto, los desmovilizados y los asociados con las fuerzas y grupos armados no tendrán experiencia ni memoria de los patrones de vida anteriores a la guerra” (ONU, 2010, p. 157).

En estos casos, Naciones Unidas advierte los desafíos de la reintegración, toda vez que la presencia de los excombatientes puede empeorar la vulnerabilidad real o potencial de las poblaciones receptoras, “quienes a menudo no tienen la capacidad o el deseo de ayudar a una «generación perdida» de excombatientes” (ONU, 2010, p. 158). De ahí que la vulnerabilidad circunstancial o diferencial admita una doble valencia, ya que las comunidades receptoras perciben a esta “generación perdida” desde el extrañamiento y el malestar, exacerbando, así, sus condiciones de fragilidad social, económica, psíquica y afectiva durante el proceso de transición. Al respecto, la ONU señala: “Con poca educación o capacitación, pocas oportunidades de empleo, traumas de guerra y una mentalidad altamente militarizada, los desmovilizados y sus dependientes pueden convertirse en una gran amenaza para la seguridad de las comunidades receptoras” (2010, p. 158).

Por esta razón, el DDR contempla la reintegración económica (oferta de alternativas que garanticen la subsistencia a través de medios no violentos) y la reintegración social (inclusión y cohesión en la comunidad receptora). Adicionalmente, Naciones Unidas considera tres enfoques amplios para la reintegración que se entretejen en distintos momentos según las necesidades del contexto, la naturaleza y el tipo de conflicto, las formas de negociación y las prioridades de seguridad y desarrollo posteriores al proceso, a saber: i. La estabilización a corto plazo (reinserción); ii. La reintegración centrada en los excombatientes; iii. La reintegración basada en la comunidad.

A modo de comprensión de estos enfoques, es preciso anotar que la consecución de la estabilización del excombatiente se daría de forma creciente, estableciendo niveles de comunidad, siendo el primero el que se centra en el mismo excombatiente, en su “yo”, base para comprender cómo crea y reacciona de manera individual ante su entorno actual y cómo se responsabiliza de ello. Posteriormente se pasaría a una segunda comunidad o red de apoyo, que permita establecer relaciones entre el excombatiente y su entorno de manera solidaria y de comunicación para la resolución de necesidades específicas, hasta sumergirse en una tercera comunidad, mucho más amplia y general, donde el excombatiente va a ser parte como civil en el desarrollo de su proyecto de vida.

Hacía un perfeccionamiento del proceso de DDR

La búsqueda de un programa que responda eficazmente a las particularidades de los Estados en procesos de desarme, desmovilización y reintegración es una constante. Así es como se identifica la Iniciativa de Estocolmo sobre DDR, liderada por el gobierno de Suecia, donde participaron numerosos grupos de trabajo interconectados que, recogiendo las deficiencias, los dilemas y los desafíos de las operaciones de paz, discutieron y concibieron un enfoque más integral de estos procesos (SIDDR, por sus siglas en inglés, 2004-2006). En el prefacio se establece que los conflictos “incluyen miles de tragedias personales, los hombres, mujeres y niños afectados, ya sean víctimas del conflicto o combatientes que participan en él, se enfrentan a nuevos retos a la hora de reconstruir una sociedad funcional de convivencia pacífica”. Y, seguidamente, agrega: “A corto plazo, se debe garantizar la seguridad personal de todos. A largo plazo, se deben crear las condiciones suficientes para que el desarrollo sostenible pueda arraigarse” (The Swedish Government Offices, 2006, p. ii).

Este trabajo del gobierno de Suecia arroja una claridad fundamental: el DDR representa una estrategia eficaz para enfrentar los numerosos desafíos de una sociedad en posconflicto, naturalmente dentro de un marco político amplio. En materia de reintegración “es fundamental garantizar que un combatiente no necesite volver a utilizar la violencia para sobrevivir” (The Swedish Government Offices, 2006, p. iii). Este objetivo exige, así, diferenciar entre las estrategias de reinserción (corto plazo) y de reintegración (largo plazo). Esta mayor profundización en los procesos de DDR, también alude a la particularidad del componente reintegración como éxito o fracaso del proceso. En este sentido, se contempla una serie de medidas de reinserción, según la terminología de los IDDRS, denominadas “red de seguridad de transición” o “reintegración de transición”, en contraste con la “reintegración sostenible” (proceso social y económico de largo plazo), que tienen como objetivo proveer al excombatiente y sus dependientes de una serie de derechos en especie y en efectivo que cubran sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, ropa, salud y educación), durante un periodo comprendido en meses, no en años.

En palabras del SIDDR, esta red de seguridad transicional “es fundamental para garantizar que un combatiente no necesite volver al uso de la violencia para sobrevivir” (The Swedish Government Offices, 2006, p. 24). Sin embargo, el documento enseña que, “a pesar del importante papel que, desde la perspectiva del SIDDR, puede jugar la reinserción, obviamente no agota el significado de la reintegración sostenible” (The Swedish Government Offices, 2006, p. 26). En efecto, la reintegración sostenible comprende un amplio conjunto de medidas y de beneficios a largo plazo (educación, acceso a tecnología, crédito, tierra y otros activos productivos), que benefician, además de los excombatientes, a extensas comunidades afectadas por el conflicto. De esta manera, el SIDDR pretende responder a la acusación según la cual se beneficia al beligerante a expensas de la víctima: “Este es un cargo que el SIDDR cree que debería tomarse en serio en cada caso” (The Swedish Government Offices, 2006, p. 27).

Por este motivo, la Iniciativa de Estocolmo destaca, además de las medidas económicas, la necesidad de fomentar la confianza, la participación democrática y la reconciliación mediante la movilización de las comunidades devastadas por la confrontación armada. Como un agregado más a los Estándares Integrados de la ONU y a la Iniciativa de Estocolmo, durante el año 2009, se celebró en Cartagena el “Primer Congreso sobre DDR”, que arrojó como resultado la Contribución de Cartagena al Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (CIDDR). En esta ocasión, Colombia, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, reconocen “el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) como un proceso que debe ir más allá de la renuncia a las armas por parte de los miembros de un grupo armado ilegal” (Cartagenaddr.org., 2009, p. 4). En otras palabras, entender el proceso de DDR desde una perspectiva amplia que incorpora numerosos programas, herramientas y actividades de seguridad, paz, justicia y desarrollo.

Así, la CIDDR escapa de la discusión sobre la dicotomía entre la paz y la seguridad, la reconciliación y el castigo, el perdón y la justicia, que tienden a dominar los debates de DDR, enfatizando en una acepción amplia de la justicia transicional que incorpora otras tareas distintas a las relacionadas con lo militar y la seguridad, tal como ocurre con los mecanismos para satisfacer las necesidades multifacéticas de las víctimas, el establecimiento de la verdad, la restitución y la reparación de los daños causados, la reconciliación nacional, entre otros. Según la Contribución de Cartagena, estas tareas tienen la misma importancia para “la reconstrucción de la confianza cívica, la transformación de las relaciones sociales dentro y a lo largo de las comunidades afectadas por el conflicto, las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, el logro de seguridad, paz y reconciliación sostenibles” (Cartagenaddr.org., 2009, p. 46). De igual manera, la CIDDR supera la división entre víctima y perpetrador, admitiendo que estas etiquetas “enmascaran lo que a menudo es una realidad mucho más compleja, y puede sesgar el progreso hacia una reconciliación social” (Cartagenaddr.org., 2009, p. 50).

En este esfuerzo por comprender mejor estos procesos y brindar mayor claridad a los Estados interesados en el DDR, la Contribución de Cartagena distingue entre la reinserción (“red de seguridad transitoria” para mitigar la carencia de recursos económicos de los excombatientes y sus familias) y la reintegración (red de seguridad permanente para la recuperación social y económica de los excombatientes, las víctimas y las comunidades receptoras). Sin duda, la reintegración es un proceso “más amplio y complejo que el desarme o la desmovilización”, que la reinserción. La CIDDR diferencia entre la reintegración económica y la social, atendiendo a las necesidades que las mismas pretenden satisfacer. Mientras la primera responde a los desafíos que enfrentan los desmovilizados a corto término (generación de suficientes ingresos y en la obtención de trabajos decentes) y largo plazo (acceso a activos de producción y medios de sustento sostenibles y oportunidades para crecer), la segunda se dirige a la recuperación y la transformación de “identidad, justicia y recuperación comunal”.

Estas aclaraciones expuestas por la Contribución, además de lo ya expuesto, dejan clara una constante en el tema, y es que “la reintegración social es uno de los aspectos más difíciles e importantes de DDR” (Cartagenaddr. org., 2009, p. 18). Por eso, la Contribución señala enfáticamente, que, si la reintegración social “es mal manejada o fracasa, todas las otras formas de reintegración estarán en peligro, ya que la legitimidad del Estado, la confianza civil y la cohesión social, serán debilitadas” (Cartagenaddr. org., 2009, p. 45).

Colombia y el DDR

En Colombia, los procesos de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración de combatientes (1950-actual), han transitado desde perspectivas minimalistas de reinserción hasta enfoques maximalistas de reintegración de los excombatientes y de verdad, justicia, reparación de las víctimas y las comunidades receptoras. La década de los 80 representa un hito institucional en materia de reintegración, puesto que se ofrecían, a diferencia de períodos anteriores, caracterizados por meros beneficios jurídicos de amnistías e indultos, programas de rehabilitación y programas socioeconómicos para los desmovilizados (Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, citado en Herrera y González, 2013, p. 276). A partir de la Constitución Política de 1991, y después de variados cambios institucionales, diseño de programas, déficits y fallas en la implementación de las estrategias de reinserción, se generaron importantes transformaciones en la creación y la ejecución del DDR en el país, especialmente, de la reintegración, atendiendo a enfoques más participativos e integrales.

En su “Reseña histórica institucional”, la Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas (ACR), actualmente Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), destaca los antecedentes institucionales, las prácticas de DDR y las dinámicas de reconciliación en el país, advirtiendo que “la función de la reintegración -tomando el término de manera general e incluyente- inició su desarrollo de manera previa a la conformación oficial de la ACR por medio de otras instituciones gubernamentales” (ACR, 2016a, p. 22). A partir de 1994, y tras la firma por el Pacto por la Consolidación de los Procesos de Paz (1993), se plantea la necesidad de superar el enfoque institucional de tipo asistencialista por otro de “mayor trascendencia e impacto que tuvieran por objeto la construcción de entornos de encuentro, reconciliación, y el impulso de una cultura de convivencia” (Herrera y González, 2013, p. 277). En este sentido, la Red de Solidaridad Social (1994) tenía entre otras funciones y administraciones de fondos, el Fondo de Programas Especiales para la Paz encaminado a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas (cfr. ACR, 2016a, p. 24, concordado con la Ley 368 de 1997, artículo 2).

Posteriormente, con la creación de la Dirección General para la Reinserción (Decreto 2546 de 1999), se amplió el enfoque de la reinserción respecto a sus desarrollos anteriores, incluyendo la atención humanitaria y la seguridad mediante la capacitación de los desmovilizados en el campo laboral y productivo y el desarrollo de una actividad económica de sustento. Según la ACR, este programa no tuvo mayor injerencia, puesto que “en este período no hubo acuerdos formales con ningún grupo, el programa fue muy pequeño y no tuvo mucho protagonismo nacional. No obstante, las cifras no son despreciables si tenemos en cuenta que entre 1998 y 2002 se acogieron 2.505 personas que dejaron las armas en forma individual” (2016c, p. 25).

Por su parte, el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), que asumió las funciones y las especificidades de la reinserción en el país, durante el período comprendido entre 2003-2006, avanzó en su ampliación a través de la incorporación de iniciativas de formación y actividades psicosociales y productivas para los excombatientes. Recibían “asistencia de transición”, esto es, manutención, apoyo económico, vestuario, salud y seguridad (Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Resolución de Conflictos, citado en Herrera y González, 2013, p. 278). Sin embargo, y pese a la ampliación en la atención, los servicios y los beneficios para los excombatientes, el PRVC era una estrategia de corto plazo.

Según la ARN, en principio, el enfoque cortoplacista del PRVC, “no representó un problema, porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció, el PRVC se congestionó y enfrentó dificultades administrativas, conceptuales y operativas” (cfr. ARN, s.f., párr. 3). Durante los años 2003-2006, las personas se desmovilizaban mediante dos formas, a saber: i. Individualmente, bajo la atención del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), adscrito al Ministerio de Justicia; ii. Colectivamente, tal como aconteció con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cargo del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Uno y otro programa se enfocaban hacia una reinserción económica, que imposibilitaba la sostenibilidad del proceso.

De manera que el PRVC no alcanzó los fines proyectados en materia de reinserción, “no solo porque el número de desmovilizados colectivos aumentó de manera acelerada, sino también porque la capacidad institucional de ese momento sobrepasó las funciones de aquellos que eran los responsables de reincorporar a la población desmovilizada” (Herrera y González, 2013, p. 278). Por ello, y ante las numerosas críticas al proceso de reinserción con las AUC debido a las fallas en la atención y la planeación del proceso, el Gobierno Nacional reorientó la política de atención a las personas en proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Así las cosas, durante el año 2006, se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) mediante el Decreto 3043 de 2006.

En términos de la ARN, la conformación de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración constituyó un hito en los procesos de DDR en el país, puesto que “se pasó de ser un programa de reincorporación (de corto plazo) a un proceso reintegración (de largo plazo), con mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad para realizar acompañamiento a los desmovilizados” (s.f. párr. 5; ACR, 2016a, p. 28). En efecto, el giro en la estrategia de transición en el país permitió pasar de una perspectiva asistencialista de corto plazo (reinserción) a un esfuerzo institucional de sostenibilidad del proceso mediante el desarrollo de competencias de las personas desmovilizadas en su proceso de reintegración a la vida civil (cfr. Herrera y González, 2013, p. 278).

La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) brindó, a partir del Conpes 3554 de 2008, una serie de beneficios de tipo psicosocial, educativo, económico, productivo, enfocados en la sostenibilidad del proceso (ACR, 2016a, p. 27). Al respecto, la política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales intentó responder a las causas de “un proceso de reintegración no exitoso en Colombia” (Conpes 3554 de 2008, p. 19):

Los efectos de un proceso de reintegración no exitoso en Colombia son: i) La disminución de las desmovilizaciones, los combatientes desconfían de las oportunidades que tienen en la civilidad: ii) El aumento en los niveles de inseguridad, alimentando nuevamente la espiral de la violencia armada: iii) La disminución de las posibilidades de convivencia y reconciliación de las comunidades afectadas por dicha violencia: iv) La disminución de las oportunidades económicas y sociales de las familias de los desmovilizados, que en algunos casos pueden llegar a ser expulsoras: v) La desconfianza y reducción del apoyo político y económico de la comunidad nacional e internacional.

En este sentido, el documento señala, además de las incertidumbres jurídicas de las personas en proceso de reintegración, sus rasgos de afectación psicológica debido a sus entornos culturales, sociales, familiares, caracterizados por la “violencia, injusticia e inequidad que dificultan la posibilidad de generar alternativas para la satisfacción de sus necesidades básicas” (Conpes, 3354 de 2008, p. 20). Del mismo modo, el documento indica que los excombatientes enfrentan dificultades en el acceso a la salud, deficiencias en el nivel educativo y falta de ingresos permanentes, que, sumados a la debilidad de sus entornos de residencia en materia de empleo, seguridad y orden público, amenazan el resultado del proceso de reintegración, favoreciendo, en algunos casos, el reclutamiento o la reincidencia.

Conjuntamente con estas vulnerabilidades psíquicas, socio económicas y culturales, las fallas en las condiciones infraestructurales de las instituciones y las comunidades receptoras exacerban las condiciones de precariedad de los excombatientes, a saber: la estigmatización por parte de las comunidades receptoras debido al miedo, la desconfianza y el resentimiento, además de la carencia de un diseño institucional de reintegración sostenible y la falta de reglas locales precisas en temas de convivencia y reconciliación (cfr. Conpes 3554 de 2008, p. 23)³. El documento Conpes 3554 propuso, entonces, como “política de Estado”, “reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI”, beneficiando, además, a las familias de los excombatientes y las comunidades receptoras, partir de los siguientes objetivos específicos.

Ahora, con la expedición del Decreto 4138 de 2011, la Alta Consejería pasó a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Según la ARN, el cambio de una Alta Consejería a una Agencia del Estado “significó un avance para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la política de reintegración, pues la entidad cuenta con una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con una estructura organizacional sólida” (s.f. párr. 10). De este modo, la institución amplió sucesivamente sus acciones en materia de DDR, puntualmente, en reintegración, a partir de las recomendaciones internacionales, beneficiando, además de los excombatientes, a los grupos vulnerables, las familias y las comunidades receptoras. Estas estrategias de atención diferenciadora se conocen como “enfoque holístico” o “integral” del DDR (cfr. Herrera y González, 2013, p. 279).

Posteriormente, y en virtud de lo establecido en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2016, la ACR, que pasó a llamarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a partir del Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, modificó su estructura y sus funciones con el propósito de responder “a los nuevos mandatos normativos y a los procesos de reincorporación social y económica de los integrantes del grupo armado” (ARN, s.f., párr. 12). Para el logro de estos objetivos, la ARN lideró la formulación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, cuyos lineamientos se encuentran contenidos en el Conpes 3931 de 2018. De este modo, “la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lidera hoy la implementación de las políticas de reintegración y reincorporación contribuyendo a la convivencia, la cultura de la legalidad y la reconciliación” (ARN, s.f., párr. 15).

Los esfuerzos de los distintos gobiernos de Colombia por hacer del DDR un proceso exitoso, se ven a lo largo de la evolución de su implementación en el tiempo. Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltan dichos esfuerzos en su acompañamiento periódico al Estado colombiano. Particularmente, en el informe anual de la CIDH de 2019, en seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y, respecto a los procesos de reincorporación a la vida civil, a la reincorporación económica y social y, a la seguridad de los excombatientes, señala la Comisión, que, pese a los avances, existen aún muchos desafíos para que el proceso se sostenga a largo tiempo, entre ellos, se pide acelerar la obtención de resultados y la aplicación del proceso con perspectiva de género y étnico-racial.

2. Marco metodológico

Los hallazgos y resultados contenidos en esta composición hacen parte de la tercera fase de un amplio programa de investigación sobre reintegración en Colombia con enfoque en vulnerabilidad⁴. Un programa de estas características pertenece tanto al campo de las humanidades (específicamente, a la filosofía moral y política), como al de las ciencias sociales (preferentemente el derecho), pues implica análisis crítico-normativos (filosóficos, políticos, jurídicos) sobre los hitos institucionales en materia de reintegración y de un extenso material derivado del trabajo de campo con excombatientes. Mientras el estudio institucional exigió la creación de un novedoso diseño metodológico que revela, a partir de la Teoría institucional del derecho (Maurice Hauriou y Massimo La Torre, especialmente), el origen, las continuidades y las rupturas de los variados modelos de reintegración, comparando sus ideas directrices, sus estrategias y sus alcances, así como sus fundamentos teóricos (Gómez, Ruiz, Tovar y González, 2021), el trabajo con personas en proceso de reintegración implicó la creación de un laboratorio biográfico con excombatientes, titulado “Las palabras a lo largo de la vida” (2019), que permitió el encuentro, la escucha y la expresión de sus biografías, advirtiendo sus vulnerabilidades antes, durante y después de su participación en el conflicto armado (Rincón y Ruiz, 2021; Ruiz, 2022). Por esta razón, el método de esta composición resultado de investigación es hermenéutico-crítico⁵, normativo y cualitativo (análisis de giros y continuidades sobre los hitos institucionales en materia de reintegración y recogida, selección y sistematización de narraciones orales y escritas por parte de los excombatientes).

3. Hallazgos y resultados

Hitos psicosociales en materia de reintegración

La ARN reseña algunos hitos en materia de reintegración, destacando el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) (2003-2006), el Modelo de Reintegración Comunitaria (2007), el Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (2010), la Estrategia Mambrú no fue a la Guerra (2011), el Modelo de Atención Multidimensional (2011), el Modelo Educativo para la Reintegración (2014), la Reincorporación Temprana (2017). Adicionalmente a estos modelos de carácter nacional, el Modelo Regreso a la Legalidad (2007) constituye un hito local en materia de atención a las personas desmovilizadas, de manera que los cambios infraestructurales en materia de DDR determinan, asimismo, los giros en los modelos psicosociales de la reintegración, pasando de estrategias a corto plazo (reinserción) a diseños a largo plazo (reintegración), con enfoques más integrales. En efecto, los modelos de reintegración a la vida civil han cambiado históricamente en el diseño y la atención de los excombatientes en proceso de reintegración, incluyendo a sus familias y sus comunidades receptoras (ARN, s.f., párr. 16-27).

El Modelo Regreso a la Legalidad, que fue desarrollado por el Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, es enfático en señalar que la desmovilización constituye el primer paso para la reinserción: “Después de dejar las armas, para que un desmovilizado acceda a una auténtica integración social hay un camino que, en general, solo puede recorrer con acompañamiento del Estado y de las instituciones de la sociedad”. Este documento institucional insiste en la revisión y la superación de los factores endógenos y exógenos que inciden en el “regreso a la ilegalidad” por parte de los sujetos. Para el efecto, el modelo determina como pilares fundamentales de la reinserción: i. El acompañamiento psicosocial a la persona desmovilizada, con el propósito de crear y fortalecer las relaciones de confianza que le permitan cohabitar con su familia y la comunidad: ii. Una oferta educativa amplia y variada en educación formal y no formal; iii. Una estrategia de generación de ingresos, que permita la sostenibilidad futura de los beneficiarios del Programa.

En consecuencia, el modelo entiende la reinserción como “replantar, recuperar, reincorporar a un individuo a una sociedad de la cual había sido marginado por razones políticas, económicas, culturales o sociales”, a través de la orientación, el seguimiento y la asistencia a las personas desmovilizadas por parte de la institución: “Si el acompañamiento no se da, los riesgos intrínsecos del regreso a la ilegalidad se multiplican” (Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, 2007, p. 7). De manera que la presencia institucional es una condición sine qua non de la ejecución y el logro del proceso. El Modelo Regreso a la Legalidad reconoce, a su vez, que las condiciones educativas y económicas de empleabilidad son necesarias para el mantenimiento de la persona desmovilizada y su familia, al igual que los factores subjetivos del combatiente en aras de lograr “su reencuentro personal y social” (cfr. Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellin, 2007, p. 7).

Sin embargo, el documento institucional reconoce, además de los Estándares Integrados de Naciones Unidas y la Iniciativa de Estocolmo, que la inserción a la vida comunitaria no resulta, en modo alguno, sencilla, debido al temor de ciertos sectores sociales y privados para acoger a los desmovilizados. A decir verdad, y a pesar del enfoque amplio del modelo en materia de intervención psicosocial, la comprensión del sujeto combatiente continuaba siendo estrecha: “La cultura imperante, puede llevar a cualquier ser humano a transitar por los campos de lo establecido en el Código penal, en este caso el colombiano, y convertir a cualquier individuo en un ilegal” (Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellin, 2007, p. 17). De manera que no es la conducta, sino el sujeto, quien comparte el estatuto de ilegal. Este presupuesto, contrario a toda lógica jurídico-penal y constitucional, determina la comprensión del individuo, así como las dinámicas de atención institucional. A diferencia de otros modelos posteriores de atención psicosocial, Regreso a la Legalidad omite las fallas infraestructurales como causas de la inserción en los grupos armados al margen de la ley, procurando, en cambio, “entender los eventos, descifrar y traducir los códigos con los que los desmovilizados se manifiestan y realizar una intervención de impacto, acertada y sostenible” (Programa Paz y Reconciliación et al., 2007, p. 20).

Por su parte, el Modelo de atención psicosocial para la paz (MAPAZ, Alta Consejería para la Reintegración, 2010), desarrollado e implementado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), constituye el resultado de una larga experiencia institucional en el diseño y la implementación de los modelos de reinserción y de reintegración. Desde entonces, la ACR “comenzó a identificar la necesidad de profundizar su intervención con base en las características, diferencias y necesidades de cada desmovilizado. Se trata de permitirle a esta población el acceso equitativo a los servicios y un mayor avance en sus procesos de reintegración (ACR, 2010, p. 15). Por esta razón, el MAPAZ es claro en señalar que su propósito radica en desarrollar una “atención psicosocial diferenciada” que le permita entender las necesidades, las problemáticas, los intereses y los alcances de cada uno de los participantes del proceso, atendiendo a la reintegración social.

A diferencia del Modelo Regreso a la Legalidad, cuyo interés social y criminológico residía en evitar la reincidencia, asegurando la permanencia en la legalidad a través de la reinserción, el Modelo de Atención Psicosocial para la Paz se entiende como un marco de identificación, comprensión y definición de las problemáticas y los recursos subjetivos derivados de la interacción entre el individuo y la sociedad en su proceso de reintegración. De ahí sus cuatro ámbitos de intervención con las personas en proceso de reintegración, a saber: “el contexto, el aspecto relacional y sus vivencias retrospectivas, prospectivas y apreciativas” (ACR, 2010, p. 51). En términos más precisos, el MAPAZ hace un mayor énfasis en su componente psicosocial, concebido como una herramienta de “transformación individual” mediante la comprensión de las dinámicas sociales e intersubjetivas “que le permitan al participante desarrollar competencias para construir un proyecto de vida sin violencia, basado en el ejercicio de derechos y responsabilidades” (ACR, 2010, p. 51).

De esta manera, y, en contraste con el Modelo Regreso a la Legalidad, el MAPAZ diseñó sus procesos de intervención psicosocial en materia de reintegración, a partir de las competencias, las habilidades y las capacidades “existentes” de los participantes, orientándolos, fortaleciéndolos y desarrollándolos⁶. Así las cosas, el sujeto se comprende como un ser mitológicamente social, y, en ningún caso como un individuo “legal” o “ilegal”, y, en consecuencia, la atención institucional se percibe como “la integración de los participantes dentro de los nuevos contextos cotidianos: la escuela, el trabajo, la familia y la comunidad” (ACR, 2010, p. 51). Estos fundamentos y alcances del modelo permiten explicar con claridad los principios fundamentales de la intervención psicosocial, a saber (ACR, 2010, pp. 48, 61): i. Las líneas de trabajo individual y grupal; ii. La metodología experiencial; iii. El vínculo entre el profesional psicosocial y el participante en el desarrollo del proceso de reintegración. En este caso, son los rasgos y las circunstancias individuales el objeto de atención, seguimiento y evaluación permanente por parte de la institución⁷.

Ahora, el MAPAZ reconoce en la figura del desmovilizado “el protagonista del proceso de reintegración”, y en la atención psicosocial el eje de la política, a partir de las dinámicas y las fallas infraestructurales en materia socio económica, política y cultural. Al igual que el Modelo Regreso a la Legalidad, y sin obviar sus diferencias, el MAPAZ reconoce los problemas económicos, familiares y afectivos de los excombatientes antes, durante y después del proceso de reintegración, además de los motivos de inserción en los grupos alzados en armas debido a su propia defensa en contextos marcados por la violencia, el reclutamiento forzado o la admiración de la vida militar (ACR, 2010, p. 38). Del mismo modo, el MAPAZ advierte sobre los factores comunes de las personas en proceso de reintegración, a saber: i. Procedencia rural; ii. Familias monoparentales; iii. Abandono o muerte del padre; iv. Cuidados prodigados por la madre, abuelas, tías, familiares; v. Inicio temprano de la vida productiva; vi. Deserción escolar; vii. Vinculación a los grupos armados ilegales en edades que oscilan entre los 14 hasta los 17 años (ACR, 2010, p. 38).

Finalmente, el actual Modelo Multidimensional de Reintegración (2013), diseñado y ejecutado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, se orienta hacia el desarrollo de las “habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos” (2012, párr. 1). A diferencia de los modelos psicosociales de atención anteriores, y reconociendo la evolución institucional, la ruta de reintegración vigente, cuyo énfasis es el desarrollo de las capacidades del individuo, cuenta con ocho (8) dimensiones “para permitir que las personas desmovilizadas encuentren una vida sostenible en la civilidad, y cuyo objetivo primordial es fortalecer el ejercicio autónomo de la ciudadanía mediante el desarrollo y reorientación de las competencias de cada individuo” (ACR, 2016b, p. 9).

De este modo, la ruta de reintegración y sus dimensiones (personal, productiva, familiar, hábitat, salud, educativa, ciudadanía, seguridad) está inspirada en una perspectiva muldimensional del desarrollo humano, cuyo referente más próximo es el desarrollado por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). Para el efecto, la ACR precisa un tiempo mayor para la ruta de reintegración (mediano y largo plazo), cuyo propósito fundamental radica en la superación de las condiciones de vulnerabilidad de los excombatientes. En palabras más precisas, la ACR “resalta que la superación de la vulnerabilidad es el enfoque que tiene el proceso de reintegración, pues entiende que debe promover el ejercicio autónomo de la ciudadanía y el arraigo a la legalidad de las PPR” (ARC, 2016b, p. 20).

Para el logro de estos propósitos, la ruta de reintegración se entiende como un conjunto de “condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones” concertados con el participante, y atendiendo a sus particularidades (cfr. Resolución 1356 de 2016). Al igual que el MAPAZ, el modelo multidimensional concibe un “esquema de actividades acorde con las opciones reales del individuo en relación al proyecto de vida deseado”, sin obviar la reglamentación misma del proceso (ACR, 2013). Por esta razón, y acorde con el plan de trabajo concertado, la integridad del sujeto en proceso de reintegración y sus barreras en el ejercicio autónomo de la ciudadanía, el modelo multidimensional advierte una serie de “variables que afectan el desarrollo y/o el fortalecimiento de las capacidades del individuo y su grupo familiar” o, en otros términos, de dimensiones de la reintegración social y económica.

En materia de valoración de los DDR no existe una última palabra. Según la ONU, su alcance está supeditado a criterios de impacto en los participantes y en la sociedad o en resultados de ejecución de actividades planeadas (ONU, 2006, pp. 289-291). En el caso colombiano, el tránsito de la política de reintegración en Colombia, desde un enfoque minimalista de la reinserción hasta una perspectiva maximalista de la reintegración, es un criterio desde el orden jurídico valido para valuar positivamente el DDR en el país. Este criterio da cuenta de la voluntad política de distintos gobiernos por comprender este proceso y llevarlo a estándares internacionales, dando el primer paso para hacer realidad la reintegración integral en Colombia. No obstante, desde los participantes excombatientes y desde la sociedad receptora de este proceso, se develan vulnerabilidades de ambos lados que ponen en duda la reintegración y la cohesión de la sociedad.

Narrativas de los excombatientes en proceso de reintegración

En líneas anteriores, se describieron los desafíos para la reintegración según la ONU: superar las vulnerabilidades circunstanciales de los excombatientes y de la comunidad receptora para asegurar un retorno efectivo. Esto es subrayado no solo por la institución, sino también, y más particularmente, por las narraciones de las personas en proceso de reintegración. Algunos extractos de las mismas, constituyen una clara muestra de los orígenes y de las situaciones que constituyen y exacerban sus precariedades a lo largo de sus vidas, aumentando las dificultades del proceso de reintegración. A modo de ejemplo, en el laboratorio biográfico con excombatientes, especialmente, en la tercera sesión titulada “Geografías afectivas”, y, ante la pregunta ¿dónde soy visible?, la mayoría de los participantes respondieron: “el trabajo”. En este sentido, para ellos ser visibles o hacerse visibles se logra mediante un empleo.

Esta respuesta advierte, por un lado, la importancia de la oferta laboral como estrategia de inclusión social. A partir de los testimonios de los excombatientes, se ratifica la importancia de este componente dentro del proceso de reintegración y, del otro lado, las repercusiones que tendría la inexistencia de este componente para el mismo proceso. Los excombatientes no quieren regresar a la vida en la guerra: “Son cosas que no quiero pensar, ni recordar y que si me volvieran a pasar no sabría qué hacer y más ahora que tengo mi nueva vida” (Testimonio de excombatiente C, 2019). Todos ellos desean vivir en una ciudad libre de violencia y donde todos sean visibles: “Me gustaría una ciudad libre de violencia” (Testimonio de excombatiente JH, 2019): “a mi me gustaría vivir en una ciudad donde aya (sic) más oportunidades para las personas” (Testimonio de excombatiente D, 2019): “me gustaría una ciudad equitativa con cultura. Donde respeten la vida y que no esita (sic) la oligarquía ni capitalismo” (Testimonio de excombatiente A, 2019): “donde hubiera campo, donde la cultura humana no se olvidara y el respeto hacia los animales y hacia nosotros mismos” (Testimonio de excombatiente K, 2019); “me gustaría abitar en una siudad (sic) que todos jueramos unidos y no ubiera violencia (sic)” (Testimonio de excombatiente I, 2019).

Durante la segunda sesión del laboratorio biográfico, titulada “Las palabras cruzan la vida”, a través del recurso de la palabra, se construyeron fichas con palabras asociadas al pasado, el presente y el futuro de sus vidas, así como palabras-luz y palabras-sombra. Después, en un ejercicio creativo y poético, se edificaron palabras nuevas con nuevos significados. Entre las palabras que los participantes quieren dejar atrás se encuentran: “las dificultades, el luto, el temor, la soledad, la tristeza”: aquellas que utilizan para nombrar el presente son: “comenzando de nuevo, viviendo en familia, con el hijo, con expectativas, con esperanza, con trabajo, con oportunidades”, y, por último, para afrontar el después nombran términos como “con paz, con su hija, con estudio, con disciplina”.

No obstante, ellos temen por sus vidas; se sienten vulnerables en la calle, en el trabajo, incluso, mucho más que en el monte. Eso ha sido revelado en sus historias, al expresar: “Yo nací en Segovia, pero no puedo volver porque estoy marcada” (JH, 2019): “[...] donde la gente sepa quiénes somos nos van a matar...” (JH, 2019): “¿Usted sabe quién era yo? ¿Usted tiene alguna idea de mí? ¿Usted qué piensa de nosotros? Usted sabe lo que yo era, que ya no soy, pero que era. Entonces, usted pensará: “qué cosas horribles habrá hecho este tipo” (...) cuando la gente sabe lo que uno era, pone una distancia. Hay gente que dice que lo que uno era, ya no puede cambiar” (EMI, 2019); “Es muy duro, porque estando allá no me tenía que preocupar, aquí sí: cómo trabajar, cómo comer. Allá trabajamos durísimo, tenemos que cumplir normas porque si no, nos matan [...]” (EMI, 2019); “A mí me gusta mucho la vida de pueblo, porque usted no aguanta hambre. Si no tiene que comer, le dan comida. Si usted, no tiene donde dormir en Medellin, le dicen que hay muchos puentes. Es muy tentador así volver donde estaba” (C, 2019).

Los excombatientes se encuentran en la tensión entre el deseo por una nueva vida y la materialización real de las herramientas que el proceso de reintegración en Colombia les ofrece. Asimismo, la comunidad receptora, a pesar de los evidentes avances en materia de reintegración (desde un enfoque minimalista de reinserción a uno maximalista y multidimensional), se percibe aún desvinculada del proceso, evitando, en muchos casos, la interacción con los excombatientes en proceso de reintegración, lo que retrasa los procesos de integración y genera una sobrecarga para la institución y los participantes. Así las cosas, se rompe la fórmula según la cual el compromiso implica un camino de doble vía entre los excombatientes y la sociedad, puesto que ambos deben hacerse cargo de sus responsabilidades para el logro del fin común, la paz y la seguridad.

Conclusión

Durante largos años, Colombia ha creado, transformado y desarrollado numerosos diseños, procesos y estrategias de reintegración de los combatientes a la comunidad, que han pendulado desde perspectivas minimalistas de inserción a la legalidad hasta enfoques maximalistas de superación de las condiciones de vulnerabilidad antes, durante y después del proceso. Sin duda, la evolución en la infraestructura institucional y los programas psicosociales de reintegración evidencian, además de la complejidad del fenómeno, los logros, los déficits, los desaciertos y los retos del DDR en el país. Exactamente, la institución entiende por el término “reintegración” el “proceso por el cual los excombatientes ejercen su ciudadanía y obtienen un empleo sostenible e ingresos, y el cual tiene lugar principalmente en las comunidades a nivel local”. Y, seguidamente, agrega: “Esta definición no tiene que ver con una reflexión teórica, sino con la experiencia que la ACR ha acumulado” (ACR, 2016b, p. 22).

En efecto, las prácticas institucionales permiten advertir los giros históricos en materia de atención y acompañamiento a las personas en proceso de reintegración, quienes, a pesar de múltiples obstáculos, procuran restaurar sus vidas. No obstante, la ACR es enfática en indicar la paradoja de la sociedad colombiana, la cual “consiste en que mientras más excombatientes desarrollan su proyecto de vida en la legalidad, sin revelar necesariamente su pasado, más expuestos están a la discriminación y a la estigmatización” (2016b, p. 23). He aquí el principal reto institucional y social en materia de reintegración, que, además del otorgamiento de oportunidades morales, sociales y económicas, consiste en desactivar progresivamente el extrañamiento y el malestar respecto a los excombatientes en proceso de retomo a la vida civil, con el propósito de reducir sus condiciones de vulnerabilidad, además, y, por obvias razones lógicas, los obstáculos y los déficits del proceso institucional para evitar la repetición de los ciclos de violencia. Sin lugar a dudas, esta cuestión es compleja debido al sufrimiento y a los traumas de guerra de las comunidades receptoras. De ahí la tarea urgente de articulación para lograr la transición y la reintegración reales.

Referencias

Acuerdo 01 de 2016. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 24 de noviembre de 2016.

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). (s.f.). Reseña histórica. http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx

Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas (ACR). (2012). ¿Qué es la reintegración?http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2012/01/028_QUÉ ES LA REINTEGRACIÓN_.aspx

ACR . (2013). Dimensiones de la reintegración. http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/ruta.aspx

Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas (ACR). (2016a). Reseña Histórica Institucional. https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Reseña HistoricaACR.pdf

Agencia Colombiana para la Reintegración. (2016b). Evolución del Proceso de Reintegración. Fortaleza institucional basada en la experiencia y lecciones aprendidas. https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/Evolución%20del%20Proceso%20de%20Reintegración%20Fortaleza%20Institucional%20basada%20en%201a%20experiencia%20 y%201ecciones%20aprendidas.pdf

Agencia Colombiana para la Reintegración. (2016c). Reseña Histórica Institucionalhttps://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Reseña Historica ACR.pdf

Alta Consejería para la Reintegración (2010). Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (MAPAZ): nuevas rutas para el desarrollo de competencias en los desmovilizados y sus contextos. Bogotá: Alta Consejería para la Reintegración.

Cartagenaddr.org. (2009). La contribución de Cartagena al desarme, desmovilización y reintegración. https://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/ centro-de-documentacion/Documentos/La%20contribución%20de%20Cartagena%20ai%20Desarme.%20Desmovilización%20y%20Reintegración.pdf

Conpes 3554 de 2008. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales. 01 de diciembre de 1998.

Decreto 2711 de 1982. Por el cual se crea una comisión asesora. 19 de septiembre de 1982. D O. 36107.

Decreto 314 de 1990. Por el cual se crea el Consejo Nacional de Normalización. 01 de febrero de 1990. D.O. 39169.

Decreto 2884 de 1991. Por el cual se crea la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se hace un encargo. 26 de diciembre de 1991. D.O. 40245.

Decreto 2707 de 1993. Por medio del cual se define y regula el Plan Nacional de Rehabilitación. 30 de diciembre de 1993. D.O. 41159.

Decreto 2546 de 1999. Por el cual se reestructura el Ministerio del Interior. 23 de diciembre de 1999. D.O. 43828.

Decreto 128 de 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. 24 de enero de 2003. D.O. 45073.

Decreto 3360 de 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002. 24 de noviembre de 2003. D.O. 45381.

Decreto 4138 de 2011. Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura. 03 de noviembre de 2011. D.O. 48242.

Decreto 897 de 2017. Por el cual se modifica la estructura de la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas y se dictan otras disposiciones. 29 de mayo de 2017. D.O. 50248.

Fundación Ideas para la Paz. (2014). Fin del conflicto: Desarme, Desmovilización y Reintegración-DDR Boletín de Paz, No. 33. Negociaciones de paz. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/534dd40668414.pdf

Gómez, S., Ruiz, A., Tovar, F., y González, E. (2021). Giros y continuidades del proceso de reintegración en Colombia: Del Modelo regreso a la legalidad al Modelo multidimensional de reintegración. En A. Ruiz y M. Velasquez (Comps.), Reintegración en Colombia. Seguridad, hábitat, ciudadanía (pp. 308-362). Universidad Pontificia Bolivariana.

Herrera, D. y González, P. (2013). Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS). Colombia Internacional, No.77 272-302. https://doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.10

Herrera, J. (2016). Desmovilización en Colombia: un reto para un escenario de posconflicto. Revista Interamericana de Educación, Pedagogía y Estudios Culturales, 9(2), 35-61. https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/3614

Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos. (2013). Desarme, desmovilización y reintegración DDR: Una introducción para Colombia. Cuaderno de Análisis N° 01/13. https://iugm.es/wp-content/uploads/2017/02/Cuaderno Análisis-DDR.pdf

Ley 35 de 1982. Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. 20 de noviembre de 1982. D.O. 36133.

Ley 77 de 1989. Por la cual se faculta al Presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación. 22 de diciembre de 1989. D.O. 39116.

Ley 104 de 1993. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. 30 de diciembre de 1993. D.O. 41158.

Ley 368 de 1997. Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras disposiciones. 08 de mayo de 1997. D.O. 43037.

Ley 418 de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. 26 de diciembre de 1997. D.O. 43201.

Ley 134 de 1998. Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones. D.O. 43231.

Ley 782 de 2002. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. 23 de diciembre de 2002. D.O. 45.043.

Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 25 de julio de 2005. D.O. 45980.

Resolución 513 de 2005. Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento, suspensión y pérdida de los beneficios que otorga el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas. 28 de septiembre de 2005. D.O. 46045.

Resolución 1356 de 2016. Por la cual se modifican los artículos 3o, 4o, 17, 19, 21, 26, 31, 32, 37, 39, 44 y 46 y se deroga el artículo 38 de la Resolución 0754 de 2013. 28 de junio de 2016. D.O. 49918.

The Swedish Government Offices. (2006). Stockholm Initiative on Disarmament Demobilisation Reintegration. Final report. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EDlEF744FE93A788C1257428003110CB-gvtSweden feb2006.pdf

Naciones Unidas. (2006). Integrated disarmament, Demobilization and Reintegration Standards.http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1511/IDDRS.pdf

Naciones Unidas. (2010). The Operational Guide to the Integrated, Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS). http://www.iddrtg.org/wp-content/uploads/2013/05/Operational-Guide-REV-2010-WEB.pdf

Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. (2007). Del Individuo al Colectivo, de la Persona a la Ciudadanía. Manual de intervención psicosocial para la Reinserción. La Experiencia de Medellín (aplicación del Modelo regreso a la legalidad). Organización Internacional para las Migraciones OIM y Alcaldía de Medellín-Programa Paz y Reconciliación https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/81

Rincón, D., y Ruiz, A. (2021). Vulnerabilidad narrativa: un laboratorio de experimentación artística y narrativa con excombatientes en proceso de reintegración en Colombia. Arte, Individuo y Sociedad, 33(4), 1347-1368. https://doi.org/10.5209/aris.72091

Ruiz, A. (comp.). (2019). Crítica a la reintegración en Colombia: seguridad, hábitat y ciudadanía Universidad Pontificia Bolivariana.

Ruiz, A., Valderrama, A., y Galindo, A. (2020). Justicia, memoria, integración. Debates teóricos y experiencias en el marco de las instituciones sociales. Universidad Pontificia Bolivariana.

Ruiz, A. (2022). En busca del tiempo vivido: Educación para narrar lo humano (laboratorio biográfico). Educação & Sociedade, Vol. 43, e239070. https://doi.org/10.1590/es.239070

Ruiz, A., y Velásquez, M. (2022). Justicia, memoria, integración. Debates teóricos y experiencias en el marco de las instituciones sociales. Universidad Pontificia Bolivariana.

Notas