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Introduciòn

Atención ha provocado en los últimos meses la revuelta social en Chile. Contra su imagen externa de estabilidad y ejemplaridad política y económica, se desata un estallido social que parece botar al país de su sitial de experiencia modelo. Y es que, en medio de una situación global cruzada por conflictos de distinto tipo, se gatilla una crisis profunda en la sociedad que fuera pionera del experimento neoliberal a nivel mundial y en la que, justamente por esa larga trayectoria, ya de casi cinco décadas, se alcanzan los que quizá sean los grados de mayor radicalidad con que se presenta esta forma histórica del capitalismo.

Pero esa crisis, la del neoliberalismo más avanzado de América Latina, es una que, pese al desconcierto de analistas y observadores, dentro y fuera del país, tiene causas profundas y explicables, maduradas a lo largo de las últimas décadas. Unas que se encuentran en lo incubado por el propio giro neoliberal, de alcance estructural, que transforma no solo el modelo económico y las formas de la acumulación empresarial, sino que también al conjunto de la estructura social y al patrón de conflicto dominante, barriéndose, de este modo, con la vieja sociedad chilena del siglo pasado.

Las contradicciones de esa gran transformación y las de la nueva sociedad chilena que se asienta en el siglo XXI, es de lo que tratan estas páginas, con que se busca sintetizar otras entregas previas, más amplias y detalladas. Un sumario interpretativo sobre el neoliberalismo chileno y su crisis, con el que se recorre una experiencia que, eventualmente, podrá volver a convertirse en modelo, aunque ahora del modo en que estallan sociedades altamente mercantilizadas.

El neoliberalismo chileno y su capitalismo de servicio público

El giro neoliberal en América Latina, si bien es un hecho generalizado desde los años no- venta, no lo es respecto de los grados de profundidad que alcanza en cada país. Pese a que en todos cambia de algún modo la conformación de las alianzas de clase dominantes, se tuerce la orientación del Estado y se consagran los marcos ideológicos que prepararan el terreno para su irrupción, no en todos dichas transformaciones, respecto al ciclo nacional-popular previo, alcanzan los mismos niveles de refundación capitalista.

De allí que pueda distinguirse un neoliberalismo avanzado en el caso chileno, en contraste con las experiencias argentina, venezolana o boliviana, en que se observan tendencias que re- vierten algunos de los primeros avances del proceso neoliberal; o, como ocurre en Brasil y, en menor medida, en Uruguay y Ecuador, con experiencias cuyo giro se basa en pactos sociales que combinan reformas neoliberales y mecanismos de protección. Solamente México, Colombia y Perú son similares a la experiencia chilena, al seguir un patrón ortodoxo —aunque sin alcanzar el mismo nivel de profundidad—, en donde tampoco se retoman los viejos modos de procesamiento institucional de los conflictos sociales, propios del “Estado de Compromiso” latinoamericano, ni las formas clásicas de participación de la etapa nacional-popular, concen- trándose el conflicto en torno a cómo los grupos subalternos resisten una creciente exclusión estatal (Ruiz, 2019).

Sin embargo, únicamente en Chile el giro neoliberal produce una transformación radical en la estructura social y en las tendencias que marcan su patrón de conflicto social y político durante el siglo XX. Tal profundidad radica no solo en el tiempo de duración que alcanza este ciclo histórico, completando casi medio siglo, por su condición pionera, sino también en el tipo de rupturas que implica su proyección hasta el presente. En efecto, si a la base de cualquier va- riante de mutación neoliberal en la región se encuentran el avance y permanencia de los cursos de privatización de las empresas públicas (de transportes, comunicaciones y, en general, de índole productiva) ligadas al desarrollismo latinoamericano —y que en la experiencia chilena se distingue del resto por su ocurrencia temprana, ya en los años setenta—, el neoliberalismo avanzado implica, además, la presencia de un segundo ciclo de privatizaciones, enfocado esta vez en el sistema de servicios sociales surgido de los procesos de democratización fundamental que exhibiera América Latina en el siglo pasado (Ruiz, 2019). Una privatización de las condiciones de la vida social, que en el caso chileno adquiere una hondura sin parangón, al alcanzar a la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda, pero también al suelo urbano y las avenidas de las ciudades, entre otros aspectos.

El modelo económico, surgido del régimen de Pinochet, se sustenta en la reprimarización, desindustrialización y tercerización de la economía, estando su foco fundamentalmente en la actividad primario-exportadora —principalmente, la minería del cobre—, la actividad financiera y la de los servicios, dentro de los cuales, además de los de carácter social, juega un papel importante el comercio minorista (Fazio y Parada, 2010). Dicha orientación, ligada al giro neo- liberal, se origina en el desplazamiento del mercado interno como eje central de la economía en favor del sector externo. A ello se suman la naturalización de preceptos monetaristas como el control de la inflación y la autonomía del Banco Central, así como un régimen de prescinden- cia estatal en la regulación de las relaciones laborales, lo que redunda en un cierre del acceso de los trabajadores a los procesos de construcción del Estado (Ruiz, 2015). Más adelante, bajo condiciones democráticas, este marco rector es mantenido, e incluso profundizado, sobre todo a partir de la diversificación de las áreas y mercados de exportación (vía tratados internacionales de libre comercio), la mantención de una política social focalizada que cancela cualquier iniciativa de derechos sociales universales y la continua actualización de una política fiscal de exenciones y garantías para el capital privado, nacional y extranjero (Fazio y Parada, 2010).

Tal modo de inserción en el concierto mundial, como economía exportadora de recursos naturales, permite al país —no sin crisis—, tras los traumas sociales y económicos que produjera la instalación neoliberal a comienzos de los años ochenta— un crecimiento económico deslumbrante desde fines de esta década y durante prácticamente todos los años noventa, a raíz de los altos precios que alcanzan los commodities en los mercados internacionales, que poten- cian las ventajas comparativas de las exportaciones nacionales (Ffrench-Davis, 2018; Fazio y Parada, 2010). Uno con resultados disímiles, pues si está detrás de la reducción de la pobreza que contrasta a nivel regional, también refuerza la aguda desigualdad que marca hasta hoy a la sociedad chilena, y que durante esos años adquiere nuevos bríos en medio de las favorables condiciones económicas con que se encuentran los gobiernos democráticos (Ruiz, 2015). Unos efectos sociales típicos de los auges económicos abruptos y cifrados en los vaivenes de las materias primas, que suelen alentar el enriquecimiento y acaparamiento de las oportunidades en grupos minoritarios —los “ganadores” en dichos ciclos de éxito— que, a menudo, ya detentan desde antes el poder y la riqueza.

Dicha monopolización es visible en Chile, toda vez que, así como el auge económico noven- tero produce desigualdad, también genera una nueva riqueza, de cumbres desconocidas en la historia del país. Una que permite a varios grupos económicos locales, en medio de una coyuntura que hace brillar a la economía chilena como nunca antes en el contexto regional, amasar capitales cuya magnitud les alienta a desplegar una ambición continental inédita, de conquista —en solitario o en alianza con capitales foráneos— de las economías de los países vecinos, devorando empresas en diferentes mercados y rubros (Ruiz y Boccardo, 2014). Una novedad histórica, en definitiva, contra la propia tradición de moderación y debilidad de las empresas chilenas (Montero, 1997). La misma que, en los albores del giro neoliberal local, les impidiera oponer resistencia a la extrema apertura y liberalización económica que le acompaña, reconfigurando su fisionomía pretérita al beneficiar a los grupos económicos con anclaje financiero, descapitalizando sobre todo al sector productivo (Moguillansky, 2001). Un contrapunto con otras experiencias latinoamericanas, como la argentina o la brasileña, en donde, por su tamaño e influencia social, el empresariado nacional sí logra morigerar la profundidad de la refunda- ción capitalista perpetrada (Ruiz, 2019).

La riqueza acumulada a lo largo de esos años de bonanza económica primario-exportadora es usada en Chile, siguiendo la tendencia concentradora antes mencionada, a fortalecer una particular infraestructura de acumulación empresarial con dependencia del Estado, con que se profundiza el proceso de colonización mercantil sobre la vida cotidiana que abriera la dictadura al privatizar los sistemas de servicios sociales. Es el “capitalismo de servicio público” (Ruiz, 2015), modalidad de acumulación sustentada en el aval de subsidios estatales o vouchers, que sigue el pregón monetarista de la Escuela de Economía de Chicago, de gran influencia en la intelligentsia económica chilena. Un ímpetu pionero de la dictadura que, sin embargo, no es revertido en los gobiernos liderados por la Concertación de Partidos por la Democracia —la coalición opositora que encabeza la transición a la democracia en Chile—, que destinan aquella parte de la bonanza que queda en manos del Estado a una distribución social y económica por la que se generan novedosas vías de acumulación empresarial, ajenas a la iniciativa autoritaria original.

En efecto, tales gobiernos impulsan una significativa expansión del gasto social estatal (Cieplan, 2013) —sobre todo en áreas sensibles como la educación y salud—, que, lejos de enfocarse en la reconstrucción de los antiguos servicios sociales, se orienta preferentemente a estimular el crecimiento de grandes empresas privadas (nacionales al comienzo, luego con integración creciente de capitales extranjeros), controladas por una intrincada red de propietarios, inversionistas y concesionarios de la educación superior (universidades y centros privados de enseñanza), de la salud (centros asistenciales y clínicas privadas), de carreteras y autopistas, de puertos y aeropuertos, de viviendas sociales y constructoras, que también se extiende a cárceles concesionadas e incluso al ámbito de la protección a la niñez, entre otras áreas. Un sector económico, altamente dependiente de toda clase de asignaciones estatales, bonos y licitaciones, que, si bien es gatillado en dictadura —por ejemplo, con la privatización de la vejez, al pasarse a un sistema de pensiones gestionado íntegramente por entes privados: las administradores de fondos de pensiones (AFP)—, encuentra en democracia incentivos para un avance sobre oportunidades de negocios con servicios sociales hasta allí inexploradas. Uno, además, que como contracara de su propio fortalecimiento, atiza una debilidad creciente en los regímenes de pro- visión estatal, cuando éstos han seguido en pie tras las privatizaciones, justamente el caso de los sistemas públicos de educación y salud prácticamente abandonados por el financiamiento del Estado (Ruiz, 2019).

Entre fines de los años noventa y comienzos del siglo XXI, la fórmula predilecta para impulsar este crecimiento del capitalismo de servicio público fue la asociación público-privada, muy difundida en el mundo como iniciativa económica a partir del efecto provocado por el proyecto de la “Tercera Vía”. A partir de ella, la primera modalidad impulsada fue el modelo de concesiones, cuyo fundamento arraigaba en la mentada incapacidad estatal para financiar grandes inversiones públicas que siguieran estándares del mundo desarrollado. Así, mediante este mecanismo, el Estado chileno traspasó a empresas privadas el financiamiento, construcción y gestión de la infraestructura pública de varios servicios, adquiriendo éstas el derecho de cobrar a lo largo de los años que durara la concesión, ya sea mediante las tasas abonadas por los usuarios, mediante pagos del Estado, o una combinación de ambas.

De modo similar, una segunda modalidad fue derechamente la entrega de un voucher con el que, adscribiendo al principio monetarista del “subsidio a la demanda”, se buscó ampliar el acceso a la educación superior y a las atenciones de salud de mayor complejidad (Ruiz, 2019). Con ella, sin embargo, se facilitó el ingreso de la banca privada al negocio de las ayudas estudiantiles, ahondando el endeudamiento profesional ya existente por los créditos estudiantiles estatales, pero a tasas de interés indiscriminadas, que alcanzan al costo de una vivienda (Ore- llana y Miranda, 2018). Asimismo, se permitió la captura de bonos de atención médica por parte de oferentes privados, que, bajo la promesa de una libre elección de médicos y hospitales, enriquecieron sus arcas hasta el punto de producirse la emergencia de holdings que llegan a controlar, simultáneamente, tanto el aseguramiento como la provisión privada de salud (Goye- nechea, 2019), e incluso, en algunos casos, el mercado de venta de medicamentos.

Lo que ocurre, por lo tanto, en contexto democrático, es un ahondamiento del carácter ya avanzado del capitalismo neoliberal chileno. La concentración extrema de la propiedad y del ingreso, desatada en plena democracia, es la explicación principal de la desigualdad que contrasta con la disminución de la pobreza, pese al escenario de crecimiento económico y de elevacióngeneral —aunque muy desigual— de los ingresos. Un fenómeno paradojal, que es resulta- do de una forma de acumulación rentista, como el capitalismo de servicio público, cuya esencia cuestiona el dogmatismo neoliberal original, al depender existencialmente de la acción del Estado (Ruiz, 2019). Y es que, dicha profundización de la concentración económica viene dada por la orientación pro empresarial que se le imprimen a las políticas económicas y sociales en las últimas décadas, que entregan múltiples garantías como el aseguramiento de ganancias en un rango mínimo, incentivos para el alza continua de los precios o posiciones dominantes ante nuevas licitaciones. Una disposición basada, en todos los casos, en un fundamento ideológico que equipara modernización y mercantilización, y a esta última con una idea de democratización reducida a mera libertad mercantil y mayor acceso al consumo, que se alimenta, además, de un régimen de “responsabilidad individual” que agudiza la carga vital sobre quienes deben sostener su reproducción social en el mercado, con total prescindencia estatal respecto a pro- veerles resguardos mínimos (Caviedes, 2019).

Desde el punto de vista político y económico, la clave para esta avanzada mercantil, sobre todo en los últimos treinta años, es la comunidad de intereses que se establece entre miembros de la élite política e intelectual de la Concertación y algunos sectores relevantes del gran empresariado local y extranjero. Una colaboración que, si bien se inicia con la temprana aceptación del modelo económico heredado, en busca del apoyo empresarial para reinsertar a Chile en el contexto mundial (Arriagada, 2004), se transforma, a la larga, en un vínculo práctica- mente orgánico que tiene como medida de su arraigo la participación creciente de connotados personajes de esta coalición política en las empresas privadas surgidas de las privatizaciones y concesiones, ya sea como directores o asesores (Caviedes, 2019).

Un suceso que suele seguir un tránsito de circulación público-privada —cuando no es directa entre los partidos y los grupos económicos, como ocurre en los casos de financiamiento empresarial de las campañas políticas, que en los últimos años han generado gran impacto en Chile—, por el cual cuadros técnicos y políticos de la Concertación proporcionan a dicha empresas sus redes de contacto, tejidas en su paso por la administración pública. Un rumbo, ciertamente, con varios matices, que no sigue un curso unívoco, pero que suele presentarse típicamente de un modo sectorial: concentrado en los gabinetes presidenciales y las superintendencias, se transita hacia cargos privados relacionados con el mismo sector donde antes se desempeñó en la función pública (Maillet et al., 2016).

Lo anterior ha contribuido a edificar una base social y política sobre la cual se ha venido asentando un nuevo anclaje tecnocrático-empresarial (Caviedes, 2019), formado por la comunión de las élites políticas y económicas que comandan la transición a la democracia, distinguidas cada vez menos por su la opción entre el Sí y el No ante el plebiscito que marca la salida de Pinochet, y que fuera el clivaje que marcara los antagonismos en las últimas décadas. Más bien, lo que hay es el surgimiento de una nueva forma de dominación, que avanza sobre el resto de la sociedad que no es parte de dicha minoría, en tanto estructura de poder que no coopta miem- bros de la élite concertacionista, sino, en el largo plazo, abre paso a una colonización abierta del gran empresariado sobre la política chilena (Ruiz, 2015).

Una colonización empresarial que se arraiga en el carácter socialmente excluyente de la tran- sición a la democracia en Chile, proceso por el cual el Estado dictatorial fue reemplazado por otro constituido sin dar mayor acceso político a intereses sociales distintos a los de las élites (políticas, eclesiásticas, militares, tecnocráticas y empresariales) que lo encabezan, en nombre de la estabilidad democrática. Una trama, de elitización de la política, y de alejamiento de ésta respecto de la sociedad (Ruiz, 2015), que sellará, de allí en más, el dominio incontrarrestado de dichas élites tanto sobre el rumbo de las políticas económicas y sociales, como sobre la direc- ción cultural y moral de la sociedad y sus espacios de base.

En definitiva, en vista de todo lo señalado, el rasgo fundamental de la desigualdad que impe- ra en Chile, en tanto engendro de la concentración de la propiedad y los ingresos, no es su ca- rácter económico o “de mercado”, como reza el ideologismo de la libre competencia difundido por la ideología neoliberal, sino su sello eminentemente político. Y es que ocurre en un país en donde, al mismo tiempo que priman la monopolización y oligopolización en prácticamente to- dos los mercados, se reproduce una tendencia, fundamentalmente entre las grandes empresas, a eliminar la competencia (Ruiz y Boccardo, 2014). Algo que tiene el efecto no solo de someter a las firmas de menor tamaño —condenadas a un encadenamiento productivo de sobreviven- cia, que las subordina—, sino de entronizar a unas franjas empresariales de marcada inclina- ción rentista y anticompetitiva, cuya atención, antes que en la innovación y el emprendimiento, está en la captura de las rentas ofrecidas por un Estado orientado políticamente a crear formas cautivas de acumulación capitalista.

Una modalidad de formación de riqueza concentrada, que, además de producir un poder económico sin precedentes en la escena local, ha venido levantado, a lo largo de los años, cada vez más barreras sociales y culturales entre una élite neoliberal muy reducida y una sociedad homogenizada en sus formas de vida y posibilidades económicas. Una diferenciación social a la que, además de estas fisuras económicas, le sigue también un sistema de cierre cultural que incluye colegios, barrios, centros vacacionales e instituciones confesionales elitarias, que ahon- da las fracturas en la sociedad.

Los hijos de la modernización neoliberal: una nueva estructura y conflicto social

La sociedad chilena, resultada de ese abismo fundado en aquella riqueza súbita, construida bajo orientaciones especulativas, de ganancias a corto plazo y con baja autonomía del manejo estatal, advierte de una profunda transformación en su estructura social. No de cualquiera, sino de una anclada a las consecuencias generadas por la privatización de la vida cotidiana, de honda penetración en el país, y que genera un nuevo individuo, hijo del neoliberalismo avanzado, cuyas dificultades para reproducirse social y culturalmente estallan en un cúmulo de nuevos malestares y conflictos sociales, muy distintos a los antes conocidos, en la etapa na- cional-popular y, en general, en el siglo pasado.

Dicha mercantilización conlleva, en términos generales, un drástico cambio social y cultural, pues requiere del establecimiento y la conversión en mercancía —y, con eso, en ámbito de lucro y explotación— de aspectos de la condición humana que hasta entonces no pertenecían a la es- fera mercantil. Una pesada carga vital, que entorpece la reproducción y expectativas sociales, y que genera dificultades de integración en la sociedad —que muy bien conoce la sociología—, al deteriorarse las formas de socialización sobre las que ella se asienta. En el panorama social chi- leno, dicha descomposición social es aguda, en tanto son arrasados los moldes socioculturales en que encontraba cobijo la vida social y política pretérita, sin que logre aún asentarse trazas de una nueva explicación y sentido para la realidad producida por el neoliberalismo.

En particular, tal transformación se vincula al relegamiento de las viejas identidades sociales que marcaran el siglo XX, especialmente la clase media profesional de inserción estatal y la cla- se obrera industrial ligados a la esfera de la industrialización sustitutiva del Chile desarrollista. En el caso de los primeros, la sostenida expansión de los sectores medios es un rasgo central de la mutación social que provoca el giro neoliberal, al convertirse en el incremento de mayor significación numérica en la estructura social, particularmente en lo que respecta a su fracción asalariada de carácter privado (Ruiz y Boccardo, 2014). Dicha expansión es resultado de la reconversión de las viejas burocracias públicas expulsadas del aparato estatal en los años ochenta, producto de las privatizaciones y el desmantelamiento del “Estado empresario”, que pasan a integrar masivamente el rubro de los servicios, altamente dependiente del auge del crecimiento economico

Asimismo, esta asalarización mesocrática privada de un amplio segmento de fracciones de “clase media” de primera generación, generadas justamente en medio de la bonanza económica vivida en democracia. Unos sectores medios, estos últimos, cuya distinción se aso- cia a las credenciales educacionales que detentan, sus ingresos y niveles de consumo elevados, así como a las inéditas posiciones de estatus y confort que marcan sus historias de vida. Ellos privilegian el esfuerzo individual por sobre las formas de acción colectiva típicas de la etapa nacional-popular, sobre todo porque, en muchos casos, dejan atrás, en poco tiempo, la con- dición asalariada más baja de sus padres. Con ello, aspiran a las representaciones del éxito y a los estilos de vida que ostentan los nuevos grupos económicos y las franjas gerenciales que los acompañan en la administración de sus empresas —imágenes sociales de la modernización neoliberal de gran fuerza y relevancia—, en las que estas franjas sociales medias también se desempeñan (Ruiz y Boccardo, 2014).

En buena medida, la conformación de esta nueva fracción media de primera generación se vincula a la expansión educativa alentada por el propio giro neoliberal a nivel universitario. Un crecimiento que se concentra fundamentalmente en el sector privado, en donde aumenta la matrícula universitaria hasta niveles que desbordan holgadamente a los planteles estatales (Sanhueza y Carvallo, 2018), en circunstancias en que se debilita aceleradamente la figura de la universidad pública de alcance nacional, ya en crisis desde la etapa autoritaria. Tal rasgo formativo anclado al ámbito privado, se proyecta a su desempeño laboral al erigirse como principal beneficiaria de la demanda por empleos asalariados calificados que alienta la pujanza de la empresa privada en el Chile de las últimas décadas. Una demanda que, no obstante, se solventa bajo condiciones de alta flexibilidad —aunque no siempre de precariedad—, contrastando con la mayor estabilidad relativa que exhiben las aún existentes franjas medias asalariadas del sec- tor público, pese a la proliferación, también en el Estado, de formas de trabajo flexible (Ruiz y Boccardo, 2014).

Estas condiciones sobre las que crece el empleo dirigido al sector mesocrático de carácter pri- vado, asalariado e independiente, parecían revelarse, en sus inicios, en los años noventa y has- ta comienzos de los 2000, como una ventaja frente a otras franjas medias resabio de la etapa nacional-popular, condenadas a la desaparición o al simple reacomodo bajo las modalidades de integración promovidas por las primeras (Faletto, 2008). Sin embargo, la radicalización de la mercantilización de la vida cotidiana, justamente en democracia, ha tendido a diluir estas formas de diferenciación social que parecían consolidarse, y que se proyectaban como separa- ción nítida entre nuevas y viejas franjas medias. Más aún, ha tornado improcedente, de modo cada vez más claro, aquel calificativo de “nuevas clases medias” con que las ciencias sociales se apuraran en caracterizar su condición profesional, heterogeneidad e ingresos comparativa- mente más altos a los de sus padres (OCDE, 2019; McClure, 2012; Méndez, 2010).

En realidad, lo que se observa al avanzar la maduración de esta situación social producida por el neoliberalismo avanzado, es que dicha condición profesional, que antes supusiera una suerte de pasaporte a una posición de “clase media”, que incluía cierta prosperidad material, estabilidad social y una diferenciación cultural diáfana respecto al mundo obrero, ya no funcionada del mismo modo en los marcos de la extrema experiencia chilena. En concreto, en primer lugar, porque, al no escapar a la voracidad mercantil, la educación superior, sobre la que se anclara esa diferencia social y cultural de la antigua clase media, se ha ensanchado en el Chile actual en proporciones tan vastas y bajo calidades tan disímiles entre una universidad y otra, que han terminado originándose nuevas segmentaciones y desigualdades en tal estructura de oportunidades. En segundo, porque tal inorganicidad de la expansión terciaria, vía matrícula privada, al producirse sin calce en una estructura productiva y ocupacional que la soporte, dado el carácter primario-exportador del modelo económico chileno, ha deteriorado la condición profesional enormemente, arrojando cada año a cientos de miles de jóvenes a un mercado laboral débil, sobre todo en períodos de contracción económica.

Así pues, lejos de una pretendida expansión de las clases medias chilenas —idea que ensalza

la imagen del “milagro económico” que no es tal—, en su lugar campea una aglomeración in- ternamente muy segmentada de nuevas capas profesionales, que acceden de modo inestable e incierto a mejores condiciones de consumo, pero, en ningún caso, a las proyecciones y estabili- dades que antaño proveyera esa condición en la que se cifraba el futuro. Si a esto se le suman,

además, los altos niveles de endeudamiento sobre los que se sustenta en Chile el acceso a la aventura universitaria, termina por conformarse un panorama que, en los hechos, es antes de destrucción de la condición mesocrática que de diferencia generacional nítida o de su expansión en la sociedad contemporánea. Un desgarramiento que avanza a manos de la rotación e inestabilidad laboral y de la fragmentación que producen las nuevas formas de diferenciación social que marcan a los sectores medios, antes mucho más homogéneos. En su lugar, hoy se abigarran diversas capas y culturas, en una especie de zona gris —poco caracterizada aún por la sociología chilena—, que no alcanza la madurez ni los rasgos para ser calificada como de “clase media”, a no ser que se repliquen mecánicamente unos moldes analíticos desfasados en el tiempo.

Ahora bien, por otro lado, en el caso de la condición obrera, su desnaturalización en el Chile neoliberal corre a manos tanto de la desindustrialización, como de la represión a las organizaciones y principales liderazgos sindicales durante la dictadura y la transformación de la legislación laboral que se proyecta, sin cambios sustantivos, hasta la etapa democrática. Una desarticulación social y política que, tempranamente, produce una “pérdida del peso estratégico” que detentara este grupo social en la sociedad chilena (Martínez y Tironi, 1985).

En su reemplazo, se desata, desde la segunda mitad de los años ochenta, un crecimiento ininterrumpido del trabajo de servicios, que siguiendo el mismo patrón que con los sectores medios, tiende a la privatización del sujeto laboral en el Chile contemporáneo. Ello es consecuencia directa, por un lado, de los sucesivos cursos de desalarización y reasalarización a los que la inestabilidad económica sometiera a los obreros desplazados del sector productivo en los años de instalación neoliberal en los ochenta (Ruiz y Boccardo, 2014), para luego, en segun- do lugar, ahora en contexto democrático, consolidarse mediante la absorción de amplias franjas de origen marginal —es decir, hasta allí no integradas al proyecto de desarrollo nacional— y del reclutamiento masivo de un contingente femenino por primera vez integrado al mercado de trabajo formal (Ruiz, 2015), aun cuando ello se haga bajo valoraciones sexistas y precarizaciones potenciadas por consideraciones patriarcales (Vásconez Rodríguez, 2017). Esto último redunda en una disminución sustantiva de la pobreza, en medio de la expansión económica, que es más dependiente del ciclo económico que de políticas estatales. Algo relevante de ano- tar, pues dicha paradoja de simultánea disminución de la pobreza y aumento de la desigualdad forma parte de la confusión externa que provoca la difundida imagen del “milagro chileno”.

De este modo, tal tercerización de la antigua clase obrera chilena, en su cambio interno, va a expresar procesos de incorporación vinculados, más allá de la calidad de los empleos, a expectativas elevadas de mejoramiento de la calidad de vida. Algo que se cumple en torno a procesos de tercerización que no suponen altas barreras de entrada, debido a los bajos requisitos de calificación exigidos, y pese a que, en muchos casos, ello implique que tales trabajadores no accedan a las gratificaciones y al prestigio social vinculados al empleo no manual calificado de antaño. En contraste, esas obreras y obreros “de servicio” sí acceden a participar de una dinámica de producción capitalista moderna, que redunda en sus valoraciones y expectativas (Ruiz y Boccardo, 2014).

Respecto de estas últimas, en una economía como la chilena, insertada en el concierto inter- nacional, pese a su escasa calificación formal —que suele alcanzar como máximo el nivel secun- dario— tales trabajadores participan en ocupaciones ligadas a las dinámicas de producción de valor más típicas del patrón de acumulación. De allí que la complejidad de la nueva condición obrera radique, en el Chile actual, en que estimula entre tales franjas sociales una percepción de integración, aunque sea de forma periférica, a la modernización neoliberal, dada su proximidad directa a los referentes culturales más relevantes de dicho panorama. Esto resulta claro cuando las nuevas ocupaciones se comparan con aquellas posiciones obreras ostentadas por sus padres, que estuvieron vinculadas o a los segmentados procesos de modernización de la industria desarrollista o, lisa y llanamente, a la marginación que de los procesos productivos experimentaran los integrantes del latifundio o los sobrevivientes de la periferia urbana duran- te el siglo XX (Faletto y Ruiz, 1970).

Esa percepción cultural se nutre, sobre todo en el caso del sector servicios —donde se articula buena parte del trabajo asalariado del país—, de la convivencia e interrelación con franjas gerenciales y otras modernas burocracias de servicios medias y bajas, en cuya dinámica se valora mucho más el nivel educacional, la iniciativa personal y el apoyo familiar entre los factores que explican el éxito económico, que la acción estatal o instancias colectivas de organización sindical (Ruiz y Boccardo, 2014). Dicha percepción, ligada además a la creciente burocratización que experimentan los referentes tradicionales del sindicalismo en el período de postdictadura, explica la reducción de la influencia de estas organizaciones solamente a pequeños agru- pamientos del empleo público, mientras se mantienen como excepcionales, en un panorama sindical deprimido, lo que ocurre con la minería del cobre y, en menor grado, con el sector bancario, mejor preparados para la negociación colectiva y la defensa de sus derechos laborales individuales y colectivos.

En consecuencia, el nuevo mundo del trabajo forjado por la avanzada experiencia neoliberal chilena exhibe una aguda fragmentación, que atraviesa desde modalidades asalariadas tradicionales con contrato indefinido, previsión laboral y cobertura de salud, hasta opciones de extrema precariedad, como el empleo subcontratado o dependiente de empresas descentralizadas. Unas diferencias que, sin embargo, y por los rasgos del modelo económico local, quedan crecientemente ligadas dentro de las mismas cadenas de producción de valor, integrándose, con disímiles formas y grados, al curso de modernización capitalista (Ruiz y Boccardo, 2014).

Con todo, se trata de una integración generada en circunstancias de un creciente desplaza- miento del trabajo de sus locus tradicionales, como la fábrica o la oficina, y también de sus tiempos habituales, ligados a la clásica jornada laboral. Ambas dimensiones, desbordadas, y con la anuencia de una desregulación absoluta en muchos casos, devienen en una deslocaliza- ción espacial y temporal del trabajo que invade la vida cotidiana al realizarse en todo lugar y en todo momento del día, ampliándose la precarización social e individual. Una que, por cierto, en el caso chileno, y pese a que universalmente suele atribuirse —con cierta razón— a la incor- poración de nuevas tecnologías, comporta, además, el agravante de la ausencia de derechos y protecciones al trabajo.

Esta situación ahonda los obstáculos institucionales a la organización de los trabajadores, amplía las ya altas tasas de rotación laboral y agudiza la fragmentación del trabajo en una diversidad de empleos parciales y puntuales que coexisten y se alternan, arrasando con las antiguas formas de identidad por el oficio y las condiciones de socialización y asociatividad que le eran características. Se erige, así, una marcada heterogeneidad en las condiciones laborales que, como ocurre con los sectores medios, hace que la ligazón productiva de todas estas experiencias vitales, más que articular, distancie todavía más a trabajadores que poco tienen que ver en relación con sus remuneraciones, contratos, protecciones laborales y posibilidades de sindicalizarse.

La desarticulación social y política de las viejas identidades de la etapa nacional-popular, en favor de un nuevo asalariado y unas nuevas franjas profesionales poco maduradas sociodemo- gráficamente (Bourdieu, 1998), dados los altos niveles de rotación, flexibilidad y precarización laboral y del deterioro acelerado de los medios de diferenciación social clásicos, reconfigura el patrón de conflicto social imperante en la sociedad chilena. En efecto, desplazado de la fábrica y la oficina, no se reconoce ya en la pugna distributiva o clientelar, con sus correspondientes presiones corporativas, que sigue marcando a América Latina, sino más bien en una lucha con- tra el agobio neoliberal, dado por estos cambios en la esfera del trabajo y el avance mercantil de las formas de acumulación capitalista sobre las condiciones de vida. De este modo, lo que se erigen son demandas que, ante todo, apelan a ampliar los tiempos individuales y colectivos fuera de la lógica de la mercancía. Ello conlleva a que el conflicto social se desmarque de la sola idea de capturar, como salario o prebendas, una mayor porción de la riqueza para luego usarla como consumo en el resto de la vida —es decir, la demanda tradicional por integración socioeconómica—, para extenderse también a un desafío por desmercantilizar cada vez más aspectos de la vida cotidiana.

Esta apelación por antagonizar con las intrusivas formas de mercantilización de la vida social que han promovido el neoliberalismo chileno y su capitalismo de servicio público, brota, sin embargo, como un reclamo más de individuos aislados, con alta demanda por asirse de una identidad sociocultural, que de grupos sociales organizados de un modo robusto y permanente. De allí su talante germinal como protesta contra el trabajo que invade la vida social e indivi- dual y las nuevas modalidades de explotación y desigualdad que conlleva, así como contra la incertidumbre y sufrimiento que genera. Una nueva subjetividad, propia de los vástagos del neoliberalismo avanzado chileno, sometidos a una privatización de la reproducción social lle- vada al paroxismo.

Crisis del neoliberalismo avanzado: agotamiento de sus promesas y estallido de masas

Las tensiones largamente incubadas por el neoliberalismo chileno avisan que el reciente estallido social no constituye una revuelta inesperada, sino un producto histórico distinto. Y es que, en la última década y media, el patrón de conflicto social, ligado a la mercantilización extrema de la vida cotidiana y a la incertidumbre vital que genera, asoma con nuevos bríos por el agotamiento del modelo primario-exportador, particularmente en lo que respecta a su tasa de crecimiento.

En efecto, en razón de la estructura económica surgida de las reformas estructurales que im- pulsaran la refundación neoliberal en Chile (con predominio del sector externo, financiero y de servicios), en los años noventa se producen elevadas cifras de crecimiento económico sobre la base de un aporte sostenido de todos los factores productivos, incluyendo el capital, el trabajo y la productividad total de los factores (PTF). Sin embargo, desde inicios de los años 2000, lo que pasa a explicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez más un mayor capital y trabajo, en desmedro de una PTF que cae fuertemente hasta llegar al 0,1% en el perío- do 2000-2015 (Ramos, 2018).

En ese sentido, desde el año 2005 se viene produciendo una desaceleración sostenida en la tasa de productividad. Correspondiendo dicha noción a una medida sobre la calidad y uso de los factores productivos —en que intervienen componentes disímiles como la calidad de la fuerza de trabajo, el nivel de deterioro de los recursos naturales, el de inversión en I+D y las eficiencias en el comercio internacional y en la reasignación de los factores entre empresas—, si bien en su baja han sido muy importantes la caída en la ley o grado de pureza del cobre y el deterioro en la disponibilidad de recursos hídricos, lo que ha abierto la pregunta por el poten- cial carácter estructural de esta desaceleración —y, así, por la inviabilidad actual del modelo de crecimiento surgido en dictadura, más allá de sus variaciones coyunturales— es que aquella se ha venido manifestando transversalmente en todos los sectores de la economía. Una situación que afecta incluso a la economía no minera, provocando que no se haya podido retornar a tasas similares a las de la primera mitad de los años noventa, con la excepción coyuntural del sector servicios (Comisión Nacional de Productividad, 2018).

Aunque sus causas profundas son motivo de debate, pues dicho estancamiento de la pro- ductividad constituye un fenómeno mundial y, por tanto, no exclusivo del caso chileno, lo que queda en evidencia es que la apertura comercial y las reformas liberalizadoras del pasado han entrado a rendimientos decrecientes en Chile, y que la escasez de los recursos ambientales, a partir de una degradación creciente por una estructura productiva muy concentrada en los re- cursos naturales, es ya una realidad ineludible. De allí que surja en Chile, en los últimos años, una cierta intención reformista de los gobiernos para sortear dicha constricción estructural de la tasa de crecimiento, con cambios en materia laboral, tributaria y previsional, así como a nivel medioambiental.

Con todo, tanto o más importante que el agotamiento económico para la agudización de la dinámica social, es la crisis de las expectativas que generara ese modelo primario-exportador, como una suerte de promesas incumplidas del neoliberalismo. Ello es claro en relación con los cambios producidos en la estructura social, en tanto, como se ha señalado, ni la nueva asalari- zación ni la nueva condición profesional forjadas en la avanzada neoliberal chilena encuentran calce en las expectativas abiertas por el crecimiento económico que encabezaran los gobiernos democráticos, más allá de la elevación general de los ingresos y el mayor acceso al consumo de bienes ligados a la globalización, respecto de generaciones anteriores. Aquí reside la expli- cación de que el estallido social no corresponda, en forma exclusiva y mayoritaria, a una con- dición de pobreza descalza, como ha ocurrido en otras ocasiones tan típicamente en América Latina (por ejemplo, con el “Caracazo” o el “Cordobazo”), sino que precisamente sean estas mal llamadas “clases medias”, de las que se esperaba salieran a celebrar las bondades del modelo económico chileno, las que encabezan las protestas.

Queda en suspenso, así, la construcción de un relevo a la estructura de sentido que fuera arrasada por la transformación neoliberal, al no poder ajustarse a las condiciones sociales y económicas imperantes, en las que son desestructurados para siempre los viejos sujetos socia- les que las portaran. Un producto de la esencia desarticuladora con que se edifica la nueva so- ciedad chilena bajo la égida neoliberal, que induce una suerte de inadecuación entre estructura y cultura que es profunda, y que abre una crisis de racionalidad sobre la cual se diluyen muchas de las estructuras que contenían las formas de la personalidad, los modos familiares y el hogar, así como los patrones de autoridad que soportaban las instituciones en las que se asentaba el poder en la sociedad chilena.

En relación a este proceso, un dilema mayor para la legitimación del orden social surge delagotamiento de la promesa liberal meritocrática, muy difundida en las últimas décadas. En particular, porque dicha promesa, ligada a la idea de igualdad de oportunidades, palidece frente al carácter político y no mercantil de la desigualdad local, engendrada por la concentración económica. De este modo, perecen en sus manos tanto la epopeya de la “destrucción creativa” de un capitalismo competitivo, como el valor del esfuerzo y la expectativa de ascenso social que están detrás de la masificación de la educación superior, apuesta por la cual se buscó generalizar al conjunto de la sociedad una idea de movilidad social ascendente antes privativa de las capas medias tradicionales del siglo XX (Ruiz, 2015). Un desengaño al que también se suma la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral formal y a esa misma educación terciaria, pues pervive allí una exclusión social signada por roles de género proyectados desde el entorno familiar-íntimo hacia el mercado (Ruiz y Miranda, 2018).

La ruina de la promesa liberal se alienta en el contraste por el que dominan el panorama unas tecnocracias que rotan entre las altas plazas estatales y los directorios de los grandes grupos económicos, como resultado de opacos manejos políticos. Una consecuencia de colonización empresarial de la política, que, como se ha señalado más arriba, se liga estrechamente a la distancia entre política y sociedad que, como ensoñación elitaria, ha predominado en Chile, agudizando hoy la crisis de representatividad que afecta al sistema político en su conjunto, y por el que, entre otros efectos, se ha producido el deterioro de los partidos políticos tradicionales y las tasas de abstención electoral más altas de América Latina (Ruiz, 2019). En realidad, en la medida que la política restringida va siendo desbordada por los malestares sociales y culturales que crea el neoliberalismo, el desplome de la promesa liberal del ascenso social escala a una crisis general de legitimación de las élites, a partir de la cual todas las instituciones del país pasan a ser impugnadas por sus prácticas y objetivos.

De todos modos, tal distancia con la política institucional no se produce bajo las usuales con- diciones de apatía con las que suele asociarse este fenómeno, como sugiere la imagen clásica de la despolitización. Por el contrario, ocurre en presencia de una sociedad altamente movilizada, que viene mostrando, por más de una década, un comportamiento que es más bien de apoliti- cismo, en donde al lado de la baja participación electoral, aflora su carácter volátil, dado tanto por la desaparición de las lealtades políticas duras como por la recurrencia del “voto cruzado” y el de “castigo”.

Pero, además, ese divorcio con la política marcha en paralelo a una escalada de multitudina- rias manifestaciones que tienen lugar, desde el año 2006 con la protesta estudiantil secundaria (la “revolución pingüina”), en torno a agrupamientos y demandas específicas. Un lapso por el cual, paulatinamente, el eje del conflicto deja de estar subordinado al clivaje dictadura-de- mocracia, cuyo peso fuera indiscutido en los primeros años de democracia (Ruiz, 2015), para redefinirse en relación a la crisis de certidumbre en la vida privada y colectiva que recorre a la sociedad chilena, relacionada con la destinación de una proporción cada vez mayor de los ingresos al pago de servicios básicos o de protección social privatizados, así como al empuje por nuevas libertades y derechos. Un curso, hasta el presente, por el que afloran nuevos actores sociales, entre los que destacan movimientos de lucha contra el sistema de pensiones, contra la contaminación medioambiental y la privatización del acceso al agua, contra el lucro y el endeudamiento universitario, a la vez que crecen año a año un renovado movimiento feminista —que mezcla a luchadoras sociales de distintas generaciones— y otro que congrega con fuerza a las disidencias sexuales.

Este ciclo de manifestaciones sociales constituye un aviso del papel secundario de los viejos actores, desestructurados por las profundas transformaciones estructurales e institucionales de las últimas décadas. Ya no son ellos los que encabezan la protestas. En su lugar, domina la experiencia individual, por la que esa alta propensión a la movilización corre junto a una baja propensión a la asociatividad. Es la expresión de una desarticulación no reemplazada aún, in- dicativa de las mutadas condiciones de reproducción y de vida social, así como de sus nuevos dilemas y malestares.

Desde Octubre pasado eso ha vuelto a quedar en evidencia. Las movilizaciones no son lideradas por los antiguos sindicatos y centrales, ni las encabezan los viejos gremios de empleados y profesionales; menos aún los partidos políticos, cuyas banderas, sin distinción, brillan por su ausencia. Sin embargo, a diferencia de aquel antecedente de la historia inmediata, el estallido social en curso ha implicado, por primera vez, la articulación de todas esas rebeliones sectoria- les. Y ello ha ocurrido porque aquella crisis, gatillada abruptamente por el alza en las tarifas del transporte subterráneo de Santiago y las acciones de evasión convocadas por los estudiantes secundarios, no es sino la explosión de todas las tensiones fraguadas en la emergencia incon- clusa de aquella nueva estructura social producida por el neoliberalismo avanzado.

Ahora bien, justamente por eso mismo, por aquel bajo nivel de constitución histórica de dicha estructura social, como producto no madurado de la desarticulación de las viejas iden- tidades sociales en favor de un conjunto de individuos solo cohesionados circunstancialmente por su condición de consumidores en mercados de diverso tipo, aquel estallido social es tam- bién una crisis de dicha condición de masa. De este modo, lo que emerge actualmente, por tal generalización de intereses, es un sujeto pluriclasista compuesto por aquella diversidad social producida o subordinada al neoliberalismo. Una especie de nuevo pueblo, justamente por su inmadurez sociodemográfica, que constituye frente a sí, como su alteridad, a una oligarquía neoliberal, resultado de la comunidad de intereses asentada entre las élites sociales y políticas en las últimas décadas. Una oligarquía, por cierto, no en el sentido hacendal, con ese tradicio- nal arraigo agrario y conservador, sino una como “gobierno de pocos”, resultado de la acumu- lación del poder y la riqueza producida por el neoliberalismo avanzado.

Aquel es el sujeto en ciernes que encabeza la demanda por dignidad de los hijos de la mo- dernización neoliberal, justamente el sector de la sociedad chilena al que toca más de cerca la desigualdad, desprotección y exclusión sociales que consagra el avance mercantil sobre la vida cotidiana, así como el maltrato y falta de reconocimiento que guardan las élites para el resto de una sociedad a la que miran a distancia por el enorme abismo que los separa.

Se constituye, así, de aquí en adelante, una situación abierta que plantea un inédito esce- nario de reforma de una experiencia de neoliberalismo avanzado. Algo que puede implicar, entre otros elementos, revisar la noción de Estado subsidiario vigente, la forma de inserción chilena en la economía mundial, la universalidad de los derechos y su tensión con la focaliza- ción del gasto social estatal, el régimen de prescindencia estatal en materia de regulación de las relaciones sociales e importantes libertades demandadas. No en balde, dicha opción de renovar el modelo de desarrollo y el régimen político actual, ha abierto una nueva coyuntura constitucional. Una que, si bien advierte de lo trascendente del momento histórico, no agota los requerimientos para una eventual salida del neoliberalismo. Un hito que, paradojalmente, parece presentarse como opción en el primer país que cayó en sus manos.

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