Las comunidades campesinas e indígenas del Paraguay frente a la concentración y extranjerización de la tierra

The peasants and indigenous communities of Paraguay face the concentration and foreignization of the land. A case study on the recent history of the depart- ments of Alto Paraná and Canindeyú

Un rasgo saliente de la formación social paraguaya es el carácter dependiente de su desarrollo capitalista, situación relacionada decisivamente con una economía orientada principal- mente a producir materias primas, la configuración de una estructura agraria regida por el latifundio y orientaciones políticas signadas por las concesiones directas al capital extranjero.

El presente trabajo tiene por objetivo describir y analizar la situación de las comunidades campesinas y de pueblos originarios afectados por la concentración y extranjerización de la tierra durante la historia reciente del Paraguay. Específicamente, se trata de una investigación sobre la cuestión agraria en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, que sirve para ilustrar el proceso histórico general que vive el país. De todas maneras, el estudio describe y analiza datos procedentes de un horizonte espacial y temporal vasto, dada la interconexión de los acontecimientos nacionales e internacionales, y la incidencia estructural de los procesos históricos de larga duración.

Hemos orientado nuestra estrategia metodológica a una investigación cuali-cuantitativa. La información cualitativa recoge parte de un relevamiento de los testimonios de campesinos e indígenas sobre sus planteos, dificultades y aspiraciones en torno al problema del acceso a la tierra, realizado durante el año 2014 y 2015. Asimismo, se han utilizado otras fuentes como revistas, diarios, panfletos y otros documentos que refieren a acontecimientos vinculados al objeto de investigación. Por otra parte, se recuperan estudios previos que aportan datos para una caracterización de la formación social paraguaya y las comunidades y organizaciones cam- pesinas e indígenas.

La vertiente cuantitativa tuvo como referencia las fuentes oficiales procedentes de la Di- rección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (DGEEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Además, se recuperaron datos cuantitativos consignados por centros de investigación (como Base Investigaciones Sociales -Base IS) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay –CODEHUPY-)

En definitiva, hemos indagado y reconstruido los acontecimientos y procesos recientes con- siderando la relación dialéctica que tienen las relaciones sociales y económicas con los modos de actuar, sentir y pensar, las pautas culturales y las diferentes formas de poder en los que participan los sujetos. Lo que se suma a que también registramos la incidencia histórica de la cuestión agraria sobre las comunidades campesinas e indígenas.

Si se analiza la dinámica del capitalismo a nivel global se puede observar que la competencia entre capitalistas marca una tendencia a la concentración de la producción y centralización del capital (y viceversa). Esta concentración se vincula con las ventajas de la producción en gran escala, que eleva los niveles de la reproducción ampliada y la acumulación de capital por parte de la gran burguesía.

El mecanismo propiamente capitalista para sobrevivir a la competencia que desarrollan las empresas es la inversión en capital constante, elevando la productividad e intensidad del pro- ceso productivo. Ahora bien, este incremento de capital y su efecto de mayor producción de bienes, se tiene que comparar con las tasas de expansión del mercado al que abastecen: un mercado naciente tiene espacios para múltiples capitales abasteciéndolo, pero un mercado ma- duro ya no crece demasiado y el mayor flujo de bienes producidos se encuentra en problemas de caer en situaciones de superproducción. En este punto, por la vía que fuera (guerra de precios, compras agresivas, etc.) sólo unos pocos capitales sobrevivirán, concentrando el mercado.

Un rasgo saliente de este proceso fue el desarrollo de las empresas corporativas también de- nominadas como conglomerados empresarios o combinaciones. La firma conglomerada reúne en una sola empresa a distintas ramas de la industria que, en general, o representan etapas sucesivas de la elaboración de la producción, o son ramas subsidiarias entre sí. Sin embargo, la conglomeración puede ser también no relacionada, invirtiéndose en producciones que no es- tán vinculadas con la original. La conglomeración suele aparecer como efecto paradójico de la monopolización: la concentración de excedentes en la rama termina por enfrentarse a límites para continuar su expansión dentro de la misma rama (porque los competidores son igual de poderosos o porque la rama está completamente concentrada), por lo que acaba por utilizar esos excedentes en otras áreas, no necesariamente relacionadas. Es decir, la concentración repercute en un exceso de recursos que la propia competencia –concentrada- le impide apro- vechar en el espacio mismo de valorización.

Ahora bien, si se toma en cuenta la actuación en terceros países del gran capital monopolista u oligopolista observaremos su carácter de capital imperialista. Lo que se verifica, entonces, es un proceso de multinacionalización o transnacionalización de las empresas tanto por la diversidad de capitales que componen sus paquetes accionarios como por la pluralidad de merca- dos donde actúan y extraen sus recursos. Las multinacionales surgen con la crisis de fines de siglo XIX y los inicios de la expansión del capital imperialista, debe considerarse como tales a aquellas empresas que instalan filiales en múltiples países donde producen de forma integral todo el producto. La expansión de las transnacionales alude a un proceso más reciente –principalmente a partir de la crisis de fines de la década de 1960 e inicio de la de 1970-, se trata de producir a través de distintos países. Es decir, las filiales se desintegran verticalmente y cada una pasa a encargarse de sólo una etapa del proceso productivo. Esta situación implica una mayor pérdida de soberanía de los Estados dependientes: las decisiones respecto a las cadenas globales de valor no se toman en estos espacios, que aparecen más o menos intercambiables entre sí. Un mecanismo de exportación que aparece en este esquema es el de los precios de transferencia: la empresa decide sus precios internamente, y puede transferirse a valores diferentes según como le convenga, más barato o más caro. En este marco existe una asociación y entrelazamiento particular entre estas empresas (y las burguesías que las controlan) y el Esta- do de su país de origen (Vilas, 1973).

Vale destaca, la excepcionalidad que supone que, en los últimos años, un fenómeno nove- doso en el escenario económico mundial ha sido el desarrollo de corporaciones de los países capitalistas dependientes que, a la vez que invierten en su país de origen, han conseguido realizar inversiones en el extranjero y extraer plusvalía de terceros países. Se trata pues de una expansión vinculada a la permanente transformación de las relaciones de dominación, contra- dicción, subordinación y asociación en el plano internacional. De este modo, las burguesías de países dependientes han logrado extraer plusvalía dentro y fuera de sus fronteras. En América Latina, capitales brasileños y mexicanos, y en menor grado chilenos y argentinos, han realizado inversiones en terceros países –en especial en el contexto regional latinoamericano- y la tendencia se ha incrementado desde la década de 1990, llevando a la expansión de capitales de distintas economías dependientes.

Específicamente en el caso brasileño, aun manteniéndose la posición subalterna de Brasil frente al imperialismo, este país asumió una política económica expansionista autónoma y una creciente incorporación de las características políticas y sociales dominantes en las sociedades imperialistas contemporáneas. Es importante considerar que el capitalismo brasileño se ha ubicado dentro de las 10 mayores economías del planeta en los últimos años. Estos entrela- zamientos no deben ser vistos al margen de las múltiples vinculaciones de estas burguesías dependientes y relativamente más débiles con los capitales imperialistas a los que globalmente se subordinan.

Respecto a los sujetos agrarios y las clases sociales en campo, vale observar que la propia existencia del capital reside en relaciones sociales basadas en la producción de valor por parte de la fuerza de trabajo asalariada y que ocultan el acaparamiento de beneficios producido por la no remuneración de una parte del trabajo (sobretrabajo). La expansión de las relaciones so- ciales capitalistas conduce permanentemente a la concentración y necesita, para su desarrollo a escala social, de una constante expropiación de propietarios de medios de producción.

Este proceso de ampliación de las relaciones y condiciones sociales capitalistas se expresa históricamente en un doble movimiento. Por un lado, se presenta la expropiación de grandes masas campesinas, agrarias y de pueblos originarios que por diversas razones (atracción de la vida en los centros urbanos, expulsión de sus tierras, mantenimiento de formas de producción tradicional, etc.) son enajenadas de la propiedad y uso de los medios de producción, y que pasan a constituir y ampliar el mercado de fuerza de trabajo. Por otro lado, existe una expropiación generada por la propia concurrencia capitalista (competencia intercapitalista), es decir, el régimen capitalista de producción contiene una lógica concentradora y centralizadora de la producción y del capital que presupone nuevas expropiaciones en su búsqueda de una mayor extracción de plusvalía.

Bajo el primer movimiento se expresa la permanencia de la dinámica de los procesos de expropiación que puede ser observada en las distintas experiencias de extinción de derechos comunales y consuetudinarios, supresión de formas de producción y consumo no capitalista, y expulsión y proletarización de poblaciones rurales en distintas regiones del planeta. Además, la continuidad de situaciones semejantes o que actúan de manera similar a la “acumulación originaria” –aunque ya no como punto de partida del sistema capitalista- se manifiesta en la apropiación privada de tipo capitalista de la tierra y otros bienes naturales (aguas), conoci- mientos e instituciones públicas, y el patentamiento de códigos genéticos y seres vivos. Para Harvey, la marca del “nuevo imperialismo” estaría dada por la “acumulación por desposesión”

-es decir, la mercantilización de bienes que hasta entonces estaban por fuera de las relaciones sociales capitalistas- que se realiza orgánicamente vinculada a la reproducción ampliada del capital (Harvey, 2004). Esta expropiación no se realiza sólo por medios económicos, sino que supone mecanismos de despojo violento y directo y/u procedimientos jurídicos y políticos que habilitan tales fenómenos (Alimonda, 2011).

De este modo, en el marco de la expansión del desarrollo capitalista se ha verificado un pro- ceso de descampesinización relativa (Azcuy Ameghino, 2004). La liquidación de las unidades económicas de los productores directos implica consecuencias socioeconómicas específicas “como el éxodo y el despoblamiento rural, el incremento de los latifundios, la degradación ambiental, la indefensión nacional, la concentración cada vez mayor de la producción, la riqueza, los medios de producción y la tierra, el incremento de la desocupación y la pobreza, etc.” (Azcuy Ameghino, 2004: 181).

Sin embargo, este escenario no involucra necesariamente acontecimientos homogéneos en distintos países y regiones, ni la derrota absoluta del campesinado ni su eliminación completa. Así, estos sujetos han mostrado una enorme capacidad de supervivencia bajo distintas formas organizativas. El debate posterior a la aparición a la obra El capital de Marx (1999 [1867]) en Rusia abrió las posibilidades de pensar en las comunidades rurales como punto de apoyo para la superación de la explotación capitalista (Dussel, 1990).

En América Latina -en la historia más reciente- estas comunidades crean organizaciones sociales y políticas desde las cuales resisten los embates de violencia económica y extraeconómica del capitalismo y luchan por conquistar la tierra para trabajarla. De estas últimas experiencias, podemos elaborar un elemento teórico que sirve para considerar los alcances de dicha unidad de análisis.

Así, entendemos por comunidades a los agrupamientos en los que los sujetos comparten una identidad cultural y social común, reconocen la pertenencia a un territorio y participan de una organización política propia. A esto se agrega que la trayectoria socio-histórica de las comunidades se inscribe en la intervención de luchas y procesos por objetivos compartidos, funda- mentalmente en torno a la tierra y contra las pretensiones de sistemas de dominación econó- mica, social, cultural y política que amenazan su existencia. No es ajeno a este planeamiento que diferenciamos material e identitariamente a las comunidades campesinas de las de pue- blos originarios, pudiendo existir sujetos insertos en realidades mixtas campesino-indígenas.

El capitalismo ha operado en Paraguay como un sistema específico de relaciones sociales de producción. Es decir, la propia inserción dependiente en el mercado mundial capitalista del país sudamericano se realizó combinando de modo de peculiar distintas relaciones de producción que coexisten en una totalidad social determinada (actual y/o histórica). Por lo tanto, es necesario examinar la estructura económica y caracterizar en ella qué relaciones sociales de producción son dominantes y cuáles son subordinadas. (Marx, 1989 [1857-1858]).

Después de su derrota en la guerra de la Triple Alianza o Guerra Grande (1864-1970), Para-guay sufrió una profunda reestructuración de su economía. En ese contexto, buena parte del territorio paraguayo cayó en manos extranjeras –fundamentalmente de capital inglés, aunque también de origen brasileño (como la empresa Matte Larangeira), español y argentino- que intervinieron en la explotación forestal, ganadera y de yerba mate. El Código Civil adoptado en 1876 vino a legalizar y proteger los derechos de los propietarios sobre las tierras. De todas formas, esta integración en el sistema capitalista internacional se registró aún en el marco del sostenimiento de relaciones sociales de producción caracterizadas por la coerción extraeconó- mica (Palau et. al., 2009 [2007]).

El 2 de octubre de 1883, con el objetivo de cumplir con las compensaciones de guerra, se san- cionó la Ley de Tierras, facilitando la venta del suelo paraguayo a bajo precio. Paralelamente, las comunidades campesinas criollas e indígenas resultaban marginalizadas de ese proceso, manteniéndose en los límites estrechos del autoconsumo (Pastore, 1972). En el caso de la po- blación indígena sus condiciones de vida y uso del suelo han sido y son aún más difíciles. Si bien comparte el idioma guaraní con la población campesina, económica, política y cultural- mente ha estado apartada del resto de la sociedad paraguaya (Hetherington, 2014).

Un caso emblemático de esta apropiación de posguerra fue realizado por el empresario espa- ñol Carlos Casado, radicado en la Argentina desde 1857, acaparando unas 5.650.000 hectáreas en la región del Chaco y destacándose en producción y exportación de tanino proveniente de la explotación del quebracho (Dalla Corte, 2009).

En 1886 se constituyó, sobre un extenso territorio de 5.000.000 de hectáreas, la mayor em- presa yerbatera del Paraguay: la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima (LIPSA). La firma

–beneficiándose del decreto del 31 de enero de 1885 que permitía la venta de la tierra pública- reunía como principales accionistas un puñado de hombres extranjeros (fundamentalmente ingleses) e influyentes políticos locales (como el general Bernardino Caballero, quien fuera presidente entre 1880-1886) (Pastore, 1972).

La obra de Rafael Barret describió a principios de siglo XX el trabajo brutal de la fuerza de trabajo mensú en los yerbales (Etcheverri, 2007; Castells y Castells, 2010). La explotación de la mano de obra era mantenida de forma forzosa mediante un continuo endeudamiento con la empresa y contaba con la complicidad del Estado. Así, describió Barret la situación ignominio- sa del contrato de peones mediante la entrega de anticipos:

“Véanse los formularios impresos por la Industrial y de la Matte Larangeira. En Posa- das y Villa Encarnación, importantes mercados de blancos, hay instaladas oficinas antro- pométricas al servicio de los empresarios, como si la selva no fuera suficiente para aniqui- lar toda esperanza de fuga.

¡Pero durante algunas horas todavía, la víctima es rica y libre! Mañana el trabajo forzado, la infinita fatiga, la fiebre, el tormento, la desesperación que no acaba sino con la muerte. Hoy la fortuna, los placeres, la libertad. ¡Hoy vivir, vivir por primera y última vez! y el niño enfermo sobre el cual va a cerrarse la verde inmensidad del bosque donde será para siempre la más hostigada de las bestias, reparte su tesoro entre las chinas que pasan, compra por docenas frascos de perfumes que tira sin vaciar, adquiere una tienda entera para dispersarla. A los cuatro vientos, grita, ríe, baila -¡ay frenesí funerario!- se abraza con rameras tan infelices como él, se embriaga en un supremo afán de olvido, se enloquece. Alcohol asqueroso a 10 pesos el litro, hembra roída por la sífilis, he aquí la postrera sonrisa del mundo a los condenados a los yerbales.

¡Esa sonrisa cómo la explotáis, bandidos! El anticipo, pagado con diez, doce, quince años de horror, después de los cuales los sobrevivientes no son más que mendigos decré- pitos, ¡qué invención admirable! El anticipo es la gloria de los alcahuetes de la avaricia millonaria” (Barret, 1978: 39).

Hacia 1913, la mayor parte de las acciones de LIPSA pasaron a manos del Farquard Syndica- te, un conglomerado de capital inglés. Además, el Farquard Syndicate pasó a controlar el ferro- carril y la energía eléctrica del país, a través de la Paraguayan Central Railways Co. y la Asun- ción Light Company Limited respectivamente. Durante esa década comenzaron los debates legislativos en torno a la tierra del campesinado, sancionándose en 1918 la ley del Homestead.

En la segunda mitad de la década de 1930, luego de la guerra del Chaco entre Bolivia y Para- guay, se produjo la llamada “revolución febrerista” - que reunía una base política heterogénea que incluía tanto elementos fascistizantes como progresistas- y asumió la presidencia el coronel Rafael Franco. En mayo de 1936, se decretó la Ley de Reforma Agraria que promovía la creación de unidades productivas pequeñas y medianas que iban de 10 a 100 hectáreas. Este mecanismo se dispuso mediante la expropiación con indemnizaciones de 2.000.000 de hec- táreas. Cuando Franco fue destituido en 1937 se habían concedido 200.000 hectáreas entre aproximadamente 10.000 familias (Lewis, 2002; Rouquié, 1984 [1982]).

Ya hacia la década de 1960, durante la extensa dictadura militar dirigida por el general Al- fredo Stroessner (1954-1989), cobró impulso el “Plan Trigo” favoreciendo la agricultura tipo farmer en el marco de los avances de la llamada “revolución verde” y el apoyo norteamerica- no a través de la Alianza para el Progreso. En paralelo, se registró un proceso de apropiación latifundiaria por parte de militares vinculados al régimen stroessnista y líderes del Partido Colorado y la venta de tierras a empresarios brasileños (Palau et. al., 2009 [2007]). Ante esta situación, el campesinado nucleado en las Ligas Agrarias Cristianas expresó su oposición a este proceso de expansión capitalista en la agricultura e impulsó la lucha por la reforma agraria (Telesca, 2004).

De todos modos, la dictadura de Stroessner también hizo uso del Estatuto Agrario creado en 1963, en el marco de las recomendaciones anticomunistas de la Alianza para el Progreso. A partir del mismo año, través del recientemente fundado Instituto de Bienestar Rural (IBR), el régimen actuó de forma prebendaria tejiendo una extensa red clientelar entre los habitantes rurales. Este mecanismo se complementaba con la represión selectiva del campesinado oposi- tor al Partido Colorado (Hetherington, 2014).

A partir de estas instancias, los campesinos han reconocido su posesión del suelo, principal- mente, bajo tres formas: mejoras, derecheras y títulos.

La primera consiste en la compra del derecho de uso sobre tierras que eran improductivas y que fueron adaptadas mediante la introducción de estructuras, pozos y huertas. Lo que se ad- quiere en este caso no es la tierra en sí, si no las mejoras introducidas, así como la posibilidad de seguir implantándolas. La situación contempla entonces la expropiación y la indemnización de los inmuebles improductivos y es regulada por los artículos 102 y 4 del Estatuto Agrario (Brunstein Alegre, 2008; Rojas Villagra, 2013).

Respecto a las denominadas derecheras, éstas han consistido en autorizaciones de ocupación intransferibles a los campesinos y han posibilitado el pago de cuotas por la tierra ante el IBR. Su denominación proviene de la cesión de derechos de ocupación de la tierra a los campesinos. Cada inmueble adquirido mediante este mecanismo corresponde a un área de 7 a 10 hectáreas (Alburquerque, 2009).

Los títulos son adquiridos por los campesinos mediante la finalización del pago de las derecheras y, por un período de 10 años, son intransferibles. Según Hetherington, desde una pers- pectiva etnográfica, esta forma de tenencia no es identificada por los campesinos como “pro-piedad privada”. De esta forma, “Los campesinos se refiere a su tierra como cheyvy, chelote o chelote titulado, pero nunca chepropiedad” (Hetherington, 2009: 191). Es decir, se expresan ideas de “mi tierra”, “mi lote” o “mi lote titulado” y no perspectivas de “mi propiedad”, asociada esta última al latifundio o a la propiedad empresarial.

En la década de 1970, numerosos pequeños y medianos agricultores brasileños se instalaron como colonos en los territorios fronterizos del Paraguay. En ese marco, llegaron también gran- des empresarios brasileños que impulsaron desmontes para la extensión del cultivo de soja. Esta leguminosa pasó significar el 5 % de las exportaciones del país en 1971 a representar el 33,75 % en 1979. Al mismo tiempo, este proceso permitió cumplir distintos objetivos. Según Palau y otros, “la instalación de colonos brasileños favoreció tanto la geopolítica brasileña como la Doctrina de Seguridad Nacional paraguaya, porque de esta manera se logró romper la resistencia campesina y se cumplieron los medios de contrainsurgencia” (PALAU et. al., 2009 [2007]: 25).

Como continuidad de estos procesos, en la década de 1980, la reconcentración de la tierra siguió su curso, en forma paralela al avance de la producción de soja y la mecanización del agro paraguayo. De este modo, el proceso de redistribución de la tierra quedó en manos de grandes propietarios que contraviniendo el Estatuto Agrario quedaron en posesión de las llamadas “tie- rras mal habidas”.

Un nuevo ciclo de extranjerización se inició en la década de 1990, con la expansión de la pro- ducción sojera, la consolidación del capital brasileño y una nueva oleada de arribo de capitales transnacionales regionales y extraregionales (Rojas Villagra, 2014; Pereira, 2018).

Al iniciarse el siglo XXI, la expansión sojera fue acompañada de la introducción de semi- llas transgénicas provenientes de Brasil y Argentina. Los territorios donde la soja alcanzó una mayor extensión son Alto Paraná, Itapuá, Canindeyú y Caaguazú (Palau et. al., 2009). En los últimos años, Paraguay se convirtió en el sexto productor mundial de soja (por detrás de Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e India), séptimo en cuanto a la expansión de cultivos transgénicos (luego de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India y China) y el cuarto exportador de soja (siguiendo a Estados Unidos, Brasil y Argentina) (James, 2012).

Vale señalar que este proceso de concentración y extranjerización de la tierra fue profundi- zado a partir de la implementación de políticas neoliberales registradas desde mediados de los años 80. Estas situaciones se registraron aun en el marco de la vigencia del Estatuto Agrario (aunque revisado en 2002 por recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario In- ternacional y el Banco de Interamericano de Desarrollo) y el funcionamiento del IBR (susti- tuido en 2002 por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT-). Según el estudio efectuado por Glauser sobre la base del Censo Agropecuario Nacional 2008: “Por lo menos el 19,4% del territorio paraguayo está en manos de extranjeros (…) De la superficie total en manos extranjeras, 4.792.528 pertenece a brasileños, y 3.096.600 a extranjeros de otras nacionalidades” (Glauser, 2009: 35).

De este modo, la ocupación del territorio en manos de capitales extranjeros continúa pro- fundizándose en Paraguay y los datos sobre los principales grupos acaparadores de tierra debe actualizarse permanentemente.

En la actualidad, la Iglesia de la Unificación (también conocida como “Secta Moon”), de capi- tales coreanos, es la mayor propietaria de tierras, con 590 mil hectáreas en el Chaco.

Otra firma extranjera que acapara tierras es el Grupo Espíritu Santo, vinculado a la firma alemana DEG, que posee 136 mil hectáreas en la región Oriental. Esta empresa fundamentalmente concentra tierras, principalmente, en los departamentos de San Pedro, Caazapá y Neembucú.

Otras concentraciones están en manos de poderosas empresas brasileñas como: el Grupo Fa- vero (130 mil hectáreas) en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Presidente Hayes; Bastos Ferraz con 78 mil hectáreas y Joici Companhoni con 40 mil. La empresa argentino-es- pañola Carlos Casado S.A. -asociada a Cresud- posee actualmente 50 mil hectáreas.

Otro acaparamiento significativo es realizado por una fundación ambientalista estadouni- dense: la Fundación Moisés Bertoni. Ésta posee 64.400 hectáreas concentradas en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en Canindeyú, territorios ancestrales de la etnia aché y guaraní (Rojas Villagra, 2016)

La presencia foránea se registra, además, a lo largo de todo el complejo agroindustrial pa- raguayo. El suministro de semillas, fertilizantes, fitosanitarios está principalmente contralado por Bayer/Monsanto, ChemChina, y Dow/Dupont. En 2017, Paraguay importó agroquímicos por el valor de US$ 419 millones de dólares, utilizándose en la expansión de cultivos transgé- nicos de maíz, algodón y soja (Apipe, 2018).

El capital transnacional se encuentra presente también en el abastecimiento de maquina- rias agrícolas y créditos hasta la reducida industrialización y el comercio exterior. Así, 5 (cin- co) grandes transnacionales controlan aproximadamente el 85% de la exportación de los gra- nos (Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus y Noble) en los últimos años (WESZ JUNIOR, 2014: 54). Además, un conjunto de empresas de capitales brasileños actúan como representantes de las grandes firmas proveedoras de insumos y maquinaria agrícola (Grupo Favero –con convenios con Nidera, Syngenta y New Holland-, Agrofértil –representante de Monsanto-, Agrotec –que opera con Pionner, Dupont, Basf y Mosaic-, Agro Santa Rosa –que actúa con Bayer y New Ho- lland- y Agrosan –que representa a Syngenta) (ROJAS VILLAGRA, 2009), también se destaca la llegada reciente de capitales uruguayos como la empresa Mary SRL (provisión de maquinarias agrícola), Tafirel Paraguay (agroquímicos) y Food Fordward (exportación de productos agropecuarios y agroindustriales). Asimismo, en 2012, el 60% de los frigoríficos habilitados para la exportación estaba controlado por firmas brasileñas, entre las que se destacan Frigorífi- co Concepción, Frigorífico San Pedro, y las subsidiarias de JBS y el Grupo Minerva (Velázquez, 2012; Rojas Villagra, 2015).

Conjuntamente con la expulsión del campesinado por vía de la propia dinámica capitalista se ha verificado en este proceso la utilización de mecanismos judiciales. Sin embargo, son fre- cuentes los casos en la que los intentos de desalojo de las unidades campesinas son acompaña- dos por actos de represión estatal, violencia paraestatal y el uso de la fumigación aérea sobre predios y viviendas (Kretschmer, 2011).

En el caso de las comunidades indígenas, éstas continuaron siendo desplazadas y, en ocasiones, han visto al campesinado como un competidor en el propio proceso de despojo de su territorio y de destrucción de los bosques nativos (Reed, 1995; Clastres, 1998 [1972]).

Así, estas circunstancias contribuyeron a una significativa transformación de la organización productiva y de las relaciones sociales de producción. Dichas condiciones resultaron desestructurantes del campesinado y las sociedades indígenas (Carbone, 2013;Dobrée, 2009).

Los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú son lindantes entre sí y están ubicados en la región oriental de la República del Paraguay.

El departamento de Alto Paraná fue creado en 1945, designándose como capital a la ciudad de Hernandarias. En 1973, se designó como capital a la ciudad de Puerto Stroessner (que en 1989 pasó a ser denominada Ciudad del Este). Actualmente, limita al norte con el de Canin- deyú, al sur con Itapúa, al oeste con los de Caaguazú y Caazapá y al este –río Paraná mediante- con la República Argentina y con la República Federativa de Brasil. El territorio alcanza una superficie de kilómetros cuadrados.

El departamento de Canindeyú fue creado en 1973 y su capital es Salto del Guairá. El territorio departamental posee una superficie de 14.667 kilómetros cuadrados. Al norte y al este limita con la República Federativa de Brasil, al noroeste con el departamento de Amanbay, al sur con los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, y al oeste con el Departamento de San Pedro.

En materia demográfica, la población estimada para 2002 en Alto Paraná rondaba los 559.000 habitantes y en Canindeyú era de unos 140.000 (de las cuales un 34% y 75% era rural respectivamente). En 2002, en cuanto a la población identificada como indígena, en Alto Para- ná estos rondaban el 0,9% y en Canindeyú un 7% (Cuadro 1). Fundamentalmente, se trata de comunidades ava guaraní y mbya, encontrándose además grupos aché en ambos departamentos. Vale destacar la presencia de una comunidad maká en Alto Paraná y de núcleos taí tavyterã en Canindeyú (DGEEC, 2012).

Cuadro 1

Una oleada migratoria de importancia fue la realizada en el marco de la promoción -por par- te de la dictadura de Stroessner- de la colonización hacia el este iniciada en 1963, promoviendo que los campesinos de la zona central del país se asentaran en el oriente paraguayo. De todos modos, el proceso desembocó en una redistribución inequitativa y concentrada; el 2,5% de los beneficiarios fueron adjudicatarios de un 74% de las tierras, mientras un 97,5% de los benefi-ciarios recibieron un 26% (Morínigo, 2005).

Asimismo, como mencionáramos, buena parte de la población de estos departamentos tiene su origen en los flujos migratorios provenientes de los estados brasileños de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná. En 1963, la dictadura de Stroessner levantó la prohibición - esta- blecida en el Estatuto Agrario de 1940- de vender tierras a extranjeros en una franja de hasta 150 kilómetros desde la línea fronteriza, situación que permitió una intensificación de la olea- da migratoria fundamentalmente en la década de 1970. Los migrantes procuraban sobre todo suelos fértiles para la producción agrícola y bajo precio de la tierra. Con todo, se ha registrado modificaciones en las pautas culturales, verificándose desde entonces una fuerte difusión del idioma portugués y la identidad brasileña (fundamentalmente gaúcha) en el territorio para- guayo (Souchaud, 2011) a través –entre otras esferas- del comercio, la publicidad y las escuelas. En este sentido, un 19 % y un 16% respectivamente de los productores agropecuarios de Alto Paraná y Canindeyú registraba nacionalidad brasileña en 2008 (Cuadro 2).

El departamento de Canindeyú fue creado en 1973 y su capital es Salto del Guairá. El territorio departamental posee una superficie de 14.667 kilómetros cuadrados. Al norte y al este limita con la República Federativa de Brasil, al noroeste con el departamento de Amanbay, al sur con los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, y al oeste con el Departamento de San Pedro.

En materai demográfica, la población, estimada para 2002 en Alto Paraná rondaba los 559.000 habitantes y en Canindeyú era de unos 140.000 (de las cuales un 34% y 75% era rural respectivamente). En 2002, en cuanto a la población identificada como indígena, en Alto Para- ná estos rondaban el 0,9% y en Canindeyú un 7% (Cuadro 1). Fundamentalmente, se trata de comunidades ava guaraní y mbya, encontrándose además grupos aché en ambos departamen- tos. Vale destacar la presencia de una comunidad maká en Alto Paraná y de núcleos taí tavyterã en Canindeyú (DGEEC, 2012).

Cuadro 2

Si se analizan los guarismos de los Censos 1991 y 2008, puede verse un proceso de incre- mento de la superficie promedio de fincas del 53 % en Alto Paraná, 34% en Canindeyú y del 38% en el conjunto del país. Es de resaltar que este proceso se produce en paralelo con a una creciente expansión de la superficie agraria con concentración de la propiedad y disminución del número de fincas del orden 6% en el total de Paraguay. Sin embargo, esta tendencia se manifiesta de forma diferente en los dos departamentos analizados: mientras en Alto Paraná el decrecimiento fue mayor al del conjunto del país (8 %), en Canindeyú el número de fincas crece en un 33% (Cuadro 3).

De todas maneras, el proceso de concentración ha afectado a buena directamente a los colo- nos brasileños y otros extranjeros, dado que estos son los que manifiestan una mayor índice de salida de la actividad. Los productores de nacionalidad brasileña decrecen –entre 1991 y 2008- un 44 % y el resto de los extranjeros un 27%, mientras que la disminución de los productores paraguayos sólo decrece un 6% (Cuadro 2).

Cuadro 3

El principal cultivo de la región es la soja. En Canindeyú sobresalen además los cultivos de tabaco y maíz, siendo este departamento el segundo y el tercer productor respectivamente de estos cultivos a nivel nacional. En Alto Paraná, el principal departamento sojero del país, el maíz y el trigo le siguen en importancia (Cuadro 4).

En materia pecuaria, se destaca regionalmente la producción de ganado vacuno seguida de la de porcinos (Cuadro 4).

Cuadro 4

La expansión capitalista de la agricultura, unida a la tala indiscriminada y al inicio de las obras de la represa de Itaipú en 1975, significó una notable disminución del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP). Esta ecoregión se caracterizaba por una selva subtropical húmeda con una rica biodiversidad de especies animales y vegetales que cubría originariamente 10 depar- tamentos de la parte este de la Región Oriental del Paraguay. Según un estudio de 2010, de las 8.000.000 de hectáreas en las que el BAAP se extendía en 1945 solo quedaban unas 700.000; es decir, menos del 10% (Reporter Brasil y Base IS, 2010).

Las comunidades indígenas

Comencemos por analizar la conflictividad en torno a la concentración y extranjerización de la tierra que experimentan las comunidades indígenas de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

La Constitución Nacional de 1992 reconoció los derechos de los pueblos indígenas (Barreto, 2018). Sin embargo, estos pueblos –fundamentalmente dedicados a una agricultura de auto- consumo y a la caza de animales silvestres- atraviesan diferentes dificultades que se suman a las mencionadas en los apartados precedentes; destacándose entre ellas las siguientes: a) las dificultades de acceso a las comunidades; b) la presencia de aguas contaminadas por los agroquímicos utilizados en los cultivos de soja; c) la insuficiencia de suministros de agua y necesidad de acarreo de agua desde arroyos lejanos de las viviendas (desde distancias de 1.500 a 2.500 metros); d) la intervención de intereses extranjeros a través de fundaciones y orga- nizaciones religiosas en la vida interna de la comunidad; e) la pérdida de la medicina natural indígena –incluyendo plantas de propiedades anticonceptivas- y el suministro de productos vegetales y de carne animal debido a la deforestación de los bosques; f) las situaciones de ham- bre y los cambios de la dieta alimenticia; y g) la pérdida de lugares sagrados.

A continuación, presentamos un breve resumen de los escenarios que se observan algunas comunidades de los departamentos bajo estudio.

En el distrito de Yguazú (Alto Paraná), las comunidades mbyá guaraní de Karanday y Re- manso Toro comparten un título de propiedad colectiva de un bloque de 500 hectáreas para un conjunto de 74 familias. Están ubicados en ese lugar aproximadamente hace 23 años. En el caso de la comunidad de Karanday una fundación taiwanesa construyó la escuela. En el caso de Remanso Toro el territorio ocupado, reconocido como ancestral, constituye una parte secun- daria de la ocupada por capitales japoneses. El acceso al agua -4 pozos y un arroyo contami- nado- resulta insuficiente para la cantidad de miembros de la comunidad (Demelenne, 2010).

En el distrito de Itakyry (Alto Paraná), la comunidad avá guaraní de Paso Cadena reúne 84 familias en una superficie de 964 hectáreas. La localización en este lugar es desde hace unos 60 años. El Estado paraguayo compró la tierra y otorgó un título de propiedad comunitaria. Uno de los principales reclamos es por la deforestación y el uso de los agroquímicos utilizados en la fumigación de soja. La presencia de diferentes organizaciones religiosas –como la Iglesia Filadelfia, la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia Bautista y la Congregación Cristiana del Para- guay- ha intervenido en las dificultades de convivencia entre los integrantes de la comunidad (Demelenne, 2010). En ese mismo distrito está presente la comunidad avá guaraní Tupa Ren- da, que en los últimos años asiste a conflictos con colonos brasileños. El 8 de mayo de 20 mayo de 2017, una comunidad indígena fue desalojada en Itakyry por hombres armados con rifles y escopetas civiles armados de la empresa INPASA de capitales brasileños en el sitio conocido como “Colonia Colorado’i” (ABC Color, 2017).

En el distrito de Hernandarias (Alto Paraná), la comunidad avá guaraní Akaraymi está asen- tada en 2.800 hectáreas que fueron compradas por misioneros católicos de la Congregación del Verbo Divino. La medicina indígena ha sido afectada por la deforestación y la fumigación de la soja con agroquímicos, reduciéndose la presencia de plantas medicinales a los alrededo- res de los arroyos (Demelenne, 2010). La comunidad cuenta con un estanque propio de la cría de peces para consumo, recibiendo en 2019 una donación de las especies por parte de Itaipú.

La comunidad avá guaraní de Kirito, en el distrito de Mbaracayú (Alto Paraná), congrega unas 165 familias que reúnen unas 585 personas (DGEEC, 2004: 66) en un área de 1.062 hectáreas que son alquiladas a una empresa productora de soja, con una enorme disminución de las zonas de reserva de vegetación y fauna autóctona. Buena parte de la población de esta comunidad procede de la relocalización de la población indígena afectada por el embalse de la represa Itaipú.

“No hay más medicina natural, terminó. Ahora sólo hay medicina de los blancos (…) No- sotros vivimos de la farmacia porque no más de aquí de 6 kilómetros hay un puesto de salud de afuera, que llevamos a la familia cuando está enferma. Si es grave llevamos a Ciudad del Este.” (Entrevista de los autores a miembro de la comunidad de Kiritó)

La comunidad avá guaraní Tekoha Sauce, compuesta por de 43 familias, ubicada en los dis-tritos de San Alberto y Hernandarias (Alto Paraná), con una superficie de 1.041 hectáreas, se encuentra reclamando legalización de sus tierras ante las amenazas recibidas y como repara- ción por el desplazamiento de su territorio originado a partir de la construcción de la represa de Itaipú. En agosto de 2015, habiendo realizado previamente gestiones ante el Instituto Nacional del Indígena (INDI), Itaipú Binacional y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDERT), sin resultados alentadores, la comunidad consiguió recuperar parte de sus tierras ancestrales. El 30 de septiembre de 2016, por segunda vez, fueron violentamente desalojados de sus tierras. Ese día todos sus bienes materiales fueron incendiados, incluyendo chacras, viviendas, escuela y templo ceremonial. Esta situación hizo que la comunidad se refugie en condiciones de extre- ma precariedad, en la Reserva Ecológica Limoy, perteneciente a la Itaipú Binacional y parte del territorio ancestral indígena. En octubre del 2016 se conformó una mesa de diálogo entre los líderes de la comunidad con altas autoridades del Estado, representantes de la Corte Suprema de Justicia y su Dirección de Derechos Humanos, la Cámara de Senadores, el INDI, INDERT, el Ministerio de Educación y Ciencias, e Itaipú Binacional. Los compromisos del Estado para- guayo con las comunidades afectadas por las represas no han sido cumplidos y los indígenas se retiraron de la Mesa de Diálogo. Los funcionarios del INDI han colaborado con el accionar policial contra los indígenas, oficiando de apoyo logístico para el traslado de la comunidad.

En el distrito de Curuguaty (Canindeyú), la comunidad guaraní de Tekojoja cuenta con un territorio de 194 hectáreas. Están asentadas 22 familias, tanto mbyá como avá guaraní. Los intentos de realizar producción agrícola para la comercialización encuentran el obstáculo del bajo precio en comparación con los productores no indígenas. Faltan medicamentos tradicio- nales o poha ñana por la progresiva desaparición del monte (Demelenne, 2010).

También en el distrito de Curuguaty, la comunidad avá guaraní Fortuna ocupa un territorio de 1.492 hectáreas tituladas a nombre de la comunidad en 1985. En ella viven aproximadamen- te 360 familias (es decir, cerca de 2.700 personas). La comunidad reconoce una antigüedad de unos 70 años. La destrucción de sus territorios o ka´aguy ha llevado a la perdida de sus lugares sagrados y las dificultades de acceso a los alimentos tradicionales, lo cual es asociado a la con- tracción de enfermedades (Demelenne, 2010).

En el distrito de Jasy Kañy (Canindeyú) está la comunidad avá guaraní Tekoha Ka´aguy Poty Kamba. La misma reúne a unas 20 familias (aproximadamente 100 habitantes) y se despliega en un territorio de 154 hectáreas, pero solo tienen título de unas 104 hectáreas otorgadas hace unos 9 años. Las fumigaciones de los cultivos de soja aledaños afectan la salud de la población y contaminan las fuentes de agua cercanas (una naciente y un arroyo que cruza la comunidad) (Demelenne, 2010).

La comunidad Vy´a Renda del distrito de Jasy Kañy (Canindeyú) ocupa una superficie de 100 hectáreas, cuyo título de esas tierras está nombre del INDI. La adquisición de las mismas se consiguió luego de largas luchas, movilizaciones y ocupación de la Plaza Uruguaya en la ciudad de Asunción. Dentro de la comunidad se encuentran unas 22 familias (cerca de 86 personas) tanto mbyá como avá guaraní. La mayor parte de la tierra (un 60% según los indígenas) son es- teros y no sirven para la agricultura. Dicha situación dificulta el acceso a alimentos necesarios, derivando en la “pérdida de semillas nativas que da significado a las oraciones tradicionales o ñembo´e, necesarias para la conservación de la cultura” (Demelenne, 2010: 129). Reclaman pulverizadoras y arado para ampliar sus chacras y, además, solicitan al Estado asistencia técni- ca “ya que en muchos casos el conocimiento tradicional ya no es aplicable debido a los cambios del medio ambiente” (Demelenne, 2010: 130).

La comunidad aché de Kuetuwvy, en el distrito de Ygatimi (Canindeyú), presenta un título sobre las tierras que está manos del INDI. Según el informe de Demelenne: “las tierras son de carácter colectivo, si bien el uso y la posesión son individuales. Esto es, que cada persona en general o la mayoría de la que se tiene conocimiento práctico, ocupa el lugar que más les interesa, de conformidad con el cacique”(Demelenne, 2010: 131).

En el caso de la comunidad mbyá guaraní de Montanía, en el distrito de Curuguaty (Cani- deyú), pueblo Mbya guaraní. La comunidad es afectada por el hambre cuando escasean los animales silvestres que cazan los indígenas por lo que reciben asistencia alimentaria del Esta- do paraguayo. La mayoría de los caminos de acceso son públicos pero uno de ellos es privado y alquilado por productores sojeros.

La comunidad paí tavytera Parir-Apyka Rupa, ubicada en el distrito Itanará (Canindeyú), reúne unas 140 familias. La población presenta dificultades de acceso al agua; la misma es acarreada desde un arroyo que cruza su territorio. Los indígenas aprovechan para la caza unas

1.500 hectáreas de bosque virgen, aunque la presencia de s animales silvestres ha decrecido en los últimos años. La comunidad se encuentra encerrada y con difícil acceso, hay que atravesar varios portones de propiedad privada para acceder a la misma (Demelenne, 2010: 137).

En el distrito de Curuguaty (Canindeyú) está presente la comunidad avá guaraní de Isla Jo- vai. El territorio tiene 345 hectáreas y reúne un total de 14 familias (unos 70 integrantes). Entre las dificultades de la población están los cambios en la dieta por falta de alimentos. Además, los pobladores acarrean agua de un arroyo que está a 2.500 metros, dado que es la única provisión de agua a la que accede la comunidad. El título de la tierra está a nombre de la comunidad pero: “Cada familia tiene su chacra o kokue, realizan mingas cuando es necesario pero gene- ralmente cada casa mantiene su chacra ya que cultivan a menor escala y solamente para consumo. (…)

La comunidad tiene su bosque de aproximadamente 250 a 300 hectáreas que mantiene toda- vía, solo que según comentan ya no hay animales silvestres. Para salir de la comunidad tienen que cruzar un terreno privado que tiene plantaciones de soja y el dueño amenaza con cerrar el paso, la comunidad no tiene otro camino de acceso ya que el camino público está intransita- ble.” (Demelenne, 2010: 141).

En el mismo distrito se encuentra la comunidad avá guaraní de Yhovy, la misma reúne unas 10 familias (aproximadamente 60 personas). La comunidad tiene unas 347 hectáreas sin título de propiedad pero con distribución del uso comunitaria. Acarrean agua de 1.500 metros de la comunidad, las fumigaciones de la soja contaminan el agua con agroquímicos. La comunidad usa la minga para trabajar las chacras de los miembros de la comunidad. La ausencia de animales silvestres lleva a los pobladores a situaciones de hambre. Esto lleva la necesidad de comprar alimentos sólo cuando se consigue algún trabajo por fuera de la agricultura de subsis- tencia como changas en estancias y trabajo en hornos de carbón (Demelenne, 2010: 139-140).

El 1 de febrero de 2019, indígenas de la Comunidad Takahuara’ i de Canindeyú realizaron un piquete frente al Ministerio de Justicia en la ciudad de Asunción, denunciando abusos de productores brasileños y solicitando la renuncia de la titular del INDI (ABC Color, 2019 a); días después cerraron la avenida mariscal López de esa capital, frente al Ministerio de Defensa (ABC Color,2019 b).

Durante octubre de 2019, indígenas de varias localidades de Canindeyú realizaron el cierre intermitente de la ruta 34 Curuguateños, con el objetivo de denunciar atropellos a las comuni- dades. Teodora Vera, líder de la comunidad Yakapoty, reveló los amedrentamientos sufridos por la comunidad Veraró por parte de empresarios, quienes contratan guardias de seguridad privada que portan armas y amenazan a los pobladores.

De manera general, podemos indicar que un modo de afrontar estas dificultades está asociado a la organización comunitaria y el uso colectivo de la tierra. Los pueblos indígenas están organizados en comunidades en donde la representación política es ejercida por un cacique, comúnmente elegido por votos, controlado y subordinado a la toma de decisiones de la asam- blea comunitaria. Además, con frecuencia se forman comisiones y organizaciones internas en esferas tales como la cultura, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, la agricultura y el agua. En ocasiones también existe un dirigente religioso o oporaíva.

Asimismo, para estas problemáticas, estas poblaciones originarias establecen vínculos inter- comunitarios. Las comunidades de Karanday y Remanso Toro participan de la Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Zona Sur; la comunidad Tekoha Ka´aguy Poty Kamba participa del Consejo Distrital de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Jasy Kañy e impulsan la Coordinadora Interregional de los Pueblos Originarios; y la comunidad aché Kuetuwvyve del distrito Ygatimi (Canindeyú) forma parte de una asociación productivo-gremial llamada Liga Indígena de Acción Justicia y Ética (LINAJE). En el caso de los ava guaraní de Alto Paraná participan de la Asociación de Comunidades Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP), unas de las doce organizaciones indígenas miembros de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), se ha visto el accionar de fiscales y poli- cías como garantes de actos de amedrentamiento que incluyeron amenazas con armas de fuego y quema de viviendas (Zárate, 2018).

El 9 de diciembre de 2019 la FAPI denunció que la plantación y el tráfico de marihuana que se planta al interior de los bosques también constituye una amenaza para las comunidades (ABC Color, 2019 c).

Las organizaciones campesinas

En los últimos años, el campesinado paraguayo se ha nucleado en diferentes organizaciones siendo las principales la Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa Coordinadora Nacio- nal de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Organización Nacional Campesina (ONAC), Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Or- ganización de Lucha por la Tierra (OLT) y Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e In- dígenas (CONAMURI). En el caso de Alto Paraná está presente también una organización de tipo regional denominada Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA). Todas ellas tienen por objetivo principal la realización de una reforma agraria integral (que abarca la asis- tencia técnica, créditos, industrialización y comercialización de productos).

Tanto Canindeyú como Alto Paraná son departamentos que se destacan por tener los mayo- res índices de movilizaciones y ocupaciones, siendo realizadas en su mayoría por comisiones u organizaciones locales, aunque también se encuentran presentes las organizaciones campesi- nas de carácter nacional (Palau, 2015).

La FNC surgió en 1991. Sus antecedentes se remontan a una reagrupación del campesinado que se produjo en 1986, sobre el fin de la dictadura de Stroessner: la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA). Su principal objetivo de lucha está dirigido contra el la- tifundio (por lo que sólo se ocupan propiedades de más de 3.000 hectáreas) y por la reforma agraria, reconociendo a este como requisito indispensable para romper con la dependencia del imperialismo y la expoliación de los monopolios transnacionales. En 1999, con una importan- te base de militantes de sus filas se formó el Partido Paraguay Pyahurá (PPP) (Palau, 2005).

Para la FNC, la conquista de la tierra es su prioridad. En segundo lugar, la organización se plantea conseguir el desarrollo de la producción para autosostenimiento y defensa del lugar ocupado. En este sentido, los integrantes de la FNC han tenido, además, que enfrentar los intentos de desalojo por parte de la policía y matones contratados por los terratenientes. La or- ganización ha ocupado unas 190.000 hectáreas improductivas, congrega unas 14.000 familias que contabilizan aproximadamente unas 60.000 personas (Delgado: 2012).

En 2014, ha sido la organización con mayor capacidad de movilización del Paraguay. Entre las principales actividades regionales realizadas pueden destacarse: las movilizaciones contra la sojización del asentamiento de Britez Cué (Canindeyú) y las realizadas en la ciudad de Curu- guaty (Canindeyú). El 6 de octubre se produjo un enfrentamiento entre policías y una columna de la FNC frente a la fiscalía. Posteriormente, el 8 de octubre, la FNC organizó en la plaza de la ciudad una “Asamblea contra el modelo agroexportador y en repudio a la represión policial, fiscal y judicial”. En ese marco, la organización también repudiaba la imputación y orden de captura de un fiscal hacia 6 militantes de la FNC y por la liberación de otros dos encarcelados en Coronel Oviedo (departamento de Caaguazú) por resistir la sojización en Britez Cué.

Entre el 6 y el 10 de febrero de 2015, la FNC organizó a nivel nacional una movilización de- nominada “la larga marcha” que finalizó en la ciudad de Asunción ante 10.000 personas. Junto con otras organizaciones democráticas, populares y de izquierda proyecta para el mes de mar- zo el Congreso Democrático del Pueblo contra la política proimperialista de Horacio Cartes.

La MCNOC coincide con la FNC en su lucha por la Reforma Agraria. Es una instancia que se caracteriza por reunir diferentes expresiones partidarias de izquierda en su seno (como el Partido de los Trabajadores –PT- y Convergencia Popular Socialista -CPS-) y una diversidad de otros agrupamientos campesinos (como MCP, OLT y ASAGRAPA) (Palau, 2005).

El MOAPA se inició en el año 2002 se define como una organización democrática, autónoma y clasista. Fundamentalmente, articula campesinos de los departamentos de Alto Paraná, Ca- nindeyú, San Pedro, Itapúa y Caaguazú. Entre sus objetivos principales -además de la reforma agraria- promueve la unidad del campesinado con otras instancias gremiales urbanas. El Par- tido Comunista Paraguayo (PCP) actúa como principal impulsor de esta organización.

El MCP tuvo su origen en diciembre de 1980, recuperando buena parte de la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas, organizando entre sus filas tanto a campesinos sin tierras como pequeños propietarios. Tiene como principales objetivos la reforma agraria y la defensa de los derechos humanos en alianza con otros sectores campesinos, sindicales y populares. En su lu- cha contra el latifundio ha desarrollado numerosos asentamientos. Internamente ha contribui- do a la autonomía organizativa de mujeres y jóvenes, promoviendo además el agrupamiento de sectores específicos (campesinos sin tierra, familiares de desaparecidos y asesinados, etc). Entre sus principales articulaciones puede mencionarse que el MCP ha sido fundador de la Central Única de Trabajadores (CUT) y de la MCNOC. Internacionalmente, también fue pro- motor de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Se declara democrático, clasista, solidario e independiente de los partidos políticos, el Estado y organi- zaciones religiosas. El MCP está presente en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Pa- raguarí, Cordillera, Canindeyú, Itapúa, San Pedro y Misiones. En 2006, en el distrito de Villa Ygatimí (Canindeyú), el MCP denunció ante la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM) la tala indiscriminada de bosques en unas 5.000 hectáreas de tierras del Ministerio de obras Pú- blicas y Comunicaciones (MOPYC) (ABC COLOR, 2006). En 2009, algunos de sus integrantes participaron en la fundación del Partido Movimiento Patriótico Popular (PMPP). En noviem- bre de 2010, en la colonia Santa Catalina del distrito de Curuguaty (Canindeyú), fue asesinado el dirigente de MCP Mariano Roque Jara Báez. En 2011, campesinos del MCP instalados en 21 hectáreas del asentamiento de Limoy fueron desalojadas por la policía, el cual ocupaban desde 1986. En marzo de 2013, en Tavapy (Alto Paraná), campesinos del MCP fueron baleados por personas armadas y por la policía con el objetivo de amedrentarlos para que abandonen el lugar.

La OLT surgió en el año 1993 y tiene como antecedente una división de la disuelta Coordina- dora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV) que había tenido su origen en 1989 y de cuyo seno se formó también la Coordinadora Interdepartamental de Sin Tierra (CIST). La OLT se autodefine como una organización clasista de campesinos y campesinas cuyo objetivo es la concreción de un proyecto de desarrollo que incluye la reforma agraria, la democracia par- ticipativa y la soberanía alimentaria, territorial y energética. Promueve la unidad de acción con las organizaciones populares democráticas, comunidades eclesiales de base, feministas y eco- logistas (OLT, 2011). En 2011, en Joajú, distrito de Yvyra Rovana (Canindeyú), 300 familias de la OLT ocuparon 5.000 hectáreas de tierras mal habidas, propiedad del empresario alemán Rainer Bendlin. En agosto de 2013, la justicia desalojó a los campesinos con el objetivo de pro- teger la propiedad privada. En octubre del mismo año, luego que los campesinos reocuparan la hacienda, la policía los reprimió, registrándose detenciones y heridos de bala.

La ONAC surgió en 1985, se trata de una organización socialcristiana, de carácter humanis- ta. Sirvieron como antecedentes de esta organización la Juventud Obrera Católica (JOC) y las Ligas Agrarias Cristianas. Sus objetivos están dirigidos hacia la reforma agraria integral, la industrialización y comercialización de la producción, la seguridad alimentaria y la concreción de servicios para las comunidades (caminos, educación, salud, agua potable, vivienda digna y electrificación). En 1990, en el distrito de Minga Guazú (Alto Paraná), víctima de torturas de la policía, falleció el campesino Francisco Báez, miembro de la ONAC. En 2012, en Canin- deyú surgieron enfrentamientos entre campesinos de la ONAC con indígenas aché (ABC Color 2012). La ONAC forma parte de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).

La CONAMURI surgió en octubre de 1999 y se define como una organización clasista, étnica, de género, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal que nuclea tanto mujeres campesi- nas como indígenas. En 2001, cobró mayor visibilidad pública luego de la primera marcha des- de Caacupé hasta Asunción. Desde 2003, llevó adelante una campaña de exigencia de justicia y de denuncia por la muerte de Silvino Talavera, un niño que fue víctima de las fumigaciones de glifosato por parte de productores sojeros alemanes sobre terrenos aledaños a la vivienda de su familia, en el distrito de Edelira (departamento de Itapúa). En 2012, participaron de los campamentos organizados en Ciudad del Este contra la destitución de Fernando Lugo y se movilizaron al Puente de la Amistad que une Paraguay con Brasil. En 2014 han denunciado las situaciones de desalojo del campesinado del distrito de Minga Porã (Alto Paraná)

La ASAGRAPA se formó en 1984 y nuclea unos 17 asentamientos en Alto Paraná, reuniendo unos 2.700 integrantes. Entre sus principales objetivos se encuentra la realización de una re- forma agraria integral y la defensa de los derechos de las comunidades campesinas. En 2007, luego de la muerte del niño de 3 años Jesús Jiménez de la localidad de Leopoldo Perrier en octubre, esta organización lanzó en el mes de diciembre la campaña “Paren de fumigar. En de- fensa de las comunidades y de la vida”. Esta acción llevó a la imputación y orden de detención de Tomás Zayas -secretario general de la asociación y militante del PT- y otros campesinos por “intento de homicidio y asociación criminal” (CASTILLO et. al, 2008). En marzo de 2014, en la colonia Santa Lucía del distrito de Itakyry (Alto Paraná), fue asesinado Eusebio Torres, dirigente de ASAGRAPA, quien había denunciado ante el INDERT la ilegitimidad de los títulos de la tierra ocupada por los latifundistas sojeros.

El 15 de junio de 2012 ocurrió la masacre de Marina Kué en el distrito de Curuguaty (Canin- deyú). Los acontecimientos tuvieron lugar en tierras consideradas mal habidas de la empresa Campos Morumbí SA, propiedad del empresario Blas Riquelme. En un oscuro episodio que incluyó la presencia de francotiradores, en medio de negociaciones por desalojo, se produjo el asesinato de 6 policías y 11 campesinos sin tierra. Lo sucedido sirvió de base para el posterior juicio político y destitución del presidente Fernando Lugo. Posteriormente, se han registra- do testimonios de campesinos torturados y de que al menos 7 campesinos fueron ejecutados. Hasta la fecha existen campesinos inculpados y detenidos por el llamado “caso Curuguaty” sin registrarse policías imputados por estos hechos (Martínez, 2012; CODEHUPY, 2012). A pesar de las políticas de judialización de los conflictos sociales desarrolladas durante la presidencia de Horacio Cartes (2013-2018), las organizaciones campesinas han realizado movilizaciones en solidaridad con las y los presos de Marina Kué (Palau, 2016).

Si bien la problemática es de vieja data (Zarza, 1988; Fogel, 1988; Fogel, 2001), recientemen- te, numerosos campesinos de Tavapy (Alto Paraná) han sido desalojados en varias ocasiones de unas 1.795 hectáreas de tierras que demandan a la Fundación Francis Perrier y han reclamado su expropiación por parte del gobierno. Otros pobladores fueron desplazados del departamen- to de Ñacunday (Alto Paraná) y relocalizados en la colonia Santa Lucía del distrito de Itakyry (Alto Paraná), a la vez que campesinos sin tierra reclaman la función social de la propiedad en Itakyry y se denuncian actos de amedrentamientos, represión y asesinatos.

En ese marco, el Estado, mediante la reforma del Código Penal en 2008 y la sanción de la Ley Antiterrorista en 2010, ha conseguido desarrollar herramientas legales que facilitan la legitimación de la represión y criminalización de las luchas campesinas e indígenas, multipli- cándose el número de detenidos e imputados (Palau, 2016; Irala, 2018).

Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), ocurrieron 8 asesinatos y muertes en torno de la conflictividad agraria. En junio de 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-actual), se registró el asesinato del campesino Edilson Mercado Bogado en Canindeyú (Cabral, 2019).

Como se refleja en este estudio, la expansión capitalista en el agro implica que los sujetos sociales rurales mayoritarios de las relaciones precapitalistas -campesinos e indígenas para el caso latinoamericano- ven amenazada su existencia para dejar lugar lentamente al predominio de relaciones salariales y de acumulación capitalista en el agro. Así, se produce una constante presión económica y extraeconómica para la proletarización de la mayor parte del campesina- do y pueblos originarios, o su condena a la pobreza extrema.

Para el caso paraguayo esta expansión del capitalismo envuelve un nuevo ciclo de con ca- racterísticas específicas en cuanto a la concentración y la extranjerización del territorio. Este proceso involucra el aumento en el uso de agroquímicos y semillas mejoradas, la presencia de empresas extranjeras -incluida la expansión de trasnacionales de la región- en todo el complejo agroindustrial, la devastación socioambiental de los territorios ancestrales de los pueblos ori- ginarios, y el amedrentamiento, criminalización y asesinato de los productores directos

Las comunidades campesinas e indígenas reclaman el freno a la deforestación de su territorio por parte de las grandes empresas y terranientes, principalmente ligados a la producción soje- ra y la expansión ganadera. En este sentido, diversos sectores de la sociedad han manifestado su solidaridad y apoyo a los pueblos originarios amenazados por desplazamientos mediante presiones económicas y políticas. Por su parte, las organizaciones campesinas proyectan la articulación de sus demandas y unidad de acción con distintas organizaciones populares de la sociedad paraguaya.

El peso del poder terrateniente y de los capitales transnacionales en el conjunto de la es- tructura económica y en la vida política paraguaya lleva a estas organizaciones a encontrar en los vínculos colectivos y solidarios un escenario desde el cuál resistirlos y enfrentarlos. Las reivindicaciones en torno a una reforma agraria integral es expresada constantemente en cada declaración y manifestación de las las organizaciones campesinas.

De todos modos, mientras la cuestión agraria sigue sin resolución favorable a las mayorías populares, continúa reproduciéndose la devastación ambiental, la desigualdad social y la po- breza rural y urbana. Al mismo tiempo, la construcción de un Paraguay económica y política- mente soberano resulta todavía una tarea inconclusa.