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“Si soy la próxima en desaparecer quiero ser la última”: Dana, 6 de abril de 2018, estudiante de la UACJ. Apagaron tu luz mientras hacía este escrito…”

Introducción

El capital social y político de las mujeres se construye desde el despoder, condición construida por el hecho de quedar asignadas al espacio privado y ejercer un rol que aparentemente no tiene valor de cambio, lo cual es el reflejo de una cultura patriarcal que convierte a los cuerpos femeninos en campos arenosos sobre los que se implanta dominio y violencia.

El concepto feminicidio retomó importancia en la década de los noventa del siglo pasado, cuando los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez generaron alerta en el mundo entero por el número de víctimas que se acumularon y la falta de respuesta de las autoridades ante el reclamo de justicia. Algunas académicas analizaron el concepto y desarrollaron tipologías con el propósito de forjar una herramienta útil que pudiera ser reflexionada en diversos contextos, así como identificar situaciones, relaciones y motivaciones que originan el asesinato de una mujer.

Este artículo reflexiona sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, entendiéndolos como actos violentos del poder masculino que vulneran al sexo femenino y que son resultado de la violencia institucional y del despoder político-social en que las mujeres se desenvuelven. El despoder femenino es una consecuencia de la discriminación de género en los ámbitos doméstico y público, y es un condicionamiento que naturaliza la precarización de los sujetos femeninos, la discriminación y el ejercicio de la violencia en su contra. Juárez ha sido una de las ciudades donde el feminicidio se internalizó en el imaginario colectivo como una consecuencia natural de la cultura violenta de esta frontera; de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Fiscalía General de Chihuahua y diversas bases de datos, en los últimos 25 años suman 1,779 mujeres víctimas de homicidio dolosos en Ciudad Juárez (Martínez, 2018).

La metodología para la elaboración de este artículo se centra en una investigación documental de recopilación de datos y testimonios que hacen una breve recapitulación de la historia del feminicidio en Ciudad Juárez. La primera parte comprende el análisis del concepto feminicidio y expone distintas tipificaciones que se desarrollaron con el propósito de aportar una herramienta útil tanto en la reflexión académica, como en los ámbitos legales; la segunda hace un breve recorrido histórico de los asesinatos de mujeres en la frontera juarense y expone la complejidad que adquirió la región en el contexto de la guerra del narcotráfico durante la etapa de militarización; finalmente, las conclusiones reflexionan el feminicidio como una expresión de barbarie del poder masculino que transgrede el cuerpo femenino y lo anula con la impunidad que permite el contexto misógino juarense; además resalta la importancia del reconocimiento del fenómeno feminicida como una consecuencia de la vulnerabilidad de algunas mujeres que se desenvuelven en contextos de despoder.

Ciudad Juárez: del feminicidio sexual sistémico al feminicidio corporativo o de segundo estado

Para Incháustegui (2014) la violencia hacia las mujeres en general y los feminicidios en particular son un dispositivo de poder masculino. Esta autora supone que el actuar masculino se debe a la incertidumbre que experimenta respecto a su poder en el mundo actual, de manera que utiliza la violencia como instrumento de control para contener el cambio y el ingreso de las mujeres en espacios vetados de la vida pública. Asimismo, considera que la figura femenina es un sujeto amenazante al statu quo masculino, por lo que hay que detenerla a partir de distintos tipos de control y entre ellos está permitido el ejercicio de la violencia, es decir, al statu quo masculino lo mantiene el sistema patriarcal que funciona bajo determinados roles, sin embargo, cuando ciertas acciones o reacciones de mujeres son tomadas como transgresiones, se acepta tanto en lo público como en lo privado ciertos ejercicios de violencia que van desde lo sutil hasta los más evidente, con el propósito de intimidarlas y echar atrás ciertas acciones que las encaminen a la emancipación.

Según la ley mexicana denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), violencia contra la mujer es todo tipo de violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta, haya compartido o no el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes dondequiera que ocurra. Esta ley contempla cinco tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, y cinco modalidades de violencia: familiar, en la comunidad, laboral y educativa, institucional y feminicida.

La violencia debe reflexionarse como una categoría compleja porque no es una simple interacción entre víctima y victimario, requiere una reflexión más profunda que relaciona acciones, redes, contextos, objetivos, motivaciones y espacios físicos entre el sujeto que practica la acción violenta y quien la recibe. Y si bien hay una multiplicidad de violencias a las que mujeres están sujetas, hay una en específico que habría que discutir con mayor profundidad por las dimensiones que contiene y porque es el resultado del ejercicio pleno de poder de un hombre contra una mujer: la violencia feminicida.

El feminicidio es preciso identificarlo como un fenómeno social, acotarlo conceptualmente y diferenciarlo de otras formas de muerte violenta (ONU, 2012). Por esta razón, la academia lo retomó para su reflexión como una problemática que, aunque no es reciente, es en los últimos años que hay un interés por dimensionarlo como una categoría conceptual y en denunciarlo como parte de un fenómeno social que nos aqueja.

Russell y Radford (2006) sostiene que el asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista, de manera que consideró necesaria una palabra para comprender su significado. Para ella el concepto femicide² fue el que mejor describió los asesinatos de mujeres por parte de los hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas.

Hablar de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres, y considerar situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de poder que desarrollan mecanismos para perpetuar su subordinación y exclusión de la vida política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos (ONU, 2012).

El término femicide fue usado por primera vez por Diana Russell, a mediados de los años setenta, al testificar ante el Tribunal Internacional de Crímenes en Contra de la Mujer en Bruselas. Fue planteado como una manera de distinguir y hacer patente la muerte violenta de una mujer, en oposición a los términos homicidio o asesinato que predominan en la mayoría de las legislaciones. Lo conceptualizó como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres y lo catalogó como un tipo particular de homicidio producto del desequilibrio de poder prevalente en nuestras sociedades (ONU, 2012).

Radford y Russell (2006:57-58) definieron al feminicidio como:

El extremo de un continuo de terror anti femenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: violación, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de los alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugías cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que estas formas de terrorismo resulten en la muerte son feminicidio.

Por su parte, Lagarde (2005) definió el feminicidio como el conjunto de delitos de lesa humanidad que se concatenan y potencian en un tiempo y territorio determinados hasta culminar con una muerte violenta. Para Lagarde el feminicidio en el contexto mexicano constituye un crimen de estado debido a la indiferencia, la impunidad y la omisión de las instituciones en la impartición de justicia.

Radford y Russell conceptualizaron el feminicidio para darle un significado a los crímenes de odio contra las mujeres, es decir, aquellos asesinatos producto del desequilibrio de poder que no son juzgados adecuadamente por ser considerados una consecuencia de acciones violenta circunstanciales. Es importante destacar que Lagarde lo planteó en el contexto mexicano como una serie de crímenes posibilitados por la impunidad y por la negación del Estado a responsabilizarse y ofrecer respuesta a las demandas de justicia, es decir, atribuye a las instituciones un grado de culpabilidad y con esto, también lleva a lo público un asunto que el gobierno ha manejado como del espacio privado, con el propósito de desconocer la situación de alarma que se vive en ciudades como Juárez, ya que hasta hoy pretende que se observe a estos asesinatos como una consecuencia de las relaciones personales de las mujeres y no como la consecuencia de relaciones inequitativas de poder.

A continuación, veamos algunas tipologías reflexionadas por diversas teóricas latinoamericanas.

Cisneros et al (2005) e Inchaustegui (2014) refieren dos tipologías de feminicidio: a) Feminicidio íntimo: asesinatos cometidos por varones con quienes las víctimas tenían una relación y b) Feminicidio no íntimo (Cisneros et al, 2005) o Feminicidio sexual (Incháustegui, 2014): asesinatos cometidos por varones con quienes las víctimas no tenían relación alguna.

Solyszko (2013) contempla tres tipologías de feminicidio: a) Feminicidio genérico: muerte violenta de las mujeres por efectos de un sistema machista y misógino que vulnera lo femenino, b) Feminicidio específico: se debe reflexionar la muerte violenta de las mujeres de una forma particular y c) Feminicidio penal: supone la creación de un tipo criminal específico en el derecho penal que garantice un tratamiento jurídico.

En este sentido, Segato (2014) recomienda que crímenes diferentes necesitan de protocolos de investigación diferentes, de ahí la importancia de estas tipologías. La idea es que los crímenes ocurridos en contextos domésticos sean diferenciados de los impersonales para garantizar la diligencia debida y exigida por los instrumentos de la justicia, así como el acceso y la comprensión del término en el ámbito jurídico. De manera que para Cisneros et al (2005), Inchaustegui (2014) y Solyszko (2013) hay que distinguir los feminicidios según el tipo de relación que se tiene con el victimario o como productos de omisiones estatales, con el objetivo de que se especifiquen en los códigos penales.

Monárrez (2009) basándose en el contexto de Ciudad Juárez, introdujo el concepto de Feminicidio Sexual Sistémico al que definió como una forma de feminicidio que se da en forma continua y deja marcas de violencia similares en los cuerpos de las mujeres y niñas a las que se asesina, lo cual puede ser un patrón reproducido por uno o diversos asesinos. El carácter sistémico deriva según Monárrez (2009), de la impunidad estatal y la violencia de la explotación capitalista sobre los cuerpos de las mujeres, lo cual recrea una especie de ambiente social feminicida y un campo de relaciones que combina diversas lógicas de poder patriarcal. El concepto de Monárrez explica perfectamente la realidad juarense con más de 25 años de impunidad feminicida: mujeres jóvenes que sufren tortura y violencia sexual antes de morir.

Segato (2014) refiere otra tipología de feminicidio que aplicó al contexto juarense cuando se exacerbó la guerra entre bandas del narcotráfico entre 2008 y 2011. Lo denominó feminicidio corporativo o de segundo Estado: muerte de mujeres vinculadas con hombres que participan en organizaciones criminales o pandillas, o mujeres secuestradas o reclutadas por organizaciones de trata con fines de explotación sexual. También pueden ser crímenes motivados por disciplinamiento y/o represión por parte de las fuerzas de seguridad hacia mujeres activistas o mujeres de varones activistas. El feminicidio corporativo o de segundo Estado es un asesinato por venganza o disciplinamiento que incluye secuestro, tortura, mutilación y que parte de lógicas de poder colectivas instaladas en un territorio entre organizaciones del crimen organizado, mafias secretas o grupos de poder juramentados.

Segato (2012) también propuso el término femigenocidio para identificar una forma de genocidio o de crímenes de lesa humanidad contra las mujeres. Los califica como feminicidios de naturaleza impersonal, repetitivo y sistemático perpetrados por facciones armada que tiene como objetivo específico la destrucción de las mujeres solamente por ser mujeres, sin posibilidad de personalizar o individualizar ni el móvil de la autoría, ni la relación entre perpetrador y víctima.

Para Segato (2014) es importante notar los siguientes puntos: a) Reconocer asesinatos que pudieran no calificarse como feminicidios, es decir, identificar asesinatos que resultan impunes al considerarse consecuencia de secuela de conflictos de pareja; b) Observar las responsabilidades del Estado u omisiones en muertes de mujeres producto de un contexto institucional misógino que genera un estado de impunidad; c) Evitar vacíos legales y ofrecer mayores herramientas para su institucionalización e inclusión como una categoría definida y detallada que quede sujeta a leyes y códigos penales; d) Visibilizar las omisiones del Estado y generarle corresponsabilidades que pueden argumentar desde ámbitos de salud, legal, cultural y seguridad.

A partir de las reflexiones de las distintas teóricas que analizaron el concepto feminicidio, más que una contraposición entre las tipologías, se observa un esfuerzo por la especificación del término para convertirlo en una herramienta útil que pueda ser reflexionado en diversos contextos, situaciones, relaciones y motivaciones que ocasionan el asesinato de una mujer, y, sobre todo, está la preocupación por aminorar la opacidad y la impunidad.

Entendiendo el feminicidio desde el despoder

La historia moderna de Ciudad Juárez se reescribe en los años sesenta a partir de la ola de migración de mujeres en búsqueda de mejores oportunidades de vida como trabajadoras de la industria maquiladora. Cuando se instalaron las primeras empresas se contrataron principalmente mujeres por considerarse más aptas para el trabajo operativo, sin embargo, la maquiladora no sólo ofreció una cierta emancipación laboral para las mujeres, trajo una reestructuración neoliberal e implantó un modelo económico y social particular que desencadenó algunos fenómenos problemáticos como la atracción de migrantes urbanos y rurales, pero especialmente de mujeres, la ciudad se popularizó por la feminización del trabajo industrial (Wright, 2007).

Las maquiladoras emplearon a los sujetos femeninos a quienes veían como seres desechables y fácilmente reemplazables (Wright, 2006). Con el propósito de maximizar las ganancias y la productividad prefirieron obreras no calificadas, de manera que se enfocaron en los miembros más vulnerables de la clase trabajadora. Las tareas que las maquiladoras les dieron a las mujeres eran simples, pero al mismo tiempo arduas, repetitivas y de largas jornadas (Fernández, 1983).

Si bien el modelo maquilador ofreció cierta independencia a las trabajadoras al obtener su propio recurso económico, no garantizó una superación de su situación marginal, no hubo un interés por estimular su proceso educativo, proveerles servicio médico de calidad, guarderías para los hijos(as), apoyo para adquirir vivienda digna o transporte eficiente para sus traslados. Las maquiladoras llegaron como representantes de un mundo globalizado y neoliberal buscando la ganancia económica a través de la explotación de la mano de obra barata y se instalaron como una extensión al servicio del modelo patriarcal que sostenía este proceso de alineación mundial. Aunado a esto, las trabajadoras adquirieron una estigmatización negativa por ejercer roles públicos e invadir espacios no designados para ellas. El imaginario colectivo tiene hasta hoy una representación despectiva por ser sujetos femeninos con comportamientos y actitudes alejadas del rol de género asignado, ya que hay muy poca tolerancia a que algunas vivan solas, sean madres solteras o sean activas sexualmente.

La migración constante a Ciudad Juárez de personas en búsqueda de una fuente de empleo provocó un crecimiento desordenado de sectores marginales que no tenían los servicios elementales para ofrecer calidad de vida. El último censo de población contabilizó en Juárez una población de 1,333,131, 49.97% varones y 50.03 por ciento mujeres (INEGI, 2010). Para 2005 la cifra de pobres en Ciudad Juárez era de 494,000. De ese total, 62,000 ciudadanos estaban en pobreza extrema. Los 494,000, que representan un 37% de la población juarense, afrontaba carencias básicas en ingresos, salud, educación, seguridad social, vivienda, infraestructura social básica y/o alimentación (Diario de Juárez, 2015)

Según datos de Monárrez (et al. 2010), el mapa de la feminización de la pobreza ajustado a la distribución por sexos en la ciudad muestra un significativo predominio femenino. Lo anterior implica que el mayor nivel de pobreza de las mujeres no es causado por la mayor presencia, sino por una mayor incidencia en las zonas donde hay mayor población de mujeres, es decir, las zonas con mayor índice de marginalidad social en Ciudad Juárez están habitada por mujeres. Esta autora también detalla una discriminación salarial femenina en todos los mercados de trabajo juarense, que, no obstante, tener mayor nivel educativo reciben 30% menos salario que los hombres. Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 2010), de los 342,928 hogares juarenses, casi el 25% tiene jefatura femenina.

Un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social reflejó que en México la brecha salarial se ensanchó de 1987 a 2001, de acuerdo con este estudio, aumentó de 20.8% a 22.0%. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que en casi todos los países según el Informe Mundial sobre Salarios 2014-2015 –en el que se incluye a México- existen brechas salariales entre las mujeres y los hombres (Revolucionemos Oaxaca, 2010).

Los datos presentados dan cuenta de la marginalidad y el despoder en que se desenvuelve un sector de las mujeres juarenses. Su situación de vida no es fácil de sobrellevar trabajando largas jornadas de trabajo, una existencia mecanizada con poco tiempo para el descanso, el cuidado de la familia y la participación ciudadana. Sumado a esto, la vulnerabilidad de que son presa por la violencia que se padece en la ciudad y que pareciera ensañarse con las mujeres jóvenes y de escasos recursos. Según datos del último censo del INEGI (2010) 25.9% de la población femenina en Ciudad Juárez están entre 15 y 29 años, población que se caracteriza por padecer el mayor índice de violencia intrafamiliar y feminicida

Cifras de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) reflejaron que de 1993 a 2004 se cometieron 333 crímenes, de los cuales sólo 90 (27%) fueron catalogados de carácter sexual. Por su parte la investigación presentada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) de enero 1993 a Julio 2003, registraron 321 mujeres víctimas de homicidio. Esta investigación también advirtió que sólo 90 mujeres fueron víctimas de homicidio sexual, lo cual constituyó el 28% de los crímenes (Pérez, 2011).

La investigación de Amnistía Internacional (AI) Muertes intolerables. México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (2003) determinó que entre 1993 y 2003 fueron asesinadas por lo menos 360 mujeres entre 15 y 22 años de las cuales 126, es decir, el 35% presentó señas de violencia sexual. El Informe denominado Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México (2003), concluyó que un total de 328 mujeres fueron asesinadas durante el periodo 1993-2003, de este total 86 homicidios (el 26%) fueron perpetrados con violencia sexual (Pérez, 2011).

En los estudios mostrados se observa que las cifras si bien no son idénticas sí son muy similares en el número de asesinatos. La PGJE en 11 años reportó un total de 333 asesinatos, el ICHIMU 321 en 10 años, AI 360 y la ONU habló de 328, mientras que, para la ONU, PGJE y el ICHIMU sólo 26%, el 27% y el 28% respectivamente presentaron un móvil sexual, para AI la cifra resultó más alta 35%, en cambio, el informe de la PGJE refirió que mientras que en 1995 y 1998 se registraron 54 homicidios de tipo sexual, entre 1999 a 2003 la incidencia se redujo a 29 casos, en promedio, los homicidios sexuales contra mujeres documentados en los últimos diez años por esta institución pública fueron 8.5 anuales (Pérez, 2011).

Si bien los números facilitan la lectura sobre los índices de violencia contra las mujeres en la frontera juarense, también muestran la injusticia y el estado de despoder que se experimenta cuando se sobrevive a la violación continua de los derechos, la seguridad y la libertad, además de la revictimización de las familias y las víctimas por la sobre exposición a la impunidad derivada de la incapacidad de las autoridades de encontrar a los culpables.

La situación en Ciudad Juárez fue calificada como crítica por Amnistía Internacional y organizaciones locales de la sociedad civil debido a los múltiples asesinatos de mujeres, cuyos cadáveres eran encontrados en la periferia de la ciudad, terrenos baldíos o basureros. Estos organismos también denunciaron que cientos de casos de mujeres desaparecidas o ausentes no eran investigados y coincidían en afirmar que el sistema mexicano de justicia no sólo fue negligente, sino también inepto, cómplice y corrupto (France, 2005).

Sólo mujeres pobres desaparecían y eran víctimas de feminicidio, esto constituía el reflejo de su condición de sometimiento femenino, de despoder y de la complicidad social que naturaliza la violencia, ya que nada parece ser tan grave que amerite ocuparse de seres que no cuentan con capital político, que si viven o mueren no marcan una diferencia para la comunidad por su condición de clase, género, incluso su pertenencia a una etnia que deriva en su color de piel, principalmente oscura.

Para conocer cómo se acentuó el contexto feminicida en Ciudad Juárez y como surgieron las primeras protestas, es importante reflexionar brevemente sobre tres etapas del movimiento de organizaciones de la sociedad civil que se produjo a principios de la década de los noventa con el propósito de lograr justicia para las víctimas de feminicidio y las familias. Según Pérez (2011), fue la participación de las mujeres en los organismos y sus denuncias lo que logró que el fenómeno de los asesinatos se visibilizara en el ámbito nacional e internacional

La lucha contra el feminicidio puede detallarse en tres etapas:

• A la primera etapa Pérez (2012) la denominó Integración porque dio inicio una lucha de mujeres defendiendo intereses de otras mujeres. En 1994, líderes feministas y no feministas de la comunidad crearon un organismo que llamaron Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujeres (CPDM). El índice de asesinatos y denuncias de desapariciones de jóvenes mujeres alertó a estas mujeres, pero fue la aparición de cementerios clandestinos en 1995 y 1996 lo que empeoró la situación. La labor de las integrantes de la CPDM consistió en ejercer presión a las autoridades en la demanda de justicia para las víctimas y acompañamiento de las familias en el proceso de búsqueda de las desaparecidas. Enfrentaron no sólo funcionarios que trataron de minimizar el fenómeno y también un discurso patriarcal que culpaba a las mujeres de sus propias muertes, pues según ellos, las jóvenes morían porque tenían comportamientos riesgosos al vestir de cierta forma y frecuentar determinados lugares a horas no adecuadas.

• La segunda etapa de movilización la denominó Pérez (2012) Reforzamiento, ya que algunas madres de víctimas se integraron a la lucha como nuevas actoras emancipadas reforzando el movimiento. Esta situación fue resultado de ciertos sucesos: el cansancio de las familias ante la no resolución de los casos, la aparición de un cementerio clandestino en 2001 de ocho cuerpos de mujeres en el denominado campo algodonero de Ciudad Juárez, además de la aparición de mujeres asesinadas en la Ciudad de Chihuahua con las mismas características de los feminicidios de la frontera. Se formaron dos organizaciones lideradas principalmente por familias de víctimas: Nuestra Hijas de Regreso a Casa (NHRC) en Ciudad Juárez y Justicia Para Nuestra (JPNH) de la ciudad de Chihuahua. Las madres demandaron atención a los asesinatos, denunciaron la impunidad y exigieron un trato digno. Al principio trabajaron en conjunto con la CPDM, pero, esta última se fue desdibujando en la escena pública y los grupos de madres tomaron el liderazgo del movimiento (Pérez, 2012).

A pesar del esfuerzo de las organizaciones y su incansable denuncia, Ciudad Juárez se tornó en una zona de muerte por la aparición de cuerpos de mujeres jóvenes esparcidos en cementerios clandestinos, pero, ni el gobierno, ni los sectores empresariales, ni la sociedad, ni la iglesia, observaron la situación como asunto grave. El discurso oficial culpaba a las mujeres de sus propias muertes porque tenían comportamientos riesgosos, de manera que los cuerpos de las mujeres no sólo quedaban marcados físicamente por los asesinos, sino también lo estaban por el imaginario social, por la inconciencia y la indiferencia de la comunidad y autoridades responsables de impartir justicia. Morían aquellas mujeres que a nadie importaban porque eran pobres, con tan poco capital político y social que se volvían invisibles (Pérez, 2011). Por su parte, Wright (2007) explica que las mujeres al romper con el esquema del sujeto dócil entregado a la vida doméstica-privada fueron señaladas como prostitutas culpables de sus propias muertes.

Entre las estrategias de defensa de los funcionarios por desviar la atención sobre su incapacidad para resolver los asesinatos o encontrar a las mujeres desaparecidas, estaba la articulación de un discurso conservador y misógino. Arturo González Rascón, exprocurador de Justicia del Estado expresó en una ocasión:

…hay lamentablemente mujeres que, por sus condiciones de vida, los lugares donde realizan sus actividades están en riesgo. Porque sería muy difícil que alguien que saliera a la calle cuando está lloviendo, pues sería muy difícil que no se mojara... (Pérez, 2011:180).

Además, las madres de las víctimas fueron constantemente amenazadas con no investigar sus casos si hacían presión apoyadas por las organizaciones de la sociedad civil. Incluso, eran blanco de sospecha porque eran sujetas de cuestionamientos sobre su vida familiar y sexual con el objetivo de mostrarlas a la opinión pública como mujeres con hogares desintegrados y problemáticos. Rosario, quien se integró a la lucha después del asesinato de su sobrina expresó lo siguiente “…mi sobrina fue culpabilizada por las autoridades de provocar los sucesos que le dieron muerte y buscaron formas de descalificar moralmente a su madre por ser soltera...” (Pérez, 2011:181).

Esta falta de sensibilidad incitó un escenario de impunidad y que la violencia contra el género femenino en Ciudad Juárez tomara índices preocupantes. Se justificó a través del discurso social el feminicidio porque las mujeres no cumplían con los roles de género establecidos y esto provocaba su homicidio. Sin embargo, las mujeres pobres experimentaron una situación de vulnerabilidad más alta que las que pertenecían a otro sector de la población, ya que fueron ellas las más violentadas, tal como se observa en los perfiles de las víctimas.

La última de estas etapas de movilización según Pérez (2012) es la Articulación. Para 2005 la CPDM tenía muy poca influencia y organizaba escasos eventos de protesta en las calles, mientras que los grupos de madres seguían con su lucha y su protesta era directamente en oficinas de gobierno, entonces Red Mesa de Mujeres (RMDM) tomó el liderazgo del movimiento. La articulación consistió en el cambio de acciones y de relaciones que la RMDM entabló con familias de víctimas y el gobierno. A las madres les ofreció soporte legal y psicológico, creó una vía de comunicación con el gobierno local y estatal tratando de influir en sus agendas y se relacionó con organizaciones nacionales e internacionales para conseguir soporte en sus acciones. Sus objetivos consistían en trabajar en los espacios cotidianos de la población en riesgo sin dejar la protesta, lograr la justicia para las jóvenes víctimas de feminicidio y sus familias, denunciar la violencia de género, así como la creación de espacios de acción de empoderamiento femenino desde la cotidianidad. RMDM creó un programa de educación comunal con herramientas formativas de conocimiento para construir diálogos en la comunidad sobre género, violencia, salud y políticas públicas. Mantienen hasta la fecha trabajo comunitario con enfoque de género con especial atención en la población de escasos recursos, que es donde se ubica la población más vulnerable de un acto feminicida.

Red Mesa de Mujeres mantiene una participación muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez. Denuncian constantemente el desinterés de las autoridades en las investigaciones para la resolución de los casos y en la búsqueda de mujeres desaparecidas (Mayorga, 2014). De hecho, fue gracias al soporte que dieron a madres de víctimas que obligaron a las autoridades a identificar 18 osamentas de mujeres en el caso feminicida Arrollo del Navajo, zona conurbada al Valle de Juárez, donde encontraron osamentas de jóvenes y niñas con un patrón de edad entre 13 y 25 años.

Lagarde (2005) considera que el Estado es uno de los grandes responsables de los feminicidios debido a la convergencia criminal de silencio, omisión, descuido y colusión de las autoridades responsables de prevenir y erradicar estos crímenes. El feminicidio se produce cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no asegura las condiciones de seguridad para su vida dentro de la comunidad, en sus casas, en sus espacios de trabajo, en el momento de sus desplazamientos o durante su ocio. Por otro lado, Cisneros et al (2005), considera que la sociedad en general no reconoce la delicada situación de violencia feminicida porque la naturaliza y la ve pasar como un estado normal de la violencia sostenida contra las mujeres, y coincide con Lagarde al afirmar que esta violencia es reproducida por el Estado no sólo omitiendo tomar medidas para prevenirla y proteger a las mujeres, sino también manteniendo la impunidad de los perpetradores.

Cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) declaró la guerra contra el narcotráfico en 2007 ocasionó una lucha entre cárteles que se extendió en todo el país. Ciudad Juárez fue escenario de una gran cantidad de hombres asesinados y se colocó nuevamente en el mapa de la violencia feminicida por el caso del Arrollo del Navajo. Entre 2008 y 2011 se tuvo el número de homicidios más elevado de las últimas décadas (2008 un total de 1557 homicidios, 2009 con 2621, 2010 el más alto con 3107 y 2011 con 1977). Durante los periodos mencionados los asesinatos se concentraron en masculinos entre 18 y 35 años, quienes ocuparon del 62 al 75% del grueso de los asesinatos. Sólo en el año 2010 hubo un incremento hacia el 13% de hombres jóvenes entre 13 y 17 años (Martínez et al, 2013).

El Informe Violencia feminicida en México, 40 aproximaciones y tendencia 1985-2016 (ONU-INMUJERES, 2017) informa sobre las tasas de Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidios (DFPH) y provee información relevante que nos da una idea sobre el contexto feminicida. Entre las entidades federativas con una gran concentración de las DFPH en el país se observa que en el Estado de México han ocurrido 15% de los asesinatos de mujeres en los últimos diez años, lo cual es congruente pues es la entidad más poblada del país (en 2010 y 2015 concentró 13.5% de la población femenina de país). Sin embargo, Chihuahua concentra 10.5% de las DFPH ocurridas en el periodo 2007-2016, pero sólo tiene tres por ciento de la población en los mismos años. Esta concentración de las DFPH se presenta también a escala municipal: el porcentaje acumulado entre 2011 y 2016 observa que el municipio que estaba en el primer lugar en 2011 (Juárez, Chihuahua) ocupó el segundo lugar en 2012, el tercero en 2013, el segundo en 2014, el cuarto en 2015 y el tercero en 2016. Es importante mencionar que este estudio presenta que en el periodo 2012-2016, se observa una importante reducción en el porcentaje que representan los asesinatos de niñas menores de 15 años, y un aumento notable de las DFPH de las mujeres adultas, entre los 20 y los 40 años, periodo que coincide con la etapa reproductiva.

Una relación importante que hace este informe es entre las diferencias en la forma como son asesinados hombres y mujeres, con el propósito de medir las dimensiones de los crímenes. Tenemos que mientras que en poco menos de 49% de los casos de DFPH se recurrió a armas de fuego en 2016, en los homicidios de varones esta proporción es de 67.4%. En contraste, es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinar a las mujeres: en los últimos cinco años los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los homicidios de mujeres que de hombres. Asimismo, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.

Los medios utilizados para asesinar a las mujeres han variado con los años, según este informe, el uso de armas de fuego en los homicidios de varones pasó de 54% en el periodo 2000-2003 a 69% en 2008-2011, mientras que para las mujeres subió de 31 a 46%, respectivamente. En las mujeres el ahorcamiento y similares pasó de 18% de los casos –2.4 veces más que en los hombres en el primer periodo– a 16% en el segundo, para subir a 17% en el más reciente. Sin embargo, esta proporción es casi tres veces la observada en los hombres. El uso de objetos cortantes es distinto para mujeres y hombres y se observa una reducción para ambos en los periodos 2000-2003 y 2008-2011: en las mujeres pasó de 23 a 46%, y en los hombres, de 17 a 12%. La participación de los medios no especificados para el asesinato de mujeres fue de 35.4% en 1988-1991 y de 20.7% en el caso de los hombres, pero después se redujo. La proporción de mujeres asesinadas por otros medios es 3.1 veces la de los hombres en el año más reciente (0.9 y 0.3%, respectivamente), pero la razón era de 2.5 en 1988-1991, cuando los porcentajes eran 1.4 y 0.6%, respectivamente.

Por otro lado, este informe también detalla sobre la distribución porcentual de las defunciones femeninas con presunción de homicidio según medios usados en la agresión, por periodo de ocurrencia, 1985-2016 indica que, si se descomponen las tasas de DFPH según los principales medios usados en la agresión, resulta evidente que las armas de fuego están muy relacionadas con el incremento registrado después de 2007. Los asesinatos con arma de fuego se incrementaron de 906 a 996 casos entre 2014 y 2015. Seguramente una parte de estas muertes está relacionada con el incremento en las actividades del crimen organizado. Resulta muy preocupante la tendencia de las tasas de DFPH en las que se usaron objetos cortantes y ahorcamiento y similares, procedimientos que más evidencian la misoginia, pues en ambos casos siguen una tendencia al alza en todo el periodo. Lo anterior significa que no se han podido cambiar los patrones culturales que desvalorizan a las mujeres y las conciben como desechables, lo cual genera un clima de permisividad social ante la violencia contra las mujeres y su expresión última, el feminicidio.

El gobierno pretendió solucionar los problemas de violencia en Ciudad Juárez militarizando las fuerzas policiacas, sin enfrentar las causas estructurales de la violencia como la desigualdad, la discriminación o la corrupción de las instituciones. Sin embargo, esta estrategia no logró resultados significativos en el combate del crimen organizado, por el contrario, generó un aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas militares y contribuyó a la descomposición del tejido social con altos costos en los cuerpos y en las vidas de las mujeres que vieron sus derechos restringidos, el aumento del feminicidio y otros delitos de violencia en su contra. En medio de esta violencia, ellas se convirtieron en un instrumento para atacar al enemigo y esto se tradujo en violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de las mujeres de la región, sobre todo las más pobres (Jass, 2014).

La llegada del ejército mexicano y de las fuerzas policiacas federales fueron momentos rememorados como un punto de quiebre en la experiencia de vivir en la ciudad. La estrategia de seguridad empleada por el gobierno federal denominada Todos Somos Juárez: reconstruyamos la ciudad (2010), fue una maniobra que no generó los resultados esperados y complicó el contexto de seguridad por el alto índice de delitos y el aumento de feminicidios. De acuerdo con los porcentajes de muertes, en 2011 Ciudad Juárez se consideró entre las ciudades más violentas del mundo (Payán, 2011).

Segato (2014) ofrece su propia explicación sobre los acontecimientos en Ciudad Juárez durante la guerra contra el narcotráfico. Comenta que se conformó en esta frontera un segundo estado y/o una segunda realidad. Lo denominó segundo estado porque se organizaron corporaciones con economía, leyes, fuerzas de seguridad y organización propias, y con esto se constituyó una segunda realidad porque se libró una guerra interna que mantenía y protegía líderes, riqueza y espacios de poder, aún sin estar organizados bajo una identidad estatal o un territorio delimitado.

En el gráfico 2 se muestra el mapa de Ciudad Juárez. Los heptágonos B y C representan las zonas poniente y suroriente respectivamente, que es donde habita la población de escasos recursos. Estos fueron los lugares donde el segundo estado creó su segunda realidad, es decir, territorios que debían ser respetados por los adversarios, sin embargo, fue aquí donde se concentró la lucha de poder, ocurrieron la mayor parte de las ejecuciones y la lucha cruenta entre las bandas del narcotráfico. El norte representado por heptágono A es la zona donde habita la población de mayor recurso y goza de servicios de mayor calidad. Esta área fue durante estos años la de más libre tránsito y donde había menos enfrentamientos entre las bandas rivales.

Por otro lado, los números dentro de los círculos representan las zonas de los casos emblemáticos de feminicidio que han ocurrido de 1993 a la fecha. Hay que destacar dos situaciones, la primera es que los espacios de conflicto coinciden, es decir, las áreas de disputa del narcotráfico son las mismas donde se ocurrieron los feminicidios clasificados por Monárrez (2009) como feminicidio sexual sistémico. La segunda es que el feminicidio corporativo (Segato, 2014) se extiende a través de los años del norponiente al suroriente y al Valle de Juárez, zonas que fueron dominadas por el narcotráfico después de 2008 cuando inicia la guerra entre cárteles y se instaura el segundo estado.

A continuación, se presenta el gráfico 3 donde se explican los casos de feminicidio que destacaron por el número de cuerpos encontrados y la crueldad de los asesinatos. Cabe subrayar el más reciente localizado en el Valle de Juárez conocido como el caso del Arroyo del Navajo. En 2012 se identificaron los cuerpos de 18 mujeres y niñas cuyas desapariciones databan de años atrás y coinciden con el periodo en que tuvo lugar la guerra de cárteles.

Mientras los grupos delictivos se disputaban la zona y al mismo tiempo, se enfrentaban al gobierno, el feminicidio se extendió a mujeres que reunían características diferentes a los crímenes de los años noventa, es decir, de mujeres jóvenes de capas sociales marginales hijas de familia, el blanco de feminicidios se extendió a mujeres maduras de capas marginales que contaban con cierto capital social y político como derecho-humanistas, así como también a mujeres jóvenes de capas marginales parejas de hombres involucrados en el narcotráfico.

La situación de violencia contra las mujeres derecho-humanistas en el Estado de Chihuahua reflejó lo siguiente durante la militarización. Del 2000 al 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) promulgó 66 Medidas Cautelares a personas de 16 Estados de la República Mexicana. La mayoría de ellas fueron en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. De las 66 medidas cautelares, 40 fueron para mujeres en Chihuahua y sólo en 2008 se promulgaron 31 de las 40 (García, et al, 2014).

Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras. Algunas situaciones regionales parecen obedecer a dinámicas diferenciables, mientras que en Chihuahua los altos niveles de violencia e inseguridad concuerdan con la exacerbación de las agresiones en contra de defensoras. Durante 2008 y 2011 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, constató que desde Ciudad Juárez debieron desplazarse y reinstalarse las familias de Josefina Reyes Salazar y Marisela Escobedo (García et al, 2014).

Tanto Marisela como Josefina fueron víctimas de feminicidio corporativo o de segundo estado. A continuación, se detallan ambos casos:

Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua mientras protestaba para que detuvieran al asesino de su hija Rubí Frayre Escobedo. "No me voy a mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija", fueron las declaraciones de Marisela antes de colocar su campamento en la plaza de armas frente al palacio de gobierno donde se ubica una cruz rosada que rememora los feminicidios y que se denominó Ni una Más. El cuerpo de Rubí de 16 años fue localizada a finales de agosto de 2008 gracias a los datos que ofreció Sergio Barraza, homicida confeso y pareja de la víctima. Sin embargo, Barraza fue puesto en libertad el 30 de abril de 2010 en el juicio en que se le procesó debido a errores cometidos por la fiscalía. Marisela junto con otras mujeres protestaron por 9 días contra feminicidios cometidos en contra de sus hijas, hasta que fue ejecutada por un hombre en plena luz del día (García et al, 2014).

Josefina Reyes habitante y luchadora social en el Valle de Juárez denunció constantes violaciones a derechos humanos y asesinatos cometidas por militares contra pobladores de la zona. A Josefina le asesinaron a su hijo Julio César Reyes en 2009 y acusó directamente a militares del crimen. Tiempo después su hijo Miguel Ángel fue encarcelado, de manera que presionó con una huelga de hambre para pedir su libertad. A partir de lo cual dijo ser amenazada y se trasladó a Ciudad Juárez, aunque meses después regresó y fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez. Fue asesinada el 3 de enero de 2010 en Ciudad Juárez y en 2011 cuatro miembros más de su familia fueron ejecutados. La señora Sara Salazar, madre de la defensora, responsabilizó al gobierno federal y de Chihuahua por negligencia y falta de voluntad política para resolver los crímenes contra su familia (García et al, 2014).

Cabe decir que, si bien hay más casos, estos se atraen al ser los más representativos y el reflejo de ataques contra defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez. Destaca el informe Defensoras Somos Todas que hasta el momento de su publicación (2014), los procesos penales de Josefina y Marisela habían resultado en ninguna sentencia firme. Esta impunidad, según García et al (2014), contribuye a la repetición de los hechos y agrava el nivel de riesgo en que las defensoras continúan realizando su labor.

Otros casos de feminicidios que habría que visibilizar son los de mujeres relacionadas con hombres que pertenecen a grupos del narcotráfico. En Ciudad Juárez se tienen múltiples ejemplos, pero sólo atraigo algunos que resultan representativos.

Zuleth Cruz Zamarrón de quince años fue encontrada asesinada semidesnuda en una carretera cercana a Ciudad Juárez. Estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva colocada alrededor de boca y nariz. Se le apreciaron golpes en piernas, cabeza y otras partes del cuerpo. Según el medio de comunicación Vanguardia, Zuleth publicaba frecuentemente en su red de Facebook narcocorridos (estilo musical mexicano que hace apología del narcotráfico y sus líderes) o mensajes aludiendo a grupos del narcotráfico. La adolescente no contaba con reporte de desaparición cuando se le localizó, por lo que la Fiscalía Especializada de la Mujer de Ciudad Juárez recurrió a los medios de comunicación para difundir dos tatuajes que se le apreciaron a la víctima, lo que permitió su identificación. Según reportes de testigos(as) se informó que fue secuestrada por un comando armado y hasta la fecha no hay datos en torno al o los/las probables responsable del crimen (Vanguardia, 2017).

Entre los casos que destacaron por su crueldad está el homicidio de 13 jóvenes (3 mujeres y 10 varones) en una vivienda de la zona sur de Ciudad Juárez, el cual fue catalogado, según los medios de comunicación, como un acto de venganza entre bandas del narcotráfico (Topete, 2018). Al menos ocho de las víctimas tenían entre 18 y 23 años, todos fueron estrangulados y torturados según la autopsia del Servicio Médico Forense. Miriam Janeth López Contreras de 18 años; Julia Beatriz Nevárez Martínez de 20 y Marisol Terrones Meléndez de 22 años, fueron las tres mujeres asesinadas (El Diario, 2018). Los reportes indicaron que ellas estaban semidesnudas y que tenían signos de que fueron violentadas sexualmente (Am Edición León, 2018).

La guerra entre bandas del narcotráfico se ha recrudecido al igual que la saña para asesinar a sus rivales, señalan interpretaciones de perfiladores criminales de la Fiscalía de Crímenes Contra Mujeres (El Diario, 2018). Uno de los aspectos que destacan en estos crímenes es no sólo la humillación sobre el cuerpo de las mujeres, sino la doble victimización que se hace sobre ellas al ser señaladas socialmente por estar involucradas con hombres y/o grupos delincuenciales, es como si no merecieran justicia o piedad por sus muertes.

Irma Casas, ex directora del centro de Justicia para la Mujer en Ciudad Juárez, manifestó “…es de suma importancia que se reconozcan los crímenes contra mujeres como feminicidios, pues aun cuando la delincuencia esté detrás del hecho se trata de una mujer victimada.” Insiste en que hay varias mujeres que han perdido la vida en los últimos años cuyas actividades en vida eran el tráfico de drogas o participaban en secuestros y extorsiones, sin embargo, las autoridades deben aclarar que en muchos de los casos se trató de mujeres que fueron obligadas a trabajar en ellos. Varias son las circunstancias que las pudieron orillar a infiltrarse con el narco, ya sea que sus esposos estaban dentro de alguna célula criminal y ellas automáticamente estaban dentro (Macías, 2015).

Continúa Casas,

Ese tipo de casos arrojó la muerte de muchas mujeres y hoy en día sigue pasando, por esa razón deben ser tratados e investigados como feminicidios. El problema es más de fondo como para solamente tratar de cerrar carpetas bajo la excusa de que son ajustes de cuentas […]. También existen aquellas que trabajan dentro del trasiego de drogas porque son víctimas de la trata y sus captores las obligan a prostituirse, vender drogas o a ser sicarios, porque así es como ellos obtienen sus ganancias… (Macías, 2015).

¿Existe alguna relación entre los actos feminicidas y el contexto de despoder que experimentan sectores marginales de mujeres juarenses? El ejercicio de poder en los sujetos femeninos significa un proceso de superación de la desigualdad de género, pero este no implica un proceso lineal para las diferentes mujeres, ya que es diferente para cada individuo según su vida, contexto, historia y según la localización de la subordinación en lo personal, familiar, comunitario, nacional, regional y global (Massolo, 2003).

Si se parte del presupuesto de la organización patriarcal hay que resaltar que una de sus características es el significado que le otorga al poder, lo entabla como una relación de dominio que naturaliza, culturiza y niega todo pensamiento diferente mediante el uso de la violencia (Gómez, 2018). Las relaciones de poder quedan articuladas sobre un eje androcéntrico que define ámbitos de acción y de interacción de lo femenino y lo masculino. Es precisamente el espacio privado, a decir de Méndez (2016), donde se materializa el desempoderamiento de la mujer ya que la domesticidad conforma una subjetividad femenina bajo la idea de un sujeto desapropiado de sí misma.

Cabría decir entonces que el despoder es no sólo la ausencia de poder, es la secuela de las relaciones sistémicas desequilibradas que marginan y vulneran la vida de ciertas mujeres, de ahí que sean percibidas como sujetos indefensos, disponibles, sin valor y sin derechos, cuerpos sobre los que se puede trasgredir y violentar. En el campo de los estudios de género cuando se habla del poder se hace referencia a la relación que entablan los sujetos femeninos con éste y los desafíos que tienen las mujeres de invertir los esquemas que las marginan del poder, tanto en el plano formal de lo normativo-institucional, como en la cultura.

Los sujetos femeninos son socializados para el despoder desde un contexto de subordinación el cual se sujeta a lo privado y sujetos a la autoridad masculina. Si bien el espacio público aún se ve como un contexto de supremacía de los varones, las mujeres acceden a este ámbito bajo el criterio de responsabilizarlas sobre su propia integridad, ya que al exponerse a lo público queda entendido que asume los riesgos que representar moverse en un espacio que no le corresponde y donde no hay garantías para ellas, es decir, un entorno adverso que puede atentar contra ellas al circular bajo un despoder que las anula como sujetos y que está sostenido por el sistema sexo-género. Pierre Bourdieu (2000) al desarrollar su tesis de la dominación simbólica, habla de la creación de hábitos que se convierten en ordenamientos sociales al internalizarse a través de esquemas de percepción y de acción que hacen del ejercicio de la violencia una parte natural de la virilidad y un estigma desfavorable hacia las mujeres.

En suma, los procesos de empoderamiento o de superación del despoder son para las mujeres un desafío a la ideología patriarcal, con miras a transformar las estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social. Por lo que el empoderamiento se puede entender como un proceso de superación de la desigualdad de género, no sólo en el aspecto material, sino psicológico y emocional. Si las mujeres no son capaces de traspasar estas desigualdades sociales a que están expuestas en su vida cotidiana, es por los contextos socioculturales que naturalizan la violencia de cualquier forma contra ellas, de manera que quedan condicionadas a seguir bajo un contexto de vulnerabilidad con todas las consecuencias que esto implica, como es el ejercicio de la violencia desde la menos extrema hasta la violencia feminicida.

A manera de conclusión

Para finalizar debo reconocer que este escrito deja interrogantes, pero aún así considero que aporta algunos hallazgos para el análisis y comprensión de los feminicidios en Ciudad Juárez y su relación con la situación marginal y de despoder de mujeres víctimas de feminicidio.

El feminicidio constituye la expresión de la barbarie contra las mujeres, es un acto violento que no es precisamente un crimen sexual, sino que es un acto perpetrado por un medio sexual. El varón transgrede el cuerpo femenino porque lo considera un objeto sobre el que se ejerce el poder solo porque puede hacerlo, con toda la impunidad que permite el contexto misógino en que vivimos, y es que estos crímenes subsisten porque lo posibilita la impunidad, el descuido, la indiferencia y la irresponsabilidad social que funcionan como potenciadores de desigualdad y de despoder.

Los feminicidios que se han cometido en Ciudad Juárez desde 1993 se nutren del contexto de la innacción social y gubernamental, son un fenómeno derivado de la violencia de género y de la inequidad en que viven ciertos sectores desprivilegiados de mujeres. La realidad que retrataron las cifras de inequidad salarial, los niveles de pobreza y de violencia en esta frontera, revelaron un escenario complejo de una porción de la población femenina desposeída de capital social y político, mujeres enclavada en cinturones de miseria, vulnerables y expuestas a múltiples expresiones de violencia.

El despoder provoca que las mujeres tengan menos incidencia en las decisiones sobre aspectos estratégicos de sus vidas y les dificulta el reconocimiento público de sus derechos. Empoderarse significa adquirir el control de la propia existencia y lograr las habilidades que lleven al proceso de la reafirmación de una identidad emancipada, es decir, al reconocimiento y ejercicio del derecho a la igualdad, la autonomía, la toma de decisiones, a vivir sin violencia, así como a cuestionar e incidir en la arena pública y en el ámbito privado. De manera que la posibilidad de aminorar la violencia feminicida en esta frontera sólo será factible si se mejora la situación de las mujeres respecto a su calidad de vida, salud, igualdad de género, educación, salario digno y seguridad, pero, sobre todo, es necesario generar acciones de cambio para contrarrestar la violencia de género arraigada en la cultura patriarcal.

Sin embargo, este proceso de transformación no es sencillo porque requiere de voluntades de actores gubernamentales, sectores económicos y miembros de la comunidad que, hasta hoy, pudiendo hacerlo, no se han interesado en posibilitar un cambio. En México en general, y en Ciudad Juárez en específico, el reconocimiento de la violencia feminicida como consecuencia de un contexto de despoder femenino ha sido lento, a pesar del historial de crímenes y debido al impacto de las acciones del crimen organizado en los últimos años, se focalizó el interés institucional en reducir los niveles de violencia causada por la guerra entre carteles y se desentendió de las mujeres, abandonando lo importante para concentrarse en lo urgente.

Por esta razón es que la lucha de las mujeres de las organizaciones civiles y las madres de víctimas en Ciudad Juárez aún persiste, pues conforme la violencia del crimen organizado se incrementó, los asesinos encontraron nuevos perfiles y de mujeres jóvenes hijas de familia, se agudizaron los crímenes contra derecho-humanistas y jóvenes compañeras de hombres del narcotráfico.

Para avanzar en la lucha contra el feminicidio quedan mucho pendientes, sin embargo, un gran avance se daría:

• Concentrándose en mejorar la calidad de vida de mujeres para incidir en el proceso de empoderamiento femenino

• Reducir los niveles de impunidad, ya que esta constituye un componente natural de los contextos feminicidas

• Que la especificidad de los feminicidios sea propiamente integrada en los códigos penales para aminorar los casos de injusticia en los tribunales

Pero sobre todo queda pendiente la sensibilización de la sociedad juarense, especialmente de las capas privilegiadas nunca tocadas por los feminicidios, una sociedad que vive una realidad distinta a la de la mayoría de la población, ya que su imaginario no dimensiona la tragedia que vive esta ciudad desde hace más de 25 años.

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Notas

Notas de autor

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