Introducción

Hace 50 años que Henri Lefebvre publicó El derecho a la ciudad. En esta obra de gran trascendencia se señalaba el tránsito hacia una sociedad urbana después del agotamiento del fordismo, que ya se intuía en aquellos años de revueltas sociales.1 El territorio pasaría a ser espacio productivo en sí mismo, objeto de las relaciones de producción. En términos marxistas, ya no tendría sólo valor de uso, sino que éste devendría en valor de cambio, mercancía propiamente dicha. En este contexto, el derecho a la ciudad pasaba a ser una actualización del horizonte por el cual luchar, una renovación de las bases conflictuales para un mundo mejor.

Sus pensamientos explican el hoy. Dan testimonio de las transformaciones que se han concretado con la acción colectiva; el auge de los movimientos urbanos y los que ponen en el centro el territorio; las prácticas performativas en el ámbito local, que pueden entenderse, desde la lógica de la acción comunitaria, como construcción de la ciudad, la colectividad, lo común; los espacios de hibridación e interfaz entre la comunidad y la institución como formas de articular la participación ciudadana; los actores políticos que se sitúan a medio camino entre los movimientos sociales y los partidos políticos.

A modo de cierre de este dosier, presentamos algunos elementos relevantes en el cruce entre los movimientos sociales en la ciudad y el gobierno y el desarrollo de políticas públicas en el ámbito local. Para ello hablamos de la participación ciudadana y algunas de sus declinaciones, las consecuencias de la irrupción de voces nuevas y movimientos, algunas experiencias de nuevos entornos para construir comunidad y retos a los que se enfrentan las políticas públicas de alcance local.

Participación ciudadana en el ámbito local: la incidencia en las políticas públicas

Antes del cambio de milenio empiezan a proliferar el debate y la práctica alrededor de las iniciativas de participación ciudadana, que concentran la atención tanto en Latinoamérica como en Europa. Las prácticas de democracia deliberativa y las de democracia directa buscan enriquecer los procesos de definición e implementación de las políticas públicas, democratizar las democracias, ampliar los espacios de decisión y debate cotidianos en los Estados liberales democráticos. Estos ejercicios se asientan sobre todo en al ámbito local, aunque a medida que se consolidan también se producen saltos de escala.

La gestación de muchas de estas iniciativas de participación ciudadana debe comprenderse en el marco de la disputa política, la movilización social y la acción performativa de asociaciones vecinales, colectivos ecologistas o grupos juveniles. Estos actores presentan demandas y desarrollan acción contenciosa orientada hacia dos objetivos: incidir en las políticas públicas, en su mayor parte locales, y liberar espacios, físicos o no, para la autogestión ciudadana.

Debemos tener en cuenta que cuando se busca definir la participación ciudadana —concepto muy utilizado en la academia y en la práctica política y activista— muchas veces se recurre a la idea de mecanismos y procesos de participación impulsados por las administraciones públicas para dar continuidad a los espacios de decisión y debate público más allá de los procesos electorales. Éstos encuentran sus primeros antecedentes en la década de 1980, pero empiezan a consolidarse y hacerse complejos en la siguiente.

Si bien esta definición abarca una parte del fenómeno al que nos referiremos en este texto, proponemos una aproximación un poco diferente, que acentúa el objetivo que persiguen estas prácticas y no tanto la instancia que las impulsa (Ubasart, 2009). Por iniciativas de participación ciudadana entenderíamos aquellos mecanismos, procesos, metodologías y experiencias de participación orientados a influir e intervenir en los procesos de elaboración de políticas públicas —locales en la mayoría de los casos— de manera participada, para extender los espacios de decisión allende los ámbitos estrictamente técnico y político.

Esta definición, aunque no es la más frecuente en los estudios sobre gobernanza —governance— y participación ciudadana, nos parece más inclusiva e imbricada en un marco de estudios de movimientos sociales, política performativa y acción pública. Alertamos que esta aproximación no tiene en cuenta iniciativas participativas sin voluntad clara de incidencia en las políticas públicas, como lo hace parte de la literatura. En cambio, contempla dinámicas que tienen un primer impulso en el tejido social, no en la propia administración, y alargan los espacios de decisión y deliberación sobre lo público y lo común. A la vez, permite considerar mecanismos y procesos de participación ciudadana fomentados y diseñados por la administración pública, así como metodologías y experiencias participativas que no podrían considerarse objeto de estudio de la participación ciudadana clásica, en una definición estricta del término. Algunas de estas iniciativas se configuran como escuelas de ciudadanía relevantes, al mismo tiempo que ayudan a radicalizar, en términos democráticos, determinados procesos de elaboración de políticas públicas.

Según el argumento que apuntamos en Ubasart (2009), es pertinente ampliar la tipología de instrumentos de participación para proceder a su estudio y evaluación. En un primer momento, se consideran los mecanismos de participación: un “conjunto de formatos participativos pensados para eso, para ordenar y facilitar la intervención ciudadana en la toma de decisiones […], aplicables a casi cualquier temática” (Font y Blanco, 2003: 47). En esta definición encontraríamos, por ejemplo, los consejos consultivos, con participación relevante del tejido social organizado del territorio; los foros ambientales, que proliferan en muchos municipios a partir de la preponderancia que adquieren las cuestiones ecológicas; las audiencias públicas o las asambleas de barrio, que buscan el intercambio de puntos de vista entre políticos, técnicos y ciudadanía; así como las consultas ciudadanas, que se institucionalizan como momentos de toma de decisión sobre cuestiones trascendentales para el municipio. Todos ellos tienen voluntad de permanencia en el tiempo y de consolidarse como parte del engranaje institucional.

En un segundo momento, se hace referencia a los procesos de participación: “experiencias que se caracterizan precisamente, por lo contrario, porque tienen en común la temática a la cual se han aplicado, aunque desde el punto de vista metodológico pueden ser muy diversos e incorporar diversas metodologías” (Font y Blanco, 2003: 47). No estamos sólo frente a mecanismos participativos sino ante procesos de elaboración de políticas públicas municipales que incorporan una dosis sustancial de participación más o menos formalizada. En este sentido, deberían considerarse instrumentos, como las agendas 21, los proyectos educativos de ciudad, los planes comunitarios o los presupuestos participativos.

En un tercer momento, se consideran las casi no visualizadas metodologías participativas, que sin la formalización que presentan los procesos participativos y sin el impulso inicial de la administración pública, acaban por influir en las políticas públicas locales y ampliar la participación en los ámbitos de decisión. Se desarrollan sobre todo en relación con la definición de aquellas políticas públicas o decisiones trascendentales para el municipio o territorio que presentan componentes relevantes de conflictividad o disenso entre actores institucionales y sociales. En el terreno social, se organizan colectivos que actúan de manera coordinada para activar metodologías participativas que incidan en la acción pública y que en muchos casos proponen alternativas transitables pero que entran en conflicto con las iniciales. La entrada de estas propuestas, que se han construido de manera participada en el accionar público, depende del grado de fortaleza del tejido social y de la apertura de las instituciones públicas.

A medio camino entre actores sociales y políticos: el municipalismo

Más allá de los mecanismos, procesos y metodologías de participación ciudadana, en ambos continentes existen y han existido experiencias de profundización o radicalización democrática más difíciles de clasificar pero con voluntad clara de actuar sobre las políticas públicas —en su vertiente sustantiva pero también operativa y simbólica—, que participan a su vez en la transformación de la concepción misma de democracia, que deviene más deliberativa y con participación más cotidiana. Por un lado, estarían los movimientos sociales clásicos, que incidirían en las políticas públicas y en sus procesos de elaboración e implementación. Los movimientos urbanos y de impacto territorial tratados a lo largo de este dosier tomarían un papel protagónico en las últimas décadas. Dos ejemplos claros son los que se presentan en los artículos de Ismael Blanco y Ricard Gomà —el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme—, y Claudia Carolina Zamorano Villarreal —el fomento del uso de la bicicleta y la suspensión de la construcción de nuevas carreteras—. Por otro lado, estarían las iniciativas ciudadanas, que podemos ubicar en la frontera entre movimiento social e institución, entre lo social y lo estatal, con referencias al territorio, lo urbano y lo municipal. Estas iniciativas buscan expandir los espacios de decisión y debate político al fomentar la participación de las personas del territorio. En este sentido, cabe hacer referencia al testimonio de Joan Subirats, situado en Barcelona.

La mayoría de los estudios sobre el impacto de los movimientos sociales en las políticas públicas toma como punto de partida los movimientos sociales clásicos —nacionalista y obrero— o los nuevos movimientos sociales —ecologista, pacifista o feminista— y sus acepciones juveniles y estudiantiles. Cabría añadir aquellos actores que toman el territorio como factor de agregación. Los movimientos urbanos y sus consecuencias manifiestan su potencialidad sobre todo después del cambio de milenio. Estas investigaciones aportan explicaciones sobre los mecanismos que se ponen en marcha en el proceso mismo de movilización y en el diseño e implementación de políticas públicas.

Resulta fundamental que la mirada se abra y considerar también a los actores que se sitúan y sitúan su acción entre lo social y lo estatal. Los movimientos ciudadanos y municipalistas —también conceptualizados como municipalismo social y político— se han asentado según el contexto, pero tienen en común su carácter mixto, tanto en Latinoamérica como en Europa. Éstos pueden definirse, como lo hicimos en Murgui y Ubasart (2010), como una amalgama de colectivos y redes dispares pero con características concretas. A diferencia de otros actores sociales, destaca la estabilidad de sus estructuras, el acceso más o menos directo a las instituciones y que se encuentran territorializados en el ámbito local, tanto en referencia a las instituciones interlocutoras como a la autoorganización social.

En primer lugar, nos referimos a los colectivos y organizaciones vecinales y ciudadanas que trabajan con base en el territorio para construir proyectos de ciudad más emancipadores y que plantean incidir en el espacio urbano a partir de lo local, el barrio, el pueblo. En numerosos casos, estas iniciativas han experimentado una cierta institucionalización y han devenido en actores privilegiados para la administración pública a la hora de construir política pública. El movimiento vecinal en España podría ser un caso paradigmático.

En segundo lugar, a las candidaturas electorales que participan de la disputa política pero que tienen muchas características de movimientos sociales. Se trata de experiencias que nacen a partir de movimientos urbanos, vecinales o ecologistas del territorio, que en un momento concreto deciden constituirse como actores políticos, transforman su ser, pero mantienen características de su esencia original.

Ambas experiencias tienen como consecuencias en línea la democratización y radicalización democrática que apuntábamos. Nuevos actores toman protagonismo en la configuración de políticas públicas en un contexto de nueva gobernanza, conceptualizada a partir de un enfoque de redes, como señalan Blanco y Gomà.

Así, una primera consecuencia es que se politizan las arenas locales. Con el desarrollo de los movimientos ciudadanos y municipalistas, se identifica la activación de un número relevante de personas alrededor de la cosa pública. La activación de estos actores supone la entrada de más personas, con mayor intensidad, en la vida política local, como señalan Subirats en relación con Barcelona y Zamorano Villarreal en el caso mexicano. El debate sobre el presente y el futuro de lo urbano va más allá de los actores que hasta el momento lo habían centralizado: las agrupaciones locales de los partidos políticos y los servidores públicos de la administración, sobre todo local. Además de esta importante entrada de ciudadanos en el debate sobre lo común, las cuestiones sobre las que gira la discusión se tornan más políticas que de gestión. Se busca redibujar modelos de municipio de forma sustantiva y operativa.

La segunda consecuencia es la irrupción de un eje de conflicto y demandas. Además de los tradicionales ejes ideológico —derecha/izquierda— y nacional —en algunos territorios con disputas nacionales o territoriales—, se politiza una nueva fractura o cleavage que tiene que ver con el formalismo político institucional versus la acción política no exclusivamente institucional. Es decir, entra en escena el eje de la radicalidad democrática, en una doble dimensión: a) en contenido, busca consolidar mecanismos y procesos de participación ciudadana en las instituciones públicas; b) en forma, se preocupa por tejer formas de organización social y política con más horizontalidad, deliberación y responsabilidades repartidas.

La tercera consecuencia es el hecho de que la conflictividad y participación ciudadana hacen que las instituciones se vuelvan más permeables y abiertas, y desarrollen iniciativas para fomentar la transparencia y el control social hacia los representantes públicos y sus actuaciones. Un Estado de cristal empieza por las instancias públicas más próximas a la ciudadanía. Este conjunto de estrategias pretende también luchar contra las prácticas clientelares y de corrupción.

La cuarta consecuencia son los cambios subjetivos de los propios actores de la transformación, que inciden en un contexto determinado. Así, las personas que proceden del espacio de los movimientos sociales, una vez que acceden a cargos de representación institucional o que participan a diario en mecanismos habilitados de participación ciudadana, aprenden a funcionar en la complejidad de las administraciones públicas. La participación en la disputa electoral también les empuja a movilizar recursos que no habían utilizado hasta entonces para maximizar la consecución de votos y cargos. Por otro lado, las formaciones políticas que ya actuaban en el territorio, sobre todo las progresistas, se sienten interpeladas; ya no tienen el monopolio de la representación institucional, y muchas operan una abertura respecto al tejido y los movimientos sociales, al mismo tiempo que implementan reformas en el funcionamiento interno.

Construir ciudad en la cotidianidad: acción comunitaria

La acción de los movimientos urbanos, ciudadanos y municipalistas que se encuentran en la frontera entre lo social y lo estatal no sólo busca la incidencia en las políticas públicas, también construye institucionalidad social, espacio público no estatal, y en definitiva, performatividad. Existen varios ejemplos. No obstante, nos concentraremos en los bancos de tiempo, las redes de intercambio —de bienes y conocimientos— y las cooperativas de consumo agroecológico. Partimos de un trabajo de campo llevado a cabo en Barcelona (Ubasart, Ràfons y Vivas, 2009), que representa una experiencia que se reproduce en muchas ciudades y pueblos. Si bien no se trata de iniciativas nuevas, la novedad reside en su explosión numérica y en que destaca la radicación activa en el territorio, por lo que estas vivencias actúan como generadoras de dinámicas asociativas y relacionales en procesos de construcción de capital social. Valores como la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, la confianza, la transparencia y la responsabilidad se encuentran en la base de estas prácticas y todas pretenden extender y reforzar los vínculos ciudadanos.

La voluntad de estudio de estas redes no reside sólo en el interés que por sí solas presentan. Estas iniciativas se configuran como un actor relevante en la acción comunitaria en el ámbito local. La acción comunitaria puede definirse como “la dinamización de las relaciones sociales de cooperación entre los miembros de un determinado ámbito o espacio de convivencia en la ciudad (barrios o escaleras de vecinos, centros o proyectos educativos y sanitarios, deportivos, etc.) para la mejora del bienestar cotidiano de las personas” (Carmona y Rebollo, 2009: 7).

Los bancos de tiempo se describen como “bancos que no acumulan dinero ni ofrecen dinero con el interés correspondiente. Su filosofía principal es la de ofrecer la posibilidad de intercambio de servicios entre las personas socias, no necesariamente de forma directa o inmediata, sino cuando estas lo necesitan” (Llena, 2009: 6, citado en Recio, Méndez y Altés, 2009). Quienes participan en estas experiencias ofrecen su tiempo al hacer determinados servicios a cambio de tiempo de otras personas. La unidad de medida es la hora. Entre los servicios se encuentran reparaciones domésticas, traducciones, sesiones de masajes, clases de cocina, acompañamiento de personas dependientes y un largo etcétera.

Una primera oleada de bancos de tiempo inspiró la creación de estas experiencias en Italia, en el marco de los debates feministas sobre las políticas de tiempo. Hasta las décadas de 1970 y 1980, estas políticas sólo se llevaban a cabo en relación con la esfera productiva y la reproductiva quedaba al margen. La búsqueda de un reparto del tiempo, no sólo en el ámbito laboral sino también el comunitario y doméstico, lleva a la creación de los primeros bancos de tiempo en este país. De manera simultánea, en otros países, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Reino Unido, surgen experiencias similares. Cabe decir que no sólo la lógica del tiempo está detrás de la creación de los bancos de tiempo, también encontramos la lógica de la crítica al consumismo, la voluntad de crear relaciones de buena vecindad, la construcción de tejido social y ciudadano, etc. Las redes de intercambio de conocimiento son:

Otra de las formas posibles de realizar intercambios al margen de las redes de intercambio comercial. Si bien la idea es la misma que la anterior, ya que se da una lógica de intercambio, lo que mueve la red de intercambio de conocimientos es el saber. El objetivo de estas redes es dar conocimiento y recibir conocimiento (Recio, Méndez y Altés, 2009).

El origen de las redes de intercambio está en Francia, durante la década de 1970, cuando algunos maestros empezaron a introducir nuevas metodologías de aprendizaje en el aula. La idea que vehiculaba estas iniciativas era la constatación de que todo el mundo podía enseñar algo y era bueno compartir e intercambiar conocimiento. Redes de este tipo se pusieron en marcha en varias escuelas, con el apoyo de padres, madres y estudiantes, con el objetivo de estimular el aprendizaje. Estos proyectos se fueron consolidando y expandiendo en el espacio hasta traspasar las fronteras de Francia y de la escuela. Ya no se trataba de una iniciativa estrictamente educativa, sino que pasó a ser un buen instrumento de generación de redes sociales y trabajo comunitario.

Las redes de intercambio de bienes ponen en contacto personas que desean intercambiar bienes. Nacen con una lógica de crítica al consumismo y de fomento de un consumo responsable, en el que prima la utilización de criterios ecológicos y sociales. El ciclo de protesta del movimiento antiglobalización y contra la guerra del cambio de milenio impulsó este tipo de experiencias. Una de las primeras iniciativas fue la creación de mercados de intercambio puntuales, que se consolidaron después en redes más estables de intercambio de bienes. En la actualidad, algunas de estas prácticas también introducen la cuestión del intercambio de servicios y conocimientos. Existe la posibilidad de que la multiplicidad de mercados de intercambio en Barcelona se consolide en una red más estable de este tipo.

Las cooperativas de consumo agroecológico son asociaciones formales o informales de personas que buscan consumir de otra manera, con criterios sociales y ecológicos, y con una relación directa con el productor. Algunos de estos grupos de consumo se constituyen de manera formal como cooperativas, pero la mayoría no. En muchos casos, estas iniciativas actúan como núcleos generadores de redes de confianza y ayuda mutua. Además, muchas se relacionan con los bancos de tiempo o las redes de intercambio del territorio y promueven puntos de intercambio.

Así, estas redes innovadoras son performativas. Esto es, no sólo dicen, proponen o elaboran un discurso, sino que también hacen, sus acciones impactan en la realidad. El texto de Zamorano Villarreal muestra la tensión entre lo performativo —no querer asaltar el poder político— y la búsqueda de cambios en el marco legal. También expone cómo el transvase de activistas de los movimientos a las candidaturas —en este caso, para impulsar las políticas a favor del uso de la bicicleta—, desde el gobierno, es una estrategia habitual y el siguiente paso a dar para muchos líderes de los movimientos.

De forma distinta pero complementaria, Guiomar Rovira Sancho expone los tipos emergentes de protesta propios de la era de internet y apunta a una suerte de traslación de las redes activistas a las multitudes interconectadas. Estas últimas serían multitudes conectadas y agregadas de personas que irrumpen en las calles de las ciudades y en las redes digitales de forma simultánea e imprevista para mantener su diversidad y apertura. La comunicación digital es ya constitutiva y no complementaria o instrumental. La misma actividad comunicativa es actividad performativa.

Reinventar la administración pública local

Las dinámicas expuestas fundamentan la idea de reinventar la administración pública local y afrontar los retos que se presentan, entre los cuales se encuentra fomentar la innovación social, la coproducción, la participación, la personalización y las relaciones multinivel.

Subirats apunta que los municipios son el espacio central de la cotidianidad, en el que los temas que más afectan el día a día de las personas emergen y necesitan respuestas desde lo público. Pero en muchos casos éstas no son claras ni pueden ofrecerse de modo estandarizado. Los cambios sociales, los desajustes del Estado de bienestar, las transformaciones tecnológicas, las dinámicas económicas de un capitalismo desbocado, junto con la emergencia de los nuevos movimientos sociales, han cuestionado las respuestas de las políticas públicas más tradicionales. Hay dos conceptos que pueden ser útiles en este terreno: la innovación social y la coproducción.

La innovación social (Brugué, Boada y Blanco, 2013) se caracteriza por cuatro aspectos fundamentales, a saber: a) es la voluntad de satisfacer necesidades individuales y sociales no resueltas; b) surge de las capacidades de los propios individuos y colectivos que se beneficiarán de la política; c) es más fácil que aparezca en la escala local, y d) no sólo resuelve necesidades puntuales, también modifica las relaciones de poder.

Pero innovar en las instituciones públicas no es sencillo porque una de sus características es la estabilidad y la estandarización. Para que la innovación aparezca es necesario crear espacios en los que no se penalice el error, se hibriden las relaciones y se destine tiempo —bien escaso en nuestra época, más para los gestores de lo público— a la reflexión sobre la acción propia y los resultados obtenidos.

Otro aspecto clave para innovar y ofrecer respuestas a nuevos problemas son las relaciones con instituciones parecidas. En este sentido, aprender y trasladar —sin mimetizar— las buenas prácticas a organizaciones similares puede ser un buen modo de encarar los retos. Otro camino conducente a la mejora de las políticas públicas en la administración local es escuchar a los usuarios y ciudadanos, es decir, la participación.

Como apuntan Blanco y Gomà en el caso de Barcelona, los gobiernos del cambio han fomentado la participación de entidades y personas individuales en el diseño y la evaluación de las políticas públicas de bienestar social y otros aspectos.

La participación de la ciudadanía será cada vez más necesaria para el diseño y la evaluación de las políticas públicas, ya sea por medio de organizaciones sociales o individuos, en esencia en el ámbito local, en el que la proximidad entre la institución y la ciudadanía es mayor que en otros niveles, como el regional o nacional.

Un paso adelante del concepto de participación es el de coproducción, es decir, producir bienes públicos en conjunto con las administraciones locales y las organizaciones o movimientos sociales. En este sentido, la administración pública abandona el monopolio de prestador de servicios o productos e incorpora el saber y las perspectivas que ofrecen los movimientos y organizaciones sociales.

La idea de una administración soberana que gobierna desde una posición jerárquica superior, con una planificación cerrada, una acción programada y una regulación detallada, pierde peso en muchos casos para abrir paso a nuevas ideas sobre gobernanza, participación de individuos y movimientos, que se relacionan con el gobierno por medio de la negociación pero también de la interdependencia y con más o menos relaciones de confianza (Sørensen y Torfing, 2007; Levi-Faur, 2012).

Este enfoque relacional no debe aplicarse sólo a las nuevas demandas sociales sino incluso al marco institucional en el que se encuentran. Las relaciones multinivel han aumentado su protagonismo para convertirse en uno de los temas más relevantes para el gobierno local. Para que todos los actores alcancen el grado de compromiso necesario, las relaciones entre ellos no pueden ser sólo jerárquicas, sino de coordinación y colaboración.

La colaboración para afrontar nuevos retos no sólo sucede entre niveles institucionales sino también entre departamentos de una misma institución. Un solo órgano de la administración no puede responder muchas de las demandas impulsadas desde lo cívico hacia lo institucional, sino que los nuevos problemas atañen a varios sectores. El trabajo transversal, la construcción del problema con base en la diversidad de puntos de vista y ámbitos de saber, es necesario para encarar los retos que se plantean en lo urbano. A medida que las organizaciones son más grandes, este trabajo es más difícil. En cambio, las administraciones locales pequeñas, si bien carecen del músculo y los recursos de las grandes, a causa de su conocimiento y proximidad tienen más capacidad para solventar los problemas desde su globalidad.

Rovira Sancho destaca la importancia de la red en la acción colectiva en los ámbitos organizativo y normativo. Pero para hacer red, las relaciones no pueden ser jerárquicas, sino que las responsabilidades y acciones deben compartirse. Tratar los problemas con la incorporación de nuevas perspectivas, ya sea de los movimientos sociales, de la relación con otras instituciones o de la participación ciudadana, es imprescindible para una nueva forma de hacer política.

Bibliografía

Agranoff, Robert, 2010, Local Governments and their Intergovernmental Networks in Federalizing Spain, McGill-Queen’s University Press, Montreal.

Brugué, Joaquim, Julia Boada e Ismael Blanco, 2013, Els motors de la innovació a l’administració pública, Escola d’Administració Pública de Catalunya/Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Carmona, Moisés y Oscar Rebollo, 2009, Guia operativa d’acció comunitària, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

Font, Joan e Ismael Blanco, 2003, Polis, la ciutat participativa. Participar en els municipis: qui, com i per què?, Diputació de Barcelona, Barcelona.

Lefebvre, Henri, 1969, El derecho a la ciudad, Península, Barcelona.

Levi-Faur, David (ed.), 2012, The Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, Oxford.

Murgui, Nacho y Gemma Ubasart, 2010, “Viejas luchas, nuevos desafíos: una apuesta política desde el movimiento vecinal y el municipalismo alternativo”, en Elena Grau y Pedro Ibarra, Anuario de movimientos sociales, Icària, Barcelona, pp. 233-247.

Recio, Carolina, Elvira Méndez y Josefina Altés, 2009, Los bancos de tiempo. Experiencias de intercambio no monetario, Graó, Barcelona.

Sørensen, Eva y Jacob Torfing, 2007, Theories of Democratic Network Governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Tarrow, Sidney, 1989, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Ubasart, Gemma, 2009, “Experimentando la radicalización democrática. Mecanismos, procesos, metodologías y experiencias de participación ciudadana en el Estado español”, en Víctor Almonacid Lamelas (dir.), Estudios sobre modernización de la administración local, La Ley, Madrid, pp. 756-810.

Ubasart, Gemma, Raimon Ràfons y Esther Vivas, 2009, Barcelona per l’acció comunitària. Xarxes d’intercanvi solidari, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

Notas