1. Introducción

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en su base de datos online, indica que existen un total de 219 conflictos producidos por la minería en la región en la actualidad, de los cuales 37 corresponden a Chile. En el país, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2015, p. 15), se han registrado 102 conflictos ambientales entre el 2010 y el 2015. Este panorama se relaciona con el aumento de la presencia de transnacionales desde la década de los 90 en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011, p. 10).

Las transnacionales son las principales responsables del impacto en el medio ambiente en la región (CEPAL, 2015, p. 13-14), considerando que para los capitales de los países desarrollados los requisitos para invertir son menores en relación a sus naciones de origen. Lo anterior, según la CEPAL (2015, p. 14), es el resultado de políticas ambientales escuetas en los países receptores, que no se condicen con las políticas fuertes que fomentan la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Por otro lado, las instituciones supranacionales, las empresas y gobiernos han relegado la solución de la crisis ambiental a mecanismos de mercado que responden al capitalismo verde. En resumidas cuentas, se busca un ajuste ecológico al capitalismo (Gudynas, 2010, p. 57).

El presente artículo parte del análisis de un conflicto ambiental ocurrido en la comuna de Panguipulli de la Región de Los Ríos desde el 2007, en la localidad conocida con el nombre de Lago Neltume, donde comunidades indígenas mapuche: Juan Quintumán, Inalafquén y Valeriano Cayicul, experimentan problemáticas y se arriesgan a impactos por el proyecto Central Hidroeléctrica Neltume de ENDESA −actual Enel Generación Chile¹−, de 490 MW². El análisis reflexiona sobre los discursos argumentativos en la perspectiva de Giménez (1981, p. 124-131) sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE), considerando la premisa de la sustentabilidad ambiental. Finalmente, se discute sobre las diferentes relaciones que se establecen en el caso del conflicto ambiental y las estrategias empresariales que buscan introducir y socializar la inversión, en el marco de un modelo neoextractivo en Chile.

2. El surgimiento del modelo neoextractivo

La extracción de recursos naturales ha estado en la base del desarrollo de las sociedades contemporáneas que se denominan modernas. Entendiendo, como plantea Silvia Rivera Cusicanqui (2010, p. 59), que a los pueblos indígenas y/o campesinos en Latinoamérica se les ha negado la coetaneidad al situarlos en el origen como retrasados y no modernos. Sumado a eso, la situación colonial en la conformación de los Estados latinoamericanos, que los coloca como países en desarrollo, propicia la dependencia económica que se mantiene por diferentes mecanismos hasta la actualidad.

Los principios neoliberales o monetaristas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, plantearon una nueva forma de gobernar y de explotación de los recursos naturales. Entendiendo que, el neoliberalismo traería un nuevo paradigma que daría inteligibilidad a lo social, en el cual aparecería una sociedad regulada por el mercado y sometida a la dinámica de la competencia (Foucault, 2007, p. 149).

En Latinoamérica el neoliberalismo se posicionaría a través de las políticas económicas instauradas por las dictaduras militares y el aumento de la deuda externa durante los años ‘70, que devino en crisis económica en la década siguiente. La situación se tradujo en la reducción del gasto en el sector social y la finalización del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)³, dando paso a estrategias neoliberales (Ffrench Davis & Devlin, 1993, p. 4) y al fomento de las exportaciones. Lo que fue acompañado en el caso chileno por la privatización de los recursos naturales, como el agua.

En 1973 es convocada por David Rockefeller la Comisión Trilateral, integrada por Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, la que buscaba recomponer el orden mundial de la posguerra (Sohr, 1982, p. 89). En 1975 se publica el documento La crisis de las democracias. Informe sobre gobernabilidad y democracia, en el cual se planteó por primera vez el concepto de gobernabilidad (Landau, 2008, p. 72) y la crisis de ésta. Así, se comienzan a gestar reformas justificadas en un exceso de participación del Estado que influía en la falta de autoridad por parte de los gobiernos.

Simultáneo a este informe se confeccionó el documento América Latina en la encrucijada, los desafíos de la Trilateral,⁴ el cual planteó un proceso de neoliberalización en la región que otorgaba al capital privado la responsabilidad en la asignación de recursos en aquellos países donde la rentabilidad ofreciera mejores condiciones (Toral Calo, 2006, p. 4). En definitiva, se desligó al Estado de hacerse cargo de esferas de lo social y se impulsaron fuertes procesos de privatización, de apertura de las economías, de flexibilidad laboral, entre otros.

Siguiendo esas directrices en 1989 se elaboró el Consenso de Washington⁵, de autoría del economista John Williamson. El cual orientó a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) “a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos” (Casilda Béjar, 2004, p. 19). En esta mirada el Estado es “un activo promotor de los procesos de privatización o extranjerización, o bien, de salvataje financiero”⁶ (Gandarilla, 2012, p. 192).

El nuevo panorama para Latinoamérica es el de países cuyo crecimiento económico se basa en economías primarias, por medio de la producción de materias primas. Tal como plantea Maristella Svampa, se ha generado el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities (Svampa, 2012; 2013). Lo que se caracterizará por un neoextractivismo a través de la entrada de los mercados financieros globales, en que la explotación de recursos naturales será para atraer la inversión en la bolsa, sin necesidad que exista una apropiación física de las materias primas. Esta situación ha acrecentado las desigualdades sociales, integrando en el análisis la dimensión ambiental y territorial.

El neoextractivismo ha conllevado su ampliación hacia otros rubros antes no considerados, productos de la profundización de la dinámica extractiva. Tal como señala Gudynas (2011, p. 385), este sería el caso de los monocultivos forestales o agrícolas, como la soja o la palma para biocombustibles. Lo cual se ha acompañado con iniciativas para transformaciones en infraestructura y energía, que desembocaron en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, carreteras o puertos que facilitan la extracción y exportación de los recursos hacia mercados internacionales (Svampa 2012, p. 159).

Los análisis sobre esta situación plantean que existen zonas sobre las que se instala una visión en donde los impactos se proyectan como “sacrificios”, los cuales deben ser enfrentados por ciertos territorios en pro del beneficio y/o desarrollo para toda la nación (Gudynas, 2009, p. 205). En este panorama, se ha propiciado la emergencia de los conflictos ambientales en que se puede identificar lo inconmensurable de los discursos o argumentos que provienen de las diferentes subjetividades y las representaciones sociales. La inconmensurabilidad se detecta en la lógica de crecimiento económico del modelo de desarrollo, que se confronta con los valores no económicos de los repertorios culturales y sociales, dando paso al surgimiento de un ecologismo de los pobres:

Nacido de los conflictos ambientales a nivel local, regional, nacional y global causados por el crecimiento económico y la desigualdad social [...] Los actores de tales conflictos muchas veces no utilizan un lenguaje ambiental, y esta es una de las razones por la cual esta tercera corriente del ecologismo no se identificó hasta los años ochenta. (Martínez Allier, 2014, p. 37)

En estos conflictos quienes defienden los territorios no necesariamente son activistas ambientales, más bien son personas que ven afectados sus modos de vida, sus formas de conocer, sus territorios y desde ahí cuestionan el modelo socioeconómico que es producto de la lógica de acumulación, que genera situaciones que reproducen desigualdades y despojos de recursos y territorios. Apareciendo lo que Prada (2012, p. 178) denomina fenómenos limítrofes, donde se produce, por un lado, la explotación de los recursos naturales, comunidades y degradación de los ecosistemas, y por otro, el control efectivo de la acumulación que efectúan estructuras del mercado internacional.

3. La sustentabilidad ambiental y la estrategia de la RSE

La crisis ambiental en la esfera mundial integró al debate la responsabilidad de gobiernos y empresas en el deterioro del medio ambiente y la vulneración de los derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX, en el marco de la discusión internacional sobre dicha crisis (Estenssoro, 2007; 2009; Pierri, 2005). La fase decisiva de la socialización de esta idea fue la Cumbre de Estocolmo o de La Tierra en 1972 convocada por la Organización de Naciones Unidas, la cual daría paso a la creación del Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Las diferentes discusiones sobre la temática concluyeron en el surgimiento de un capitalismo verde, que se ha instalado con base en la gestión de las problemáticas a través de soluciones que el mismo mercado elaborará. Como menciona Gudynas (2010, p. 59), el capitalismo propone administrar los impactos, compensarlos o amortiguarlos por medio de intervenciones sociales que legitimarán el modelo extractivo y soslayarán la protesta social. Lo cual se traduce en un ajuste ecológico del capitalismo, que incluirá una preocupación por el cambio climático y una profundización en la inclusión de la naturaleza en el mercado⁷, es decir, en apariencia un capitalismo benévolo (Gudynas, 2010, p. 63).

El capitalismo verde tiene sus cimientos en las discusiones sobre desarrollo sustentable, acuñado en los años ‘80, que fue introducido en la agenda global a partir de la publicación del documento Nuestro futuro en común en 1987, el que se institucionaliza en la Cumbre de Río de 1992 (Svampa, 2008, p. 6). En la ocasión, se impulsaron mecanismos para intervenir territorios en desarrollo; se liberó a las empresas transnacionales de su responsabilidad en el asunto, culpables de un 80% de la contaminación global; y se dejaron en manos del Banco Mundial los fondos para el medio ambiente. La Cumbre, en conclusión, fue un completo fracaso, que más allá de resolver problemas, los aumentó para los países pobres (Pierri, 2005, p. 67).

En ese marco, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se intentó por diversas iniciativas regular y normar hasta finales de siglo XX, sin embargo, se zanjó la discusión bajo la filosofía de la voluntariedad. Lo que nos remite a las propuestas del teórico neoliberal Milton Friedman⁸ a mediados de los años ‘60, quien sostenía que la RSE es un elemento para aumentar el beneficio del accionista, integrando una visión estratégica que aumentaría la competitividad de la empresa (Friedman, 1971, p. 7). Una de las condiciones para que la organización viera en esta idea una oportunidad, sería para su propio beneficio, por ejemplo a través de la rebaja tributaria por este tipo de acciones.⁹

La propuesta de Friedman, aunque polémica en sus inicios, se sintetizó en el Libro Verde de la Unión Europea (UE) el año 2002, que conceptualiza la RSE como: “Integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores”. La fórmula del economista es replanteada apareciendo la teoría de la creación de valor compartido de Porter y Kramer (2011, p. 4), en que las empresas aumentan su competitividad, a la vez que generan acciones para mejorar las condiciones de las comunidades donde operan.

La lógica que respalda esta teoría es la de la producción sostenible sin dejar atrás el crecimiento económico. Como analiza Vallaeys (2014, p. 143), el concepto de RSE se plantea en una economía verde ligada a los impactos y no a los actos. Donde los primeros abarcarían la dimensión social y los segundos lo jurídico, ya que los impactos, tienen la característica de ser anónimos porque no son directamente imputables, pero se presume son fruto de la acción del proyecto de desarrollo. Ampliando la responsabilidad a la sociedad más que a actores específicos.

Esta lógica ha desplazado la discusión sobre la responsabilidad legal de las empresas, lo que se traduce en la utilización de lo social por discursos empresariales en estrategias de marketing y de imagen corporativa. Posicionándose la RSE como una herramienta para gestionar conflictos y limitando las demandas de las poblaciones locales afectadas, colocando el acento en la filantropía. De esta forma, como señala Svampa (2008, p. 20), las empresas amplían sus campos de acción con iniciativas sociales, educativas y comunitarias para comprar y cooptar voluntades, socializar sus iniciativas y el proyecto ideológico del extractivismo en los procesos más básicos de la población. Lo que se traduce en licencias sociales para los proyectos extractivos en los territorios y países donde se busca invertir.

4. El Estado y la gestión ambiental

Los análisis de David Harvey (2007, p. 74) proponen que esta situación es el resultado de una transformación de la función estatal más que un retroceso o desaparición del Estado como tal; en otras palabras, es el surgimiento de un Estado y sus instituciones de corte neoliberal, cuya función es la búsqueda del bienestar corporativo por sobre el social, que deviene de las nuevas relaciones comerciales y financieras que se posicionan desde un poder transnacional. En esta lectura, el neoliberalismo aparece como una práctica político-económica, y que en Latinoamérica particularmente sería el efecto de las propuestas del modelo de libertad de empresa estadounidense.

El autor marxista, plantea que este tipo de transformaciones responden a una acumulación por desposesión (Harvey, 2005, p. 113) como un proceso de reproducción ampliada del capital; que es la reformulación de la acumulación originaria planteada por Marx para entender la situación contemporánea. Harvey describe los diferentes procesos que han acontecido en el orden mundial, y que serían la base de lo que denomina nuevo imperialismo, guiado por la acumulación por desposesión y sustentado en el neoliberalismo desde los años ‘70, que propuso transformaciones concretas para llevar el pensamiento neoliberal a la práctica.

Los trabajos de la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui sobre colonialismo interno sitúan el análisis de este escenario ante la lógica actual del funcionamiento de los Estados, producto de los rastros coloniales que se mantienen hasta la actualidad. En ese sentido, la autora señala que:

La normativa legal, tanto penal como civil, así como la formulación de leyes y reglamentos del manejo de lo público, han sido hasta ahora monopolio de elites eurocéntricas herederas del Estado colonial. A este entramado de saber-poder lo he llamado colonialismo interno. (Rivera, 2008, p. 6)

En efecto, como propone Rivera (2010, p. 41), el colonialismo interno funciona desde toda la política estructural de los Estados que amparan una ciudadanía excluyente, pero hoy reformulado en la estructura política, económica e institucional de los países, por medio de reformas neoliberales desde estructuras internacionales. Incluyendo las nuevas formas de modernización y competitividad, que por diversos mecanismos se traducen en formas de violencia estatal.

Siguiendo ese planteamiento,

Baste constatar que las rebeliones y otras formas de resistencia indígena y popular a lo largo de la historia, han respondido por lo general a sucesivas oleadas de reforma y modernización estatal, para verificar este aserto a simple vista. (Rivera, 2010, p. 41-42)

El colonialismo que describe la socióloga se inscribe así en procesos que fomentan la segregación, escasez, carencia, y pobreza como una de las principales formas de violencia estructural. Así, veríamos aparecer un Estado que en sus inicios y en la actualidad conserva relaciones de tipo colonial, en el cual instituciones y legislaciones responden a la lógica de inserción en la economía mundial.

La situación, como señalan Sabatini y Sepúlveda para el caso chileno, provocó que “en efecto, la disponibilidad de recursos naturales −en el marco de una desregulación ambiental de hecho y de una estrategia económica aperturista− ha representado importantes ventajas comparativas de Chile para atraer los capitales de inversión” (1997, p. 23). En consecuencia, los impactos en los ecosistemas de este modelo extractivo, y en las comunidades locales que los habitan, guían el análisis a los denominados conflictos ambientales.

Estas problemáticas se han desarrollado en el marco de una institucionalidad ambiental creada con la vuelta a la democracia en Chile y acorde a la dirección que tomaría la economía nacional. La Ley sobre Bases Generales para el Medio Ambiente 19.300 es publicada en marzo de 1994 durante el gobierno de Patricio Aylwin. En 1997 se crea el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que establece la procedencia administrativa para evaluar proyectos que poseen impacto, en que la opinión de la ciudadanía no es vinculante y los estudios sobre los proyectos están a cargo de consultoras contratadas por las mismas empresas. La emergencia de conflictos ambientales emblemáticos,¹⁰ puso en duda la legitimidad de esta evaluación ambiental (Sepúlveda & Rojas, 2010, p. 19).

En consecuencia, en el gobierno de Michelle Bachellet (2006-2010), se diseña el proyecto de ley para modificar la institucionalidad ambiental y en enero de 2010 se promulga la Ley 20.417, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En la reforma se amplía la participación ciudadana, se incorporan derechos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero se mantiene el carácter no vinculante de la participación y la consulta indígena. Elemento que se le criticó a la institucionalidad ambiental previa a la reforma por la ciudadanía, por considerar el proceso como una “participación protegida” (Sepúlveda & Rojas, 2010, p. 15).

La nueva reglamentación de la evaluación ambiental tampoco reguló las negociaciones entre la empresa y los afectados, ya que estos acuerdos no se establecen como vinculantes ni se consideran como dimensiones de la evaluación ambiental. Por lo tanto, no es fiscalizado el cumplimiento de las medidas de compensación, mitigación y/o reparación una vez aprobados los proyectos, dando plena libertad a las empresas y abriendo la posibilidad para la cooptación de las comunidades o determinados actores. Lo que responde a la lógica de negociación entre particulares, desplazando consideraciones socioambientales sobre los proyectos de inversión y dando prioridad a la lógica del crecimiento económico.

5. Metodología

La presente propuesta respondió a un análisis de corte cualitativo y es el resultado de un trabajo de campo realizado entre los años 2013 y 2014 en la localidad de Lago Neltume, en la región de Los Ríos, Chile, en el marco de un conflicto ambiental provocado por un proyecto hidroeléctrico de ENDESA. Para la realización del estudio, se aplicaron diez entrevistas semi-estructuradas a diferentes personas de la zona afectada y a funcionarios públicos, con el objetivo de describir e identificar las diferentes dimensiones que involucra la RSE como mecanismo de acción. Cabe mencionar que las entrevistas fueron repetidas a algunos sujetos en la medida que fue necesario ahondar en temáticas. En el caso de los argumentos de la empresa se analizaron comunicados públicos al no poder concretar entrevistas con los involucrados¹¹.

Para el análisis de datos se utilizó la perspectiva del análisis argumentativo propuesto por Gilberto Giménez (1981, p. 144-147), en su dimensión sintagmática y paradigmática. En que lo lingüístico en el proceso argumentativo está cargado de ideología, por lo que el emisor se apropiaría de hechos, objetos y valores a través de técnicas de sujeción y normalización. En esta lectura lo extratextual corresponde a lo paradigmático, mientras que lo sintagmático abarca tres fases: reconocimiento de argumentos; explicitación de la gramática de argumentos y, por último, identificación de las estrategias discursivas.

Se utilizó la matriz de análisis argumentativo propuesta por Elizabeth Bonilla Loyo y Carlos Del Valle Rojas en 2009, la que se confeccionó a partir de las propuestas de Giménez sobre análisis de discursos argumentativo (Bonilla, Del Valle y Martínez, 2012, p. 110). Así, se definieron en base a la descripción contextual del objeto de estudio y la información analizada: núcleos temáticos y subtemas para sistematizar los diferentes argumentos y definir a qué categorías de análisis respondían.

Figura 1
Matriz de análisis argumentativo
elaborada por Elizabeth Bonilla y Carlos Del Valle, 2009 (Bonilla et al., 2012)

Una vez realizada la gramática de argumentos se procedió a dar paso al análisis paradigmático, para explicitar las leyes ideológicas en relación a los objetos discursivos. Se identificaron las representaciones sociales presentes en el discurso siguiendo las propuestas de Giménez (1981, p. 148) sobre la axiomática de lo verosímil, para dar cuenta de leyes ideológicas que se presentan como de consenso universal. Además, se realizaron mapas ideológicos para sintetizar y graficar el análisis.

6. Discusión

En el presente apartado se analizan los resultados del núcleo temático: prácticas empresariales de ENDESA, el que permitió realizar la discusión en torno a los subtemas: inserción de proyectos de inversión; sujeción y cooptación; y negociaciones. Identificados en los discursos sobre diversas iniciativas dirigidas a las comunidades locales, que buscan gestionar el proyecto extractivo y la conflictividad social. Considerando que dichas acciones se realizan en paralelo e incluso, antes de la evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Neltume de ENDESA, ingresado al SEIA en diciembre del año 2010, luego de un trabajo en terreno iniciado el 2007 para la realización de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La transnacional ENDESA define la RSE de la siguiente forma: “entendemos la Responsabilidad Social como parte del desarrollo sostenible, en el que se articula el desarrollo económico, social y el cuidado del medioambiente, entendida como una matriz ética y, un factor de competitividad” (Política RSE ENDESA). La gestión de esta área está a cargo de la Gerencia de Comunicaciones y las acciones que se desarrollan, además, son utilizadas como una forma de rendición de cuentas a sus accionistas en informes de sustentabilidad anuales.

La corporación plantea un modelo de relaciones comunitarias para establecer vínculos y consensos en base a 7 principios para el caso de las iniciativas que ingresarán a evaluación ambiental (Endesa, 2013). Entre los que se consideran actores públicos, privados y de la sociedad civil. Este modelo daría por resultado los objetivos de la RSE, la cual se considera son acciones concretas que se ejecutan al momento de entrar en operación las iniciativas, luego de tres etapas previas de trabajo que corresponden al proceso de diseño y evaluación. Sin embargo, existe una utilización estratégica de determinadas acciones previo a la aprobación de la central hidroeléctrica en cuestión, que corresponden al discurso de responsabilidad empresarial.

Es el caso del Plan Energía Para la Educación, que otorga beneficios a cerca de 7 mil estudiantes en diferentes regiones de Chile, el cual se implementó durante la evaluación ambiental del proyecto. Esta iniciativa en la comuna de Panguipulli, otorga beneficios a cerca de 940 niños y niñas (Endesa, 2013, p. 39), entre los que se cuentan estudiantes de las escuelas rurales ubicadas en la zona de mayor impacto del proyecto. Lo que en la percepción de las comunidades es representado como un reemplazo del rol del Estado por la empresa. Tal como menciona una dirigente mapuche:

Porque en cada actividad que tenemos ahí [en la escuela] los nombran a los señores de Endesa, gracias a Endesa tenemos los equipajes, los cuadernos para los niños, ahora ya no vienen del gobierno, vienen de Endesa. (Janet Punulaf, entrevista personal, abril 2014)

Este tipo de acciones se corresponde con la etapa de relacionamiento previo que la empresa generó, en donde se realizan prácticas que escapan de la normativa legal, pero que se corresponden con los discursos de filantropía que utiliza la empresa. Se potencia la necesidad local a favor de la iniciativa ante las condiciones de abandono o aislamiento por parte del Estado, que caracteriza a las comunidades a nivel rural en el sur de Chile. La situación descrita genera las condiciones necesarias para la instalación de licencias sociales por medio de la intervención de las localidades y zonas afectadas.

Así, se introduce la posibilidad de mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades locales al amparo de ENDESA que, desde el análisis de los discursos argumentativos, dan cuenta de una utilización estratégica de los significados que utilizan las iniciativas extractivas. La inversión sustentable fomenta la competitividad en las comunidades y explica la conflictividad entre las personas, lo que es el resultado de estrategias discursivas que instalan diferentes representaciones sobre este tipo de proyectos. Por ejemplo, el aumento de la calidad de vida, el empleo, el progreso o el desarrollo.

O sea, lo que tenemos que buscar es que no se pierda la calidad de vida, que se gane calidad de vida. Ahora para algunos la calidad de vida puede ser mejorar los sueldos, para otros va a ser, no sé, mejorar su casa, para otros va a ser arreglar caminos, arreglar puentes. (Álvaro Gómez, entrevista personal, marzo 2014)

De esta forma, los planes empresariales responden a la inserción de proyectos por medio de la utilización de la RSE, que también tienen el objetivo de socializar la lógica de la inversión. El carácter voluntario de estas iniciativas les otorga status a los actores transnacionales, desplazando la posibilidad de reconocimiento de las demandas locales sobre el impacto de los proyectos extractivos. Las situaciones en que se han vulnerado derechos humanos, indígenas y culturales por prácticas empresariales son invisibilizadas por la filantropía, al no existir normas o legislaciones que las fiscalicen. Tal como menciona el encargado de la Oficina de Turismo Municipal:

A las doce de la noche van a las casas de la gente, gente que no tiene nada, nunca ha visto más de cien lucas, todas juntas digamos, y le ponen toda la plata encima, entonces esa cuestión ¿cómo va a ser responsabilidad social empresarial? Tiene cualquier nombre menos responsabilidad social empresarial. (Pedro Burgos, entrevista personal, marzo 2014)

En el conflicto ambiental emergen los discursos de generación de empleo, el apoyo en ámbitos sociales rezagados y la salida del subdesarrollo para las localidades rurales. Transformando las realidades socioculturales de manera irreversible, en resumidas cuentas, introduciéndose la lógica empresarial del mundo de la propiedad privada y la competitividad. Las comunidades locales transitan entre los impactos que se podrían ocasionar y las oportunidades que las empresas extractivas ofrecen. Producto de la nula fiscalización de este tipo de prácticas en el contexto de los conflictos ambientales.

Nosotros de primera estábamos súper mal porque ellos dicen en sus adendas que van a traer como cinco mil hombres a trabajar y nosotros, yo le decía a mi viejo, nosotros tenemos todo abierto aquí, cómo lo vamos a hacer, le decía yo, cuando llegue esa empresa, si es que se logra hacer eso algún día. Cómo lo vamos a hacer con tanta gente que vienen de afuera, el medio impacto y lo otro le decía yo, toca que algún viejo tenga una mala maña y nosotros somos campesinos, somos todos humildes. (Janet Punulaf, entrevista persona, abril 2014)

Entre los impactos identificados por las organizaciones mapuche, al ingresar el proyecto a evaluación, estaba la interrupción de prácticas culturales y la vulneración de derechos indígenas ratificados por el Estado de Chile. Lo que fue enfrentado por la empresa a través de la cooptación y sujeción de individuos específicos que provocó la fragmentación de comunidades. La intervención empresarial dio por resultado la división de la comunidad mapuche Juan Quitumán de Lago Neltume el 2008, naciendo así la comunidad Inalafquén en la zona. Tal como lo menciona la dirigente de la nueva organización:

[...] y de ahí ya después nos fuimos enterando que eran una empresa extranjera que estaba metida acá en la comunidad, se estaban entrevistando con los puros dirigentes, no más que los dirigentes sabían todo eso po, pero no le daban a conocer a su gente lo que estaban haciendo. (Janet Punulaf, entrevista personal, abril 2014)

La situación descrita se enmarca en las denominadas negociaciones entre privados que no son reguladas o fiscalizadas por la institucionalidad ambiental, posibilitando las prácticas de cooptación. Como bien señala el encargado de Participación Ciudadana del SEA, Álvaro Gómez, al referirse a estas situaciones. “Si ellos ofrecen mil millones a uno y cien pesos a otro, no es parte [de la evaluación ambiental]. Eso digamos son los acuerdos entre los interesados” (Álvaro Gómez, entrevista personal, marzo 2014).

La situación descrita fue potenciada a través de mecanismos como las denominadas Mesas de Trabajo, propuestas por ENDESA para entregar beneficios a diferentes organizaciones y segmentos de comunidades gestionando fondos concursables desde el 2007. De esta forma comienzan a insertar y socializar su proyecto, incluso antes de que este ingrese a evaluación, lo que no corresponde a lo declarado como parte de su modelo de relaciones comunitarias, que en la práctica apunta a fomentar los intereses particulares, como lo explica un dirigente local:

Más allá de eso no, porque aquí se mira como las partes más afectadas, se mira Puerto Fuy, Lago Neltume, todos esos lugares se toman como más impactados […] Claro, pero eso ya lo manejan a nivel de sus mesas ellos [otras localidades], nosotros aquí peleamos por lo de nosotros no más, no nos juntamos, aquí ni se ha conversado. (Eduardo Salgado, entrevista personal, mayo 2014)

7. Conclusiones

Las situaciones descritas se remiten a impactos locales a los cuales las personas que habitan estos territorios son expuestas, y ante las cuales se fomenta la conflictividad social. Así se desplazan las consideraciones ambientales, sociales y económicas que las comunidades identifican por la lógica de la compensación y negociación entre privados. Lo cual viene siendo la formula básica de las empresas para la gestión de los conflictos ambientales y la socialización de sus proyectos extractivos, lo que fue estipulado y planificado con la emergencia del capitalismo verde y que repercute en el diseño de la institucionalidad ambiental chilena.

La RSE y sus mecanismos son estrategias empresariales que vulneran derechos y otorgan licencias empresariales sobre los sujetos y los territorios. En un país en que la legislación ambiental es débil ante las responsabilidades que deberían asumir las empresas, y es estrecha en cuanto a derechos que aseguren el bienestar de las personas ante proyectos extractivos. Por otro lado, la voluntariedad de las normas y pactos sobre RSE no son capaces de responder a las reales demandas de las comunidades afectadas por proyectos de inversión.

La socialización de los proyectos busca de esta formar desplazar las responsabilidades sobre acciones concretas y abrir las posibilidades del mundo de los impactos para negociar; considerando que una de las dimensiones importantes del conflicto tiene que ver con la representación social de las iniciativas empresariales. Los proyectos extractivos por medio de la utilización estratégica de los discursos e intervenciones en los territorios obtienen licencias sociales para llevar adelante las iniciativas, las cuales son tan relevantes como los permisos ambientales establecidos en las legislaciones, que no son otra cosa que la gestión del conflicto.

Existe desconocimiento sobre el verdadero impacto de las políticas destinadas a otorgar beneficios sociales por parte de las empresas. El análisis devela las que en un comienzo detonan las problemáticas, al existir estrategias de cooptación y sujeción que fragmentan las comunidades. Este tipo de socialización de iniciativas empresariales en los territorios no sólo conlleva la aceptación o resistencias ante los proyectos, también da cuenta del proyecto neoliberal que se ha instalado en el país. Por ello, no se puede reducir el análisis de estas situaciones a meras consideraciones ambientales.

Los discursos analizados así nos entregan elementos para entender las diferentes representaciones sociales tanto sobre la empresa, el Estado, como del conflicto en sí que visibilizan las interacciones presentes, que no reducen la discusión a lo local; sino más bien, nos dan herramientas para criticar y deconstruir el modelo neoextractivo instalado en Chile, considerando el análisis contextual que es necesario para poder comprender este tipo de problemáticas y las diferentes dimensiones que abarca.

Las investigaciones de la comunicación deben integrar un análisis crítico de las situaciones como las aquí abordadas, que se desliguen de miradas donde la comunicación sería la vía para la gestión de conflictos ambientales, sin considerar elementos que son inconmensurables en las problemáticas analizadas. Los aportes a la discusión que la disciplina realice deben integrar una reflexión profunda sobre el modelo socioeconómico y las estrategias discursivas que lo acompañan, ya que el neoextractivismo implica una profundización y expansión de éste a diferentes dimensiones sociales y culturales, antes no consideradas en este modelo.

Referencias bibliográficas

Bonilla Loyo, E.; Del Valle, C. & Martínez, G. (2012). El Grupo de Discusión como generador de Discurso Social: Aproximaciones teórico-metodológicas. Revista Austral de ciencias sociales, (22),101-114.

Casilda Béjar, R. (2004). América Latina y el Consenso de Washington. Boletín Económico de ICE, (2803). Recuperado de: http://bit.ly/2zD6c72.

CEPAL (2011). La Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica y el Caribe. Documento Informativo. Naciones Unidas: CEPAL. Recuperado de: http://bit.ly/2C12f1S.

CEPAL. (2015). La Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica y el Caribe. Documento Informativo. Naciones Unidas: CEPAL. Recuperado de: http://bit.ly/2m5VKho.

Endesa (2013). Informe sostenibilidad. Endesa publicaciones e informes. Recuperado de: http://bit.ly/2CeCYyd.

Estenssoro, F. (2007). Antecedentes para una historia del debate político en torno al medio ambiente: la primera socialización de la idea de crisis ambiental (1945 -1972). Revista Universum, 2 (22), 88-107.

Estenssoro, F. (2009). Medio ambiente e ideología. La discusión pública en Chile, 1992-2002. Antecedentes para una historia de las ideas políticas a inicios del siglo XXI. Santiago, Chile: Ariadna Ediciones.

Ffrench Davis, R. & Devlin, R. (1993). Diez años de crisis de la deuda latinoamericana. Comercio exterior, 43 (1), 4-20.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: FCE.

Friedman, M. (1971). La responsabilidad social de la empresa privada. Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES). 13 (239).

Gandarilla, J. (2012). Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época. Revista del Observatorio Social de América Latina, 13 (32), 191-216.

Giménez, G. (1981). Poder, estado y discurso. Perspectivas sociológicas y semiológicas del discurso político-jurídico. México: UNAM.

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Extractivismo, política y sociedad, (187-225). Quito: CAAP y CLAES.

Gudynas, E. (2010). La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo. Íconos, (36), 53-67.

Gudynas, E. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En Wanderley, F. (coord.), El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina, (379-410). La Paz, Bolivia: Oxfam y CIDES UMSA.

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: Clacso.

Harvey, D. (2007). Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid, España: Akal.

INDH [Instituto Nacional de Derechos Humanos] (2015). Mapa de conflictos socioambientales en Chile. Recuperado de: http://mapaconflictos.indh.cl/descarga

Landau, M. (2008). La participación en las políticas públicas y los límites de la metáfora espacial. Revista Política y Cultura, (30), 67-89.

Martínez Alier, J. (2014). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Chile: Quimantú.

Pierri, N. (2005). Historia del concepto de desarrollo sustentable. En Foladori, G. & Pierri, N. (coord.). ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Colección América Latina y el Nuevo orden mundial, (P. 27-81). México: Cámara de Diputados LIX Legislatura.

Porter, M. & Kramer, M. (2011). La creación de valor compartido. Harvard Business Review. Recuperado de: http://bit.ly/2DnsnjY.

Prada, R. (2012). El círculo vicioso del extractivismo. En Massuh, G. (Ed.), Renunciar al bien común: extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina (pp. 157-191). Buenos Aires, Argentina: Mardulce.

Rivera Cusicanqui, S. (2008). Pueblos originarios y Estado. La Paz, Bolivia: Azul Editores.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Violencias (re) encubiertas en Bolivia. La Paz, Bolivia: Editorial Piedra Rota.

Sabatini, F. & Sepúlveda, C. (1997). Conflictos Ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil. Santiago, Chile: Publicaciones CIPMA.

Sepúlveda, C. & Rojas, A. (2010). Conflictos ambientales y reforma ambiental en Chile: una oportunidad desaprovechada de aprendizaje institucional sobre participación ciudadana. Revista Ambiente y Desarrollo. CIPMA, (24), 15-23.

Sohr, R. (1982). La política exterior de Reagan. Revista Nueva Sociedad, (63), 87-93.

Svampa, M. (2008). La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. Recuperado de: http://bit.ly/2DntnVb.

Svampa, M. (2012). Pensar el desarrollo desde América Latina. En Massuh, G. (Ed.), Renunciar al bien común: extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina (pp. 157-191). Argentina: Ediciones Mardulce.

Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Revista Nueva Sociedad, (244), 30-46.

Toral Calo, R. (2007). Una sociedad a la medida ¿de quién? Odiseo, Revista Electrónica de Pedagogía, (8). Recuperado de: http://bit.ly/2zF5WEE.

Vallaeys, F. (2014). Definir la Responsabilidad Social: una urgencia filosófica. En Del Aguila, L. (Ed.), Ética de la gestión, desarrollo y responsabilidad social (pp. 133-148). Perú: Fondo Editorial.

Notas

Enlace alternativo

http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3316/2984 (pdf)