1. Introducción

El golpe de Estado parlamentario consumado en Paraguay al presidente constitucional Fernando Lugo, en junio de 2012, puso en evidencia el rol que la prensa paraguaya tuvo a la hora de coagular una narrativa en torno a los sentidos que justificaron el juicio político y la posterior destitución del presidente. Usufructuando las debilidades propias del gobierno y de la estructura política y social nacional, la prensa hegemónica tuvo la capacidad de generar consensos y núcleos argumentativos para presentar un escenario de inestabilidad política y social que llevara a “la rescisión del contrato social” (Rivarola, 2012).

La investigación tiene como hipótesis que con el fin de abrir un nuevo ciclo e iniciar un proceso de reestructuración y apertura de la economía paraguaya a la nueva dinámica global de acumulación del capital, los dueños de la prensa hegemónica proveyeron de una narrativa de la crisis y construyeron las representaciones e ideología que justificaran el juicio político a Fernando Lugo en 2012.

El estudio se inscribe en el campo de la sociología histórica de tiempo presente (Skocpol, 1984; Tilly, 1991), que permite analizar los hechos únicos (historia) dentro de modelos sociológicos que van más allá de la singularidad (Bonnell, 1980). Siguiendo a Braudel (1968), se ubica el fenómeno en un tiempo mixto de corta, mediana y larga duración y se analizan las continuidades y discontinuidades que vienen a dar una explicación de los factores estructurales y coyunturales que operan sobre el mismo.

Nos centraremos en dos coyunturas de cambio social, concepto privilegiado de la sociología histórica (Ansaldi & Giordano, 2012). Por un lado, en las grandes transformaciones del capitalismo y el impacto que durante las dos últimas décadas se han vivenciado en la región. La burguesía local transitó un proceso de concentración económica y asociación con el capital transnacional que socavó las reminiscencias precapitalistas y transformó el perfil empresarial. Tal reconversión “aumentó la concentración e internacionalización de los principales grupos capitalistas, que se afianzaron como conglomerados regionalizados” (Katz, 2014, p. 99). En lo que respecta a los grupos mediáticos, diversificaron su estructura económica de acumulación a distintos rubros de la economía local y regional (Mastrini & Becerra, 2006, p. 35; Canclini, 2000). Esta burguesía adquiere un doble poder, puesto que elaboran un producto comunicativo que es a la vez un bien material y un relato (Martín-Serrano, 2004) y mantienen una doble acción y mediación de intereses: políticos y económicos, y en virtud de ello logran intervenir y afectar el espacio público, que es un espacio político (Mastrini & Becerra, 2011, p. 54).

La segunda coyuntura de cambio atiende al contexto de ascenso de los gobiernos posneoliberales (Sader, 2009), en tanto que “la comunicación mediatizada se ha convertido en un verdadero campo de batalla político, en el que distintos agentes se disputan la construcción de sentidos hegemónicos sobre el modelo de Estado y de democracia” (Sierra, 2013). En esta dirección busca ser un aporte para el reconocimiento de las relaciones de poder en el ámbito de la producción comunicativa, a través del análisis de los sujetos dominantes en el campo. Para ello, se centra en los mecanismos que permiten a los dueños de los medios de comunicación “apropiarse de la producción de fuerzas sociales antagónicas, e imponer su orden y su realidad como los únicos posibles” (Mattelart, 2010, p. 53).

En este marco, el trabajo reconstruirá la trayectoria y composición de dos grupos empresariales altamente concentrados y diversificados: Vierci y Zuccolillo. Estos conglomerados, dueños de la prensa hegemónica y propietarios de múltiples empresas, en algunos casos oligopolios, mantienen una posición privilegiada en tanto productores de los medios económicos y simbólicos.

En cuanto a la fuente, el trabajo se apoya en dos tipos: secundaria −dado lo inédito de la reconstrucción de la composición de los grupos mediáticos− y primarias, provistas por la prensa que se estudia.

A lo largo del artículo se problematiza el concepto de golpes de Estado del siglo XXI para ceñir un análisis, desde la larga duración, del fenómeno político que significó el ascenso de Frente Guazú en Paraguay y de los gobiernos posneoliberales en la región. Luego, reconstruiremos la historia, estructura y composición del grupo Vierci y Zuccolillo, dueños de los dos diarios de circulación más importantes en el país. Por último, en el plano acontecimental o de corta duración, abordaremos una periodización posible que muestre la complejidad de la relación entre Fernando Lugo y estos actores. En este ejercicio, intentaremos rastrear en la prensa, a través del “análisis crítico del discurso”, los núcleos argumentativos que sirvieron como insumos para recrear un argumento legítimo sobre la necesidad o inevitabilidad del golpe de Estado.

2. Golpismo latinoamericano: la destitución de Fernando Lugo

Más allá de la fuerza con la que los procesos destituyentes en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012) y recientemente en Brasil (2016) se impusieron en la agenda política y académica (Carbone & Soler, 2012; Gentili, 2016; Salas Oroño, 2016; López Segrera, 2016), existe aún una vacancia teórica en los estudios sobre los nuevos golpes de Estado que vienen a dar fin a los procesos constituyentes nacidos de la crisis posneoliberal.

Categorías como “interrupciones institucionales” (Negretto, 2006), “remoción del presidente” (Pérez Liñán, 2007), “inestabilidad presidencial” (Ollier, 2008) o “caídas presidenciales” (Hochstetler, 2008), fueron pensadas en el marco de las crisis políticas postransición a la democracia en 1980 y, específicamente, para los mandatos no finalizados de los presidentes del período neoliberal en la región (Soler, 2015, p. 82). Sin embargo, ninguna de ellas abarca la complejidad de los procesos nacionales actuales ni puede dar cuenta de la novedad que estos instalan.

Según Juan Gabriel Tokatlian (2009; 2012) el neogolpismo es una modalidad formalmente menos virulenta, encabezada por civiles (con soporte implícito o complicidad explicita de los militares), que pretende violar la constitución del Estado pero preservando cierta apariencia o semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta). En rigor, es un fenómeno gradual, donde los grupos civiles van generando condiciones o escenarios para la inestabilidad y se tiende a invocar −y agregamos nosotras, a utilizar− la opción de una salida “legal”. De ahí que algunos autores pretendan denominar las nuevas modalidades golpistas como de Golpes de Estado constitucionales (Roitman Rosenmann, 2013), ya que éstos se caracterizan por hacer uso, mediante autoridades elegidas democráticamente, de mecanismos constitucionales para cubrir las irrupciones al poder con un manto de legalidad. Hemos pasado de golpes como acto de ilegalidad necesaria a golpes de Estado en los estrictos márgenes de la ley (Martínez, 2014; Soler, 2015). Así, la democracia como paradigma hegemónico y como valor infranqueable −cuando menos en su aspecto formal− limita el uso de la violencia y de las fuerzas de seguridad (Ansaldi, 2008).

A diferencia de los procesos destituyentes de la década del setenta, gestados o vehiculizados por las Fuerzas Armadas, en Brasil, Paraguay, Honduras y Haití, éstas no actuaron por propia iniciativa, no utilizaron la violencia física ni intentaron “asaltar” el gobierno, dado que no contaban con el poder ni la autoridad para hacerlo (Llanos & Leiv, 2010).

Entonces, a diferencia de los procesos de inestabilidad presidencial de los años 1980-1990 en el contexto de la crisis del neoliberalismo, los golpes de estado del siglo XXI siempre intentan anular, eliminar o inhibir un proceso en marcha que, en general, aparece como una amenaza para los intereses de los sectores económicos y políticos concentrados. Ya sea porque estos gobiernos inician un proceso de radicalización democrática que limita la capacidad de imposición de los sectores dominantes o porque, como en el caso paraguayo, el gobierno en ejercicio significa un obstáculo para la ampliación de la capacidad económica de las fracciones del capital que vieron en el juicio político y la destitución del presidente la posibilidad de convertirse en clase dirigente.

Mientras que los golpes de Estado de los años 1970 se produjeron en el marco de la disputa bipolar, los golpes de estado del siglo XXI se producen en un escenario donde la política exterior se enmarca en el paradigma del terrorismo, tras los atentados post 11 de septiembre. La injerencia de los Estados Unidos en los procesos destituyentes del siglo XXI se mostró más solapada para los casos de Honduras y Paraguay. Sin embargo, tuvo un rol estratégico en la destitución de Jean-Bertrand Aristide en Haití. En Paraguay, la política internacional de Lugo no representaba una afrenta para la política exterior norteamericana. Los cables Wikileaks revelan que Fernando Lugo había autorizado la injerencia de este país para el entrenamiento de fuerzas especiales denominadas Destacamento Conjunto de Respuesta Rápida, con miras a derribar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) (O´Donnell, 2013).

Por otro lado, los organismos supranacionales han tenido un éxito relativo a la hora de frenar dichas instancias destituyentes. El proceso de integración tuvo un fuerte impulso entre 2008 y 2011, pero luego fue mutando hacia el estadio de baja intensidad (Comini & Frenkel, 2014). Las instituciones regionales como Unasur y Mercosur, se mostraron incapaces para devolver a los presidentes depuestos a sus cargos. En definitiva, el caso paraguayo “revela las dificultades de la Unasur frente a la situación de un régimen democrático amenazado por fuerzas disruptivas y por aquellas tendencias desestabilizantes que finalmente vieron el éxito en el golpe de junio de 2012” (Kersffeld, 2013, p. 201).

3. Los dueños de los medios de comunicación como fracción del capital

Al momento del golpe de Estado en Paraguay, la titularidad de los medios hegemónicos de comunicación pertenecía a ocho grupos económicos: Grupo Zuccolillo, Vierci, Ángel González, González Dibb, Rubín, Riveros, Wasmosy y Chena. En la mayoría de los casos estos empresarios mantienen negocios fuera del ámbito de las telecomunicaciones, conformando grandes estructuras económicas multisectoriales (Segovia, 2010, p. 36).

Como se ha advertido, los cambios en la dinámica de acumulación del capital en la región y en Paraguay modificaron el perfil empresarial y habilitaron la conformación de grandes conglomerados empresariales locales. Los grupos mencionados, además de detentar la propiedad de los medios de comunicación, forman parte de un empresariado local moderno, fuertemente diversificado. Sus empresas se inscriben en todos los sectores de la economía, pero con predominio en la industria ligada al procesamiento de productos primarios, comercio, servicios y sector financiero.

Estos grupos empresariales nacieron durante el régimen stronista (1954-1989). La modernización de la estructura agraria en la década del sesenta, así como la construcción de la hidroeléctrica binacional Itaipú en la década del setenta incentivó la creación de un incipiente empresariado nacional estrechamente ligado al régimen y configuró los inicios de la formación de la clase empresarial stronista (Soler, 2014).

En el periodo inmediatamente posterior al golpe de Estado a Stroessner, durante las presidencias de Andrés Rodríguez (1989-1993) y Carlos Wasmosy (1993-1998) se llevó a cabo un conjunto de reformas neoliberales, denominadas de primera y segunda generación (Borda, 2009), siendo el intento más consistente de la burguesía nacional nacida en Itaipú de asumir el papel hegemónico en Paraguay. Sin embargo, como indica Charles Quevedo (2015, p. 50), la inserción del país en una nueva dinámica de la economía global, basada en un doble proceso de valorización financiera y extranjerización de la economía, mediante la colocación de excedentes financieros en la periferia (Harvey, 2005) y la internacionalización de los procesos productivos (Arceo, 2011)¹, se desarrollaría de manera más consolidada después del golpe de Estado a Fernando Lugo en el 2012, y principalmente con la llegada de Horacio Cartes al poder en el 2013.

Apenas destituido el gobierno de Frente Guasú, el empresariado ligado al agronegocio, en alianza con los capitales transnacionales, tomó la dirección del rumbo económico del país a través de la figura de Federico Franco, quien fuera vicepresidente de Lugo y líder del partido Liberal². Sin embargo, de inmediato se abrieron las disputas entre las fracciones de clase que se habían presentado como homogéneas a los efectos de la destitución.

Con la llegada de Horacio Cartes al poder se inició un proyecto que “se presenta como modelo de reestructuración integral del capitalismo paraguayo, para integrar el país y su alta burguesía empresarial al sistema económico mundial transnacional en desarrollo” (Lachi, 2015, p. 248). Los sectores empresariales concentrados ligados al comercio, la agroindustria y el sistema financiero serían sus principales beneficiarios.

La colocación de bonos en el sistema financiero internacional por primera vez en la historia del país, el nivel creciente de endeudamiento público −pasó de 10,9% en 2011 a 23,2% del PIB en 2016−; el reimpulso a la ley de maquilas y la ley 60/90 de estímulo a la inversión, que tuvo un incremento de 81,4% entre 2015 a 2016 según datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), son ejemplos de la reestructuración mencionada. Completan el cuadro la ley N.º 5102/2013 de Alianza Público-Privado −que permite a la iniciativa privada hacerse cargo de los servicios de energía eléctrica, del agua potable, del alcantarillado sanitario, de las plantas de tratamiento de efluentes, del transporte ferroviario, del transporte carretero, de los aeropuertos, de las hidrovías (su dragado), de los puertos fluviales, del cemento, de los hidrocarburos, de las cárceles, de la educación, de la salud y de la infraestructura urbana, entre otros.

4. Grupos Vierci y Zuccolillo

Los grupos Vierci y Zuccolillo son dos casos bien ilustrativos de esta élite empresarial moderna, altamente diversificada y, a la vez, dueña de multimedios (Segovia, 2010).

El primero de ellos está dirigido por Antonio Vierci,³ propietario del diario Última Hora, del canal de televisión Telefuturo, Radio Monumental, Radio Estación 40 FM y Radio Urbana. Mantiene una larga trayectoria como uno de los grupos económicos más importantes de Paraguay y su participación en el mercado de las telecomunicaciones se inició recientemente, en el año 2003. Dicho grupo, “ha establecido un conglomerado que se proyecta al siglo XXI como altamente dinámico” (Miranda, 2000, p. 296).

Aldo Zuccolillo es el líder del grupo dueño de ABC Color, ABC Comunicaciones, ABC Digital, ABC TV Digital y del diario La Vanguardia. Gestiona la representación de la empresa de telefonía móvil Personal y de TVENTAS, una empresa multicanal de ventas televisivas ecuatoriana. Al igual que Vierci, mantiene inversiones en todos los sectores de la economía.⁴

El grupo que preside se ha convertido en una empresa moderna que se inserta fuertemente en el sector financiero, inmobiliario y de servicios. Sin embargo, sus vínculos con los actores más representativos del agronegocio explican, en gran medida, la actitud defensora de los derechos de los productores agrícolas y de las multinacionales vinculadas al mismo.

En efecto, Cargill, la empresa proveedora de agroinsumos, construyó el puerto granelero Unión en Zeballos Cué, en propiedad del empresario Zuccolillo. Por otro lado, Héctor Cristaldo, representante de Unión de Gremios de la Producción (UGP), es director de Inmobiliarias del Este, propiedad de Zuccolillo. En el diario ABC Color puede verificarse cotidianamente tanto la presencia de Cristaldo como de otros líderes de organizaciones empresariales, al tiempo que periodistas del grupo realizan pasantías en la sede central de Monsanto, en Saint Louis Estados Unidos, para promocionar su tecnología.

Estos grupos económicos entendieron que tanto Fernando Lugo como la clase dirigente tradicional eran incapaces de encauzar la política económica paraguaya de manera tal que ésta se abriera a las nuevas formas de acumulación del capital. El primero por no controlar los resortes básicos del Estado y los segundos por depender de una política económica cuyo núcleo organizativo es la obra pública o la simple tenencia de la tierra. En este sentido, la destitución viene a reabrir un novedoso proceso de reestructuración de la economía paraguaya, necesario para la expansión de la elite empresarial del país, entre ella, los dueños de los medios hegemónicos de comunicación.

5. Los tres ciclos de la relación entre grupos mediáticos y la presidencia de Fernando Lugo

La relación entre el gobierno y la prensa fue compleja y distó de mantener un curso lineal. De ahí, que será posible diferenciar tres momentos en el proceso que se busca describir aquí. En cada uno de ellos la narrativa de la prensa aglutinó varios elementos.

Para la identificación de los temas emergentes y recurrentes, trabajamos con los aportes teóricos y metodológicos del “análisis crítico del discurso” puesto que los mismos pueden estudiarse como prácticas sociales, políticas e ideológicas (Fairclough, 1992; Zullo, 2015). En rigor, dicho análisis apunta a la “comprensión de los conceptos de poder e ideología, mediante la apropiación de la hermenéutica, la explicitación de las estrategias discursivas, el reconocimiento de los factores contextuales en la interpretación y la adopción de un lugar político desde el cual se investiga” (Pardo Abril, 2007, p. 67).

Asimismo, el lenguaje se manifiesta como una “forma de práctica social, centrándose en los modos en que la dominación política y social se reproduce a través de los textos” (Marradi, Archenti & Piovani, 2010, p. 297). Por ello, para el estudio de la prensa nos centraremos en dos niveles, uno textual y otro contextual (Van Dijk, 2002) y rastrearemos los núcleos de significación y tópicos sobre los cuales los periódicos han recurrido sistemáticamente a la hora de exponer los sucesos en torno al golpe de Estado. Como fuente recurriremos a las publicaciones de las páginas web de los principales diarios de circulación nacional en Paraguay durante el 2012.

6. La campaña electoral

En las elecciones de 2008 Fernando Lugo, militante social de la iglesia, contaba con el apoyo del Partido Liberal y llevaba en la fórmula a Federico Franco. La oposición de la mayoría de los medios de comunicación hacia el presidente saliente Duarte Frutos y las pocas chances electorales del ya en retirada Lino Oviedo, dieron por resultado el apoyo a la candidatura de Fernando Lugo. Así, es posible afirmar que el propio mapa electoral lo había convertido en la opción menos desventajosa y los medios hegemónicos lo consideraban un candidato con pocas posibilidades de garantizar cambios radicales que pusieran en peligro su posición económica dominante. Además, la alianza electoral con el Partido Liberal y la amplia representación que seguiría manteniendo el Partido Colorado en las cámaras de representantes dejaría a Fernando Lugo en una posición de fragilidad, aumentando las chances de autonomía relativa de los grupos económicos y comunicacionales.

Así, el candidato del Frente Guasú asumió la presidencia bajo el amparo de los medios de comunicación, situación que se extendió algunos meses. Tras la asunción, Alejandro Domínguez Dibb y Aldo Zuccolillo invitaron al presidente a asistir al encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa a realizarse en marzo de 2009 en Asunción. En esa ocasión Lugo declaró “es mejor una prensa adversa y leal que nos ayuda desde sus cuestionamientos a producir la autocrítica necesaria para enmendar nuestros errores, que una prensa amiga que oculte los síntomas de errores de gestión.” (SIP, 2009)

Sin embargo, la buena relación no duró demasiado. Como documentan Aréchaga y Rodríguez (2015) el primer traspié se dio sólo dos semanas después de aquel encuentro, a partir del tratamiento del conflicto de los sesameros, cuando el diario ABC Color acusó a Lugo de privilegiar a un grupo polémico de dirigentes campesinos de San Pedro. Si bien el hecho no resultó de gran envergadura, a partir de allí puede rastrearse la oposición abierta de los principales medios, direccionada por Aldo Zuccolillo. En este periodo, los pedidos de juicio político al presidente se hicieron cada vez más intensos, tal es así que el diario La Nación⁵ publicó “Lo que se dice hoy en la calle, en Paraguay, es que ya no se discute si se hará o no el juicio político contra Lugo, sino simplemente cuando será” (Arechaga & Rodríguez, 2016, p. 154).

Otro eje de disputa con el gobierno comenzó cuando este instauró un incipiente marco regulatorio y se dio impulso a la creación de espacios estatales de comunicación.

Los medios comenzaron a posicionarse como opositores al régimen bajo el rol de guardianes de la democracia y fiscales de las instituciones, etiqueta que habían pregonado en el inmediato periodo poststronista.

7. Conflictividad y narrativa de la crisis

Esta nueva etapa de abierta conflictividad tuvo su epicentro en el tratamiento del caso Ñacunday⁶. Como nos advierte Genoveva Ocampo este suceso “removió el tapete en la medida en que nos recordaba una antigua y dolorosa historia de propiedades públicas que pronto se concentran en unos pocos particulares” (2016, p. 20). Fue también el escenario ideal para montar una estrategia destituyente que encontraría su espacio de realización un año después tras la masacre de Curuguaty⁷ (Carbone & Soto, 2016).

El primer elemento emergente apunta a establecer que la incapacidad del presidente obtura la posibilidad de dar cauce pacífico al conflicto. El segundo elemento se centra en el intento por demostrar la existencia de una alianza entre los campesinos y el gobierno para socavar los derechos de propiedad de los productores agropecuarios.

Apenas iniciado el conflicto, los medios de comunicación empezaron a articular una narrativa en torno a la cuestión de la tierra, dejando en claro que el corazón del conflicto social campesino en Paraguay no podía ser solucionado bajo la presidencia de Fernando Lugo. Titulares como “La falta de política agraria convierte a labriegos en presa fácil de oportunistas”⁸, “La reforma agraria: imposible absoluto con el gobierno de Lugo”⁹, “Reforma agraria, la gran mentira de Lugo”¹⁰ o “Lugo puso fin al intento de reforma agraria en el país,”¹¹ eran cotidianos.

Asimismo, el conflicto social se vinculó, como en el resto de los golpes institucionales en la región, a la “incapacidad” de los mandatarios para gobernar (Goldstein, 2012).

Siguiendo esta línea, el día 18 de febrero de 2012, el diario La Nación titulaba “Productores piden a Lugo que se reinstaure el Estado de derecho”¹²; el mismo día en el diario Última Hora, en la sección Opinión, aparecía la siguiente denuncia “El conflicto en Ñacunday ha llegado a estos niveles de tensión por decisiones equivocadas del presidente”¹³, y el día 19 de febrero publicaba “Sólo así se entiende que el Gobierno esté abordando un problema tan complejo, como si fuera un partido de fútbol con árbitro vendido” y culmina “¿O es que no hay Estado?”¹⁴. El diario ABC Color del 9 de julio transmitía la voz del diputado Carlos María Soler del PLRA quien expresaba “estamos ante un Estado de anarquía”¹⁵.

Como hemos mencionado, el segundo elemento emergente, promovido especialmente por ABC Color, se presentó bajo la afirmación de que los campesinos sin tierra y el gobierno tendieron una alianza para socavar los derechos de propiedad de los productores. El 13 de julio de 2011 el periódico publicó las declaraciones del intendente colorado de Santa Rita, Concepción Rodríguez, quien afirmó “a esto [por las ocupaciones de los campesinos “sin tierra”] se suma ahora la falta de defensa de la propiedad privada por el Gobierno nacional, que desmoraliza a los productores y a las entidades financieras internacionales”¹⁶.

El 8 de julio el mismo diario publicaba una nota, sin firma alguna, que se titulaba “Los marxistas atizan el resentimiento social para ganar el poder”, a continuación se esgrimía que “La política del resentimiento social que impulsan los marxistas bolivarianos liderados por el presidente Fernando Lugo, preconiza el uso de la violencia”¹⁷.

Todos estos argumentos lograron articular una narrativa de la crisis donde se comenzaron a aglutinar núcleos de legitimidad en torno a la necesidad de recambio presidencial, los cuales se reeditaron tras la masacre de Curuguaty y se cristalizaron en el libelo acusatorio del juicio político en junio de 2012.

Otra de las representaciones que apuntaría a socavar la legitimidad del gobierno y a justificar el golpe de Estado será la denuncia respecto de una estrategia entre el gobierno de Lugo y sus aliados marxistas “para fomentar la lucha de clases y el resentimiento”¹⁸. Retomando la simbología del enemigo externo creada a partir de la resignificación de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935) instauraron un argumento monocorde, lineal y chauvinista (Halpern, 2012, p. 116) que en esta ocasión se encausaría contra la política regionalista de integración y las políticas “bolivarianas” encarnadas en la figura de Hugo Chávez. Estos argumentos fueron un instrumento esencial para despertar un miedo de vieja raigambre en la población. El 13 de enero de 2012 el diario de Zuccolillo titulaba “El Ushuaia II recuerda al Tratado de la Triple Alianza”¹⁹. El libelo acusatorio entre las cinco acusaciones al presidente, respecto del protocolo Ushuaia II esgrimía que “Este documento constituye un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay” (p. 5).

En síntesis, como advirtió Clyde Soto, existió un discurso legitimador donde “la izquierda ha sido sistemáticamente señalada como portadora de un tipo de pensamiento prohibido o como un peligro que debe ser erradicado” (2016, p. 66).

8. Posición destituyente. Democracia y modernización económica

Cuando en abril de 2012 el ministro de agricultura Enzo Cardozo había dispuesto la liberación del algodón transgénico BT sin contar con dictamen de inocuidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ni licencia ambiental de la Secretaría de Ambiente (SEAM), el titular del Senave, Miguel Lovera, perteneciente a Frente Guasú, decidió no inscribir la variedad en el registro del organismo. Desde entonces, los gremios empresariales comenzaron una batalla contra el organismo y el gobierno de Lugo, teniendo como principal plataforma de comunicación el diario ABC Color.

La definición del gobierno de Fernando Lugo y su fuerza política como obstáculos para la modernización productiva en Paraguay fue el principal elemento emergente y el eje articulador de la narrativa, estrategia que se consolida tras la destitución de Fernando Lugo. Posterior al golpe, el diario de ABC Color titulaba²⁰ “Por fin, tras siete años de espera, se podrá cultivar algodón transgénico”, mientras el 11 de agosto advertía que “Situación algodonera ya no es crítica”²¹. El 9 de septiembre de 2012, bajo el rótulo “Paraguay busca ponerse al día en agricultura”²², pregonaba “Después de muchos años de haber quedado rezagado en el uso de las nuevas tecnologías que ofrece la agricultura moderna mediante la biotecnología, y con la política implementada por el ministro Enzo Cardozo, el Paraguay busca ponerse al día en materia del uso de los transgénicos para intentar estar a la par que los competidores de la región: Argentina, Brasil y Uruguay”.

La masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, fue la que permitió el desenlace de una crisis político-institucional que culminó con la concreción del juicio político a Lugo. Sin embargo, las representaciones que se pusieron en funcionamiento a partir de la masacre ya habían sido instaladas con anterioridad, sólo que encontraron su momento de concreción en junio de 2012.

Como ya hemos advertido, entre los núcleos argumentativos que operaron desde las ocupaciones en Ñacunday hasta el día del juicio, se encuentra la concepción de un gobierno incapaz, inoperante y débil, y la supuesta complicidad entre los campesinos sin tierras (enrolados en la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo) y Lugo para socavar los derechos de propiedad de los productores.

Entre los principales argumentos del congreso para destituir al presidente se lo acusaba de promover el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad (p. 6).

Es en el momento del juicio donde puede distinguirse con mayor claridad la alianza entre sectores empresariales, de los cuales forman parte los dueños de los medios de comunicación y la clase política ligada a los partidos tradicionales. Tal confluencia de intereses mostró su efectividad en el libelo acusatorio y su correspondencia con los núcleos argumentativos que los medios de comunicación ayudaron a instalar. Este acuerdo (también endeble, dado que una vez destituido Lugo comenzará una lucha de fracciones por apropiarse de la dirección del gobierno) produjo una ingeniería destituyente.

Ciertamente, como alertó Milda Rivarola (2012), el libelo acusatorio recurría abiertamente a la cláusula madre de la represión dictatorial: los delitos políticos no necesitan ser probados, por ser de público conocimiento. Tal cláusula concretó, a su vez, la alianza que había logrado abrir un proceso de reestructuración económico y social en Paraguay.

9. Conclusiones

Los golpes de Estado del siglo XXI siempre intentan anular, eliminar o inhibir un proceso en marcha que, en general, aparece como una amenaza para los intereses de los sectores económicos y políticos concentrados. En Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo representaba un obstáculo para la ampliación de la capacidad económica de las fracciones nacionales más modernas del capital, que vieron en el juicio político y la destitución del presidente la posibilidad de convertirse en clase dirigente. Horacio Cartes, es la concreción de esa posibilidad.

A diferencia de lo que sostiene buena parte de la literatura, aquí hemos demostrado que estos nuevos formatos destituyentes no tienen como función mantener el statu quo. Por el contrario, en Paraguay el golpe tuvo la función de posibilitar la inserción del país en la dinámica global de acumulación del capital.

Como expusimos, los medios hegemónicos de comunicación en Paraguay pertenecen a un empresariado nacional moderno. Su relación con el gobierno de Fernando Lugo fue compleja y lejos de seguir un curso lineal transitó desde el apoyo hasta una posición destituyente, lo cual viene a subvertir la hipótesis de que los medios de comunicación siempre se oponen a los procesos de cambio posneoliberales. Sin embargo, cuando fue necesario para el despliegue de sus capacidades económicas y con el fin de iniciar un proceso de reestructuración y apertura de la economía, y abrir un nuevo ciclo político en Paraguay, utilizaron los medios que detentaban como instrumento para proveer una narrativa de la crisis y construir las representaciones e ideología golpista que justificaran el juicio político. Tales mediaciones sirvieron de fuente de poder a sectores interesados en el derrocamiento de Lugo, entre ellos, los mismos dueños de los medios de comunicación, como fracción del capital.

En un contexto regional de centralidad democrática, los golpes de Estados del siglo XXI intentan mantenerse dentro de los estrictos márgenes de la ley. Por tales razones, los medios de comunicación se convierten en dispositivos privilegiados para proveer de las representaciones e ideología golpista imprescindibles para demostrar la necesidad del juicio político y su posterior justificación. Su posesión por parte de la élite empresarial se justifica a partir de las limitaciones que la propia lógica de la época impone. Ya no es necesario −ni posible− golpear las puertas de los cuarteles militares para propiciar cambios en el gobierno, sin embargo, han encontrado artefactos muchos más eficaces para ello.

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Notas