Es sabido que la experiencia histórica argentina en torno a los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con las políticas llevadas a cabo por el Estado. Desde allí se entiende que la relación aboriginalidad y Estado-Nación está atravesada por una construcción mutua en cada época y contexto determinado (Briones, 1998).

Históricamente, el proyecto de Nación Argentina implicó una ruptura con el pasado indígena y negó cualquier influencia que no fuera la hispano-católica, desplazando las historias de los diversos pueblos y comunidades culturalmente diferenciados. En general, se impulsó un modelo en el que se valoraron hechos y personajes históricos que fueron reconocidos y legitimados como parte del patrimonio cultural nacional, en desmedro de los pueblos indígenas que fueron excluidos e invisibilizados y/o considerados en el relato oficial como inferiores, bárbaros, sin civilización y en algunos casos como invasores (Navarro Floria, 1999; Tamagno, 2002). Para las elites intelectuales de la época, la presencia de la población indígena significaba un impedimento para el “progreso” y la “civilización” del país (Balazote & Radovich, 1992; Bonfil Batalla, 2004; Slavsky, 1992). De acuerdo con esta ideología el “problema indígena” debía resolverse ya sea por invisibilización o por extinción (Carrasco, 2002) para lo cual, hacia el último cuarto del siglo XIX, primó una política de exterminio que halló su máxima expresión en la denominada “Conquista del Desierto” (de 1879 a 1885), basada en sucesivas campañas militares comandadas por el general Julio A. Roca que lograron desarticular y des- gastar a los grupos más organizados (Carrasco & Briones, 1996).

Sin embargo, la histórica relación del Estado con los pueblos indígenas −signada por la violencia física, la exclusión permanente y la discriminación abierta− comenzó a reconfigurarse en el siglo XX a partir de la reconquista de la democracia en 1983, la entrada en vigor de la reforma constitucional y el discurso de los derechos humanos emergente (tanto a nivel nacional como internacional), los cuales sentaron las bases políticas para la reemergencia indígena y su visibilización. Este proceso se vio favorecido, particularmente, a partir de lo que se denominó una “juridización de lo indígena” (Gómez, 1997; ver también Frites, 2011), que llevó a intensificar procesos de auto identificación étnica donde se reivindican aspectos sociales y culturales vinculados con la preexistencia étnica de los pueblos en el territorio. Al respecto, entre las primeras medidas legales se destaca la Ley Nacional de 1985 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que incluyó el artículo 75 inc. 17 que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas al Estado Argentino” y garantiza “el respeto a su identidad (…) y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además, más recientemente, en Argentina se sancionó la Ley de Restitución de Restos Indígenas del año 2001 (Decreto reglamentario701/10) y la Ley Nacional de Emergencia a la Propiedad Comunitaria del año 2006.Por otra parte, en materia de derecho internacional, este proceso se evidencia en la suscripción del país al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en el 2000 y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).

Nacional de 1994 que incluyó el artículo 75 inc. 17 que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas al Estado Argentino” y garantiza “el respeto a su identidad (…) y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además, más recientemente, en Argentina se sancionó la Ley de Restitución de Restos Indígenas del año 2001 (Decreto reglamentario 701/10) y la Ley Nacional de Emergencia a la Propiedad Comunitaria del año 2006. Por otra parte, en materia de derecho internacional, este proceso se evidencia en la suscripción del país al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en el 2000 y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).

En este marco los grupos indígenas adquieren visibilidad jurídica y social y toman impulso como movimiento a favor de un conjunto de reclamos y problemas comunes y específicos que se centran principalmente en el derecho al territorio y con este al “entramado simbólico de la identidad y la reproducción del grupo y su cultura” (Lazzari, 2007, p. 14).

Esta contextualización −aunque breve− resulta fundamental para comprender que las acciones implementadas a favor de los pueblos indígenas de San Luis y su visibilización pública no pueden comprenderse como un hecho aislado, sino como parte de complejos procesos que han transformado a las sociedades de América Latina en escenario de reemergencias indígenas. Sin duda lo que se destaca de esta provincia argentina es, además de la devolución de tierras, la construcción de viviendas para que pobladores autorreconocidos como rankülches vivan comunitariamente en el nuevo pueblo. Estos hechos tuvieron una destacada difusión en El Diario de la República, cuestión que llevó interés a recuperar sus noticias para analizar los contenidos, así como las valoraciones y representaciones que predominan acerca de lo indígena y los actos de reivindicación.

Cabe aclarar que el concepto de representación aquí utilizado se entiende como construcción socio-cognitiva que podría definirse como un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado. En este sentido, las representaciones no serían un simple reflejo de la realidad, sino una organización significante de la misma, integrada por un sistema de valores y conocimientos de determinados grupos, dependiendo de la historia y del contexto ideológico que lo envuelve. En términos generales, puede decirse que es gracias a las representaciones que las personas hacen inteligible la realidad física y social (Abric, 1994; Jodelet, 1993; Marcová, 1996; Moscovici, 1993). A su vez, resulta clave la noción más específica de representaciones mediáticas, en tanto construcciones realizadas por los medios de comunicación, los cuales funcionan como portadores responsables −junto con otros sistemas simbólicos− de trazar los tópicos, las gramáticas, los lenguajes a través de los cuales una sociedad se ordena y se piensa a sí misma (Caletti, 2006; Cebreli & Rodríguez, 2013). En este marco, los medios deben entenderse como “operadores de visibilidad y traducibilidad”, aunque al mismo tiempo como agentes de invisibilidad, capaces de hacer imperceptibles ciertos temas, actores sociales y perspectivas (Cebreli & Rodríguez, 2013).

En un primer nivel de análisis fue necesario especificar el modo en que el pueblo rankülche de San Luis se convierte en noticia para El Diario de la República, cabecera provincial. En las notas relevadas se observó que su visibilización mediática se produce fundamentalmente cuando existe un hecho concreto de “reparación”o “reivindicación” efectivizado por el gobierno de la provincia y protagonizado más específicamente en la figura del gobernador Rodríguez Saá. Esta cuestión puede leerse ligada a la adscripción rankülche que posee el gobernante y que le otorga doble legitimidad ante los hechos relacionados al pueblo, tanto sea por su cargo de autoridad principal como por su propia ascendencia rankül(Giacomasso, 2016). En este punto, queda claro también que el cubrimiento realizadopor el medio está marcado por la pertenencia del gobernador a la familiapropietaria del diario.

Por otra parte, además de identificar cuándo este medio habla de lo indígena, es interesante analizar cómo refiere al tema y qué voces utiliza para construir las noticias. En las diferentes notas se observa que los discursos que predominan son institucionales, es decir, provienen de funcionarios que integran el gobierno o profesionales técnicos que tienen alguna relación con este. La palabra rankülche se advierte, sin embargo, en ínfimas oportunidades y es representada por el lonko (jefe o cacique) de la comunidad, quien asume la figura de administrador de la coparticipación del Estado y es el referente principal en la coordinación de acciones entre el gobierno y el municipio (Giacomasso, 2016).

Varios ejemplos son muestra de ello. En el primer momento de publicaciones sobre la restitución de tierras existe un uso recurrente de la voz del gobernador, mediante el recurso de “Atribución”, así denominado por las Teorías de la Valoración (Martín & White, 2005; Kaplan, 2004), el cual supone introducir la palabra del otro explícitamente a fin de alinearse, en este caso, con la pos- tura del hablante. Algunas frases utilizadas son: “Ranqueles, la provincia de San Luis quiere reconocerles el derecho a la dignidad⁴, para ello contribuirá con los medios económicos para reparar tantas injusticias”; “vamos a iniciar aquí las obras y vamos a apoyar un proyecto económico sustentable que le dé a pueblo ranquel suficiente autonomía (…) quiero decirles que hoy toda la provincia me acompaña (El Diario de la República, 2007, agosto 15, p. 2-3).

Otros discursos recuperados son, por un lado, los de la Ministra de Inclusión y Desarrollo Humano que refiere puntualmente a la activación producida desde el Estado en torno a la reivindicación indígena como “un proyecto para todas las comunidades y un gran esfuerzo para que se pueda extender a todo el país”. Y por otro lado, también se retoma la palabra del Jefe del Subprograma Parque de las Naciones quien además fue el responsable del diseño arquitectónico del pueblo. En cuanto al diseño cabe destacar la particularidad de las obras que reproducen formas análogas a las antiguas tolderías (rukas) rankülches recreando un paisaje similar a los grupos del pasado, por ello es interesante destacar cómo esta peculiaridad es difundida por el medio. En este caso es la voz del arquitecto la que explica que “el gobernador propuso la construcción tipo toldos, pero con materiales modernos” y que “los bocetos y maquetas presentadas fueron producto de una investigación sobre costumbres del pueblo que fue reforzada con el intercambio y consenso de la comunidad” (El Diario de la República, 2007, noviembre 28, p. 10). No obstante, si bien en los artículos hay una continua referencia a la construcción de las viviendas “según criterios y costumbres tradicionales ranqueles” y “contemplando formas de los antepasados”, no se registra la voz de los representantes rankülches como testimonio que dé cuenta de estos aspectos culturales e identitarios reflejados en la materialidad del lugar. A su vez, cuando la nota refiere a la bendición indígena que se hace de la tierra tampoco se recuperan los discursos de sus protagonistas. El periodista escribe: “los ranqueles tuvieron la intención de tomar la palabra (…) intentaron explicar a Rodríguez Saá su gratitud, pero su música hizo el trabajo (…) buscaron explicarle la significación de este día, pero las palabras no fueron necesarias, diferentes loncos comenzaron a tocar las trutrucas logrando un sonido que describía el paisaje” (El Diario de la República, 2007, agosto 15, p. 32). En este caso, al limitarse la palabra de los propios actores −lo que en la teoría de la valoración se llama “contracción dialógica” (White, 2003)− se trata de una mera interpretación periodística que restringe la multiplicidad de sentidos que los rankülches pudieran otorgarle a la música y sus prácticas.

Del mismo modo ocurre en un segundo momento de publicaciones relativas a la inauguración del Pueblo Ranquel en el año 2009 (Figura 1). Si bien las notas remiten a las prácticas que los habitantes comenzarían a implementar, tales como el desarrollo de un sistema económico de producción, la implementación en la escuela de una “educación que respete la historia y las creencias de la comunidad” y en el hospital la etnomedicina por su “conexión con la cultura” (El Diario de la República, 2009, mayo 28, p. 8-9), lo cierto es que la noticia se amplía con las explicaciones del gobernador y/u otros profesionales. De esta manera el proyecto se presenta independiente de los reclamos, deseos y/o necesidades de la comunidad, como tratándose de un listado de tareas propuestas que los habitantes tuvieran que efectivizar.

Esto parece más claro en la palabra recuperada del Jefe del Programa de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de San Luis: “Cuando todo haya concluido [en referencia al acto de inauguración], inmediatamente cada uno deberá comenzar a desempeñar el rol correspondiente en la comunidad para su funcionamiento y sustentabilidad” (El Diario de la República, 2009, mayo 29, p. 14). Detrás de estas citas también se aprecia una representación del indígena como receptivo, sobre la que se volverá más adelante.

Figura 1
Notas de tapa que difunden la inauguración del pueblo
Fotografías propias.

Por otro lado, cuando la noticia se matiza con el discurso de algún representante indígena, más que para recuperar sus perspectivas sobre los hechos, su cultura y proyección de vida, se realiza a los fines de valorar la acción y gestión gubernativa. El periodista cuenta como el representante de la comunidad Coya de Jujuy “sostuvo que es necesario que los demás gobiernos se contagien de San Luis” (El Diario de La República, 2007, noviembre 28, p. 14) y también en otras citas aparece la voz de un representante rankülche afirmando: “A mí me va a ser poca la vida para terminar de agradecerle a Rodríguez Saá lo que ha hecho por nosotros” (El Diario de la República, 2009, mayo 31, p. 4).

Por último, el tercer momento al que nos referimos para este análisis, relacionado con publicaciones sobre “Pueblo Ranquel” efectuadas en años posteriores a la inauguración de las viviendas, podría cobrar otros sentidos en torno a divulgar acciones que tomen como actores centrales a los indígenas. Sin embargo, se observa que si bien los temas aluden a las actividades lleva- das a cabo en el pueblo (trátese de visitas a la escuela, festejos del año nuevo rankül, adiestramiento de caballos, crecimiento de la hacienda, etc.) las voces que se reproducen siguen siendo la de funcionarios. Así, por ejemplo, “la Jefa del Programa Culturas Originarias agregó que los ranqueles participaron de charlas debate (…) explicó que festejan la llegada del año nuevo entre el 20 y 24 de junio” (El Diario de la República, 2015, noviembre 2, p. 2); “la ministra de turismo destacó que la idea es que ellos [los ranqueles] se sientan acompañados” (El Diario de la República, 2015, junio 22, p. 5); el “asesor productivo veterinario comentó que la relación caballo-indio es la que buscamos recuperar” (El Diario de la República, 2014, septiembre 21, p. 3) y “el entrenador de caballos recuerda que el ranquel y sus caballos eran un mismo ser (…)” (El Diario de la República, 2014, diciembre 22, p. 3). En estas producciones periodísticas se legitiman las voces de “profesionales”, “asesores”, “ministros”, como enunciados autorizados, mientras que la palabra de los representantes indígenas tiene un lugar restringido o nulo en el discurso del medio. Esto muestra la actitud del hablante de limitar la posibilidad de expresión de estos actores que son hablados por “otros”. El único poblador rankülche mencionado y citado es el lonko de la comunidad cuya voz se recupera sólo en una ocasión, para referir al proyecto de contacto de los jóvenes con otras escuelas, dando cuenta de la precariedad del espacio que le es otorgado en comparación con el resto de las voces. Esta cuestión puede ser entendida, en términos de Bourdieu (1997) como formas diferenciales y desiguales de acumulación y concentración del “capital simbólico” (poder reconocido), en este caso entre los agentes institucionales y los grupos indígenas. Según la conceptualización del autor, el Estado funciona como el principal agente de legitimación, lo cual radica en el poder simbólico que ostenta por disponer de los medios eficaces para imponer las categorías de percepción y apreciación. En ese sentido, aquellos poseedores de una función, cargo o titulación otorgada por el Estado se vuelven personajes autorizados, lo cual tiene efectos excluyentes sobre otras poblaciones a quienes se las priva de reconocimiento y consideración (Bourdieu, 1997). Tal como se mencionó anteriormente, los grupos indígenas de América Latina, desde los procesos de colonización, ocuparon una posición marginal, a partir de estructuras de dominación que no fueron sólo materiales, sino también simbólicas, basadas en la invisibilización, silenciamiento e inhabilitación de estos pueblos de decir su propia palabra (Bonfil Batalla, 1972). Si bien en un contexto de reemergencias y de reconocimiento de los derechos indígenas comienzan a surgir trabajos que reivindican sus propias voces y modos de auto-representación, en las noticias relevadas se pone en evidencia que aún queda mucho camino por recorrer para reconocer e integrar el punto de vista o subjetividad de los “otros” (no europeos)^5.

Por último, en cuanto a este tercer momento de análisis cabe destacar, además, que las notas referidas al desarrollo del pueblo son pocas y dispersas, lo cual demuestra un decaimiento en el interés del diario por hacer noticia “lo rankülche” si se lo compara con las etapas previas de restitución e inauguración −centradas en la acción del Estado− donde las noticias fueron más frecuentes.

2.2 Las representaciones sobre lo indígena y su relación con el Estado

En un segundo nivel de análisis interesó identificar la forma en que los indígenas aparecen representados en la prensa, así como también el modo en que se los visualiza según sus relaciones con el Estado. Para ello, se tuvo en cuenta una categoría válida de análisis que es la de subjetivema, desarrollada por Kerbrat- Orecchioni, quien parte de la base de que “toda unidad léxica es, en un cierto sentido, subjetiva, dado que las ‘palabras’ de la lengua no son jamás otra cosa que símbolos sustitutivos e interpretativos de las ‘cosas’” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 91-92). En ese sentido, los subjetivemas son frases o palabras que manifiestan la valoración que el hablante hace durante su enunciación de ciertos objetos o hechos del mundo que refiere (Balmayor, 2001, p. 133). En las notas de El Diario de la República estos elementos se rastrearon para dar cuenta de las valoraciones que se construyen en torno a los indígenas y su relación con las políticas de Estado.

En principio se destaca que los rankülches son denominados mayormente como pueblo o comunidad originaria del actual territorio argentino. El sentido de originario no sólo se ve reflejado en el término que los nombra, sino en el modo en cómo se articula el texto de la noticia. Así, frases como “dieron el primer paso en la era del regreso”, “la comunidad se reencontró con las tierras de sus antepasados”, “las tierras les fueron devueltas”, “el paisaje, ese que siempre fue de ellos”, son ejemplos de esta idea de pertenencia originaria de los rankülche a estas tierras.

Por otra parte, el concepto de “restituir”, también de uso frecuente, alude a otro significado: el que supone la existencia de algo propio que, para poder ser restituido, tuvo previamente que haber sido quitado. No obstante, la mención en las notas a los “atropellos” e “injusticias” cometidas hacia los indígenas se realiza a fin de resaltar la acción de gobierno reparadora ante aquello, sin profundizar en cuestiones históricas, sociales y políticas que pudieran contextualizar los actuales hechos reivindicatorios.

En este sentido, una nota titulada “Una restitución necesaria” (El Diario de la República, 2007, noviembre 18) nombra a los pueblos indígenas como “sector vulnerable” de la sociedad argentina, “despojado”, “discriminado” y “estigmatizado en los males más variados”. A partir de esta representación se enfatiza en la gestión del gobierno consecuente que, además, es valorada subjetivamente por el periodista, a través de algunas frases o subjetivemas que muestran un claro posicionamiento ante el tema: “Reunir una comunidad aborigen y celebrar su ubicación en un espacio de San Luis es un acto de justicia y profunda sensibilidad”; “surge de la grandeza del saludable gesto de restitución”, supone una “buena forma de darse un baño de humildad y reconocer las tradiciones, la cultura, los antepasados”.

En relación con lo anterior, otra representación que subyace en las notas es la de una posición indígena receptiva frente a los actos encabezados por el primer mandatario y sus funcionarios. Ello se visualiza principalmente en las noticias que detallan los bienes otorgados a la comunidad, donde se especifica que “los ranqueles recibieron yeguas (…) cabezas de ganado” y “se les dio información técnica del programa ProHuerta del INTA quien les brindó semillas para obtener diversas hortalizas”. Esta cuestión se ve reforzada por las palabras citadas de un representante indígena quien solicita que “los gobernadores de otras provincias tomen este ejemplo porque en cada comunidad hay un aborigen esperando algo” (El Diario de la República, 2009, mayo 3, p. 4). El indígena es representado desde un lugar pasivo, mientras que la activación y movilidad parece reservada para el gobierno provincial. Sumado a ello, ninguna noticia incluye información y/o testimonios que remitan a luchas, movilizaciones o gestiones concretas que los rankülches hubieran realizado previo a los actos de restitución mencionados. Sólo en una oportunidad y de manera muy efímera se emplea el concepto de “reclamos”, aunque nuevamente con el fin de poner el énfasis en la acción gubernamental que se ocupó de atender a los mismos, a diferencia de otras políticas de Estado. “En otras provincias argentinas existen diferentes movimientos que realizan este reclamo [como si se tratara, además, de un reclamo común y universal de todas las comunidades] y siguen siendo desoídos”. Aun remitiendo a las demandas de estos pueblos la construcción del texto sigue situando la actividad desde el Estado provincial, presentando la cuestión indígena dentro del marco de la acción pública y no como organización propia.

En estas construcciones mediáticas, la relación entre el Estado y los indígenas puede pensarse bajo la noción de “poder tutelar” (Souza Lima, 1995)⁶ basada en la necesidad de estos pueblos de ser protegidos y resguardados. La representación de los indígenas asociada a la vulnerabilidad contribuye a resaltar el papel del Estado como tutor y protector, cuya acción es fundamental para sostenerlos y ampararlos. Pese a que esta concepción ya ha sido superada a nivel nacional e internacional a través del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas donde se reconoce el derecho de los pueblos a determinar libremente sus formas de vida, estos sentidos no aparecen reflejados en el contenido de las notas. Ello implicaría representar la igual capacidad de los indígenas para tomar decisiones y llevar a cabo sus propios proyectos y, en ese sentido, entraría en contradicción con la representación que los muestra vinculados sólo a programas del Estado o como “sector vulnerable”. Asimismo, las políticas de tutelaje parecen también reflejarse en un párrafo de estas notas que anuncia que “el mes próximo será el turno de los huarpes [otro pueblo considerado originario de la región], cuando el gobierno provincial les restituya las tierras”, como si se tratase de metas aisladas, destinadas a un grupo que recibirá en un determinado momento aquello dispuesto por el Estado.

Por otra parte, en torno a temas vinculados con la historia y la cultura de los rankülches una noticia que se diferencia del resto es aquella que incluye en su contenido la histórica masacre a los rankülches en los campos de Pozo del Cuadril en 1878, en la cual se recuperan las características del grupo y su vinculación con la actual provincia de San Luis. Esta pareciera ser la excepción de un conjunto de publicaciones en donde el foco está puesto en las gestiones de gobierno y no tanto en la cuestión de la historia y el derecho indígena. Asimismo, cabe destacar que en este particular artículo se hace énfasis en que tal ataque “quedó en el olvido”, o fue “pocas veces iluminado por la historia oficial”, dando cuenta de la importancia de rescatar estas otras versiones del pasado desde la propia palabra silenciada de los descendientes. No obstante, resulta paradójica la defensa de “la voz acallada de los pueblos originarios”, cuando las noticias producidas por el medio han incluido escasamente la palabra de representantes indígenas y, por el contrario, han centrado el discurso en la voz de los funcionarios gubernamentales.

Esto último puede explicarse también, siguiendo a Tuchman (1983) desde una perspectiva sociológica de producción de mensajes, a partir de la existencia de ciertos presupuestos periodísticos basados en que la credibilidad de la noticia se logra si la fuente de información la constituyen los sujetos situados en los lugares más altos de las jerarquías organizativas. Desde dicha postura, los periodistas dan primacía a aquella información otorgada por los departamentos de los organismos públicos, la cual estaría garantizada por la supuesta rectitud de las instituciones ya legitimadas. En este sentido, es que el autor refiere a la noticia como un procedimiento ideológico, en tanto “construye la realidad” o la enmarca, seleccionando de antemano unos elementos por sobre otros.

2.3 Reivindicación indígena y propaganda política

Otro punto a destacar de las publicaciones vinculadas a los rankülches es aquel que auspicia explícitamente el gobierno de la provincia a través de información propagandística relacionada con los actos de “reparación cultural” (Figura 2). Estas secciones nuevamente impiden pensar lo relativo al pueblo rankülche por fuera de la acción del Estado que es la que lo viabiliza y direcciona.

Se trata de mensajes firmados por el gobierno que muestran a los lectores el compromiso político asumido con esta comunidad. Se valora “la dignidad” de las acciones, el “mayor acto de inclusión social” y la “idea y tesón” del Estado “para darle a esa gente lo que le pertenece”. El discurso se vincula con la acción y los méritos de los gobernantes.

Figura 2.
Propaganda política sobre los actos de reivindicación hacia los rankülches.
Fotografías propias.

Por otra parte, la propaganda estatal fue utilizada además para invitar al público a la ceremonia de restitución de tierras y de entrega de las viviendas (Figura 3). En estos casos vale advertir sobre la imagen utilizada de Pincen −un reconocido cacique rankül− para representar a los indígenas rankülches que “triunfantes…VUELVEN”, reafirmando en ese texto la idea de recuperar su territorio original. La fotografía seleccionada con el torso desnudo, el chiripá, la vincha, las boleadoras y la lanza, reproduce una visión estereotipada del indígena que, a su vez, se refuerza con la representación que lo asocia con la ruralidad. Es posible pensar que tal elección se relaciona con la intención de exhibir y difundir una imagen que fuese fácilmente identificada por la sociedad con “lo indio”, a partir de la presencia de elementos específicos a este asociados.

De tal modo, a través de estas publicaciones se propaga una construcción tipificadora de lo indígena, fundada en un esquema de cualidades que difieren de las características visibles actuales de los rankülches. Desde esta representación, la identidad de estos pueblos es “esencializada” o “romantizada”, vinculada con un modo de vida “atrasado”, alejado en tiempo y espacio; lo cual aseguraría la condición de “pureza” cultural, legitimada desde la lógica y el imaginario social dominante (Benavides, 2005). Esto demuestra los “efectos de autenticidad” (Lazzari, 2007b) y los modos hegemónicos de visibilización que aún se reproducen en torno a los sujetos e identidades indígenas.

Figura 3
Invitación pública a la ceremonia de restitución de tierras.
Fotografía propia.

Cabe preguntarse, aunque tal análisis exceda este trabajo, ¿qué relaciones y expectativas acerca de lo “indio” se promueven y/o reafirman en los pobladores locales a través de las imágenes estereotipadas difundidas?

2.4 Los rankülches en otros medios de prensa

Es interesante destacar, además, la forma en que reconocidos medios de prensa nacionales han difundido información acerca de los indígenas rankülches de San Luis. Las notas relevadas divulgan, por un lado, los hechos de restitución y fundación del Municipio Ranquel como una “iniciativa histórica” de la provincia y como un “precedente” en la reparación de las culturas originarias en nuestro país (Diario La Nación⁷ y La Prensa⁸). Estas son mayoritariamente descriptivas de las características del pueblo y de los emprendimientos productivos de sus pobladores, sin ahondar en aspectos políticos, históricos y/o culturales indígenas. Por otro lado, otras notas emitidas por La Nación9 y Página 12¹⁰ presentan una postura más crítica y hacen hincapié en el gasto público que significó la construcción del Municipio Ranquel, por tratarse de “otra obra monumental que buscó atraer al turista a cualquier precio”. Asimismo, en ambas publicaciones se cuestiona al gobernador Rodríguez Saá por “la desmesura de una alta inversión” para edificar en una de las lagunas del pueblo un anfiteatro flotante, enfatizando la discusión en base a la inadecuada gestión del Estado provincial.

De manera general se aprecia que las notas nacionales, al igual que las publicaciones del diario provincial, vinculan a lo rankülche con las políticas oficiales que, aunque sean juzgadas positiva o negativamente, son las que terminan por visibilizar y dar cuenta mediáticamente de la existencia de este pueblo indígena.