El Frente Amplio de Uruguay en Argentina y el ''voto Buquebus''. Ciudadanía y prácticas políticas transnacionales en el Cono Sur^*

The Uruguayan Frente Amplio in Argentina and the ''voto Buquebus''. Citizenship and Transnational Political Practices in the Southern Cone

Desde la década de 1990 los Estudios Transnacionales ganaron importancia a la hora de abordar diversos fenómenos sociales y políticos: procesos migratorios, transformaciones en el rol del Estado y reconfiguración de nociones clave en la teoría social como ''ciudadanía'', ''soberanía'', ''nación'' y ''comunidad''. Más allá de los debates y las críticas recibidas, las investigaciones en este campo contribuyeron a visibilizar los lazos que vinculan los países de origen y destino como un aspecto significativo y complejo de la experiencia migratoria. Esta incluye las prácticas políticas transnacionales de migrantes, entendidas como las diversas formas de participación transfronteriza directa en la política del país de origen -por ejemplo, votación, apoyo a los partidos políticos o la participación en los debates de la prensa-, así como la participación indirecta a través de las instituciones políticas del país de destino (Østergaard-Nielsen, 2003a).

Gran parte de la literatura que hasta el momento abordan estas prácticas se concentran en trayectorias Sur-Norte, concretamente en las migraciones desde diversos países latinoamericanos y africanos hacia Estados Unidos y Europa. En los casos en los que los destinos son países europeos, las investigaciones tienden a centrarse en las actividades políticas de los migrantes en los países receptores, puntualmente en sus esfuerzos por mejorar su situación en ellos y en la lucha contra la discriminación de la que suelen ser objeto. En tanto, en los casos en los que el destino es Estados Unidos, el foco analítico está puesto en el país de origen como factor de movilización. En ambos casos, se trata de investigaciones en que las relaciones entre los países involucrados son sumamente asimétricas y suponen múltiples procesos de exclusión para los transmigrantes que impulsan (Østergaard-Nielsen, 2003a). En términos de Aihwa Ong (2006): ''movilizaciones situadas de reclamos globalizados'' (p. 499). Es posible entonces que ambas cuestiones -la asimetría entre los países de origen y destino y los procesos de exclusión que esta supone- ayuden a explicar las preguntas y perspectivas que guían estos análisis, especialmente aquellos emprendidos tras los ataques del 9-11 y la tendencia hacia la ''securitización de la migración'' (Huysmans, 2000).

Esta tendencia en los países centrales contrasta fuertemente con las recientes transformaciones en las políticas migratorias en varios países del Cono Sur; también con el curso que en los últimos años han seguido las prácticas políticas transnacionales asociadas a trayectorias migratorias entre los países de la región que, según se propone aquí, demandan otras preguntas, perspectivas y explicaciones históricas (Góngora, Herrera y Müller, 2014).

Este artículo avanza en esta dirección a partir de una etnografía ''multisituada'', centrada en las prácticas políticas transnacionales del colectivo uruguayo radicado en Argentina. Siguiendo a la gente, las metáforas, la trama-relato-alegoría, la vida-biografía y el conflicto (Marcus, 1995), el trabajo de campo desarrollado desde 2009 abarca la interacción con hombres y mujeres de nacionalidad uruguaya que sostienen o sostuvieron prácticas políticas transnacionales, llegados a la Argentina entre fines de la década de 1940 hasta la actualidad. También incorpora el análisis de fuentes escritas producidas por estos o sus agrupaciones políticas, así como la revisión de fuentes secundarias. El artículo se basa en 39 entrevistas en profundidad, 22 historias de vida, un gran número de conversaciones e interacciones informales, y en los registros etnográficos realizados en las múltiples y diversas instancias públicas y semipúblicas de reunión que movilizan políticamente a los transmigrantes, tanto en Uruguay como en Argentina: actos partidarios y electorales, mesas redondas, jornadas electorales, reuniones, asambleas y plenarios, entre otros.

Las preguntas que guían las indagaciones relativas a las prácticas políticas transnacionales son sumamente diversas en tanto abarcan múltiples niveles, procesos, estructuras y actores. Es frecuente emplear como criterio ordenador de esta literatura la distinción propuesta por Luis Guarnizo y Peter Smith (1998), entre aquellas investigaciones que buscan explicar ''desde abajo'' por qué ocurren estas prácticas y el ''sentido de bifocalidad'' (Vertovec, 2004, p. 983) de los migrantes, y aquellas que, ''desde arriba'', se preguntan por las transformaciones operadas sobre las políticas de los gobiernos y el rol del Estado más allá de las fronteras territoriales. En esta dirección se ubican los trabajos que reflexionan sobre los desafíos que presentan las prácticas políticas transnacionales a las teorías políticas tradicionales y las democracias liberales (Lafleur, 2012; Bauböck, 2003; 2005); desafíos que resultan particularmente visibles ''desde arriba'' en los países de origen, cuyos Estados buscan captar el interés de los emigrantes a través de distintas ''políticas nacionales globales''. Estas incluyen la creación de instituciones y programas de vinculación, la realización de conferencias y encuentros periódicos con connacionales en el extranjero, la designación de cargos honorarios como el de ''embajador de la diáspora'' y el otorgamiento de derechos cívicos como la doble ciudadanía o el voto desde el exterior.

En líneas generales, la literatura coincide en señalar que las prácticas políticas transnacionales son alentadas por los gobiernos de los países de origen, interesados en ellobbyque pueden hacer los emigrantes en los países de destino que tienen peso en el mapa global. También concuerdan en que estas prácticas políticas contribuyen a los procesos de desarrollo y democratización en los países de origen, en tanto incluyen -por parte de los transmigrantes- demandas de ''mejora de la gobernanza o un mayor respeto por los derechos humanos, étnicos y religiosos'', así como medidas que pongan ''freno a la corrupción y la burocracia'' (Østergaard-Nielsen, 2003a, p. 22). En virtud de esto, se sostiene que la existencia de una ''sociedad civil transnacional'' puede fortalecer el control democrático en casa, avalado por ''la combinación de más recursos económicos con las nuevas libertades que hace posible la emigración'' (Waldinger, 2013, p. 193).¹

En cuanto a los efectos de las prácticas políticas transnacionales en los países de destino, las lecturas son mucho más variables. Hay quienes observan que estas erosionan las relaciones democráticas (Huntington, 1997), por lo que plantean cuestiones polémicas sobre el orden cívico y la cohesión de las ''sociedades anfitrionas'' (Vertovec, 2001); otros señalan que las filiaciones y prácticas políticas en los países de origen pueden limitar la participación en los de destino (Glick y Fouron, 1999); y hay quienes sostienen todo lo contrario, es decir, que la participación en la vida política del país de origen no solo no es incompatible con las filiaciones políticas en el país de destino (Faist, 2000), sino que las orientan, en tanto otorgan a los migrantes un sentido de propósito y autoestima que puede contribuir a una ''adaptación exitosa'' a la sociedad receptora (Østergaard-Nielsen, 2003b; Portes, 1999).

Salvo algunos casos en los que se observa que las acciones políticas de los transmigrantes suponen desafíos tanto en el país de envío como en el de recepción (Fitzgerald, 2001, 6-8 de septiembre) o los análisis críticos de la ''ciudadanía'' pensada como un ''instrumento de cierre social'' que ''sanciona o legitima desigualdades'' (Brubaker, 1989; Velasco, 2012), lo que puede hallarse son análisis de impactos asimétricos para trayectorias migratoriasque involucran grandes asimetrías entre los países de origen y destino. En dichos análisis, los modos en que los procesos de inclusión-exclusión en el flujo transnacional configuran sujetos políticos cuyos aprendizajes y recursos amasados en el país de residencia resultan cruciales a la hora de ponderar o alentar procesos de apertura o democratización en los países de origen. Esta afirmación parte de una jerarquización valorativa de los sistemas políticos y democráticos -generalmente adjetivados- para los países involucrados que, generalmente, además de ser construida y enunciada desde la perspectiva del país de residencia, no resulta acompañada por evidencia empírica.²

Extremando el argumento a fin de volverlo más claro, pareciera que las prácticas políticas de los transmigrantes, alentadas por los aprendizajes políticos y las estructuras de oportunidades, así como por la obtención de mayores recursos en los países centrales de destino, mejoran o promueven las democracias en sus países de origen, en tanto estos poco y nada parecen ''traccionar'' o impactar en los sistemas políticos y democracias de destino, para las que no caben reflexiones más allá de la medida en que estas prácticas promueven o dificultan su ''exitosa asimilación'' al país receptor. En esta lógica, y aun cuando se señala que las instituciones del país receptor son fuertes mediadores, los transmigrantes -en tanto ''promotores'' o ''agentes democratizadores''- siempre parecen serlo en una sola dirección: la señalada por el país de origen.

Estas observaciones se tornan más claras cuando al detenerse en la literatura que aborda la demanda o el ejercicio del ''voto en el exterior'' (Calderón y Martínez, 2003; Lafleur y Calderón, 2011; Espinoza, 2003; González, 2010; Serrano, 2003; Itzigsohn, 2000; 2003; Itzigsohn y Villacrés, 2008). Si bien los enfoques e interrogantes varían, la extensión de los derechos cívicos se presenta en estos casos como una respuesta posible que pretende paliar el ''proceso de desciudadanización'' sufrido por los migrantes, entendido como ''la pérdida de la pertenencia a la comunidad política de origen'', a lo que se suma la xenofobia que comúnmente encuentran en la sociedad receptora (Calderón, 2010). En virtud de esto se sostiene que la promoción de la ciudadanía transnacional requiere de un proceso de ''desnacionalización de la ciudadanía política'' (Bauböck, 2003) que, si bien no necesariamente deriva en la ''participación política real'' en el país de origen por parte de los migrantes, su ''reconocimiento formal'' asume un fuerte sentido simbólico.³

Cuando se trata de considerar los factores que impulsan las luchas por el derecho al voto en el exterior, los análisis consideran la necesidad de generar lealtades en un contexto en el que la democracia resulta más competitiva y profesionalizada, aunque en varios casos el argumento central que los acompaña es el económico; puntualmente, la importancia que adquieren las remesas en las cuentas nacionales o la importancia que tiene para la actividad política la recolección de fondos en los países en los que los salarios son altos, por lo que permiten apoyar movilizaciones en los países de origen, cuyos costos son más bajos (Waldinger, 2013). En esta dirección, el lenguaje de los derechos humanos que proporciona un código común para las negociaciones entre las redes políticas transnacionales, los Estados y las organizaciones internacionales guarda relación con las lecturas que ven las reconfiguraciones de la ciudadanía según las reglas del mercado, en el que es ''el poder [el que] produce derechos, y no a la inversa'' (Comaroff y Comaroff, 2013, p. 131). Las normas basadas en el mercado y los criterios neoliberales que articulan las normas de la ciudadanía crean sujetos autónomos, emprendedores flexibles y, al mismo tiempo, ponen en cuestión su propia definición como ''universo abstracto entre iguales'' (Ong, 2006). Desde esta perspectiva, como ya se señaló, puede que los procesos de democratización aludidos en la literatura reseñada hasta aquí:

[...] Hablen de una paradoja histórica; a saber, que ''la gente'' obtiene una mayor participación en la política del Estado en el momento mismo en que [...], la política que verdaderamente cuenta, se desplaza hacia otro lugar: a los procesos e instituciones globales, al mundo corporativo y las organizaciones no gubernamentales, los medios [...] y otras organizaciones de la sociedad civil (Comaroff y Comaroff, 2013, p. 177).

Se trata de reflexiones e interrogantes cuyas respuestas, necesariamente empíricas, pueden orientar futuras indagaciones, capaces de problematizar la complejidad de los fenómenos políticos transnacionales que no se ajustan a las asimetrías que pueden hallarse en los análisis reseñados hasta aquí, ni en las lecturas histórico-institucionalistas.

Al menos en lo que respecta a las trayectorias migratorias entre países del Cono Sur, ''la creciente politización de la migración'' no es un fenómeno nuevo ligado al 9-11 (Castles y Miller, 2003), sino que se encuentra fuertemente enraizada en los procesos políticos, económicos y sociales de la región desde finales del siglo xix. Sin embargo, pese a su antigüedad, son pocos los estudios que se dedicaron a indagar las prácticas políticas transnacionales que acompañaron estos flujos migratorios, y aun menores los que lo hicieron desde la perspectiva de los Estudios Transnacionales. Posiblemente esto se deba a que, en la segunda parte del siglo XX, instauradas las dictaduras en varios países del Cono Sur, las migraciones políticas fueron abordadas -salvo algunas excepciones- desde la perspectiva de los ''estudios sobre memoria'' y ''exilio''. Se trata de investigaciones centradas en las consecuencias y sedimentaciones de los regímenes represivos, así como en la reconstrucción de las fracturas objetivas y subjetivas que supuso la migración forzosa que, por lo general, tuvo como destino final distintos países de Europa y de América del Norte ( Coraza de los Santos, 2001; Dutrénit, 2006; Jensen, 2011; Franco, 2008, Olsson, 2009).

Por fuera de estas aproximaciones a los ''exilios latinoamericanos'', que tal como se abordan aquí resultan cruciales en la medida en que son parte de las redes que viabilizan diversas prácticas políticas en y desde el Cono Sur, puede encontrarse una serie de trabajos centrados en las luchas por el reconocimiento o la ampliación de derechos cívicos y políticos de la población residente en el extranjero. Tal es el caso de las acciones promovidas por los colectivos paraguayo (Halpern, 2009) y chileno (Pereyra, 2000) en Argentina para obtener el ''voto en el exterior'' en sus respectivos países de origen; el ejercicio del sufragio desde Argentina (Caneloet al., 2012) y Brasil (Schavelzon, 2012) por parte del colectivo boliviano; o la participación del colectivo uruguayo radicado en Brasil en el programa estatal de vinculación denominado ''Departamento 20'' (Moraes, 2010; Zeballos, 2010, 1-4 de agosto).

Los trabajos mencionados guardan entre sí algunas perspectivas semejantes que parecen distanciarlos de los posicionamientos reseñados en el apartado anterior. En principio, porque antes que en las explicaciones económicas o las ponderaciones relativas a los sistemas políticos y democráticos involucrados, se centran en la historicidad de los flujos políticos transfronterizos como fenómenos de doble partida, que hicieron ynutrieron el espacio político en la región.⁴La primacía de la historia y de la política, especialmente en los abordajes de la coyuntura 1960-1970, resulta indisociable del curso seguido en los análisis de las transiciones democráticas y las demandas de derechos cívicos y políticos extraterritoriales. Según cada caso, las culturas políticas conformadas en el exilio y sus procesos de institucionalización tensionaron de formas diferentes las identificaciones ''ciudadanas'' y las ''partidarias'', por lo que las indagaciones no solo se dedican a dar cuenta de las luchas por estos derechos, también registran las coordinaciones políticas y los comportamientos ante los procesos electorales en diferentes escalas y momentos históricos (Halpern, 2009; Moraes, 2010; Merenson, 2013).

Las dimensiones analíticas presentes en estos trabajos dejan ver algunas situaciones que, desde la perspectiva de la literatura reseñada en el apartado anterior, no dejan de resultar paradójicas. Paraguay, que en el marco de los procesos de democratización formal de América Latina suele plantearse como ''una de las más frágiles institucionalidades que se pueden registrar junto con Perú'' (Halpern, 2009, p. 363), logró el derecho al voto desde el exterior vía referéndum en 2011; por su parte, en Bolivia este derecho se cristalizó en las elecciones presidenciales de 2009 (Lafleur, 2012). En ambos casos, la tradición asociativa y el activismo de ambos colectivos en Argentina resultaron cruciales para garantizar altos porcentajes de participación en dichos procesos que, a su vez, coincidieron en el tiempo con la implementación en Argentina del programa ''Patria Grande''⁵y la promulgación de una nueva Ley de Migraciones (2010) que sustituyó a la vigente desde la última dictadura (1976-1983).

En tanto Uruguay, cuya democracia es considerada una de las más antiguas, estables y consolidadas del continente (O'Donnell, 1994), es el único país de la región que, pese a los reiterados intentos,⁶hasta el momento no ha habilitado el ejercicio del voto extraterritorial;⁷pero al mismo tiempo, junto con Chile, es uno de los cuatro países del mundo que otorga derechos políticos electorales en todos los ámbitos a todos los residentes no nacionales. Uruguay sería ejemplo de cómo ''democracias con un alto compromiso con sus principios pueden convivir con la exclusión política de su población migrante, aunque ésta [sic] constituya una altísima proporción de su población en edad de votar y económicamente activa'' (Pedroza, 2013, p. 25). Pese a esta situación, es el único país de todos los mencionados hasta aquí en el que el voto de la población residente en el exterior -específicamente en Argentina- tiene un fuerte correlato en las campañas, lecturas y resultados político-electorales, así como en otras instancias asociadas al ejercicio sustantivo de la democracia en este país.

Según el Perfil Migratorio de Uruguay (OIM, 2011, p. 16), elstockacumulado de uruguayos residentes en el exterior se estima en aproximadamente 600 mil personas, es decir, el 18% de la población censada en 2006. Aun cuando dicho informe da cuenta de un incremento en la tasa de retorno en los últimos años, afirma que la emigración es un ''elemento estructural'' que, en algunas coyunturas, incluso redundó en un crecimiento negativo de la población. En este marco, el colectivo de uruguayos en Argentina fue y es el más importante. Los estudios coinciden en señalar que, desde sus orígenes hacia finales del siglo xix, esta migración se incorporó a la ''sociedad huésped'' de un modo particular -y como ningún otro grupo migratorio de la región- en virtud de su origen urbano, sus ''niveles educativos y una inserción ocupacional similar al promedio de la población nativa de la Argentina'' (Benencia, 2007, p. 588), dando como resultado una ''integración de hecho'' (Bertoncello, 2001) enunciada, en muchas ocasiones, bajo la distinción condensada en la ''hermandad rioplatense'' (Merenson, 2015a).

En las décadas de 1970 y 1980 la migración uruguaya hacia Argentina, que representó alrededor de la mitad del volumen total del periodo, estuvo signada por la represión política de la dictadura militar (1973-1985) y la crisis económica. Fue esta migración -''el exilio'' en términos nativos- la que dio un nuevo impulso a la tradición política y organizativa del colectivo uruguayo en el país. Si bien desde principios del siglo XX los dos partidos tradicionales uruguayos -el Partido Nacional o Blanco (PN) y el Partido Colorado (PC)- contaban con militantes y adherentes insertos en redes locales, fue el exilio de izquierda, mayoritariamente nucleado en el FA,⁹que en la segunda parte del siglo XX logró el mayor grado de institucionalidad y reconocimiento en ambos países.

Llegados a Argentina en plena ''primavera camporista'',¹⁰lo que significó muchas facilidades para obtener la residencia legal, los exiliados pudieron reorganizarse rápidamente (Porta y Sempol, 2006). En varios casos, esto implicó sumarse a las organizaciones revolucionarias o partidos existentes en Argentina, reorganizar sus estructuras políticas de origen como ''retaguardia'' o, incluso, crear nuevas fuerzas: tal es el caso del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fundado en Buenos Aires en 1975 y activo en Uruguay desde 1985 al presente, o la conformación del Movimiento por la Reorganización, cuya ''tendencia proletaria'' intervino desde Buenos Aires en la línea política del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) hasta mediados de la década de 1990.

Sin embargo, se trató de un tiempo muy breve. Para cuando en Argentina la escalada represiva derivó en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el exilio uruguayo estaba fragmentado, disperso y perseguido. Algunos siguieron camino hacia nuevos destinos, escapando de la coordinación represiva regional conocida como Operación Cóndor, otros fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos y otros se alejaron temporalmente de la militancia para avocarse a la participación en centros de residentes o asociaciones cooperativas de lo más diversas. En 1982, durante la coyuntura abierta por la guerra de Malvinas, este exilio creó el FAUA. En esta tarea fue fundamental la participación, hasta entonces clandestina, en el proceso de recomposición de la trama partidaria y sindical local que, además de proveer los lugares de reunión, facilitó el reencuentro de la militancia dispersa. Para 1983, tras el retorno de la democracia en Argentina, el FAUA contaba con un local propio en el centro de Buenos Aires y más de cuarenta comités de base¹¹en diversas ciudades del país, reproduciendo la estructura que se había dado desde su fundación en Uruguay.¹²

Desde el centro porteño, el FAUA recibía a los principales referentes del FA que comenzaban el regreso a Uruguay desde distintos destinos del exilio y participaba de las negociaciones que derivaron en la convocatoria a las elecciones uruguayas de 1984, al mismo tiempo que consolidaba sus vínculos con las renovadas fuerzas políticas argentinas; entre ellas el Partido Radical, el Partido Intransigente, el Partido Socialista y algunos sectores del peronismo. Para el periodo de las transiciones democráticas en ambos países y para quienes decidieron permanecer en Argentina, no se trató de vínculos meramente ''orgánicos'' o formales. De un modo semejante al de los años sesenta y setenta, la expectativa de la revolución promovió acciones más allá de las fronteras territoriales tanto en uno como en otro país, la recuperación y la consolidación de las democracias siguió ambas direcciones a la hora de coordinar pintadas, actos, charlas-debate o ciclos culturales. Es decir, si la militancia transnacional del FAUA fue ''agente promotor'' de los procesos de democratización, tal como propone la literatura reseñada en el apartado anterior, lo fue en ambos países y en estrecha colaboración con la militancia local. Por otra parte, no se trató de un proceso unidireccional (Merenson, 2015b).

Hacia finales de los años ochenta, ya reorganizado el FA en Uruguay, la organización de los ''viajes electorales'' fue ganando importancia hasta transformarse en el principal capital político del FAUA, que actualmente reúne unos veinticinco comités de base¹³en una coordinadora que cuenta con representación en el Plenario Nacional, la máxima instancia resolutiva de la fuerza. Como ya fue señalado (Merenson, 2013), las múltiples tareas que demandan estos desplazamientos electorales ayudaron a reforzar la idea de un exilio ''comprometido políticamente y no puramente nostálgico'', cuyas prácticas y formas de sostener la pertenencia política lo distinguen de la militancia que se encuentra radicada en otros países más distantes de Uruguay o de quienes integran otro tipo de espacios, como las asociaciones de residentes o los centros culturales binacionales.

En la medida en que el FA se fue afianzando como opción política con fuerza electoral, el ''voto Buquebus'' se fue sofisticando. Incluso, en ocasión de las elecciones de 2004, asumió un protagonismo hasta entonces inusitado. Transformado en noticia por diversos medios de comunicación, tanto uruguayos como argentinos, analistas políticos, encuestadores y periodistas señalaron que el mínimo porcentaje de diferencia que le permitió al FA acceder a la Presidencia en primera vuelta -y por primera vez en la historia política de Uruguay- obedecía a los votos llegados desde el exterior, en su gran mayoría desde Argentina.¹⁴Pero más allá de su incidencia en los resultados, estos viajes electorales son la culminación de un proceso mayor que los excede ampliamente.

De su primera época a finales de los años ochenta, en que ''se organizaba todo a pulmón'' -alquilando ómnibus, realizando colectas y contactando por teléfono o telegrama a los compatriotas- a la actualidad, el ''voto Buquebus'' pasó a incluir acuerdos con empresarios de transporte, diversas formas de financiamiento transnacional, la creación de comisiones específicas dentro del organigrama del FA y contactos de grados diversos de formalización con políticos, sindicalistas y funcionarios locales, provinciales y nacionales que, en los últimos años, se facilitaron por las transformaciones ya apuntadas en materia de políticas migratorias en Argentina. Dicho entramado indica que, para el frenteamplismo en Argentina, ''cruzar a votar'' no es algo nuevo o sencillo y, raramente, constituye un acto individual. El ''voto Buquebus'' tampoco parece ser pura nostalgia plasmada en un ritual cívico, implica dedicación, solidaridad, compromiso, consensos, negociaciones y tareas que exceden el tiempo y los actos de campaña en Buenos Aires y otras ciudades del país a las que arriban los candidatos de las distintas fuerzas que componen la coalición.

Las campañas en Argentina se activan varios meses antes de las jornadas electorales uruguayas e incluyen reuniones de los candidatos con empresarios y políticos argentinos, la recepción por parte de autoridades estatales -que a veces entregan distinciones protocolares-¹⁵y el diario y arduo trabajo en los comités de base, que en varios casos funcionan en espacios compartidos o cedidos por distintas fuerzas políticas locales. En ellos, la militancia canaliza consultas, confecciona listas de personas en condiciones de viajar a emitir su voto, entregavoucherso vende pasajes con descuentos, y convoca a los actos y cierres de campaña en los que los candidatos suelen dirigirse a quienes ''de este lado del charco [el Rio de la Plata] nunca sacaron al paisito [Uruguay] de su corazón'' para repetir un mismo pedido: ''vayan a votar'', ''si es necesario crucen nadando''. Estos actos, a su vez, constituyen la ocasión para dejar asentada la agenda del FAUA, que incluye la aprobación o desaprobación de las misiones diplomáticas y consulares,¹⁶el curso de las relaciones bilaterales y las alianzas con las fuerzas políticas argentinas. En este último caso, la militancia del FAUA está sumamente atenta a los referentes políticos que son invitados al Uruguay para acompañar a la fórmula el día de las elecciones.

En cuanto a las razones para ''ir a votar'', no de la militancia sino de ''los compatriotas'' que se acercan a los comités de base, estas varían e incluyen a quienes sienten un profundo compromiso con el FA y el destino político del país, y a quienes viajan a votar temerosos de recibir una penalización que luego dificulte la realización de algún trámite en Uruguay, como el cobro de jubilaciones o pensiones.¹⁷En cualquier caso, el ejercicio de este voto no se presenta acompañado de un reclamo de ''reconocimiento formal'' o ''simbólico'' situado más allá de la ''participación política real'' que existe como tal; tampoco bajo una lógica económica sostenida en las remesas, cuyamagnitud es sumamente escasa tanto en términos absolutos como en relación a diversos agregados macroeconómicos, más aun en el caso de los uruguayos radicados en Argentina.¹⁸Lejos de estas argumentaciones -medulares en el primer acápite-, para quienes participan del ''voto Buquebus'' viajar y votar son hechos colectivos que mezclan la concreción de un derecho que sienten que les otorga la historia y las raíces políticas con el compromiso y el deber cívico. El carácter colectivo de este voto, vale mencionarlo, excede la organización del viaje e incluye el propio sufragio, concretamente, su delegación y multiplicación. Para las elecciones presidenciales de 2009, la campaña que se conoció como ''pasaje'' o ''voto amigo'' invitó a los votantes del FA residentes en los países del Norte a donar el dinero de sus pasajes para comprar los de quienes residen en Argentina. El cálculo era sencillo: por el costo de un boleto de avión desde alguno de estos países podían financiarse varios más desde Buenos Aires.¹⁹Así, sin importar quien lo depositara en la urna, el ''voto amigo'' -vía el ''voto Buquebus''- es considerado un votodelFAparael FA en el marco de una ''polistransnacional'', que no se circunscribe a ''un solo espacio geográfico, en el que todos sus ciudadanos viven juntos'' (Vertovec, 2004, p. 983).

En virtud de lo reseñado hasta aquí, la militancia transnacional frenteamplista entiende el ''voto Buquebus'' como un voto colectivo y sustantivamente democrático que, al mismo tiempo y dado el orden normativo vigente, subvierte su espíritu liberal, es decir, su definición como la máxima expresión cívica delindividuo. Es en este sentido que el ''voto Buquebus'' encierra una paradoja: si por una parte parece alejarse de la lógica que sigue el catálogo marshalliano o la lectura clásica que ve en el sufragio una expresión individual, por la otra, este voto hecho de a muchos y por muchos, hace a la definición práctica de la ciudadanía política como ''un universo abstracto de iguales'' que, sin embargo, emerge como resultado de la desigualdad y la exclusión generada por la negativa a conceder el voto desde el exterior.

Hasta aquí, a la luz de la literatura centrada en las trayectorias migratorias en la región y la producción del ''voto Buquebus'', este artículo se propuso abordar algunas de las lecturas y perspectivas que imperan en las investigaciones centradas en las prácticas políticas transnacionales que toman por casos trayectorias Sur-Norte. Sintéticamente, se busca identificar los modos en que las grandes asimetrías entre los países de origen y destino analizados en estos estudios derivan en lecturas autocentradas, particularmente visibles a la hora de explicar y ponderar tanto las acciones políticas de los transmigrantes como los sistemas políticos y democráticos entre los que estos se movilizan.

A diferencia de lo señalado, se exploró un caso en el que las prácticas políticas transnacionales no inciden en una sola dirección cuando se trata de indagar procesos de democratización que permite establecer a quiénes representan y rinden cuentas los transmigrantes, en el que las remesas no son el argumento medular que moviliza el ejercicio, las demandas o la concesión de derechos cívicos y políticos extraterritoriales, y en el que la ausencia de este derecho, desde la perspectiva de los transmigrantes, no es vivida como ''desciudadanización'' o pérdida de pertenencia a la comunidad política de origen.

En el contexto de los flujos migratorios y las transformaciones recientes en la región, el ''voto Buquebus'' introduce entonces una serie de desafíos analíticos -que aquí se propuso señalar desde la perspectiva de los actores- que pueden advertirse cuando se privilegia la lectura diacrónica de un proceso político, que no se inicia ni se acaba en el ejercicio del sufragio transnacional, sino que es resultado de múltiples agenciamientos, al mismo tiempo que implica la institucionalización y consolidación de relaciones con y entre los gobiernos, las administraciones y los partidos políticos dispuestos a abrir sus agendas y estructuras organizativas (Góngora, Herrera y Müller, 2014). La historia del entramado que hace posible la existencia del FAUA, y con él la paradoja contenida en el ''voto Buquebus'', parece desafiar o subvertir el ejercicio y la definición liberal de la ''ciudadanía política'' (Bauböck, 2010,

297). Es posible, o al menos se puede señalar como hipótesis a explorar, que en esto último radique gran parte de las tensiones que el caso propone a los análisis de las prácticas políticas transnacionales reseñadas al comienzo de este texto.