RESUMEN: Desde el año 2011 ha aumentado en Chile la conflictividad social, evidenciándose en un incremento de las acciones colectivas, donde las problemáticas regionales y locales han tenido mayor presencia en la vida política y en los medios. Sin embargo, si bien las ciencias sociales nacionales han dado cuenta del aumento de la conflictividad y constatado un nuevo ciclo de relaciones Estado-sociedad, existen escasas investigaciones sobre las particularidades de cada uno de los hechos que dan cuenta de tal transformación. El siguiente artículo busca avanzar en esa línea, caracterizando las principales acciones colectivas regionales desarrolladas desde 2011. La hipótesis de trabajo que lo sustenta es que, al interior de un marco nacional de conflictos sociales regionales, cohabitan distintos fenómenos que no necesariamente apuntan a la trasformación social ni al establecimiento de un nuevo ciclo de relaciones Estado-sociedad; y que, pese a ello, se aprecia una politización de los movimientos territoriales en un proceso que va desde una demanda plural hacia un metarrelato anticentralista y en favor de una transformación que lleve a una mayor autonomía política y financiera de las regiones.
PALABRAS CLAVE: conflicto socialconflicto social,desigualdades regionalesdesigualdades regionales,descentralizacióndescentralización.
ABSTRACT: In Chile, the last decade has led to an intensification of social conflict, evidenced by an increase in collective action. In this scenario, since 2011 various regional and local issues can be counted among those with a strongest presence in political life and the media, a process evidenced in collective actions. However, although national social sciences have described the escalation in conflicts and reported the existence ofa new cycle of State-society relations, there is little research on the characteristics ofeach of the phenomena taking place along this line. The following article seeks to outline the main regional collective action developed since 2011, with the working hypothesis that within a national framework ofregional social conflicts, different phenomena coexist that do not necessarily point to social transformation and the establishment of a new cycle of State-society relations. It is argued that, notwithstanding a politicization of local movements based on plural demands, this process is leading to an anti-centralist and grand narrative in favor of a transformation towards a greater political and financial autonomy of the regions.
KEY WORDS: social conflicts, regional inequalities, decentralization.
ARTÍCULOS
Acciones colectivas territoriales en Chile, 2011-2013: de lo ambiental-reivindicativo al autonomismo regionalista
Pontificia Universidad Católica de Chile
Recepción: 18 Diciembre 2013
Aprobación: 29 Octubre 2014
Introducción1
En este artículo se dará cuenta de la politización de movimientos regionalistas en Chile en el último decenio, a partir del análisis de conflictos que no pueden ser reducidos a un mero localismo defensivo ante un daño ambiental o a una lucha social anticapitalista o reivindicacionista, puesto que evidencian la construcción de discursos favorables a la autonomía política y a la coparticipación en los ingresos que se producen territorialmente. Los conflictos estudiados transitan de lo defensivo, puntual o sectorial, a luchas politizadas de más largo alcance (Castells, 2003). Ejemplo de ello es el caso de Calama, en que se yuxtaponen elementos de identidad ancestral y reinventada, pampina y atacameña, con un grito plural de rabias que incluye tanto dimensiones de clase como identidades emergentes (Holloway, 2011). En los casos estudiados se observan discursos potenciados por la generación de riquezas que no quedan en el territorio, sin paquetes ni servicios de calidad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2013), y que solo dejan externalidades negativas, como contaminación. En síntesis, se trata de un conjunto de movimientos que reclaman el derecho a ser ciudad (Lefebvre, 1969; Sabatini & Wormald, 2004).
Al igual que Calama, los movimientos de Magallanes por mantener el precio del gas o el de Freirina por expulsar una megaempresa de carnes blancas generadora de malos olores, se inscriben no solo como motines de resistencia puntual: hay un giro creciente (no consolidado) hacia discursos politizados, que manifiestan que los males se deben a un modelo sociopolítico y económico centralista. Ante tal proceso, el artículo se hará cargo del crecimiento de los grupos territoriales que piden autonomía, especialmente en el extremo norte y sur del país. Para el análisis se ha optado por un enfoque híbrido, en el cual se integran miradas estructuralistas, marxistas y posestructuralistas, en torno al polisémico concepto de politización.
Esta noción, la de "politización", plantea uno de los principales problemas a la hora de caracterizar las acciones colectivas y movimientos sociales, puesto que adquiere diferentes connotaciones según sea el tipo de actores involucrados. Puede tratarse, entre otros, de grupos de interés, partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cada uno de ellos con una agenda particular a la hora de participar. Para el estudio de la acción colectiva, es esencial considerar la diversidad intramovimiento y su discursividad, principalmente a la hora de explicar, por ejemplo, qué ha pasado en Chile a partir de 2011 con el conflicto social y el eventual "nuevo ciclo" entre Estado y sociedad al que se han referido diversos intelectuales (Mayol, 2013; Opplinger & Guzmán, 2012; Garretón, 2013; Salazar, 2013). En este contexto, el estudio en profundidad de casos permite romper la categoría única de movimiento social o grupos en conflicto, para identificar particularidades y fenómenos únicos.
La investigación aquí presentada se sustenta en un trabajo de campo desarrollado entre mayo y noviembre de 2013, a través de cuarenta entrevistas en profundidada informantes calificados, dirigentes, políticos y líderes locales de Arica, Calama, Tocopilla, Copiapó, Aysén y Punta Arenas. El estudio tiene como objetivo principal caracterizar e identificar los relatos regionalistas manifestados en los movimientos sociales entre los años 2011 y 2013, relevando sus particularidades y principalmente el proceso de tránsito desde lo social reivindicativo hacia lo político. Para ello se privilegió la estrategia de estudio de casos, dadas las potencialidades de esta metodología para indagar fenómenos de causalidad compleja, en entornos reales y utilizando múltiples fuentes de información. En esta línea se recurrió, además de las entrevistas en profundidad, a indicadores cuantitativos y técnicas documentales (Martínez, 2006, p. 174).
La investigación llevada a cabo es de carácter descriptivo-exploratorio, y contempla -como se ha dicho- el estudio de casos múltiples, de carácter genérico ejemplar típico (Coller, 2005). Los seis casos seleccionados lo fueron a partir de cuatro criterios, según los cuales se trata de:
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acciones colectivas con discursos regionalistas;
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acciones colectivas con grados de estabilidad y procesos de socialización y articulación superior a cinco años;
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acciones colectivas con episodios conflictivos relevantes (paros regionales, tomas de terreno, cortes de ruta, marchas regionales); acciones colectivas con presencia y relevancia mediática a nivel nacional.
Explícitamente se ha dejado fuera el movimiento mapuche, que amerita una mirada más amplia por su propia importancia y por el predominio en él de la cuestión étnico-nacional por sobre un proceso de descentralización con autonomía regional (Marimán, 2012; Tricot, 2013).
El artículo comienza con un desarrollo teórico, continúa con una caracterización histórica de las protestas regionales, para finalmente presentar los principales hallazgos de la investigación.
La construcción del orden social -parafraseando a Norber Lechner (1984)- es conflictiva y nunca acabada. Por esta razón, el orden resultante en un determinado contexto histórico y social es la expresión del poder hegemónico que establece estructuras, verdades y consensos (Gramsci, 1988; Foucault, 1979; Laclau & Moffe 1986, Marx & Engels, 2006); es decir, la dominación no solo se ejerce a través de la coerción, sino también desde el "sentido común", definido por Vico como "un juicio sin reflexión, universalmente experimentado por todo un grupo, por todo un pueblo, por el conjunto de una nación o por el conjunto de la raza humana" (citado en Nun, 1986, p. 203)2. Desde esta perspectiva, si bien todas las acciones colectivas conflictivas son portadoras de fisuras en el orden dominante, esto ocurre con distintos grados e intensidades. De esta manera, si bien "el grito" (Holloway, 2011) es un proceso de oposición y rechazo a lo existente, en muchos casos no representa un proyecto unificado desde lo político transformador, sino una expresión regresiva gregaria de defensa de intereses particulares y sectoriales.
El concepto de "movimiento social" es uno de los de más difícil delimitación dentro de las ciencias sociales, razón por la que, al revisar la literatura especializada, "no puede haber seguridad sobre que se estén dedicando al estudio de un mismo objeto de investigación" (Ravilla, 1996, p. 1). De hecho, un conjunto de fenómenos diversos es sometido a una misma categoría analítica (Santamarina, 2008; Garcés, 2012; Ramos, 1997). Para Arciga (2012), es posible sostener que "todo movimiento social es agente de conflicto, que vincula su acción opositora con la imagen de una comunidad que posibilita la realización del hombre, la concreción de la unidad nacional, la defensa del bien común, el libre desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera" (p. 53). Es decir, en los términos de John Holloway (2011), se trata del "grito". Sin embargo, esta definición acotada es demasiado amplia desde el punto de vista fenomenológico, puesto que el "grito" como categoría de análisis puede referirse a distintos elementos. Al respecto, señala Penaglia (2014), la literatura establece distintos tipos de acciones colectivas:
De defensa egoísta a intereses creados, los que, como acota Touraine (1997), "no constituyen nada más que acciones defensivas y son incapaces de dotar a su lucha de una significación general" (p. 100). Bajo esta categoría se pueden agrupar fenómenos como los NiMBY -not in my backyard-, los cuales, para Amézaga y Martí (2012, p. 4), constituyen plataformas egoístas de defensa territorial en oposición a determinadas acciones públicas o privadas; por ejemplo, la construcción de un basural o una cárcel. Este tipo de acción colectiva no cuestiona el fondo del proyecto y no se opondría a la ejecución del proyecto en otro territorio; por tanto, no porta más que un rechazo primario centrado en el "nosotros" inmediato.
Por otro lado, también se puede constatar fenómenos de tipo caudillista, como el que Aldo Panfichi (2011) denomina "representación contenciosa", caracterizada por acciones colectivas centradas en liderazgos locales o regionales (generalmente alcaldes o concejales), que crean plataformas personalistas para legitimarse a través de conflictos en que el oponente es el Estado central.
Defensas colectivas y aisladas, las que, si bien tienen una perspectiva social, no se conforman como proyecto en el largo plazo. En esta categoría se puede constatar lo que Scribano (2012) denomina "interdicción colectiva" (IC), caracterizada como "freno a las violencias, usurpaciones y desposesiones de lo que un(os) colectivo(s) designa(n) como compartido. En este sentido, las IC son acciones colectivas cuya intención central es prohibir la apropiación privada de un bien considerado común" (p. 30). También se pueden agregar las acciones de estallido, huelga o motín (Grez, 2007), que son principalmente aisladas, descoordinadas, de rebeldía primaria y sin proyecto de cambio social.
De transformación social, esto es, acciones colectivas en las que, siguiendo a Touraine (1997), existe un "llamamiento al Sujeto, a la vez como libertad y como cultura, llamamiento que encontramos tanto en los movimientos de mujeres como en los que se preocupan por las minorías" (p. 100). Se caracterizan por una duración en su temporalidad y por la existencia de proyectos transformadores.
Más allá de la extensa discusión sobre el sujeto (véase, por ejemplo, Retamozo, 2009; Charry, 2006; Moriconi, 2009; Rauber, 2003; Tassin, 2012; Moreno, 2010; Arciga, 2012) e independientemente de la posición epistemológica -sea la adhesión a las perspectivas de sujetos históricos, o a las de sujetos heterogéneos, sujetos como proceso-, aun en las visiones más críticas se pueden encontrar acuerdos mínimos. De este modo, incluso ante la imposibilidad de cierre identitatario y de sujetos relativos en una pluralidad de posiciones con exceso de puntos de integración, se identifican procesos de unidad y articulación discursiva en los que no existe mera agregación, sino el establecimiento de mecanismos de solidaridad (Melucci, 1999). En esta línea, siguiendo a Moffe y Laclau (1986) "llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica" (p. 142). Los autores agregan que "la práctica de la articulación consiste, por tanto, en la construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social, resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad" (p. 154).
Esta forma de acción puede ser realizada a través de frentes de masas (Salazar, 2011) caracterizados por una ideología, vanguardia y conducción política, o movimientos sociales caracterizados por espacios de autonomía, deliberación y soberanía. A su vez puede expresarse en estructuraras organizacionales tanto céntricas como rizomáticas (Faletti & García, 2011), es decir, con énfasis en la unidad o en la diversidad. Por otro lado, a estas tres categorías movimientistas y sus diversas expresiones fenomenológicas, se podría agregar la existencia de grupos de presión e interés, los que en algunos casos plantean reivindicaciones ya sea individuales o colectivas (Jerez, 1997; Réserve, 2004) y redes transacionales de defensa, conformadas por ONG y organizaciones nacionales e internacionales movilizadas por causas comunes (Rivera, 2011; Toro, 2011). Estos fenómenos poseen la particularidad de que, si bien tienen una dimensión movimientista y de protesta, están ligados principalmente a organizaciones formales que buscan, como estrategia de acción, influir en la agenda pública y gubernamental, además del lobby y la inserción en el poder institucional.
En este contexto, si bien en Chile diversos intelectuales han constatado un aumento de la conflictividad social (véase Garretón, 2013; Salazar, 2011; Tironi, 2011; Mayol, 2012, sosteniendo la existencia de un "agotamiento", "fin" o "inflexión" del orden dominante dictatorial -neoliberalismo y amarres constitucionales-, nuestra hipótesis es que en las diferentes acciones colectivas regionales cohabitan distintos fenómenos, algunos con orientaciones mayoritarias de transformación social y otros con énfasis en la protección de intereses egoístas.
La totalidad de los movimientos estudiados se ha generado en las zonas del norte y sur del país, incorporadas a Chile con estatalidad recién desde 1870: en el Norte Grande, por anexión de los territorios bolivianos y peruanos, lo que no logró romper la identidad tarapaqueña, norteña o pampina (González, 2010); y en el extremo austral aislado y despoblado (Martinic, 1992), a través de la pacificación violenta de los territorios mapuches (Marimán, 2012; Tricot, 2013), tras el fracaso del intento de mediación con el presidente Pérez en 1860-1861. Ha vencido una construcción estatal autoritaria con un nacionalismo liberal sustentado en la homogeneidad (Salazar,1994 y 2005; Valenzuela, E., 1999). El resultado ha sido una expansión centralista exclu-yente de la identidad diversa de los nuevos territorios, a los cuales se les niega poder, autonomía política y participación relevante en la renta estatal (Rojas, 2013).
Para analizar la movilización territorial actual, se debe tener presente la histórica tensión entre autonomía regional y cooptación. En esta línea, el sistema político chileno, marcado por su centralismo presidencial, muestra una gran capacidad de permanencia desde el triunfo conservador-portaliano (1830) sobre federalistas y pipiolos liberales (Villalobos, 1989), que ha superado guerras civiles y protestas regionalistas no solo con coerción, sino también por la vía del uso de mecanismos de cooptación3 de disidentes al poder central. Esta construcción estatal centralista y desde arriba (Véliz, 1984; Góngora, 1981) ha debido sortear numerosas tensiones, entre las que destacan las que se señalan a continuación.
Las guerras civiles de 1851 y 1859, en que fueron derrotados los liberales-federalistas. Tras la derrota federalista y la tesis de asamblea provincial autónoma de José Miguel Infante (Salazar, 2006; Valenzuela, 2008), se impuso el gobierno centralizado que suprimió la autonomía regional e incluso los municipios, replicando el modelo monárquico-borbónico de la delegación por sobre los espacios de libertad que había construido el cabildo (Del Alcázar, 2006). La dureza de los decenios conservadores fue resistida en 1848 con los clubes de la igualdad y la libertad, que luego irrumpieron con fuerza en el levantamiento de 1851 uniendo a liberales, reformistas y federalistas e incluyendo la participación de nuevas capas sociales -artesanos, pequeños agricultores y profesores- en experiencias como el alzamiento en San Felipe y la toma de Talca en 1851 (Daitsman, 1995). Los hechos se agravaron ese año con la declaración del Atacama autónomo y constituyente, el ejército libre del norte, los tormentos públicos dictados por el intendente y el cansancio de los mineros respecto de la obligación de financiar incluso el tren a Caldera, ante la indolencia y centralismo capitalino (Bahamonde, 1977). El gobierno central resultóvencedor y ganó en la elite de poder una figura moderada como José Joaquín Pérez (1861-1871), quien en el decenio de 1860 realizó una apertura liberal que, si bien no repuso la asamblea provincial autónoma, al menos reinstauró los municipios e inició reformas políticas de mayor libertad de prensa y reunión. Entre ellas se incluyó una ley de amnistía para los cabecillas Pedro León Gallo y Manual Antonio Matta, los que se integraron al sistema de la mano del Partido Radical, sin cambios de fondo al régimen oligárquico (Vitale, 1971). Los sublevados abdicaron de la petición de autonomía y se hicieron parte del nacionalismo liberal centralista; los conservadores, por otro lado, promovieron el municipalismo como respuesta (Ley Irarrázaval, de comuna autónoma, de 1891), sin regiones fuertes (Illanes, 1993).
El desarrollismo industrial de las regiones en el Frente Popular como respuesta a la crisis del Estado oligárquico. La crisis del régimen oligárquico de 1924; la dictación de leyes sociales, el auge y caída del alessandrismo y el ibañismo; la depresión mundial agravada en Chile por la sustitución del salitre, acompañada de los experimentos socialistas de 1932, son algunos de los factores que concluyeron con una salida democrático-centralista e industrialista. Esta estuvo representada por el Frente Popular, que integró en alianza al Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y solo a algunos de los grupos contestatarios locales, especialmente líderes regionalistas de Magallanes.
En la historiografía hay quienes resaltan que, desde 1938, el nuevo Frente Popular respondió a la división derechista y al desplazamiento a la izquierda del Partido Radical (Moulian, 2009), iniciando el tiempo de una república democrática, con políticas sociales pero con un alto nivel de centralización (Salazar, 2006). La visión regionalista destaca que movimientos como el magallánico empujaron hacia una visión más integral del territorio, con inversiones en zonas mineras para su industrialización y políticas dirigidas al desarrollo de zonas extremas (Martinic, 1992). Es así como sobrevino un ciclo de mayor inversión pública y fijación de polos de desarrollo (como el acerero en Concepción), pero sin fondos autónomos ni puesta en funciones de la "asamblea provincial" establecida en la Constitución de 1925, pero nunca reglamentada.
La izquierda se hizo estatista y no valoró la dispersión del poder; más bien, receló de la descentralización como un instrumento oligárquico al servicio de latifundistas que, mediante el clientelismo, controlaron los municipios. No obstante, los parlamentarios de centro (radicales y democratacristianos), al igual que muchos izquierdistas, calcaron las prácticas liberales-conservadoras de "gestionar proyectos" para "sus comunidades", sin una visión de descentralización y creación de fondos autónomos. Se instauró con ello el modelo parlamentario de brokers del poder, que lleva las demandas de sus territorios a Santiago (Valenzuela, A. 1977). Uno de los avances más importantes en el desarrollo regional fue la Ley 118284, dictada en el gobierno de Ibáñez, que "establecía un 50% de las utilidades aplicado sobre el total de la producción, y una tasa variable del 25%. En caso de que la producción bajara del 80% de la producción básica, el impuesto aumentaba en un 80%" (Penaglia & Valenzuela, 2014, p. 9)
Dictadura militar. La regionalización cuestionada en Chile fue decretada de manera tecnocrático-autoritaria en 1974, lo que venía gestándose en el desarrollismo cepaliano desde 1969 (Boisier, 1989). Se buscaba un mayor control social, y que la división regional favoreciera el orden y evitara la sublevación territorial. Se frenaron los avances en regionalización derogando la Ley 11828 y se sentaron las bases del modelo neoliberal, con la privatización de los servicios y de los recursos naturales.
Repartición de renta en el retorno regionalista pospinochetista. Los sectores regionalistas de la Concertación fueron minoritarios, por lo que siempre mantuvieron al margen el problema del centralismo a través de pequeños beneficios que lograron mantener en calma a las regiones y comunidades con más problemas. Luego, durante el gobierno de la Alianza por Chile estallaron los conflictos en Magallanes, Aysén y Calama, frente a los cuales se repitió el modelo de represión y negociaciones pragmáticas, sin autonomía relevante. A lo largo de la segunda década de gobiernos de la Concertación, y durante los dos primeros años del gobierno de Piñera (Alianza), se sucedieron protestas regionalistas. En algunas se demandaba la designación de ciertos territorios como regiones (Arica y Valdivia); en otras, regalías por sus recursos (Antofagasta-Calama), planes ante la pobreza y cesantía (Zona del Carbón, Atacama, Illapel), subsidios a los altos costos de energía y transporte en zonas extremas (Magallanes, Aysén, Tocopilla). Los gobiernos pospinochetistas controlaron el aparato estatal con sello paternalista y de distribución de cuotas de poder, asumiendo el modelo presicrático -presidencialismo centralista- del constitucionalismo pinochetista (Salazar, 2011; Valenzuela, 2007), lo que derivó en una crisis de legitimidad, representación y participación.
Tres factores estructurales son actualmente el acicate de la protesta territorial: el agotamiento del modelo centralista, la crisis del capitalismo y del modelo neoliberal concentrador-extractivista, y la crisis de representación de los partidos tradicionales.
El agotamiento del modelo centralista, que perpetúa desigualdades y crea resentimiento en las regiones cuando se comparan con el auge de la zona metropolitana de Santiago, la cual concentra el 40% de la población y el 50% del PlB, es el principal aguijón tras el descontento regional. La propia protesta mapuche se funda en la demanda por recuperar la autonomía territorial, poder y territorios libres (Lewis, 1994; Marimán, 2012).
En la tabla 1 podemos observar que la Región Metropolitana incrementó su población en 1 millón de personas aproximadamente en la década de 1992 a 2002, y entre 600.000 y 700.000 personas en la década de 2002 a 2012. Sin embargo, el PiB aumentó exponencialmente, pasando de los 2.174.295 millones en 1992, a los 16.199.205 en 2002 y finalmente a 48.802.068 en el año 2012. Ello demuestra la alta concentración del PlB en la Región Metropolitana, que claramente no está en relación con el aumento de su población.
PIB regional a precios constantes año 1992, 2002 en millones, y a precios del año anterior encadenado 2012 en miles de millones de pesos 1986/Población censos 1992, 2002, y 2012
FUENTE BANCO CENTRAL DE CHILE Y CENSOS 1992, 2002, 2012 LAS REGIONES XV Y XIV NO TIENEN SUS DATOS DE PIB DESGLOSADOS PARA 1992 NI PARA 2002
La crisis del capitalismo y del modelo neoliberal concentrador-extractivista constituye un segundo factor que ha generado en todo el continente un ciclo de protesta social contra el daño ambiental, la pobreza y falta de empleos de calidad, la ausencia del Estado y la corrupción (Acosta, 2012).
Si bien la crisis económica internacional no tuvo fuertes impactos en Chile -debido al crecimiento de China y el alto precio del cobre hasta el 2012-, desde entonces sí ha aumentado el malestar social. En esta línea, como señala Penaglia (2012), entre las numerosas hipótesis explicativas del conflicto se encuentra la gran desigualdad social y económica existente en Chile, la que aumentaría la frustración de expectativas o privación relativa. De este modo, un aumento en indicadores macroeconómicos sin un incremento real en el bienestar de los grupos bajos y medios, generaría un distanciamiento entre la realidad mediática de una elite económica y política, con respecto a la realidad del resto de la población. Blofield (2011) señala al respecto que "las clases más bajas tienden a estar expuestas constantemente al estilo de vida de las clases media y alta a través de la televisión, que es omnipresente" (p. 4). Esta circunstancia, como sostiene Tironi (2008), se constituye en una "bomba de tiempo", ya que la mayoría de la población se relaciona con un mundo lujoso y ostentoso que no le es propio5. Como consecuencia de lo anterior, en las regiones crece un malestar social que se traduce en protestas y estallidos sociales, fenómenos que se han gestado en territorios postergados por el poder central (crisis de expectativas entre lo nacional y lo regional). Ello ocurre incluso en territorios cuya situación socioeconómica no es inferior a la nacional, pero cuyo desarrollo no refleja sus riquezas. Tal desequilibrio los lleva a sentirse desfavorecidos por el sistema impositivo y por las consecuencias negativas de las actividades económicas, como inflación y contaminación. Se trata, así, de una crisis de expectativas entre el potencial económico de una región y su desarrollo real.
La tabla 2 sintetiza las diferencias salariales corregidas por poder de compra, lo que permite ilustrar las desigualdades territoriales (sea por postergación o por desarrollo económico inequitativo).
Ingresos salariales. Promedio mensual por región de Chile, ajustado al poder de compra regional (PCR) en miles de pesos 2013
FUENTE INGRESO PROMEDIO DE COTIZACIÓN PREVISIONAL DE HOMBRES POR REGIÓN, SEPT. 2013. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. SE CALCULA EL PCR (COSTO MAYOR EN SERVICIOS BÁSICOS, VERDURAS/FRUTAS, VIVIENDA) EN UN 20% EN TARAPACÁ, ANTOFAGASTA Y ATACAMA, Y 10% EN ARICA Y PARINACOTA (MAYOR DISPONIBILIDAD DE HORTALIZAS Y SERVICIOS, TACNA), COQUIMBO, AYSEN Y MAGALLANES (MAYOR SUBSIDIO GAS)
La crisis de representación de los partidos tradicionales. Transformados en elites oligárquicas asentadas en la metrópoli (Aid Camp, 2000; Espinoza, 2010), ya no representan los intereses del territorio, lo que ha generado incapacidad para canalizar las demandas ciudadanas. En estas circunstancias, como señala Latinobarómetro (2011), gran parte de los conflictos sociales actuales son portadores de demandas dirigidas a gobiernos "democráticos" que muestran incapacidad para gobernar para la mayoría y mejorar la distribución de la riqueza (p. 7). Destacan, además, la debilidad institucional y la incapacidad de generar constructivismo político, sea por la elitización de los gobernantes (Michels, 1962); por la existencia de enclaves autoritarios que imposibilitan las transformaciones sociales (Garretón, 2002); o por una pérdida en la cadena de equivalencias entre actores, necesidades y trasformaciones (Panizza, 2009), lo que generaría una ruptura entre sociedad y Estado (Garretón, 2013). Con ello, como señala Cavarozzi (2006), la ineficiencia estatal alimenta su deslegitimidad. El resultado es que, junto con mayores movimientos sociales, se observan fenómenos electorales que evidencian el malestar. Tal como muestran las tablas 3 y 4, en las zonas extremas y más movilizadas se ha generado más del 90% de las rupturas del sistema binominal, con la elección de parlamentarios fuera del duopolio Alianza-Concertación (Nueva Mayoría), a la vez que los alcaldes independientes dominan las grandes ciudades del norte.
Parlamentarios independientes por fuera de grandes coaliciones, 2002-2013
FUENTE DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO ELECTORAL (SERVEL), CHILE
Alcaldes alternativos al duopolio en ciudades de más de 20.000 habitantes en el norte de Chile
FUENTE DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO ELECTORAL (SERVEL), CHILE
Los ariqueños tienen identidad geopolítica como frontera norte de Chile, lugar de permanente tensión histórica con los vecinos y "rabia" ante la pérdida de los beneficios con que contaba desde 1953 bajo el régimen de Puerto Libre, y luego como polo industrial con armadurías de autos, y que perdió con la creación de una zona franca en Iquique. Esta sensación de despojo recrudeció con el auge de Tacna e Iquique en las últimas décadas, en comparación con el estancamiento socioeconómico de Arica.
Los ariqueños demandan mayores posibilidades económicas. Por ejemplo, Hermann Mondaca Raiteri, líder de la Corporación Ciudadanía Activa, denuncia que Iquique puso trabas al anexo de la zona franca instalada cerca del Aeropuerto de Chacalluta en Arica: "No funciona porque solo tiene ventajas tributarias; acá se le agrega un valor a los productos que se venden o exportan, por lo cual hay solo tres empresas y no entran ni los gatos" (Hernán Mondaca Raiteri, exalcalde de Arica, entrevista realizada en Arica en septiembre de 2013).
El dirigente de la Red Arica, Vlado Mirosevic (elegido diputado por la zona), levantó en su plataforma la demanda de devolución a Arica de 50% de lo que recauda el estado central en ventas en la Región de Arica y Parinacota, lo que implica una dimensión más politizada de cambio estructural en favor de las regiones. Además Mirosevic firmó el texto de la Coalición Regionalista, liderado por los regionalistas federalistas y autonomistas en junio del año 2013: "Nuestra demanda es política para dar autonomía a las regiones con el ideario de José Miguel Infante, a quien hemos rescatado en el Partido Liberal. El norte se está moviendo, hay alcaldes independientes y progresistas en Arica, Iquique, Calama, Tocopilla, Copiapó, y pronto reuniremos fuerza política común para transformar Chile. Dicho cambio no es solo elegir intendentes; se necesitan recursos, devolución de lo que generamos y autonomía en temas claves, como el uso del agua. Tacna riega sus parques, y es un vergel, reutilizando el agua tratada. Acá en Chile no tenemos autonomía" (entrevista realizada en Arica en septiembre del año 2013).
Podemos darnos cuenta, en el caso de Arica, de que el problema de centralización tiene múltiples aristas. No solo genera desigualdad en la lógica bilateral Santiago-regiones, sino que también incentiva la competencia y la rivalidad entre las mismas regiones (interregional) cuando se trata de la búsqueda de recursos del gobierno central. Así, además de contener elementos como la postergación y aislamiento, evidencia la incapacidad del Estado para resolver conflictos. En esta línea, como señala Klein (2005), "el desarrollo local ha perdido algunos de los principios que constituían su base. Los objetivos de justicia y de equidad son a menudo relegados por la idea del empoderamiento de regiones y lugares, con el fin de que estas puedan competir con éxito en una economía abierta. Esto tiene como resultado la exacerbación de la competencia entre colectividades locales por atraer recursos públicos o privados cada vez más escasos" (p. 31).
El año 2013, a través de una asamblea ciudadana con participación de más de un centenar de personas, se levantó el movimiento social "Asamblea ciudadana porla dignidad y la vida en Arica" para exigir el cierre del proyecto minero de manganeso Los Pumas, que se instalaría en el cerro Chuño, sector del valle de Lluta, contaminando la agricultura del valle y las aguas de la ciudad. Asimismo, continuó manifestándose el rechazo a la termoeléctrica Parinacota-Cerro Chuño, y se plantearon demandas tales como la expulsión definitiva de toda empresa agroindustrial transgénica desde los valles de la zona, la instauración de un nuevo plan de desarrollo regional con la participación plena y efectiva de la ciudadanía y en el cual se considerara el turismo, la agricultura orgánica y el desarrollo de energías limpias.
En este contexto, se desplegaron distintas marchas, paralización regional, y cortes en las rutas que van hacia Perú, Bolivia y al aeropuerto, aumentando el número de participantes, la densidad de las redes, la regularidad de las acciones y la politización de las demandas.
La Región de Atacama ha tenido tres dimensiones de alta movilización territorial, que la empoderaron en la primera década del siglo XXI:
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El rescate de la memoria histórica del poderío de Atacama y su Revolución Constituyente de 1859, forjado por intelectuales (el Grupo del Museo Regional), empresarios mineros (Jonás Gómez) y políticos regionalistas6.
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Los movimientos territoriales-étnicos con demandas ambientales contra empresas (mineras, termoeléctricas y faenadoras).
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La corriente regionalista en política, con la emergencia de actores independientes y regionalistas.
En este contexto, luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto binacional PascuaLama (Chile-Argentina) elaborado por la trasnacional Barrick Gold (Rivera, 2010; Fuenzalida & Quiroz, 2012), se comenzaron a articular distintas redes indígenas y vecinales, como el comité Valle de Huasco, junto con la participación de organizaciones ambientales nacionales e internacionales7, que llevaron a la creación de una red trasnacional de defensa contra Barrick Gold8.
Los temas étnicos, ambientales y ciudadanos convergieron en torno a la problemática del agua y la contaminación, creándose alianzas entre profesionales, indígenas, agricultores, artesanos y productores. Se forjó así una sociedad civil de luchas contra la minería y el modelo extractivista de desarrollo, por la recuperación del agua y contra las compensaciones cooptativas del poder central, lo cual fue generando una paulatina politización de las demandas. Como señaló en una entrevista Rodrigo Villablanca:
Yo soy de la comunidad de Sierra Huachacán, en el valle de San Félix, bien al interior, cerca de PascuaLama. En este valle hay tres comunidades diaguitas. Por el valle de El Tránsito hay unas quince comunidades más. Se ha tratado de hacer una reet-nificación, nosotros perdimos la lengua kakán que usaron nuestros antepasados, por todas las matanzas, el mestizaje y las leyes que prohibieron el uso de nuestra lengua. Somos los últimos que vamos quedando de una cultura milenaria, que por razones históricas ha sido diezmada y destruida. Acá hay una comunidad agrícola, los huascoaltinos, que son descendientes directos de los antiguos diaguitas, pero han tenido hartos problemas con las mineras que se meten en su territorio. En Chile la ley minera está por sobre cualquier otra: entran, hacen caminos, toman los terrenos, y a las comunidades no les queda otra que judicializar los temas. (Rodrigo Villablanca, líder diaguita contra Pascua Lama y presidente del Comité Ecológico y Cultural "Esperanza de Vida"; entrevista realizada en septiembre del año 2013)
A través de la movilización de la comunidad y de una red de organizaciones, principalmente ambientalistas, se logró la paralización del proyecto PascuaLama, con el "Movimiento socioambiental valle del Huasco" como el mayor articulador de las demandas regionales. Algo parecido sucedió en Freirina, con un movimiento fundado sobre las bases y redes de movimientos anteriores. En esta ocasión, la comunidad, sobrepasada por la contaminación y los malos olores de la planta faenadora de cerdos Agrosuper, consiguió el cierre definitivo de una de las plantas faenadoras más grandes de Chile, recurriendo para ello a cortes de rutas, barricadas y enfrenta-mientos con carabineros.
Calama constituye uno de los casos paradigmáticos de privación relativa y crisis de expectativas intraterritoriales. Como señala el alcalde Esteban Velásquez, "en los últimos cinco años Codelco Norte Calama ha generado 18.000 millones de dólares de utilidades, y de eso, cero peso queda en la comuna de Calama (...). No queremos quedarnos con todo, por supuesto, ni con la mitad, sino con un pequeño porcentaje, porque las externalidades y todas las cosas negativas las vivimos aquí en Calama" (Esteban Velásquez, alcalde de Calama, entrevista realizada en septiembre del año 2013 en Calama). Con tal postura se reivindica el restablecimiento de los principios de la Ley 11828, derogada por la dictadura militar, que dejaba parte de las utilidades mineras en las comunas, favoreciendo el desarrollo local.
En este contexto, en agosto de 2009 se desarrolló el primer cabildo con la participación de organizaciones, sindicatos y gremios, realizándose posteriormente las primeras manifestaciones públicas bajo el eslogan "Qué sería de Chile sin Calama".
Con un petitorio de cinco puntos firmado por 40.000 personas, en septiembre de 2009 los representantes de las organizaciones viajaron a Santiago para presentar las siguientes demandas:
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La recuperación del 5% de las utilidades del cobre en zonas productoras.
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Compensación por el traslado del campamento de Chuquicamata a Calama.
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Declaración de Calama como Zona Extrema.
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Compensación de 400 millones de dólares por los 34 años en que la ciudad no ha contado con las utilidades del cobre.
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Renacionalización del cobre y del agua.
Ante la falta de respuesta, o respuestas insatisfactorias por parte del gobierno, desde la fecha y durante más de tres años en Calama se han desarrollo distintas manifestaciones y paros regionales. A su vez, como un mecanismo de articulación, con el liderazgo de Esteban Velásquez se ha creado la Asociación de Municipios del Norte, la cual agrupa a diferentes alcaldes que, cansados del centralismo, han comenzado a realizar acciones conjuntas.
Si bien las protestas de Tocopilla a mediados del año 2013 explotaron puntualmente por la imposición de una planta automatizada de revisión técnica, que obligaría a los taxis colectivos a estándares impensados en una zona abandonada con calles en pésimo estado, los factores de largo plazo se relacionan con el resentimiento por la pobre reconstrucción posterremoto 2007. A la fecha persistían colegios en malas condiciones en que las clases se habían estado dictando en containers durante más de cinco años. Continuaban la inexistencia de recursos, a pesar de tener las centrales térmicas en medio de la ciudad; los problemas en salud, debido a la ausencia de médicos especialistas, lo que obligaba a realizar viajes de al menos cinco horas en casos de requerirse atención, entre otros factores.
El claro agotamiento de las vías institucionales y la falta de respuesta de las autoridades ante estos problemas, llevaron a formar una asamblea ciudadana donde participaron dirigentes sociales de toda índole: estudiantiles, sindicales (taxi-colectivo), de la unión comunal de juntas de vecinos, unión comunal de padres y apoderados, ciudadanos y ciudadanas de base, y el alcalde de Tocopilla, Fernando San Román. Los actores acordaron una jornada de paralización el día 1 de agosto de 2013, en que más de 10.000 personas se juntaron en las calles. Se realizaron, además, cortes de ruta, barricadas, toma del puente de Tocopilla, todo lo cual generó una fuerte represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Con el correr del tiempo, el discurso de los líderes sociales pasó de ser reivindicativo peticionista a altos grados de politización anticentralista: "Independientemente de la reivindicación inmediata, estoy absolutamente convencido de que hay que formar una fuerza política autónoma y se está tratando de aglutinar a los movimientos sociales y liderazgos de la región, independientemente de su militancia política.
Queremos descentralización, regionalismo, autonomía, estamos aburridos de que todo lo decida Santiago y que todos los recursos se vayan a Santiago" (Fernando San Román, 2013).
El dirigente estudiantil Jean Pierre Vilches, en entrevista realizada en 2013, señalaba que los problemas principales que vive Tocopilla son el centralismo y la desigualdad. Y con un discurso un poco más radical, Mariza Pino, dirigente del movimiento "Tocopilla vuelve", señalaba: "Ya sea este gobierno o el gobierno que venga, tenga cuidado, porque Chile se divide de la IV Región para acá... Yo desde que soy dirigente que vengo diciendo que nosotros, cerrando la IV Región para acá, se divide Chile. Nosotros hacemos un segundo Chile y Chile de allá va a ser pobre" (Maritza Pino, 2013).
El conflicto en Aysén se desató en un contexto de baja en la industria del salmón y de la pesca. Esto provocó el malestar de los pescadores, que, junto a dirigentes de la zona, el día 7 de febrero de 2012 se tomaron el puente Presidente Ibáñez, principal acceso a Puerto Aysén por la vía terrestre. Seis días más tarde, alrededor de sesenta pescadores del archipiélago de Las Guaitecas se tomaron el aeródromo de Melinka, mostrando su profundo rechazo a la ley de pesca y exigiendo el alza de las cuotas de captura, además de la presencia de la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, y del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
Luego de este suceso, distintas localidades de la región fueron simpatizando con el movimiento y sumándose a la lucha. En Caleta Andrade los habitantes se tomaron el aeródromo; en Coyhaique hubo manifestaciones durante la noche; un grupo aproximado de doscientas personas salió a las calles, levantó barricadas en distintos sectores de la ciudad y se produjeron apagones. Para el día 17 de febrero, casi la totalidad de la región estaba movilizada; la ruta que une Villa Mañihuales con Puerto Aysén estaba bloqueada, el cruce del camino Coyhaique-Chile Chico y Cochrane fue interrumpido por los(as) habitantes de Puerto Guadal, y la carretera hacia Puerto Chacabuco seguía con barricadas. En distintos sectores de la región, como en Chile Chico, se realizaron marchas en solidaridad con la movilización de Puerto Aysén, las que se extendieron también a Punta Arenas y Santiago.
Entre las demandas más importantes que desarrollaron la Asamblea Ciudadana y el Movimiento Social por Aysén, que agrupan a diversas organizaciones sociales, podemos destacar:
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La rebaja sustancial de los combustibles: leña, gas, petróleo, parafina, bencina.
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Salud de calidad.
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Equidad laboral.
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Participación ciudadana vinculante.
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Empoderamiento de la pesca artesanal regional.
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Subsidio al transporte e integración física.
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Regionalización de recursos naturales.
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Universidad estatal regional.
El conflicto de Aysén evidencia un proceso de pluralidad y transversalidad. En este contexto, una ciudadanía postergada en cuanto a prestaciones de salud, educación y costo de la vida convergió con organizaciones sindicales, movilizadas debido a la coyuntura particular de la disminución en las cuotas de pesca artesanal. También se sumaron redes trasnacionales de defensa del ambiente, como "Patagonia sin represas", que durante el año 2011 había generado movilizaciones en distintas partes de Chile contra el proyecto "HidroAysén" (Romero, 2014; Fuenzalida & Quiroz, 2012), reactivando el tejido social. A todo ello se sumaron actores tradicionales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEP), presentes en todos los conflictos regionales analizados.
La Región de Magallanes posee una fuerte memoria histórica de lucha social, marcada por hitos como la masacre de la Federación Obrera de Magallanes en 1920, que terminó con el movimiento obrero regional; la creación del primer partido regionalista magallánico en 1931, y una de las primeras protestas contra la dictadura de Pinochet (el puntarenazo) en febrero de 1984.
Desde sus inicios casi, la identidad magallánica -manifestada a través de distintos diacríticos sociales, como la bandera y el himno- se gestó en un clima adverso (en palabras de magallánicos: "la lucha contra la naturaleza, el viento y frío") y a partir de la interacción de migrantes chilotes, croatas, italianos, ingleses y argentinos. A su vez, el aislamiento -inexistencia de conectividad terrestre con Chile- ha llevado a sus habitantes a generar un mayor vínculo con Argentina, con la que comparten una identidad común patagónica con fuerte interdependencia económica y social.
Tal como ocurre con Arica -y el mayor desarrollo de la ciudad peruana de Tacna-, la región magallánica ha aumentado su sentimiento de postergación debido al desarrollo que han adquirido ciudades de la Patagonia argentina. En esta línea, entre los censos argentinos 2001-2010, las ciudades cercanas del país vecino crecieron más que las magallánicas: El Calafate aumentó demográficamente 159,8%, desde 6.410 a 16.655 habitantes; Río Gallegos lo hizo en 21%, de 79.144 a 95.796; y Ushuaia, un 24%, de 45.430 a 56.593 habitantes, lo que ha ido acompaño de mayor desarrollo en infraestructura y servicios. Por su parte, entre los censos de Chile 20022012, Punta Arenas creció solo 10,5%, de 118.241 a 130.704 habitantes, mientras que Puerto Natales decreció un -68% de 18.823 a 18.505.
Ante tal panorama, los magallánicos manifiestan la ausencia de oportunidades, señalando que la mayoría de los jóvenes debe emigrar a otras regiones para estudiar y trabajar, lo que a su vez evidencia un envejecimiento de la población. Así, mientras en el censo 2002 existían 48 adultos mayores de 60 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años, esa cifra aumentó en 2012 a 72.
El descontento generado por la realidad descrita llevó a que, cuando ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) y el gobierno central anunciaron el alza del precio del gas domiciliario en un 16,8% (principal fuente de combustible), la comunidad magallánica se movilizó transversalmente con la participación de empresarios, sindicatos y organizaciones ciudadanas agrupadas en la Asamblea Ciudadana.
El conflicto tuvo sus inicios el año 2009, durante el primer gobierno de Bachelet, cuando dirigentes gremiales de Magallanes denunciaron por primera vez el alza histórica del gas domiciliario y comercial. A pesar de que estas acusaciones fueron desmentidas, tuvieron repercusiones en la región, donde se realizaron diversas movilizaciones a fines de ese año.
El 29 de diciembre de 2010, pese al compromiso de campaña, el gobierno de Sebastián Piñera decidió aumentar la tarifa del gas, con el argumento de disminuir la diferencia entre el precio del gas subsidiado que cobra ENAP a la distribuidora Gasco Magallanes y los valores del mercado internacional. Esto, que fue denunciado como un acto injusto, puesto que el 75% de la producción total del gas extraído en la región es vendido a un menor precio a la empresa transnacional Methanex, de capitales canadienses, desató las críticas y las movilizaciones en las principales ciudades de la región (Punta Arenas y Puerto Natales). A través de la Asamblea Ciudadana de Magallanes se convocó a un paro indefinido, que comenzó en la medianoche del día 11 de enero, noche en que murieron dos mujeres arrolladas por una camioneta. Al día siguiente el paro incluyó a la mayoría de las comunas de la región; hubo cortes de ruta en el camino a Puerto Natales, El Calafate, al aeropuerto, y la movilización se extendió a los principales pasos fronterizos con Argentina. Esta situación tuvo como consecuencia la salida de tres ministros, incluyendo al de Energía, Ricardo Raineri, y desembocó, como acuerdo, en un alza del gas en un 3% y los subsidios a las 18.000 familias más pobres de la región.
Luego del análisis de casos, es posible identificar distintas elementos comunes en la trayectoria de los movimientos regionales.
En primer lugar, se constata la pluralidad y coexistencia de distintos fenómenos al interior de las acciones colectivas. De esta forma, más que clasificar como totalidad el movimiento o la acción colectiva que ha tenido lugar en las regiones entre 2011 y 2013, resulta significativo clasificar discursividades relacionadas con intereses y actores particulares al interior del movimiento. Para tal efecto, cuando una discursividad se hegemoniza y alcanza grados de unidad, es posible clasificar el movimiento en su totalidad; para el resto de los casos, resta la posibilidad de caracterizar discursividades en pugna y asignarles -eventualmente- grados de repre-sentatividad intramovimiento.
Desde esta posición, utilizando la tipología de Penaglia (2014), se constató en los movimientos la existencia de "defensa de intereses creados" en luchas egoístas caracterizadas por una menor politización, por la particularidad de la demanda y una mayor cercanía entre actor y beneficio, lo que podría observase en ciertas acciones ligadas a NIMBY y representación contenciosa en Calama, Magallanes, Frei-rina y Tocopilla. También se constató "defensa colectiva y aislada", principalmente en episodios de violencia espontánea e inorgánica en Magallanes, Aysén y Tocopilla. Finalmente se identificaron discursos ligados a "luchas de transformación social", donde se construyeron relatos en torno a problemáticas estructurales (centralismo,sistema impositivo, sistema político, distribución de la riqueza y del poder, entre otros), destacando el caso de Calama, Magallanes y Aysén.
Como es posible ver, muchos de los movimientos son clasificados en más de una tipología, siendo los casos de Magallanes y Calama emblemáticos. En ambos, parte de los relatos del movimiento se estructuraron en torno a intereses inmediatos, generando masividad a partir de demandas cotidianas analizables desde la elección racional: protestas porque el alza del gas afecta el bolsillo y confort de los magallánicos o protestas porque el boom del cobre genera hiperinflación y contaminación en Calama. A la vez, los actores, articulados mayoritariamente en asambleas ciudadanas, construyeron demandas politizadas que incorporaron a sus petitorios. Ejemplo: nacionalización de los recursos naturales.
La coexistencia de fenómenos no solo se manifestó en intereses y politización, sino que también se puede observar en el tipo de estructura adquirida por el movimiento. Así, por un lado se constataron acciones colectivas poco orgánicas y desarticuladas, junto con la acción orgánica y estructurada de distintas ONG, grupos de interés y partidos políticos. Este elemento fue clave para caracterizar tensiones entre "movimientos 2.0" (Castells, 2012; Treré & Cargnelutti, 2014) -caracterizados por la espontaneidad, indignación, horizontalidad, inorganicidad y el fuerte uso de tecnología y redes sociales- y movimientos tradicionales con características orgánicas. En esta línea, si bien todos los movimientos estudiados se han constituido a partir de asambleas ciudadanas, estas en ciertos casos estuvieron conformadas y lideradas por ciudadanos autónomos, sin la "conducción" de las organizaciones tradicionales; en otros casos se crearon asambleas ciudadanas exclusivamente de organizaciones. Sobre este punto, un elemento clave es el rol que desempeñaron el Partido Comunista y la Central Unitaria de Trabajadores, que participaron en la totalidad de los movimientos, aunque con distintos grados de protagonismo, y siendo parte importante de la tensión entre movimientos 2.0 y movimiento tradicional.
Por otro lado, se evidencia que en la mayoría de los casos el movimiento comenzó como una demanda particular y localizada, generalmente con dos componentes: una dimensión con características NIMBY y la existencia de representación contenciosa -principalmente en los casos del norte-, en que la ciudadanía demanda presencia del Estado en una temática particular (ausencia de agua, malos olores, reconstrucción, falta de apoyo); o en la que líderes políticos comienzan a posicionar demandas en la agenda pública local.
A su vez, en gran parte de los conflictos se observa la presencia de temáticas ambientales (Aysén, Arica, Copiapó), en torno a las cuales las redes trasnacionales o nacionales de defensa han creado estructuras sociales de deliberación ciudadana.
Se constata que las estructuras de movilización primaria -NIMBY, representación contenciosa y redes transnacionales- se enfrentan a un Estado con pocas capacidades institucionales para solucionar el conflicto. Al respecto, en la investigación destaca que desde las intendencias y gobernaciones las estrategias gubernamentales se orientaron a: i) contener y reprimir la protesta social; ii) cooptar y dividir; iii) dilatar en negociaciones extensas, sin generar constructivismo político. En esta línea, destaca que las acciones de protestas más fuertes se han desarrollado en el periodo 2011-2013; sin embargo, la totalidad de los conflictos estudiados comenzó con las primeras manifestaciones y acciones antes de 2009.
Los movimientos primarios, independientemente de su éxito o fracaso (capacidad de oponerse a un proyecto), generan la coyuntura para que la ciudadanía se encuentre (espacio público, reconocimiento, deliberación) y descubra que posee problemáticas y causas comunes. En este sentido, los movimientos primarios han servido como estructura sobre la que se construyen nuevos movimientos sociales. Así, la totalidad de los casos estudiados revela sentimientos históricos de postergación y ausencia de soluciones a demandas particulares, lo que, junto con la labor creciente de movimientos primarios destinados a activar el tejido social, desencadenó la formación de asambleas ciudadanas. En ellas el movimiento primario de demandas particulares adquirió una dimensión rizomática y transversal, logrando mayores niveles de politización en un cuestionamiento del modelo de desarrollo, del régimen político, del sistema impositivo y, naturalmente, de la incapacidad e injusticia del centralismo en su gobierno de las regiones.
Finalmente, más allá de las continuidades entre movimientos, habiéndose superado la fase primaria -NIMBY, redes trasnacionales ambientalistas o representación contenciosa- y una vez establecida la fase de agregación, con la constitución de movimientos regionales transversales, estos han adquirido distintas formas, entre las que destacan los siguientes:
Movimientos tradicionales de varios puntos: movimientos de este tipo representan mayormente la marginalidad y la postergación. Elaboran demandas amplias que generalmente involucran mayores recursos, infraestructura y capital humano en temas relacionados con la salud, la vivienda, la educación, el empleo, entre otros. Representan acciones colectivas que, aunque manifiestan interesantes procesos de emancipación y lucha, como los de Aysén o Tocopilla, son principalmente peticionistas.
Movimientos contenciosos: estos movimientos son también peticionistas y generalmente presentan demandas mayoritariamente aisladas, pero se diferencian de los "movimientos tradicionales de varios puntos" por ser principalmente defensivos. En esta categoría se estructuran principalmente para la mantención de subsidios y regalías, como en el caso de Magallanes (más allá de los intentos de la Asamblea Ciudadana por levantar demandas de mayor politización).
Demanda por leyes especiales: en este caso se inscriben movimientos como el de Arica o Calama, que buscan la elaboración de políticas reformistas orientadas a conseguir mayor poder y autonomía en los espacios regionales. Este tipo de movimiento es el que plantea un mayor desafío en materia de articulación interterritorios e interconflictos. A su vez, genera mayores tensiones entre demandas maximalistas (de reformas estructurales) y representación contenciosa; por tanto, corre también mayores riesgos de cooptación por parte del poder central, que suele responder a las demandas estructurales con regalías, subsidios, proyectos de inversión y "tratos preferenciales".
PIB regional a precios constantes año 1992, 2002 en millones, y a precios del año anterior encadenado 2012 en miles de millones de pesos 1986/Población censos 1992, 2002, y 2012
FUENTE BANCO CENTRAL DE CHILE Y CENSOS 1992, 2002, 2012 LAS REGIONES XV Y XIV NO TIENEN SUS DATOS DE PIB DESGLOSADOS PARA 1992 NI PARA 2002
Ingresos salariales. Promedio mensual por región de Chile, ajustado al poder de compra regional (PCR) en miles de pesos 2013
FUENTE INGRESO PROMEDIO DE COTIZACIÓN PREVISIONAL DE HOMBRES POR REGIÓN, SEPT. 2013. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. SE CALCULA EL PCR (COSTO MAYOR EN SERVICIOS BÁSICOS, VERDURAS/FRUTAS, VIVIENDA) EN UN 20% EN TARAPACÁ, ANTOFAGASTA Y ATACAMA, Y 10% EN ARICA Y PARINACOTA (MAYOR DISPONIBILIDAD DE HORTALIZAS Y SERVICIOS, TACNA), COQUIMBO, AYSEN Y MAGALLANES (MAYOR SUBSIDIO GAS)
Parlamentarios independientes por fuera de grandes coaliciones, 2002-2013
FUENTE DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO ELECTORAL (SERVEL), CHILE
Alcaldes alternativos al duopolio en ciudades de más de 20.000 habitantes en el norte de Chile
FUENTE DATOS OBTENIDOS DEL SERVICIO ELECTORAL (SERVEL), CHILE
