Introducción

La relación entre los parques y la política ha sido abordada de formas diversas en el ámbito de las ciencias sociales y los estudios urbanos. Trascendiendo los enfoques que se centran en los beneficios (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX [PAOT], 2010; Rivas, 2005) o en los usuarios (Ayala-Azcárraga et al., 2019; Mayen, 2022), existen miradas que han problematizado la creación de parques a partir de las funciones políticas que sus creadores les atribuyen. Es el caso de Galen Cranz (1989) que, en su historia de los parques estadounidenses, invita a examinarlos más allá de su simbolismo innocuo para preguntarnos qué se ha pensado que hacen estos lugares por la ciudad. En Latinoamérica encontramos también trabajos que abordan los parques como instrumentos políticos de diversa índole. Concretamente está la investigación de Adrián Gorelik (1998/2022, p. 7), quien se aproxima a los parques como instrumentos de intervención urbanística que pueden contener modelos de Estado y ciudad o huellas de conflictos y proyectos. También está el trabajo de Pía Montealegre (2022), quien ha investigado cómo los parques urbanos encarnan ciertos discursos políticos relacionados con la reivindicación popular o la reparación del trauma, mirando específicamente la transformación del parque Cousiño durante la década de 1970 y el Programa de Parques Urbanos promovido por el gobierno de Patricio Aylwin en la década de 1990 en Santiago de Chile.

Para la Ciudad de México (CDMX), encontramos los estudios históricos que han dado cuenta de la creación de parques como artefactos civilizatorios, según señala Emily Wakild (2007) respecto a la creación del Jardín Balbuena en un barrio obrero de la capital mexicana a inicios del siglo XX, o bien como materializaciones de ciertos ideales de ciudad, retomando el trabajo de Mauricio Tenorio-Trillo (1996), quien argumenta que los diversos proyectos de creación de parques lanzados durante la celebración del Centenario de la Independencia de México en 1910 fueron “una forma de expresar ideales de cómo la ciudad tenía que ser transformada para favorecer una planeación urbana moderna, reformas sanitarias, simbolismos nacionalistas, y por supuesto, los intereses económicos de la élite” (p. 79).

Este trabajo busca aportar a este último campo, y tiene como objetivo analizar los procesos de constitución de parques metropolitanos en la Ciudad de México a partir de examinar los procesos de politización que ocurrieron durante su creación y transformación. Retomando parte de mi trabajo doctoral (Romero-Magallán, 2022), propongo profundizar el análisis abordando las siguientes cuestiones: ¿Qué politizaron y despolitizaron los promotores de parques en la CDMX durante la creación y transformación de estos espacios?, y ¿cómo lo hicieron?

Para ello, se examinan los argumentos que los promotores de parques movilizaron para justificar la creación o transformación de un parque. Retomando la definición de Galen Cranz (1989, p. 159), se entiende aquí como promotores a aquellas personas interesadas en la creación, conservación y transformación de parques que, independientemente del tipo de motivación que las impulsa, han tenido el poder de incidir en las políticas y la toma de decisiones. Por lo general, esto incluye a actores de diversa índole, que van desde presidentes, funcionarios, arquitectos, empresarios, expertos en materia urbana, organizaciones vecinales y filantrópicas, a ciudadanos.

El argumento principal que se propone desarrollar es que los tres parques metropolitanos de la Ciudad de México aquí estudiados –Bicentenario, La Mexicana y Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec– han servido como artefactos de politización de controversias sobre el territorio urbano, y ello en dos sentidos. Por una parte, los parques han sido instrumentos de politización mediante los cuales sus promotores –ya sean presidentes, vecinos o paisajistas– legitiman sus visiones de nación o sus perspectivas y demandas sobre la ciudad. Por otra parte, la promesa y creación de un parque se ha usado para tratar de neutralizar conflictos o contrapesar proyectos alternos de ciudad. Esto ha ocurrido, retomando a Kauppi y Trenz (2021), mediante el despliegue de diversas modalidades de (des)politización, tales como: a) la sincronización, a partir de la cual la creación de un parque se apareja a ciertos proyectos políticos o urbanos controversiales para que sean percibidos positivamente por el público; b) la temporalización, que puede entenderse como el anunciar la creación de un parque, pero no definir plazos o posponer su ejecución indefinidamente; c) la tecnificación, que consiste en transformar un asunto político en algo técnico, legal o científico para intentar despojarlo de su carácter rebatible; o d) la invocación del interés público para intentar monopolizar una decisión y evitar que esta sea debatible públicamente.

Este artículo se centra en una reconstrucción de la creación y transformación de los tres parques señalados, a partir de los discursos de sus promotores. Inicialmente, se revisa el caso del parque Bicentenario, desde la decisión de cerrar una refinería petrolera para crear un parque en 1990, hasta su inauguración en 2012. En segundo lugar, se aborda el caso de La Mexicana, revisando primero las movilizaciones vecinales por el parque desde 2011 hasta su inauguración en 2017. En tercer lugar, se aborda la incorporación de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec desde la cancelación del proyecto inmobiliario en el Campo Militar 1 en diciembre de 2018, hasta su primera apertura en abril de 2021. Esto se realizó mediante la documentación de los procesos de planeación y la historia territorial, así como entrevistas y recopilación de declaraciones públicas de los promotores de estos tres parques. Finalmente, se plantea una breve discusión sobre las trayectorias políticas asociadas a la creación de parques metropolitanos en la Ciudad de México y su rol como artefactos de transformación urbana.

El parque Bicentenario

El proyecto del parque Bicentenario surgió en la década de 1990 en el contexto del cierre de una de las refinerías más importantes del sistema petrolero mexicano y de una contingencia ambiental sin precedentes en la Ciudad de México. El 18 de marzo de 1991, durante la celebración del 53 aniversario de la nacionalización del petróleo y de manera inesperada, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció el cierre de la refinería de Azcapotzalco para dar paso a la creación de un parque ecológico. En este evento, el mandatario expresó: “El gobierno está preparado para imponerse a sí mismo las más severas medidas para proteger la salud pública y las demandas sociales […]. Plantemos árboles donde hasta ahora no hay más que oleoductos” (Uhlig, 1991).

Los principales argumentos que dio el gobierno federal fueron de carácter ambiental. Se enfatizó que esta decisión era un logro de la ecología, ya que se cerraba una instalación que presumiblemente era la principal fuente individual de contaminación del aire de la Ciudad de México y su área metropolitana, por lo que cambiar ductos de petróleo por un parque representaría acabar con el 4% de las 4 millones 300 mil toneladas de contaminantes emitidas por estas instalaciones petroleras (Bazán, 1999, p. 66; Monge, 1991). Asimismo, esta decisión se planteó como una medida ejemplar para el sector industrial, pues se había priorizado el cuidado ambiental por encima del desarrollo económico, según palabras del presidente, que dijo que el cierre de la refinería, “aun cuando había costado seis mil empleos directos y más de 1.5 billones de pesos, había atendido a un reclamo justo, volviéndose un ejemplo a seguir para mejorar las condiciones ambientales de la Ciudad de México” (Salinas de Gortari, 1991, p. 177). De hecho, el día del cierre de la refinería fue retratado por algunos medios locales como una celebración de los habitantes de las colonias aledañas, que en su mayoría eran trabajadores petroleros (Valderrama, 2017), e incluso fue aplaudida públicamente por algunos ambientalistas notables de la época (Rivera & Toledo, 1991).

En este contexto, el acto presidencial de proclamar el cierre de una refinería para la creación de un nuevo “pulmón” fue una forma de movilizar políticamente el parque como un arreglo al problema urbano de la contaminación atmosférica por parte de su principal promotor, que era el entonces presidente de México. En este sentido, el parque se politizó como un medio para limpiar el aire de la ciudad, mejorando las condiciones de vida de los capitalinos. Asimismo, la decisión de hacer un parque y no otra cosa con los terrenos de una exrefinería se representó públicamente como un ejemplo de la “voluntad política” del presidente para hacer de México un país de instituciones que se preocupa por el medioambiente y por cumplir con la normatividad ambiental, así como para descentralizar la industria de la Ciudad de México.

No obstante, el anuncio tomó por sorpresa a varios funcionarios y políticos locales, que durante meses previos habían discutido diversas alternativas al cierre de la planta petrolera; entre otras cosas, porque esta instalación era un punto central en la distribución de combustibles para la ciudad y por la afectación a los trabajadores petroleros con antigüedades de 15 a 40 años (Romero-Magallán, 2022, p. 35). De hecho, el cierre implicó el despido de cientos de trabajadores petroleros de la planta, que se quedaron sin trabajo de un día para otro (Bazán, 1999). Se habló de venganza política con disidentes del sindicato petrolero hegemónico que trabajaban en la refinería de Azcapotzalco, según señaló su dirigente Ismael Hernández, quien expresó: “Aquí emplearon el pretexto de la contaminación para liquidar a los trabajadores” (Corro, 1991). Incluso, frente a la versión de la celebración del cierre, la antropóloga Lucía Bazán describió que dicho acto se vivió más bien con incertidumbre por parte de los vecinos y trabajadores de la planta, pero que prevaleció el discurso hegemónico del presidente Salinas, que ensalzaba el ímpetu ambientalista del gobierno y su preocupación por la salud de los habitantes, en una ceremonia sumamente cuidada por la oficina de prensa gubernamental (Bazán, 1999, p. 66).

Considerando esto, se puede afirmar que el anuncio presidencial de la creación de un parque se planteó para despolitizar ciertas controversias derivadas del cierre de la refinería. Concretamente, el énfasis público en los beneficios del parque se utilizó para intentar invisibilizar tanto el atropello de los derechos laborales de miles de trabajadores que fueron despedidos ese mismo día sin previo aviso, como el hecho de que el cierre de la refinería también respondía a una política de reconfiguración de PEMEX (Petróleos Mexicanos), derivada de la crisis por la baja de precios del hidrocarburo en la década de 1980 (Bazán, 1999, p. 85), y no solo a la voluntad ambientalista del presidente.

Con todo, la idea de crear un parque en la exrefinería quedó solo como un proyecto en el aire que no se concretaría sino hasta casi veinte años después de que el presidente Carlos Salinas lo anunciara, debido al estado tan contaminado del suelo y a la falta de un proyecto ejecutivo claro. En este sentido, la despolitización de la polémica decisión de cerrar la refinería estuvo estrechamente relacionada con la temporalización, pues el anuncio hecho por Salinas no incluyó plazos definidos para la ejecución del proyecto, lo que posibilitó que la controversia se diluyera; y para el tiempo en que finalmente se construyó el parque, veinte años después, dicha controversia ya no era relevante en la discusión pública.

Por otra parte, la temporalización del proyecto propició la especulación del destino de este terreno. A lo largo de las dos décadas precedentes a la creación del parque Bicentenario, el único lugar que pasó a manos del gobierno de la Ciudad de México en 1995 fue el ya existente parque 18 de Marzo, compuesto por una hectárea de áreas verdes y juegos infantiles, que pasó de haber sido un espacio exclusivo de PEMEX, a estar abierto a todo el público. Más tarde, en el año 2001, el terreno estuvo en la mira para la creación de un parque industrial en el marco de una política de recuperación de las zonas industriales de la Ciudad de México, sin éxito (Ramírez & González, 2008). Luego, en 2006 hubo un segundo intento de volver esta zona un parque y un gran acuario patrocinado por la iniciativa privada y promovido por el presidente Vicente Fox, también fallido debido a la falta de claridad y supuesta corrupción en las concesiones para su construcción (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2012, p. 12). Finalmente, en 2008, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad, en ese entonces del partido de izquierda PRD (Partido de la Revolución Democrática), acusó públicamente a la alcaldesa del gobierno delegacional del PAN (Partido Acción Nacional), conservador y mismo que el gobierno nacional, de querer promover un desarrollo inmobiliario en este predio (González et al., 2008).

No fue sino hasta el año 2007, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, que finalmente se logró concretar la construcción de un parque en la exrefinería de Azcapotzalco. Todo ello después de una remediación del suelo que fue una de las más importantes, pero más costosas, realizadas por PEMEX (SEMARNAT, 2012, p. 21). Asimismo, dadas las complejas condiciones jurisdiccionales y ambientales del suelo, el parque se inauguró en dos etapas: la primera en 2010 y la segunda en 2012.

En esta ocasión, el parque se politizó como un monumento de progreso, utilizando el término de Claudia Agostoni (2003), en tanto que se asoció su construcción a la consolidación y materialización de los ideales de nación del régimen calderonista. Ello obedeció a que el proyecto se planteó como “símbolo del cumpleaños de México”, en palabras del propio presidente Calderón durante la primera inauguración en 2010 (Calderón, 2010a), y se le nombró parque Bicentenario para conmemorar los aniversarios 100 y 200 de la Independencia y la Revolución mexicana.

El discurso en que se materializó esta visión calderonista de nación también incluyó la noción de desarrollo sustentable. En esta línea, la creación del parque Bicentenario se asoció a una transición ecológica de PEMEX, que durante la inauguración de las obras fue presentada –en palabras del director de la petrolera mexicana– como “una empresa rentable, moderna, transparente, pero, sobre todo, sustentable, esto, para impulsar el desarrollo de nuestro país y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos” (Herrera, en Calderón, 2010b).

Asimismo, se enfatizó que la creación de este parque había sido una victoria del presidente frente a la expansión de la mancha urbana, según lo expresado por el entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Elvira, quien en la inauguración de 2010 dijo que el terreno pudo haberse vendido para el desarrollo inmobiliario, pero que, en cambio, se priorizó el “vivir mejor” de los habitantes de la CDMX (Calderón, 2010b). Finalmente, el parque se presentó como una materialización de consenso político entre distintos actores involucrados en su creación, tales como los políticos de distintos partidos del gobierno local y federal y los funcionarios de PEMEX que, junto con los líderes sindicales y trabajadores del petróleo, se reunieron en este evento de 2010 para celebrar el gesto gubernamental (Calderón, 2010a).

Ahora bien, la circulación de este parque como un símbolo nacionalista y ambientalista –es decir, mediante la sincronización de su inauguración con la celebración de dos fiestas nacionales clave para el país, así como con el discurso del desarrollo sustentable– fue la vía mediante la cual se buscó neutralizar los conflictos que rodearon su creación. Concretamente, se buscó neutralizar: a) las discrepancias entre el gobierno federal y el de la ciudad con respecto al destino de ese predio; b) los pasados conflictos con los extrabajadores petroleros despedidos, que ahora eran presentados como invitados y empleados del parque; c) las críticas a los gastos excesivos para la ejecución del parque, y d) los cuestionamientos vecinales sobre el adecuado saneamiento del suelo (González et al., 2008).

La Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec

La incorporación de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec se dio en el contexto de la especulación sobre el destino del Campo Militar 1 y diversos terrenos usados para la industria militar a finales de 2018. Este espacio ya había sido desincorporado de los bienes de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) por el presidente Enrique Peña Nieto a finales de 2017 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2017). Sin embargo, hasta ese momento se rumoraba que el predio sería vendido para la creación de un proyecto inmobiliario de lujo cercano a Santa Fe, una zona de alta plusvalía al poniente de la ciudad (Sosa et al., 2018).

Luego, cuando Andrés Manuel López Obrador entró al mando del país, se siguió especulando sobre la construcción y venta de departamentos para financiar el cambio de la industria militar a Puebla como parte de su política de descentralización del gobierno, así como para el proyecto de la nueva Guardia Nacional. En palabras del secretario Luis Sandoval el 19 de diciembre de 2018: “Ahí se van a construir viviendas, pero para venta. En esa parte es muy caro el metro cuadrado, ese dinero lo van a dar a la SEDENA y eso va a ser para la Guardia Presidencial” (Jiménez, 2018). Esto generó diversas críticas, entre las que se incluyen las de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Álvaro Obregón (donde se localiza el predio), quienes manifestaron su preocupación al gobierno federal por los posibles problemas que se generarían en la zona en caso de concretarse el desarrollo inmobiliario, tales como deficiente movilidad y desabasto de agua (Expansión Política, 2018).

Pocos días después, en su conferencia matutina del 20 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente anunció que estos terrenos serían cedidos a la Ciudad de México para la realización de un parque. En este evento, el mandatario señaló que de las 150 hectáreas que conformaban este predio, 70 serían incorporadas a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y se convertirían en un parque para el histórico pueblo de Santa Fe. Asimismo, 50 serían preservadas como edificios históricos y las 30 restantes serían vendidas para financiar el traslado de la industria militar a Puebla (López-Obrador, 2018). El presidente declaró en esta conferencia que no se pensaba vender este predio valuado en 20 millones de pesos, y expresó que:

Aun cuando en este periodo neoliberal quisieron privatizar todo, acabar con todo, había tanto que no pudieron. Además, como sonó la alarma el primero de julio [refiriéndose a su triunfo electoral de 2018], ya no pudieron seguir robando, seguir trasladando lo público a lo privado. Acuérdense ustedes que privatizar –y si lo ven el diccionario– significa convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Ya se terminó esa política y nos queda todo ese terreno […]. (López-Obrador, 2018)

En ese momento, la promesa de incorporar este terreno como un parque se movilizó discursivamente como una forma de hacer público un espacio que antes era privado, lo que además sería en beneficio de los vecinos de las colonias populares del pueblo de Santa Fe. Sin embargo, la decisión fue monopolizada por la figura presidencial, dejando fuera una discusión pública sobre otras alternativas, al tiempo que se restó visibilidad al hecho de que se mantuvo en pie la venta de 30 hectáreas para la SEDENA. En este sentido, la modalidad de despolitización que se dio en el anuncio de la cesión del terreno en 2018 fue la invocación del interés público.

No obstante lo anterior, la cesión territorial al parque más emblemático de la Ciudad de México cobró una nueva dimensión en abril de 2019, cuando se anunció la creación del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, liderado por el artista Gabriel Orozco, que sería el principal proyecto cultural de la administración de López Obrador. Dicha empresa implicaba ya no solo la apertura del espacio como parque para los habitantes de Santa Fe, sino también la integración física y conceptual de las cuatro secciones del Bosque, la creación de nueva infraestructura cultural, la rehabilitación de lugares ya existentes, así como la creación de calzadas para conectar peatonalmente las cuatro secciones. El presupuesto para este proyecto provendría de la Secretaría de Cultura Nacional.

En este anuncio, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Fraustro, expresó que el plan buscaba articular las cuatro secciones del Bosque como “un gran espacio cultural que se pueda recorrer a pie por las familias”, mientras que Gabriel Orozco planteó que se trataba de transformar el Bosque en una gran obra de arte (López-Obrador, 2019). Dada la naturaleza cultural del proyecto, se le asignó un presupuesto inicial de 1688 millones de pesos en 2020, cifra que representaba una octava parte del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura Federal para ese mismo año (Nivón, 2019). Cuatro meses después, en agosto de 2020, se presentó públicamente el proyecto ejecutivo Chapultepec Naturaleza y Cultura, que incluía el listado de las distintas intervenciones y las fechas tentativas para su realización, comprendidas entre los años 2021 y 2024, dejando incluso algunas pendientes por definir su ejecución (Gobierno de México, 2020).

La politización de la incorporación de una Cuarta Sección al Bosque de Chapultepec como un proyecto cultural ya no solo implicaba abrir para el uso público un espacio que antes era privado, sino que se volvió un estandarte de los ideales de la Cuarta Transformación, como el antineoliberalismo, la democratización vía la peatonalización y el acceso a la cultura, así como la justicia espacial, entendida como la accesibilidad de las clases populares a un nuevo espacio verde. No es la primera vez que Chapultepec se vuelve una encarnación de los ideales de nación y de las ideas reformistas sobre la ciudad, como ya documentó Emily Wakild (2007) durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz a inicios del siglo XX, cuando, a través de la transformación de la Primera Sección de Chapultepec, se buscó consolidar los valores positivistas de Orden y Progreso. Solo que esta vez, el proyecto de renovación se representó como “un acompañamiento a lo que significa la transformación del país, en cuanto al cambio de forma de gobernar […] que tengamos una sociedad mejor, sin pobreza, sin marginación y con arte, con cultura, con alegría y con felicidad” (López-Obrador, 2019).

No obstante tales discursos, el proyecto fue ampliamente criticado por diversos actores sociales, por considerarlo –entre otras cosas– centralista y poco transparente en su planeación. Concretamente, se conformaron dos grupos. Uno fue el Frente Ciudadano para la Defensa y la Mejora de Chapultepec, un conjunto de vecinos del Bosque que organizaron protestas públicas argumentando su oposición a proyectos puntuales del plan de Gabriel Orozco, como el cierre del jardín botánico en la primera sección para la construcción de una galería de arte (Sierra, 2020, agosto 16). Otro fue el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM), conformado por varios miembros de la comunidad artística mexicana que se oponían a la centralización de la cultura nacional, expresada en la excesiva asignación presupuestal a este proyecto en el contexto de la pandemia de coronavirus y la política de austeridad promovida por el gobierno federal, que se tradujo en el recorte de becas artísticas y la carencia presupuestal para la infraestructura cultural existente en otras partes de México (Aguilar, 2020; Sierra, 2020, sept. 10; 2020, oct. 6; 2020, dic. 4). Por su parte, urbanistas y paisajistas se posicionaron públicamente en la prensa nacional criticando el proyecto, principalmente por la injusta distribución de áreas verdes en la ciudad, la poca transparencia y carencias metodológicas en el proceso de planeación, la inversión en infraestructura gris y no en la restauración ecológica, así como la falta de viabilidad en la conectividad peatonal del proyecto (Sierra, 2020, ago. 17; 2020, ago. 18; 2020, ago.19; 2020, ago. 20; 2020, ago. 21; 2020, ago. 24).

Frente a estas críticas, el líder del proyecto y artista contemporáneo Gabriel Orozco dio un giro a la narrativa de su plan, diciendo que su idea era hacer de Chapultepec un parque biocultural y que “la percepción del proyecto empezó a ser absorbida desde la sección cultural, cuando en realidad el proyecto es fundamentalmente ecológico” (Orozco, 2020). Asimismo, señaló que Chapultepec Naturaleza y Cultura no debía verse como un gasto público exclusivo del sector cultural, sino también como una inversión ambiental y social, pues el proyecto incluía propuestas de restauración hídrica y forestal (Secretaría de Cultura de México, 2020).

Con la reapropiación de lo político por parte de otros actores ajenos al círculo gubernamental mediante el cuestionamiento público, el proyecto de transformación del Bosque de Chapultepec fue politizado por sus promotores como una intervención más ecológica. Así, encontramos que mediante la sincronización de lo cultural con lo natural se buscó despolitizar la transformación del parque mediante la neutralización de la decisión controversial de dedicar una parte significativa del presupuesto cultural a un espacio con una ya alta concentración de museos y espacios de cultura, como lo es el Bosque de Chapultepec, enfatizando que también tendría beneficios ambientales, pero sin expresar claramente cuáles.

Con todo, el proyecto ha seguido su marcha. En agosto de 2020 se presentó un plan para su implementación, y desde entonces se han ido anunciando los avances en las licitaciones de varias de las intervenciones planteadas, como el parque Cri Cri, la avenida Constituyentes, el Pabellón Cultural, la Cineteca Nacional y la apertura del centro cultural Ermita Vasco de Quiroga, por mencionar algunas (Gobierno de México, 2021).

Si bien el planteamiento de intervenciones individualizadas espaciadas en el tiempo responde a la propia naturaleza titánica del proyecto, también ha funcionado para diluir las controversias y los cuestionamientos que han surgido en la arena pública, particularmente en el campo del urbanismo. Se puede decir entonces que, al igual que en el parque Bicentenario, la modalidad para la despolitización usada por los promotores del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura ha sido la temporalización.

El 3 de julio de 2021 se dio por inaugurada la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, con la apertura de un centro cultural en la vieja fábrica de pólvora colindante con el pueblo de Santa Fe. En este evento, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, expresó que esta nueva sección propiciaba la justicia espacial en la Ciudad de México. Ello porque se había convertido el lugar no en un desarrollo inmobiliario, sino en un parque; esto es, un espacio público para los habitantes de la ciudad, particularmente para aquellos de los sectores populares, como los habitantes del pueblo de Santa Fe que, a pesar de ser vecinos, no tenían antes acceso directo al Bosque (Sheinbaum, 2021).

Algunas de estas intervenciones han tenido los efectos deseados por sus promotores, como ocurrió con la Ermita Vasco de Quiroga que, con sus talleres, ha propiciado el acceso gratuito a la cultura para los vecinos del pueblo de Santa Fe. Otras, en cambio, siguen siendo polémicas, como el Pabellón Cultural proyectado para hacerse en lugar del Jardín Botánico en la primera sección del Bosque, y que fue suspendido indefinidamente por un juez a raíz de un amparo promovido por vecinos del Bosque y artistas en diciembre de 2022 (León, 2022).

Parque La Mexicana y el fallido parque La Cañada

El parque La Mexicana surgió en el contexto de una controversia por el destino del terreno que antes ocupaba una mina de áridos que dejó de funcionar a finales de 1970, y que estuvo baldío por décadas hasta quedar en medio de Santa Fe, convertido en un enclave de alta plusvalía en la zona poniente de la capital mexicana. En junio de 2011, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard, contempló la realización de vivienda etiquetada como popular en este espacio, proyectando alrededor de cinco mil viviendas multifamiliares y otorgándole la categoría de corredor de servicios urbanos al suelo, posibilitando con ello la construcción de vialidades y equipamiento. Todo esto como parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PDDU) para Santa Fe (Gaceta Oficial del Distrito Federal [GODF], 2011).

Derivado de lo anterior, tres meses después, vecinos de Cuajimalpa se manifestaron públicamente para demandar la construcción de un parque en este predio. Fueron convocados por el director de la asociación civil Centro para el Desarrollo Urbano (CDU) de Santa Fe y también fundador del Movimiento Pro Parque La Mexicana, Gerardo Ocampo. Los vecinos del CDU se oponían al proyecto de vivienda, porque afirmaban que “los nuevos habitantes de esta área incrementarían en más del 95 por ciento la población actual de Santa Fe” (CDU, 2011); es decir, duplicarían la densidad poblacional total de la zona en este terreno de 42 hectáreas, afectando la ya de por sí inadecuada dotación de servicios urbanos de sus colonias.

De manera paralela, la Asociación de Colonos ZEDEC¹ Santa Fe (ACZSF), conformada en su mayoría por vecinos de colonias de clase alta, también expresó su rechazo al proyecto de vivienda, al considerar que, por sus características, no era de índole popular. En palabras de la representante de la ACZSF, Itziar de Luisa, la propuesta incluía la construcción de aproximadamente 36 torres de departamentos de 35 pisos, además de una universidad, un centro comercial y hoteles (De Luisa, com. pers., 6 de marzo de 2019).

En un inicio, la demanda ciudadana por un parque era algo vaga. En la manifestación del CDU realizada en las calles, algunos niños dibujaron en un muro el parque que se imaginaban, con grandes extensiones de áreas verdes, juegos infantiles y fuentes, mientras que vecinas expresaban su deseo de tener “algo así como Chapultepec”, según lo narrado por la periodista Josefina Quintero (2011), pero sin una propuesta concreta.

No obstante, con la convocatoria precipitada a las consultas ciudadanas para el PDDU en noviembre de 2011,² y al ver que la iniciativa del gobierno capitalino seguía firme con la construcción de viviendas, la exigencia de un parque empezó a tomar forma y cobrar mayor fuerza política. Por una parte, el grupo de ciudadanos del CDU empezó a demandar que se construyera “todo el equipamiento urbano indispensable para la zona: estación de bomberos, guarderías públicas, paraderos y estacionamientos de camiones, taxis y automóviles, construcción de cenadores, etc., y que cuando menos el 50% del terreno se destine a un parque público” (Centro para el Desarrollo Urbano, 2012). Por otra parte, la ACZSF exigió que el parque ocupase la totalidad del terreno (De Luisa, com. pers., 6 de marzo de 2019).

Estas demandas fueron ignoradas, y el 4 de mayo de 2012 se publicó el PDDU sin ninguna modificación por lo que respecta al predio de La Mexicana (GODF, 2012, mayo 4, p. 26). Fue entonces que los vecinos de la ACZSF decidieron empezar a concretar la propuesta del parque, por lo que en el transcurso de 2012 recurrieron a diversas firmas arquitectónicas de prestigio, siendo elegidos el paisajista Mario Schejtnan y el arquitecto Víctor Márquez como responsables del proyecto final. Al respecto, Márquez expresó en entrevista que uno de los propósitos centrales del proyecto fue contrapesar el plan de vivienda promovido por el Gobierno del Distrito Federal (Márquez, com. pers., 9 de diciembre de 2019). Posteriormente, con un proyecto ya planteado, se realizó un ejercicio de “consulta pública informal” –en palabras de Itziar de Luisa– con el propósito de socializar el proyecto y recabar las opiniones de algunos vecinos de Santa Fe, entre los que se incluyeron universidades, corporativas e incluso concesionarios de infraestructura urbana, como la supervía (De Luisa, com. pers., 6 de marzo de 2019). Aunado a esto, los vecinos de la ACZSF también procedieron por la vía jurídica, interponiendo seis amparos ante el PDDU y los posteriores decretos de desincorporación del predio La Mexicana (GODF, 2012, agosto 17). De estos, ganaron algunos, perdieron otros, pero durante los juicios lograron suspender la construcción de viviendas mientras se definía la situación jurídica del predio.

En ese momento, la creación de un parque se volvió una amalgama de ciertas demandas e imaginarios sobre el espacio urbano que no necesariamente tenían que ver con lo ambiental, pero que sí se enmarcaron en ese discurso con el propósito de legitimar sus reivindicaciones frente a un proyecto gubernamental. A diferencia de otros casos, donde el tema del parque se movilizó para ubicarse más allá de las controversias, aquí lo hizo para llenar de contenido político una discusión sobre qué hacer en un terreno vacante en la ciudad. Concretamente, la propuesta de un parque se usó para hacer visibles ciertas demandas sociales, como la dotación de áreas verdes y servicios públicos adecuados para las colonias populares existentes en la zona; pero también para oponerse y contrapesar un proyecto gubernamental con varios cuestionamientos clave, como la falta de una consulta pública adecuada y la promoción de vivienda de alta densidad que, aparentemente, no respondía a los estándares de vivienda popular.

Una de las modalidades de politización en este contexto fue la tecnificación, concretamente en el ámbito de la planeación y el urbanismo. Frente al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe, un documento técnico de planificación, los vecinos de clase alta recurrieron a otros expertos urbanistas y paisajistas de prestigio para armar su propuesta y contar con un recurso capaz de contrapesar el urbanismo gubernamental. Otra de las modalidades de politización fue la juridificación, pues mediante amparos legales promovidos bajo el argumento del derecho a un medioambiente sano (materializado en la creación de un parque) se logró detener el proyecto y abrir la discusión sobre lo que se haría en este predio de la ciudad. Asimismo, mediante la socialización informal del proyecto se abrió la posibilidad de politizar la definición del interés público dada por sentada por las autoridades de la ciudad, asociada a lo popular en el proyecto de vivienda, poniendo en la mira otros intereses públicos, como los de los vecinos de las colonias populares de Cuajimalpa y los de la asociación de colonos.

Para septiembre de 2012, en vista de que el proyecto de vivienda seguía suspendido, Marcelo Ebrard declaró que el tema de La Mexicana sería asunto que le tocaría resolver a su sucesor. También expresó su postura en el sentido de que ese terreno era una reserva patrimonial que necesariamente debía representar un ingreso para la ciudad, y apuntó a que las demandas por la mejora de servicios públicos de los vecinos se podían solventar mediante una buena planeación. Finalmente, insinuó un cierto elitismo por parte de los vecinos del predio, al señalar que “los que viven en el fraccionamiento de enfrente, que es uno de los más lujosos del mundo, no quieren ahí que haya vivienda ni servicios, quieren que sea un área verde. Yo les dije, perfecto, nada más páguenle a la ciudad lo que vale” (Espino, 2012).

Con el cambio de administración, el nuevo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, canceló definitivamente el plan de su antecesor y optó por el parque, pero solo en un 70% del predio. El 30% restante se cedería a las inmobiliarias Copri y Dahnos, que desarrollarían ahí vivienda de lujo para venta, a cambio de la construcción del parque con una inversión de dos mil millones de pesos, el cual sería administrado por la ACZSF vía un fideicomiso integrado por vecinos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) (Gaceta Oficial de la Ciudad de México [GOCDMX], 2016). Esto se logró mediante un Sistema de Actuación por Cooperación, instrumento que facilitó los cambios de uso de suelo y la gestión mixta del parque. La exsecretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Martha Delgado (2017), señaló que esta había sido una mala decisión, que no respondía al interés público, sino más bien a una oposición clasista a la vivienda popular por parte de los vecinos.

El proyecto del parque La Mexicana fue presentado públicamente por el jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, el 1 de octubre de 2016, en el patio oriente del Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El mandatario expresó en su discurso que la creación de La Mexicana representaba dejar atrás el desarrollo inmobiliario para dar paso al desarrollo ecológico, y la priorización de un nuevo espacio público dedicado a la recreación, esparcimiento y conservación ambiental en un lugar como Santa Fe. Finalizó diciendo que La Mexicana “dejó de ser un conflicto, dejó de ser una lucha vecinal con el gobierno o del gobierno con los vecinos, dejó de ser una imposición para hoy ser una buena noticia de la Ciudad de México” (Mancera, 2016).

Paralelamente, poco antes de la inauguración de La Mexicana en noviembre de 2017, el Gobierno de la ciudad empezó a gestionar la creación de un nuevo parque, llamado La Cañada, en la Barranca de Tarango. El 30 de junio de 2017 se expidió un decreto para la creación de un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) en 268,81 hectáreas. El propósito era construir un parque metropolitano y un desarrollo inmobiliario dentro del polígono del Área de Valor Ambiental de la Barranca de Tarango (GODF, 2009), usando el mismo esquema del parque La Mexicana, que posibilitaba vía el SAC el cambio de usos de suelo. El proyecto fue anunciado por Mancera el 29 de marzo de 2018 durante su último acto público como gobernante de la Ciudad de México (Mancera, 2018). La justificación de este proyecto, según el mandatario, era “proteger nuestros recursos naturales y evitar el crecimiento de la mancha urbana con la creación de un parque público metropolitano” (Mx City, 2018). No obstante, este parque se descartó por los posibles daños ambientales derivados del proyecto, ya que mediante los cambios de uso de suelo que posibilitaba el SAC se pretendía construir edificios a los pies de la Barranca de Tarango, protegida por la ley para su conservación (PAOT, 2018, p. 30).

Esto último representó un giro en la movilización política del parque La Mexicana, que pasó de ser un vehículo de ciertas demandas sociales a ser utilizado como un referente para legitimar un proyecto que, a todas luces, era ilegal y atentaba contra la conservación ambiental de la Barranca de Tarango. Aquí, la idea de hacer un parque se movilizó para tratar de despolitizar las controversias asociadas al desarrollo inmobiliario en un área natural protegida, arguyendo que el parque sería el instrumento mediante el cual se contendría la urbanización. En este sentido, la modalidad de despolitización fue la de la sincronización, es decir, el aparejamiento de un proyecto cuestionable (La Cañada) con un proyecto juzgado medianamente como un éxito para la ciudad, y ello con el fin de ubicarse más allá de la controversia.

Apuntes finales

En este artículo se analizaron los distintos procesos de politización que se dieron durante la creación y transformación de tres parques metropolitanos en la Ciudad de México. Retomando a Adrián Gorelik, se abordó analíticamente la creación de los parques como espacios públicos, no por su condición de libre circulación o de socialización, sino por ser lugares que son producto de una doble coyuntura entre un momento histórico específico y el contacto de distintas esferas de la cultura política local (Gorelik, 1998/2022, p. 8). Concretamente, se destacó que la creación y transformación de parques en la Ciudad de México ha tenido múltiples trayectorias políticas con distintos agentes y modalidades de politización.

En primer lugar, mediante la exploración de los discursos de los promotores, se argumentó que los parques en la Ciudad de México son artefactos a partir de los cuales se politizan diversas reivindicaciones relacionadas, entre otras cosas, con imaginarios sobre la ciudad, el gobierno y las disputas por el uso del espacio urbano. En el parque Bicentenario, la promesa y la posterior creación de un parque en los terrenos de una antigua refinería de petróleo se movilizaron para visibilizar la voluntad presidencial de hacer un parque y no otra cosa, enmarcando esta decisión como un logro ecológico a partir del cual se proyectó un imaginario del gobierno federal mexicano como favorecedor de medidas medioambientales. Por su parte, la incorporación al Bosque de Chapultepec de un terreno que fue un campo militar se movilizó como un estandarte de los ideales del proyecto político de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente López-Obrador, donde se enfatizó la conversión de un espacio privado a público, así como los valores de la democratización y la justicia social. Finalmente, en el caso de La Mexicana, la creación de un parque se movilizó inicialmente por los vecinos para reivindicar sus demandas por mejores servicios públicos y ser tomados en cuenta en los procesos de planeación, así como para cuestionar un proyecto de urbanización gubernamental denominado como popular.

Paralelamente, la promesa de un parque se usó para despolitizar controversias o visiones alternas de la ciudad. En el caso del parque Bicentenario, esto se ejemplifica en lo ocurrido con el anuncio de la creación de este espacio por el presidente Salinas, donde mediante la temporalización de la creación del parque –es decir, el anunciar un parque sin establecer plazos temporales definidos– diluyó la controversia derivada de la decisión intempestiva del cierre de la refinería en la década de 1990. Por su parte, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec se observa la modalidad de despolitización denominada aquí como sincronización, desplegada por Gabriel Orozco en el contexto del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, donde el aparejamiento de lo ecológico y lo cultural se utilizó para intentar neutralizar las críticas del sector cultural y urbanístico. Finalmente, se señala cómo, después de haberse movilizado como un vehículo de reivindicaciones sociales de los vecinos de Santa Fe, el parque La Mexicana es movilizado por el alcalde capitalino Miguel Ángel Mancera mediante la sincronización con su proyecto en La Cañada, para legitimar así su propuesta de desarrollo inmobiliario en un área de valor ambiental, disfrazado de un parque.

La conclusión principal de este artículo, retomando a Adrián Gorelik (1998/2022, p. 133), es que el parque como artefacto político en la Ciudad de México ha sido movilizado como un mecanismo de transformación de la ciudad, a partir del cual las autoridades públicas, pero también actores de la sociedad civil, han incidido puntualmente en la forma y la gestión urbana local. Concretamente, los procesos de politización aquí examinados ponen de relieve que, en las últimas cuatro décadas, los parques en la Ciudad de México no han sido solo instrumentos reformistas o intervenciones urbanas pensadas para la mejora ambiental de la ciudad, sino que también se han movilizado como un instrumento político a partir del cual vecinos, paisajistas y gobernantes lograron tener incidencia sobre la configuración de los usos de suelo mediante la promoción de estos lugares en la ciudad.

Agradecimientos

Este artículo se realizó durante una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM dentro del proyecto CONAHCYT CB 2017-2018 A1 S-26937.

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Trabajo de campo

Entrevista 1, 6 de marzo de 2019, Itziar de Luisa, directora parque La Mexicana.

Entrevista 2, 9 de diciembre de 2019, Víctor Márquez, arquitecto parque La Mexicana.

Notas