RESUMEN: La pandemia de COVID-19, la cual fue provocada por la propagación a nivel mundial del virus SARS-CoV-2 en marzo 2020, ha impactado severamente en muchos ámbitos de la vida y la salud de las personas. Dentro de las principales formas de prevención de la propagación del coronavirus está el lavado frecuente de manos y alimentos, con jabón y agua. Este último es un recurso escaso en varios municipios de Chile, evidenciando dificultades en el abastecimiento de agua a nivel nacional. El presente trabajo indaga la relación entre los municipios decretados en situación de escasez hídrica por el gobierno y los niveles de letalidad al COVID-19 presentados en zonas rurales entre marzo del año 2020 y junio del año 2021. A través de datos estadísticos obtenidos de diferentes bases de datos se correlacionaron las tasas de letalidad con el nivel de desarrollo municipal y el acceso a la red de agua potable. Se obtuvo una correlación negativa entre la alta letalidad al COVID-19 y los bajos niveles de desarrollo comunal y conexión a la red de agua potable, por lo que se considera necesario contemplar las variables geográficas, tales como lo es la escasez hídrica, en la generación de políticas de salud pública y gestión de los recursos hídricos.
Palabras clave: Abastecimiento de agua, gestión de los recursos hídricos, COVID-19, zonas rurales, sequía.
ABSTRACT: The COVID-19 pandemic, caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus around the world in March 2020, severely affected many areas of people’s life and health. Among the main ways to prevent its spread is by washing hands and food with soap and water. However, the latter is scarce in several municipalities of Chile, highlighting the difficulties of water supply at a national level. This work investigates the relationship between municipalities decreed by the government as being in a situation of water scarcity and the COVID-19 mortality levels found in rural areas between March 2020 and June 2021. Statistical data were used from different databases to correlate mortality rates with the level of municipal development and access to a drinking water network. A negative correlation was obtained between high COVID-19 mortality and low levels of communal development and connection to the drinking water network. As a result, it is deemed necessary to take into account geographical variables, such as water scarcity, in the generation of public health policies and water resource management.
Keywords: Water supply, water resource management, COVID-19, rural areas, drought.
Artículos
ESCASEZ HÍDRICA Y LETALIDAD POR COVID-19 EN ZONAS RURALES CHILENAS1
WATER SCARCITY AND COVID-19 MORTALITY IN RURAL CHILEAN AREAS
Ana Isabel Huaico Malhue ahuaico@utem.cl
Claudia Patricia Santibáñez Orellana claudia.santibanez@uautonoma.cl
Edilia Del Carmen Jaque Castillo edjaque@udec.cl
Carolina Ojeda Leal carolinaojeda@ucsc.cl
Recepción: 24 Enero 2022
Aprobación: 06 Marzo 2023
La aparición de la cepa SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) del coronavirus humano dejó al mundo en medio de una nueva pandemia desde marzo 2020. Este virus no es el único que se conoce del grupo diverso de coronavirus que causan infecciones respiratorias de leves a graves en humanos. En el año 2002 surgió el virus SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) y en 2012, el virus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), ambos altamente patogénicos con origen zoonótico y que generaron enfermedades respiratorias muy graves, convirtiendo a estos tipos de virus en un nuevo problema de salud pública (Cui et al., 2019; Hu et al., 2021).
La cepa SARS-CoV-2 causa la enfermedad llamada COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), cuya transmisión ocurre por contacto directo con una persona infectada a través de gotitas respiratorias y por contacto indirecto a través de fómites en superficies ubicadas en el entorno inmediato alrededor de la persona infectada (World Health Organization [WHO], 2020a). En este contexto, una de las condiciones de prevención relevantes para enfrentar la pandemia ha sido el lavado frecuente de manos y de alimentos usando agua y jabón (World Health Organization [WHO], 2020b), lo que ha aumentado la demanda de agua para satisfacer las necesidades sanitarias de la población. Por esta razón, las zonas rurales que están amenazadas por períodos de sequía tienen una mayor presión sobre sus recursos hídricos que las zonas urbanas, tal como el caso de Semarang en Indonesia descrito por Dewi y Prihestiwi (2022).
Heidari y Grigg (2021) y Sivakumar (2021) mencionan que la disponibilidad y accesibilidad de agua limpia juegan un papel importante para la prevención y el control del coronavirus en las ciudades. De esta forma, aquellas regiones con escasez de agua, con alta densidad de población y baja disponibilidad y accesibilidad de agua limpia tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad COVID-19. Por otra parte, Yuan et al. (2006) comentan que la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento influyen en la supervivencia y transmisión del coronavirus, por lo que los escenarios climáticos también son factores que pueden profundizar la prevalencia y disipación.
Dada la masividad de los contagios y novedad del síndrome, han sido escasas las investigaciones que tratan acerca del impacto de esta pandemia en las zonas rurales en contextos climáticos de escasez hídrica y sequía. En ese sentido, Antwi et al. (2021) analizaron la respuesta gubernamental al Covid-19 en zonas de sequía, mientras que Bauza et al. (2021) hacen referencia a las prácticas y desafíos en cuanto al agua, la sanitización e higiene en el contexto de pandemia en las zonas rurales de Odisha en India.
En este artículo se analiza el impacto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en cuanto a la letalidad de la población que habita áreas rurales chilenas con escasez hídrica, correlacionándolos con los índices de condiciones de desarrollo comunal y de acceso al agua potable. De esta manera, se espera aportar al debate basado en evidencias sobre cómo las condiciones geográficas y ambientales impactan en la salud de las/os habitantes rurales, particularmente en condiciones de pandemia.
La escasez hídrica y la sequía son dos conceptos que se relacionan entre sí, pero que son disímiles. Van Loon y Van Lanen (2013) definen la escasez hídrica como la sobreexplotación del recurso hídrico que ocurre cuando la demanda de agua es mayor a la disponibilidad, es decir, existe un desequilibrio entre la disponibilidad/oferta y la demanda de agua. De esta forma, la escasez está señalada por la demanda insatisfecha, las tensiones entre los usuarios, la competencia por el agua, la extracción excesiva de aguas subterráneas y caudales insuficientes del medio ambiente natural (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012, p.6). En este contexto, la sequía, que es el resultado de una disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, puede ser una de las causas de la escasez hídrica (Pereira et al., 2009).
Desde esta perspectiva, es relevante hacer referencia al ciclo hidrosocial como un proceso socio-natural por el cual el agua y la sociedad se hace y se rehace en el espacio y el tiempo (Guerrero Rojas, 2019; Linton & Budds, 2014). Esta representación teórica menciona que el agua ha sido reconceptualizada desde un punto de vista puramente material, en tanto tangible y observable y que puede ser cuantificada, aprovechada y manipulada, a uno socio-natural (Budds, 2016). En este sentido, se puede entender la escasez hídrica como el producto de las complejas relaciones entre diversos elementos del escenario natural y social. Esto es corroborado por Oppliger, et al., (2019) quienes realizaron un trabajo en la cuenca del Río Bueno en Chile, el cual alude a que la escasez de agua en la zona no responde únicamente a causas físicas, como lo es la disminución de precipitaciones, sino que también a causas antrópicas. Además, hace referencia al hecho de que no todos los actores del territorio sufren de escasez de agua, lo que demuestra la existencia de factores sociales que afectan la disponibilidad de las fuentes hídricas.
El artículo 134 del Código de Aguas (Código de Aguas, 1981) señala que se podrá declarar zonas de escasez hídrica ante una situación de severa sequía por un período máximo de un año, prorrogable sucesivamente. Desde el año 2008 hasta noviembre del año 2021 se habían firmado un número de 189 decretos de escasez hídrica en Chile (Dirección General de Aguas, 2021). Investigaciones mencionan que, en los estudios de los recursos hídricos y tal como lo plantea Swyngedouw (2009), es relevante explorar las diversas formas en que el poder social, en sus diferentes expresiones económicas, culturales y políticas, se fusionan con los principios de gestión del agua. Al respecto, es transcendental estudiar cómo estas relaciones complejas permiten responder o no a las necesidades básicas de saneamiento en contextos rurales ante la amenaza de una pandemia, como lo ha sido el COVID-19, y cómo la desigualdad en el acceso al agua puede influir en la vida de la población rural.
Stanke et al. (2013) hacen referencia a los efectos de la sequía para la salud resaltando impactos en la nutrición, el aumento de las infecciones relacionadas con el agua, con el aire, vectores biológicos y la salud mental. Asimismo, Ebi y Bowen (2015) plantean que los efectos de la sequía sobre la salud dependen del acceso a los equipamientos sanitarios, al saneamiento y a las condiciones socioeconómicas de los individuos - comunidades. Por su parte, Balbus y Malina (2009) señalan que los adultos mayores están en riesgo de morbilidad o mortalidad ante eventos relacionados con el clima, ya que son más sensibles a las temperaturas extremas, dadas sus condiciones médicas preexistentes y su movilidad limitada. Más aún, Coêlho et al. (2004), y Berman et al. (2021) evidencian que los/as residentes en áreas de sequía tenían niveles significativamente más altos de ansiedad y angustia emocional que los/as residentes de áreas sin sequía, así como un mayor estrés psicosocial ocupacional entre los/as agricultores/as.
El agua potable o las aguas residuales no han sido reportadas como una vía de infección COVID-19 (World Health Organization [WHO], 2020c). Sin embargo, el hecho de que el virus SARS-CoV-2 pueda sobrevivir en fómites durante horas o días sugiere que es un patógeno potencialmente transmisible a través de aguas residuales no tratadas, residuos no tratados y suelo (SanJuan-Reyes et al., 2021). Tanto la sequía como la escasez hídrica, ambas potenciadas por el cambio climático, crean un escenario favorable para la transmisión de patógenos dada la poca frecuencia en el lavado de manos y de alimentos en esas zonas, lo cual aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes.
Correa-Araneda et al. (2021) plantearon que la transmisión del virus SARS-CoV-2 en Chile estuvo relacionada principalmente con tres factores climáticos: temperatura mínima, presión atmosférica y humedad relativa. La transmisión fue mayor en ciudades más frías y secas y cuando la presión atmosférica era más baja. Por su parte, Jaque Castillo y Huaico-Malhue (2020) contextualizaron la situación de los adultos mayores en pandemia que se ubicaban en zonas rurales con escasez hídrica. Además, el trabajo del Grupo Medioambiental del sistema de las Naciones Unidas en Chile (2021) enfatiza las interrelaciones de la pandemia de COVID-19 y la falta de acceso de miles personas al agua potable, lo que dificulta el cumplimiento con las medidas de sanitización, puesto que “no están preparados para los efectos del cambio climático en la salud [...] y amenaza con revertir años de progreso en salud pública y desarrollo sostenible” (Romanello et al., 2021, p. 1620).
El desafío es entender cómo el virus ha afectado al territorio chileno, considerando el papel que juegan las variables ambientales en la dinámica de la enfermedad. Del mismo modo, se busca contribuir con más evidencias, ya que todavía sigue siendo una pregunta abierta que requiere más información desde todo el mundo (Correa-Araneda et al., 2021). Junto con lo anterior, hay otras cuestiones que también son importantes de analizar en relación con el comportamiento de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19. Por ejemplo, investigar su impacto en las áreas rurales y urbanas, en la infraestructura de salud y en el acceso al agua potable. Todos estos aspectos que no tienen que ver con las variables meteorológicas presentan desafíos para la gestión pública ante el escenario de cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades.
Se propone una investigación respecto de los municipios rurales y mixtos, los que corresponden a un 83% del territorio nacional (615.238 km2,). De estos, se consideraron aquellos que han tenido decretos de escasez hídrica entre marzo 2020 y junio 2021 (Figura 1), con una población total afectada de 2.517.294 habitantes.
A nivel nacional, el país posee una cobertura de los servicios sanitarios en las ciudades que ha alcanzado niveles comparables a la de los países OECD, con un 99,93% en agua potable, 97,17% en recolección de aguas servidas y 99,98% en tratamiento de las aguas residuales con cobertura de alcantarillado (SISS, 2019). En las áreas rurales la realidad es muy distinta, ya que la forma principal de abastecimiento es mediante sistemas de Agua Potable Rural (APR), cuya mantención y operación es responsabilidad del Estado. En este caso, la cobertura del agua potable no supera el 78% y, en temas de saneamiento, en este sector no alcanza el 45% de cobertura (Mesa Nacional del Agua, 2022).
Para la caracterización municipal se utilizó la clasificación propuesta por la Política Nacional de Desarrollo Rural [PNDR] en 2020, la cual ordena conceptualmente a los municipios de acuerdo con su grado de ruralidad (Tabla 1).
Una vez obtenida esta clasificación, se analizaron las categorizaciones (municipios rurales y mixtos) y se relacionaron con los municipios que presentan decretos de escasez hídrica. Para esto último la información fue obtenida desde la página web de la DGA (2022). De esta forma, se obtuvo el número de municipios que presentaban ambas particularidades. Posteriormente, se realizó el cálculo de la tasa de letalidad en porcentaje, es decir, “la proporción de personas con COVID-19 que fallecen, en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad... amplificada a 100 habitantes” (Palacios Solís et al., 2021), obteniéndose los promedios y las desviaciones estándar de los casos de fallecidos desde marzo del año 2020 a junio del año 2021 (Tabla 2). Toda esta información fue obtenida desde la base de datos COVID-19 desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación (2021). El cálculo de la letalidad se obtuvo por la siguiente razón, que es la estimación que utiliza la Organización Mundial de la Salud [OMS], (2020) (Ecuación 1):
Una vez calculadas las tasas de letalidad por municipio, estas fueron llevadas a un sistema de información geográfica. Luego, se categorizaron según Región y Provincia para poder obtener una visión territorial del indicador. A través del método de clasificación de datos de cortes naturales (Jenks), proporcionado por el software ArcGis 10.4.1, se obtuvo la clasificación según rangos de letalidad que se muestra en la Tabla 2.
Posteriormente, se analizó la letalidad presentada por los municipios rurales y mixtos en relación con el Índice de Desarrollo Comunal [IDC], obtenido del trabajo de Hernández Bonivento et al. (2020). Este último es un índice compuesto a nivel municipal que fue creado con datos que fueran elaborados por organismos oficiales del Estado de Chile y que estuvieran descargables para el público. En este contexto, el IDC sintetiza tres dimensiones que son: salud y bienestar social, economía - recursos, y educación. De esta forma, los autores clasifican las comunas de todo el país según rangos de desarrollo: alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo.
Por último, se compararon los datos de letalidad por municipio y la cobertura de agua potable que posee. Este último se obtuvo desde el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (2021), que cuenta con el porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable respecto del total de viviendas por cada comuna.
El número del total de municipios afectados por la escasez hídrica en Chile, decretados por el Ministerio de Obras Públicas - Dirección General de Aguas (2022) en el período analizado de pandemia, es de 167. De estos, los municipios en la categoría de rurales y mixtos con escasez hídrica ascienden a 132 y el resto comprende municipios urbanos. Las tres regiones con el mayor número de municipios con escasez hídrica en zonas rurales y mixtas fueron las regiones del Libertador Bernardo O`Higgins, Valparaíso y Maule. Por el contrario, aquellas regiones con menor número de municipios en esta condición fueron las regiones de Atacama y la Metropolitana de Santiago (Figura 2).
El promedio de letalidad para el país en comunas rurales y mixtas, sin y con decretos de escasez hídrica, fue de 1,3. Por otro lado, el promedio para aquellos municipios rurales y mixtos en situación de escasez hídrica fue de 1,51. En este contexto, 66 municipios en situación de escasez están por sobre esta última cifra.
Al realizar un análisis regional de la letalidad, la Región del Libertador Bernardo O`Higgins es la que presenta un mayor número de municipios rurales y mixtos en categoría de muy alta y alta letalidad (12 municipios), mientras que la Región que le sigue es la de Valparaíso. Ambas regiones se caracterizan por estar ubicadas en la zona central del país, la que además es un área de desarrollo agrícola que actualmente enfrenta una prolongada sequía. Por otra parte, las regiones ubicadas hacia los extremos norte (Atacama) y sur (Región de Los Lagos) fueron las que presentaron menores municipios en las categorías de “muy alto y alto” (Figura 3).
A nivel nacional, el 69% de los municipios rurales y mixtos con decretos de escasez hídrica poseen un IDC medio-bajo a bajo (91 municipios). A partir de esta información, se realizó un análisis con respecto al total de municipios que contaban con una muy alta y alta letalidad y el grado de desarrollo que presentaban. Se observó que efectivamente existe una relación entre el desarrollo de los municipios y la letalidad, ya que más del 50% de los municipios que presentaron una alta-muy alta letalidad poseen índices de desarrollo comunal medio bajo a bajo (Tabla 3). De esta manera, se infiere que los niveles de salud, bienestar social y economía-recursos influirían significativamente en las capacidades locales para enfrentar la pandemia, puesto que existiría una relación inversamente proporcional entre el IDC de los municipios rurales con escasez hídrica con medio bajo y bajo desarrollo y mayores indicadores de letalidad.
En relación con la variable de viviendas conectadas a la red del agua potable, los municipios rurales y mixtos en situación de escasez hídrica presentaron un promedio de 76,74% con conexión, porcentaje menor al que presenta el país que es de un 93% (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). En la Tabla 4 se observan los 15 municipios con los menores porcentajes de conexión, cuyo promedio es de un 47,1%. Estos municipios, a su vez, presentan un índice de correlación negativa de -0,28, lo que indica que, mientras la letalidad aumenta en las comunas, los promedios de conexión de las viviendas a la red de agua potable disminuyen. De estas comunas, se destacan tres municipios del listado que presentan las más altas letalidades y cuyos porcentajes de conexión están muy por debajo de los promedios de conectividad al servicio presentado a nivel nacional y entre el mismo universo: San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos (15,94%), Queilén, en la región de Los Lagos (43,33%) y Canela, en la región de Coquimbo (53,07%).
El primer caso positivo de COVID-19 en Sudamérica fue confirmado el día 26 de febrero del 2020, en Brasil. El segundo, tres días después en Ecuador y posteriormente, la propagación del virus SARS-CoV-2 llevó a que se extendiera el contagio de forma simultánea a países como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, siendo este último el país con el primer caso importado de la misma región, correspondiente a un viajero proveniente de Ecuador (Del Tronco Paganell & Paz- Gómez, 2022). De acuerdo con el último informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (2021), el incremento de la temperatura global aumentará la frecuencia e intensidad de los eventos extremos cálidos, las olas de calor, las fuertes precipitaciones y las sequías, es decir, se producirá “un aumento incesante de los impactos del cambio climático en la salud y una respuesta tardía e inconsistente de países de todo el mundo” (Romanello et al., 2021, p. 1619). Balbus y Malina (2009) reafirman este último punto al plantear en sus investigaciones la existencia de muy pocos estudios locales que asocien elementos de riesgo para la salud y factores geográficos, a pesar de que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 de las Naciones Unidas.
Chile es el país de América del Sur con uno de los mayores índices de escasez hídrica según World Wildlife Foundation (2020) (Figura 4), la que se ha incrementado debido a la presencia de una megasequía desde el año 2010 (Garreaud et al., 2020). El acceso al agua potable en Chile no es distinto al del resto del continente. Sin embargo, al sumar las condiciones climáticas, meteorológicas y las frecuentes sobreexplotaciones de los acuíferos locales, este escenario se vuelve relevante para enfrentar futuras pandemias.
La intersección entre crisis sanitaria (Atzrodt CL et al., 2020) y crisis climática (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021) demuestra que se generan escenarios más complejos en los territorios rurales del país, pues dicho escenario de escasez hídrica en las zonas rurales refleja las complejas dinámicas entre los actores locales y su desarticulación con los representantes estatales a nivel regional y nacional (Oppliger et al., 2019). Esto evidencia una mayor vulnerabilidad de estas comunidades frente a los efectos de la pandemia por COVID-19.
Por último, será conveniente pasar de un enfoque de reacción ante las pandemias a uno de prevención, ya que, en el combate ante los futuros episodios de crisis pandémicas, particularmente considerando la importancia del lavado frecuente de manos, es fundamental, la correcta preparación de alimentos para evitar la contaminación cruzada, por un lado, y por otro, tener “servicios sanitarios con conexión a la red pública en la vivienda” (Burstein-Roda, 2018, p. 300). Además, el hecho de garantizar el acceso al agua en estas materias y en entornos rurales, especialmente para mujeres, produce incentivos que generan círculos virtuosos, ya que son ellas quienes fomentan la educación ambiental de concienciación sobre el agua, quienes toman las decisiones financieras en sus hogares y quienes sufren más con las labores domésticas que involucran agua.
La letalidad por COVID-19 fue más alta en municipios rurales-mixtos con bajo grado de desarrollo comunal y porcentajes de acceso al agua potable inferior a los promedios nacionales. Todos estos municipios enfrentan una situación de escasez hídrica, lo que ha complejizado el cumplimiento de las medidas sanitarias. En este contexto, una vez más queda de manifiesto la necesidad de planificar estrategias de prevención, considerando las condiciones geográficas y ambientales, para focalizar las políticas públicas y recursos en función de los datos que pueden ofrecer este tipo de investigaciones.
En los estudios de salud pública realizados en torno a la pandemia del COVID-19 no se ha realizado una territorialización que considere las distintas variables multidimensionales de este fenómeno, ya que no sólo es el efecto de la sequía, es decir, la ausencia de recurso hídrico destinado a prácticas básicas de higiene preventiva, como el lavado de manos, sino que también hay una carencia para observar los indicadores de morbilidad. Asimismo, las decisiones en torno a disminuir los contagios no han incluido una mirada en torno a las políticas públicas de salud y a los efectos del cambio climático en contextos rurales, por lo que se han transformado en territorios más vulnerables frente a la amenaza de esta pandemia.
