El contexto venezolano de inicios del siglo XXI: rasgos de un país y su gente.

The venezuelan context of the start of the XXI century: traits of a country and its people.

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Esto, este corral al norte de la América del Sur. Esta republiqueta de vivos, sicarios y malhechores.

Esto que ya no es un país sino una parodia de República Bananera. Esto no es Venezuela.

Este pozo de plomo y sangre, este luto en gerundio, este llanto que no cesa, no es el país del que nos canta el Gloria al Bravo Pueblo.

Esto, este solar de mansas colas de hambruna no es la tierra que parió a héroes independentistas.

Esto no es más que la república bolivariana de venezuela. Así, con minúsculas. Disminuida y empobrecida.

Rafael Cadenas

Cadenas, Rafael. “¿Dónde está Venezuela?”. El Mercurio Weeb, 2015.

En este artículo nos detendremos a realizar una caracterización del contexto venezolano, concretamente en el primer decenio del siglo XXI, es decir, el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2012¹. Tal selección la realizamos con el propósito de escrutar los rasgos que definen a Venezuela y a los venezolanos, y ofrecer bases para la comprensión del país en los inicios de este siglo. El análisis lo realizamos a partir de criterios amplios que proporcionan un perfil de nuestra nación y sus habitantes por cuanto nos hablan de lo social, demográfico, económico, la familia, la ciudad, las movilizaciones poblacionales y lo político. Es sobre esta base que se estructura el texto. Pretendemos con ello llevar al lector por un recorrido que sugiere distinciones de especificidad e identidad de Venezuela y del ser venezolano.

Los venezolanos hemos sido privilegiados con casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio, con una ubicación continental distinguida y la posesión de bienes nacionales presentes en riquezas naturales excepcionales. El país cuenta con una población que ronda los treinta millones de habitantes, para ser exactos: “La población censada en el operativo censal 2011, se ubicó en 27.227.930 personas de las cuales 13.549.752 son hombres y 13.678.178 mujeres, lo que representa un índice de masculinidad de 99,1 hombres por cada 100 mujeres”³. Existe una distribución por grupos etarios que le otorga el 27% a la población entre 0 y 14 años; 67% a la población entre 15 y 64 años; y, un 6% a la población de 65 años y más⁴, además de presentar una concentración poblacional que se ubica en las entidades federales del norte del país: Miranda (89,9%), Zulia (13,7%), Carabobo (8,3) y Distrito Capital (7,1%)⁵.

Desde el punto de vista cultural, “Venezuela, como realidad nueva, tiene existencia desde el siglo XVI, porque desde entonces se forja su etnogénesis, es decir, su armazón de hábitos y costumbres, en cuanto un estilo de dar respuesta a los problemas que comienza a tener entre manos”⁶. Como venezolanos nos enorgullecemos de nuestra cultura mestiza producto de la mezcla étnica y cultural de tres raíces fundacionales: indígenas, españoles y africanos. Según lo señala Márquez “Es ese mestizaje lo que nos da sentido y especificidad… a lo largo de estos quinientos años de historia y de simple acontecer cotidiano”⁷. De modo que literatura, música, danza, artes plásticas, gastronomía, manifestaciones religiosas, todas ellas son del más puro cuño mestizo y reflejo de la integración que define nuestra esencia: la cultura criolla nacional. Una de nuestras grandes riquezas las representa el petróleo, el cual producimos hace un siglo y disponemos de las mayores reservas petroleras del mundo; no obstante, Petróleos de Venezuela (PDVSA) constituye la única gran empresa que tenemos en el país, por cuya actividad es que se obtiene el ingreso percibido del mercado internacional⁸. De este modo, “la mayor parte del PIB [Producto Interno Bruto – producción total de bienes y servicios] procede del ingreso petrolero, nuestra historia contemporánea ha estado determinada por la explotación del crudo, que incluso ha establecido las relaciones internacionales del país”⁹.

En la primera década del siglo XXI, el país contó con el ingreso petrolero sostenido mayor de su historia, en doce años pasó de diez a cien el precio en dólares por barril¹⁰, sin embargo, esto no ha repercutido en el desarrollo y bienestar de la población: la dilapidación de los ingresos, la falta de planificación en su inversión y la corrupción creciente son algunas de las explicaciones, para algo que se ha convertido en una exagerada dependencia económica del petróleo. Es por esta razón que “… al no existir un proyecto nacional de desarrollo; no hay precisión sobre lo que se quiere para el país, más allá de los deseos generales de cualquier sociedad, que no ayudan a la hora de las concreciones prácticas”¹¹. Los objetivos de desarrollo propuestos por Venezuela para el período 1990-2015, en el marco de las metas trazadas para el milenio por todos los países del mundo –bajo el trabajo conjunto de la Organización de Naciones Unidas ONU, gobiernos, sociedad civil y diferentes organizaciones–, obtiene un consolidado en el año 2013¹². Los objetivos propuestos por Venezuela para el lapso 1990-2015 fueron:¹³

1. 1. Superar la pobreza extrema y el hambre
2. 2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4. 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años
5. 5. Mejorar la salud materna
6. 6. Combatir el VIH SIDA, la malaria, el dengue y la tuberculosis
7. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Respecto a la evaluación de su cumplimiento se identifican problemas críticos y/o emergentes, que determinan no solo el incumplimiento de la generalidad de los objetivos propuestos por el país, sino que los resultados obtenidos dan cuenta de dificultades y problemáticas que se suman al quebrantamiento del compromiso de acuerdo mundial¹⁴.

1. 1. Incumplimiento de todas las metas de salud. Debilidades en vigilancia, ineficiencia y corrupción.
2. 2. Alto embarazo adolescente y precario acceso a servicios de salud reproductiva.
3. 3. Calidad de la educación, déficit de infraestructura y alta proporción de docentes no graduados y contratados.
4. 4. Exclusión por motivos políticos afecta universalidad.
5. 5. Persiste inequidad en acceso a programas y servicios (educación, salud).
6. 6. Violencia en todas sus formas (criminal, escolar, doméstica), acompañada de impunidad.
7. 7. Población adolescente sin opciones de capacitación laboral.
8. 8. Marcada ineficiencia y corrupción en la gestión de servicios sociales.
9. 9. Centralización y desinstitucionalización.

Vemos así que ya para el año 2013 se anuncian los graves problemas que hoy nos afectan de manera severa a los venezolanos: en los derechos básicos de alimentación, salud y educación, además del acrecentamiento de dificultades como la exclusión, violencia e impunidad, desempleo, corrupción; las cuales si bien es cierto no son nuevas, actualmente alcanzan niveles otrora impensados y se escapan del control del Estado. Algunos detalles específicos que caracterizan a diferentes grupos poblacionales nos pueden ayudar a representar la magnitud de la problemática enfrentada.

En lo referente a la infancia y la adolescencia se reporta que para el año 2009, en el país existe cerca de un millón y medio de niños y adolescentes trabajadores¹⁵; el mayor número de quienes se insertan al campo laboral –informal predominantemente– es de los adolescentes a partir de los catorce años, mientras que las adolescentes tienen una incorporación más tardía que ronda los dieciséis años. Se añade a esto que el trabajo infanto-juvenil es un hecho complejo que cursa ligado a otros como la situación de calle, las condiciones de explotación y los entornos de infracción.

La realidad social de esta población “con experiencia de vida en la calle” es una muestra más de la situación que encara el país y un reflejo de la precariedad en el funcionamiento de sus instituciones¹⁶. Niños y adolescentes son también protagonistas del tráfico de personas con fines de “explotación sexual comercial” la cual tiene su expresión en la prostitución infantil y cuenta con nuevas vías que le sirven de incentivo como el turismo sexual, esta situación ha tenido un incremento importante a partir del año 2004¹⁷.

Las condiciones educativas de la población que se ubica en estos grupos etarios revelan otra de las aristas de la problemática y dan cuenta de lo desasistidos que están niños, adolescentes y jóvenes de las responsabilidades del Estado venezolano¹⁸. Adicionalmente, grupos de adolescentes desde los 14 años y de jóvenes hasta los 25 años se ven fuertemente implicados en hechos de violencia delincuencial¹⁹. Hechos que han producido en la primera década del presente siglo alrededor de 150.000 homicidios, el doble de los muertos originados, en igual número de años, durante la guerra civil en El Salvador. En este drama, la ciudad capital detenta los mayores porcentajes. En Caracas en el año 2010, según la Encuesta de Victimización realizada por el gobierno, la tasa de homicidios fue de 232 por 100 mil/h²⁰. La misma encuesta en el año 2009 reveló que el 84% de las víctimas fatales eran del sector pobre de la sociedad²¹.

Las circunstancias son diferentes para la población adulta, a quien le acompaña el drama del desempleo. La creación de fuentes de empleo como promesa electoral no es nada nueva, solo que la más reciente –enmarcada en la Misión Trabajo y creada en 2012– alcanzó la cifra –al día de hoy incumplida– de 3.000 empleos entre 2012 y 2015, en el marco del Plan de la Patria 2013-2019²². Una respuesta a la oferta gubernamental engañosa, la realidad del desempleo, los bajos salarios y los índices de inseguridad, la constituye la diáspora de venezolanos del país, que se han ido llevando consigo su saber.

Los adultos mayores por su parte conforman un grupo poblacional que presenta alta vulnerabilidad²³, la cual se expresa en las diferentes problemáticas que le aquejan: psicológicas –soledad, aislamiento, depresión, exclusión, dependencia, disminución de las interacciones sociales–; biológicas –enfermedad, cambios físicos, pérdida de las capacidades; económicas –desincorporación laboral, en el mejor de los casos con pensión de vejez–; recreacionales –inactividad, interacción limitada–. Los programas sociales de orden gubernamental destinados para este grupo, en su generalidad son de carácter asistencial y responden más a referencias foráneas que a diagnósticos realizados sobre la realidad del anciano en el país; presentan baja planificación y limitada continuidad, el alcance de su cobertura no incluye la totalidad de las necesidades ni a todas las personas de la tercera edad.

Con relación a las minorías en el país, nos referiremos básicamente a las personas con discapacidad y a las minorías sexuales. La conciencia de ser diferentes y tener la condición de grupo minoritario lleva a las personas que presentan discapacidad²⁴ a referirse a su condición desde la vivencia y los significados construidos alrededor de su situación y su experiencia; cuando la discapacidad es adquirida en el transcurso de la vida de la persona, representa para esta un impacto que es más fuerte, cuanto más tiempo se ha vivido sin ella y se ha logrado construir una vida sin discapacidad; si se adquiere por accidente, entra a jugar un papel determinante la praxis médica, el tiempo y la calidad de la atención recibida. El conocimiento de los detalles de la enfermedad es probablemente el resultado de la continua búsqueda de atención, de la precisión en el diagnóstico, de la inmersión en una vida que se plantea en otras condiciones, distinta ya al tiempo vivido. Las personas con discapacidad deben mantener una lucha constante por la aceptación en un contexto donde la diferencia es razón para la exclusión. Avanzar sobre otros logros supone para ellos un esfuerzo mucho mayor que no siempre cristaliza de manera justa. Aun cuando se han alcanzado algunos avances en la legislación y, a partir de las experiencias de integración en el medio escolar y socio-laboral, esta integración, además de limitada para unos pocos, solo permite participar en algunos espacios desde la condición de diferente.

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales constituyen la minoría sexual, un grupo altamente sensible frente a la discriminación e impunidad, son particularmente vulnerables a “la tortura y malos tratos, lo que incluye: asesinatos, agresiones físicas y verbales, chantaje, extorsión, persecución, detenciones arbitrarias, especialmente de cuerpos de seguridad del Estado”²⁵. Un indicador de esto lo representan los noventa y nueve crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual –cuarenta y seis de ellos asesinatos–, contabilizados en el periodo 2009-2013²⁶. A los tratos crueles, inhumanos y degradantes se suma el trato desigual²⁷ que se expresa a través de la exclusión del beneficio de políticas públicas, así como de programas específicos que atiendan a las necesidades de esta población y, por ende, puedan ser garantes de sus derechos fundamentales.

Frente a este panorama, es claro que la situación social y económica del país requiere disponer de instituciones que promuevan un modelo de desarrollo, que ofrezca los mecanismos regulatorios requeridos para favorecer “innovación, inversión, ahorro y producción”, en pro de unas condiciones de vida diferentes a sus ciudadanos²⁸. Las penosas condiciones actuales de desarrollo que presenta Venezuela ameritan ser superadas; al decir de Guerra²⁹, para rebasar este umbral hace falta el incentivo, fomento y acción del Estado y la empresa privada en la producción plural –en función de los recursos que provee el propio país– y la incorporación de la diversidad de productos a exportar en el mercado mundial. De esta manera podrá superarse la crisis económica y social que afecta en este momento a la población venezolana en general.

Emplazar el concepto de familia nos lleva necesariamente a pensar en la biografía de cada uno, a reconocer las concepciones propias derivadas de las vivencias personales en nuestra familia, pues la familia es una realidad lingüística que adopta matices, regularidades y singularidad a partir del sentido subjetivo y cultural del narrador y de su historia; pero indiscutiblemente, también, la noción de familia alude a la historia social de los procesos económicos, políticos, culturales, tecnológicos y de modernización. De la relación y cruce entre ambos contextos –el biográfico y el social– surge un sentido de familia que pretende ser lo suficientemente dinámico, dilatado y profundo para problematizar un poco sobre su razón de ser, su esencia y existencia.

La familia es “uno de los principales contextos sociales del desarrollo humano y uno de los principales predictores del ajuste psicosocial de la persona”³⁰. También es en la familia donde se «genera y transmite la forma básica del valor moral: las maneras de vinculación social, que es lo que sostiene lo comunitario y los imaginarios –el sistema de representación de la cultura…»³¹. De allí que constituye un lugar esencial donde se forjan y producen las relaciones humanas, y donde se generan sólidas fuentes de apoyo, determinantes ellas de la adaptación del ser humano a su entorno social; incluso, pese a los cambios que como institución ha experimentado a lo largo del tiempo, la valoración que se hace de la familia para la vida de las personas permanece invariable.

La familia como institución social, que es producto del obrar humano en el quehacer social cotidiano, tiene carácter universal, propiedad que justamente se la otorgan las funciones y actividades comunes que le dan identidad; no obstante, las variaciones que la familia experimenta en el orden cultural vienen dadas por la forma como se organizan las prácticas reproductivas, de convivencia y socialización de los individuos³². A la adaptabilidad que logran tener sus funciones y tareas dentro de la pluralidad cultural, se agrega la variedad de formas de familia que responden a los procesos de cambio experimentados por las sociedades.

De este modo, familias nucleares, monoparentales, extensas, reconstituidas –y la restante diversidad de formas reconocidas que hoy tiene–, representan todas expresiones diferentes de la familia que actualmente conviven en nuestra sociedad. Comprender las variaciones históricas y culturales y las transformaciones que ha experimentado la familia en su concepción, en su papel y reconocimiento social, en su estructura y dinámica relacional, como espacio privado y, su vinculación con el espacio público, permite fundar las bases para pensarla y organizar acciones en torno a ella. Desde su interior, prácticas, costumbres y tradición oral de la familia hablan de modos y experiencias de relación que se construyen socialmente y mantienen intercambio mutuo con las actividades de una sociedad. Estos modos particulares, definidos socio-históricamente, hacen posible distinguir en la familia arraigos de tradición y tránsitos de modernidad.

En Venezuela, como en el resto del mundo, la familia ha experimentado las variaciones ocurridas a lo largo de las diferentes épocas, de este modo, la evolución de las construcciones sociales acerca de ella permite identificarla como unidad productiva, centro de reproducción biológica y social, lugar de los primeros afectos, ámbito primordial de socialización. Sin objeción, cada una de estas funciones atribuidas a la familia ha marcado formas de reconocimiento social, tipos de relación y demandas específicas variadas. Hoy en día se identifica a la familia venezolana por su heterogeneidad y por los cambios recientes que la han afectado³³. Así nos lo reafirman algunas investigaciones psicosociales desarrolladas en los últimos años con el estudio de familias venezolanas residentes en Caracas y pertenecientes a diferentes sectores sociales³⁴. Su estudio ha estado orientado por el propósito de darle una significación a las formas de agrupamiento, la constitución, la asunción de roles de sus miembros y las prácticas que esta institución social cumple. Los resultados nos ofrecen elementos para hablar de la renovación que experimenta la familia y de cómo esta traduce los cambios en diferentes ordenes, sucedidos desde la segunda mitad del siglo XX. El surgimiento de una nueva imagen con contenidos diversos en su dinámica y principios rectores reemplaza las formaciones familiares tradicionales. Se plantea entonces como necesario el reconocimiento de la pluralidad y la diferencia porque puede ayudarnos a entender no solo las modificaciones que suceden en la familia, sino la forma como las están viviendo sus miembros.

Para las personas, la familia se asume como un valor, a ella se le atribuyen funciones de protección, apoyo, formación y modelaje para la actuación del individuo, todos estos roles constituyen atributos que resultan básicos para la vida de la persona y para el funcionamiento social. La familia se interpreta a partir de la historia personal, de las prácticas sociales que se desarrollan en el hogar y de los principios que rigen tales prácticas. Al ser la familia el centro primario de socialización para el individuo continuará desempeñando su obra, pues a través del tiempo, ha sido referencia de transformaciones personales y sociales; en la actualidad su realidad muestra las señales propias del proceso de evolución hacia nuevos prototipos y modos de vida.

La familia popular³⁵ se caracteriza por presentar una estructura diversa. Encontramos familias nucleares, monoparentales, reconstituidas, extendidas, parejas sin hijos, entre otras; estas formas la determinan como variable en su constitución y en la tipología de sus miembros, en las relaciones y prácticas que se dan en su interior. Los valores y principios que rigen la vida familiar se mantienen constantes en las diferentes generaciones –abuelos, padres e hijos–, no obstante, las características del contexto sociocultural determinan cambios en su constitución y relaciones.

Las familias populares han experimentado cambios en su estructura y dinámica relacional, pero la familia extensa se erige como garante para la sobrevivencia de los diferentes tipos existentes. La predominancia, no exclusiva del sector popular, pero con expresión mayoritaria allí, de las familias matricentradas –centradas alrededor de la madre– según lo expresan Hurtado³⁶ y Moreno³⁷, tiene repercusiones importantes en “los asuntos sociales”. Las familias de clase media³⁸ experimentan un proceso de transformación en su estructura, constitución y estabilidad. En las familias nuevas, la pareja, los hijos y los vínculos se definen y existen de manera distinta a la familia de procedencia. La pareja se entiende en el sentido de la unión que se establece entre dos personas, sin que ella entorpezca el desarrollo independiente de cada uno de sus miembros. Las relaciones de pareja –de hecho o de derecho– sostenidas por tiempo prolongado permiten apreciar la coincidencia en el desarrollo de los ciclos de vida personal y familiar. Las variaciones que presenta su estructura son amplias, encontramos familias unipersonales, parejas sin hijos, familias nucleares heterosexuales y homoparentales, monoparentales, reconstituidas, entre otras. Aquí, la tradición es un recurso al cual se apela en momentos de tensión o riesgo extremo, puesto que hay la libertad para los cambios; los cuales resultan determinantes cuando se trata de dirimir la constitución de la familia.

De cara a la diversidad descrita –que se manifiesta por formaciones familiares diferentes a la familia nuclear tradicional– y a los rasgos que caracterizan a familias venezolanas en el presente, resulta inminente una adaptación de la legislación, políticas y programas familiares a la realidad cultural que nos define como país; así como es ineludible la determinación a favor de la protección y defensa de los derechos humanos de las personas que conforman a la familia y de ella como institución sujeto de derechos. Este es un planteamiento que cobra sentido porque la distancia entre el deber ser y los hechos concretos puede resultar muy amplia, veamos como lo ilustran algunos casos:

Es claro que la situación socioeconómica que tenemos en Venezuela imprime gradaciones diversas de pobreza y desigualdad al desarrollo de la familia. Ha sido posible constatar, en la experiencia de trabajo en albergues de damnificados por las lluvias³⁹, que las inundaciones son las responsables de mostrar las carencias acumuladas de un sector de la población, porque son consecuencia de la falta de planificación habitacional en los centros urbanos, una responsabilidad que compete directamente al Estado venezolano. Al problema que enfrentan los damnificados subyacen la pobreza y condiciones habitacionales precarias, además de las migraciones internas invariables en el país, las cuales amplifican las zonas de riesgo propensas a ser perjudicadas por emergencias naturales. El conjunto de promesas políticas que por tradición han resultado quebrantadas, incrementan el drama social que confronta la familia popular en nuestro país. En palabras de España: “La política económica y, especialmente la social desarrollada hasta el presente, no sirve para superar la pobreza extrema porque no transforma las condiciones de los sectores sumidos en esa condición”⁴⁰.

En lo tocante a la seguridad personal, algunas investigaciones desarrolladas desde el año 2008 sobre el tema de la violencia⁴¹, que han indagado factores asociados a las prácticas violentas ejercidas en el medio urbano, permiten señalar que las familias afectadas por las consecuencias de la violencia resultan perjudicadas en su constitución y dinámica de vida, se quebrantan como resultado del socavamiento que las aflige; los sobrevivientes exigen visibilizar su condición, mostrar que son víctimas de la impunidad. Están solos y demandan respuestas sobre la verdad, la justicia y la reparación; permanecen desvalidos en el amparo y defensa de sus propias vidas. La familia, el ámbito colectivo más íntimo del dolor, requiere resignificar el sufrimiento, otorgar sentido a la continuidad de la vida, ser partícipe de procesos de paz y reconciliación, comenzando por su interior. Resulta imperativo para la sociedad civil el deber de la lucha activa para hacer visible y legítimo el reclamo de los dolientes; para que el Estado reconozca públicamente su realidad, se puedan establecer responsabilidades y dignificar a las víctimas.

Los casos precedentes se detienen a resaltar la vulneración de los derechos indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, además de los derechos fundamentales a la vida y a la protección. Sin embargo, la legislación venezolana desarrollada en la primera década del siglo en curso, da cuenta de un interés del Estado por adaptarse a las demandas contemporáneas, así tenemos que la Constitución Nacional⁴² en su Capítulo V dedicado a Los derechos sociales y de las familias recoge en un conjunto de 22 artículos la norma fundamental del Estado en esta materia.

Así mismo, encontramos un conjunto de leyes, en apoyo a la familia y a sus miembros, que se desprenden de la ley superior y que son de promulgación reciente, dentro de ellas la Ley de Protección de las Familias. Empero nos preguntamos, ¿esta legislación considera acaso a todas las otras familias existentes: recompuestas, monomaternales y plurimaternales, monoparentales y pluriparentales, homoparentales y homomaternales?; y, ¿todas ellas, a pesar de su existencia, tienen reconocimiento y detentan en nuestro país iguales derechos? De hecho, en los inicios del siglo XXI, en el país no existe legislación que proteja a las personas por su identidad o expresión de género⁴³.

Como formas estipuladas para la ejecución de las políticas del gobierno venezolano, desde el año 2003 se crean las misiones sociales, las cuales se proponen para dar efectividad a los planes sociales vigentes⁴⁴. Entre el año 2003 y el 2006 se crean dieciséis misiones. Actualmente existen treinta y seis, además de las grandes misiones que surgen a partir de 2011 –Saber y Trabajo, Hijos de Venezuela, en Amor Mayor Venezuela, AgroVenezuela, Vivienda Venezuela–, todo lo cual da un total de cuarenta y un misiones. Sus fines buscan solventar problemas en las zonas pobres del país.

Ahora bien, la referencia a la legislación nos señala que hemos avanzado como país al realizar las adaptaciones de acuerdo a las regulaciones internacionales, sin embargo, un marco jurídico así conformado, para hacerse realidad requiere que se traduzca en la definición de políticas públicas y el desarrollo de modo consecuente y sostenido de programas sociales que protejan a la familia venezolana en sus diferentes formas. Es evidente que las misiones abordan problemas y necesidades sensibles de la población en los sectores populares, sectores con una larga historia de exclusión y falta de atención por parte del Estado venezolano. Pero, ¿a través de las misiones se cubren los derechos sociales de toda la población y, en concreto, los requerimientos de las familias de todos los sectores?, ¿qué se deja de atender con estas prácticas?, ¿qué modos de exclusión se están ensayando?

Así vista la realidad que objetiva y da contexto a las familias en Venezuela, debemos decir que hoy por hoy, la familia es una institución fundamental en la formación y desarrollo del individuo; su evolución ha estado marcada por los cambios experimentados en las sociedades, pero su sentido de ser y sus fines se mantienen a lo largo del tiempo. En Venezuela, como en el resto del mundo, la familia experimenta una apertura y antes de copiar formas vive desde su interior una conformación particular, lo cual le imprime una pluralidad que lucha por legitimarse y obtener el reconocimiento de sus derechos como la institución social pilar de la convivencia humana.

Santiago de León de Caracas, la capital de Venezuela, fue fundada en el año 1567 y tras su crecimiento alcanza hoy los 180 Km2 de extensión territorial. Desde el punto de vista político territorial, el Área Metropolitana de Caracas congrega dos entidades: el Distrito Federal –Municipio Libertador– y el Estado Miranda –municipios Baruta, El Hatillo, Sucre y Chacao– y las autoridades ejecutivas correspondientes; es sede de los diferentes Poderes Públicos Nacionales y agrupa diferentes instituciones gubernamentales⁴⁵. Desde el punto de vista poblacional en los cinco municipios habitan 4.619.066 habitantes⁴⁶. Su distribución es desigual, pues, el 65% de la población se halla en Libertador y el 23%, en Sucre. Solo el 12% se halla en los otros tres municipios⁴⁷. Como urbe contemporánea ocupa para el año 2010 el lugar número diecisiete de las ciudades más pobladas de América Latina, es también la novena ciudad más onerosa del mundo (en la actualidad es la más cara de Latinoamérica) y detenta el puesto número ciento sesenta y ocho entre las doscientas veintiún principales ciudades del mundo en calidad de vida, en nuestro caso esta posición obedece a la inseguridad imperante⁴⁸.

En Caracas se puede establecer una clara distinción entre urbanismo –lo estructural, la planificación y ordenamiento de la ciudad– y ciudadanía –el ejercicio público de los derechos políticos y sociales de sus habitantes–. Con respecto al urbanismo encontramos un crecimiento de la ciudad que habla de su ingreso a la modernidad, con las contradicciones propias que le imprime el hecho de la ampliación acelerada y desordenada, su transformación constante y la alta concentración poblacional. Signos de los avances de la modernidad caraqueña los encontramos mayormente presentes a partir de la sexta década del siglo XX, cuando “… la díscola metrópoli se saturó de rascacielos y centros comerciales, suburbios de clase media y barrios de ranchos que entrarían en conflicto al terminar la bonanza económica de la que habían surgido”⁴⁹; espacios en los cuales se aloja de este a oeste de la ciudad capital un poco más del ochenta por ciento de la población⁵⁰, la cual está representada en los estratos socioeconómicos medio (C) y medio bajo (D). Esta población se encuentra escindida y la ciudad refleja claramente la segregación entre el este que aloja a los grupos con mayor poder adquisitivo y el oeste a los grupos populares, de obreros y trabajadores.

La planificación un tanto desordenada de la ciudad ha favorecido la ampliación de sus áreas de alojamiento para sostener la incorporación de grupos poblacionales sin medir los impactos sobre la ciudad primigenia, los que “se reflejan en la pérdida de valores ambientales, estéticos y de las relaciones sociales”⁵¹. Se puede apreciar así el considerable deterioro de lugares que ofrecen un penoso contraste entre lo antiguo y lo naciente; el surgimiento y crecimiento descontrolado de los barrios que han ocupado terrenos públicos y privados, con construcciones elaboradas desde “un saber empírico autodidacta que desafía las dificultades y las carencias materiales a las cuales se enfrentan”⁵²; la toma de las calles por los buhoneros que interfieren con la circulación de vehículos y peatones, deterioran los espacios y producen contaminación ambiental y sónica⁵³; la crisis del sistema de transporte urbano por la insuficiencia de la red vial y la desarticulación de los elementos del transporte urbano⁵⁴. Lo que lleva a Hurtado⁵⁵ a expresar que vivimos en una Caracas sitiada, desatendida y abandonada a su suerte.

En suma, los inicios del siglo XXI nos muestran una Caracas desde la perspectiva urbana, cercada por los problemas que la agobian, descuidada y en desamparo, presa de las arbitrariedades a las que es sometido su espacio colectivo, doblegada ante los abusos del poder y desasistida de los controles del Estado. Para hablar de la ciudadanía en la Caracas de inicios de siglo, necesitamos ubicarnos en los límites del “sacudón” social que representó el Caracazo el 27 de febrero de 1989⁵⁶, momento en que es posible marcar un antes y un después de la relación dual pero pacífica que hasta ese momento llevaban los habitantes de la capital⁵⁷. Las diferencias de clase, sectorizadas en el espacio urbano eran manejadas de modo sosegado, los pobladores de la ciudad sostenían una convivencia, aunque marcada por las desigualdades, que hacía tolerable lo socialmente cotidiano; empero hoy puede entenderse que la contención de un sector importante de la población, frente a las desigualdades e injusticias vividas, encontró en la manifestación social del descontento la ruptura del dique que reprimía su verdadero sentir.

Como consecuencia de la desestructuración socioeconómica, los habitantes de los sectores pobres urbanos crean un conjunto de estrategias –conocimientos, prácticas de vida, símbolos, dialectos– para dar respuesta a sus necesidades básicas. Con el tiempo surge la llamada “cultura de la urgencia” la que denota un nuevo modelo de socialización –en respuesta a la “urgencia social” y la crisis en los mecanismos de integración e inclusión social existentes–⁵⁸; desde ese momento, la cultura de la urgencia señala de modo fundamental el presente y el futuro de la ciudad. Este modelo tiene entre sus representantes a los malandros, los miembros de las bandas de adolescentes del barrio y los niños de la calle.

Así las personas socialmente excluidas por tradición, logran expresarse en el espacio público y situar de modo expreso en el terreno colectivo la lucha de clases; se precipitan dinámicas urbanas –hasta ese momento incipientes– como la conquista de territorios por parte de los comerciantes informales; se produce una expansión de la delincuencia y de la inseguridad; al tiempo que el sistema político se desintegra⁵⁹. Todas estas situaciones en acorde han traído consecuencias excepcionales para el país en general y de modo específico para la ciudad, las cuales se profundizan con el avance del tiempo y perturban el quehacer ciudadano.

Entre las derivaciones de estos hechos podemos señalar que la inclusión se convirtió de modo decisivo en un asunto politizado⁶⁰ y las decisiones políticas exigían visibilizar, reconocer y establecer diálogo con las manifestaciones de calle; la violencia pasó a ser el recurso cotidiano para manifestar la insatisfacción y molestia por hechos considerados injustos: desde la carencia de los servicios básicos hasta el asesinato de familiares o amigos⁶¹; se experimentó un incremento desmedido de los homicidios, en su mayoría producidos por armas de fuego y con la participación de jóvenes tanto en el papel de víctimas como en el de victimarios⁶².

A medida que se politiza el conflicto social y se convierten las diferencias sociales en diferencias políticas, en Caracas durante la primera década del siglo XXI, “las diferencias políticas y sociales, el miedo, el desánimo y la frustración política estimularon la exclusión en los espacios públicos capitalinos, además de crear fuertes procesos de segregación espacial y de polarización social”⁶³. En consecuencia, en la capital se intensifica el conflicto violento, además de manifestaciones contrarias a la democracia, caracterizadas por la intolerancia y la exclusión. A esta situación se agrega el recrudecimiento de la violencia con el consecuente incremento de la inseguridad. El espacio público experimenta una suerte se sectorialización que segrega; el ejercicio de la ciudadanía se torna complejo⁶⁴.

En otro orden, la percepción de la inseguridad en su dimensión subjetiva se contrapone a la dimensión objetiva del aumento de la criminalidad⁶⁵, lo que ubica el miedo a la delincuencia como una de las manifestaciones sociales más sentidas por la población. No es infundado el miedo cuando los reportes indican que: en la década que sigue al Caracazo –1989/1999–, el incremento en el número de homicidios fue del 500%⁶⁶; en los inicios del siglo XXI en la capital se producen unos 5.000 homicidios por año, y se considera que todo “venezolano será víctima de 17 delitos, 4 de ellos violentos, entre sus 18 y 60 años de edad”⁶⁷; la Encuesta de Victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2009 señala la ocurrencia de 19.113 homicidios⁶⁸; para finales del 2015, el Informe del Observatorio Venezolano de Violencia –OVV proyecta la ocurrencia de “27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes … [y] uno de cada cinco homicidios que se cometen en la región lo padece un venezolano”⁶⁹. Las cifras mencionadas colocan a Venezuela como el país más violento del continente americano.

Los protagonistas de estas experiencias logran una significación social que los ubica desde el imaginario. Por un lado, al criminal situado en los sectores pobres; por otro lado, la víctima que está en todos los estratos. Esto porque en una comunidad con tantas limitaciones materiales, basta para parecer rico con tener algo más que el otro, así sea un automóvil, un empleo, un televisor o una casa en una zona un poco mejor que una villa miseria⁷⁰. Se agrega a esto que la víctima-en-potencia “es de clase media, es de clase alta, es de clase baja: es todo aquel que sale a la calle y tiene miedo, porque todo está podrido y descontrolado, porque no hay control, porque nadie cree en nada”⁷¹.

De allí que es el miedo, en tanto sentimiento que estimula la acción⁷², el que mueve al ciudadano a generar modos particulares de protección dentro de su vida cotidiana, vinculados con la espacialidad, que pueden ir desde el uso de una arquitectura específica para su hogar⁷³, la previsión y los cuidados extremos, hasta la evitación de lugares públicos de riesgo comprobado o que activan la memoria del miedo vinculado a la violencia. Aunque el término violencia está sujeto a variadas interpretaciones condicionadas entre otras razones por la subjetividad, las circunstancias y el contexto socio-histórico donde ocurren los hechos tipificados de tal modo, existen dos elementos compartidos por las diversas definiciones existentes: (1) la implicación del “otro” en la relación, a partir de la ruptura de la complicidad que me une a él; (2) la imposición y uso de la fuerza para dominar, dañar y/o destruir al “otro”, a partir de la negación de lo común compartido que nos vincula⁷⁴.

En el marco de estas precisiones sobre la violencia y bajo el entendido de su cualidad “autorreproductiva”⁷⁵, por tanto, causante de más violencia –que en muchos casos supera en dimensiones y consecuencias a la iniciada–, nos detendremos a revisar cuatro de las diferentes manifestaciones que la representan con relación al individuo y a los espacios de vida del habitante urbano: violencia contra los niños y contra la mujer, violencia delincuencial y violencia política.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes, vista solo en los números que reportan la prensa nacional y la de las diferentes entidades federales⁷⁶, nos muestra la tragedia en aumento que acecha, desnaturaliza y cobra las vidas de seres que apenas se asoman y comienzan el tránsito de su propia historia⁷⁷. De las cifras gruesas indicadas para 2015, se pueden especificar algunos casos que permiten ilustrar la gravedad de la situación de violencia contra la población de menor edad en nuestro país: se contabilizan 1.026 asesinatos; 2 homicidios por violencia escolar; 202 violaciones (79% niñas); 24 muertos por violencia sexual; el 57% de los casos de violencia familiar ocurre en menores de 6 años; 23 casos mueren a manos de un familiar; 29 casos ajusticiados por violencia institucional; de los 152 casos de hechos delictivos, 84% los comenten adolescentes varones.

Siete años atrás –durante el período octubre 2007 / septiembre 2008– se reportaron en prensa 494 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país⁷⁸; en aquel entonces la situación con respecto a la de ahora, era cuantitativamente inferior y distribuida jerárquicamente de modo distinto⁷⁹. Llaman particularmente la atención de estas cifras: los 160 casos de homicidio (75% adolescentes varones) y los 62 casos de violación (80,64% niñas).

La ocurrencia en sí misma de estos hechos resulta deshonrosa para nuestra especie, su incremento abominable. La violencia en cualquiera de sus expresiones, dirigida contra los menores, constituye junto a la injusticia, la omisión, el encubrimiento y la complicidad de familiares, miembros de la comunidad y autoridades, el testimonio más patente del mal y el sufrimiento que puede ocasionar la acción injusta de los seres humanos sobre sus congéneres más desvalidos. Los agraviados son considerados por el agresor como objetos de una experiencia, medios para la obtención de algún fin, “como Eso y no como Tú”⁸⁰. Los efectos físicos, psicológicos y morales son duras huellas destructivas en la vida de niños y adolescentes. Pensamos que la efervescencia y espiral de violencia que hoy nos acosa no es gratuita, toca a cada venezolano desde muy temprano en su vida y no deja de movilizarnos moralmente a muchos.

Lo mostrado hasta ahora sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, no resulta tan diferente de lo que ocurre con respecto a la violencia contra la mujer. Pese a que en el país contamos desde el año 2007 con la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un instrumento jurídico de avanzada dentro de la legislación nacional, pues su texto reconoce el compromiso que ha establecido Venezuela internacionalmente en la materia⁸¹, en el año 2011 –desde el Instituto Metropolitano de la Mujer– se reporta la muerte de 501 mujeres a cargo de sus parejas, y más de 9.600 casos de violencia contra la mujer denunciados ante la Fiscalía, esta cifra cobra relevancia puesto que la mayoría de los casos no se denuncian⁸². En un entorno de incremento de la violencia generalizada, la violencia contra la mujer también ha experimentado crecimiento, según lo reporta el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres⁸³, cuatro mujeres mueren a diario en el país y solo un caso es denunciado de once que ocurren.

Desde esa fecha, si observamos en retrospectiva, la situación ha experimentado variaciones considerables: en el año 2004 se mencionaba un aumento de las denuncias (8.520 mujeres realizan denuncias en cuatro instituciones gubernamentales y en once no gubernamentales de todo el país); en ese entonces, las víctimas presentan nivel educativo variado, se encuentran en edad productiva; el agresor es el esposo, concubino o la expareja⁸⁴. Para el año 2005 existen registros publicados por diversas organizaciones no gubernamentales que indican la ocurrencia de 36.777 casos de violencia contra las mujeres en el país⁸⁵. Pese a las cifras mencionadas, es importante señalar la falta de información cierta, confiable y actualizada con respecto al número de mujeres víctimas de violencia⁸⁶; las razones: irregularidad en las denuncias y la censura gubernamental impuesta.

La violencia contra las mujeres es una práctica de larga tradición –la más oculta, silenciada y aceptada en las culturas y sociedades– ejercida contra los sectores femeninos con independencia de edad, estrato social o condición civil, que tiene ocurrencia tanto en el espacio privado como en el público; hoy se le reconoce desde el punto de vista jurídico como delito y quebrantamiento de los derechos humanos⁸⁷.

La violencia delincuencial, a la que nos hemos referido antes, a través de algunas cifras destaca por ser la que tiene las peores consecuencias, pues uno de sus saldos es cobrar la vida del “otro”. Como ya lo indicamos, los autores son hombres jóvenes de sectores populares, quienes desempeñan el doble rol: víctimas y victimarios. Las estrategias desarrolladas por grupos violentos como estos se dan en el marco de la cultura de la urgencia⁸⁸ y desde allí están al margen de la norma, son catalogadas como ilegales y se les reprime por su carácter delictivo; sin embargo, buscan legitimarse e incorporarse a la dinámica social de la ciudad, aun cuando implican modos de vida violenta.

El drama de la violencia se profundiza. Homicidios, hurtos, robos, secuestros, extorsiones y lesiones a las personas forman parte de los indicadores de la violencia delincuencial; empero son los homicidios los que alcanzan mayor visibilidad, aun cuando los robos y hurtos presentan el más alto porcentaje de ocurrencia resultan ser los menos denunciados⁸⁹. Las posibilidades de victimización amenazan al habitante de la capital en cualquier lugar de esta en que se encuentre, en razón de los niveles de organización de los grupos delictivos; un problema que con el tiempo se ha incrementado y su desarrollo define hoy modos particulares de vivir la ciudad y habitar en ella. Se han creado bandas de jóvenes que no superan los 25 años de edad, dispuestos a matar porque matar les genera poder y les produce placer⁹⁰.

Ante el drama nacional que la violencia delincuencial representa, las respuestas dadas por el Estado no han resultado lo suficientemente efectivas para combatir un flagelo que crece de modo desmedido: el caso por ejemplo de la Comisión Nacional para la Reforma Policial –Conarepol– creada en el 2006, cuyas recomendaciones proponían generar un sistema integrado bajo una coordinación de carácter civil, resultó desconocida por el cambio de autoridades ministeriales y el juicio ideológico que recibió la propuesta⁹¹; la promulgación en el año 2009 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la creación de la Policía Nacional Bolivariana –PNB– no ha logrado el alcance esperado por su despliegue restringido y acción limitada⁹². Entre tanto la Guardia Nacional asume acciones policiales y reprime con resultados poco contundentes; sus acciones a través de la Operación Liberación del Pueblo –OLP–, producen un efecto contrario al control y decremento de la violencia⁹³. En resumen, la política de Estado en seguridad ciudadana en la capital no reporta resultados positivos, la violencia campea por todo el territorio de la urbe y azota la vida y propiedades de sus habitantes.

En un escenario democrático, política y violencia son vocablos inconciliables, esto porque “la política es el mecanismo de resolución de conflictos mediante la superación de la violencia”⁹⁴; pese a ello, en países como el nuestro que se califican como democráticos, hoy hablamos de violencia política. La violencia que tiene como marco las relaciones políticas en el contexto de regímenes y gobiernos, posee su centro en el plano de las relaciones y puede ser considerada como “… una interacción social en la que al menos una de las partes participantes en un enfrentamiento produce –o amenaza con producir– daño en bienes o personas para responder a un conflicto planteado en el marco de un proceso político concreto”⁹⁵. En este tipo de violencia se deben resaltar las expresiones: enfrentamiento, conflicto, proceso político; procedimientos estos que afectan el ordenamiento y ejercicio político de la sociedad y tienen en los gobiernos a sus reguladores, querellantes, objetos de solicitudes o mediadores de prácticas que los sostienen en el poder.

Para hablar de la violencia política en la Venezuela de comienzos del siglo XXI debemos hacer referencia a la división de la sociedad venezolana fomentada desde una verbosidad vehemente, ruda, arbitraria y transgresora del Presidente venezolano electo en 1998, recogida en expresiones del tipo “freír en aceite caliente las cabezas de los líderes políticos y de los corruptos del pasado”⁹⁶. La lucha de clases promovida y estimulada desde la arenga pública por el jefe del Estado, muestra el lado contrario de la igualdad ideológicamente sostenida. Como consecuencia de la inestabilidad política producida por los enfrentamientos entre oficialistas y opositores, en la primera década de este siglo, la ciudad experimenta quiebres, segregaciones y una polarización que se profundiza con el pasar de los años⁹⁷. Los conflictos que suceden conllevan a que la polarización política y social existente en el país se muestre y exprese en la ciudad.

Los dos grupos enfrentados por razones sociopolíticas han generado “feudos y guetos urbanos”, esto es, una territorialización de los conflictos⁹⁸, con las consecuentes limitaciones para el desplazamiento en la ciudad y para el uso de los espacios de acuerdo con sus fines originales. La construcción del “odio, el miedo y el terror”, la falta de reconocimiento y la exclusión del semejante ⁹⁹ atentan contra la reconciliación, contra la reconstrucción de la paz otrora vivida y hoy ansiada por muchos venezolanos. En este marco conviene detenernos en la reflexión a la que nos invitan las palabras de Fernández-Christlieb¹⁰⁰ y junto con ello, vislumbrar las responsabilidades gubernamentales, sociales y personales implicadas en los diversos problemas que hoy nos afectan:

Uno no puede quejarse de asaltos y al mismo tiempo creer que el desempleo y la pobreza es normal y natural; uno no puede quejarse de secuestros y al mismo tiempo defender el derecho a la ostentación que tiene como único fin provocar la envidia corrosiva de vecinos y clases trabajadoras. La verdad es que todos ya sabemos que la solución a la violencia al menudeo de las esquinas y las noches consiste en arreglar las repugnantes desigualdades económicas de este país y este mundo¹⁰¹.

Lo anterior sirve de colofón para dejar en el ambiente el tema de la ciudad, esa que nos muestra su esplendor y sus miserias, los contrastes de su continuo rehacer y reinventarse, así como las desigualdades, injusticias, inseguridad y destrucción que acosan a sus ciudadanos.

Los procesos migratorios experimentados en el país durante el siglo XX y lo que va del XXI responden a momentos y razones variadas y, ante la diversidad de coyunturas que los motivan, adoptan manifestaciones singulares cada uno de ellos¹⁰². En las cuatro primeras décadas del siglo veinte, el país experimenta un proceso de modernización y urbanización; Caracas reúne la mayor concentración urbana o “aglomeración metropolitana”¹⁰³. Una ciudad que experimenta importantes cambios estructurales y muestra significativos contrastes¹⁰⁴; su progresiva modernización y crecimiento –fortalecido por las migraciones de venezolanos provenientes del sector rural del país–, fueron conformando una urbe sobrepoblada con los consecuentes problemas de urbanismo y ciudadanía. Sobre estos asuntos se manifiesta Uslar Pietri¹⁰⁵ cuando señala: “Hacia 1930 Caracas comienza a desbordarse y a inundar el valle, como el agua de un dique roto. Los tortuosos caminos del Este empiezan a transformarse en avenidas. Las haciendas se convierten en urbanizaciones”. Por su parte, Mariano Picón Salas¹⁰⁶ expresa: “`Caracas allí está`, pero no como en la paz casi agraria añorante de la vieja elegía de Pérez Bonalde, sino como la más desvelada, quizá la más demoníaca ciudad del Caribe”. Hacia el año 1950 la movilización del campo a la ciudad alcanzó un gran crecimiento, momento en el cual el país superaba los cinco millones de habitantes, 50% de ellos eran analfabetas y el 41% de la población se concentraba en las ciudades¹⁰⁷.

No obstante la acelerada expansión y modernismo que experimentó la ciudad capital en las primeras décadas del siglo pasado; a mediados de la centuria los ideales de avance y desarrollo del país, con propósitos de modernización e industrialización –sostenidos durante el gobierno de Pérez Jiménez–, requerían para su cumplimiento de lo que en su momento se llamó política de “Puertas Abiertas”¹⁰⁸, un estímulo al ingreso de inmigrantes europeos – españoles, italianos y portugueses– que durante el período 1948-1958 llegan a Venezuela. Ellos “… traen voluntad de trabajo, desplazados como estaban en la Europa de postguerra. Se dedican a la construcción, el comercio, especialmente panaderías, restaurantes, cafeterías, siembra y obras públicas”¹⁰⁹. En tal ocasión este contingente alcanzó a representar el 5% de la población¹¹⁰. Las mayores contribuciones de este grupo al país se sitúan “…en la industria de la construcción, en el desarrollo de la agricultura empresarial y en la prestación de algunos servicios privados urbanos ligados a la alimentación”¹¹¹. Pero especialmente, su aporte más significativo al país probablemente sea el haber permitido extender, renovar y perfeccionar nuestra cultura gastronómica¹¹².

En los años 70 del siglo pasado se producen nuevas oleadas migratorias al país, provenientes del Caribe y de América del Sur¹¹³. Las razones que explican estas movilizaciones son internas y externas a Venezuela. En primer lugar, el auge petrolero de la época que benefició al país. En segundo lugar, la fractura que sufrió la democracia latinoamericana¹¹⁴. De este modo tanto la huida de la pobreza, la búsqueda de riqueza y el refugio político fueron las principales motivaciones que congregaron en nuestro país importantes grupos de inmigrantes. Numéricamente el ingreso de inmigrantes queda referido así: “El censo nacional de población de 1981 arrojó la cifra de 1.074.629 extranjeros en una población total de 14.516.735 habitantes. El de 1991 indicó 1.023.259 extranjeros en una población total de 18.105.265 habitantes”¹¹⁵. De estos datos igualmente debe destacarse: “El 70% son latinoamericanos. La comunidad más numerosa es la colombiana, los cuales mantienen una población relativamente constante… Las comunidades chilenas y argentinas (numerosas en los setenta) se redujeron, mientras los peruanos y dominicanos aumentaron”¹¹⁶.

Los inmigrantes caribeños y latinoamericanos se ocuparon de actividades diversas entre las que se incluyen la asistencia en servicios públicos en las ciudades, producción y comercio agrícola, venta de artesanía y ampliación del sector de la economía informal; además de ello se dio una clara influencia cultural en los diversos sectores de la sociedad. En general este último grupo que ingresó al país “impactó el comportamiento de la población venezolana en sus espacios sociales, laborales y culturales”¹¹⁷.

La repercusión de los procesos migratorios en Venezuela ha sido de carácter diferencial, particularmente cuando los periodos de bonanza decrecen, surge la crisis y se incrementan prácticas de competencia para el sostenimiento personal y familiar; a esto es necesario añadir la falta de información de las políticas migratorias del Estado y la extensión de opiniones deformadas sobre los inmigrantes¹¹⁸. Las repercusiones de estos hechos han incidido directamente sobre la opinión, trato, relación y apreciaciones equívocas e incluso estereotipadas de los venezolanos con la población extranjera residente en el país.

En los años ochenta, específicamente a partir del año 1984 luego del recordado viernes negro y posterior al Caracazo en 1989, la inmigración extranjera se reduce, los inmigrantes establecidos en nuestro territorio comienzan a marcharse y ocurre un proceso de emigración de los venezolanos, motivado precisamente por el problema de orden económico. Esta movilización, desde ese momento y hasta ahora se ha desarrollado de forma continuada, aunque las motivaciones se han ampliado a otros problemas de orden social, político e institucional que afectan al país y sus habitantes¹¹⁹.

Al tiempo que las problemáticas se recrudecen con los intentos de golpe de Estado ocurridos en febrero y noviembre de 1992, los sucesivos eventos de orden económico, político y social desde ese momento hasta la fecha y, pese a que entre 2004 y 2012 el ingreso petrolero ha sido superior al obtenido en todo el siglo XX¹²⁰, los venezolanos asumen la inusual y penosa decisión de abandonar el país. En lo que va de siglo hemos presenciado el deterioro constante y sostenido del país: Lo observamos desplomarse día a día como consecuencia de una política gubernamental que ha socavado sus cimientos y ha erigido el liderazgo de la violencia, la impunidad, la polarización política y social, el desempleo, la falta de producción, la corrupción, el desabastecimiento y el racionamiento de los servicios básicos, solo por mencionar algunos de los males que nos aquejan. Muchos de nuestros compatriotas, en su mayoría de alta calificación han optado por marcharse del país. Para el año 2012 se habla de un número aproximado de 1.200.000 venezolanos en el exterior¹²¹.

La pérdida del capital intelectual y social que experimenta Venezuela pareciera indetenible, particularmente por la ausencia de una política que garantice la permanencia en el país del grupo más susceptible de emigrar y que estimule el retorno de aquellos venezolanos que se vieron en la necesidad de partir. La situación de conflictividad política que existe actualmente y el proyecto socioeconómico que se promueve no ofrecen ninguna estabilidad, por el contrario, generan gran incertidumbre por “el desarrollo de un modelo de país asentado sobre una serie de contradicciones ideológicas y discursivas, aunado a las debilidades del marco legal e institucional para garantizar algunos derechos fundamentales”¹²². Hoy el panorama sobre la salida de venezolanos fuera del país resulta demoledor¹²³.

Los procesos migratorios en los cuales Venezuela ha sido el lugar de destino o el de salida, han reconfigurado al país en los aspectos poblacionales y de la cultura y formado parte de transformaciones importantes en su dinámica; a su vez han estado ligados a la búsqueda de mejores condiciones de vida, convivencia, seguridad y desarrollo personal y profesional de la población migratoria dentro o fuera de nuestro territorio. Junto a esto, el migrante experimenta el desarraigo de su lugar de origen, el abandono de lo propio, la adaptación y reinserción a la cultura del nuevo espacio donde busca acogida; el país del que se produce la salida, sobrelleva el abandono y, como hoy nosotros, vive la pérdida temporal, indefinida o sin retorno del importante patrimonio social calificado venezolano que decide marcharse bajo la irresponsable despreocupación del Estado.

Las elecciones presidenciales del año 1998 llevan al poder a Hugo Chávez, líder del movimiento cívico-militar bolivariano denominado Polo Patriótico. De este modo, un movimiento sociopolítico que agrupa diferentes sectores de la sociedad venezolana y se manifiesta contrario al proyecto político neoliberal alcanza el estatus de gobierno¹²⁵: Se erige sobre la crisis general de la sociedad que tiene sus manifestaciones más emblemáticas en la decadencia social, el desempleo en el sector formal de la economía con el consecuente robustecimiento del sector informal, inseguridad, impunidad, corrupción y derrumbamiento de los partidos políticos con tradición en el país.

En esta opción sociopolítica confluye el “militarismo nacionalista con distintas corrientes del naufragio marxista-leninista y de la izquierda grupuscular”¹²⁶; desde el punto de vista ideológico instrumentaliza con gran fuerza y eficacia el mito bolivariano y, plantea un viraje, a partir de un discurso que se dirige en contra del orden social existente¹²⁷. Además, la alianza cívico-militar que representa al “bolivarianismo” constituye un movimiento de izquierda muy particular, respecto de otros en la región; se trata de una “izquierda nueva”¹²⁸, con propensión hacia lo popular, resistencias al capitalismo y con cualidades populistas; pese a su origen militar ha llevado a que se cuestione su orientación político-ideológica.

La orientación populista en la política del Presidente de la República pretende la inclusión social de los excluidos históricamente, esto lo realiza desde un discurso “dicotómico” de fuerza movilizadora “que construye sujetos políticos antagónicos e irreconciliables: el pueblo (los pobres y/o los que no tienen poder) y la oligarquía (el bloque de poder)¹²⁹. Se fortalece así un vínculo estrecho que refuerza la identificación entre el líder y el pueblo y, con ello, se fraguan las bases de una nueva exclusión.

Se une a esto una suerte de “nacionalismo” desarrollado –y promovido desde el discurso– entre el pueblo y Venezuela, pero fundamentalmente, entre el pueblo (los excluidos) y la figura del Presidente –“Yo soy Chávez”– como la máxima expresión de identidad y fusión con la patria. Su retórica impregnada por su Yo, representa “un espacio semántico a partir del cual parecieran encontrar referencias todos los demás espacios del imaginario nacional”¹³⁰; con ella logró posicionar un liderazgo carismático y personalista, y convocar importantes sectores de la población en una especie de conexión emocional que bordea lo “mágico-religioso”¹³¹. Un líder consciente de que para generar el “renacimiento” o “resurrección” de Venezuela era requerida la palabra¹³².

Una vez instituido, el gobierno plantea un proceso constituyente a través del cual se establece la constitución de 1999 sancionada en referendo popular. En los contenidos de esta ley superior aparecen integrados los principios del modelo socialista, como proyecto político de cambio que recoge el espíritu de los requerimientos y pretensiones comunitarias e institucionales¹³³. Esta coyuntura conlleva a que se escinda el momento histórico de la República: “El héroe de la Revolución Bolivariana, al igual que Bolívar, parte las aguas al instaurar, mediante una nueva Constitución, la V República, para así producir una ruptura radical con el pasado”¹³⁴.

La reforma constitucional contempla cambios en los diferentes órdenes: político, social, institucional…¹³⁵. Encontramos así la participación ciudadana en “la consulta y gestión de políticas públicas”, en el marco de una democracia “participativa y protagónica”; nuevos sectores protegidos por derechos: los pueblos indígenas y su cultura, el trabajo del hogar y las amas de casa, los militares, el ambiente; además de las responsabilidades del Estado en la garantía de los derechos de los venezolanos. Bajo este marco constitucional, junto a la promulgación de leyes que facilitaban la operatividad de la participación, se establece la política gubernamental por la cual se dirigen los rumbos de la nación¹³⁶. Se comienzan a instrumentalizar entonces las demandas políticas de la población y esta responde a través de votos, con lo cual se fortalecen los controles del partido único.

En el plano internacional la política exterior que se promueve es la del “mundo pluripolar”¹³⁷; el Presidente genera importantes cambios en los temas y objetivos que le interesa posicionar, desde una perspectiva ideológica, geopolítica y de nacionalismo bolivariano¹³⁸ y bajo una marcada diplomacia personalista robustecida por los cuantiosos recursos petroleros disponibles¹³⁹. Las alianzas y vínculos con América Latina se hacen operativos –aun con receptividad limitada por los países de América Latina y el Caribe– a través de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) en oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovido por los Estados Unidos. Al tiempo se fortalecen vínculos con países y gobiernos de izquierda en Latinoamérica y el Caribe, es el caso de las relaciones con Cuba, “Los lazos con Cuba se estrecharon y ampliaron, yendo más allá de la cooperación energética hacia convenios de cooperación en diversas materias como la salud, la educación y la seguridad”¹⁴⁰. También, desde el punto de vista comercial y político lo ha hecho con Rusia, China, India e Irán, “manejando sin complejos el petróleo como herramienta política y adelantando, en ocasiones, gestos tan extravagantes como el de comprar deuda argentina”¹⁴¹.

En el país, los cambios políticos derivados de la acción gubernamental suceden en un ambiente polarizado y de alta conflictividad, favorecidos por el autoritarismo y personalismo desplegados por el Presidente. Estos hechos contribuyeron con la gestación de disensos contundentes y la adopción de vías insurreccionales por parte de la oposición para exigir la renuncia del Presidente, entre ellas: el paro cívico y eventos violentos ocurridos a finales del año 2001, las protestas del año 2002, la renuncia del Presidente y su posterior restitución, el golpe de Estado de ese mismo año, el paro petrolero del año 2003 y el referendo revocatorio contra el Presidente celebrado el año 2004¹⁴². Todos los incidentes mencionados tuvieron repercusiones e impactos negativos en la economía y la política del país y con ello en el paradigma de sociedad que el gobierno venía gestando¹⁴³.

La reelección presidencial ocurrida en el año 2006 reimpulsa la propuesta del Socialismo del Siglo XXI y con ello la concentración del poder en la figura del Presidente de la República. Poder que logra su fortalecimiento con la “concepción del partido y de las organizaciones populares como estructuras estatales; debilitamiento de la alternancia y del pluralismo político y creación de una milicia popular”¹⁴⁴, pero que en sí mismo genera fracturas dentro de los cimientos bolivarianos por la discordancia planteada con los principios iniciales de la democracia participativa.

Un hecho que ilustra el tránsito de la propuesta constitucional de democracia participativa hacia el régimen no liberal de tendencias autoritarias denominado Socialismo del Siglo XXI, es posible seguirlo a través de los Consejos Comunales –CC–¹⁴⁵, un modo de respuesta a la participación y articulación de organizaciones comunitarias. Empero estas organizaciones participativas fueron derivando hasta convertirse en el año 2006 en instancias directamente vinculadas con el Presidente de la República; y en la ley de CC promulgada en el 2009 “al atribuirles funciones productivas para la construcción del socialismo y de defensa de la soberanía junto con la Milicia Bolivariana”¹⁴⁶. De tal modo, esta iniciativa corre el riesgo de que sus fines originales lleguen a “disolverse en las comunas que vienen a ser estructuras estatales y del partido, siguiendo un proceso similar al que en su momento ocurrió con todas las otras innovaciones participativas, como los comités de tierra y las mesas técnicas”¹⁴⁷.

Ahora se imponía la necesidad de ajustar la constitución a las variaciones adoptadas por el proyecto político, es por eso que en el 2007 el presidente propone una reforma constitucional por la vía del referendo, donde mayoritariamente ganó el NO. Sin embargo, varios aspectos de la reforma constitucional que se rechazaron aparecen recogidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 –Plan Socialista–, junto con la creación de 26 leyes-decretos por la vía de una Ley Habilitante¹⁴⁸. Estos esfuerzos del gobierno para posicionar el proyecto político con la reforma constitucional produjeron “airadas protestas por parte de la oposición, que incluye un incipientemente poderoso movimiento estudiantil y a algunos miembros de las Fuerzas Armadas”¹⁴⁹. En el 2008 el Presidente propone una enmienda constitucional para garantizar su reelección indefinida, así como la de otros cargos de voto popular; la enmienda fue aprobada en el año 2009.

Reformas, referendos, ajustes, procesos eleccionarios, votaciones y más votaciones han hecho que la atención de la gestión gubernamental curse de espaldas a los problemas del país y que el funcionamiento de las ciudades muestre la cara del desgobierno, esto es: “urbes sucias e inseguras; con severos problemas en sus servicios básicos, como la luz y el transporte; con familias pobres y de clases medias sufriendo de una inflación que parecía sin control y con un amplio desabasto de productos básicos”¹⁵⁰.

A la vuelta de una década de su elección, continúa la concentración del poder económico y político en la figura del Presidente; concentración que se hace manifiesta a través de “nuevas estatizaciones de empresas y expropiaciones de tierras, así como en la profundización de la recentralización del aparato político-administrativo del Estado, debilitando los poderes de gobernaciones y alcaldías”¹⁵¹. A esto se agrega la pérdida progresiva del Estado de Derecho con la subordinación de los poderes públicos al Presidente y el autoritarismo pronunciado¹⁵²; además de una relación Estado–Sociedad que muestra propensiones “autoritarias y personalistas” ajenas a la democracia¹⁵³.

En el caso específico del funcionamiento de instituciones y organizaciones sociales en el socialismo del Siglo XXI podemos señalar que la crisis galopante que ve su aparición en la década de los ochenta del siglo anterior tiene sus ecos y repercusiones en distintos órdenes de la vida nacional durante el naciente siglo. Algunos casos permiten ilustrarlo: sobre lo urbano, tienen su expresión en el deterioro de los servicios públicos, el incremento de la densidad poblacional y su asentamiento en nuevos barrios que se crean; de la mano con ello, el crecimiento de “miseria y pobreza crítica”¹⁵⁴. A esta situación se agrega que con el tiempo la insuficiencia de la red vial urbana complejiza la circulación en la ciudad¹⁵⁵ y se incrementan las limitaciones de los servicios de transporte público.

El retardo procesal en la mayoría de los casos que requieren sentencia es otro de los indicadores de la crisis. En los años noventa, esta falta de responsabilidad de las instituciones implicadas derivó en el surgimiento de una suerte de justicia extra institucional que se hizo manifiesta en linchamientos y asesinatos a cargo de grupos de habitantes en las comunidades o grupos parapoliciales¹⁵⁶ instigados por individualidades que buscan proteger sus propios intereses y el resguardo de sus propiedades. También en términos de justicia y libertad el país ha vivido a partir de la primera década de ese siglo, la persecución por razones políticas con el consecuente saldo de presos políticos; el acoso de periodistas por los “grupos de choque” pagados por el gobierno para defender a la revolución, las restricciones a la libertad de expresión¹⁵⁷ y la fuerte censura a los medios de comunicación de masas¹⁵⁸.

En materia de seguridad ciudadana, justicia e impunidad¹⁵⁹ la institucionalidad en el país muestra su enorme crisis, respaldada por “una revolución que desmonta instituciones”¹⁶⁰. Las fallas en la institucionalidad son apreciables, también, en los gobiernos locales y su división de tareas específicas con respecto a la ciudad que han producido resultados fragmentados de su gestión; como consecuencia de este accionar específico y de la ingobernabilidad creada, la imagen que se proyecta de la ciudad es de desidia, violencia y anarquía, precisamente por la falta de control sobre las áreas de ambientación, mantenimiento, seguridad, desarrollo de la actividad pública¹⁶¹. Hoy, con la crisis institucional agravada hay una demanda general por la restitución del orden social, por ende, resulta un imperativo la construcción de decisiones que apunten al restablecimiento de los derechos sociales vulnerados, de la justicia transgredida, de los valores violentados¹⁶².

En otro orden puede verse que desde el año 1999, las organizaciones sociales de origen popular y carácter participativo han recibido un importante impulso del gobierno nacional, específicamente de la figura del Presidente; las de tipo político fundamentalmente para su defensa y apoyo, es el caso de los Círculos Bolivarianos, las Unidades de Batalla Electoral, los Batallones del Partido Socialista Unido de Venezuela; las de índole social que incluyen indígenas y afrodescendientes; las de tipo popular como Comités de Tierra, Consejos Comunales, además de otras emergentes según coyunturas que implican trabajadores informales, mujeres, entre otros¹⁶³.

Asimismo, la participación de estas organizaciones en la gestión de programas sociales y con vínculo dependiente del gobierno central ha logrado situarse en lugar privilegiado, aunque con un alcance limitado y autonomía restringida para su constitución y accionar¹⁶⁴, pues su guía básica es la lealtad al proyecto y al proceso que dirige el Presidente¹⁶⁵ y, por lo tanto, su papel en la vida democrática del país queda impedido. Así puede verse que, con el surgimiento de las misiones en el año 2003, el gobierno genera organizaciones paralelas a las tradicionales dentro de la administración pública, pero sobre la base de mayores controles¹⁶⁶. En un principio buscan responder a las consecuencias del paro petrolero que afectaron a grupos de la población de bajos recursos, luego han sido el estandarte en los diferentes procesos electorales que se han sucedido hasta ahora.

Junto a la crisis institucional registrada y a la desviación de los objetivos originarios de las organizaciones sociales creadas, existe en el país un clima de conflictividad y acentuada polarización política y social promovida por el Presidente y demás representantes del poder político; al punto de que “… la sociedad venezolana se ha desgarrado, dividida entre chavistas y antichavistas, en un conflicto similar al que enfrentó a peronistas y antiperonistas en Argentina durante muchas décadas”¹⁶⁷. Conflicto que se ha enfrascado en el descrédito de las condiciones sociopolíticas precedentes a la gestión gubernamental actual, así como de las instituciones sociales y los actores que las representan o se oponen al gobierno¹⁶⁸.

El alarde discursivo degradante no ha hecho otra cosa que reafirmar su origen y las bases que le dan sustento; es característico que este discurso se despliega con el firme propósito de generar miedo, el cual conducido a su extremo se transforma en pánico que inmoviliza¹⁶⁹. Por lo general esta es una práctica que anticipa acciones de cualidades similares. La polarización política derivada de la clara intención divisionista presente en el discurso cínico y hostil del Presidente resulta un “ingrediente clave”¹⁷⁰ que es característico del verbo presidencial y afianza la segmentación social y político-ideológica, la discordia y desunión entre los venezolanos. Tales discrepancias tienen su expresión en lugares concretos del espacio público “la calle, las plazas, los parques o frente a edificios públicos con valor simbólico”¹⁷¹; los que han dejado de ser espacios del encuentro para constituirse en sitios de “desencuentro y lucha urbana entre desiguales”¹⁷². La violencia que acompaña la segregación política de los lugares, ha convertido a la ciudad en un “gueto” polarizado social y políticamente, otorgando así al espacio urbano las marcas de la división. Nuestros imaginarios de la ciudad y de la política son fieles registros del momento¹⁷³.

Las construcciones que realizamos de, “ciudadanía”, “sociedad civil” y de la nueva subjetividad “sujeto revolucionario bolivariano”, contienen animadversión, agobio y pavor, pero también proyectan la negación del “Otro no reconocido” y su exclusión¹⁷⁴ de nuestra noción de colectivo nacional. Las acciones de resistencia civil reflejadas a través de la protesta, se han constituido en los medios de expresión del lado opositor, de organizaciones y movimientos civiles, sociales y políticos. Su desarrollo, en apego al derecho a la manifestación pacífica en Venezuela –protegido y garantizado en el artículo 68 de la Constitución de 1999¹⁷⁵– ha sido en respuesta a la situación existente: al odio y la discordia creados, a la perdida de libertades, miedo a la cubanización, persecución, injusticia, inseguridad, restricciones, invasiones, expropiaciones, demanda por derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos¹⁷⁶.

A través de una forma de expresión diferente a las conversaciones entre amigos cuyo tema recurrente era “la situación país”, la década comprendida entre 1999 y 2010 fue testigo de miles de protestas de diversas modalidades por parte de la sociedad civil organizada¹⁷⁷. Pero de este tiempo, es durante el año 2009 cuando ocurre el mayor número de ellas, alcanzan casi las tres mil¹⁷⁸. Esto, junto con el incremento de la represión de las manifestaciones populares, denota un crecimiento del malestar social que se expresa de forma diversa¹⁷⁹, pero también da cuenta de las restricciones y prohibiciones impuestas por el gobierno con el uso de la fuerza¹⁸⁰.

Al unísono han visto la luz diferentes reformas de leyes existentes y aprobación de otras –por ejemplo, la reforma del Código Penal en el año 2005–, cuyo fin principal es el de imponer restricciones al derecho a manifestar pacíficamente; esto es, se criminaliza el ejercicio democrático del derecho político de participación ciudadana que tenemos los venezolanos¹⁸¹. “A partir de este momento el que salga a quemar un carro, a quemar unos árboles, a trancar una calle que le echen gas del bueno y me lo meten preso”¹⁸², es una orden dada por el Presidente a los cuerpos de seguridad del Estado para hacer uso de la fuerza y la represión contra la protesta. Las derivaciones de la práctica policial y militar arrojan saldos lamentables en términos de detenidos, heridos y muertos¹⁸³. No disponemos de registros sobre heridos y fallecidos como consecuencia del encuentro en las protestas de las fuerzas de choque representadas por chavistas organizados en grupos armados en defensa de la revolución y opositores; sin embargo, intuimos que por esta vía los costos son importantes.

Finalmente, la coyuntura política que define nuestro presente en estos inicios de siglo ofrece la singularidad de un regreso al militarismo, el mismo que el país había retirado del poder por cuarenta años¹⁸⁴, se hace presente con la fuerza y el impulso que le otorga la Constitución de 1999 a través de su “participación activa en el desarrollo nacional”; de allí que los militares están en el discurso y en la gestión gubernamental; constituyen el fundamento y los cimientos sobre los que se erige y cristaliza el proyecto de la Quinta República¹⁸⁵. Sus acciones dentro de la gestión pública han estado sujetas a la decisión presidencial y su desempeño se ha realizado en diferentes esferas de la vida nacional¹⁸⁶.

La presencia militar se ha reafirmado progresivamente¹⁸⁷, facilitada por las acciones de protesta social ocurridas en los primeros años de la gestión gubernamental, lo que ha llevado a una dependencia mayor del estamento militar y a una manifestación distintiva de sus representantes en la dinámica general del país.

En la actualidad los militares ocupan once gobernaciones de estado como resultado de las elecciones de diciembre 2012¹⁸⁸. Su responsabilidad en importantes espacios de poder político y económico los sitúa en un lugar preponderante y de ascendencia sobre decisiones trascendentes para los destinos de la nación, también sobre su “vida política” se cierne la sombra oscura de la corrupción, un secreto a voces del cual los venezolanos tenemos conocimiento.

Para cerrar esta sección referida a la coyuntura sociopolítica hemos elegido parte de las expresiones de Sesto¹⁸⁹ que, paradójicamente, fueron formuladas en cuestionamiento a la situación que dio origen al cambio de modelo sociopolítico en el país a partir del año 1999. Diecisiete años después, su vigencia es sobrecogedora, lastimosamente porque hoy la crisis supera a la de ese momento y, por ende, es mayor la intensidad del reclamo:

¿Quiénes nos condujeron hasta este punto? ¿[Quiénes] fueron los que organizaron este desastre social y económico? ¿Qué grupos influyentes apoyaron a [este gobierno]? ¿Qué intelectuales lo consintieron? ¿En qué lujos y frivolidades se solazaban mientras el país se iba deslizando por una cuesta interminable? …¹⁹⁰.

Para abrir el bucle que puede dar continuidad a las reflexiones iniciadas aquí, solo queremos apuntar que en este tránsito hemos querido colocar el acento sobre las distinciones de especificidad e identidad de Venezuela y del ser venezolano, y la forma como en el primer decenio del siglo XXI ambos adquieren singularidad respeto a otros momentos históricos de nuestro acontecer. Esto lo decimos, a sabiendas de que el tiempo transcurrido, los cinco años que nos separan del periodo examinado, nos ha llevado a experimentar nuevos cambios respecto a los descritos en este texto; lamentablemente no todos ellos con repercusiones positivas para el país y sus habitantes. Empero, esencialmente queremos subrayar que es la comprensión de los procesos vividos la que nos ayuda en la construcción de nuestro presente y en la planificación del porvenir.