Dónde quiero que estudien mis hijos/as: caracterización de la oferta educativa y sus niveles de demanda en Chile

Where I want my children to study: characterization of the educational offer and its levels of demand in Chile

Uno de los debates clave que ha enfrentado la política social de los últimos 30 años es cuál debiese ser el rol del Estado respecto de la provisión, aseguramiento y regulación del sistema educativo, incógnita que se acentúa en contextos altamente segregados como el chileno. Las brechas de inequidad social plasmadas en este sistema escolar alcanzan índices muy elevados, destacando incluso a nivel internacional (Duk y Murillo, 2019; Willms, 2010). Al respecto, diversas investigaciones han evidenciado cómo la segregación escolar afecta notoriamente las proyecciones y oportunidades educativas entre niños, niñas y adolescentes de diferentes sectores sociales (Cal, Otero y Méndez, 2019; Treviño et al., 2018; Valenzuela, Bellei y Ríos, 2014; Villalobos y Valenzuela, 2012).

Dichos efectos han lastrado notoriamente la capacidad del sistema escolar para mixturar tanto los espacios como las oportunidades educativas. Por lo demás, los problemas de cierre social y desbalance en las composiciones socioeconómicas del estudiantado son intensificados por la práctica de selección escolar. Este filtro de admisión, privilegio de la administración privada, no tan solo sirve para controlar la homogeneidad académica de los grupos, sino también reproducir características de origen, estratificando a las familias más vulnerables.

Estas prácticas se extienden desde la reforma neoliberal de los años 80’, cuando el sector privado irrumpió en el campo educativo amparado en los principios de libertad de enseñanza, libre elección educativa y cuasimercado. En este contexto, el Estado pasó de ser garante del derecho educativo a subsidiario de su provisión, entidad que vela por el cumplimiento de las reglas sin intervenir directamente sobre las instituciones. Con ello, rápidamente la oferta educativa se polarizó, formando tipologías de colegios sobre la base de los atributos sociales, económicos y culturales del segmento poblacional al que se atendía. Los sectores medios y bajos se ubicaron en la opción pública, mientras los grupos con mayores recursos acudían mayoritariamente a establecimientos particulares, ya fueran subvencionados o pagados (Valenzuela et al., 2014).

Con el transcurso de los años, la segregación educativa y el cierre social fueron creciendo. Pese a los intentos por mitigar el perjuicio que ello significaba para el sistema en su conjunto (Vivaldi, 2018), ya se habían erigido en obstáculos para la equidad social, económica y educativa (Etcheberrigaray, Lagos, Cornejo, Albornoz y Fernández, 2017).

A la instalación de un sistema de financiamiento de subsidio a la demanda según matrículas se sumó, en la década del 90’, la modalidad de financiamiento compartido o copago. Con esto, parte significativa de la oferta privada pudo iniciar el cobro a las familias por vía de matrículas y mensualidades además de recibir subvención del Estado. Lo que en el papel parecía una alternativa para focalizar recursos económicos hacia sectores vulnerables, acabó siendo una oportunidad de lucro para un grupo significativo de colegios privados (Elacqua, Martínez y Santos, 2011), además de acrecentar la segmentación debido a la migración de estudiantes de clase media.

Tales externalidades de funcionamiento no hubiesen calado tan profundo en el sistema de no ser por el trato holgado que se dio a los privados, en especial una organización de mercado que veía con buenos ojos la competencia, la elección parental y la selección escolar. Chile es un evidente caso de los efectos colaterales que tiene apoyar el desmesurado crecimiento del sector privado en educación (Madero y Madero, 2012; Sisto, 2019), más aún cuando se otorga tanta relevancia a la potestad de elección (Vivanco, 2007).

Considerar las preferencias de padres y madres respecto a dónde quieren que estudien sus hijos/as se ha transformado en otro pilar del sistema. Bajo el reconocimiento a este derecho, los colegios operaron recibiendo o controlando su demanda según administración y público al que atendieran. Múltiples evidencias de investigación han dado cuenta que la elección escolar está influenciada no solo por criterios prácticos (cercanía al hogar, costos de traslado o tiempo de viaje), sino también por características de prestigio, estatus y capital cultural atribuidos al colegio (Berends, 2015; Chumacero, Gómez y Paredes, 2011; Hernández y Raczynki, 2015; Kimelberg y Billingham, 2013; Possey-Maddox, 2014). Como era de esperar, la escuela pública progresivamente sufrió mermas en sus niveles de demanda al no poder competir ni adaptarse a diversos perfiles, volviéndose un plan b para quienes no querían o no podían migrar (Bellei, 2018).

Con todo, la oferta privada subvencionada fue la que de mejor forma se adaptó a las condiciones de operación instaladas por la mercantilización del servicio educativo. No tan solo crecieron y expandieron su radio de influencia, sino que también alcanzaron posiciones significativas en la deseabilidad de padres y madres. La representación social del colegio privado se caracterizó por ofrecer un lugar que era eficiente, seguro y de calidad, escenario opuesto al percibido en los públicos (Chumacero y Paredes, 2012; Elacqua, Schneider y Buckley, 2006; Hernández y Raczynski, 2015).

No fue hasta el año 2009, luego de una continua presión social por cambios al sistema, que la agenda política aceptó como prioridad corregir las características de equidad, admisión y lucro en el campo educativo. El movimiento de secundarios del año 2006 - la llamada “revolución pingüina” - exigió al Estado reducir, cuando no erradicar, las brechas de diferenciación educativa en el país. Con el advenimiento de una serie de leyes y modificaciones al marco legal que regula la provisión de educación, entre los años 2009 y 2015 se intervino el lucro, el copago y la selección escolar, así como la necesidad de una renovada escuela pública (Bellei, 2018; Fardella y Sisto, 2015; Stromquist y Sanyal, 2013).

Como parte de estas reformas, desde el año 2016 se pone en marcha el Sistema de Admisión Escolar (SAE), parte de la Ley de Inclusión Escolar que pretende reformar las condiciones de pertinencia, equidad y relevancia con que opera el sistema. El SAE concentra la totalidad de vacantes ofrecidas por los establecimientos que reciben financiamiento del Estado, ya sean públicos o privados, disponiéndolas en una plataforma virtual donde padres y madres escogen según prioridades dónde quieren matricular a su hijo/a.

El SAE se constituye en un sistema de admisión único, centralizado y transparente, donde todos los establecimientos compiten bajo las mismas condiciones, por lo que la disputa actual giraría en torno a la capacidad para modelar la demanda en un contexto de alta segmentación y adscripción según niveles de prestigio percibido en la oferta.

En tal contexto, el objetivo de este artículo es analizar los resultados del proceso de admisión escolar 2018, perfilando la oferta educativa en términos de demanda general, primeras preferencias, asignación de vacantes y tasas de rechazo. Atendiendo a este propósito investigativo, se construyen índices estadísticos que tipifican la oferta y demanda con ocasión de la puesta en marcha del nuevo sistema de admisión escolar, que a partir de 2018 comienza a implementarse en todo el territorio nacional con excepción de la Región Metropolitana.

Desde su entrada en vigencia el año 2016, el Sistema de Admisión Escolar se constituye en el mecanismo único de regulación al ingreso y movilidad de la matrícula escolar en establecimientos financiados por el Estado. En su versión 2018, fase que contemplaba a todos los establecimientos del país con excepción de los ubicados en la Región Metropolitana, el SAE proveyó un total de 522.416 vacantes. La gran mayoría de la matrícula ofertada se concentra en los ciclos de educación básica y pre-básica (74,8%); un tercio del total corresponde a vacantes para quienes dan inicio a su trayectoria en la educación formal (30,4%).

Tabla 1
Distribución de la oferta según nivel y tipología de establecimiento (N= 522.416).

Como reportan los datos de la Tabla 1, la mayor parte de la oferta institucional es de carácter gratuita (88,9%), especialmente bajo administración pública (60,3%). Por su parte, los colegios privados con niveles de copago sobre los $50.000 mensuales por concepto de arancel representan un reducido 4,8% del total de vacantes.

Al descomponer la distribución de vacantes por nivel de enseñanza sobre la base de tipologías de establecimiento, encontramos que el sector público es el mayor oferente de cupos disponibles, siendo particularmente relevante en el ciclo de enseñanza básica (65,1%). La institución pública, aun siendo mayoritaria, pierde protagonismo en el segmento de pre-básica, concentrando el 53,8% de las vacantes ofrecidas para este nivel; esto es, 11,3 puntos porcentuales menos de la participación exhibida a nivel de enseñanza básica (65,1%).

Por su parte, el sector particular concentra 2 de cada 5 vacantes ofrecidas (39,7%), exhibiendo una significativa mayor participación en el nivel preescolar (46,2%), mismo segmento donde se registra la mayor presencia de copago. A nivel general, tan solo 1 de cada 10 vacantes son de régimen de financiamiento compartido (11,0%), observándose la mayor concentración de esta modalidad en el nivel preescolar (15,6%).

Tabla 2
Distribución de la oferta y demanda según tipología de establecimientos.

El sistema de admisión para el año 2018 ofrece un total de 522.416 vacantes para un total de 274.990 postulantes, exhibiendo una sobreoferta al disponer de casi 2 cupos por postulante (1,89). Los postulantes registran cerca de un millar de elecciones (N=934.378), concentrándose mayoritariamente en el sector particular subvencionado (61%), administración históricamente predilecta de los electores educativos.

La escuela pública registra tan solo un 36% del total de postulaciones efectuadas en el SAE, observándose tantas postulaciones como cupos ofrecidos (1,06 postulaciones por vacante). Bajo índice de demanda que derivaría en una dificultad para completar sus cupos de matrícula efectiva, en particular si consideramos que el gran número de estas postulaciones no son en primera preferencia. En efecto, del total de postulantes que tienen dentro de su set elecciones la oferta pública (N=186.366), solo un 57,5% lo hace en primera preferencia, mientras un 32,2% de los postulantes no registra ninguna elección en el sector público.

Estas cifras distan significativamente de las observadas en la oferta particular subvencionada, donde el 82,1% de los postulantes contempla dentro de su set de elecciones a este segmento. El ratio de postulaciones en el sector particular subvencionado es de 2,9 por vacante ofrecida, sobredemanda de particular magnitud en los niveles de copago bajo y sobre los $50.000, con ratios de 4,9 y 5,6 postulaciones por vacante ofrecida respectivamente. La distribución de vacantes es ostensiblemente más reducida en los establecimientos con menor copago, concentrando entre un 6,2% y 4,8% de los cupos ofrecidos según sea la magnitud de este, pese a ello, reciben 1 de cada 3 postulaciones (32,1%).

El sistema de admisión organiza el set de elecciones con base en las preferencias del postulante. En este sentido, el análisis de las primeras preferencias reporta el nivel de adhesión que tienen las diferentes unidades educativas entre padres, madres y apoderados/as. A este respecto, los datos reportan una alta adscripción de postulaciones hacia el sector particular subvencionado, concentrando el 61% las primeras preferencias; interés que se mantiene a pesar de la exigencia de copago. Cerca de un tercio de las postulaciones en primera preferencia (29,6%) son hacia colegios de esta tipología.

Mientras los colegios públicos exhiben un reducido número de postulaciones y demandas en primera preferencia en relación a la cantidad de cupos disponibles, la situación expuesta por parte del sector particular subvencionado es diametralmente opuesta. Por cada vacante disponible en el sector público se registra 0,34 postulaciones en primera preferencia, mientras la contraparte privada muestra 0,81, siendo especialmente elevados entre los particulares subvencionados con copago, con ratios que transitan entre el 1,31 y las 1,54 postulaciones en primera preferencia por cupo ofrecido según sea la tipología de financiamiento compartido.

Tabla 3
Configuración de la oferta según nivel de demanda y asignación (%).

La Tabla 3 estructura la oferta disponible con base a la tipología de establecimiento y sus niveles de demanda y asignación de vacantes a fin de configurar el stock de la matrícula al interior del sistema en razón de las preferencias de los electores educativos. Al analizar la tabla se observan relevantes diferencias en cada una de las dimensiones, sea demanda general (IDG), demanda en primera preferencia (IDPP e IDPV), asignación cruda de vacantes (IAV) y asignación efectiva (IAVE), esto es, descontando al estudiante que no pudo migrar siendo asignado por continuidad en su misma unidad educativa.

A nivel de demanda general, los colegios gratuitos con independencia de la naturaleza de su administración se concentran en las tipologías de baja adhesión. Un 43,9% de los colegios públicos y un 32,5% de los colegios particulares subvencionados gratuitos son demandados en una cifra por debajo del 30% de su capacidad ofertada. Similar comportamiento se observa en las tipologías de asignación de vacantes, tanto general como efectiva, siendo particularmente baja en los establecimientos públicos. En este segmento, las categorías de asignación inferiores al .2 concentran el 50,8% de los establecimientos públicos, cifra que asciende al 53,3% al considerar la asignación efectiva, es decir, descontando a aquellos sujetos que rechazan la asignación o bien no concretan el deseo de migrar por ser asignados a su misma unidad educativa.

Panorama diametralmente opuesto exhibe la contraparte particular subvencionada, especialmente cuando consignan financiamiento compartido. Los establecimientos con copago, en una proporción superior al 80%, registran índices de demanda mayores al 2.0, esto es, exhiben al menos dos postulaciones por cada cupo ofrecido. Esta tipología de colegio se concentra también en las categorías de alta asignación tanto general como efectiva, con un 82.1% y un 71.1% respectivamente para el caso de colegios con alto nivel de copago. Como corolario del alto nivel de demanda que registra, el SAE le realiza una alta asignación por vacante ofrecida.

En la medida que el nivel de matrícula de un establecimiento depende del número de postulaciones y su orden de prioridad, resulta de interés analizar la concentración de establecimientos sobre la base de las tasas de primera preferencia (IDPP-IDPV). Prolongando la tendencia antes observada, los colegios con copago presentan alta concentración de elecciones en primeras preferencias. Sobre el 80% de los colegios con copago tienen un elector con un 50% en primeras preferencias.

Con el propósito de reducir las históricas y crecientes tasas de segregación socioeducativa sin transgredir el derecho de padres y madres a elegir el proyecto educativo de sus hijos/as, se instala en Chile un sistema unificado de regulación, transparencia y diversificación de oportunidades educativas (Departamento de Educación Pública, 2018). En su ejecución, el SAE contempla, primero, que los colegios financiados por el Estado informen sus vacantes disponibles; segundo, que la demanda organice sus preferencias; y tercero, que se asignen aleatoriamente las vacantes según prioridades.

En tal sentido, los datos reportan diferenciados perfiles de la oferta, los cuales se alinean sobre la base de atributos estructurales, particularmente en lo que refiere a configuración de su demanda general, demanda en primera preferencia, niveles de asignación y tasas de cobertura de su matrícula. En términos generales, los niveles de adscripción de la demanda tienden a reproducir el panorama de segmentación evidenciado tantas veces en Chile que diferencia a los colegios en razón de su alumnado, donde las mayores tasas e índices de preferencia se inclinan hacia determinados tipos de establecimientos, generalmente privados y de financiamiento compartido.

La experiencia del SAE, aunque incipiente, sirve de indicio para preveer una mejora en los niveles de diversificación social que, con el transcurrir del tiempo, puedan resignificar la valoración ciudadana respecto del servicio público y gratuito; situación particularmente relevante en un contexto de alta segmentación como el chileno. Hallazgos que son compartidos por investigadores como Murillo, Duk y Martínez-Garrido (2018) y Treviño et al. (2018).

Por la forma como está organizada la educación Básica, que reúne 8 niveles educativos, concentra la mayor oferta disponible (44,4%); no obstante, al controlar el número de vacantes por los grados de cada ciclo educativo, la mayor tasa de participación se constata en Pre-escolar (Pre-kinder y Kinder). Los colegios organizan su oferta para dar cabida a quienes buscan incorporarse al sistema educativo ingresando a Pre-escolar o primero básico, o bien están en transición de ciclo de la enseñanza básica a la educación media. Es en estos niveles donde se producen la mayor cantidad de vacantes y postulaciones.

Por otra parte, debido a la tendencia de las familias a permanecer en sus unidades educativas por fidelidad o apego, el stock disponible en los niveles intermedios es acotado (López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales, 2014). La menor disponibilidad de vacantes en los cursos intermedios refleja la capacidad del establecimiento para retener a su alumnado, a través de la construcción de un sentido de pertenencia hacia la comunidad educativa. Los electores adhieren a un colegio no tan solo por su infraestructura o condiciones materiales, sino también por las experiencias que se entablan y los vínculos afectivos generados con su institución. A ello se suman los altos costos de la migración, que desincentivan la movilidad escolar en tanto involucra pérdidas de redes y readaptación a nuevos ambientes y personas. En consecuencia, el éxito de una propuesta como el SAE para contener la segmentación socioeducativa reside en su capacidad para influir sobre las elecciones parentales en el inicio de la trayectoria escolar o al cambiar de ciclo.

Al segmentar por tipología de establecimientos, la mayor proporción de vacantes se registra en las instituciones públicas (60,3%), cifra que dista significativamente de sus niveles de participación en el sistema (Tabla 1). En efecto, la escuela pública evidencia una constante y progresiva pérdida de matrícula, quedando relegada a la atención de un público homogéneo en términos de vulnerabilidad socioeconómica, un plan b para quienes no quieren o no han podido sumarse a un establecimiento privado (Bellei, 2018), sea o no con pago asociado.

Esta pérdida de matrícula genera en la escuela pública un mayor stock de oferta disponible y más capacidad ociosa, es decir, amplia infraestructura pero pocos estudiantes. Dado el modelo de financiamiento de subvención por alumno, donde la matrícula da sustentabilidad económica incluso a los establecimientos públicos, los colegios ven en el SAE la posibilidad de contener su sostenido despoblamiento y consiguiente escasez de recursos, a través de maximizar su oferta a los límites reglamentarios de 45 alumnos/as por sala.

A ello se suma que una mayor cantidad de matrícula brinda mejores perspectivas económicas al establecimiento. En efecto, el modelo de financiamiento mediante subvención, donde los fondos siguen a los alumnos, hace que los colegios no tan solo compitan por matrícula, sino también busquen operar a máxima capacidad, derivando en un sobrestock de oferta disponible. En tal panorama, las condiciones de educabilidad al disponer de un menor número de alumnos por sala, en especial en espacios de convivencia deteriorada, es un factor que pierde relevancia en la composición de la matrícula con el actual modelo de financiamiento.

La pérdida de prestigio social que evidencia la escuela pública se observa en su reducido nivel de demanda. Más del 60% de esta se inclina por la oferta privada, e inclusive 1 de cada 3 padres, madres o apoderados (32,2%) no realiza ninguna elección en el sector público. El sostenido despoblamiento de la educación pública la convierte en opción de una demanda específica, particularmente vinculada a los sectores más vulnerables, quienes hacen su elección por motivos prácticos, económicos, de accesibilidad o disponibilidad de información, constituyéndose en la mayoría de los casos en un elector de única opción, y su set de preferencias es más acotado, circunscrito a un tipo específico de colegio.

En términos de elecciones, históricamente los sectores más acomodados se han beneficiado con el modelo de school choice que operaba anterior al SAE al disponer de más y mejor información, así como un mayor capital cultural para hacer uso de ella (Carrasco, Gutiérrez y Flores, 2017; Cucchiara, 2013; Lareau y Goyette, 2014; Orfield y Frankenberg, 2013; Reardon y Owens, 2014). No es que las familias más vulnerables al momento de definir sus elecciones educativas no otorguen relevancia a los atributos académicos del establecimiento, pues dentro de estos grupos también existen grandes diferencias en la valoración que tienen y hacen de la educación; más bien, su set de opciones es más restringido, por lo que determinados tipos de colegio quedan fuera de su panorama decisional (Córdoba, 2014).

Al momento de ajustar la demanda sobre la base de la oferta disponible, la predilección por colegios privados se torna más evidente. En términos de demanda general y primera preferencia, son los que obtienen mayor adscripción, específicamente los de financiamiento compartido. La existencia del copago, junto con inhibir la adhesión a este tipo de colegios al encarecer los costos asociados al servicio educativo, profundiza la segmentación al constituirse en opción preferente de los sectores medios, relegando a los grupos más vulnerables a una educación gratuita percibida más precaria y limitada.

El financiamiento compartido, que en su génesis tenía por finalidad incrementar la inversión por alumno y el compromiso parental educativo, en la práctica acrecentó la desigualdad del sistema; su permanencia, bajo la lógica del SAE, estaría cumpliendo la misma función que la proscrita selección escolar. La existencia del copago limita la capacidad del SAE en su ideal por mixturizar al alumnado dentro de las unidades educativas. En primer lugar, restringe la capacidad de elección de los sectores más vulnerables al no poder solventar los costos de arancel y matrícula de este tipo de colegios, haciendo de la inclusión pretendida algo más simbólico que real, o cuando menos de alcance limitado. Por otro lado, contribuye al deseo de distinción de grandes sectores medios en la búsqueda de cierre y ascenso social, distanciándose de aquellos alumnos catalogados como indeseados (Canales, Bellei y Orellana, 2016; Santos y Elacqua, 2016), así como de colegios que se perciben con problemas de seguridad, convivencia deteriorada y donde los aprendizajes parecen no mejorar con el tiempo (Dirección de Educación Pública, 2018).

La permanencia del financiamiento compartido no hace sino perpetuar una modalidad específica de selección escolar al mantener las barreras de acceso a determinado tipo de colegios. Situación particularmente compleja en un sistema donde las falencias educativas y bajos niveles de logro correlacionan con el capital económico y social del alumnado, generalmente vinculada a la oferta gratuita y pública. Además, la labor pedagógica en este sector enfrenta un serio deterioro en aspectos como cobertura curricular, gestión administrativa, condiciones de educabilidad y clima áulico (Catalán y Santelices, 2014; Madero y Madero, 2012).

Otro de los puntos clave en el análisis de la oferta SAE es la incongruencia entre los volúmenes de vacantes disponibles, demanda y asignaciones, tanto brutas como efectivas (Tabla 3). Las dificultades que evidencian los establecimientos para completar sus cupos disponibles, especialmente públicos, es expresión de la tendencia a maximizar matrícula según permitan infraestructura y regulaciones vigentes. Así mismo, aunque esta tesis resulte controversial, sería manifestación de un sobrestock de establecimientos y vacantes, situación particularmente preocupante en un contexto donde el número de hijos por familia se reduce y las tasas de cobertura son prácticamente universales.

Los colegios particulares subvencionados, en especial de copago, son los que registran mejores niveles de asignación, correlato de la deseabilidad que tienen para una demanda que los vincula con adecuados niveles de rendimiento, programas educativos y seguridad (Hernández y Raczynski, 2015; Rich y Jennings, 2015). Por su parte, los colegios públicos no tan solo exhiben una capacidad ociosa en infraestructura, sino que también menores índices de asignación y mayores tasas de rechazo. En estos escenarios no tan solo la labor pedagógica se hace más compleja al considerar los contextos de vulnerabilidad donde se realiza, sino que además deben enfrentar un progresivo déficit presupuestario por la sostenida pérdida de matrícula.

Mientras persista un modelo de financiamiento de subsidio a la demanda, los colegios estarán obligados a competir por matrícula en condiciones desiguales y, aquellos peor posicionados, verán en riesgo su continuidad por falta de sostenibilidad económica. Desde su instalación, el modelo de financiamiento ha fortalecido las prácticas de selección escolar entre privados, en tanto alumnos/as de mejores condiciones socioeconómicas tienden a destacar en sus indicadores de asistencia, retención y éxito escolar, lo que tributa a su prestigio, matrícula y valoración social (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2010). Junto a ello, colegios particulares subvencionados han debido cerrar por déficit de matrícula, dejando a la deriva a su alumnado; mientras instituciones públicas subsisten gracias a permanentes y complementarias transferencias desde el presupuesto fiscal.

El sistema de admisión escolar busca conciliar oferta y demanda mediante un mecanismo único, centralizado y transparente. Si bien sus resultados son provisorios, dan cuenta de dificultades para alcanzar la anhelada inclusión escolar. La oferta educativa posee disímiles atributos de deseabilidad y prestigio entre la ciudadanía, los cuales alinean los niveles de demanda.

Existe cierto consenso que los buenos indicadores de calidad que exhiben los colegios, y que influencian la elección parental, están relacionados con las características socioeconómicas de origen del alumnado, los cuales podrían mutar en el mediano plazo bajo la actual política de asignación. La mixturización del aula tiene la virtud de homogeneizar los indicadores de desempeño y condiciones de educabilidad y, como efecto añadido, mejorar las actitudes y percepciones que padres y madres tienen hacia determinado tipo de colegios.

Tal como opera el SAE en la actualidad, las vacantes disponibles son informadas unilateralmente por los establecimientos bajo criterios de maximizar su matrícula o controlar su profundo déficit, lo que dado los disímiles niveles de demanda entre establecimientos pone en riesgo la continuidad y sostenibilidad económica de los menos competitivos. Por ello, una vez instalado el sistema de admisión escolar, se hace necesario incorporar determinados ajustes que equilibren los niveles de matrícula para garantizar el funcionamiento institucional. Una propuesta a explorar sería disponer de una oferta de cupos regulados por criterios técnicos, donde no tan solo participen los establecimientos, sino también administraciones estatales de carácter local.

Por otro lado, la continuidad del modelo de financiamiento que subsidia a una demanda desregulada, como también la mantención de prácticas de financiamiento compartido, pospone los beneficios de inclusión escolar del SAE. Mientras los fondos sigan a los alumnos/as, los colegios se verán obligados a competir por matrícula y maximizar sus cupos con los conocidos desequilibrios según su tipología y población atendida. No es tan solo que el nuevo sistema de admisión requiera ajustes en sus relaciones de oferta-demanda, sino que bajo los requerimientos actuales se hace necesario que el Estado transite desde la simple subsidiariedad hacia un rol de garante, administrador y sostenedor del derecho educativo.

El cobro a las familias perpetúa la segregación socioescolar al coartar la participación de determinado perfil de alumnos/as en cualquier institución del sistema. En la medida que la educación financiada por el Estado no migre a la plena gratuidad, no tan solo se pone en entredicho el ideario del SAE, sino que además se fortalece el concepto de educación como bien de consumo, donde el Estado asume un rol meramente subsidiario.

No obstante, cabe hacer presente que el SAE es una política reciente y gradual de la agenda pro inclusión. En razón del cambio estructural que pretendía al regular la oferta educativa y elecciones parentales, al año 2018 aún no contemplaba todo el territorio nacional, excluyendo a la Región Metropolitana que concentra alrededor del 40% de la población escolar. En consecuencia, se precisarán nuevos estudios que den seguimiento y analicen al SAE como política nacional, sus impactos sobre el sistema educativo y la mixturización socioeconómica y cultural de las aulas en diferentes territorios y contextos.

Un sistema educativo de acceso igualitario debiera proscribir prácticas de segmentación como el copago, asegurar un financiamiento contextualizado a las necesidades del territorio y regular las vacantes de los oferentes y el consagrado derecho a la libre elección. Esta facultad parental no debe entrar en conflicto con el rol del Estado de garante del bien común, por cuanto se encuentra subordinada a la igualdad de oportunidades de admisión. En el escenario ideal, los cupos tenderían al equilibrio por cuanto los colegios que participan del SAE ofrecerían un número de vacantes proporcional a su capacidad óptima de atención, velando por la entrega de un servicio no circunscrito a características sociales, económicas ni académicas del alumnado. Panorama hipotético que, al tender hacia la homogenización de las características de calidad y admisión entre colegios, relevaría aspectos prácticos de la elección parental educativa, como la cercanía territorial o tiempo de desplazamiento desde el hogar. En la medida que el SAE logre acercarse a este escenario, fortalecerá el acceso justo e igualitario a cualquier tipo de colegio para cualquier tipo de alumno/a.