(In)justicia socio espacial en los barrios populares coproducidos de la cuenca Matanza Riachuelo

Socio-spatial (In)Justice in the Co-Produced Popular Neighborhoods in the Matanza Riachuelo Basin

María Verónica Moya Camba mv.moya@alumnos.upm.es

Universidad Politécnica de Madrid, España

Eva Álvarez de Andrés eva.alvarez@upm.es

Universidad Politécnica de Madrid, España

El proceso conocido como urbanización de la pobreza se está posicionando como uno de los desafíos más significativos del siglo XXI, dado el contexto de escasez de recursos y la proyección de una población urbana que alcanzará aproximadamente el 66% en el año 2050 (Acevedo et al., 2021). En este sentido, la Agenda 2030 propone la meta “11.1: de aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales” (Naciones Unidas, 2015). En América Latina, 113 millones de personas viven en asentamientos auto producidos (“Nueva Agenda Urbana”, 2017). En Argentina, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) cinco millones de personas habitan los 5.687 barrios populares del país. A pesar de que el déficit de vivienda de 3.5 millones (Secretaría de Vivienda, 2019) revela una deuda pendiente con amplios sectores de la sociedad, esa deuda es mucho más acuciante y grave para con aquellos que ocupan las posiciones más desfavorables en la estructura social (Di Virgilio et al., 2019).

Aunque existe un consenso relativo sobre las características de los asentamientos humanos informales, las definiciones exactas de los asentamientos “informales” - “formales” y la frontera entre ellos siguen siendo confusas (Durand Lasserve y Royston, 2002). La informalidad tiende a asociarse con un problema del uso de la tierra y, por lo tanto, a menudo se maneja a través de intentos de restaurar el orden en el paisaje urbano o de llevarlo al redil de los mercados formales (Roy, 2005). Sin embargo, es una forma de entender la informalidad desde el status quo y, por lo tanto, es la forma de quienes deciden y gestionan el territorio. Un determinado barrio con características particulares relacionadas con la tenencia de la tierra, la planificación urbana y la vivienda podría considerarse formal o informal, según el contexto local y las interpretaciones de la autoridad pública (Durand Lasserve y Royston, 2002). Más aún, existe una tendencia a pasar por alto la importancia de las relaciones y de los juegos de poder entre los actores urbanos que definen y redefinen cada vez más los límites entre lo aceptable y lo no aceptable, lo legal y lo no tan legal (Herrle y Fokdal, 2011).

Basile y Ehlenz (2020) rescatan la posición de los académicos poscoloniales que explican a la informalidad como un compendio de prácticas y operaciones urbanas, que operan fuera de las políticas impuestas y los modelos económicos establecidos. En este sentido, conforman un modo de urbanización distinto, descartando así las caracterizaciones dicotómicas sobre la materia. Así, la denominada informalidad no es sólo la presencia de los pobres ni la ausencia de ley (Varley, 2013). La informalidad se convierte en una cuestión política, relacionada con la posición que ocupan las comunidades de bajos ingresos en el espacio físico y socio-político, y su relación por tanto con las estructuras de poder (Álvarez de Andrés et al., 2019).

Jacob (2019) destaca que prácticas como la autoconstrucción y la coproducción del espacio se han venido dando en Latinoamérica durante al menos las últimas cinco décadas, debido a la incapacidad del Estado y el mercado para resolver las necesidades de la población. En esta línea, la Conferencia Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana en la Declaración de Quito sobre Ciudades Sostenibles y Asentamientos Humanos para Todos (“Nueva Agenda Urbana”, 2017) sugiere a la coproducción como una praxis fundamental para generar ciudades más inclusivas y con mejores condiciones de vida. Un barrio que se autoconstruye a partir de los saberes y experiencias tradicionales de los propios pobladores, para lograr satisfacer sus necesidades de habitar, es lo que se denomina barrio popular autoconstruido (Zuluaga Giraldo y Grisales Vargas, 2018). Sin embargo, en la medida en que se incorporan al proceso diferentes actores y conocimientos, se convierte en una práctica de coproducción (Watson, 2014). La coproducción del espacio se trata de un proceso colaborativo, silencioso y prolongado en el tiempo que, se sugiere, podría ser una forma de innovar en las transformaciones urbanas (Alfaro d’Alençon et al., 2018). Además, conforma una herramienta poderosa en la medida que desafía y resiste frente a la idea de ciudad moderna de los planificadores y políticos (Zapata Campos et al., 2022).

Definir a los barrios populares coproducidos como territorios de pobreza no sólo da origen a políticas públicas para los gobiernos (Abufhele, 2019), sino que los coloca en una posición donde para mejorar sus condiciones, dependen de los favores otorgados a cambio de apoyo político, en lugar de ser una cuestión de derecho (Devas, 2001). En este sentido, Goetz (2016) señala que estas técnicas paternalistas y disciplinarias tienen como objetivo la manipulación del comportamiento, el control social y una reducción de las responsabilidades del Estado en relación a una población estigmatizada. Cuando estos espacios coproducidos son (o amenazan con volverse) componentes permanentes del paisaje urbano, los discursos para descalificarlos se intensifican. Bourdieu sostiene que:

El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a los que lo rodean y quienes, a su vez, lo degradan simbólicamente ya que, desprovistos de todos los elementos necesarios para participar en los distintos juegos sociales, no comparten sino su común excomulgación (Bourdieu, 1993, p. 261).

Asignar etiquetas simbólicas que la sociedad vincula con el menosprecio afecta de manera negativa la situación social de los descalificados, sus oportunidades e impiden que éstos ejerzan de manera plena sus derechos políticos (Zuluaga Giraldo y Grisales Vargas, 2018). Así, independientemente de si los sujetos se identifican o no con tal identidad, residir en un barrio popular coproducido los habilita como objetivo de determinado tipo de política (Abufhele, 2019) que tiende a desempoderarlos y a excluirlos.

El Estado, a través de sus políticas, programas e intervenciones territorializadas, constituye un importante motor de diferenciación socioterritorial, habilitando o limitando las posibilidades efectivas de las familias para responder a sus exigencias de la vida cotidiana. El resultado de estas relaciones entre la producción de desigualdades y las políticas públicas es una secuencia de encuentros y desencuentros entre las intervenciones estatales, sus beneficiarios y los efectos de estas intervenciones sobre el territorio y la sociedad. Álvarez de Andrés et al. (2015), ponen de manifiesto la falta de neutralidad en las intervenciones llevadas a cabo por las administraciones locales, a menudo condicionadas por otros intereses, como pueden ser las posibles plusvalías generadas por estos barrios informales, lo que lleva a promover procesos de desalojo para la formalización de los mismos. En esta línea, Goetz (2016) destaca que un abandono prolongado por parte del Estado puede generar no sólo una justificación para la demolición y relocalización de los habitantes de los barrios coproducidos, sino que reduce, además, la probabilidad de oposición por parte de los mismos habitantes y de la opinión pública hacia un proyecto de renovación urbana.

Las estructuras espaciales son, en este sentido, la expresión palpable de las relaciones de poder y desigualdad que construyen y reproducen las estructuras y jerarquías del mundo social (Marcos y Mera, 2021). Un grupo que carece de poder político y financiero es el menos probable que prevalezca dentro del sistema de toma de decisiones (Marcuse et al., 2009) y gran parte de una ciudad puede ignorar las regulaciones de planificación y el Estado puede ignorar sus propias leyes cuando lo considere conveniente, pero solo ciertos reclamos se consideran ilegítimos (Roy, 2011).

En este marco, la propuesta de Fraser (2012) resulta de interés para analizar las tres esferas de la justicia. En primer lugar, si las jerarquías institucionalizadas de valores culturales son las que vetan la posibilidad de interactuar en términos de paridad, las personas padecen de una desigualdad de estatus o ausencia de reconocimiento. En segundo lugar, las personas pueden verse impedidas a participar, ya que las estructuras económicas les niegan los recursos necesarios para vincularse con los demás como pares; en este caso, sufren de una injusticia distributiva. Finalmente, frente a reglas de decisión que les niegan la igualdad de voz y voto en las deliberaciones públicas y en la adopción de decisiones democráticas, los afectados sufren de una injusticia política o representación fallida (Fraser, 2008). El campo de lo político en este sentido proporciona el escenario en el que se desarrollan las luchas por el reconocimiento y las distribuciones. Aquí se establecen los criterios de pertenencia social y, por lo tanto, se determina quién cuenta con el reconocimiento y legitimidad para ser considerado como miembro. En esta línea Marcuse et al. (2009) proponen que para revertir la tendencia actual que excluye la justicia social de los objetivos de la política urbana, es necesario cambiar estas estructuras, para que así las demandas de equidad ya no sean marginadas. Appadurai destaca la necesidad de:

una política de reconocimiento desde abajo en la cual la condición de pobreza pase de la abyección a la subjetivación ... convirtiendo los sitios de vergüenza en dramas de inclusión y permitiendo a los pobres abrirse paso hacia la esfera pública y a la ciudadanía visible. (Appadurai, 2001).

Desde este posicionamiento, en este trabajo se propone analizar en qué medida las políticas públicas implementadas en los barrios populares coproducidos sobre la cuenca hidrográfica Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2016 y 2019, han contribuido o no a promover la justicia socioespacial según la teoría crítica de Fraser (2008).

El artículo se estructura como sigue: primero, presentación del método; segundo, análisis del caso; y, finalmente, resultados, discusión y conclusiones.

Para alcanzar el objetivo de analizar los factores de la justicia socioespacial en las políticas públicas aplicadas sobre los barrios populares coproducidos en la Cuenca Matanza Riachuelo (en CABA), se definen a continuación tres categorías de análisis basadas en los factores de justicia identificados por Fraser (2008).

• Reconocimiento: Capacidad de identificar intereses y necesidades que le son propias (Moreno Crossley, 2021) y que convierten al individuo en un sujeto de derechos con participación en los espacios de decisiones (representación) y en prácticas distributivas (redistribución). En la matriz de análisis se evalúa el reconocimiento a través de una variable dicotómica: ausencia o sustancial.

• Redistribución: Prácticas y políticas que contribuyen al acceso sinérgico y equitativo a bienes materiales (vivienda) -V-; necesidades y características socioculturales (servicios sociales) -SD-; servicios domiciliarios -SS-; servicios urbanos -SU- y dominio -D-. La misma se evalúa según tres condiciones: ausencia, limitada y sustancial.

• Representación: Capacidad de participación equitativa de todos los actores, y en particular de los afectados, en los espacios de toma de decisiones de los procesos que les afectan. Implica una capacidad de construir redes y espacios productivos y críticos, propiciando el aprendizaje entre agentes e instituciones y no una simple transferencia de necesidades (Lange Valdés, 2018). Se interpreta la representación a través de una variable dicotómica: ausencia o sustancial.

Dichas categorías se han sintetizado en la Figura 1 y se han aplicado de manera sistemática sobre el caso de estudio en dos etapas: punto de origen (previa propuesta política, anterior a 2016); propuesta política estatal; y consecuencias (2016-2019). Esto ha permitido extraer las conclusiones.

Figura 1
Esquema de diseño metodológico.
Fuente: Elaboración propia.

La investigación se ha llevado a cabo en tres fases: recogida de información sistemática, procesado de la información y extracción de conclusiones. Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos de análisis y técnicas de recolección de datos según las diferentes etapas y preguntas de investigación.

En lo que a recogida de información se refiere, se ha realizado una indagación sobre la situación de los 13 barrios populares coproducidos, con la revisión normativa en tres escalas:

1. 1. Sobre el territorio nacional: Ley n.º 26168 (2006), Resolución 1270 (2008), Resolución 1030 (2010), Decreto 358 (2017): Registro Nacional de Barrios Populares, Ley n.º 27453 (2018): régimen de integración urbana y regularización dominial (2018) y el Decreto 819 (2019): reglamentación Ley RENABAP (2019).
2. 2. Sobre la Provincia de Buenos Aires: Ley n.º 13642 (2007) y Ley n.º 14449 de acceso justo al hábitat (2013).
3. 3. Sobre la jurisdicción de CABA: Ordenanza 39753 (1984), Ordenanza 44873 (1991) y Ley n.º 2217 (2006).

En adición, se trabajó con fuentes secundarias muy diversas, desde informes de gestión de distintos organismos, entre ellos: RENABAP (2022), Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [ CESBA] (2018), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento [CIPPEC] (2023), BID (Acevedo et al., 2021), TECHO Argentina (2016), Defensoría del Pueblo (Bonfiglio y Márquez, s. f.), publicados entre el 2016-2023. Además, se analizaron trabajos académicos y 28 publicaciones en diarios o periódicos de tirada nacional (La Nación, Clarín y Página 12). Finalmente, se construyó un registro de la población que vive en los barrios populares coproducidos de la Cuenca Matanza Riachuelo a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y de los resultados del RAI (Relevamiento de Asentamientos Informales) realizado por TECHO Argentina y publicados en el año 2016. Resulta de interés destacar que la falta de información pública constituye una de las limitaciones más importantes. La ausencia de informes estatales indicando las etapas previstas y avances de obra, condiciona la evaluación de la política en tanto no hay parámetro para contrastar con lo percibido en el territorio.

En lo que concierne a la selección justificada del caso de estudio, este trabajo partió de un primer análisis de los barrios coproducidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde reside el 7,2% de la población urbana de Argentina (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). De los 42 barrios populares coproducidos (TECHO Argentina, 2016), se identificaron aquellos que se encontraban afectados por un Plan en vigor en el periodo 2016-2019. Finalmente, para este artículo se seleccionaron, de los 13 que conforman la cuenca de Matanza-Riachuelo, los seis barrios, afectados por el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, denominado Plan Ambiental (Figura 2).

Figura 2
Barrios populares coproducidos de la Cuenca Matanza Riachuelo afectados por el Plan Ambiental.
Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de TECHO Argentina, 2016.

Estos seis barrios (Villa 21-24, Lujan, Villa 26, Lamadrid, El Pueblito y Agustín Magaldi) contaban con un total de 15.785 familias distribuidas en barrios de hasta 500 familias (escala pequeña a mediana) y un barrio de más de 1.501 familias (escala macro). Estos barrios populares coproducidos son objeto de un proceso de relocalización que será analizado a lo largo del documento.

Seguidamente se presenta el análisis de los casos, para finalmente pasar a la extracción de conclusiones.

A continuación, se desarrolla un resumen del origen de los barrios populares coproducidos en Argentina como marco contextual del caso de estudio. Luego se describe la situación de partida (2016) de los seis barrios coproducidos y, finalmente, se presenta el plan ambiental y sus consecuencias (2016-2019).

Presentación de la situación de partida

El caso abordado comprende seis barrios populares coproducidos: Villas 21-24, Lujan, Villa 26, Lamadrid, El Pueblito y Agustín Magaldi, ubicados sobre los márgenes de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo (Figura 3). Esta cuenca, según el informe Blacksmith Institute (2007) es de las áreas urbanas con mayor contaminación de la Argentina y se estima que se encuentra entre las 30 áreas más contaminadas del mundo (Ryan et al., 2017). La cuenca posee una superficie aproximada de 2.400 km², con un ancho medio de 35 km² y una longitud de aproximadamente 75 km². El área de influencia incluye a 14 municipios provinciales (las Comunas 4, 7, 8 y 9 de CABA) y cuenta con alrededor de 11 mil industrias y cinco millones de habitantes (Ryan et al., 2017). En particular, se observa que la ocupación se intensifica en la denominada cuenca baja, donde se concentran los residuos industriales y la proliferación de basurales ilegales. En el marco de este escenario, quienes más sufren las repercusiones de esta degradación ambiental son los menos favorecidos de la sociedad, que frente a la imposibilidad de acceder a una vivienda formal, autoconstruyen sus viviendas en los terrenos costeros (Basile y Ehlenz, 2020).

Figura 3
Área afectada por el Plan Ambiental en CABA.
Fuente: Elaboración propia en base a ReNaBaP.

Los barrios populares coproducidos del caso de estudio cuentan con una fuerte estructura organizativa que surge a partir de la cooperación entre los vecinos. Esta cooperación entre vecinos y otros actores urbanos ha permitido que coproduzcan las soluciones de infraestructura en los servicios domiciliarios y urbanos. Dentro de los barrios, el 45% no tiene conexión eléctrica a red pública de manera formal, la obtiene a partir de conexiones ilegales. Además, un 80% no tiene conexión a excretas y el 100% de los barrios no tiene acceso al agua a través de la red pública. En cuanto a los servicios urbanos, si bien se encuentran cubiertos en más del 56% por el Estado, más de un 20% son suplidos por acciones de los vecinos. En el 60% los equipamientos se encuentran a 1 km de distancia y el 17% cuenta con equipamiento deportivo dentro del barrio. Sin embargo, los hospitales y la comisaría son servicios que se encuentran hasta tres kilómetros desde las villas. Finalmente, en cuanto a la calidad de la vivienda autoconstruida, el 78% presenta materiales resistentes en techos y pisos, sin embargo, no cuentan con terminaciones. Existe hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto) en un 60% de las villas y un 40% presenta hacinamiento no crítico (dos a tres personas por cuarto). Por último, el 89% de las familias no cuenta con ningún tipo de documento que dé seguridad en la tenencia.

Para brindar una primera aproximación al análisis de reconocimiento, redistribución y representación aplicado al caso de estudio, en la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos para las dos etapas: Punto de inicio 2016, Plan Ambiental y sus consecuencias (2016-2019).

Tabla 1
Resultados - Plan ambiental sobre los barrios populares coproducidos de la cuenca Matanza Riachuelo.

Fuente: Elaboración propia.

Reconocimiento: El análisis arrojó que la cooperación y organización entre los vecinos ha desempeñado un papel fundamental en la historia de los barrios populares auto-construidos y en la lucha por un reconocimiento de la sociedad y del mercado. En este sentido, cuando logran que el Estado reconozca sus derechos, este lo hace a partir de políticas habitacionales que dejan fuera al 91% de la Villa 21-24 y a las familias que no fueron censadas en el año 2010. Esta situación sugiere que el Estado no reconoce a las familias como sujetos de derecho, sino que más bien las estigmatiza a partir de una valoración negativa de las cualidades de las viviendas y del contexto inmediato en el que lograron dar solución a su problema habitacional.

Redistribución: El plan sólo aborda en detalle la provisión de 1.837 viviendas, que corresponde al 96% de la población de los barrios: Lujan, Villa 26, Lamadrid, El Pueblito y Agustín Magaldi; y al 9% de la población de la Villa 21-24. Se destaca que sólo mediante la estrategia de relocalización las familias acceden a la posibilidad de una vivienda propia, aunque las condiciones sean poco claras, las ubicaciones inciertas, los tiempos desconocidos y no haya certeza sobre la propiedad del suelo. En este sentido, existe una distancia que no es puesta en valor, entre las decisiones políticas, la implementación de las mismas y una falta de participación y de consulta de quienes viven en los barrios. Estas condicionantes se vuelven fundamentales frente a escenarios críticos como lo son el de 9.155 familias que viven, según la última actualización del ReNaBaP, en los seis barrios populares coproducidos de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Representación: La denominada mesa de participación no cumplió con un rol informativo, ni consultivo, ni mucho menos colaborativo con decisiones vinculantes. Las relocalizaciones se realizaron muchas veces de manera individual, o en pequeños grupos bajo términos poco equitativos a partir del desempoderamiento de una comunidad estigmatizada.

Esta investigación ha analizado las tres esferas de justicia identificadas por Fraser (2008), donde se ha demostrado lo siguiente:

1. 1. Ausencia de reconocimiento por parte del Estado: Las familias han auto-construido sus viviendas y auto-gestionado su acceso a los servicios a partir de redes de apoyo mutuo. El Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo data del 2008. Pasados diez años, los vecinos han sido testigos de promesas estatales inconclusas y partícipes de un reclamo por reconocimiento constante. La cooperación y organización entre los vecinos ha desempeñado un papel fundamental en la historia de resistencia y en los reclamos actuales de justicia socio espacial: “Hace 40 años que vivo en la villa, y todos los días me pregunto cuándo dejaremos de ser ciudadanos de segunda, con servicios de cuarta […] con una lista de promesas incumplidas que crece año a año” (Spinetta, 2017a, 2017b). Mientras pocas familias son relocalizadas (y en procesos lentos y poco claros), las familias de la Villa 21-24 que no son afectadas por la orden judicial (63.000 personas) no presentan ningún tipo de plan o acción gubernamental para abordar los problemas existentes. En este sentido, se destaca la posición del defensor general del Ministerio Público de la Ciudad: “El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio” (Himitian, 2019).
2. 2. Ausencia de redistribución: A pesar de que las familias han invertido décadas de esfuerzos para proveerse el acceso a una vivienda y servicios, esto no ha sido suficiente para acabar con las condiciones de precariedad de los barrios, ni para lograr el reconocimiento de sus capacidades y esfuerzos por parte de las instituciones. De un total de 15.785 familias que en el año 2016 residían en el área, sólo se reconoce al 12% de las familias con una vivienda dentro de la jurisdicción de CABA. Por otro lado, la información sobre quiénes son estos 1.837 afectados por el plan de relocalización es poco claro e impide proyectar adecuadamente las trayectorias de vida de los afectados: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra” (Spinetta, 2017a, 2017b). A esta situación se suman los antecedentes de los procesos anteriores, donde no sólo se desdoblaron barrios, sino que se los reubicó en otras comunas, alejados de su red de contactos y área de influencia laboral:

   Las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones (Ayuso, 2017).

3. 3. Finalmente, se considera que la propuesta del denominado plan ambiental, busca solucionar de manera puntual una problemática ambiental establecida, pero sin reconocer las dificultades redistributivas que enfrentan los barrios populares coproducidos del área.
4. 4. Ausencia de representación: A partir de la movilización social de los habitantes de los barrios populares coproducidos, el gobierno se vio forzado a abrir espacios de diálogo. Sin embargo, se destaca que, pese a existir mesas de trabajo, los afectados no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones ni se les informa sobre los procesos en curso:

   Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda (Ayuso, 2017).

   Por otro lado, en ninguno de los casos, las familias fueron consultadas sobre las tipologías de las viviendas, características constructivas, preferencia de ubicación o condiciones de financiación: “A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos” (Ayuso, 2017). Del mismo modo, tampoco participaron en los procesos de adjudicación de las obras, ni accedieron a información sobre los proyectos técnicos asociados. La propuesta de redistribución de gobierno se ha ejecutado independientemente de la presencia o ausencia de la mesa de participación de los vecinos. En este sentido, un escenario con ausencia de reconocimiento y representación ha anulado cualquier posibilidad de cambio en la respuesta redistributiva.

En el contexto de una creciente escasez de recursos y una proyección de que la población urbana mundial alcanzará el 66% para el año 2050 (Acevedo et al., 2021), el fenómeno conocido como urbanización de la pobreza se perfila, si aún no lo es, como uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. En América Latina, 113 millones de personas viven en asentamientos auto producidos (“Nueva Agenda Urbana”, 2017). En Argentina, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, cinco millones de personas habitan los 5.687 barrios populares coproducidos. Según Rodríguez et al. (2015), existen distintas lógicas para acceder, habitar y reproducir la ciudad del Sur Global. La primera obedece a la lógica del mercado, principalmente para la obtención de ganancias. Por otro lado, la lógica del Estado que se enfoca en una racionalización de los recursos públicos y, finalmente, la lógica de la necesidad de miles de excluidos que buscan la producción de un servicio urbano fuera del mercado legal.

Este artículo aborda cómo lo informal es una cuestión política que va más allá de una imagen estigmatizadora de precariedad (Álvarez de Andrés et al., 2019), es un compendio de prácticas y operaciones urbanas funcionales que contrarrestan y traspasan las fronteras impuestas y los modelos económicos jerárquicos (Cruz, 2012). En este marco, Fraser (2012) sostiene que no es posible solventar problemas de injusticia sin antes ser capaces de distinguir cuál de las tres esferas predomina. En primer lugar, si las jerarquías institucionalizadas de valores culturales son las que les vetan la posibilidad de interactuar en términos de paridad, las personas padecen de una desigualdad de estatus o ausencia de reconocimiento. En segundo lugar, las personas pueden verse impedidas de participar, ya que las estructuras económicas les niegan los recursos necesarios para vincularse con los demás como pares (en este caso, sufren de una injusticia distributiva). Finalmente, frente a reglas de decisión que les niegan la igualdad de voz y voto en las deliberaciones públicas y en la adopción de decisiones democráticas, los afectados sufren de una injusticia política o representación fallida (Fraser, 2008).

Bajo este marco, surge la necesidad de analizar en qué medida los procesos promovidos por los distintos actores sobre los barrios populares coproducidos están promoviendo procesos de justicia socio- espaciales. En este trabajo se examinó, desde ese enfoque, la situación de los barrios en el punto de inicio y el denominado plan ambiental con sus consecuencias en seis barrios populares coproducidos de CABA entre 2016-2019, bajo el enfoque de los factores de justicia propuestos por Fraser (2008). De la información recogida y analizada a partir del marco analítico elaborado se concluye que existe:

1. 1. Ausencia de reconocimiento por parte del Estado: Las familias han coproducido su espacio a partir de redes de apoyo. Sin embargo, el Estado no reconoce a los habitantes de los barrios como sujetos de derecho, sino que más bien los estigmatiza a partir de una valoración negativa de las cualidades de las viviendas y del contexto inmediato en el que lograron dar solución a su problema habitacional.
2. 2. Ausencia de redistribución: A pesar de que las familias han invertido décadas de esfuerzos para proveerse el acceso a una vivienda y servicios, esto no ha sido suficiente para lograr el reconocimiento de sus capacidades y esfuerzos por parte de las instituciones. Se considera que la propuesta del denominado plan ambiental busca solucionar de manera puntual una problemática ambiental establecida, no así reconocer las dificultades redistributivas que enfrentan los barrios populares coproducidos del área.
3. 3. Ausencia de representación: La propuesta de redistribución del gobierno, se ha ejecutado independientemente de la presencia o ausencia de la mesa de participación de los vecinos. En este sentido, un escenario con ausencia de reconocimiento y representación ha anulado cualquier posibilidad de cambio en la respuesta redistributiva.

Aunque los resultados expuestos se derivan de casos de estudio específicos, vinculados a un contexto determinado, se pueden esperar resultados similares en casos con contextos semejantes. El artículo contribuye a mostrar que la justica socioespacial está excluida de los objetivos de la política urbana y la necesidad de que, frente a este panorama, las demandas de equidad ya no sean marginadas. En este sentido, si se busca afirmar un derecho diferente a la ciudad y si se va a construir una versión “diferente del proceso urbano”, entonces, es a través de las luchas urbanas específicas que se forjará cualquier nueva concepción (Marcuse et al., 2009).

Este artículo surge como resultado parcial de la investigación doctoral “Injusticia socio espacial urbana en el contexto del Sur Global” realizada en la Universidad Politécnica de Madrid