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Introducción

Las violencias en las escuelas comparten rasgos de lo que ocurre en otros espacios; pero también posee características particulares en espacios y con actores específicos (Zapata-Martelo & Ayala-Carrillo, 2014). Además, cada vez se reportan con mayor frecuencia casos graves de violencia en las escuelas de todos los niveles educativos.

En los escenarios educativos se presentan diferentes manifestaciones de la violencia: el bullying, la violencia entre pares, la exclusión, entre otras. Sin embargo, una de las problemáticas que en los últimos años se ha hecho visible a través de diversas investigaciones es el acoso y hostigamiento sexual en el espacio universitario. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), asumimos que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Este se expresa en conductas verbales (insultos, ofensas, apodos, amenazas, chistes, burlas, intimidación, descalificación, humillación, mensajes o llamadas inapropiadas), físicas (tocamientos, miradas, expresiones de afecto incómodas, golpes, jaloneos) o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva (libidinosa/lujuriosa) u ofensivas. De acuerdo con la misma ley, el acoso sexual se define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación o la jerarquía entre las personas (superioridad-inferioridad), hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. También comprende conductas verbales y físicas lascivas u ofensivas en relación con la sexualidad. Además, puede ser horizontal y ascendente.

Ante tales problemáticas, tanto a nivel internacional como nacional y local se pueden destacar diferentes instrumentos que, ante el reconocimiento de la existencia de prácticas de acoso y hostigamiento sexual generalmente vividas por las mujeres en el mundo, pautan las normas para asegurar la erradicación de dichos comportamientos que atentan contra la dignidad humana. Internacionalmente destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) (1994), entre muchas otras normativas internacionales. En México destacan el Código Penal Federal (Cámara de Diputados, 2016), la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley Federal del Trabajo (2015) y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Particularmente en Yucatán se cuenta con el Código Penal del Estado de Yucatán (2010) y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Yucatán (2008).

Pese a contarse con diversos instrumentos normativos que permiten tipificar y sancionar las prácticas de hostigamiento y acoso sexual en cualquier ámbito social, es importante reconocer que aún falta trabajo por desarrollar para, en primera instancia, reconocer la problemática y, posteriormente, generar acciones que aporten a la prevención, atención y sanción. Se debe reconocer que la tarea requiere de un compromiso amplio, pues como señala Buquet Corleto (2011), es un fenómeno que precisa de un abordaje complejo y provoca todo tipo de resistencias, al estar anclado en la cultura patriarcal y en las relaciones de poder que se han construido en las comunidades universitarias.

En nuestro país, diversas investigaciones desarrolladas en universidades evidencian que la violencia de género se sustenta en modelos hegemónicos de masculinidades y afecta a una gran diversidad de mujeres, al perpetuar el dominio del hombre sobre la mujer (Valls, Oliver, Sánchez Aroca, Ruiz Eugenio, & Melgar, 2007) legitimados culturalmente. Muchas de las mujeres que han vivido violencia, no la identifican como tal (Kalof, Eby, Matheson, & Kroska, 2001), ya que la han normalizado. Es decir, las experiencias de violencia por parte de las víctimas se experimentan sin comprenderla como una manifestación del poder patriarcal, convirtiéndose en un obstáculo para su reconocimiento y sanción.

Muchas víctimas no se atreven a romper el silencio por miedo a no ser tomadas en serio o no recibir apoyo por parte de la institución universitaria (Choate, 2003). El silencio es una manifestación del efecto gradual del proceso de domesticación al que se ven sometidas las mujeres. Hay que guardar silencio frente a esta dominación (Castro & Vázquez García, 2008). En palabras de Castro y Vázquez García (2008): “…ante el acoso de otros compañeros, de los profesores y de los trabajadores de la Universidad, suele ser conveniente reaccionar con extrema reserva o con franca complicidad” (p. 608).

En otros casos, los estereotipos sexistas, atribuyen a la víctima un grado de responsabilidad en la provocación de la violencia (Gross, Winslett, Roberts, & Gohm, 2006), generando culpa en las víctimas y exculpando a los hombres como resultado de creencias sociales estereotípicas. Estas creencias y circunstancias contribuyen a la perpetuación de esta problemática en los espacios universitarios (Valls et al., 2007).

Con el avance en los códigos y legislaciones que existen actualmente, se ha brindado un marco jurídico que permite el reconocimiento, ante las instancias encargadas de impartir justicia, de los actores claves (agresor, víctima, testigo, etc.), posibilitando la sanción de este tipo de conductas. Sin embargo, los propios contextos universitarios en donde hay acoso y hostigamiento dificultan la posibilidad de recurrir a la denuncia, ya sea por miedo o por creencias asociadas a la misma. Las víctimas perciben lo frágil que puede ser el proceso de denuncia, por lo tanto, es posible que mantengan en secreto algunas experiencias desagradables (Hernández Herrera, Jiménez García, & Guadarrama Tapia, 2015), burlando la ley. Es por ello que, en las escuelas y especialmente en las universidades, es medular que se cuente con un comité que vigile los casos de violencia de género en donde intervengan estudiantes, profesores, autoridades, padres con apoyo jurídico en los procesos de denuncia (Hernández Herrera et al., 2015).

La ética de la solidaridad en contraposición a la ética del silencio puede ser el camino que ayude a avanzar para la superación de dichas problemáticas. De acuerdo con Mingo y Moreno (2015), la solidaridad y los respaldos recibidos permiten transitar de la culpabilidad a la indignación y el enojo, dando fuerza para la denuncia. Esta ética hace referencia al establecimiento de un pacto solidario (Del Pino Peña & Del Pino Peña, 2007), gestor real del cambio organizacional, entre quienes comparten los ámbitos académicos, como parte fundamental de una estrategia integrada por diversas acciones tendientes a la prevención y erradicación del hostigamiento y al fomento de buenas prácticas basadas en el respeto a los derechos y la dignidad humana. En este sentido, Park, Park, Lee, y Moon (2013) proponen que estudiar el acoso sexual permite saber por qué los estudiantes no confían en los sistemas de denuncia (citado en Hernández Herrera et al., 2015). Además, nos permite ampliar la comprensión de la problemática y generar posibles rutas de investigación y acción que aseguren el avance hacia ambientes educativos libres de violencia, en sus múltiples manifestaciones.

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia cuyo objetivo es describir la situación de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), con la finalidad de generar una propuesta de prevención, atención y sanción ante la presencia de dichas problemáticas que sea en beneficio de la población estudiantil universitaria. Particularmente este artículo se centra en responder los siguientes objetivos específicos: analizar la respuesta de los y las estudiantes ante la vivencia de hostigamiento y acoso sexual, e identificar las razones para no denunciar, y, en caso de haberlo hecho, describir la calidad del servicio recibido por parte de la autoridad universitaria.

Método

La metodología se desarrolló en dos fases, las cuales se describen a continuación.

Fase 1

En esta fase, la metodología fue de corte cuantitativo, exploratorio y transversal a través de una encuesta en línea (http://www.bhasta.org), cuyo objetivo fue generar conocimiento sólidamente fundamentado respecto a la magnitud e impacto de la violencia en el ámbito escolar, con énfasis en el acoso y el hostigamiento sexual. El grupo académico Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur fue responsable del diseño del cuestionario, así como de la organización y manipulación de los resultados de dicha aplicación.

El cuestionario está integrado por cuatro secciones. La primera recoge los datos socio-demográficos del estudiante; la segunda comprende 16 preguntas sobre la cultura con perspectiva de género donde el estudiante debe manifestar su acuerdo o desacuerdo con dichos cuestionamientos. La tercera sección, integrada por seis afirmaciones, explora si los y las estudiantes conocen diferentes legislaciones o acciones de capacitación en materia de perspectiva de género. Finalmente, la cuarta sección explora, a través de 20 preguntas, las vivencias escolares de acoso u hostigamiento, los actores involucrados, las acciones tomadas al respecto y la atención recibida por parte de las autoridades ante la denuncia. El cuestionario tiene una validez de contenido en tanto que los aspectos medidos en la prueba se relacionen directamente con el tema en cuestión (López & Molgado Ramos, 2007). Para cada una de las tres categorías evaluadas (cultura, conocimientos específicos sobre perspectiva de género y vivencias sobre acoso laboral) se elaboraron una serie de ítems que pasaron por un jueceo con la intención de asegurarse que miden lo que desean medir.

Los participantes encuestados fueron una muestra intencional de 2.070 estudiantes de licenciatura y posgrado —43,2% hombres y 56,8% mujeres— de las diversas facultades de la Uady, durante el período mayo-junio de 2015. Se empleó el software estadístico SPSS para generar los resultados de las encuestas, los cuales fueron utilizados para el análisis estadístico de tipo descriptivo.

Para el levantamiento de la información se emplearon diversas estrategias: (1) se invitó a los estudiantes de manera abierta a responder la encuesta en línea, en el medio que tuvieran a su alcance (laptop, celular, tableta); (2) envío de correos masivos a los estudiantes con la invitación a responder esta encuesta en línea, además de informar de qué se trataba y cuál es la importancia del tema y de su participación; y (3) se les solicitó apoyo a profesores para invitar a sus grupos de clases, de manera más comprometida, al llenado de la encuesta en el espacio que el estudiante deseara.

Fase 2

Para la realización de la segunda fase, la metodología utilizada fue de corte cualitativo fenomenológico y pretendió profundizar en el conocimiento y comprensión de las experiencias, relaciones y las condiciones que generan el acoso y el hostigamiento sexual, como formas de violencia escolar.

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista en profundidad, la entrevista estructurada y los grupos focales. Las entrevistas en profundidad se desarrollaron para recoger información de mujeres y hombres estudiantes que han vivido alguna experiencia de acoso y/u hostigamiento sexual. Las entrevistas estructuradas se llevaron a cabo con directores(as) en algunas de las dependencias universitarias. El objetivo fue analizar las actitudes de dicho grupo ante la presencia de acoso y/u hostigamiento sexual, así como la identificación de las medidas y obstáculos de prevención, atención y sanción del acoso y/u hostigamiento sexual. Finalmente, los grupos focales se desarrollaron con la participación de las personas representantes de las diferentes dependencias universitarias quienes forman parte del Proyecto Institucional para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Uady y el objetivo fue el mismo que se tuvo con el personal directivo.

En las entrevistas en profundidad participaron tres mujeres y un hombre, estudiantes de la Uady quienes compartieron, voluntariamente, una experiencia de acoso y/u hostigamiento sexual vivida en su trayectoria en la universidad. La invitación a compartir sus experiencias se realizó a través de carteles y mensajes en redes sociales. Además, en la propia encuesta se incluía una dirección de correo electrónico a la cual podían escribir los interesados en participar en una entrevista. En cuanto al personal directivo, participaron en las entrevistas estructuradas 17 personas de diferentes dependencias como: derecho, contaduría y administración, psicología, matemáticas, unidad académica de bachillerato, química, veterinaria, centro regional de investigación, educación, la responsable de proyectos estratégicos de la universidad y la coordinadora del Proyecto Institucional para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Uady. Finalmente, se administraron dos grupos focales. El primero contó con la participación de cinco representantes y el segundo con la participación de siete representantes.

Esta metodología no pretendió un número exacto de entrevistas, relatos y grupos representativos de cada dependencia, sino obtener un muestreo teórico (Strauss & Corbin, 2002; Taylor & Bogdan, 1996). Es decir, se procedió a la composición de una muestra opinática, que se refiere a una muestra creada a partir de la posibilidad de producir narrativas con personas que reúnan las características de interés para los fines de esta investigación. El número de narrativas producidas se determinó a partir de lo que se conoce como punto de saturación teórica, que es el momento aquel en que la información recabada no aporta elementos nuevos para la comprensión del fenómeno estudiado (Strauss & Corbin, 2002). Para el de análisis e interpretación de las narrativas de directivos y representantes, se sistematizaron y analizaron los datos cualitativos obtenidos con base en la propuesta de Rodríguez Gómez, Gil Flores, y García Jiménez (1999) que contempla tres grandes operaciones: la reducción de datos, la disposición y transformación de datos y, finalmente, la obtención y verificación de conclusiones.

Consideraciones éticas

La investigación fue evaluada y aprobada por el Comité Interno de Investigación en Psicología de Facultad de Psicología en la cual laboramos, con fecha del 30 de junio de 2015. Todos los nombres han sido cambiados con la finalidad de asegurar la confidencialidad. Para atender los casos de las personas participantes que vivieron acoso u hostigamiento interesadas en seguir un proceso psicológico y/o jurídico a través de una Unidad de Atención a Víctimas, se estableció una ruta crítica estándar parte de la universidad. Cabe señalar que ninguno de los estudiantes que vivieron acoso u hostigamiento manifestó requerir algún apoyo psicológico o legal.

Resultados

Los resultados se exponen en tres apartados: situación vivida y apoyo, razones para la no denuncia y atención recibida. El primero de ellos se centra en analizar a quién recurrieron los y las estudiantes ante la vivencia de HAS. En el segundo se describen las razones de la falta de denuncia ante la experiencia de HAS vivida. Finalmente, en el tercer apartado se analiza el tipo de atención recibida ante la denuncia por parte de los y las estudiantes. En dichos apartados, se integran los resultados obtenidos tanto con las técnicas cuantitativas como cualitativas.

Situación vivida y apoyo

De los 2.070 participantes, 691 estudiantes señalaron haber vivido algún evento de HAS, es decir, el 33,38% del total de quienes participaron, de los cuales el 61,79% son mujeres (427) y el 32,7%, hombres (226). Esto último da cuenta de que quienes más han manifestado haber vivido situaciones de HAS son las mujeres. Es importante señalar que fueron 1.149 los eventos de HAS vividos por el estudiantado, se podría decir que en promedio se vivieron dos eventos de HAS por cada una de las personas que lo reportó. En la tabla 1 se describe la distribución de las situaciones de HAS vividas, en frecuencias y porcentajes totales y por sexo. Como se puede notar las situaciones más comunes son: “Miradas morbosas o gestos sugestivos que te incomoden” (33,94%), seguida de “Exposición a carteles, calendarios o pantallas de computadora o de teléfono celular con imágenes de naturaleza sexual que te incomoden” (18,79%). De esos reportes, el 78% de los casos fue acoso y el 22% hostigamiento. Es decir, los eventos de HAS son más comunes entre compañeros y compañeras.

De ese total de eventos el 40% (457) de ellos fueron silenciados, es decir, quienes lo vivieron tomaron la decisión de no contárselo a nadie. El 60% (692) de los eventos restante es la sumatoria de los otros caminos tomados: el 37% (427) de los eventos solo se compartió con sus amistades, el 11% (126) se socializó con sus familiares y el 12% (139) de los eventos fueron reportados a una autoridad universitaria, es decir, quienes los vivieron eligieron denunciarlo por dicha vía. En este sentido, se cita un testimonio de una estudiante entrevistada quien recurrió a una amiga para recibir apoyo:

…al momento de que se lo comenté a mi compañera sí sentí como que tenía una cómplice que me entendía en el salón de clases o que, por ejemplo, si de repente veía que él me buscaba en un momento como para conversar o que se había sentado al lado de mí, ella llegaba y “Ay, ¿me puedo sentar acá, que no sé qué, tengo qué…”. Entonces como que sí era esa cómplice, para que uuf pasara…, y todo obviamente de una manera muy discreta, muy natural, ella como si no estuviera al tanto de la situación (entrevista a Daniela, el día 8 de octubre de 2015).

Por su parte, la mayoría de las autoridades entrevistadas señalan haber escuchado casos de acoso u hostigamiento presentes en la universidad. Sin embargo, afirman que las medidas tomadas para la atención de la víctima y la sanción de quien cometió dicha práctica de violencia, han sido arbitrarias; pues no existe un mecanismo o ruta establecida para ello. En algunas ocasiones se ha recurrido al abogado general de la institución y en otras, se ha atendido con las autoridades de la dependencia, sin trascender a nivel institucional.

Razones para la no denuncia

De los 1.149 eventos de HAS, únicamente el 12% (139) de los eventos fueron denunciados, el restante 88% (1,010) de los eventos no fue denunciado. Sobre las razones para hacerlo, el 59% (592) consideró el evento como algo sin importancia; 10% (106) mencionó que no sabía que era una conducta que podía denunciar; 10% (106) fueron eventos que no se denunciaron por vergüenza; 7% (73) de los eventos no fueron denunciados por no confiar en las autoridades para hacerlo; y 5% (53) no fueron denunciados por miedo. Además, en el 6% (64) de los eventos no se mencionó razón alguna por la cual no fueron denunciados (ver tabla 2).

En las entrevistas, los(as) estudiantes participantes sí manifestaron cierto temor. Una participante lo manifestó ante la posibilidad de que la persona quien la violentó hiciera algo en su contra. Los demás participantes manifestaron miedo ante la posibilidad de acudir con una autoridad y que esta no pudiera apoyar y dar una respuesta a estos hechos. En este sentido, comentan dos participantes:

…o sea, obviamente tenía como que la intención de comentárselo a alguna autoridad escolar, pero al mismo tiempo tenía el miedo de que se vayan a tomar represalias de manera muy directa con él y que él supiera que yo había sido la que lo reportó o que fui la que ocasionó que lo mandaran a llamar, porque de cierta manera yo sentía que era la única que estaba molestando ¿no?, a lo mejor molestaba a muchas más en ese momento (entrevista a Daniela, el día 8 de octubre de 2015).

Mi postura es de rechazo ante estas situaciones, a veces (o casi siempre) no podemos (¿queremos?) reaccionar ante estas situaciones por miedo, porque no hay nadie para apoyarnos, porque es una realidad que pensamos que si reaccionamos nos puede ir peor, al no haber alguien más con nosotras o alguien alrededor que se anime a apoyarnos (entrevista a Elina, el día 4 de febrero de 2016).

Atención recibida

En la tabla 3, se describe la HAS vivida y cómo fue la atención recibida.

Fueron 139 personas quienes denunciaron el evento a las autoridades, es decir, el 12% del total de quienes vivieron alguna experiencia de acoso u hostigamiento. De estas, el 32% señala haber recibido una buena atención, 21% indica haber recibido orientación, 44% indica que las autoridades no hicieron nada y el 3% señala que recibió humillación.

Aunque no existe una unidad académica o administrativa para la recepción de denuncias o una ruta crítica a seguir para tal fin, el 32% señala haber recibido una buena atención. En este sentido, una participante entrevistada señala:

…un día me acuerdo de tener a un hombre viéndome muy fijamente y seguirme con la mirada cada vez que me veía, la verdad no recuerdo si me dijo algo (que creo que sí, porque algo fue lo que detonó mi enojo y me hizo denunciarlo), pero sentí horrible no... Les dije a mis amigas, muy enojada, lo que había pasado (las cosas que me había dicho el tipo, que fui a la dirección y que me habían dicho que harían algo), me contestaron que ojalá hicieran algo al respecto y qué bueno que había ido a reportarlo. … La secretaria que me atendió hasta me dijo que le enseñara quién había sido. Me sentí escuchada, valorada y cuidada (entrevista a Elina, el día 4 de febrero de 2016).

Es importante resaltar que casi la mitad de quienes realizaron una denuncia señalan que finalmente no se hizo nada (el 44%), es decir, que no se tomaron medidas para la sanción de la persona responsable, ni medidas para la reparación del daño en la víctima. Esta situación evidencia la necesidad de contar con mecanismos institucionales que aseguren una vida universitaria en un ambiente libre de violencia, brindado las medidas necesarias para su atención y sanción.

Propuestas

Los y las participantes entrevistados destacan diferentes acciones o mecanismos que consideran que la universidad debe asumir. Algunos de ellos son: apoyar a la persona que vivió la situación; conocer el testimonio de las partes involucradas; que los y las docentes se capaciten en conocimiento del marco legal; abrir espacios de intercambio de experiencias; llevar un registro de situaciones de acoso u hostigamiento; que el agresor retribuya con alguna actividad social o en beneficio de algo; supervisar los espacios de servicio social, residencias o prácticas; que existan guías de responsabilidades de los y las estudiantes cuando realicen alguna actividad académica fuera de la universidad; y por último, mencionan la necesidad de que exista un espacio donde se ofrezca apoyo psicológico. Estas fueron las opiniones de tres participantes:

… creo que también sería bueno tomar esos datos de la facultad para llevar un registro de qué grados de acosamiento hay. Entonces abrir un espacio, porque por ejemplo yo, jamás me hubiera imaginado que hubiera acoso en la facultad después de ser víctima de acoso porque cuando era víctima de acoso no estaba consciente de eso, hasta después ¿no?, y…, y como que esos mismos espacios de campaña promocionen acercarte a narrar estas situaciones para que se pueda tener un ambiente universitario más controlado, pero sobre todo más seguro (entrevista a Daniela, el día 8 de octubre de 2015).

El de apoyar a las(los) alumnas(os) que sean acosados u hostigados, siempre deben de investigar los hechos, pero darle un trato especial a la persona que está denunciando esto. (Y para quien acosa, ¿propones alguna medida?). Siempre me gustó la idea de que, en lugar de castigo, se regrese algo a la persona o personas o lugares a los que se les hizo un mal o trajo un mal o trajo un mal rato. Entonces, la idea de regresar algo a la comunidad se me hace interesante cuando ya sucedió algo así. También, pues tenemos la carrera de psicología en la universidad sería bueno planear acciones al respecto con otras disciplinas que puedan contribuir a campañas, actividades, publicidad, etc.… para que cambien en algo nuestra sociedad (entrevista a Elina, el día 4 de febrero de 2016).

Me gustaría que las siguientes generaciones de médicos no pasen por esto. Me gustaría que se difunda para que cambiemos y derrotemos este monstruo… deberían visitarnos en nuestras residencias y servicios y poner orden; darnos una guía de responsabilidades y derechos, lo cual nunca se hace… (entrevista a Ricardo, el día 10 de febrero de 2016).

En la Uady, de acuerdo con lo reportado en uno de los grupos focales, el hostigamiento no tiene consecuencias de tipo legal para los victimarios, no hay una cultura para reconocer qué es el acoso y abuso sexual y mucho menos para emprender una denuncia formal. En este sentido, cuando la víctima se queja, solo hay son sanciones de tipo administrativo. En el caso de los profesores se toman medidas como ya no contratarlo o cambiarlo de dependencia. En el caso de estudiantes se recurre a la concientización. No obstante, para la víctima las consecuencias son de tipo psicológico y, en algunos casos, afecta su rendimiento escolar, sus calificaciones e, incluso, su aprobación del ciclo escolar.

Otro aspecto que destaca es la falta de consecuencias para los victimarios, sobre lo cual en un grupo focal se comenta:

En realidad, no pasa gran cosa, los acosadores siguen trabajando en la Uady, es complicado porque como las víctimas no denuncian, entonces es un secreto a voces y quizá por eso no hay sanciones.

Si el profesor por ejemplo tuvo una mala evaluación por parte de los estudiantes, eso sí lo exhibimos, pero en cuanto a un comportamiento de acoso y demás, eso no se exhibe, eso se queda guardado.

Sería bueno que el Centro de Atención a Estudiantes (CAE) sirva para algo … podrían ser una instancia de recepción de estas denuncias y quizá que ellos mismos cuenten con personal para darle seguimiento.

Respecto a la sanción, las participantes en el grupo focal consideran que se deben implementar procesos que permitan sanciones reales ante las conductas de HAS. Esas sanciones deben ser tanto para los alumnos como para maestros, directivos o administrativos que presenten este tipo de conductas. Uno de los principales problemas para que no haya sanciones hasta ahora es que no existe una instancia ni una cultura formal para la denuncia de estos casos; además del miedo que está presente por las consecuencias que pudiera tener para las victimas si denuncian. Para evitar el miedo al sancionar y tratar de ser objetivos en el manejo de este tipo de casos se propone la creación de un manual de sanciones y la formación de un comité externo a cada facultad para ser un canal de recepción de las denuncias y establecimiento de las posibles sanciones.

Discusión y conclusiones

Como se evidencia en los resultados, son las mujeres quienes más han manifestado haber vivido situaciones de HAS, lo que es reflejo de las estructuras del sistema de relaciones de género que sustentan las practicas genéricas de la Uady, que mantiene la existencia de un dominio legitimado sobre las mujeres. Pese a este panorama, es importante destacar cómo el apoyo por parte de las amistades evidencia que, en situaciones de violencia, la ética de la solidaridad está presente en tanto se manifiesta a través del respaldo recibido, subrayando la importancia de “que crean en una” (Mingo & Moreno, 2015, p. 151). Además, este apoyo puede ser interpretado como una manifestación de sororidad.

En relación con las razones de no denunciar, el considerar que “el evento es algo sin importancia”, confirma que la violencia es percibida como algo normalizado. Es decir, al ser tan común vivir situaciones de acoso u hostigamiento en la cotidianeidad, la experiencia pierde su valor como una práctica que atenta contra la integridad y los derechos fundamentales de toda persona, se le acepta sin cuestionamiento alguno. Este resultado coincide con el encontrado por Buquet, Cooper, Mingo, y Moreno (2013) en una investigación desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) en la cual la razón principal que dieron las mujeres para no tomar acción alguna ante alguna situación de hostigamiento fue: “No le di importancia” (66,7%).

Es importante reflexionar con relación a la vergüenza, considerada por el 10% de quienes participaron como una razón que limita la denuncia. De acuerdo con Deblinger y Runyon, (2005), la vergüenza aparece cuando los acontecimientos negativos se atribuyen al sí mismo, en contraposición a realizar una atribución externa. Para el caso de la violencia sexual, según los citados autores, existen varios mensajes verbales y no verbales, los que pueden inducir sentimientos de vergüenza como el hacer creer a su víctima que fue ella quien provocó el abuso por su comportamiento seductor; dejando que la víctima sienta que el abuso tiene que ver con algo que es o que hace. Lo anterior se suma al considerar que los sentimientos de vergüenza también pueden ser reforzados por el aprendizaje social y los patrones familiares transgeneracionales (Crempien & Martínez, 2010). Para el caso particular de la violencia hacia las mujeres, como parte de la reproducción del discurso patriarcal, machista y sexista frases como “…seguro ella lo provocó”, “…pero como estaba vestida”, “…seguro ella lo provocó y luego se arrepintió” son comúnmente expresadas. Esta situación pone en evidencia la necesidad de seguir generando espacios para formación y el análisis crítico de la construcción social y genérica imperante.

Adicionalmente, también es importante destacar cómo el 10% señala desconocer la posibilidad de denuncia. Esta situación da cuenta de la necesidad de generar mecanismos o estrategias educativas que promuevan en la comunidad universitaria superar la ignorancia y desarrollar acciones en pro de un ambiente universitario libre de violencia. Finalmente, las dudas hacia el papel que asumirán las autoridades universitarias por la falta de confianza que expresa el 7% de quienes participaron, encuentran coincidencia con el estudio desarrollado por Bryant y Spencer (2003) en el que el estudiantado piensa que los sistemas de gobierno de las universidades no abordan adecuadamente ni la violencia de género que se da en los campus ni los comportamientos que la fomentan, provocando la apatía o el silencio.

Algo importante es que la falta de consecuencias para los victimarios tiene que ver con la falta de evidencias para emprender una queja o una denuncia formal, eso a su vez se relaciona con el desconocimiento sobre el tema y la naturalización que se hace de las conductas de acoso y hostigamiento, ya que se ven como normales y se pasan fácilmente por alto, dando espacio al silencio o la ética de la omisión. De acuerdo con Del Pino Peña y Del Pino Peña (2007) se da lugar a un ambiente de omisión en el cual la valoración ética de los actos de hostigamiento y/o acoso, así como las garantías individuales de las víctimas, quedan suspendidas temporalmente; se trata de un espacio de excepción donde no hay valores ni principios en tanto que la permanencia institucional (a través de la calificación) está en juego.

A partir de esta experiencia, se puede dar cuenta de los obstáculos de género, políticos y socioculturales en materia de atención, sanción y prevención de la problemática HAS que existen en la universidad como son: a) un alto porcentaje de estudiantes que han vivido experiencias de HAS; b) la baja afluencia de los estudiantes a denunciar; c) la normalización de la violencia; d) la ética de la solidaridad; y e) la ética de omisión.

Es fundamental garantizar en la comunidad universitaria un ambiente libre de violencia, discriminación y hostigamiento, por razones de género, promoviendo condiciones de equidad e igualdad. Generar espacios y mecanismos de confianza y seguridad para que las personas que pasen por cualquier situación de violencia puedan exponer su situación, con el fin de cesarla de inmediato y establecer, a través de procedimientos de investigación vigentes, las responsabilidades y sanciones pertinentes. Este proceso debe estar acompañado de asesoramiento y asistencia que asegure la reparación del daño, sin excluir mecanismos previstos por las leyes.

De acuerdo con Larena Fernández y Molina Roldán (2010), después de un análisis de 20 universidades europeas y estadounidenses es importante implementar medidas para prevenir y superar la violencia de género en relación con los siguientes aspectos: para identificar situaciones de violencia de género, para incrementar el número de denuncias, para crear ambientes favorables hacia las mujeres y de solidaridad hacia la víctima, de información sobre servicios y lugares de asesoramiento, actividades de prevención y formación, servicios de atención y asesoramiento, y finalmente, el posicionamiento público de la institución universitaria como medida preventiva.

De acuerdo con diferentes protocolos —como el protocolo de actuación contra el acoso sexual y el acoso por motives de sexo, de orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la Universitat Autónoma de Barcelona (2016) y el de atención inicial a casos de violencia de género de la Universidad de Guanajuato (2016), para la denuncia es importante precisar quién puede establecer la denuncia, cómo se interpone la denuncia, cuál es el contenido de la misma, cuál es el proceso para la recepción de la denuncia y su ratificación, cómo se realiza la valoración de esta y cómo se realizan las diligencias urgentes, entre otros.

Para el caso de la Unam, la instancia responsable de coordinar y asesorar la atención y dar seguimiento de los casos de violencia de género es la oficina de la abogada general con funciones como llevar el registro de quejas y procedimientos de atención; coordinar, dar seguimiento e instruir a las instancias dependientes para atender los casos de violencia de género; coordinar la capacitación y actualización permanente; asesorar y mantener comunicación estrecha con autoridades y personal de las dependencias administrativas; vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas; coadyuvar en el establecimiento y capacitación de la figura de orientador(a) en casos de violencia de género (Oficina de la Abogada General, 2016). La Uady cuenta con un abogado general y un equipo de abogados a su cargo, quienes podrían asumir dichas funciones.

Se evidencia la necesidad de contar en las instituciones de educación superior en general, y particularmente en la Uady, con un protocolo en el cual se pueda establecer una ruta crítica en la atención e investigación con mecanismos que faciliten la denuncia como buzones electrónicos; así como un procedimiento integral que brinde atención psicológica y jurídica a la víctima, con la finalidad de asegurar la operatividad de mecanismos que permitan prevenir, investigar, sancionar y reparación a las personas afectadas por dicha problemática.

Agradecimiento

Agradecemos al Grupo Académico Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) su invitación a colaborar en un amplio proyecto desarrollado en la zona sur-sureste de México, con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

Referencias bibliográficas

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Notas de autor

^*Contacto: R. Echeverría. Calle 18ª, no. 420 entre 31d y 35 Nueva Alemán. CP 97149. Mérida Yucatán, México. Correo electrónico: rechever@correo.uady.mx

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