Narrativas de despojo y destrucción La megaminería en México a 30 años del capitalismo neoliberal

The mega-mining after 30 years neoliberal capitalism

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Pensar la minería es remitirse a la historia del saqueo ininterrumpido que ha padecido América Latina, luego de más de cinco siglos de la invasión colonial española. La generosidad de la naturaleza en estas tierras condenó a hombres y mujeres al despojo y al crimen.¹ La rapiña de la riqueza acumulada por los pueblos originarios marcó los primeros años de la colonización. La búsqueda de metales preciosos fue el aliciente para la conquista² y fungió como el motor del genocidio y la brutalidad. La llegada de los conquistadores, desde la mirada de estos pueblos, fue el arribo de un conjunto de personas desconocidas, que en cuanto tocaron tierra, comenzaron a asesinar, saquear, violar, y explotar, acompañada de la destrucción masiva de las formas de vida existentes,³ con el único objetivo de arrebatar el oro y la plata.

Esta relación de sometimiento no ha cambiado, ya que la transferencia y extracción de los minerales hacia los países del norte mantienen una similitud con el saqueo colonial, con la diferencia que hoy se realiza bajo el amparo del comercio internacional y el libre mercado,⁴ apuntalado por gobiernos nacionales y emprendidos por empresas trasnacionales. Sólo durante la primera década del siglo XXI, en México se extrajo el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista entre 1521 y 1821.⁵ El periodo colonial es clave, pues marcó el inició de un proceso histórico donde se sentaron las bases que actualmente mantiene el modelo económico: la finalidad de la minería es la acumulación de riqueza de grupos político-económicos que se han reconfigurado con el transcurso de los años, y resulta significativa a partir de la última década del siglo XX.⁶

El objetivo de este trabajo es analizar y mostrar los impactos que la neoliberalización⁷ de la minería, enmarcada en el Consenso de Washington y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha ocasionado en México a 30 años de su implementación. A partir de la investigación en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, con un enfoque cualitativo y de la perspectiva de género, así como la revisión bibliográfica y hemerográfica de casos similares en otros estados del país, es posible afirmar que la megaminería es una expresión de la fase apocalíptica del capital en su faceta más anómica, dado que desarticula y destruye toda relación de reciprocidad social, económica, ecológica y productiva, socavando profundamente las bases elementales que sostienen la vida humana y su reproducción.

Este trabajo se encuentra estructurado en cuatro apartados. En el primero se presenta la metodología utilizada. En el segundo, los elementos político-económicos del contexto mexicano que posibilitaron el auge de la minería a cielo abierto y sus consecuencias: la fortuna de los hombres más ricos del país, las numerosas concesiones mineras⁸ otorgadas al capital extranjero (principalmente de origen canadiense), entre otras. En la tercera parte se muestran sus efectos a partir del estudio de caso y de otras investigaciones similares. Finalmente se exponen algunas reflexiones a modo de conclusión.

Con un enfoque cualitativo, la metodología consta de tres partes: la primera está compuesta por el levantamiento de información en campo entre mayo y junio de 2016,⁹ en Cerro de San Pedro y la comunidad Nueva Zapatila, a unos 20 km de la capital del estado de San Luis Potosí.¹⁰ Se realizaron 29 entrevistas semiestructuradas a mujeres habitantes, ejidatarias, activistas y ex activistas involucradas en el conflicto socioambiental. Se entrevistaron únicamente mujeres, porque se buscó analizar los impactos de género ocasionados tras el asentamiento de Minera San Xavier; hecho que no había sido analizado en estudios previos en torno a este conflicto. La segunda parte consiste en la reflexión teórica realizada a partir de trabajos previos,¹¹ además de la revisión bibliográfica de casos similares. Por último, se utilizó la revisión hemerográfica de la prensa nacional e internacional, artículos periodísticos y boletines informativos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina¹² (OCMAL) para documentar el despojo minero, problemas de salud y accidentes a causa de la minería a cielo abierto, casos similares a los que ocurren en Cerro de San Pedro.

De 1945 a 1970, las formas de acumulación del capital se basaban en la plusvalía.¹³ En la década de 1980, con el modelo económico de sustitución de importaciones adoptado por el Estado mexicano y la subsecuente crisis de la deuda externa (ambos estrechamente ligados por la crisis estructural del capitalismo), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigieron que México adoptara medidas de ajuste estructural, como condición para el otorgamiento de créditos.¹⁴ Este conjunto de medidas se agruparon en el denominado Consenso de Washington (1989), que coincide con la llegada a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988, e impulsaron la apertura y liberalización de las fronteras económicas.¹⁵ Entre las reformas de política económica se encontraban: disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, liberalización financiera, privatizaciones, desregulación económica, entre otras.¹⁶ Sus promotores aseguraban que a ningún país se obligó a seguir este tipo de medidas, sin embargo, formaban parte (igual que hoy) de las condiciones que los organismos internacionales exigían para otorgar préstamos y hacer rescates financieros.¹⁷

Esta nueva etapa, marcada por la puesta en marcha del neoliberalismo como respuesta a la crisis de la década de 1970, marcó la pauta de un nuevo régimen de acumulación en los contextos de crisis de sobreacumulación¹⁸ como el actual: la acumulación por desposesión. Una nueva forma de imperialismo,¹⁹ sostenida por los pilares de la liberalización del mercado, la transformación del Estado como promotor de la doctrina neoliberal y la privatización.²⁰ En esta nueva etapa se implican diferentes fases expansivas del sistema económico y conllevan intensas dinámicas de expropiación y disputa territorial,²¹ que involucra la violación de los derechos fundamentales de los pueblos campesinos que todavía no han sido completamente integrados al capitalismo en los proceso de mundialización.²²

Enmarcado en esta refuncionalización económica mundial, tiene lugar el auge minero de la última década del siglo XX que, como señala Machado,²³ no representa un hecho aislado ni casual, sino que se convierte en una parte importante de la geopolítica del neoliberalismo, como estrategia premeditadamente impulsada desde los centros de poder mundial con el objeto de afrontar, superar y recomponer sus posiciones de dominación, claramente amenazadas en el contexto de la crisis estructural de la década de 1970.

A continuación, se revisan las reformas y modificaciones legales que permitieron la expansión de la megaminería en México. Como señalan Téllez y Sánchez Salazar, la minería fue puntal en el cambio estructural marcado por las políticas neoliberales.²⁴ La última década del siglo XX se sitúa como el periodo histórico más influyente para la minería en México. En este lapso comenzó un proceso de apertura comercial, donde se emprendieron varias reformas constitucionales, así como la nueva Ley Minera (1992), la cual siguió en su redacción el interés neoliberal de la época,²⁵ entre otros.

En el último decenio del siglo XX, la minería experimentó cuatro transfor-maciones fundamentales y estrechamente vinculadas entre sí: privatización, apertura al capital extranjero, nuevos niveles de concentración y centralización del capital, además de la modernización tecnológica.²⁶ México presentó un conjunto de ventajas formales e informales²⁷ que favorecieron para que las corporaciones mineras se apropiaran de los territorios y bienes naturales contenidos en ellos. Entre las formales se encuentran las del artículo 27 constitucional, la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera, además de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que sirvieron para dar seguridad jurídica a las inversiones privadas (nacionales y extranjeras)²⁸ y libre tránsito a las mercancías, dinero y capitales a través de las fronteras nacionales, otorgándole trato “nacional y preferente” a las de Estados Unidos y Canadá.²⁹ A la par aumentaron las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza de las personas que habitan las regiones donde se realizan estos proyectos de despojo.³⁰

Con la modificación al artículo 27 constitucional, que otorgaba al Estado la propiedad del suelo y subsuelo, se abrió la venta de las tierras agrícolas ejidales y comunales ganadas en la Revolución de 1910, pero también se reformó el derecho de la nación al usufructo de los recursos mineros.³¹ Este suceso representa un punto de quiebre material y simbólico, que definió el ingreso sin retorno del territorio nacional en un gran cambio de época: la desaparición jurídica de las tierras ejidales y comunales.³²

La Ley Minera modificó completamente la participación del Estado en la actividad extractiva y cedió el control de las reservas mineras y de los minerales que se consideraban estratégicos para el país, excepto los radiactivos.³³ Tal modificación marcó el comienzo del cambio en la legislación y la constitucionalidad nacional para una mayor participación del capital extranjero en la economía, particularmente en sectores reservados anteriormente al capital nacional.³⁴

Al pactarse el TLCAN, se lograron cambios en el marco regulatorio para afianzar el apuntalamiento de la minería, además se modificó la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas, etcétera. De esta forma, el TLCAN se convirtió en el principio fundamental del desarrollo local,³⁵ al depender de decisiones del exterior para el ordenamiento de las comunidades y localidades, excluyendo las decisiones comunitarias y propiciando flujos de inversión de empresarios privados, pues a partir de 1994, su inserción ha posibilitado justificar los cambios realizados para que las empresas trasnacionales pudieran entrar con mayores facilidades, fortaleciendo vínculos especialmente con Canadá, principal inversor minero en México.³⁶

Tanto las reformas legales como la firma del TLCAN, dispuestas por la lógica del sistema global de mercado, impulsaron la inversión privada extranjera, la construcción de megaproyectos de inversión y el crecimiento a cualquier costo, sin detenerse por un momento en la afectación de la vida de las personas, sus derechos fundamentales y el medio donde se desarrollan las comunidades en las que habitan. La proliferación de exploración y explotación minera en el país es uno de los resultados más evidentes de dichas reformas.³⁷

Estas reformas, como señala Tetreault,³⁸ han facilitado la acumulación por desposesión en dos niveles: en primer lugar, al trasladar recursos públicos al sector privado bajo la modalidad de derechos minerales y de compañías mineras estatales; y en segundo, al despojar a las comunidades campesinas e indígenas productoras en pequeña escala de los bienes naturales de la tierra y el agua para facilitar que los emporios mineros realicen sus actividades.

En los últimos años, la expansión de las empresas mineras sobre el territorio nacional ha operado con un dinamismo que no tiene precedentes.⁴⁰ Ésta se apoya en el despojo, la violencia y el empleo abusivo del poder; es decir, la acumulación del capital minero no se produce por la autorregulación inocua del mercado, sino por la arbitraria imposición de ciertas prácticas depredadoras como la entrega masiva de las concesiones mineras.⁴¹ A partir del 30 de noviembre de 1990, fecha del primer registro de un título minero, se han otorgado 33 306 títulos (vigentes y cancelados), que representan una superficie de 35 890 967 hectáreas.⁴² De éstas, y hasta julio de 2016, se encontraban vigentes 25 178 títulos de concesión que abarcan 22 039 467.5 hectáreas, lo que representa 11.24% de la superficie total nacional. La cual equivale, para dimensionar su extensión, a la superficie acumulada de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Aguascalientes y la Ciudad de México.⁴³ De ese 11.24%, la mayor parte de la superficie concesionada ha sido otorgada al capital extranjero. Fundar A.C. indica que, al cruzar bases de datos de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, en el país existen al menos 885 proyectos mineros vigentes de mayor importancia, con capital nacional y extranjero. Sólo 9.2% de estos proyectos son de capital mexicano, mientras que 65.3% corresponde a capital canadiense,⁴⁴ y 13.2% a empresas estadounidenses.⁴⁵

La expansión de los emporios mineros la enmarcamos en lo que Segato define como dueñidad⁴⁶ o señorío. Con esto, la autora se refiere a un pequeño grupo de propietarios que son dueños de la vida y de la muerte del planeta, pues la acumulación actual de riqueza no tiene precedentes. Son sujetos discrecionales y arbitrarios que ejercen un poder de tal magnitud, que convierte los ideales de democracia y república en una ficción. Esta dueñidad, es una refeudalización de inmensos territorios que lanza sus garras sobre los últimos espacios comunes del planeta. En esta fase extrema, apocalíptica y anómica⁴⁷ del capitalismo, rapiñar, desplazar, desarraigar, esclavizar y explotar al máximo, se ha convertido en la vía de acumulación del proyecto histórico del capital. Así lo señala Rita Laura Segato:

La reprimarización de la producción, la megaminería, la agricultura extractivista y el turismo extractivista son los correlatos del régimen absolutista de mercado y de la fusión del poder político con la dueñidad, de allí resulta la agresión al ser humano y a su medio en forma extrema, sin dejar más que restos a su paso. Intemperie progresiva de la vida, mercadeo de todo y reserva de seguridad exclusiva para los propietarios y controladores de los mecanismos de Estado. Radicalización del despojo, etnocidio, genocidio y conquistualidad.⁴⁸

Al beneficiarse del auge de los precios de los commodities, la vertiginosa explotación minera posibilitó el acelerado enriquecimiento de los empresarios mexicanos dedicados a estas actividades: German Larrea y Alberto Baillères.⁴⁹ En el ranking de la revista Forbes (2018), Larrea y Baillères se mantienen posicionados respectivamente como el segundo y tercer hombre más ricos del país,⁵⁰ quienes deben sus fortunas principalmente al otorgamiento de concesiones mineras por parte del Estado mexicano. Ambos se colocan por debajo de Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los principales multimillonarios del mundo, quien pese a no deber su fortuna completamente a la minería,⁵¹ es propietario de una de las cuatro empresas mineras más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso.⁵²

Además de las fortunas que han amasado al amparo de las reformas neoliberales,⁵³ se encuentra el ejercicio del poder y la impunidad bajo la que operan, que los convierte en esos sujetos arbitrarios y discrecionales de los que Segato hace mención. En el caso de Carlos Slim y Minera Frisco, se encuentra el desplazamiento de la comunidad Salaverna, en Zacatecas, debido a que el asentamiento urbano representaba un obstáculo para la extracción subterránea del yacimiento de cobre y al que las prospecciones de excavación apuntaban a generar un cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad.⁵⁴ Por otro lado, los daños y estragos causados a la población local de siete municipios en Sonora, ocasionados por el derrame de sulfato de cobre por parte de Grupo México, propiedad de Larrea, permanecen aún impunes y sin repararse.⁵⁵ Ambos ejemplos dan cuenta de la posición de superioridad y el poder de dar muerte que guarda el capital (encarnado en estos sujetos) ante el Estado y la laxitud del marco jurídico y su aplicación.

La deriva neoliberal como forma de respuesta a la crisis de sobreacumulación del capital de la década de 1970, ha permitido la instauración de una suerte de estado de excepción contra la vida misma, donde las fuerzas de expansión de los flujos financieros operan con tanta impunidad, que la realidad se torna apocalíptica y anómica. A la luz y en los hechos, la minería resultó ser un instrumento para el reposicionamiento de los centros hegemónicos del poder, donde la desigualdad social y la concentración de la riqueza se vuelven extremas⁵⁶ y ominosas, a tal grado que tienen en sus manos la vida y muerte de personas, animales, plantas y todo tipo de vida que coexisten en los territorios de interés minero.

El asentamiento de las corporaciones mineras genera dos paisajes socialmen-te distintos entre sí: las sedes y los enclaves.57 En estos últimos, los procesos extractivos han provocado alteraciones irreversibles en los territorios, transfo-maciones y reconfiguraciones culturales e identitarias,⁵⁸ destruyendo mundos de vida, patrimonios culturales y equilibrios ecológicos,⁵⁹ pues se encuentran asociados con los nuevos ciclos y procesos económicos que impactan en los medios de vida y concepciones de diversos pueblos indígenas y campesinos.⁶⁰ En suma: se produce una expropiación geográfica del territorio.⁶¹

Retomando la idea de despojo múltiple de Navarro,⁶² consideramos que la minería no solamente ha despojado a las comunidades rurales de sus territorios y bienes naturales contenidos en ellos, sino que destruye los vínculos sociales y la reciprocidad comunitaria, transforma las economías locales, altera radicalmente los flujos sociológicos humanidad/naturaleza, y refuerza las desigualdades sociales de género mientras otras se crean.

En la apropiación del territorio, los emprendimientos extranjeros no sólo desconocen las comunidades locales, sino a la sociedad nacional completa. Se apropian (aunque el medio sea vía concesiones) de una parte importante del territorio que incluye cerros, caminos, agua, flora, etcétera, de forma improductiva; mientras la extracción de los minerales que se realiza no se encuentra articulada con las necesidades de las localidades.⁶³ Esta apropiación está encaminada hacia dos puntos: el buen posicionamiento trasnacional ante la competencia por medio del monopolio de los recursos estratégicos y el control de las poblaciones sometidas y desmanteladas a partir de la privatización del agua, expulsadas de sus lugares y formas de vida, de sus referentes históricos y simbólicos.⁶⁴

Lo territorial es la principal dimensión del conflicto minero, implica cambios estructurales de las condiciones biofísicas locales y sociales y, en general, en todas las dimensiones de lo humano y lo ambiental.⁶⁵ Es el espacio por el que compiten las empresas mineras, esencialmente por contener bienes naturales explotables altamente rentables;⁶⁶ la territorialidad capitalista es la de la objetivación, en ésta se deshacen sujetos/as, individualiza, aísla para fragilizar y facilitar la apropiación. El avance del capitalismo en su paso fragmenta el camino de los/las otros/as; los/las sujetos/as son el límite real de la objetivación y la apropiación. El/la sujeto/a-comunidad; el/la sujeto/a-territorio.⁶⁷

La minería a gran escala supone la sustitución de las economías de subsistencia, como el abasto de alimentos y su producción a pequeña escala, que han alimentado a las comunidades durante varias generaciones,⁶⁸ por una economía basada en el mercado, la cual implica el desgaste o destrucción de las prácticas tradicionales esenciales para el sostenimiento de las familias.⁶⁹ Además, las actividades en que se basa la economía de subsistencia, como la agricultura de temporal o la ganadería a pequeña escala, son reemplazadas por el trabajo en la mina, ya que los espacios donde se desempeñan estas actividades, se ven restringidos o meramente suprimidos para dar paso a las infraestructuras que permiten la extracción.

[...] bueno, en aquel tiempo había dos ganados muy grandes, aquí don Chencho y otro que tenía otro señor allá. Don Tello tenía vacas, tenía animales [...] entonces ahorita ya no hay ganados por lo mismo de que ya la empresa quitó todo eso, cercó. Se acabó este ganado con todo. Ya la gente se fue a trabajar a la empresa, los que viven aquí: ¿entonces para qué tengo ganado? Cambian las cosas, entonces, ¿qué pasa? Ya no hay cabras, ya no hay animales [...] siempre nuestra alimentación era nopales, de lo que era de temporada, siempre comíamos allá y pues ahorita ya comemos otras cosas [...] pues ya comemos carne, y que salchichas, todo eso. Yo me acuerdo que de niña no comía nada de eso, si acaso una vez a la semana carne, imagínese puros nopalitos, frijoles de la olla. Me acuerdo que mi mamá ponía frijoles de la olla pos casi diario. Casi calientes con nopalitos, y ahora no, pos ya mucha gente también los compra [...] y usábamos mucho lo que eran las ratas de campo y los conejos, me acuerdo que nosotros comíamos mucho de eso, nos íbamos y las matábamos ahí entre todos.⁷⁰

En este cambio alimenticio, que supone la pérdida de soberanía alimentaria,⁷¹ ante la sustitución de los alimentos que la tierra proveía por productos manufacturados, las mujeres son cada vez más vulnerables, ya que sus roles tradicionales como recolectoras de alimentos suelen ser afectados, con lo que se destruye su papel fundamental en el sostenimiento de la vida, pues la visibilidad económica familiar depende del trabajo de la esfera pública y las actividades del hogar, por lo general se consideran como improductivas,⁷² mientras el estilo de vida de las comunidades se transforma. El problema de acceder a los bienes para el sustento debido a su contaminación o desaparición y la incompatibilidad entre las actividades de extracción y otras productivas, generan una pérdida drástica de autonomía económica para las mujeres.⁷³

Por otro lado, los impactos socioambientales de la explotación minera han sido devastadores, sin embargo, actualmente han alcanzado dimensiones insostenibles y son resultado tanto de los alcances que la minería mundial ha adquirido, como empleo de tecnologías y técnicas altamente rentables y agresivas con el ambiente. Dado que requiere el uso extensivo de territorios, así como del uso intensivo de agua, y aun cuando las minas tienen un manejo adecuado, es cotidiano que haya accidentes de diversas magnitudes.⁷⁴

De 2012 a 2014 se registraron seis grandes derrames mineros en México: 1) el derrame ocurrido en septiembre de 2012 en la mina Peña Colorada en la sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima; 2) la presa de jales que se rompió en Durango, el 20 de enero de 2013, propiedad de Mina de Bacís, que mató a cuatro personas y contaminó el Río Remedios; 3) una pipa que transportaba 16 mil litros de cianuro, se accidentó en el camino hacia la mina Mulatos, el 22 de agosto de 2013 en Sonora; 4) el desborde de la presa de jales a causa de las lluvias en la mina de oro que pertenece al Proyecto Magistral, en Durango, que derramó dos mil metros cúbicos de cianuro en un arroyo cercano; 5) el derrame sucedido el 17 de octubre de 2014 al romperse el muro de contención de la presa de jales de la mina Dos Señores, de Sinaloa, que vertió 1 800 toneladas de material tóxico a una corriente de agua que desemboca en el río Baluarte;⁷⁵ y 6) el peor desastre ambiental en la historia de la minería contemporánea. El 6 de agosto en Cananea, Sonora, la mina de cobre más grande del país, Buenavista del Cobre, explotada por Southern Copper Corporation, subsidiaria de Grupo México y propiedad de Germán Larrea, derramó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, que recorrieron 270 kilómetros por los ríos Bacanuchi y Sonora, los cuales atraviesan los municipios de Ures, Baviacora, Húepac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Banamichi; para quedar depositados finalmente en la presa Rodolfo Félix Valdez, la cual abastece de agua potable a la capital del estado.⁷⁶

Otro accidente registrado recientemente sucedió en la comunidad Cieneguita Lluvia de Oro, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua, donde el desbordamiento de un muro de contención de la presa de jales, es decir, un dique de desechos de la Minera Río Tinto, causó la muerte de tres personas trabajadoras.⁷⁷ No obstante, otras fuentes señalan que el saldo oficial fue de dos heridos y siete desaparecidos, mientras que el número de muertes era extraoficial.⁷⁸ Desde 2008, esta minera, perteneciente al grupo británico Río Tinto Plc., es la segunda empresa diversificada más grande a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales, cuyo representante en México es Carlos Ayub Touché.⁷⁹ En el caso Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, a finales de mayo de 2014, también ocurrió un derrame en las piletas de lixiviación a causa de las intensas lluvias:⁸⁰

Aquí, y yo se los puedo decir delante de la minera, hubo derrames en unas lluvias bien fuertes, estaba la carretera hasta blanca así, y se ponen todos a recoger sin el debido equipo, pero bueno. Es que Zapatilla ahí está respirando, cuando hace mucho calor así, y te da el olor a cianuro, te da el olor a almendra y díganme que no es cierto. Si acá dicen que no es cierto, es porque ni siquiera en eso se fijan. Se percibe, vas pasando y te da el olor a almendra, es el cianuro.⁸¹

La extracción de minerales implica la generación de pasivos ambientales,⁸² como la contaminación de ríos, cauces y cuerpos de agua con elementos altamente tóxicos (como el cianuro, plomo o mercurio), montañas de residuos peligrosos⁸³ para la salud, instalaciones abandonadas, la destrucción del paisaje y la pérdida de la flora y fauna, entre muchos otros. La megaminería es una actividad que excede el control humano y representa un riesgo latente y empíricamente comprobable para la vida en los territorios. Destroza los medios de subsistencia, no sólo con su operación diaria, sino con la contaminación exorbitantemente alta cuando suceden accidentes.

Sobre la afectación hacia la flora y fauna, el lado ecológico de los procesos expropiatorios representa la transferencia sistemática de bienes y servicios ambientales, expresados en el intercambio desigual de valores de uso de origen ambiental y en el flujo diferencial de intercambios energéticos implicados en las mercancías-objetos del comercio mundial.⁸⁴ Con la afectación territorial no sólo se pierde la agricultura, sino la reserva de la biodiversidad, la reserva agrícola y el reservorio de agua superficial y subterránea; se destruye la gran orgía de bienes y servicios ambientales en la que nos encontramos.⁸⁵

Se rescataron únicamente las [especies] que marcó Semarnat. Está en la norma. Son cinco cactus, en la 059,⁸⁶ son cinco especies de cactus y un dasylirion también. Entonces todas, todos los individuos de todos los tamaños, ora sí que se peinaron las zonas. Yo estuve en el rescate apoyando también, y ahí sí me consta que todas las especies se reubicaron en sitios aledaños, las protegidas. Algunas las tenemos en el vivero, y algunas, hicimos como un vivero, formamos como un jardín botánico también, y entonces eso sí me consta, ¿verdad?, porque yo estuve ahí, al menos esas cinco y el dasylirion sí fueron reubicadas [...] Las que no estaban protegidas, esas no, [esas] sí se arrastraron.⁸⁷

La megaminería no sólo genera grandes pasivos ambientales, sino que además carga una pesada mochila socioecológica.⁸⁸ La destrucción del medio biofísico implica la privación de vivir en un territorio limpio que no represente riesgos para la salud, libre de contaminación, con un paisaje visualmente agradable, que cambia drásticamente cuando las corporaciones comienzan a operar y, cuando éstas se marchan, únicamente quedan montañas de residuos tóxicos, ríos envenenados con metales pesados, socavones donde antes prosperaba la agricultura de subsistencia y las personas obtenían alimentos que el campo ofrecía: lo que dejan es un territorio intervenido por los dispositivos del saqueo.

En cuanto a los problemas de salud, la información se maneja de manera discrecional y opaca, es restringida y difícil de obtener. En Mazapil, Zacatecas, en el proyecto de Minera Peñasquito, filial subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc., se encontró la presencia de retinoblastoma en menores de edad, es decir, cáncer en los glóbulos oculares a causa de la actividad minera y muerte posterior por este padecimiento. Además de manchas en la piel, diarrea y dolencias gastrointestinales por consumo de agua, conjuntivitis, rinitis y diversas alergias.⁸⁹

En Cerro de San Pedro se han registrado muertes por cáncer en la piel e insuficiencia renal, debido a la cercanía que guarda la cabecera municipal y la comunidad Nueva Zapatilla a las instalaciones donde se realiza el proceso químico de separación de los minerales de la roca triturada.⁹⁰ En 2014, Erich Eduardo Neumann Ramírez, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la cual depende de la Secretaría de Salud, confirmó que en la comunidad Nueva Zapatilla 13 menores presentaron altos niveles de plomo en la sangre, según un estudio toxicológico del lugar hecho a 58 infantes. El funcionario también señaló que para ser permisibles los niveles de plomo en la sangre, éstos deben registrar como máximo 15 unidades, y que un especialista en toxicología, al hacer la evaluación de las pruebas, descubrió que los 13 infantes presentaron niveles por encima de las 20 unidades en la sangre.⁹¹

Ante esta realidad, se puede ver que la minería no es una actividad económica como cualquier otra, responde a un proyecto de transformación completa de la vida y la sociedad: a una biopolítica⁹² extractivista. La cual articula diversas lógicas que transforman y condicionan, de manera vertiginosa y puntualmente dirigida por actores extraterritoriales, las condiciones de vida locales, de tal suerte que casi no queda otra opción que aceptar este tipo de megaproyectos.⁹³ Esta invasión de la vida implica también las subjetividades y corporalidades, como se describe a continuación.

La dimensión social de los impactos de la gran minería presenta como constantes el engaño, la escasa o nula información y consulta social, el despojo de tierras y agua (incluidos los pagos ínfimos por la renta de cientos de hectáreas), la violación de derechos humanos, el resquebrajamiento y disolución de las relaciones comunitarias, la criminalización de los movi-mientos sociales, e incluso el asesinato y la desaparición de quienes se oponen a los proyectos de la gran minería.⁹⁴

Una de las expresiones más recurrentes en las relaciones sociales es el enfrentamiento entre las personas de la comunidad, debido a los intereses divergentes por el territorio. Por un lado, se encuentran quienes se posicionan a favor de la operación minera por los beneficios obtenidos: pago por la renta de la tierra, empleo proporcionado a las familias en las actividades de extracción o administrativas, prebendas comunitarias como el pago de fiestas patronales o premios en los concursos celebrados en este tipo de celebraciones,⁹⁵ entre otras.⁹⁶ Por el otro, las personas afectadas por la contaminación y el deterioro ambiental y aliados/as de diversos sectores, se han movilizado para defender la salud y sus medios de vida que giran en torno a los bienes naturales.⁹⁷ Estos casos de resistencia comunitaria y las organizaciones en defensa de sus proyectos de vida, se han traducido bajo el nombre de conflictos ambientales⁹⁸ en los que la respuesta de su contraparte, el Estado y las empresas privadas, como agentes públicos y privados, más allá de aminorar las amenazas, enfatizan las agresiones e impactos en materia de derechos humanos.⁹⁹

Los enfrentamientos que se suscitan entre los actores sociales presentan diversos niveles de violencia. Van desde los insultos y agresiones verbales, lesiones físicas, intimidación a partir de la destrucción de bienes, allanamiento, amenazas de muerte, hasta llegar a la privación de sus vidas. Conlleva la enemistad entre familias y el rompimiento de relaciones personales que se construyeron a lo largo de la vida. A continuación, se presentan algunos de los testimonios recogidos en las entrevistas:

A mí me golpearon la espalda con unas piedras [...] Ha sido muy difícil esos años de nosotros cuando vivía mi esposo porque salíamos a la calle, nos ofendían. A mi hijo aquí afuera gente de la minera me le dieron cuatro balazos a la camioneta, la perdió. A mi esposo trataron de matarlo, alcanzó a entrar aquí. Entonces te digo, sufrimos. A mi esposo varias veces me lo golpearon [...] Antiguamente que no estaba la minera éramos un pueblo muy unido. Que si tú te enfermabas pues todos a ver en qué podían ayudar. Todos éramos así, bien padre. Había armonía, había alegría, había respeto. Llega la minera y como dicen: separa y vencerás.¹⁰⁰

Ellos empezaron a golpear a la gente. Yo pasaba y me aventaban botellas de cervezas. Empezaron a golpear a mi papá [...] A mí no, nada más me echaron un caballo encima y me dijeron aquí traigo una pistola y te voy a matar.¹⁰¹

Hacia la casa ¿verbales hacia mí? Sí. Pero hacia la casa [también]. Por ejemplo, allí hay un tragaluz, lo rompieron; tierra por donde quiera en la cama. Para mí son agresiones: la ventana toda [rota], por eso le pusimos esa reja; a la puerta le llegaron a meter allí un tipo de pólvora a la cerradura. Digo, son presiones. Es mucho desgaste emocional, físico [...] amenazas de muerte, que actualmente todavía existen, por parte de gente que cree que el pueblo es de ellos.¹⁰²

El despojo incluye la pérdida de tranquilidad cotidiana, de los elementos que permiten llevar una vida armoniosa; el capital provoca el envilecimiento de los vínculos sociales al tornarlos hostiles y dirigidos por la ganancia económica. Esto genera un cambio en las subjetividades y corporalidades,¹⁰³ al delinear sujetos/as y condicionarles por los intereses corporativos. El despojo extractivista no se da únicamente sobre los bienes materiales, sino sobre los deseos y necesidades que construyen (a) los sujetos.¹⁰⁴ Al final, no sólo se deja un territorio contaminado, sino una profunda herida intersubjetiva.

Sin embargo, cuando las anteriores estrategias no son útiles para contener la intensidad del conflicto social, se recurre a la criminalización¹⁰⁵de la protesta como pieza clave instrumental del poder.¹⁰⁶ La estigmatización de quienes se oponen a estos emprendimientos, se lleva a cabo a partir de discursos mediáticos que les señalan y denuestan como “opositores al desarrollo” o violentos, a la par que se les persigue judicialmente y se cometen ataques contra su propia vida, llegando a materializarlo en el asesinato y feminicidio extractivista.¹⁰⁷ Como señala Acosta, las múltiples formas de violencia se configuran como un elemento consustancial de la megaminería y los extractivismos.¹⁰⁸

No obstante, la criminalización de la protesta social y la violencia perpetrada contra los movimientos socioambientales, se ejerce por parte de actores públicos y privados de manera diferencial contra hombres y mujeres: elementos de seguridad de las empresas, grupos militares, paramilitares y policía. Abarca acoso y agresiones verbales de tipo sexual, persecuciones y violaciones, incluso colectivas. Es usual en momentos de desalojos violentos, represión de protestas pacíficas y es usada para criminalizar a las mujeres defensoras.¹⁰⁹

La dimensión sexual es significativa para analizar la relación que hay entre la ocupación de los cuerpos femeninos por medio de la violación sexual y la ocupación territorial para el despojo de los bienes naturales. Son procesos que se manifiestan al mismo tiempo y que responden a las lógicas de un capitalismo neoliberal en cuya reproducción han sido esenciales las desigualdades de género, pues controlar el cuerpo de las mujeres a partir de la violencia sexual, es una manera de declarar el control del territorio de las personas colonizadas.¹¹⁰

La criminalización de las defensoras de la naturaleza ante los proyectos mineros es particular, y se manifiesta sobre las mujeres por haber transgredido la división sexual del trabajo y ocupado el espacio público, considerado históricamente como masculino. Las agresiones que sufren representan un castigo por el sistema patriarcal a esta transgresión, y tienen en sí mismas una dimensión expresiva, que además de fungir como medio para desactivar su lucha, es un mensaje hacia otras mujeres: “si lo haces, correrás la misma suerte”. Prueba de ello son los asesinatos de mujeres opositoras a los emprendimientos mineros y similares. En abril de 2010 fue asesinada Betty Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; en 2012, Fabiola Osorio,¹¹¹Juventina Villa Mójica¹¹² y Manuela Martha Solís Contreras;¹¹³ en 2013, Rocio Mesino.¹¹⁴ En enero de 2019, también por haber sido opositora a la destrucción de la naturaleza, fue asesinada Guadalupe Campanur Tapia, activista, guardabosques y participante del autogobierno de Cherán, Michoacán.¹¹⁵ Otras consecuencias marcadas por el género, no menos importantes, pero sí invisibilizadas, se describen a continuación.

De la mano del extractivismo, el sistema patriarcal sigue permeando la vida de las mujeres que en gran medida son afectadas por los emprendimientos extractivos. Los impactos sobre ellas cada vez son más evidentes y visibles. No obstante, otros son invisibilizados y afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres a la participación, a una vida libre de violencia, a la titularidad de la tierra, privada o social,¹¹⁶ a estar informadas y decidir de manera plena y consciente sobre el uso del territorio. De esta manera, el modelo extractivista se perpetúa y sostiene en buena medida gracias a un modelo patriarcal que lo sostiene y refuerza.¹¹⁷

La megaminería genera una repatriarcalización de los territorios,¹¹⁸ es decir, que el ordenamiento social de la vida marcado por el género, lo vuelve más jerárquico y las asimetrías se refuerzan y refuncionalizan, volviendo más acentuadas las existentes y creando nuevas. Las desigualdades de género provocadas se encuentran asociadas con la división sexual del trabajo y con los espacios asignados históricamente entre hombres y mujeres, las cuales sirven de apoyo para continuar con la acumulación del capital.

Las empresas mineras generan sobrecarga de trabajo para las mujeres, ya que no sólo son trabajadoras en la mina, sino que además de ser asalariadas, son las cuidadoras y reproductoras de la vida social en los hogares. En esta doble o triple jornada de trabajo, se subordinan a otras mujeres u otros seres de la desigualdad, como hijas o abuelas, para realizar estas tareas de cuidado mientras las mujeres se encuentran trabajando. En ocasiones, el cuidado se complejiza, ya que son ellas las que se encargan de cuidar a quienes padecen enfermedades terminales a causa de la minería, como insuficiencia renal; al mismo tiempo, eso les genera un costo psicológico por desgaste emocional, dado que las tareas de cuidado son regularmente extenuantes, monótonas y repetitivas, y puede provocarles depresión o angustia.¹¹⁹ La minería provoca que los roles de cuidado sigan siendo estereotipados. Esta es la acumulación por desposesión de la reproducción¹²⁰ o del tiempo femenino.

Respecto a la toma de decisiones en cuanto al uso y explotación del territorio, la posibilidad que tienen las mujeres de influir sobre los desplazamientos y el destino de la familia generalmente es limitada o nula, dado que los procesos de negociación e interlocución entre empresa y comunidades son exclusivamente masculinos.¹²¹ El uso de estructuras masculinas, como las asambleas ejidales y su operación por medio de los hombres de la comunidad, provoca una doble subordinación de las mujeres, respecto a las empresas mineras y el patriarcado dependiente.¹²²

En el caso de Cerro de San Pedro, la Minera San Xavier implementó dos estrategias para conseguir la explotación del territorio potosino. Por un lado, promovió derechos ejidales de hombres y mujeres, utilizando la asamblea ejidal (espacio generizado) y recurriendo al voto de ellas pero sin considerar sus deseos y necesidades al tener que acatar el mandato de quienes las hicieron ejidatarias. Mientras que en el desplazamiento de la comunidad La Zapatilla –propiedad privada–, los hombres de la comunidad fueron quienes establecieron el acuerdo con los representantes de la empresa para reubicar el asentamiento humano. En ambos casos, la corporación utilizó estructuras masculinas previas para lograr su objetivo.¹²³

Una situación similar sucedió en el ejido Cedros, en Mazapil, Zacatecas, donde opera la Minera Peñasquito, filial de la canadiense Gold Corp Inc.: la división sexual del trabajo permeó las estructuras del ejido donde el proceso de negociación implicó únicamente a hombres propietarios de la tierra (ejidatarios). Con el desplazamiento no sólo fueron reubicadas las mujeres sin poder decidir u objetar, sino que se alteraron sus condiciones económicas, alimentarias, de suministro y calidad del agua; las viviendas que habitaban, sus ingresos económicos y el abastecimiento de productos para la reproducción social de los hogares, al quedar privadas de sus actividades de traspatio. Además de que los roles de género estreotipados se fortalecieron, al generarse una dependencia económica total de las mujeres respecto de sus esposos, trabajadores de la mina.

Finalmente, podemos decir que después de 30 años de minería a cielo abierto y de que se hayan sentado las bases neoliberales para su despliegue, no ha generado otra cosa que un paisaje de desolación y despojo de las condiciones materiales e inmateriales de las comunidades rurales. Queda en el tintero si el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, emprenderá acciones para detener el avance de las trasnacionales mineras sobre el territorio nacional y seguir promoviendo esta actividad como “motor del desarrollo”, a costa de la destrucción y el embate en contra de las estructuras socioecológicas que mantienen el equilibrio de la vida.

La megaminería ha sido un factor determinante en la configuración de la desigualdad extrema en México, y forma parte del proyecto hegemónico emprendido por la élite dominante para mantener su posición. Si bien siempre lo ha sido, las dos últimas décadas del siglo XX fueron determinantes para apuntalar la acumulación por desposesión a partir de la minería e incorporar los territorios rurales a los circuitos financieros del capital globalizado.

Esta actividad extractiva ha logrado despojar de manera múltiple a las poblaciones rurales. Los territorios invadidos han sido intervenidos y contami-nados irreversiblemente con desechos altamente tóxicos, destruyendo las posibilidades de tener una vida digna y el acceso a fuentes de agua limpia y una alimentación sana. El extractivismo ha enfrentado a los habitantes a causa de tomar partido, al extremo de generar las expresiones más viles como asesinatos y feminicidios. En suma: se ha producido una biopolítica extractivista que ha invadido completamente la vida de sus habitantes, al grado de delinear corporalidades y subjetividades.

La megaminería es una de las expresiones de la fase anómica del capital y funge como punto de apoyo para configurar los señoríos que se expanden cada vez más en contubernio con el Estado, que sirve como garante de sus derechos corporativos y financieros, a la par que se reduce su papel de actor social. Forma parte medular de la maquinaría global del despojo que se ha volcado sobre los últimos reductos de los bienes comunes del planeta y sirve a la geopolítica global del dinero y la destrucción. Su expansión ha vuelto ficcionales los ideales de democracia y de la república en México, al operar de manera arbitraria, discrecional, alevosa y violando derechos fundamentales sin ser sancionadas.

La megaminería ha provocado una repatriarcalización de los territorios, al utilizar estructuras masculinas previas para lograr su objetivo y acentuar

las desigualdades de género existentes mientras crea otras. Las mujeres son las más afectadas, debido a su condición de género y el nulo poder de decisión que tienen para que las mineras consigan operar. Las ha despojado de las condiciones necesarias para continuar con la reproducción social. Mientras ellas siguen siendo las cuidadoras del hogar, se han incorporado en las actividades mineras y su carga de trabajo se ha duplicado o triplicado. Con esto, las mineras han conseguido trasladar a los hogares un costo económico, psicológico y social que no asumen, es decir, se ha producido la acumulación por desposesión de la reproducción social, además de que con esto se han estereotipado aún más los roles de género.