Resumen: En el neoliberalismo, las mujeres rurales mexicanas diversificaron su trabajo. La política de fomento a su trabajo productivo y reproductivo se asocia con el desarrollo desde una visión instrumental. El artículo analiza críticas al desarrollo, identifica alternativas en la organización femenina rural y sugiere fortalecerlas con la política pública. Se discuten experiencias de largo plazo de organizaciones productivas de mujeres y las estrategias de una cooperativa indígena local. Las prácticas destacan el género como proceso. La agencia, la responsabilidad compartida y la autonomía son cruciales para su continuidad, aunque aumenta la pobreza de tiempo para las mujeres.
Palabras clave:génerogénero,cooperativas de mujerescooperativas de mujeres,desarrollodesarrollo,políticas públicaspolíticas públicas,pobreza de tiempopobreza de tiempo.
Abstract: In neoliberalism, rural Mexican women have diversified their work. The policies to promote productive and reproductive labor are associated with an instrumental perspective of development. The paper discusses critiques to development, identify alternatives in rural women organization and suggest clues to strengthen it, drawing on public policies. Long-term rural women’s productive experiences are analyzed, and the local indigenous cooperative practices is deepened. The strategies highlight gender as process. Agency, shared-responsibility and autonomy are crucial in cooperatives’ continuity, although time-poverty for women increase.
Keywords: gender, women cooperatives, development, public policies, time-poverty.
Movimientos sociales, resistencias y alternativas
Alternativas al desarrollo: Cooperativa de mujeres indígenas
Alternatives to development: indigenous women cooperative
Universidad Autónoma Metropolitana
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Recepción: 06 Mayo 2019
Aprobación: 15 Octubre 2019
El neoliberalismo mexicano inicia en 1970.1 En el proceso se transitó del Estado interventor hacia uno subsidiario, promotor de la rentabilidad del capital.2 Los ajustes estructurales priorizaron la eficiencia en la política pública.3 La ideología neoliberal asoció libertad e individualismo con crecimiento económico y desarrollo.4 La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994 fue central para promover la economía de exportación. Como resultado, los sectores más vulnerables se empobrecieron. Las mujeres aumentaron su participación en el trabajo remunerado e intensificaron el doméstico, extendiendo sus responsabilidades a otros familiares femeninos para sobrellevar las políticas de austeridad.5 Simultáneamente, se implementaron programas compensatorios para amortiguar los efectos del ajuste.
Las políticas neoliberales agudizaron la desigualdad en el campo, se benefició la agroexportación con programas de fomento productivo, mientras los apoyos para pequeños productores buscaron paliar los efectos negativos de la apertura comercial y la competencia con presupuestos marginales. Entre 2007 y 2010, 40% de los apoyos de la Secretaría de Agricultura (SA) se repartieron en cinco entidades y entre productores con mayor capital.6 Los hogares rurales más precarios diversificaron sus estrategias de sustento, son recurrentes la emigración inicialmente masculina e intensificación del trabajo femenino productivo y reproductivo.7
En los últimos 20 años, las mujeres rurales trabajan en la milpa, son jornaleras, empleadas, participan en tareas comunitarias como jefas de hogar8 y en representación de esposos emigrantes, son cruciales en programas sociales como agentes de desarrollo (Prospera) y realizan proyectos productivos apoyados por el Estado. A pesar de sus esfuerzos, el incremento en sus cargas de trabajo no corresponde a una mejora en sus condiciones de vida.9 Las políticas de fomento económico para mujeres rurales mexicanas, aunque presente por más de tres décadas, no necesariamente responden a sus exigencias y diversidad.10
El objetivo del artículo es analizar la política neoliberal de fomento al trabajo de mujeres rurales, sus límites y retos frente a experiencias de organización local. Primero, se indaga el papel de las mujeres en los discursos del desarrollo neoliberal y las críticas feministas al enfoque, seguido del estudio de programas públicos etiquetados para este fin. Posteriormente, se exponen las condiciones socioeconómicas de las mujeres en el campo mexicano y las restricciones estructurales que enfrentan. En la tercera sección se abordan las estrategias de mujeres rurales para proveerse de recursos y mantener proyectos productivos de largo plazo. El estudio se amplía con el análisis de una cooperativa integrada por campesinas indígenas hidalguenses con más de 20 años de vida: la Milpa Maguey Tierno de la Mujer, Sociedad de Solidaridad Social. Las propuestas de Desarrollo alternativo local examinadas se contrastan con la perspectiva del desarrollo neoliberal. En las conclusiones se presentan algunas pistas para reestructurar la política pública de impulso al trabajo colectivo de mujeres rurales.
La creciente incorporación de las mujeres en los esfuerzos del desarrollo es reconocida internacionalmente, y en México desde el Año Internacional de la Mujer en 1975.11 Las mujeres se consideraron “un recurso no explotado que puede contribuir al desarrollo económico”.12 En el enfoque de eficiencia neoliberal “Mujeres en el Desarrollo”, las mujeres son agentes individuales con capacidad para promover crecimiento económico y erradicar la pobreza. En 1990, con la “Nueva Agenda de la Pobreza” del Reporte Mundial para el Desarrollo, el enfoque de eficiencia se expande. La inversión para reducir la carga reproductiva de las mujeres se asoció con el mecanismo de incentivos de los precios. Desde una perspectiva individual y racional se invirtió en acciones para facilitar el tránsito de las mujeres del trabajo reproductivo al productivo. Sin embargo, el modelo falla en problematizar una política más amplia de bienestar ajena al mercado y no atiende situaciones asociadas con las diferencias de género.13 Las políticas macroeconómicas centradas en la eficiencia y la riqueza nacional no analizaron problemas distributivos. Los programas para el desarrollo fueron diseñados por expertos ajenos a problemáticas nacionales y las políticas compensatorias no captaron los cambios necesarios para subsanar las inequidades creadas, principalmente las vinculadas con la división del trabajo y las asimetrías en las relaciones de género existentes antes de los programas de ajuste.14
A pesar de las críticas al enfoque eficientista, su vigencia se observa en los discursos del desarrollo y transita hacia la perspectiva de inteligencia económica. Expresiones como “invertir en las mujeres, no sólo es algo bueno que hacer, sino también es inteligente”, del director del Banco Mundial (Ngozi Okonjo-Iwela), o en campañas publicitarias de empresas globales: “Invertir en niñas tiene el potencial de salvar al mundo” (Nike), son frecuentes. Invertir en las mujeres es indispensable, sin embargo, delegarles la responsabilidad de cambiar el mundo es cuestionable. El enfoque debe aclarar su prioridad: equidad de género o abaratar el desarrollo para aplicar más ajustes estructurales. Identificar los objetivos detrás de las políticas es fundamental, la estrategia ganar-ganar −reducción de la pobreza y aumento de la equidad de género− no es realista desde hace 30 años. Así, el empoderamiento y la equidad de género tienen un significado exclusivamente económico.15
La inteligencia económica en inversiones para mujeres y niñas espera altas tasas de retorno. Los programas implementados bajo esta óptica integran estereotipos que tienden a esencializar a las mujeres: son altruistas, se autosacrifican por la familia y son más responsables que los hombres.16 Esta visión se encuentra en los programas de transferencia condicionada, esquemas de microfinanciamiento y en la inversión en niñas del Banco Mundial.17 Incorporar esta visión al desarrollo trae consecuencias negativas: en los programas de transferencia condicionada se incrementa el trabajo no remunerado y romantiza la pobreza de tiempo de las mujeres, en los esquemas de financiamiento aumenta el trabajo remunerado destinado a pagar intereses, generando procesos de intimidación incluso exclusión comunitaria de las deudoras. Finalmente, la evidencia de los programas para promover automáticamente desarrollo y equidad de género no es concluyente.18
Aunque los discursos internacionales han incorporado la perspectiva “género y desarrollo” para introducir al género como proceso,19 los esfuerzos no han minado la tendencia mundial de mayor concentración de pobreza en las mujeres representada por la feminización de la pobreza. Mientras el empobrecimiento de género remite a las desigualdades de género que la propician.20 En México, 58.3% de las mujeres urbanas y 58.6% de las rurales vivían por debajo de la línea de pobreza en 2002.21 Las políticas de ajuste estructural desmantelaron la producción local y reestructuraron las responsabilidades de género. Sin producción local de alimentos y frente a su encarecimiento, la supervivencia de los hogares rurales es más costosa, responsabilidad atribuida a las mujeres, quienes han diversificado las actividades productivas más allá de lo rural.
Las críticas de corrientes feministas al discurso del desarrollo neoliberal se centran en la instrumentalización de las mujeres y el género. Para salir del enfoque eficientista, las propuestas feministas comprenden: conceptualizar el género como un proceso relacional e histórico y exponer su diversidad;22 analizar los esfuerzos colectivos de mujeres de base para transformar la política y facilitar su agencia; alejarse del individualismo característico de los programas neoliberales;23 discutir las dinámicas de género detrás del fenómeno de la pobreza;24 reorientar las políticas de acuerdo con las necesidades cotidianas de las mujeres. Y transitar a esquemas de desarrollo alternativo, donde los actores son sujetos activos con iniciativas de desarrollo local25 y organización económica diversa no centrada en la acumulación de capital;26 ya que el neoliberalismo privatiza la reproducción social y facilita la acumulación de capital a costa del trabajo de las mujeres.27
En 1971 las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (UAIM) promovieron la asociación productiva de mujeres rurales. Se financiaron cerca de ocho mil Unidades para construir molinos de maíz, tortillerías, granjas avícolas y de puercos, talleres de costura, bordado y conservas. A pesar de los esfuerzos femeninos, las ventas eran limitadas por la calidad de los productos y la competencia monopólica de los mercados.28 Otro esfuerzo de la política pública fue el Programa de la Mujer para la Consecución del Desarrollo Rural (Promuder) en 1983, el cual continuó con el programa de las UAIM e incorporó diferencias entre las mujeres por edad, acceso a recursos, necesidades de capacitación y condición socioeconómica. Apoyó proyectos hortícolas para mujeres y madres sin disponibilidad para viajar; capacitó a campesinas en la elaboración de alimentos, entrenó en técnicas y derecho laboral a jóvenes insertas en la manufactura. Y para las más pobres, empleadas domésticas, asesoría legal y promovió la alfabetización.
El trabajo de mujeres rurales lidió con dificultades estructurales y la hostilidad de algunos hombres hacia los proyectos. Además, la limitada experiencia organizativa de las integrantes redujo su participación y liderazgo. Los esfuerzos de las campesinas se enfrentaron a la crisis agrícola desde 1965. La economía rural transitó hacia la agroexportación y demandó habilidades técnicas y capital. El proceso aceleró el éxodo rural y proletarizó también a las mujeres, se insertaron en la maquila, como empleadas domésticas, jornaleras agrícolas y emigraron.29 La reestructuración económica complejizó y diversificó las actividades económicas de las mujeres, modificó el bajo ingreso asociado con su trabajo y su papel en la reproducción social.30
El Plan de Compensación de 1988 fue una propuesta neoliberal para facilitar el rol de las mujeres en el desarrollo.31 Derivado del Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994),32 “Mujeres en Solidaridad” subsidió el capital inicial y promovió el rol productivo de las mujeres con proyectos generadores de ingresos y uso de la estrategia grupal.33 Simultáneamente, los programas antipobreza entraron con vigor. En 1997 se lanzó Progresa en zonas rurales para desarrollar capacidades básicas de la población en extrema pobreza.34 El programa otorgó dinero en efectivo a madres de familia por su corresponsabilidad para vigilar la salud, alimentación y educación de los hijos. Progresa cambió a “Oportunidades” en 2001 y amplió su cobertura a zonas urbanas con altos niveles de pobreza. En 2014 se denominó Prospera, cumplió con las tareas de Oportunidades y articuló la oferta de programas sociales de fomento productivo para las mujeres.35
Los objetivos secundarios de Prospera son empoderar a las madres y desarrollar sus capacidades, fomentar la participación ciudadana y comunitaria, y mejorar la equidad de género. La asociación entre Prospera y el empoderamiento de las mujeres se limita al ámbito individual de forma disímil y lenta.36 Aunque las evaluaciones de impacto presentan resultados contradictorios respecto de sus efectos en educación y salud, los avances parecen alentadores.37 Sin embargo, Prospera sobrecarga el trabajo de las madres y no necesariamente contribuye a su empoderamiento en contextos comunitarios, ya que acentúa roles tradicionales y reproduce asimetrías de género, sin incorporar a otros actores en la crianza de los hijos.38
Además de Prospera, en 2017 se ofertaron al menos 20 programas en siete secretarías para estimular el trabajo de mujeres rurales.39 Los apoyos fueron productivos, financieros, educativos, asesoría legal, difusión de derechos laborales y apoyo a la vivienda e infraestructura. Se centran en población vulnerable: niños, niñas y mujeres. Aunque se prioriza la población femenina rural, los presupuestos se distribuyen entre los posibles beneficiarios: mujeres rurales, urbanas, jóvenes y productores. Las reglas de operación de la SA y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) consideran inversión en insumos, maquinaria, material vegetativo, capacitación organizativa, técnica y comercial. En la mayoría de los programas los beneficiarios no necesitaron de técnicos para participar, excepto en la SA, donde profesionales certificados elaboran propuestas y las ejecutan. Aunque fue la instancia con mayor presupuesto, la intermediación técnica restringe la participación de mujeres rurales más pobres sin relación con extensionistas.
Algunos programas reconocen la diversidad de las mujeres rurales, se otorgaron apoyos productivos para mujeres jóvenes, individuales y para grupos constituidos o jornaleras. Se priorizó a las jefas de familia e invirtió en la producción de alimentos, particularmente en la SA. Aunque los progra-mas de conservación fueron sensibles al género, no profundizaron en las responsabilidades ambientales asumidas por las mujeres en contextos de alta emigración masculina y menor disponibilidad de fuerza de trabajo. La Secretaría de Economía fomentó el crédito para mujeres al destinar recursos a microfinancieras (organismos de segundo nivel). La Secretaría de Desarrollo Social y la CDI se encargaron de Prospera y de la Casa de la Mujer Indígena, que atiende derechos de las mujeres y violencia de género. La mayoría de los programas tienen una vigencia menor a un año.
En los programas antipobreza como Prospera y en los de fomento productivo se observa el enfoque de eficiencia característico de la política pública neoliberal. Prospera beneficia exclusivamente a mujeres pobres de regiones marginadas, sin cuestionar problemas estructurales. En el programa se espera de las “beneficiarias” capacidad para atender actividades reproductivas y productivas a bajo costo y simultáneamente. Los programas asocian dotación monetaria con empoderamiento de las mujeres y centrados exclusivamente en ellas no promueven la colaboración de otros actores como los esposos. Los programas productivos, por otro lado, no analizan las debilidades económicas y desconocen los requerimientos productivos de las mujeres en el largo plazo. A las productoras y campesinas se les demanda éxito en el corto plazo en un contexto donde la pequeña producción ha sido desfavorecida por más de 20 años.
En 2015, 23 millones de personas vivían en localidades menores de 2 500 habitantes. Cifra que aumentó a 38 millones de personas empleadas en el sector primario y representó 32% del total nacional. La población rural creció 18% de 1990 a 2015. La población femenina rural ascendió a 14 millones. El 43% de las mujeres en el campo tenían entre 25 y 64 años y 31% entre 0 y 14 años; dicha relación representa una mayor tasa de dependencia económica para las mujeres rurales (63.9%). El fenómeno se acentúa para las indígenas (66.7%) y se traduce en mayor tiempo dedicado a las actividades de reproducción como el cuidado.40
La tasa femenina rural de participación laboral promedio pasó de 32.4 en 1990 a 47.5 en 2010.41 Las mujeres rurales se han diversificado, se emplean en servicios financieros (47.7%), comercio (20.1%), industria manufacturera, otros (17.4%) y en actividades agropecuarias (12%). El 12.8% son jornaleras y las productoras aumentaron de 13.5 a 14.5% frente a los productores hombres, quienes disminuyeron 1.4% entre 2012 y 2017.42 Sin embargo, la precarización caracteriza su trabajo, 38% de las trabajadoras en el campo recibió de uno a tres salarios mínimos y las que no recibieron remuneración pasaron de 18% en 201443 a 30% en 2017.44 La pobreza es un fenómeno asociado con las mujeres rurales e indígenas, para el 2012, 62.1% de ellas vivía en esta condición.45
Aunque las mujeres rurales incrementaron su participación laboral, enfrentan considerables restricciones. El acceso a la propiedad de la tierra es más limitado. En el 2017, las mujeres representaron 21% del total de ejidatarios, 25% de los comuneros y 27% de los posesionarios de tierra.46 Para comercializar, 45% de las unidades encabezadas por mujeres recurren a intermediarios y 26.6% se financió en cajas de ahorro en 2016.47 En ausencia de los esposos migrantes, las mujeres administran la parcela sin reconocimiento legal ni recursos, condiciones que dificultan el acceso a crédito y limitan la producción, restringiendo sus posibilidades para salir de la pobreza, generar sustento y empoderarse.48 La situación se intensifica para la población indígena con apenas 15.5% de la propiedad rústica, de los cuales 28% son bosques, de ahí su relevancia en la conservación ambiental. El 80% de los ecosistemas bien conservados se deben al trabajo de los indígenas y campesinos, hombres y mujeres.49 A pesar de la adversidad, las mujeres rurales propician alternativas de desarrollo en sus contextos. A continuación se discuten estrategias desplegadas por productoras y campesinas para generar sustento con el apoyo de los itinerantes recursos públicos.
El fomento de actividades económicas para mujeres rurales a partir de proyectos productivos ha sido ampliamente estudiado, principalmente sus efectos sobre el empoderamiento. Frecuentemente, los proyectos fundados por el Estado (diseñados, financiados y operados) no sobreviven sin subsidios, aunque algunas mujeres desarrollan habilidades autogestivas apropiándose de ellos.50 La discontinuidad se asocia con restricciones estructurales: limitados recursos (tierra), bajos niveles de educación y falta de capacitación para las mujeres e inequidades en la competencia del mercado.51 Dichas condiciones inciden en el resultado de los proyectos: la producción no contribuye considerablemente al sustento doméstico, en consecuencia el trabajo femenino se considera secundario y de calidad insuficiente. Además, los proyectos centrados exclusivamente en mujeres sin incorporar otros actores, incrementan la pobreza de tiempo de las integrantes y no las potencia para enfrentar masculinidades hegemónicas en los hogares, exacerbando las relaciones de género tradicionales.52
Cuando los proyectos son diseñados y ejecutados por agentes externos, se imponen necesidades ajenas a las mujeres, quienes son consideradas actores pasivos, atadas a sus contextos y requisitos burocráticos.53 Los proyectos descargan sobre las mujeres los objetivos de los programas, volviéndolos insostenibles.54 Y permanecen como la parte cosmética de los esfuerzos del desarrollo.55 Finalmente, la mayoría de los proyectos que fracasan consideran a las mujeres aisladas, no situadas en sus actividades diarias en los hogares y en la vida comunitaria.56 A pesar de estas críticas estudiadas por cerca de tres décadas, la política mexicana continúa promoviendo proyectos productivos como estrategia de desarrollo para mujeres rurales.
Aunque numerosos proyectos concluyen, algunos continúan. Estudios recientes destacan sus estrategias: las integrantes desarrollan agencia para sobreponerse al inequitativo acceso al mercado, lo consiguen apropiándose de fondos públicos y de organizaciones no gubernamentales.57 Ajustan los fondos a sus necesidades contextuales; en Chiapas, por ejemplo, algunas cooperativas se mantienen independientes de fondos públicos.58 Desarrollan lazos de solidaridad más allá de las actividades productivas, organizan reuniones que refuerzan la confianza al interior de los colectivos y contribuyen en su durabilidad principalmente en contextos indígenas.59 Aunque en otras cooperativas estas prácticas son promovidas por actores externos.60 En algunas experiencias, las mujeres obtienen el respaldo de familiares masculinos incorporándolos al trabajo grupal.61 También logran apoyo comunitario solidarizándose con productores cuyas necesidades son similares como “Las bordadoras de Teotitlán” o volviéndose un ícono de la cultura popular (“Las Charangeras de Mazatlán”).62 A continuación se analizan las estrategias colectivas de la Milpa Maguey Tierno de la Mujer, Sociedad de Solidaridad Social, cooperativa hñähñus (otomíes) del Alto Mezquital en Hidalgo y las propuestas de desarrollo alternativo que representan.63
La Milpa Maguey Tierno de la Mujer (Milpa Maguey) es una cooperativa integrada por 20 mujeres y un hombre hñähñus; producen néctar de aguamiel desde hace más de 20 años. Nace en San Andrés Daboxtha, al sur de Cardonal, en 1990, y se formaliza en 1995, en un contexto de alta emigración masculina.64 La asociación de las campesinas inicia con un proyecto para la reproducción de borregos, financiado por la Fundación Alemana Friederich Ebert-Sitfung. Relataron las socias:
Cuando jamás había habido un grupo de mujeres en esta región que les interesara cambiar, a nosotras nos apoyaron con los animales y nos dieron un crédito. Yo vi que hubo un cambio. Un cambio de sistema en el trabajo y en la casa, pues teníamos que tomar curso desde las ocho de la mañana hasta las doce o una del día y pues era un tiempo ocupado en la capacitación y no en la casa. Bueno tuvimos muchos problemas hubo hasta lágrimas, así lo siento yo, porque la ropa no estaba o la comida.65
Las mujeres se capacitaron para mejorar la crianza de ovinos y buscaron agregar valor a la producción local de aguamiel. La actividad representó una alternativa para el cultivo de maguey y la elaboración de pulque. Usaron el conocimiento tradicional: la receta de atole de aguamiel heredada de sus madres. Actores externos apoyaron la capacitación, Enlace Rural Regional, Asociación Civil, y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 67. A diferencia de proyectos fundados por el Estado, las integrantes definieron las capacitaciones desde sus necesidades y recursos locales disponibles. El financiamiento externo se focalizó para potenciar la experiencia y el saber campesino de las mujeres.
Aunque la Milpa Maguey continúa, la deserción asociada con inequidades de género está presente. Al principio eran más de 40 mujeres, en 2002 había 36 socias, finalmente laboran 21 integrantes. Las socias abandonaron el colectivo porque emigraron a Estados Unidos, por las excesivas cargas domésticas que enfrentaron y por la presión familiar para lograr recursos. Relató una socia: “Mi esposo les decía a mis hijos que me abrieran la puerta grande, porque no cabía con tantas cosas que había comprado de mi trabajo. Yo me aguanté, pero me dio coraje, porque no llevaba ni un peso, todavía no vendíamos nada”.66 Aunque las socias no descuidaron a sus familias, el trabajo colectivo dificultó las relaciones intradomésticas.
Ante las inequidades de género y en contraste con el limitado interés del enfoque neoliberal para atenderlas, las socias desarrollaron estrategias para sobrellevarlas. Optaron por “no hacer caso de los chismes” y buscaron “entendimiento”. Conversaron para enfrentar la oposición de algunos esposos al trabajo colectivo. A cambio, prometieron conseguir sustento, expresaron: “con este trabajo compraré alimentos”. Otras lidiaron con indirectas y burlas. La resistencia masculina no sólo provenía del trabajo femenino extradoméstico, pues las hñähñus trabajaban desde niñas (ocho años) como empleadas domésticas en la Ciudad de México. Una socia expresó: “la señora de la casa me enseñó a hacer quehacer y hablar español”.67 Otras socias fueron jornaleras en los campos de riego de Capula, se acompañaban de familiares hombres, era de los pocos trabajos remunerados.68 La oposición masculina se exacerbó porque el trabajo grupal era diferente, las relaciones familiares no contralaban las actividades colectivas, convivían suegras y nueras en el taller, pero las decisiones eran colectivas, fomentando la autonomía.
Al inicio, la cooperativa no disponía de un espacio físico ni medios de trabajo, narraron: “Íbamos de casa en casa practicando la miel (néctar), pidiendo prestado ollas y cucharas”.69 Para solventar restricciones estructurales, las integrantes convencieron a esposos ejidatarios con jerarquía para obtener una porción de tierra colectiva donde construyeron el taller. La demanda fue respaldada por las leyes ejidales. La construcción del taller requirió trabajo de las socias, esposos e hijos. En oposición a los proyectos de exclusividad femenina patrocinados por el Estado que inhiben la participación de actores masculinos, la estrategia colaborativa entre familiares y cooperativa aminoró la carga de trabajo en las tareas más pesadas como la construcción. La edificación del espacio requirió de fondos públicos municipales, federales, de organizaciones civiles y reinversión de la cooperativa. Su mantenimiento depende de la adecuada gestión de las faenas (trabajo sin pago). Para las socias, la corresponsabilidad se sustenta en la confianza:
Nosotras confiamos en la compañera para procesar y limpiar el taller. Mantener la cooperativa depende de la responsabilidad compartida. Somos como una gran familia. Cuando una socia tiene un problema y no puede hacer la faena o trabajar, buscamos una solución entre todas, platicando. Pero si ella se ausenta sin ninguna razón, se le aplica el reglamento y paga su falta.70
Las relaciones de confianza y solidaridad entre las socias posibilitan la organización cooperativa. En la Milpa Maguey la asamblea es la máxima autoridad, el comité se integra de una presidenta, secretaria y tesorera. La renovación es bianual. El comité de vigilancia supervisa las actividades. En 2014, incorporaron dos comités: ventas y control interno para supervisar el manejo sustentable de las parcelas proveedoras de aguamiel. La reestructuración respondió a la necesidad de incrementar las ventas y cuidar el maguey como principal insumo y por su papel en la conservación ambiental frente al cambio climático.71 De esta forma, las socias no son actores pasivos, receptores de recursos y oprimidos por sus contextos como en la visión neoliberal, también propician acciones para sobreponerse a ellas.
Para producir, la cooperativa se organizó en cinco equipos. Las jefas de equipo son responsables del procesamiento y la calidad del néctar. Las socias se han capacitado en inocuidad alimenticia, manejo orgánico en la parcela y en el proceso de producción, gestión de ventas y distribución de recursos. Se entrenan en universidades locales y tecnológicas, con organizaciones civiles y agencias gubernamentales. Dichas prácticas inciden positivamente en la calidad y favorecen la percepción del trabajo femenino en los hogares y en la comunidad.
La producción colectiva contribuye al sustento de los hogares de las socias. En 2014, los recursos generados en el taller representaron en promedio 14% del total de ingresos monetarios de los hogares. Los ingresos se destinaron al consumo de alimentos, educación de los hijos y gastos en vivienda. El ingreso de la cooperativa, aunque es más reducido que el aporte de remesas (44%) y subsidios públicos (18%), es mayor que los ingresos provenientes de la artesanía de ixtle (2%), el jornaleo (12%) y los excedentes agrícolas (10%).72 Las estrategias de comercio priorizan la venta directa y ocasionalmente participan en ferias de instituciones públicas, a diferencia del 45% de las unidades de producción encabezadas por mujeres que comercializan vía intermediarios. Sin embargo, el comercio es todavía insuficiente para remunerar dignamente el trabajo de las socias.
El dinamismo organizativo de la Milpa Maguey para producir, administrar, comerciar y gestionar proyectos depende de la adecuada interacción entre el comité, las socias y actores externos.73 La cooperativa ha ganado agencia para negociar sus propuestas con organizaciones gubernamentales federales, estatales y comunitarias, no gubernamentales, y centros educativos. Cuando enfrentan resistencia, por ejemplo el delegado niega un sello o firma, recurren a la colectividad para generar presión. Narró una socia: “para pedir algo, tenemos que ir todas, así es como nos hacen caso”.74 Las estrategias grupales confrontan la premisa del agente individual enarbolada en los discursos neoliberales. La propuesta de desarrollo alternativo representada por la Milpa Maguey y otras experiencias organizativas de mujeres rurales, exalta la cooperación y solidaridad para solventar necesidades apremiantes y forjar agencia desde la autonomía.
Los esquemas financieros diseñados acorde con necesidades colectivas son otro ejemplo de autonomía. El mantenimiento del taller no depende exclusivamente de presupuestos públicos, la cooperativa destina cerca del 60% del excedente a su conservación. Entre 40 y 50% se distribuye en gasto corriente, incluida la remuneración al trabajo productivo de las socias. Adicionalmente, organizaron un fondo de ahorro para emergencias de salud, educación y alimentación. Los apoyos públicos son eventuales, y aunque limitados son relevantes para ampliar la producción, mejorar la calidad del néctar y promocionar su venta.
La cooperativa no es un agente aislado de su entorno comunitario como plantea el enfoque desarrollista. En cambio, es un actor importante, representa una fuente de ingresos para vecinos y familiares ya que les compra aguamiel; comparte conocimientos ecológicos con estudiantes de la escuela primaria para preservar el maguey y promueve su reforestación ante la presión ambiental. Capacita a sus hijas y nietas en la elaboración del néctar y cumple con las faenas comunitarias asignadas.75 Otras socias tienen cargos en el comité autónomo de agua de San Miguel Tlazintla76 y se responsabilizan de labores morales, son catequistas y madrinas de la fiesta patronal. Aunque estas tareas incrementan su pobreza de tiempo como en otros contextos rurales,77 dichos aspectos facilitan la autorización de proyectos, porque el grupo se percibe preocupado por el bienestar comunitario y bajo la dirección de mujeres responsables. La presidenta expresó: “para mí el grupo es un ejemplo para las mujeres más jóvenes, así como los ejidatarios, nosotras hemos sabido salir adelante”.78
La Milpa Maguey es un espacio productivo y también un lugar para repensar ideas tradicionales de género. En el foro grupal una socia narró: “No me gusta realmente cuando los hombres me dicen que no soy capaz de tener hijos hombres. Como mujer me merezco la misma alegría al nacer que cuando nace un bebe niño”. La expresión manifiesta el disgusto frente a nociones que refuerzan inequidades de género vinculadas con masculinidades hegemónicas. Para contrarrestarlas, las integrantes valoran su trabajo, en reuniones refuerzan la autoestima y se brindan apoyo en fiestas o en tiempos de mala salud con prácticas como la mano vuelta o trabajo prestado, ampliamente utilizadas en contextos rurales.79
Aunque los esfuerzos colectivos son exorbitantes, la cooperativa tiene retos: diversificar la producción e incrementar el comercio; usar energías sustentables, reforestar magueyes y contener la plaga con limitada fuerza de trabajo y sin capital para contratar jornaleros. Además, el aumento de actividades productivas y reproductivas, ya que más de la mitad de las socias participa en Prospera y prepara los desayunos escolares en el comité escolar de padres de familia, intensifican su pobreza de tiempo, que se complejiza con la precariedad de los servicios de salud pública y la vulnerabilidad de las socias ante enfermedades crónicas.80
Los programas públicos neoliberales asociados con el desarrollo instrumen-talizan el trabajo de mujeres rurales delegándoles la responsabilidad de superar la pobreza, centrándose en una noción estática, vinculada con su rol materno. En paralelo, los programas de fomento productivo, disociados de los antipobreza, no incorporan estrategias para mitigar la pobreza de tiempo en contextos migratorios y frente a mayores tasas de dependencia. La visión tradicional les asigna responsabilidades en el hogar, el ejido, la comunidad, desconoce las restricciones estructurales que enfrentan y las estrategias implementadas en sus contextos.
En las experiencias productivas de largo plazo, las mujeres despliegan sus capacidades para identificar necesidades y diseñar estrategias innovadoras desde sus entornos culturales, ambientales y de género. En contraste de los programas fundados por el Estado, las cooperativas usan los fondos y capaci-taciones de acuerdo con sus conocimientos y experiencias.81 En la organización productiva de mujeres de base, se destaca el género como proceso: las pastoras iniciaron criando pequeños rebaños de borregos, con trabajo, capacitación, inversiones recurrentes, mejoras productivas y organización colectiva se con-virtieron en cooperativistas con capital propio y agencia para buscar presu-puestos no marginales, negociando con actores en el hogar, la comunidad y los gobiernos. Sin embargo, los programas públicos de fomento productivo esperan eficiencia en el corto plazo y desconocen los requerimientos de capacitación e infraestructura de las mujeres en el tiempo.
El desarrollo alternativo planteado por organizaciones de mujeres rurales, parte de reconocer su papel en la vida comunitaria y en la reproducción social, situándolas en su contexto. Las prácticas colectivas se edifican sobre relaciones de confianza, colaboración y solidaridad en la cooperativa, los hogares y las comunidades. Asociándose, las mujeres obtienen recursos inaccesibles individualmente. La diversificación es otra característica, las estrategias financieras, productivas y laborales no responden exclusivamente a la acumulación de capital, también es relevante al bienestar de las socias, de sus hogares y del entorno comunitario y ambiental. Aunque los colectivos sortean algunas inequidades de género propiciando espacios autónomos para la producción, reflexión y el fortalecimiento de autoestima, los esfuerzos femeninos no se romantizan, la pobreza de tiempo y la violencia de género encaradas por las socias no son atendidas por actores externos. Dichas condiciones debilitan la organización femenina rural. La situación se complejiza ante la precariedad de los servicios públicos disponibles.
Si la política pública es una herramienta para propiciar bienestar y no sólo rentabilidad del capital, los programas de fomento al trabajo de mujeres rurales deberán mejorar las condiciones materiales de producción, con capacitación técnica que valorice conocimientos locales y de género; facilitar el acceso femenino a la propiedad y al excedente agrícola; promover espacios de autonomía organizativa con inversiones productivas de largo plazo. Tal que la producción contribuya al sustento de los hogares y al bienestar individual de las campesinas y productoras. Por otro lado, desde la gestión pública es posible incidir en condiciones inmateriales que impulsen su trabajo, como ajustar los programas públicos para aminorar las cargas y la pobreza de tiempo e incorporar la colaboración de otros actores en proyectos liderados por mujeres. Aspectos de percepción son relevantes, el reconocimiento del trabajo femenino en los hogares y comunidades es central para los procesos de autoestima, organización y agencia de las mujeres rurales.
