Los defensores de la vida contra los proyectos de muerte: Resistencias y Articulaciones frente a la industria extractiva en la Sierra Norte de Puebla

La Sierra Norte de Puebla es un territorio complejo de una enorme diversidad natural y cultural. Ubicada en la Sierra Madre Oriental, su accidentada y variada topografía que va desde los 2,200 hasta por debajo de los 100 msnm; es golpeada por la humedad de los vientos alisios del Golfo de México, que vuelven a esta región una de las más lluviosas y biodiversas del país, con ecosistemas que van desde el bosque de pino y encino hasta el exuberante bosque mesófilo de montaña y zonas selváticas, bajando hasta las sabanas de lo que comienza a ser la llanura costera veracruzana (Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012; Boege, 2008).

Desde principios de la década en curso, los habitantes de la Sierra Norte comenzaron a percatarse de la existencia de una serie de concesiones y permisos¹ para diversas actividades extractivas: minería a cielo abierto, extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) y represas para la generación de energía eléctrica. Estos proyectos estarían conectados por una serie de nuevas líneas de alta tensión que, según las organizaciones de la zona, transportarían la energía generada en las represas hacia la zona de concesiones mineras e hidrocarburíferas.

Muchos de los habitantes de la Sierra consideran que estos proyectos ponen en riesgo los ecosistemas y las formas de vida de las comunidades, por lo que han sido etiquetados como “proyectos de muerte”. Ante lo que perciben ellos como una amenaza para la vida en el territorio serrano, los pueblos y comunidades comenzaron a organizarse para resistir a estos proyectos. Si bien, en un inicio los movimientos de resistencia adquirieron un carácter local, limitados a la jurisdicción de los municipios afectados directamente por los proyectos de muerte, los pueblos, comunidades y organizaciones no tardaron en generar alianzas y articulaciones.

El objetivo de este texto es presentar de manera general, un panorama de los diversos proyectos de muerte que pretenden instalarse en la región, así como de varios de los procesos organizativos desplegados por toda la Sierra Norte de Puebla y de los espacios de articulación en donde convergen muchos de estos sujetos organizados para crear un frente común de lucha contra la red de proyectos de muerte.

El texto inicia con un breve contexto histórico que se centra en los movimientos organizativos que surgieron en la región a partir de la década de los setenta, algunos de los cuales participan hoy día de la de contra los proyectos extractivos. Posteriormente, desarrollo a grandes rasgos una descripción de los principales proyectos que han intentado imponerse en la región a lo largo de la década en curso, así como de los procesos organizativos que se conformaron para hacerle frente a estos. Por último, se aborda de una manera algo más detallada el espacio de articulación de la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, en torno a la cual ha estado centrada mi investigación de campo.

La región de la Sierra Norte de Puebla ha sido históricamente ocupada por grupos de habla nahua y totonaku, sufriendo a lo largo de los años una serie de transformaciones tanto en las relaciones de clase e interétnicas, como en la relación entre las sociedades que la han habitado y los ecosistemas que la conforman. A finales del siglo xix, tras la promulgación de las leyes de desamortización, comenzaron a llegar a la región grupos de mestizos, “criollos” y personas de origen europeo² (Beaucage, Durán, Rivadeneyra & Olvera, 2017), que, mediante el despojo de tierras y la monopolización del comercio, dieron forma a las relaciones de clase que habrían de predominar durante buena parte del siglo xx: una clase de trabajadores rurales sin tierra y de pequeños productores campesinos sin acceso a medios de distribución, enfrentándose a una clase mediadora de caciques, terratenientes, comerciantes y acaparadores. Estas distinciones de clase se verían reforzadas con aspectos y expresiones étnicas racistas, mediante las cuales los mestizos legitimaban las asimetrías de clase sobre los indígenas.

Sin embargo, esta historia de dominio y despojo ha sido también una historia de resistencia digna que se entreteje en el tiempo.

Tanto en la Colonia como durante el porfiriato y el periodo posrevolucionario, los pueblos originarios se defendieron por medios legales y armados, tanto de los abusos por parte de las élites criollas y españolas, como de los caciques y terratenientes. En la década de 1970 comenzaron a gestarse una serie de procesos que combatirían las relaciones de clase dadas históricamente, conformando férreas organizaciones que pusieron en entredicho el poder caciquil mediante la recuperación de tierras, la retoma del poder municipal y la conquista de los medios de distribución.

En 1974 surge en Atzalan, Veracruz, la Unión Campesina Independiente (uci) cuyos integrantes se movilizaron en contra de los terratenientes y el Estado con el objetivo de recuperar tierras. Este movimiento se expandió y tuvo eco en varios municipios de Veracruz y de la Sierra Norte de Puebla. En esta última zona, a lo largo de la década, hubo recuperación y toma de tierras por parte de los campesinos movilizados en los municipios de Zaragoza, Zacapoaxtla, Xochitlán, Atalpan y Cuetzalan. Este movimiento sería fuertemente reprimido por el ejército mexicano y posteriormente por la organización pseudorevolucionaria Antorcha Campesina, que históricamente ha funcionado como grupo de choque del Partido Revolucionario Institucional (pr i) (Aguilar y Mora, apud Ramírez Echenique, 2017; Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012).

En la zona totonaku, la teología de la liberación que profesaban algunos clérigos revitalizó algunos de los tejidos comunitarios que habían sido parcialmente desarticulados por el poder caciquil.

Se creó una red de catequistas a través de la cual la gente se organizaba y se formaba académica y políticamente; a partir de esta red, comenzaron a conformarse comunidades eclesiales de base. La organización avanzaba lentamente hasta que, a finales de los 80, ante una desatada ola de violencia que produjo numerosas muertes en la región, los indígenas totonaku comenzaron a manifestarse masivamente (Entrevista a Pierre Beaucage, 2017; Beaucage & Rivadeneyra, 2015).

Ante la represión legal impulsada por los caciques que hasta entonces concentraban el poder político municipal, se creó en el municipio de Huehuetla en 1989 la Organización Independiente Totonaca (oit), que ganó las elecciones municipales y se mantuvo en el poder durante tres trienios, con una amplia participación directa de autoridades comunitarias y organizaciones populares (por lo menos, durante los primeros años). Ello modificó no sólo las relaciones étnicas, sino que también creó canales para socializar los medios de distribución de productos agrícolas, que hasta el momento habían permanecido bajo el control caciquil (Beaucage, 2017; Beaucage & Rivadeneyra, 2015).

Paralelamente, en Cuetzalan, la llegada de dos proyectos que fueron apropiados por las comunidades habría de modificar radicalmente las relaciones sociales y de producción: el Proyecto de Animación y Desarrollo Prade A.C. y el Plan Zacapoaxtla. El primero se instaló en la junta auxiliar de San Miguel Tzinacapan, y estaba conformado por católicos comprometidos con la acción social, desplegando diversos proyectos productivos, educativos y formativos e impulsando la creación de cooperativas. En este contexto surge el Taller de Tradición Oral, integrado por indígenas y mestizos locales, con la colaboración de algunos foráneos, con el objetivo de recopilar mitos, cuentos y narraciones en maseualkopa (variante local de nahua) de la rica memoria histórica de los habitantes de la zona. Además de complementar los procesos educativos bilingües impulsados por Prade, el taller coadyuvó en el fortalecimiento de un sentimiento de orgullo colectivo del “ser maseual” (nahua) (Beaucage, 2014; Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012; Reynoso, 2006).

Por otra parte, el Plan Zacapoaxtla comienza a diseñarse como iniciativa gubernamental en 1974 con el objetivo de desarrollar la producción agrícola campesina mediante la introducción de técnicas e insumos agronómicos modernos, y fue ejecutado por jóvenes agrónomos progresistas del Colegio de Postgraduados de Chapingo (Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012; Peña, 1981).

En la junta auxiliar de Xiloxochico, Cuetzalan, se implementó el programa y se tenían cultivos de maíz de prueba, pero los campesinos de la zona no estaban muy interesados puesto que el destino de este cultivo es el autoconsumo o el comercio local, y es percibido como de bajo potencial comercial. Sin embargo, el marco de este proyecto se aprovechó para buscar una vía directa de comercialización de frutales en la Ciudad de México, evitando a los comerciantes intermediarios de la región, quienes solían pagar su producto a bajo costo (Agustín Ramiro, comunicación personal, 2017).

Campesinos de diversas comunidades de la parte baja del municipio comenzaron a organizarse para el acopio y comercialización de sus productos y, posteriormente, comenzaron a aprovechar los viajes a la ciudad para traer de vuelta productos manufacturados como el azúcar (Agustín Ramiro, comunicación personal, 2017), cuya distribución solía estar controlada por los comerciantes locales, que la vendían a un precio considerablemente inflado. Esta organización se consolida en 1976 como Unión de Pequeños Productores de la Sierra, formalizándose en 1980 con el nombre de Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (en nahua o maseualkopa, “Unidos Venceremos”) (Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012). Con el paso de los años, la Tosepan iría sorteando diversos obstáculos mediante la diversificación de sus productos y servicios, al punto que actualmente está conformada por más de nueve cooperativas especializadas en múltiples rubros: acopio, transformación y comercialización de miel y café orgánicos, bambú y otros productos; servicios de eco-turismo, apoyo a vivienda digna, materiales para construcción, ahorro y crédito, farmacias y casas de salud, así como educación, formación y comunicación;³ y es una de las cooperativas más importantes a nivel nacional, con un complejo modelo organizativo, fuerte participación popular y con un potencial económico y político sin precedentes en la región.La cooperativa, conformada en su mayoría por campesinos indígenas, supuso un aumento en la calidad de vida y el poder adquisitivo de los maseualmej,⁴ transformando radicalmente las relaciones sociales, étnicas y de clase con la otrora monopólica clase dominante (caciques y comerciantes mestizos), y comenzó a predominar un sentimiento de orgullo del “ser maseual”, anteriormente considerado como estigma. Incluso llegaron a posicionar un candidato en la alcaldía del municipio, a pesar de los esfuerzos de la élite por difamar a la cooperativa y a su candidato (Beaucage & Taller de Tradición Oral del cepec, 2012; Entrevista a Pierre Beaucage, 2017; Agustín Ramiro, comunicación personal, 2017.) Primeros movimientos y articulaciones frente a la creciente amenaza extractivista.

Lo planteado en el apartado anterior da cuenta a grandes rasgos de la complejidad geográfica, histórica y social de los territorios de la Sierra Norte, así como de la larga tradición organizativa y de lucha en la región.

Esta trama organizativa se ha entretejido, reforzado y revitalizado a lo largo de la década actual para enfrentar de manera conjunta y articulada a una nueva amenaza desplegada por el capital transnacional e impulsada y permitida por el Estado mexicano: el extractivismo a gran escala. Si bien, muchas de las movilizaciones contra proyectos se gestaron al inicio de manera local, con el tiempo comenzaron a unirse y juntar fuerzas, al percatarse de la presencia de concesiones y proyectos en toda la región, los cuales están interconectados.

El terreno legal y jurídico para la llegada de grandes inversiones del rubro extractivo en el país se gestó y conformó a lo largo de las últimas décadas tras una serie de reformas de carácter neoliberal en el marco normativo mexicano, así como la firma de ciertos tratados internacionales.⁵ Tan sólo durante la primera década del milenio, se otorgaron miles de concesiones en el país y se extrajo casi el doble de la cantidad de oro y plata que durante los 300 años de periodo colonial (Tetrault, 2013).El panorama se ve agravado con las llamadas reformas estructurales de 2013, principalmente la energética, al flexibilizar el sistema de aranceles a la industria extractiva, y establecer una serie de mecanismos que menguan la transparencia de los procesos de vigilancia que se supone debe realizar el Estado (Fundar, 2016). Esto, aunado a la apertura prioritaria a “nichos” hasta aquel momento poco o nulamente explotados como los yacimientos de lutitas, para el cual se requieren técnicas extractivas altamente destructivas, como la fractura hidráulica o fracking, permitiendo a las empresas actuar por encima de cualquier consideración ambiental y social.

Fig 1

En la Sierra Norte, ya desde los últimos años de la década pasada, comenzaron a otorgarse concesiones, y a principios de la actual comenzó a hacerse presente la amenaza extractivista a gran escala en varios puntos del territorio, a un nivel tal que algunas organizaciones acusan que la región se ha convertido en un “laboratorio” de la reforma energética. Tan sólo para 2016 se han registrado 189 títulos de concesión minera en la Sierra Norte, correspondientes a 372,408 hectáreas, según datos de la Secretaría de Energía (Poder, Colaboratorio, 2016).

Fig 2

Ubicación de la Sierra Norte de Puebla (arriba, cuadrante). Detalle de la Sierra norte de Puebla (derecha). La línea blanca indica los límites del estado con Veracruz (este y noreste) e Hidalgo (noroeste). Los puntos y el área circundante marcada indican los lugares de Puebla y Veracruz donde se han perforado pozos de fracking. Los polígonos indican las concesiones mineras a mayo de 2015, según información de la organización CartoCrítica.

Fuente: http://mapa.cartocritica.mx

(PODER, COLABORATORIO, 2016). Por otra parte, un total de 448,341.58 hectáreas de 35 municipios de la región se encuentran bajo amenaza de ser concedidas en las rondas de subasta de la reforma energética para la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, de los cuales 12 municipios son susceptibles de explotarse al 100 por ciento de la extensión de su territorio (Ánimas Vargas, 2018). Por lo menos en tres de estos municipios⁶ ya han comenzado a perforarse pozos hidrocarburíferos. La avanzada extractivista comenzó a hacerse presente en la región desde principios de esta década, con la llegada de una hidroeléctrica en Olintla (2012), así como una mina en Zautla (2011) y otra en Tetela (2012).⁷ Habitantes de comunidades de estos tres municipios comenzaron a organizarse en contra de la amenaza que estos proyectos representan para su vida, muchas veces aprovechando las bases y estructuras comunitarias históricamente construidas; autoconvocándose para la resistencia en asambleas, comités y concejos, además de utilizar recursos legales como demandas y amparos.En Zautla,por ejemplo, se unieron 32 comunidades del municipio para la resistencia. En diversas asambleas de consulta, las comunidades levantaron actas en donde ratificaban su oposición a la mina. También convocaron a una asamblea masiva a la que asistieron alrededor de 10 mil personas, además del presidente municipal y los representantes de la empresa minera JDC Minerals, de origen chino, a los cuales les exigían su inmediata salida del municipio. Ante la presión de los pobladores, la empresa decidió claudicar en sus intentos de instalar el proyecto en la zona.

En el caso de Olintla, cuando venía entrando por el camino la maquinaria para construir la represa, algunas mujeres se plan taron frente a ésta para obstruirle el paso. Posteriormente, se instaló un plantón permanente en el camino, evitando el avance en la construcción de infraestructura por parte de Grupo México, empresa a cargo del proyecto (Diego Quintana, 2017). La movilización logró que en 2013 la empresa desistiera de proseguir con la construcción de la hidroeléctrica.

En Tetela los pobladores, preocupados de que su fuente de agua se vería afectada por la empresa Frisco –propiedad de Carlos Slim–, cuya concesión abarcaba más de 10 mil hectáreas en la montaña y bosques donde se capta el agua para el consumo de la población, crearon la asociación civil Tetela Hacia el Futuro, en torno a la cual se desplegó una fuerte movilización social, que incluyó tapizar todo el pueblo con pintas y mantas en las casas, las iglesias, las capillas, los comercios y hasta los taxis con la leyenda “No a la mina” (Entrevista a Ignacio Rivadeneyra, 2017).

Si bien el proyecto fue detenido y condicionado a una consulta pública a los pobladores, cuyo plazo a realizarse venció en 2015, algunos pobladores temen que la exploración se haya realizado de todas formas, pues en los últimos años se han percatado de que, a pesar de la resistencia, han salido remolques con tierra, probablemente para realizar análisis de composición de suelo y roca (Ánimas Vargas, 2017).

Las empresas, muchas veces en complicidad con agentes del Estado, desplegaron estrategias reaccionarias en un modus operandi que se ha vuelto “típico” en cuanto a proyectos que requieren despojo territorial: amenazas, persecución, uso de la fuerza pública; sobornos o intento de sobornos a dirigentes y representantes de los movimientos, promesas de progreso y prosperidad económica, así como “dádivas” y “obsequios” a los pobladores, que van desde aparatos electrónicos, como televisores y celulares, hasta la construcción o promesas de construcción de escuelas, hospitales y obra pública. A pesar de dichas vicisitudes, los pueblos y comunidades organizados han sido capaces de sortearlas una por una, logrando prácticamente expulsar estos proyectos; pero la población sigue aún en alerta, pues en cualquier momento la amenaza podría volver.

Ante la llegada de estos proyectos que amenazan con instalarse a lo largo y ancho del territorio, distintas organizaciones de la región unieron fuerzas para conformar en 2012 el Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio, con el objetivo de acompañar a comunidades en resistencia contra estos proyectos extractivos, lo que supuso una primera articulación de los procesos de lucha.8 La experiencia de la creación de Tiyat Tlali representó un gran proceso de aprendizaje, pues, a decir de uno de sus integrantes, en ese entonces “no teníamos ni idea de lo que era la defensa del territorio, de la minería, del fracking” (Entrevista a Ignacio Rivadeneyra, 2017), por lo que una de las primeras acciones que desempeñó la organización fue investigar en qué consistían estos proyectos y cuáles eran los peligros, para posteriormente informar mediante asambleas en las comunidades. A partir de ello se conformaron comités comunitarios en varias de las localidades amenazadas. Con el tiempo, se fueron diseñando las líneas de acción para la defensa del territorio, que consisten en la difusión de la información de los peligros y las acciones mediante asambleas, la investigación de los diversos proyectos en colaboración con algunas organizaciones, el acompañamiento jurídico y legal de las denuncias y amparos, así como la estrategia de comunicación mediante ruedas de prensa y notas periodísticas. Tiyat Tlali ha compartido estas experiencias y estrategias con otras organizaciones de la Sierra Norte y otras regiones, conformando y ampliando el tejido de resistencia y organización que se ha ido desplegando a través del territorio.

En una asamblea celebrada en Olintla en 2013 en la cual participaron diversas comunidades y organizaciones de la Sierra Norte y otras regiones del oriente y nororiente del país, una mujer indígena totonaku afirmó durante un discurso que “la tierra está viva y nosotros luchamos por la vida en contra de los proyectos de muerte” (Entrevista a Ignacio Rivadeneyra, 2017). La idea hizo sentido entre las personas que asistieron y se difundió ampliamente entre los sujetos en lucha de toda la región y, posteriormente, fue compartida con otras organizaciones de otros lugares que se encuentran en resistencia contra los megaproyectos extractivos, a tal punto que la oposición contra los “proyectos de muerte” y “en defensa de la vida” se ha convertido en consigna central en México y Latinoamérica.⁹ Esta idea de oposición vida-muerte posee pues un fuerte potencial movilizador al cual se habrían de suscribir otras resistencias emergentes frente a otros numerosos proyectos que comenzaron a querer instalarse en diversas partes del territorio.Algunos participantes de la Unión Independiente Totonaco Nahua (Unitona) mencionan que, en el contexto de la conformación del Consejo Tiyat Tlali, varios integrantes de las organizaciones comenzaron a preguntarse: ¿qué tienen en común los diversos tipos de proyectos que amenazan sus territorios y la vida que en estos habitan?, ¿qué tienen en común las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto y el fracking? La respuesta que ellos se dieron fue: “que todos ellos nos traen la muerte” (Conversación con integrantes de la Unión Indígena Totonaku Nahua Unitona, septiembre de 2017). Como bien apunta Pierre Beaucage, cuando se habla de “hidroeléctricas”, “minería a cielo abierto” y fracking, esas palabras no te dicen nada más que una generalidad técnica de estos proyectos; cuando se les nombra como “megaproyectos”, lo único que te dice esa palabra es que son proyectos grandes; pero cuando se les nombra “proyectos de muerte”, de entrada te hace poner la alerta pues la palabra trae consigo la idea de los proyectos como amenaza para la vida (Pierre Beaucage, en conversación con integrantes de Unitona, septiembre de 2017).

En el municipio de Ixtacamaxtitlán, ejidatarios y habitantes de las comunidades del municipio conformaron la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, El Agua y La Vida, Atcolhua, que con la colaboración de otras organizaciones han resistido contra el proyecto minero Tuligtic, cuya concesión pertenece desde 2011 a la empresa canadiense Almaden Minerals y el cual ha llegado a la fase de alta exploración. Los campesinos han reportado diversas afectaciones al territorio y a sus comunidades; daño a casas y bardas por la vibración de las máquinas, destrucción de bosques, contaminación de suelo y agua, escasez de agua que ha provocado la desecación de cultivos, aumento de alcoholismo y enfermedades de transmisión sexual, división de la comunidad, así como malas condiciones laborales para los habitantes que han trabajado como obreros en la empresa. Almaden ha violado varias normativas, desde el mismo permiso de exploración en donde se perforaron mayor número de barrenos que los permitidos; así como la perforación a mayor profundidad de lo establecido en la normativa, lo que ha provocado daños al sistema acuífero (poder, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, El Agua y La Vida, Atcolhua, Imdec & Cesder, 2017).

En febrero de 2017 se publicó y posteriormente se entregó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) un informe de impacto a los derechos humanos en el municipio de Ixtacamaxtitlán, elaborado por diversas organizaciones, en donde se alerta de las afectaciones al territorio y a la población en materia del derecho humano al agua, al medio ambiente sano y a la salud, así como otras problemáticas ocurridas en la comunidad (poder et al., 2017). A finales de ese mismo año, algunos pobladores viajaron en representación del movimiento a Canadá, donde mantuvieron encuentros con inversionistas y políticos, exponiendo su problemática y exigiendo solución a ésta, pues la empresa no sólo ha sido poco transparente y ha intentado engañar a las comunidades, sino que también ha mentido y ocultado información intencionalmente a instancias gubernamentales tanto mexicanas como canadienses, incluso a los mismos inversionistas. En el río Apulco, en los límites de los municipios de Tetela, Xochitlán, Xochiapulco, Tenampulco y Zacapoaxtla, pobladores de 11 comunidades se unieron en defensa de su territorio conformando el movimiento Apolat Talpan Tajpianij (Guardianes de la Tierra del Río Apulco) frente a la construcción de una serie de hidroeléctricas que pretenden construirse en la cuenca: cuatro hidroeléctricas con los nombres de Ana, Boca, Conde y Diego por parte del grupo ica y la hidroeléctrica Gaya, propiedad de la empresa del mismo nombre.

En la cuenca del Ajajalpan, en el país totonaku, los Guardianes del Ajajalpan y la organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi conformaron resistencias conjuntas en contra de una serie de hidroeléctricas que diversas empresas como Grupo México, Comexhidro, Walmart, Suburbia, Deslec, Generadora de Energía Xochimilpa, entre otras, pretenden construir a lo largo del río. El proyecto Puebla 1, que contempla la construcción de una cortina de 42 metros de altura, afectando a comunidades de los municipios de San Mateo Tlacotepec, San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán; la Central Hidroeléctrica Xochimilpa, a la altura de Xochicuautla, Ahuacatlán y Zacatlán; así como la antes mencionada hidroeléctrica que Grupo México pretendía construir en la comunidad de Bienvenido y el municipio de Olintla¹⁰ (Alfaro Galán, 2012; Ayala Martínez, 2017).En los ríos Zempoala y Ateno se tiene contemplada la construcción de una hidroeléctrica “de última generación” nombrada Proyecto San Antonio, que requiere la desviación y entubado del río Ateno a lo largo de varios kilómetros, lo que supone la desecación permanente de buen tramo de la cuenca, poniendo en peligro el ecosistema y las formas de vida de los habitantes de los municipios de Zapotitlán, Zoquiapan, Nauzontla, Atlequizayán y Xochitlán, muchos de los cuales también han puesto resistencia a este proyecto.

En varios municipios se han conformado comités de defensa del agua, el territorio y la vida, y en algunos se ha presionado a los alcaldes y regidores para que levanten Actas de Cabildo en donde ratifiquen la prohibición de proyectos extractivos, declarándose como municipios libres de proyectos de muerte. En varios de estos casos ha destacado la movilización de los comités comunitarios de agua que autogestionan colectivamente el acceso al vital líquido, presionando a su vez a los ayuntamientos para que firmen acuerdos en donde se comprometen a respetar los derechos de uso de agua de los comités. Dentro de éstos destaca el municipio de Chignautla, cuyos comités comunitarios se organizaron en torno a la organización Amelatzin Hualactoc (‘agua que nace, que va corriendo’) en la cual se articularon buena parte de los comités de agua en contra de los intentos de municipalizar el agua de las comunidades.

En el ejido de Atoluca, Teziutlán, los pobladores han resistido contra los intentos de municipalización de los sistemas comunitarios de agua, además de oponerse a obras realizadas por la Minera Autlán, asentada en la cabecera municipal desde hace casi un siglo.

Acciones similares contra la municipalización han sido desplegadas por los comités de agua de Hueytamalco en torno al Comité de Defensa del Agua y el Territorio de este municipio.

El 22 de marzo de 2017 representantes de diversos municipios y organizaciones de la Sierra Norte convergieron junto con otras de diversas regiones de la entidad en una manifestación masiva que llegó a las puertas del Congreso del Estado de Puebla, en oposición a la reforma al artículo 12 de la Constitución estatal, la cual abría las puertas a la privatización del agua, y favorecería el despojo de ésta por parte de la industria extractiva. Las acciones convocadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala comenzaron tres días antes, durante los cuales partieron 5 caravanas desde distintos puntos de la entidad, cuyos contingentes se unieron en la capital para exigir al Congreso la derogación de la reforma.

Algunos municipios presentaron también 13 recursos de controversia constitucional, además de acusar que se falsificaron por lo menos siete actas de cabildo que aparecían como aprobatorias de dicha reforma. Si bien la iniciativa ha sido detenida, las organizaciones han invitado durante asambleas a estar alerta frente a cualquier nuevo intento de privatización (Hernández, 2017; Entrevista a Humberto Zárate, 2017).

Podemos ver que ante la amenaza de la posible instalación de los numerosos proyectos de muerte en la región, los habitantes han respondido con numerosos procesos de resistencia; no sólo en contra de las iniciativas extractivas en su territorio inmediato, sino sumando fuerzas y articulándose en contra de cualquier proyecto a lo largo y ancho del territorio de esta vasta región, creando movimientos y organizaciones exprofeso en el nivel local y de articulación micro y macro regional, moviéndose a través de las estructuras y dinámicas comunitarias de larga data, así como sumando fuerzas con históricas organizaciones de alcance regional como Tosepan y Unitona, que conforman parte del entramado y la tradición de lucha en la región.

También generaron vínculos con otras organizaciones de alcance regional con presencia en otros estados del oriente del país, como la Alianza Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonicapan (Corason) y la Alianza de Pueblos en Defensa de la Cuenca Apulco-Tecolutla y Bobos-Nautla; así como con redes, organizaciones y movimientos por todo el país y el continente, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (rema), la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

El descontento y la oposición a los proyectos de muerte en los pueblos y comunidades de la región se ha manifestado de manera generalizada entre los pueblos de la Sierra, contrario a la acusación que algunas empresas e instituciones gubernamentales han esgrimido: que por unos cuantos que se oponen al progreso, la población en general sufrirá el freno del “desarrollo” y el “progreso” que está llegando a la región. Esta gran oposición y rechazo a los megaproyectos sería ratificada con la gestación y aparición de una asamblea multitudinaria que, si bien comenzó a surgir en el marco local del municipio de Cuetzalan, su adherencia a ella se extendió rápidamente, al punto de desbordar los límites regionales y estatales.

Como vimos en el breve recuento histórico al principio de este artículo, Cuetzalan es un municipio particular que ha destacado por su larga tradición de lucha desplegando fuertes procesos organizativos desde la década de los 70 del siglo pasado. Las organizaciones de Cuetzalan han jugado un importante papel en las últimas dos décadas en la lucha contra el despojo, tanto turístico como extractivo.

En 2008 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) pretendía ejecutar en Cuetzalan un supuesto proyecto “eco-turístico” en la parte alta del municipio –sobre la Sierra de San Manuel–, que contemplaba la construcción de cabañas y “hoteles-escuela”. Algunas cooperativas y colectivos turísticos de carácter local y comunitario desconfiaron del proyecto, pues representaba una forma de competencia desleal frente a los proyectos locales, mientras que beneficiaba intereses de capital privado ajenos a las comunidades, y que deshonestamente tenía participación y beneficios en el proyecto tras la fachada de una cooperativa denominada “Bosque de Niebla”.

El descontento generalizado se manifestó cuando comenzaron las construcciones, afectando el brote de un manantial del cual se abastecen de agua potable cerca de 20 comunidades a través del Comité del Agua Industrial.¹¹ Los usuarios de este sistema comunitario de agua reportaron que en los hogares comenzó a llegar el vital líquido contaminado con cal, lodo y cemento, por lo que, en alianza con otros comités de agua, comenzaron a movilizarse para exigir la cancelación de la obra.Organizaciones sociales y comunitarias junto con los comités de agua se articularon en un fuerte proceso organizativo, logrando echar atrás el proyecto. Sin embargo, ante la preocupación que suscitó este acontecimiento, decidieron firmar un convenio con el Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cuprender) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), solicitando su apoyo técnico para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial.

La realización del ordenamiento se llevó a cabo con una fuerte participación de organizaciones, sectores productivos y comunidades a través de múltiples reuniones y asambleas, y contempló tanto el asentamiento urbano como las áreas silvestres y rurales desde una mirada ecológica, dando origen al Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, en vigor desde enero de 2011.

La Ley General de Protección al Ambiente (Legepa) establece que los ordenamientos deben contar con un comité de vigilancia en donde participen representantes de los tres niveles de gobierno, así como de sectores de la población. Al no especificar un número límite de participantes en este último rubro, se creó el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (cotic) que desde su constitución contemplaba la representación de las comunidades, organizaciones, sectores productivos y comités comunitarios de agua, convirtiéndose en un órgano de “vigilancia popular” para la protección, defensa y gestión del territorio (Linsalata, 2015).

Durante los primeros años, el cotic realizó funciones de vigilancia, denunciando tanto pública como legalmente a diversas obras y proyectos que atentaban contra lo establecido en el plan de ordenamiento territorial. La destrucción de manantiales por la construcción de una carretera por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) y el intento de construcción de una tienda departamental por parte de grupo Walmart son dos de los casos más emblemáticos a los que el cotic tuvo que enfrentarse.

Ante la inminente llegada de los proyectos de muerte a la región, en 2012 el cotic se propuso realizar labores de investigación para averiguar la presencia de concesiones mineras u otros proyectos en el territorio del municipio de Cuetzalan. En diciembre de ese año, el cotic hizo extensiva a la población de la sierra la invitación a la IV Asamblea General de este órgano, en la cual expresó su rechazo total a estas obras y su solidaridad con los pueblos de la Sierra Norte que se encuentran en resistencia. En esta asamblea se advirtió sobre la amenaza que estos megaproyectos representan y se hizo un llamado a todos los pueblos de la Sierra Norte a estar atentos, organizarse y unir fuerzas “para conformar una Asamblea para la Autonomía y Autodeterminación de nuestras comunidades, como un órgano que vele y vigile por el derecho libre, previo e informado a nuestros pueblos, así como por la defensa del patrimonio biológico y cultural” (cotic, 2013).

Las organizaciones se percataron de la presencia de tres concesiones conjuntas que abarcaban buena parte del sur del municipio, sobre la Sierra de San Manuel, hogar de diversos ecosistemas que captan el agua de donde surgen los numerosos manantiales que dan forma a los ríos y arroyos de los cuales toman agua las comunidades. Las concesiones invadirían también una parte considerable de los municipios de Tlaltauquitepec y Yaonáhuac.¹² También se percataron de la existencia de un proyecto hidroeléctrico cercano a la comunidad de Cuamono, en la cuenca baja del río Apulco.

Por otra parte, la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) declaró en su Manifiesto de Impacto Ambiental para el Proyecto Regional Petrolero Poza Rica-Altamira y Aceite Terciario del Golfo 2013-2035 que, debido a la existencia del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, no era posible realizar perforaciones en territorio cuetzalteco (González, 2018). Con ello, el cotic y las distintas organizaciones se percataron no solamente del gran interés que tenían las empresas sobre los recursos naturales de este municipio, sino que además vieron confirmado el potencial que el Ordenamiento Territorial tenía como herramienta jurídica para defender el territorio.Ante las amenazas al territorio de Cuetzalan, comenzaron a realizarse asambleas con la población y talleres con representantes comunitarios para analizar los documentos de las concesiones y dar a conocer la información. En marzo de 2014, se realizó en el auditorio de la Tosepan una reunión convocada por el cotic y los comités comunitarios de agua a la que asistieron alrededor de 200 personas y donde se manifestó la urgencia de organización y realización de asambleas para informar a la población y enfrentar a estos proyectos (Redacción La Jornada, 2014a). A raíz de ello comenzaron a celebrarse periódicamente asambleas en las distintas juntas auxiliares, las cuales se volvieron cada vez más numerosas y masivas tanto en la cantidad de personas como en la diversidad de los asistentes provenientes ya no de las comunidades de Cuetzalan, sino de otros municipios y regiones. También se crearon comités comunitarios de defensa en diversas comunidades del municipio.

Frente al peligro que representaba el proyecto minero, se conformó el Consejo Maseual Altepet Tajpianij (Guardianes del Territorio), compuesto por representantes de las comunidades de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac con el objetivo de “llevar a cabo acciones legales para detener los proyectos que amenazan la región y sobre todo el ‘territorio ancestral del Pueblo Maseual’ ” (González, 2018).

Las asambleas y movilizaciones ocurridas durante este año, así como la insistencia ante el ayuntamiento por parte del cotic y los comités de defensa, lograron que éste realizara una sesión de cabildo abierto el 6 de noviembre de 2014 en donde se ratificó en un acta la declaración de Cuetzalan como municipio libre de proyectos extractivos, especificando la prohibición de hidroeléctricas, minería y extracción de hidrocarburos y la negación de cambio de uso de suelo para este tipo de proyectos. Este logro fue compartido unos días después con los más de 2,500 asistentes a la Asamblea en la junta auxiliar de Xiloxochico, inspirando e invitando de esta manera a otros municipios a hacer lo mismo. A la Asamblea siguiente, celebrada en marzo de 2015 en la junta auxiliar de Pepexta, se anunciaba con alegría que el municipio de Tuzamapan de Galeana había logrado declararse también libre de proyectos de muerte. Durante la Asamblea se adhirieron los 90 pueblos que asistieron, a la demanda presentada por cotic a la Semarnat por presentar Manifestaciones de Impacto Ambiental “plagadas de errores, datos viejos y omisiones” (Redacción La Jornada, 2014b).

Con el tiempo se iban agregando a la Asamblea de los Pueblos Maseual, Totonaku y Mestizo en Defensa de la Vida y el Territorio cada vez más poblaciones y organizaciones logrando asambleas con más de 6 mil asistentes provenientes de alrededor de 200 comunidades correspondientes a más de una veintena de municipios de la Sierra Norte y zonas colindantes de Veracruz. Cerca de una decena de municipios siguió el ejemplo de Cuetzalan, presionando a sus autoridades para levantar Actas de Cabildo donde se declararon territorios libres de proyectos de muerte. Mientras tanto, el Consejo Maseual Altepet Tajpianij interpuso un recurso de amparo “en contra de quienes autorizaron la explotación de minerales en los tres municipios”, con lo cual se logró la suspensión total del proyecto que abarcaba más de 7 mil hectáreas. La movilización de comunidades y organizaciones logró detener también el proyecto hidroeléctrico en Cuamono.

En el marco de estas movilizaciones masivas y ante la amenaza de privatización del agua con fines extractivos, se creó el Consejo Maseual del Agua de Cuetzalan en torno al cual se articularon gran parte de los comités de agua del municipio y posteriormente Consejos Autónomos de Agua en distintas juntas auxiliares, con el fin de efectivizar la organización a una escala más pequeña pero igualmente articulada. Mientras tanto, las asambleas continuaron celebrándose cada dos meses, ya no sólo rotativamente al interior del municipio sino también en otras localidades de la región.

De esta manera, se iba fortaleciendo no sólo el movimiento articulador regional que comenzó a significar la Asamblea, sino que también se reforzaban las estrategias y luchas de los movimientos locales y micro-regionales.

Los pueblos de la Sierra Norte respondieron efectivamente ante la necesidad de organización y movilización conjunta y articulada. Ésta se había hecho evidente y urgente cuando varias organizaciones se percataron de que estos proyectos no estaban aislados, sino que representaban una única amenaza interconectada.

El proyecto Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín contemplaba la construcción de líneas eléctricas que habrían de conducir la energía desde las represas que se quieren construir, hasta una nueva subestación en Cuetzalan para después conectar mediante otra línea con viejas redes de alta tensión. Al revisar el trazo de las líneas eléctricas contempladas en el proyecto Línea de Alta Tensión, así como las líneas eléctricas preexistentes, se dieron cuenta de que las líneas pasaban cerca de las concesiones mineras y de extracción de hidrocarburos: las líneas de alta tensión eran los “cables que alimentan los proyectos de muerte” (Leonardo Durán, durante XVIII Asamblea, febrero de 2017). Estas redes eléctricas pasarían cerca de zonas habitacionales y escuelas, lo que preocupó a los pobladores, que temen que ello pueda traer daños a la salud y, además, la radiación eléctrica trastornaría el sistema de orientación de las abejas, por lo que muchos apicultores se verían afectados, por no hablar de los daños a los bosques y cafetales por deforestación, lo cual ya había comenzado a ocurrir.¹³ El 19 de noviembre de 2016, personas de las ocho juntas auxiliares y el casco urbano realizaron una marcha en contra de la obra y declararon una “clausura popular definitiva”, estableciendo un campamento en un predio aledaño donde la Comisión Federal de Electricidad (cfe) pretendía construir la subestación. En pocos días, se construyó con bambú una pequeña cabaña que serviría de refugio durante los casi 11 meses que duró el plantón. El campamento era custodiado por guardias rotativas conformadas por personas de las comunidades de diversos municipios de la región.

Además se sembró una milpa para demostrar

a aquellos que quieren los proyectos de muerte, que nosotros resistimos construyendo, no avanzamos destruyendo […] sembramos una milpa porque también queremos demostrar que nuestro pueblo es de cultivar, nuestro pueblo sabe que la mejor forma de defender la tierra es cultivándola (Zárate, 2017).

Se acusó al presidente municipal Oscar Paula de haber firmado el permiso de cambio de uso de suelo a pesar del compromiso del ayuntamiento que había declarado a Cuetzalan en acta de cabildo “municipio libre de proyectos de muerte”, además de violar el Ordenamiento Territorial, por lo que se interpuso tanto un recurso de inconformidad acusando al alcalde, como un amparo contra la obra de la cfe. El 1 de noviembre de ese mismo año la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla envió un citatorio a varios integrantes del cotic sin aclarar el motivo, por lo que los citados informaron por escrito a dicha dependencia que no asistirían hasta que se les informara la razón por la que habían sido citados.

Dicho acontecimiento fue compartido durante la XVII Asamblea (realizada el 18 de diciembre de 2016 en San Andrés Tzicuilan, Cuetzalan), donde el cotic expresó ante miles de asistentes que esa no era la forma de hacer las cosas, y colocaron una silla en representación del director de la dependencia, invitándolo a pasar a hablar con la población reunida en el auditorio. Efectivamente, el funcionario no se presentó, quedando evidenciada su ausencia.

Habitantes de las comunidades reportaron que la cfe comenzó a realizar “reuniones informativas” que intentaron hacer pasar apócrifamente como consultas a la población durante los primeros meses de 2017. Algunas personas exigieron a los funcionarios que, si realmente querían hablar, asistieran a la próxima Asamblea en presencia de todos. En algunas comunidades comenzaron a condicionarles la entrega de apoyos de programas sociales a cambio de firmar un documento en el que aceptaban estar a favor de la construcción de la subestación. Durante la XIX Asamblea (febrero de 2017) se denunciaron públicamente los intentos de las “consultas chafas”, además de solicitar la presencia del presidente municipal y del delegado de la cfe, quienes no se presentaron. Se le preguntó a la multitud de asistentes si estaban en contra de la construcción de la subestación y línea de alta tensión, los cuales de manera unánime se levantaron de su asiento y alzaron el brazo en señal de aprobación al acuerdo propuesto, demostrando así su rotundo rechazo al proyecto de la cfe.

Ante el argumento, por parte de la cfe, de que el proyecto era para beneficio de los pobladores de Cuetzalan, se instaló primero un modelo de sistema de panel solar para abastecer de energía al campamento de la clausura popular y posteriormente se realizaron demostraciones tanto en las Asambleas como durante las fiestas a San Isidro Labrador celebradas en la sede de la Tosepan. Se capacitó a jóvenes de las comunidades para adquirir las habilidades para diseñar proyectos e instalar sistemas de abastecimiento de energía solar en los barrios y comunidades de la región.

Durante la XX Asamblea (Zoquiapan) se montó con bambú un stand con paneles solares de los cuales se alimentaban diversos aparatos electrónicos. Ahí los jóvenes estuvieron dando demostraciones e información a los asistentes para que pudieran solicitar la adquisición de paneles solares en su localidad. Mientras tanto, la ocupación del campamento continuó hasta principios de octubre, cuando tras vencer el permiso de cambio de uso de suelo para la obra, se clausuró formalmente el plantón.

Si bien, durante 2017 el conflicto en torno al proyecto de subestación y Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín fue un tópico recurrente en las asambleas, también se tocaron otras problemáticas, variando conforme a la localidad en la que se celebraba. En la XIX y XX Asamblea (Xochitlán y Zoquiapan, abril y junio respectivamente) predominó el tema de las hidroeléctricas en el Apulco y el Zempoala, mientras que en la XXI (Tlapacoyan, Veracruz, agosto), realizada en el marco del Encuentro de Pueblos de Oriente, al que asistieron colectivos y organizaciones de Veracruz, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Puebla y Tamaulipas, sobresalieron las problemáticas respecto a la minería, el fracking e hidroeléctricas en estos estados.

En la Asamblea XXII (San Felipe Tepatlán, región totonaku, octubre) destacaron las problemáticas en torno a los proyectos hidroeléctricos del Ajajalpan, además de las represas y el fracking en la zona veracruzana de la misma cuenca, donde el río toma el nombre de Tecolutla. Fue además un histórico encuentro de fuerte simbolismo, en donde los visitantes de toda la sierra fueron recibidos a la entrada del pueblo por una comitiva conformada por el Concejo de Ancianos de la comunidad de Bienvenido y los músicos de la danza de los voladores.

Después de compartir el pan y el café, la multitud se dispuso a marchar cuesta abajo, deslizándose al margen de la barranca del Ajajalpan, levantando pancartas y coreando consignas contra los proyectos de muerte y en reafirmación de la vida al ritmo de los tambores y las flautas, hasta llegar al auditorio en el centro de San Felipe para realizar la asamblea. Ahí, dos mujeres, una maseual y la otra totonaku, intercambiaron semillas que fueron ofrendadas a la tierra como símbolo de la unión de los dos pueblos, con el compromiso conjunto de defender la vida y la Madre Tierra, para luego celebrar una solemne ceremonia en donde se rezó en totonaku a los cinco rumbos del universo: Norte, Sur, Oeste, Este y Centro.

De manera particular, cabe resaltar que en cada asamblea la localidad anfitriona se organiza colectivamente para ofrecer comida y bebida (tamales, itacates de enfrijoladas, enmoladas y enchiladas, café, agua fresca) a los miles de asistentes en una cooperación conjunta de la trama comunitaria y la trama organizativa existente “a su manera” en cada lugar.

Por otra parte, a las asambleas han asistido representantes de otros movimientos fuera de la región, frente a cuyas causas los asistentes y organizaciones mostraron y ratificaron su apoyo y solidaridad.

Entre otros, han asistido a las asambleas el movimiento maya de Campeche contra el monocultivo de soya transgénica, así como representantes de pueblos y organizaciones en defensa del maíz nativo; los pueblos del Altiplano Poblano contra el despojo de agua y representantes de la resistencia contra el gasoducto en Hidalgo.

También los pueblos de Nayarit contra varios megaproyectos en dicho estado; los normalistas rurales de varias escuelas del país con las madres y padres de Ayotzinapa, e incluso, en varias ocasiones han asistido dos mujeres del pueblo Dakota de la nación Sioux de Standing Rock en contra del oleoducto que invadiría su territorio sagrado.

La Asamblea de los Pueblos Maseual, Totonaku y Mestizo en Defensa de la Vida y el Territorio ha funcionado como un espacio de convergencia y articulación de diversas colectividades y organizaciones locales y regionales en primera instancia, en donde las comunidades suman fuerzas para resistir de manera conjunta contra todos los proyectos de muerte que amenazan la Sierra Norte de Puebla; además de ser un espacio de diálogo y solidaridad con otras luchas de México y América.

Hemos visto a lo largo del texto cómo es que una serie de movimientos pequeños de carácter local en la región de la Sierra Norte de Puebla y zonas aledañas de Veracruz comienzan a crecer y articularse, creando alianzas, mostrando solidaridad y sumando fuerzas en una compleja red de entramado colectivo y organizativo.

Entramado que se despliega desde la larga historia de resistencia en la región a través de las estructuras comunitarias que los pueblos han construido y mantenido con el objetivo conjunto de cuidar y defender la vida y el territorio.

Vemos, además, cómo las diversas problemáticas locales, con sus estrategias particulares, son llevadas a la multitudinaria Asamblea, en donde entre todos los procesos se fortalecen a sí mismos, circulando la información, ratificando acuerdos y posicionándose ante las autoridades y empresas como espacio popularmente legitimado de las decisiones que conciernen a los pueblos de la Sierra Norte: la Asamblea de los Pueblos Maseual, Totonaku y mestizo en Defensa de la Vida y el Territorio.

Una asamblea en donde los sujetos en lucha desbordan el espacio inmediato de sus propios movimientos, a tal punto que se ha expandido más allá de la región, entendiendo que la lucha debe ser conjunta contra todos los proyectos de muerte. A la par de ello han ido proponiendo alternativas (los “proyectos de vida”, dicen en la Sierra) contra este modelo “civilizatorio” fundamentado en el despojo, la rapiña y la destrucción de todas las formas de vida; de “nuestra vida como pueblos”, la vida de los bosques, los ríos, las montañas y las formas de vida que estos pueblos han practicado, transformado, y construido históricamente: la vida en su conjunto. Todo ello se une en una movilización que se potencia con la fuerza de lo simbólico, tanto con la inventiva de elementos novedosos, como con la invocación de aquellos símbolos dados por la tradición de los pueblos maseual y totonaku y, a veces, mediante la poderosa invocación de las fuerzas de la tierra renovadas en un tiempo nuevo.

A pesar de los innegables logros obtenidos, que han demostrado la fuerza de la lucha organizada y articulada en su despliegue, la amenaza aún persiste. En 2018, una serie de acontecimientos mostraron que aquellos que procuran la acumulación a cualquier precio (la vida humana y no humana en los territorios) no se han dado por vencidos. La cfe ha demandado a varios de los integrantes del cotic, acusándolos de “obstrucción de obra pública” por la resistencia a la subestación y a la línea de alta tensión. Ante esto, el apoyo a los habitantes de Cuetzalan se ha expresado mediante un comunicado suscrito por más de 8 mil firmas, tanto individuales como de organizaciones de diversas partes de país y del mundo.

Los pueblos de la cuenca del Zempoala se ven nuevamente amenazados por la reciente aprobación del Proyecto Hidroeléctrico San Antonio, mientras que, por otra parte, fue ejecutado un ecocidio en la parte alta de Cuetzalan: varias hectáreas de bosque mesófilo de montaña fueron devastadas por parte de una empresa turística.

Además, algunos pobladores han reportado una creciente especulación inmobiliaria en esta zona, aparentemente con fines turísticos y “turístico-residenciales”, así como una fuerte inflación en los precios de los terrenos y las rentas en todo el municipio.

Por otra parte, la inseguridad y la violencia se han manifestado cada vez más y con mayor frecuencia en varios municipios y comunidades de la región; esta situación, según diversas organizaciones, es aprovechada y muchas veces provocada por los mismos que promueven los proyectos de muerte, con el objetivo de desestabilizar el movimiento. En 2018 fueron asesinados tres luchadores sociales opositores a los proyectos de muerte en la Sierra Norte.

Invito pues, a los lectores de este texto a estar al tanto de los acontecimientos en la Sierra Norte, difundir y socializar la información si la situación lo requiere, así como solidarizarse con las acciones urgentes, marchas y movilizaciones, cuando las organizaciones así lo convoquen. Sumar fuerzas a la ya potente lucha en defensa de la vida y el territorio contra los proyectos de muerte que están llevando a cabo los pueblos maseual, totonaku y mestizo de la Sierra Norte de Puebla.