Resumen: Este trabajo es una aproximación teórica al origen y evolución del “envejecimiento activo” como marco político a escala internacional desde finales del siglo pasado, y su influencia institucional en Europa y España hasta nuestro días. Igualmente, se relaciona este concepto con otros similares que evidencian la importancia de las políticas y programas de mejora de la calidad de vida entre las personas mayores en sociedades senescentes. Como surgen otros términos significativos del contexto socio-demográfico que confirman el peso creciente de la población de personas mayores de 65 años como ciudadanía sénior, y los nuevos papeles sociales de los adultos mayores como agentes de bienestar general y solidaridad intergeneracional. Así, la ciudadanía sénior aparece como presente y futuro en sociedades cambiantes en las que será preciso un nuevo contrato social de responsabilidad individual y vital para afrontar los múltiples desafíos políticos, económicos, tecnológicos y demográficos.
Palabras clave:Envejecimiento demográficoEnvejecimiento demográfico,Solidaridad intergeneracionalSolidaridad intergeneracional,Poder grisPoder gris,Adultos mayoresAdultos mayores,AbuelidadAbuelidad.
Abstract: This paper is a theoretical reflection on the origin and evolution of "active ageing" as a political framework at the international level since the end of the last century, and its institutional influence in Europe and Spain currently. Likewise, this concept is related to similar ones that show the importance of policies and programs to improve the quality of life among older people in ageing societies. As a result of this research, other significant terms of the socio-demographic context confirm the increasing weight of the population of people over 65 as senior citizen, and the new social roles of older adults as agents of welfare and intergenerational solidarity. Thus, senior citizenship is present and future in changing societies where a new social contract of individual and vital responsibility will be necessary to cope the political, economic, technological and demographic challenges.
Keywords: Demographic ageing, Intergenerational solidarity, Gray power, Older adults, Grandfatherhood.
Artículos
Envejecimiento activo y ciudadanía senior
Active ageing and senior citizen
Recepción: Abril , 23, 2018
Aprobación: 20/02/2019
“Hace cien, cincuenta años había gente preocupada por cómo costearía su vejez, hoy empieza a haber una cierta preocupación en torno a la naturaleza y el sentido de la actividad humana en ese largo periodo que va desde la jubilación hasta la muerte, y se percibe una cierta crisis en la autoestima, esa importante fuente de felicidad a lo largo de la vida.” (Moncada, 1998:27).
El fenómeno del envejecimiento demográfico es, paradójicamente, tanto uno de los más grandes (y recientes) logros recientes de la Humanidad, como un complicado reto que afrontar a lo largo del siglo XXI, ante el aumento de demandas sociales vinculadas a dicho envejecimiento. El descenso de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida de hombres y mujeres desde mediados del siglo pasado, proceso que se viene generalizando en las últimas décadas en otros muchos países, son las causas demográficas del envejecimiento actual. Naturalmente las causas últimas de que, por primera vez en la historia humana, haya tal abundancia de población madura y longeva, hay que buscarlas en el éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, más allá de las manifiestas y persistentes desigualdades entre regiones y hemisferios.
El envejecimiento de la población obliga a reconsiderar el concepto de persona “mayor” (hasta ahora la de más de 55 años)1, pero también a sustituir la idea del envejecer como una carga (burden aging) por la del buen envejecer (aging well). Si bien todavía se hace referencia a menudo a la factura del envejecimiento demográfico en términos economicistas como un coste para el resto de la sociedad, abundan también desde hace al menos dos décadas los trabajos de investigación, declaraciones políticas e institucionales, que incorporan al balance las contribuciones sociales y familiares de este colectivo a lo largo de la vida. Además, las personas mayores, al llegar a la vejez en mejores condiciones físicas, están asumiendo nuevos roles, pero también demandando nuevos productos, y servicios adaptados a sus necesidades e inquietudes, lo que también tiene un impacto positivo en la actividad económica.
En este contexto socio-demográfico surge el concepto que nos ocupa, si bien ha ido evolucionando, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud2 como “envejecimiento saludable” (OMS,1994), poniendo el énfasis en la actividad y salud, hacia un modelo más integrador como “envejecimiento activo”, definido “como un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, que tienen como fin mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2002). Es decir, que una vez alcanzado el objetivo de envejecer sano, manteniendo un buen nivel de actividad física, se trata ahora de permanecer activo también social y mentalmente, participando en actividades recreativas, de voluntariado o remuneradas, culturales, sociales y educativas en los entornos donde conviven los mayores con personas de otras edades y generaciones.
Los determinantes del “envejecimiento activo” son la salud, la seguridad, la participación social, y también la formación continua de las personas adultas mayores a lo largo de su ciclo vital. Por consiguiente, el objetivo de esta nueva conceptualización fue buscar un mensaje más amplio que el del “envejecimiento saludable” reconociendo el impacto de otros factores y sectores además del sistema sanitario.
El término “envejecimiento activo” y otros términos gerontológicos dentro del mismo campo semántico tienen su origen, a mediados del siglo XX, en los trabajos de Cavan, Burgess, Havinghurst y Goldhamer (1949) en los Estados Unidos de América, considerados hoy como los precursores de la gerontología moderna. También se utiliza a veces el sinónimo de “envejecimiento con éxito” al entender (Rowe y Kahn,1997) que la vejez con éxito es aquella con baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad asociada, alto funcionamiento cognitivo y capacidad física funcional y compromiso activo con la vida, negando así en cierto modo el comienzo de la vejez al reemplazar aquellas relaciones, actividades y roles de la edad media que se han perdido, con otros nuevos, con el fin de mantener actividades y una vida satisfactoria. En ese sentido, entre las teorías sociológicas sobre la vejez, el envejecimiento activo sería la respuesta a la Teoría del Desenganche, que contempla el envejecimiento como un periodo inevitable de pérdida de roles, relaciones, y en suma significación social.
En los años ochenta el concepto resurgió con la expresión de “envejecimiento productivo”, tras cambiar el enfoque de las investigaciones sobre el envejecimiento, desde las personas mayores al del proceso humano que se desarrolla a lo largo de la vida. Butler y Schechter (1995) definieron el “envejecimiento productivo” como “la capacidad de un individuo o una población para servir en la fuerza de trabajo remunerada, en actividades de voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse tan independiente como sea posible” (p.763). Posteriormente, se definió como cualquier actividad realizada por una persona mayores que produce bienes o servicios, o desarrolla la capacidad para producirlos tanto si se paga por ellos como si no (Morgan, 1986). Así, la ciudadanía sénior norteamericana reivindicaba más ocio que obligaciones familiares una vez jubilados, y el paradigma del “envejecimiento activo” fue llevado ante la Cumbre de Denver del Grupo de los Siete, en junio de 1997, y los delegados debatieron sobre la eliminación de desincentivos a la permanencia activa de los trabajadores y las barreras encubiertas al empleo temporal.
Desde una perspectiva menos mercantilista, a partir de los años noventa el envejecimiento demográfico empieza a considerarse en Europa no sólo como un desafío sino como una oportunidad, bajo la influencia de la OMS, tras enfatizar la conexión vital entre actividad y salud. Se desarrolla entonces el concepto de “envejecimiento activo” al vincularlo a más actividades que las asociadas a la producción, y acentuando el peso de la participación y la inclusión de las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho.
Por tanto, la esencia europea sobre el “envejecimiento activo” es el resultado de una combinación del elemento básico del envejecimiento productivo, pero con énfasis sobre la calidad de vida, y el bienestar mental y físico. Sin embargo la Comisión Europea, en 1999 y con motivo del Año Internacional de las Persona Mayores, impulsó el “envejecimiento activo” en la agenda política comunitaria. El documento político “Hacia una Europa para todas las edades” (CE, 1999) identificó cuatro desafíos: el declive de la población en edad laboral; el gasto en los sistemas públicos de pensiones; el incremento de la necesidad de cuidados; y la diversidad entre los recursos y riesgos de las personas mayores. Estos desafíos obligaban a incrementar las tasas de empleo en Europa promocionando el aprendizaje a lo largo de la vida, la flexibilidad en el empleo y la mejora en los incentivos laborales; mejorar las políticas de protección social y revertir las tendencias de jubilaciones anticipadas; ayudar a la investigación sobre políticas de salud y cuidados a la vejez; y desarrollar políticas en contra de la discriminación laboral y la exclusión social por motivos de edad. Por tanto, para algunos autores se trata todavía de una visión productivista y utilitarista, centrada en la mejora de las condiciones de los trabajadores mayores para que participen en el crecimiento económico (Foster y Walker, 2014), más que centrarse en aspectos gerontológicos, por tanto en la persona senescente.
Durante las siguientes décadas y hasta la actualidad, la Unión Europea ha ido proponiendo distintas acciones políticas focalizadas en el “envejecimiento activo”, con el objetivo de que los Estados miembros aprovechen las potencialidades de los trabajadores baby boomers junto a otras generaciones más jóvenes en el desarrollo económico y social en el Viejo Continente. Este objetivo de la solidaridad entre generaciones es contemplado por primera vez en el Tratado de Lisboa de 2007, proponiéndose posteriormente la celebración del Año Europeo sobre el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional para 2012.
La mejora en las condiciones de vida y el desarrollo social y económico de otros países emergentes hace que el concepto sea de aplicación ya no únicamente en los países centrales del sistema mundo (Jones, 2014). El “envejecimiento activo”, como concepto y como herramienta política, ha sido revisado por International Longevity Centre Brazil (2015) “como un proceso de interacción dinámica, a lo largo de toda la vida, del riesgo y la protección en la persona y en su entorno” (p.85). De modo que la magnitud, la rapidez y el dinamismo de la revolución de la longevidad y sus impactos territoriales, permite concluir que “el modelo de envejecimiento activo sigue presentando un marco coherente y amplio para las estrategias a nivel global, nacional, local e individual que den respuesta a la revolución de la longevidad” (p.106).
Todo este proceso de conceptualización científica y asunción política del término ha conducido a la elaboración del Active Age Index (AAI), iniciativa conjunta de la Comisión Europea y de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa en 2012, promoviendo un análisis comparativo, en los 27 países de la Unión Europea, del nivel de vida independiente de las personas mayores, su participación en el trabajo remunerado y en actividades sociales, así como la capacidad para envejecer activamente. Se compone de 22 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: empleo, participación social, vida independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable. Los valores del índice varían entre 0 y 100, siendo los valores más altos indicativos de un mayor grado de realización del potencial de las personas mayores. Cabe decir que España alcanza el 32,6% de las posibilidades de las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento activo y saludable, ligeramente por debajo de la media europea, que es el 33,9% (UNECE, 2015).
Este creciente interés por la temática también ha ayudado al incremento de la investigación. Aunque hubo pioneros que propugnaban esta concepción positiva de la vejez como Havighurst, Neugarten, Burgess, Tobin, Albrecht, Cavan, entre otros, a través de sus teorías de la actividad y el envejecimiento exitoso, lo que supuso un cambio de paradigma desde las teorías antienvejecimiento al concepto de envejecimiento activo (Poveda et al. 2009), sin embargo hasta hace unos años, especialmente en Europa el hablar de “mayores activos” o “productividad en la vejez” resultaba incomprensible socialmente, ya no digamos cuando se planteaba en términos del “debate, soterrado pero a la larga ineludible, sobre la extensión de la vida laboral hasta los 70 años” (Baigorri, 1999). Pero con el cambio de siglo la actividad de los mayores empieza a reconocerse, contra todo estereotipo, mereciendo la realización de investigaciones y reflexiones para desvelar la cara más activa del envejecimiento (Agulló, Agulló y Rodríguez, 2002).
El surgimiento del envejecimiento activo ofrece una visión alternativa a los antiguos paradigmas que asociaban la vida de las personas mayores con la dependencia, vulnerabilidad, falta de capacidad, en suma una pobre calidad de vida. Frente a las actitudes sobreprotectoras que aún predominan en muchos contextos sociales como reflejo de ese imaginario, se propone que las personas mayores participen activamente en sus entornos para proyectar una imagen social adecuada a su circunstancias, que suponga la recuperación de un mayor poder civil que a su vez irá acompañado de una nueva percepción social, menos condescendiente con las actitudes de sobreprotección (Pardo, 2005).
El envejecimiento activo se sitúa en la base del reconocimiento pleno de los derechos humanos también a las personas mayores, en lo que hace a la independencia, participación, dignidad, atención y autodesarrollo. Así, desde esta perspectiva, los determinantes del “envejecimiento activo” serían: económicos, sociales, físicos, servicios sociales y de salud, personales (psicológicos y biológicos) y comportamentales (estilos de vida). Se trata de un concepto bio-psico-social y, por tanto, no limitado al logro de una buena salud libre de discapacidad.
Podríamos decir que el planteamiento de las generaciones que llevan a la madurez, a la vista de los logros no sólo médico-asistenciales, sino también sociales y políticos alcanzados, es el de querer llegar a cumplir muchos años de vida sin enfermedades que limiten las capacidades individuales, pero igualmente satisfechos con los logros alcanzados y aún por alcanzar en edades avanzadas, como parte del ciclo de vida humano.
Sin embargo, el hecho natural de envejecer durante un largo periodo de vida es, hoy por hoy, un privilegio al alcance de sólo una pequeña parte de la población mayor, a tenor de los datos demográficos y las condiciones de vida en las distintas regiones del planeta, por lo que podríamos considerar que, actualmente, el Envejecimiento Activo es un programa “para ricos” que sólo mediante la extensión de los beneficios del desarrollo económico, social y político podrá alcanzar a toda la población.. No es lo mismo envejecer en un país con políticas y programas que cubren las necesidades básicas y esenciales para la vida de una persona mayor, que en otros donde este segmento de población ni siquiera forma parte de la agenda política (OMS, 2015), persistiendo grandes limitaciones para acceder a los recursos básicos de salud pública, asistencia social o vivienda que les permita vivir en mejores condiciones.
Por otra parte, si en los países menos desarrollados son los factores materiales estructurales los que limitan la aplicación de dicho objetivo, en los países más avanzamos también existen limitantes de naturaleza cultural. Así, el edadismo y el maltrato de las personas mayores como actitudes, y no sólo los efectos de guerras, hambrunas, epidemias o desastres naturales, condicionan el significado de envejecer y ser viejo en el siglo XXI. Y no se trata del debate sobre la redefinición del umbral de la vejez por sus implicaciones en el diseño de políticas públicas y en la propia percepción social de la vejez (Abellán, Ayala y Pujol, 2017), sino de los riesgos crecientes en países que no garantizan envejecimiento con dignidad, promoviendo la autonomía y la participación social de la tercera edad, como contempla la Declaración de Lisboa (UNECE, 2017).
Alan Walker concluye que la esencia del concepto de envejecimiento activo es una combinación del núcleo del envejecimiento productivo, más un énfasis fuerte sobre la calidad de vida y el bienestar mental y físico (Walker, 2006). De esta forma, reduce a tres las claves del nuevo concepto de envejecimiento activo: envejecimiento productivo, calidad de vida, y bienestar mental y físico.
Más allá del cambio de paradigma en la investigación científica, tanto biomédica como psicosocial, o como consecuencia del mismo, durante los últimos decenios sucesivos hitos históricos muestran la progresiva sensibilización de los responsables públicos a nivel mundial. Aunque es un proceso diferenciado, pues es en los países del hemisferio Norte -en donde se localizan las sociedades más ricas y avanzadas- donde más claramente han apostado firmemente por diseñar y ejecutar políticas favorables hacia la vejez y el envejecimiento, como elemento estratégico de sus políticas tendentes al bienestar general. Podemos hacer una lectura idealista, según la cual sus gobiernos han entendido que una sociedad senescente debe atender hoy las necesidades y las expectativas de un segmento de población emergente como es el de las personas mayores, o bien podemos hacer una lectura materialista, según la cual los gobiernos del Sur apenas cuentan con recursos para enfrentarse al problema del envejecimiento desde el paradigma clásico. En suma, que el envejecimiento activo podríamos entenderlo también desde una perspectiva crítica como “cosa de ricos”, sólo abordable hoy por hoy en países que obtienen plusvalías derivadas del intercambio desigual.
Veamos algunos de esos hitos. Pues aunque no cabe duda de que los derechos de las personas mayores se han tenido en cuenta a escala internacional, de una u otra forma, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen sin embargo numerosos protocolos internacionales sobre Derechos de todos, sin una mención concreta de las personas mayores. Hasta la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969 no existe una mención específica de la vejez. Su artículo 11 postula:
“a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas personas que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a quienes estén a su cargo;
b) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, ancianos e impedidos;
c) La protección de las personas física o mentalmente desfavorecidas;
d) La garantía de que a todos los individuos, sin discriminación de ninguna clase, se les den a conocer sus derechos y obligaciones y reciban la ayuda necesaria en el ejercicio y protección de sus derechos.”
Hubo que esperar hasta principios de los años ochenta para que las Naciones Unidas adoptaran el Primer Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado en la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, que orientó el pensamiento y la acción sobre el envejecimiento durante las dos últimas décadas del siglo XX, resultando en iniciativas y políticas de importancia crucial.
En 1991 la Asamblea General promulgó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas Mayores (Resolución 46/91) que reafirman los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor del ser humano y la necesidad de igualdad en cinco ámbitos: independencia, participación, asistencia, realización personal y dignidad.
En 1999 surge el concepto de “una sociedad para todas las edades”, formulado como lema del Año Internacional de las Personas de Edad, que contenía cuatro dimensiones: el desarrollo individual durante toda la vida; las relaciones multigeneracionales; la relación mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo; y la situación de las personas de edad. El Año Internacional contribuyó a promover la conciencia de esos problemas, así como la investigación y la acción en materia de políticas, en todo el mundo, incorporando las cuestiones relacionadas con el envejecimiento a las actividades de todos los sectores, con la finalidad de promover oportunidades relativas a todas las fases de la vida.
En 2002, la comunidad internacional dio un gran paso con la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid, en la cual se adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, conocido como el Plan de Acción de Madrid. Este recoge una serie de temas centrales vinculados a las metas, objetivos y compromisos orientados al fin último de mejorar las condiciones económicas y sociales de todos, entre ellos:
“a) La plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
b) El envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el objetivo de la eliminación de la pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad;
c) La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente en la vida económica, política y social de sus sociedades, incluso mediante trabajo remunerado o voluntario;
d) Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en la comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un grupo homogéneo;
e) La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las personas de edad;
f) El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas de edad, entre otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación por motivos de sexo;
g) El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el desarrollo social las familias y la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad entre las generaciones;
h) La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las personas de edad, incluidos los cuidados de la salud preventivos y de rehabilitación;
i) La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos sus niveles, la sociedad civil, el sector privado y las propias personas de edad en el proceso de transformar el Plan de Acción en medidas prácticas;
j) La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y el aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, entre otras cosas, las consecuencias individuales, sociales y sanitarias del envejecimiento, en particular en los países en desarrollo;
k) El reconocimiento de la situación de las personas de edad pertenecientes a poblaciones indígenas, sus circunstancias singulares y la necesidad de encontrar medios de que tengan una voz eficaz en las decisiones que les afectan directamente.”
Este Plan marca la hoja de ruta para la formulación de políticas hacia sociedades para todas las edades, con el objetivo de que las personas mayores tengan oportunidades de seguir contribuyendo al progreso y bienestar general. Pero entendiendo que las aportaciones de las personas de edad van más allá de sus actividades económicas, pues con frecuencia esas personas desempeñan funciones cruciales en la familia y en la comunidad. Se hace entonces necesario reconocer todas esas contribuciones, incluidas las del trabajo no remunerado realizado por este segmento de la población, especialmente por las mujeres.
Cinco meses después, en septiembre de 2002, las delegaciones gubernamentales de cincuenta y dos países de la región de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas se reunieron en la Conferencia Ministerial de Berlín, donde adoptaron la Estrategia de Implementación Regional (RIS) del Plan de Acción de Madrid. La Estrategia indica las diferencias regionales con respecto a la situación y condición de las personas mayores y reconoce que en los países con economías en transición las condiciones económicas y sociales de las personas mayores siguen siendo sumamente difíciles, por lo que las políticas no pueden ser exactamente las mismas. Esta Estrategia de Implementación Regional contiene los 10 compromisos siguientes:
“1. Integrar el envejecimiento en todos los ámbitos políticos con el propósito de armonizar las sociedades y las economías con el cambio demográfico para lograr una sociedad para todas las edades.
2. Garantizar la plena integración y participación de las personas mayores en la sociedad.
3. Promover el crecimiento económico equitativo y sostenible en respuesta al envejecimiento de la población.
4. Adaptar los sistemas de protección social en respuesta a los cambios demográficos y a sus consecuencias sociales y económicas.
5. Capacitar a los mercados laborales para que puedan responder a las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento de la población.
6. Promover la educación permanente y adaptar el sistema educativo de forma que se ajuste a las cambiantes condiciones económicas, sociales y demográficas.
7. Esforzarse para garantizar la calidad de vida a todas las edades y mantener una forma de vida independiente que incluya la salud y el bienestar.
8. Integrar un enfoque de género en una sociedad que envejece.
9. Apoyar a las familias que proporcionan asistencia a las personas mayores y promover la solidaridad inter e intrageneracional entre sus miembros.
10. Promover la aplicación y el seguimiento de la RIS mediante la cooperación regional.”
La Conferencia Ministerial Europea sobre el Envejecimiento produjo también una Declaración Política Ministerial que reconocía los cambios demográficos sin precedentes con la mayor proporción de personas mayores en Europa, lo que plantea muchos desafíos, aunque también oportunidades.
El año 2007 fue proclamado por la Unión Europea como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, para conseguir un trato igualitario y una vida sin discriminación para todos sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente, entre otros aspectos, de la edad. Se definieron los cuatro objetivos para lograr este clima social favorable a la igualdad de oportunidades para todas las personas:
En otras regiones del mundo, como América Latina, también se ha avanzado en políticas para las personas mayores a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como muestra la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe celebrada en Asunción (Paraguay) en 2017, donde se debatieron los principales avances, limitaciones y desafíos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores (CEPAL, 2017). Entre los contenidos de mencionado encuentro internacional destaca las tres categorías de derechos de las personas mayores: derechos emergentes, derechos vigentes y derechos extendidos. Los derechos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos o de derechos parcialmente recogidos en la normativa internacional y nacional vigente, frente a los derechos vigentes que son los ya contemplados en las normas internacionales pero que requieren cambios para adaptarlos a las necesidades específicas de un colectivo, ya sea por medio de nuevas interpretaciones o ampliación de contenidos. Mientras que los derechos extendidos están referidos específicamente a colectivos que aún no han disfrutado de ellos por omisión o discriminación (Huenchuan, 2016).
El mismo año 2017 se celebró la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento “Una sociedad sostenible para todas las edades: Desarrollando el potencial de una vida más larga” en Lisboa (Portugal), donde se debatió sobre los retos que plantea el envejecimiento a escala mundial, y especialmente en Europa. Esta conferencia concluyó con la ya citada Declaración de Lisboa, que completa el tercer ciclo de evaluación (2012-2017) del Plan de Acción de Madrid y su Estrategia Regional de Implementación (MIPAA/RIS), en base a los siguientes ejes temáticos (UNECE, 2017):
En el caso de España hemos de hacer además referencia como hito fundamental al Libro Blanco del Envejecimiento Activo (IMSERSO, 2010a), que afirma que queda mucho camino por andar y que el paradigma sobre el envejecimiento activo se hace realidad a medida que la persona mayor se reincorpora cada día con más decisión a la vida social normalizada. El informe detecta cómo en los últimos quince años se ha producido un claro incremento de las actividades más sociales, que implican salir y relacionarse (ir a centros de mayores, asistir a espectáculos, asociarse, aprender nuevas habilidades, etc.) o cuidar la salud a través de la realización de alguna actividad física. Así, la autonomía personal, la igualdad y la diversidad son señalados como valores básicos para fundamentar una visión de ciudadanía, de una nueva vejez, que permita construir una sociedad que encare este siglo de forma equilibrada y equitativa, que reconozca la contribución de las personas mayores al bienestar del país.
Este concepto surge por analogía con el “aprendizaje a lo largo de la vida”, relativo a toda actividad formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin de mejorar sus conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos personales, sociales y/o profesionales. Así, la idea de “ciudadanía a lo largo de la vida” subraya la capacidad de cualquier ciudadano o ciudadana para ejercer sus derechos y deberes, durante las distintas etapas de la vida; en particular, en el caso que nos ocupa, a partir de la edad de jubilación cuando se tiene la percepción de que estas personas son meras receptoras de recursos públicos y apartadas de los procesos sociales, demostrando que la realidad refleja cómo las personas mayores se movilizan colectivamente para generar bienestar general y transformar la sociedad, desde la experiencia de vida acumulada.
Para Simmel (2001:359), “el hombre está determinado en todo su ser y en todas las exteriorizaciones por el hecho de que vive en interacción con otros hombre, de ahí, que está determinado a cada instante de su ser y hacer por el hecho de que es un ser social”. Partiendo de este ideal simmeliano sobre la interacción social, resulta complejo comprender a un grupo social, como las personas mayores, como ajeno a la dinámica por la que fluyen las costumbres, usos y creencias de una sociedad de la que forman parte como ciudadanía. Es un escalón básico en la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow (1998) que nos impulsa a la participación, ser parte de una comunidad.
Si desde la perspectiva tradicional y reduccionista, a “los viejos se les ha mirado como sujetos pasivos, como masa inorgánica de individuos sin capacidad de agencia social en términos políticos o sin capacidad de crear movimientos sociales” (Robles, 2006:162), frente a esta imagen estereotipada están siendo los propios adultos mayores quienes están demostrando que son capaces de movilizarse política y socialmente para la reivindicación de sus derechos. Es en cierto modo el ideal planteado por Simone de Beauvoir (1970), cuando denunciaba el fracaso de nuestra civilización respecto a la vejez, criticando que si la cultura no fuera un saber inerte, adquirido de una vez por todas y luego olvidado, si fuera práctico y viviente, si gracias a ese saber el individuo tuviera sobre su medio un poder que se realizara y se renovara en el curso de los años, a toda edad sería un ciudadano activo, por lo que la vejez no existiría como tal.
Sin duda incluso las sociedades más avanzadas están aún lejos de lograrlo. Así, hablando de derechos de ciudadanía, existen muchos principios de actuación contemplados en la vigente Constitución española (1978) que se pueden aplicar a las personas mayores, pero sólo una vez se menciona a la Tercera Edad de forma explícita, en el artículo 50: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Por supuesto, este artículo debe ser entendido como un complemento que especifica para las personas mayores unos derechos que ya se contienen en otros preceptos constitucionales como el Artículo 41, que establece la obligación a los poderes públicos de mantener un sistema público de seguridad social; el Artículo 43, que establece el derecho a la protección de la salud; el Artículo 44.1 que trata de la promoción del acceso a la cultura y el Artículo 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Los frenos son abundantes, en términos de situaciones de vulnerabilidad y exclusión: la pobreza, el edadismo, las barreras arquitectónicas, el estado de salud, la discapacidad y dependencia, las brechas tecnológica y generacional, el acceso a recursos normalizados, la soledad y el aislamiento, limitaciones para el ejercicio de derechos, invisibilidad del colectivo y un sinfín de circunstancias identificables. Y es “que la posición social del mayor se vincula a una situación de pérdida, en primer lugar, del estatus ocupacional, pero también de ingresos monetarios, de salud física y psíquica, de relaciones sociales, en suma, de importancia en la sociedades actuales” (Díez Nicolás, 2006:39).
No obstante, se distinguen ejemplos significativos de participación activa de la ciudadanía sénior a través de formaciones políticas y organizaciones de la llamada Sociedad Civil, en cualquier ámbito territorial, que reflejan el interés como actores sociales por los asuntos públicos. Aunque su derecho a gobernarse a sí mismos no siempre es respetado por los sistemas políticos, y ocurre que alguien toma la autoridad y control sobre sus vidas aduciendo un impedimento para ejercerla a causa de su dependencia (Robles, 2006).
Blau (1973) plantea que si se diera a los ancianos la oportunidad de desempeñar su papel de ciudadanía en sentido amplio del concepto, mediante el servicio activo en y para la comunidad, la etiqueta ciudadanía sénior (senior citizen) recobraría un sentido de que hoy por hoy carece. Pero hay autores como Rosow (1974) que desarrollan teorías sobre la pérdida de papeles (role loss), llegando a una conclusión pesimista sobre la falta de síntomas que generen un cambio social que integre más sólidamente a la vejez en nuestra sociedad. Hochschild (1973) hipotetiza que el aislamiento de los ancianos está justificado por tres factores: su declive en el rendimiento laboral, la consolidación de un sistema de estratificación basado en la edad, y el relativo debilitamiento de los vínculos de parentesco a nivel general. Frente a tal contexto esta autora propone que la solidaridad comunitaria puede renovar el contacto social que los ancianos mantienen con la vida, para así emerger una “conciencia de vejez”.
Decía Laín Entralgo, que “para la conversión del envejecimiento en empresa vital y personal, en la realidad del viejo deben existir dos notas esenciales: la autosensibilidad imaginativa y creadora, y la concreción de ella en una determinada vocación. Lo cual plantea ineludiblemente el problema de la relación del envejecimiento con la vida social y, por tanto, el deber de la sociedad para ayudar a sus miembros en la empresa de ser personalmente viejos” (Laín Entralgo, 2001:12).
La realidad, de facto, es que “pasadas las primeras décadas de sorpresa por el fenómeno del envejecimiento masivo, se observa ya cómo la vejez se está convirtiendo en una poderosa fuerza social (según hemos señalado, también con un fuerte peso electoral), aún cuando la literatura especializada en la cuestión sigue presentando tintes tremendistas y sobre todo pesimistas. Se acrecienta su prestigio, se recupera su influencia en el entorno familiar, constituye un sector económico en alza” (Baigorri, 1995:64)3.
En esta línea está la función de gobierno, que de hecho durante buena parte de la Historia de la Humanidad han ejercido los mayores, salvo en periodos traumáticos y revolucionarios. Desde que tenemos registro literario se establece ese valor añadido de los mayores al gobierno de los asuntos colectivos, destacando filósofos romanos como (Seneca, 2007), para quien la temeridad juvenil y las pasiones son moderadas por la prudencia, la reflexión y el autocontrol en la vejez; o (Cicerón, 1981), quien en su diálogo con Catón el Viejo proclama la capacidad de desempeñar activamente quehaceres hasta una edad muy prolongada. El planteamiento, en este sentido, que algunos autores, y los propios mayores, se hacen es, por tanto: si durante siglos se ha dado por supuesto el valor de la vejez para el buen gobierno, ¿por qué no han de seguir siendo útiles coeducadores, excelentes patricios, líderes o consejeros de organizaciones cívicas, cuando ya están exentos en general de las ambiciones y conflictos de interés que enajenan a algunos jóvenes políticos?
Naturalmente esto cambió con la Revolución Industrial, el desarrollo de la Ciencia y la Técnica, y sobre todo la consecuentemente aceleración permanente de las competencias necesarias para el desempeño de cualquier actividad, y por tanto la rápida obsolescencia de los conocimientos. Por otra parte, el papel que los mayores tuvieron como transmisores del conocimiento perdió su función con la aparición de la imprenta y los subsiguientes medios de comunicación de masas. Lo que hace sentir, en el culmen de la Sociedad Industrial, a los viejos como un auténtico problema. El gran demógrafo Alfed Sauvy, pronatalista y uno de los primeros en atisbar el problema del envejecimiento de las sociedades europeas, advertía a Francia que un pueblo que envejece corre el peligro de carecer de espíritu de empresa (Sauvy, 1959). Pues hasta muy recientemente, “en nuestras sociedades, se considera convencionalmente que la vejez comienza en el momento en que termina la actividad económica de una persona” (Gómez, 2010).
¿Cómo se articula esa dialéctica entre lo que parece una tendencia secular a la pérdida de significación social de los mayores, y su restauración como una fuerza social emergente?. Este concepto va más allá de esa idea de “fuerza social”, y referido a la acción socio-política de los mayores toma una pluralidad de significaciones entre los sociólogos (Deslile, 2004).
Viriot-Durandal (2003:32) lo define “como el conjunto de los medios que disponen los jubilados y los mayores para proteger y defender sus intereses materiales e inmateriales, no limitándose al ámbito político, pues se extiende a las actividades culturales, sociales, económicas,…, que desarrollan estos grupos”. Un concepto que fue atisbado tempranamente por Pratt (1976) al observar la aparición de “grupos de presión grises”.
Gil Calvo (2003:180) define el poder gris como “la nueva actitud que ambiciona hacer de la vejez una senda de auto-superación personal y ascensión civil, que con voluntad de progreso busca apoderarse del propio destino final; como estrategia que en el futuro caracterizará a las próximas generaciones de mayores, ejercientes de sujeto agente de la propia longevidad, muy alejadas del tradicional conformismo resignado que todavía paraliza a los que nacieron antes de la guerra”.
La participación social a través de organizaciones sénior, cuya vocación es simultáneamente colectiva y solidaria, constituye contrapesos al principio democrático, y en consecuencia, garantiza el ejercicio civil en una democracia participativa. Así, aún persiguiendo objetivos tan antiguos como la obra de Tocqueville, estas asociaciones son de hecho factores de innovación social, y se plasman en una democracia de participación más directa, una “democracia asociativa” (Legrand, 2004).
En Europa el poder de los adultos mayores está en progresión, no tanto por el dinamismo e influencia de las organizaciones sénior, como por la implicación de esta ciudadanía en sindicatos y partidos políticos. En contraste con los Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores jubilados europeos continúan siendo miembros de sindicatos con los que se identifican por su acción socio-política. Y es que la mayoría de los mayores europeos dependen de las prestaciones públicas, con lo cual son más propensos a votar en el sentido de sus intereses, manifestando que tres cuartas partes de ellos consideran que sus gobiernos no hacen bastante por ellos, y una cuarta parte estaría incluso dispuesta afiliarse a un partido exclusivamente consagrado a la defensa de sus intereses como grupo etario (Peterson, 2002).
Experiencias no faltan al respecto. En 2002 surgía en Canadá el Grey Party, que llegó a presentarse en New Brunswick, aunque sólo obtuvo el 0,4% de los votos. Más éxito ha alcanzado el partido 50PLUS en Holanda, en donde ha obtenido varios escaños y numerosas concejalías. De oportunista, en octubre de 2018 se anunciaba en España la creación de un partido de pensionistas, el PJPE, “auspiciado por médicos, abogados y algún magistrado”4. De hecho, es en España donde se produce uno de los primeros intentos: el partido Panteras Grises de España, que se definía como "partido de los prejubilados, jubilados, pensionistas, viudas y huérfanos" y que se planteó presentar candidaturas en las elecciones municipales y autonómicas 1991 en 350 municipios de España5.
Un fenómeno muy analizado en el caso español, como expresión emergente del poder gris en España, es el de los denominados “yayoflautas”, jubilados que en 2011 empezaron a acompañar el movimiento del 15M, si bien poniendo el acento al manifestarse en aquellas decisiones políticas que afectan a sus condiciones de vida, desde la subida de los billetes de bus urbano hasta la demanda por una pensión digna. En aquel momento, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, describió a los manifestantes como perroflautas, y fue cuando los indignados más mayores de Barcelona modificaron el "perro" por "yayo" para auto-bautizarse con el neologismo de yayoflautas (iaioflautas en catalán) (Valverde, 2018). En este artículo de prensa se entrevista a Mar Abad, autora del libro “De estraperlo a postureo: cada generación tiene sus palabras” (2017), quien cuenta que la transformación de un insulto en un apelativo cariñoso es una de las lecciones aportadas por estos jubilados indignados, que han conseguido que tenga un significado político en un terreno extraoficial para cuestionar la política oficial y proponer como yayoflautas nuevas vías de organización social, quienes como con larga experiencia política, plantean, en uno de sus lemas: “La experiencia es un grado; la indignación, un estado”.
Pero conviene apuntar que los intereses genéricos vinculados a la edad encubren a menudo diferencias mucho más pertinentes en términos políticos, económicos, culturales y étnicos (Durandal, 2002). No se puede hablar de un poder gris que responde a las aspiraciones políticas de un grupo homogéneo de personas mayores, como tampoco puede referirse a una identidad específica con respecto a los jubilados o a las diferentes generaciones de jubilados, aunque en ocasiones encuentren factores que aparenten una unidad de acción, como en las citadas movilizaciones en España en 2018.
La figura de los mayores jubilados cubre una realidad amplia y heterogénea por la diversidad sociológica, ya sea en España como en países de nuestro entorno. El efecto generacional y la diversificación de los modos de vida en la jubilación hacen cada vez menos adecuado el criterio de la edad para entender el interés de este grupo de edad (Argoud, 2002), que no llega a constituirse como grupo de interés. Otros autores incluso ponen en cuestión la noción de generación como paradójica y ambigua; (Gaullier, 1998) apunta que no hay identidad colectiva de generación, de ideologías estructurante, de compromisos políticos comunes. Así, se hace cada vez más difícil hacer oír la voz del jubilado, como única y constante en sociedades tan cambiantes y dispares.
Algunos autores manifiestan la descarga ideológica del poder gris como consecuencia de la desideologización en la sociedad, que se distingue por la tendencia creciente a influir en la política a través de un lenguaje deliberadamente no político (Gauchet, 1998). Para los nuevos jubilados se trataría no tanto de transformarse en partidos políticos que pretenden asumir total o parcialmente la colectividad, como de hacer oír sus peticiones y expectativas de derechos y de reconocimiento (Durandal, 2002). No obstante, numerosos observadores consideran que la legitimidad simbólica de las organizaciones sénior rara vez se traduce en una auténtica influencia política, pues sigue siendo incierto el poder político de estas organizaciones (Day, 2002).
En resumidas cuentas, el poder gris podrá reestructurar paulatinamente la sociedad, de modo que vaya sustituyendo las distintas formas de discriminación por edad de las personas mayores (edadismo)6 por una nueva cultura de la vejez que permita aprender a envejecer con éxito personal y social. Así, se puede afirmar que estos movimientos sociales y políticos liderados por adultos mayores no pretenden defender los intereses grupales de una clase de edad contra otra, ni instaurar una gerontocracia, sino la conquista de sus derechos en un contexto de equilibrio y cohesión social que reconozca y atienda las demandas de las personas a lo largo de su vida. Prueba de ello serían las pretensiones intergeneracionales en las demandas de las plataformas de Yay@flautas, cuando sus responsables aseguran que entre sus miembros hay quienes llevan toda la vida luchando en la calle y otros que ahora han abierto los ojos al observar cómo viven sus hijos y luchan para que sus nietas y nietos tengan un futuro mejor (Valverde, 2018).
La peculiar constelación de generaciones demográficas existente en España (Caballero y Baigorri, 2013 y 2018) está convirtiendo a los adultos mayores en una auténtica “agencia de bienestar” para sus familiares más jóvenes (especialmente en el marco de la crisis económica, pero con una tendencia a la cronificación en el marco de la precarización de las relaciones laborales y dada la creciente escasez de recursos dedicados por el Estado a la familia (Pérez Díaz, 2004). Cada día son más los adultos mayores que proporcionan servicios y bienes particulares con el ánimo de compensar aquellas limitaciones que padecen los miembros familiares más jóvenes, ante las dificultades para estabilizar su situación económica doméstica ante la falta de empleo o de precarización laboral. Es decir, cuando falla la principal fuente de ingresos, que son las rentas del trabajo en la ciudadanía joven, algunos adultos mayores contribuyen a mantener unas condiciones de vida adecuadas a estas generaciones juveniles “mileuristas” -ya “inframileuristas”-, emancipadas o no del hogar familiar.
Según la Encuesta Continua de Hogares (2015), las personas de 65 y más años aumentaron un 1,3%, siendo el mayor incremento entre los que vivían en pareja con hijos (6,9%). También se incrementaron los mayores que vivían sin pareja pero con hijos y los que vivían con otros parientes que no son su pareja ni sus hijos (3,5% en ambos casos). La forma de convivencia más común en las personas de 65 o más años que vivían en viviendas familiares era en pareja sin hijos en el hogar (45,0%), seguida de solas (22,4%) y en pareja con hijos (15,4%). Y en este contexto residencial familiar se produce un intercambio permanente de apoyos emocional, instrumental y material entre personas de distintas generaciones que comparten hogares. En relación a las personas mayores que reciben cuidados emocionales o instrumentales aumenta con la edad. En cuanto a los miembros jóvenes de las familias, reciben ayudas económicas y patrimoniales, además de apoyo emocional de parte de sus mayores.
Por primera vez en la historia, cuatro o cinco generaciones de españoles coexisten con sus diferentes vivencias y sus diversas expectativas de futuro. Puede decirse que esta familia extensa de varias generaciones es una institución autocompensada en la que son fundamentales los principios de la compensación y el reemplazamiento (Townsend, 1970).
Una expresión sobresaliente es a través de la “abuelidad canguro”, esto es haciéndose cargo de las actividades cotidianas de atención y cuidado de los nietos cuando los progenitores están ausentes de sus hogares por motivos laborales, o cuando en el mismo hogar de los abuelos conviven varias generaciones. Especialmente entre las mujeres mayores no pocas padecen el llamado “síndrome de la abuela esclava”7, que aunque no esté catalogada como enfermedad en un vademécum médico, es potencialmente mortal por el altísimo grado de sufrimiento que provoca y el gran deterioro de la calidad de vida de la propia afectada (Guijarro, 2004). En ese orden, cabe destacar que la sociedad en general, y menos aún las instituciones del Estado no reconocen aún el ahorro económico con el trabajo invisible de realizan estas mujeres mayores, como "cuidadoras de la sociedad", según apunta (Durán, 2012), quien denomina a este trabajo no remunerado el "gigante escondido" de la economía, equivalente según sus cálculos al 53% del PIB en España. Las propias personas mayores ocupan actualmente el 27,5% de la demanda de cuidados, pero que se prevé lleguen al 46% en 2050 en España, donde la carga de trabajo recae principalmente en las mujeres, como cuidadoras tradicionales del cuidado de los niños, enfermos o mayores de su familia8.
En sentido contrario aparecen otros síndromes, como el de “abuelos golondrinas”, referidos a aquellos que rotan periódicamente entre los hogares de los hijos cuando los recursos de los ancianos son escasos o existen un cúmulo de deterioros físicos, sensoriales o cognitivos que requieren una vigilancia permanente.
Estos ejemplos habituales representan las vivencias de la abuelidad y de la solidaridad intergeneracional que continúa ejerciéndose en la sociedad actual, si bien en comparación con épocas pasadas, hoy existen normativas reguladoras de ayudas para la atención de las familias y las situaciones de dependencia.
Estas situaciones se reproducen en la civilización occidental, al igual que sucede en otras sociedades, en las que la solidaridad intrafamiliar e intergeneracional son elementos comunes en un proceso de diversificación de los modelos de familia. En una coyuntura en la que unos valores y vínculos familiares objeto de estima están sometidos a la desintegración de las referencias y seguridades institucionales y a la brutalidad de las agresiones económicas y sociales, los abuelos son esenciales para preservar el capital social de la familia. Las relaciones entre las parejas jóvenes y sus progenitores siguen siendo fuertes, y los abuelos prestan ayuda financiera, cuidan de los niños y transmiten también la historia familiar en una búsqueda contemporánea de las raíces. La socialización con amistades y vecindario ha aumentado tanto que la sociabilidad en la vejez se ha convertido en una característica de la sociedad actual. El capital social familiar refuerza la participación en el capital social de quienes han cumplido los 60, y viceversa (Worms, 2003).
Además de las buenas prácticas intergeneracionales en el ámbito familiar, la acción colectiva entre los adultos mayores no debería aspirar únicamente a su propio interés, pues los conocimientos de los mayores contribuyen al bienestar general. Esta sería la clave para fomentar entornos para el encuentro, el intercambio y la cooperación entre generaciones, que busquen y apliquen soluciones intergeneracionales que redunden en sociedades más igualitarias y cohesionadas, especialmente en momentos de crisis económica que acrecienta la solidaridad intergeneracional en el seno de las familias con mayores que resultan piezas claves para la estabilidad y el sostenimiento cultural, material y espiritual de las mismas (Giró, 2010).
Los datos del Active Ageing Index (UNECE, 2014) apuntan que los mayores españoles ocupan una posición intermedia (puesto 14 de 27 países europeos) con el 9,6% de voluntariado, el 36,1% de cuidados a niños, 15,7% de cuidados a otros adultos mayores y el 10,6% de participación política. Se trataría de buenas prácticas del compromiso social y familiar de parte de la ciudadanía sénior que apuesta por su envejecimiento activo y empoderamiento cívico en sociedades intergeneracionales, en las cuales a veces resulta complejo su plena inclusión por condicionantes edadistas, incluso gerontofóbicos.
Frente a realidades estereotipadas y discriminantes por motivos de la edad, situamos el ejercicio del voluntariado sénior como fuente de capital social y como ejemplo de comportamientos prosociales, estudiados en el caso de la Asociación de Voluntariado Informático Mayores de Extremadura (Cambero, 2005 y 2015). AVIMEX implementa la acción voluntaria en el ámbito de la alfabetización digital de personas de distintas edades y condiciones sociales, orientados a reducir la fractura digital (Baigorri y Chaves, 2005) entre aquellas personas y grupos sociales en riesgo de info-exclusión. Está compuesta en la actualidad por casi 300 voluntarios distribuidos en centros públicos de mayores por la geografía extremeña, ofreciendo cursos y talleres de cualquier nivel de conocimiento ofimático y telemático a quienes precisan la accesibilidad para el uso de las TIC. En AVIMEX convergen intereses tanto individuales como colectivos, ya que por un lado, la autorrealización personal, la autoestima, la inversión del tiempo libre, el aprendizaje a lo largo de la vida, la expresión agrupada, el sentimiento de identidad, la convivencia generacional, la comunicación interpersonal, la renovación de roles, entre otras consideraciones; y por otro, la participación cívica, la intervención comunitaria, la transformación social, la conectividad en red, la ayuda solidaria y el voluntariado a favor de otras personas, en este caso, de la e-inclusión.
Relacionando los conceptos de envejecimiento, participación, aprendizaje e inclusión de las personas mayores en la actualidad, Giró (2010) apunta la educación como instrumento para fomentar la generatividad en la vejez, no sólo para contribuir a un mejor envejecimiento desde el punto de vista personal, sino también para aprovechar las competencias y experiencias de los adultos mayores para el desarrollo socio-comunitario. Ese sería el caso estudiado del voluntariado tecnológico o digital practicado por los miembros de AVIMEX, como agentes del bienestar para envejecer bien en casa o en una comunidad como la extremeña.
El concepto de solidaridad intergeneracional ya es antiguo, correspondiendo su aparición justamente al momento de universalización de los sistemas de pensiones y la emergencia del envejecimiento como fenómeno-problema. El futurólogo estadounidense Alvin Toffler analizó en su libro “La tercera ola” (1980) la evolución histórica de la humanidad hasta un futuro inminente una vez superada la era industrial, afectando a las ideologías, los modelos de gobierno, la economía o las comunicaciones. En esta obra destacan la importancia de las relaciones intergeneracionales como medio de construcción de la comunidad, permitiendo estructuras de contacto entre los jóvenes y las personas jubiladas, éstos últimos como mentores que enseñen algunos de sus conocimientos prácticos sobre una base voluntaria o de contratación a tiempo parcial en distintos ámbitos del saber. De igual modo, vaticinaban la nueva psicosfera donde la batalla deberá librarse contra la soledad como plaga social en constante aumento, propiciando el sentido de comunidad en la emergente civilización del mañana, especialmente entre los ancianos. Y tan tempranamente como en (Bengtson y Roberts, 1991) ya se recoge una taxonomía de la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, su naturaleza es cambiante, en función de las dinámicas económicas y avances tecnológicos y sociales.
Las sociedades avanzadas son multigeneracionales porque en ellas conviven personas de distintas generaciones. El reto social es evolucionar de lo multigeneracional hacia lo intergeneracional. A diferencia del término multigeneracional, que sólo indica que varias generaciones coexisten en un mismo contexto, el de intergeneracional representa cómo esas generaciones interactúan entre sí, ya sea de forma aleatoria, ocasional o cotidiana. Es decir, el intercambio y la solidaridad intergeneracional representan una reciprocidad de intereses, relaciones y servicios entre miembros de distintas generaciones, ya sea dentro o fuera del entorno familiar, que permiten reconstruir redes sociales, desarrollar la capacidad de la comunidad y crear una sociedad inclusiva para todos los grupos de edad (Granville y Hatton-Yeo, 2002).
Los cambios demográficos debieran impulsar nuevas formas de solidaridad entre las generaciones, basadas en el apoyo mutuo y en la transferencia de habilidades y experiencias. Estas pueden ser de naturaleza muy diversa, habiendo podido encontrar en investigaciones como en un ámbito hoy tan importante como el de concienciación y hábitos proambientales, abuelos y nietos intercambian de facto componentes cognitivos y/o actitudinales que contribuyen a que ambas generaciones se beneficien del intercambio, como se demuestra en (Caballero, 2005 y 2015) y (Caballero, Baigorri, Cambero, 2016). Todas las generaciones somos entre sí interdependientes, nos necesitamos mutuamente, estamos obligadas a intercambiar apoyo y otro tipo de recursos para mantener y mejorar nuestro bienestar general. De modo que el envejecimiento puede convertirse en un factor de desarrollo si unos colaboramos con otros, si mantenemos una especie de contrato según el cual es aceptable que todos dependamos de los que todos contribuimos, manteniendo el equilibrio de la balanza intergeneracional (Sánchez et al., 2007).
Las Naciones Unidas reconoció en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el año 2002, la “necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes, y de alentar las relaciones solidarias entre generaciones” (ONU, 2002). Esta solidaridad intergeneracional debería fomentarse a todos los niveles y ámbitos, desde la familia hasta las comunidades, pues sin esta solidaridad no será posible lograr sociedades para todas las edades, en la que podamos convivir en equidad y reciprocidad todos los grupos etarios. Un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Naciones Unidas (ONU, 2007) subraya “la importancia de fortalecer la solidaridad intergeneracional mediante iniciativas destinadas a promocionar un intercambio mutuo y productivo entre las generaciones, con una atención especial a las personas en edades avanzadas, consideradas como recurso de la sociedad”.
Igualmente, la Comisión Europea, en su interés de formular políticas eficaces para hacer frente con éxito al reto y a la oportunidad que supone el envejecimiento demográfico, hizo pública su valoración de lo importante que es revisar y potenciar las condiciones de la solidaridad intergeneracional: “Los cambios demográficos están modelando una nueva sociedad, habiendo menos jóvenes y adultos, y más trabajadores de edad, jubilados y ancianos. Nuestras sociedades deben inventar nuevas vías para valorizar el potencial de crecimiento que representan las jóvenes generaciones y los ciudadanos de edad más avanzada. Será necesario que todos los agentes contribuyan a gestionar estos cambios: deben desarrollarse nuevas formas de solidaridad entre las generaciones, hechas de apoyo mutuo y transferencia de competencias y experiencias” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005). En ese sentido, el aprendizaje intergeneracional y a lo largo de la vida son recursos para la promoción del capital social en sociedades más cohesionadas para todas las edades, dado que estos aprendizajes son conceptos y procesos inclusivos que incorporan la reciprocidad intergeneracional en el aprendizaje, desde lo intergeneracional (“jóvenes hacia mayores” y “mayores hacia jóvenes”) hacia los multigeneracional (“haciendo cosas juntos”) (UNECE, 2017).
El camino hacia una “sociedad para todas las edades” requiere la implementación de políticas públicas y prácticas que refuercen tanto el desarrollo del individuo durante toda su vida, como los entornos que permitan la capacitación de familias, barrios, comunidades e instituciones. Es la capacidad comunitaria, entendida como la interacción de capital humano, organizacional y social existente en una comunidad para solucionar con eficacia los problemas colectivos (Chaskin, 2001). Se comprende que en este ambiente social se evitaría la dualidad y contraposición social de la gerontocracia -propia de épocas pasadas-, frente a la juventocracia -preponderante en la actualidad-, ya que el envejecimiento es asunto que nos afecta tarde o temprano a todos.
Como ha explicado Alan Walker, el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional es un aspecto importante de la aproximación moderna al envejecimiento activo (Walker, 2006: 85). En el campo de la participación social y comunitaria, con la finalidad de valorizar el potencial de crecimiento que representan tanto las generaciones jóvenes como las mayores, y así contribuir conjuntamente al desarrollo y bienestar general. Está demostrado que los mayores comprometidos con la realidad circundante, mediante su participación activa en la vida social, evitan la soledad y el aislamiento por los beneficios individuales que conllevan estas prácticas de convivencia intergeneracional.
Las iniciativas intergeneracionales sitúan al mayor jubilado en una situación de interrelación con los demás componentes de la comunidad, puesto que el criterio de la edad desaparece en favor de una concepción más intergeneracional del vínculo social (Argoud, 2002). Este factor es clave para construir sociedades más democráticas e inclusivas de todos los grupos sociales y ciudadanos, si se quiere progresar de forma justa, solidaria y sosteniblemente.
En lo que se refiere al desarrollo histórico de los programas intergeneracionales como instrumento eficaz para superar los estereotipos relacionados con la edad (Sánchez et al., 2007), estas iniciativas arrancan en las décadas de los sesenta y setenta en los Estados Unidos, centrados inicialmente en el creciente distanciamiento entre generaciones debido a los cambios en el mercado laboral. En una segunda fase, dos décadas más tarde, los programas intergeneracionales se caracterizaron por abordar problemas sociales relacionados con las necesidades culturales, sociales y económicas que afectaban a dos segmentos de la población tan vulnerables como la infancia y juventud, y las personas mayores. Por último en la tercera fase, a finales de los noventa, se observa un incremento de estas acciones intergeneracionales en el desarrollo socio-comunitario, ampliando su espectro de actuación para lograr la reconexión de las generaciones, en sintonía con la construcción de una sociedad para todas las edades.
En Europa, a finales de los noventa, los programas intergeneracionales iniciaron su desarrollo con fuerza como respuesta a problemáticas tales como la integración de las personas inmigrantes, en el caso de Holanda, la inclusión y los nuevos roles de las personas mayores, en el Reino Unido, o la percepción de una cierta crisis en los modelos de solidaridad familiar tradicionales y el interés por impulsar el envejecimiento activo, en el caso de España. Habría muchos ejemplos que señalar tras varias décadas, pero destacaríamos aquellas iniciativas que están combatiendo una de las principales preocupaciones entre los mayores españoles y europeos, la soledad, como problema social y de salud. Gobiernos de Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Francia están adoptando medidas políticas para reforzar planes de acción contra la soledad desde 2014, en colaboración con distintos agentes para prevenir la exclusión de las personas mayores desde la perspectiva de la solidaridad intergeneracional. En Austria, Estonia o Ucrania se imparten materias escolares sobre la educación por la ciudadanía democrática focalizadas en las relaciones de las personas mayores y sus relaciones con personas de otras edades, promocionando así los derechos humanos para optimizar las oportunidades de bienestar y participación social (UNEC, 2017). En algunos países han aparecido servicios especializados de consultoría, tanto para la administración pública como para las empresas, para ayudar en el diseño y aplicación de este tipo de programas.
Prueba del interés por las iniciativas de mejora del entendimiento entre personas de diferentes generaciones, lo refleja que España ya sobresaliese en Europa, según los datos del Eurobarómetro Flash de marzo de 2009 (nº 269) sobre solidaridad intergeneracional, que indicaban que el 83% de los europeos consultados considera importante que se utilicen fondos públicos para apoyar iniciativas y proyectos que reúnan junto a jóvenes y mayores, alcanzando el 87% entre los españoles. Además, mientras el 79% de europeos creían que se debería animar a los mayores a involucrarse en tareas de voluntariado con los propios mayores, dicha opinión alcanzaba entre los españoles el 87%. Aunque ciertamente estos resultados, como indicadores actitudinales, reflejan más el deseo mayoritario que la propia realidad, apuntando el largo camino que queda por recorrer en materia asociativa y de acción colectiva en España, en comparación con los niveles de sociabilidad asociativa existentes en otros países europeos.
Al margen de estos programas organizados por instancias públicas y privadas, se confirma que las relaciones intergeneracionales en las familias españolas están muy arraigadas, pero mucho menos fuera de la familia. Los españoles tenemos una concepción familista en cuanto a esta institución como fuente “natural” provisora de cuidados a personas ancianas, como ocurre en la Europa mediterránea (Italia, Grecia, etc.), en contraste con los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, etc.) que son estatistas por las políticas y modelos de servicios prestados por el Estado del bienestar como demanda de la responsabilidad pública hacia la ciudadanía.
Sí se observa la tendencia al equilibrio y la complementariedad de los servicios sociales públicos y la solidaridad familiar en España -especialmente, tras la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia-, de modo que este comportamiento social no debe sustituir, ni erosionar las ayudas domésticas frente a estructuras de apoyo que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores.
También es importante incentivar la solidaridad intergeneracional entre personas de distintas edades que no estén unidas por parentesco. Este tipo de relaciones intergeneracionales suelen comenzar con la jubilación, cuando algunos adultos mayores sensibles, participativos y extrovertidos expresan sus sentimientos de utilidad social, y se integran en organizaciones para realizar funciones de voluntariado, participación cívica, etc., aportando experiencias vitales y conocimientos a otras personas, incluso foráneas a nuestro contexto cultural. Entonces estaríamos refiriéndonos a relaciones intergeneracionales e interculturales entre mayores y ciudadanos llegados de otras latitudes del globo terrestre, en el marco de sociedades pluriétnicas como la España mestiza del siglo XXI.
Retomando la estrategia del envejecimiento activo debería basarse en las contribuciones combinadas de ciudadanía y sociedad. En términos políticos de la Unión Europea, la promoción del envejecimiento activo implicaría establecer nexos entre las políticas de empleo, salud, protección social, pensiones, inclusión social, tecnologías y económicas (Walker y Foster, 2013). Pero también hay críticas sobre la corta historia del envejecimiento activo, visto como una prominente posición retórica en las agendas de las políticas comunitarias pero con escasos recursos destinados a su puesta en práctica, más allá de las acciones en el mercado laboral (Barrett y McGoldrick, 2013).
El significado de la vejez, como fase terminal del ciclo humano de vida, ha cambiado sensiblemente en las últimas décadas. Tras milenios de elevada posición en la estructura social de las sociedades, como depositarios del saber y sobre todo de la Historia de la comunidad, el desarrollo de la Sociedad Industrial supuso una pérdida de importancia objetiva de los mayores, situación que se complica en la segunda mitad del siglo XX con la emergencia de lo que hemos dado en llamar envejecimiento de la población.
Enfrentar esa nueva consideración de “los viejos” como un problema ha constituido el leitmotiv de numerosas iniciativas, tanto desde el ámbito de la ciencia como desde las políticas sociales, en las últimas décadas. Para ello ha sido fundamental la evidencia, por un lado, de la existencia de unos mayores en buenas condiciones físicas e intelectuales, que entienden justamente como un factor del alargamiento de su esperanza de vida la condición de activos. Así, el concepto de envejecimiento activo ha venido a sustituir, como programa vital y de acción pública, visiones obsoletas respecto de los mayores.
Las políticas de envejecimiento activo han resultado un recurso público de mejora de las condiciones de vida, desde la salud, la seguridad, la participación y la formación de quienes envejecen cada día, aunque que queda mucho camino por recorrer, dado que aún persisten actitudes sociales y prácticas institucionalizadas de discriminación por edad, de falta de reconocimiento y respeto por los ancianos. Las estrategias del ciclo de vida dirigidas a promover la dignidad de la vejez combaten el edadismo, asegurando las necesidades básicas, estimulando el aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo formación y ayuda a los cuidadores, monitorizando sistemas para necesidades basadas en cuidado a largo plazo, y asegurando el derecho a contribuir y no ser apartado por la sociedad en general (UNECE, 2017).
En este sentido, el componente fundamental que da sentido y a su vez retroalimenta esa nueva dimensión es el concepto de ciudadanía senior, en el sentido de que va más allá de la actitud activa, en la dirección de la participación pública tanto a nivel político como en el ámbito de la sociedad civil.
Estos mayores activos, que además en el ejercicio de una ciudadanía que en décadas pasadas les estaba siendo cercenada, encuentran su mejor expresión de realización en un marco de relaciones intergeneracionales cada vez más necesaria en las sociedades avanzadas en las que, fruto de los avances médico-sanitarios y la calidad de vida, conviven hasta cuatro generaciones, que pueden intercambiar conocimientos y servicios, y de hecho lo hacen según ha quedado evidenciado. Los viejos y las viejas de hoy, las generaciones silenciosa y franquista (Caballero, Baigorri, 2018) han trabajado por el progreso y el bienestar general del país, pero han sido también las primeras generaciones en disfrutar, gracias a la solidaridad intergeneracional, del mayor nivel de bienestar y protección social. Ahora, como adultos mayores, continúan contribuyendo en contextos familiares y socio-comunitarios, como se ha evidenciado.
Este contexto, en suma, nos obliga a repensar la evolución del modelo de sociedad y la redefinición del envejecimiento y el pacto intergeneracional, en un momento histórico en el que el Estado de bienestar (desde hace unas décadas) en desmantelamiento en Europa. De ahí la urgencia de reforzar los vínculos de la solidaridad generacional para afrontar los desafíos políticos, económicos, tecnológicos y demográficos desde sistemas sociales menos atomizados y materialistas por otros más inclusivos y sostenibles. Es el gran reto social que debe formar parte de las agendas públicas con la implicación de la ciudadanía más o menos envejecida.