Izquierda, democracia e insurgencia sindical en México: nucleares, mineros y metalúrgicos, 1972-1985

La izquierda mexicana a lo largo del siglo XX, persiguió el propósito de atraer hacia sus ideas y organizaciones a la clase obrera. La búsqueda fue constante, pero los modos variaron de manera que podemos señalar tres periodos distintos en la relación entre la izquierda y la clase obrera. El primer periodo viene de las últimas décadas del siglo XIX y termina en los años veinte del siguiente siglo, y se distingue por una izquierda diversa que lo mismo intervenía en conflictos laborales que en la construcción de comunidades utópicas. El segundo periodo transcurre de los años 1930 a los 1960, y estuvo dominado por la izquierda marxista y por el estrecho foco en los trabajadores industriales y la organización de sindicatos. En el siguiente periodo, que abarca hasta la década de 1980 y es el que aquí nos ocupa, la izquierda vuelve a diversificarse y a llevar su atención a variados sujetos sociales. Pero el énfasis siguió estando en el movimiento obrero, buscando recuperar el liderazgo ejercido en la década de 1930, con los propósitos de democratizar los sindicatos existentes y organizar nuevos sindicatos independientes de la tutela estatal (ILLADES, 2008; CARR, 1996; BIZBERG, 1990).

El objetivo de la democracia sindical surgió, claro, del hecho que en las décadas previas se había impuesto un liderazgo autoritario y antidemocrático en el movimiento obrero. Durante las dos décadas posteriores al fin de la revolución mexicana, en 1920, hubo un auge de organización y luchas obreras, cuyo periodo más fructífero fue en la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue fundada entonces por Vicente Lombardo Toledano –el más importante líder del movimiento obrero, marxista pero no miembro del Partido Comunista– y por importantes líderes comunistas. Lombardistas y comunistas se sumaron al ala jacobina de nacionalistas revolucionarios y apoyaron que el movimiento obrero fuera uno de los sectores constitutivos del Partido de la Revolución Mexicana propuesto por Cárdenas. Este mismo partido se convirtió en partido de Estado en las décadas siguientes, y pasado el auge radical, la izquierda fue eliminada del movimiento obrero y la CTM se convirtió en pilar de la burocracia sindical oficial. Los sindicatos, uno a uno y sin reserva de violencia, fueron quedando en manos de líderes espurios, corruptos y autoritarios, que en el lingo sindical mexicano fueron bautizados “charros”, y se conoció como charrismo sindical a la política de control laboral que lo mismo recurría a medidas clientelares como represivas con el fin de que los trabajadores no protestaran la aplicación de disposiciones que contravenían sus intereses (TREJO DELARBRE, 1979, 128-131). Las luchas posteriores enfrentaron a los sindicalistas democráticos contra los charros, y los segundos podían con confianza contar con el respaldo gubernamental.

Durante los años 1970 y el inicio de la década siguiente se vivió en México una etapa de ascenso en las luchas de los trabajadores en la industria y en servicios. La llamada insurgencia sindical de estos años fue acompañada por una crisis del charrismo sindical, mientras aumentaba la importancia de la clase obrera en la vida social y política del país. En muchos lugares, el activismo obrero ocurrió en medio de una mayor rebeldía que conjuntó a residentes de colonias urbanas populares, campesinos, comunidades indígenas y un floreciente feminismo. Los enfrentamientos y demandas particulares con frecuencia tuvieron resonancia nacional. El sindicalismo democrático incluso impulsó un amplio programa de reformas en salarios y condiciones de trabajo, en seguridad social y salud pública, y en los planes de desarrollo para expandir y reforzar el sector público y lograr la independencia económica.

Las tres grandes vertientes que nutrieron a la disidencia de izquierda durante el siglo XX encontraron expresión en variadas organizaciones. El nacionalismo revolucionario, identificado con el cardenismo, tuvo su mayor expresión en el frente obrero con el líder de trabajadores electricistas Rafael Galván y la Tendencia Democrática. El Frente Auténtico del Trabajo provenía de la democracia cristiana en su vertiente obrerista y radical. Los socialistas tuvieron diversas organizaciones que, a su vez, obedecían al desdoblamiento del campo político después de la revolución cubana y del rompimiento entre China y la URSS: el Partido Comunista intentó organizar una nueva central obrera; aparecieron Línea Proletaria y Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, ambas de tendencia maoísta; los grupos armados intentaron sin mucho éxito crear núcleos obreros. Los esfuerzos organizativos, con frecuencia, se vieron obstaculizados por rivalidades y sectarismos, aunque también hubo intentos por unificar y crear coordinaciones nacionales y en ocasiones aparecieron frentes amplios de lucha (ILLADES, 2014; TREJO DELARBRE, 1979; MÉNDEZ Y BERRUETA, 2011; ROBLES, 2011). En este entorno, el empuje progresista de grupos de trabajadores organizados se convirtió con frecuencia en eje estructurador de movimientos más amplios.

Es común referirse a dos distintos momentos en la insurgencia sindical. El primero correspondió a la movilización sobre todo de los trabajadores de la industria de generación de electricidad, particularmente aguda entre 1971 y 1977. El más importante dirigente de este momento fue Rafael Galván, quien abogó por recuperar la fuerza del nacionalismo revolucionario de los años 1930 y redirigir al Estado por el camino trazado por la revolución antimperialista y popular de 1910. Pero así como la insurgencia sindical fue ganando momento, también lo hizo la represión, y este primer momento terminó cuando la Tendencia Democrática fue duramente reprimida en 1976.

El segundo momento inició con una intensificación de los conflictos obreros. Ello fue en parte continuación de lo que venía bullendo desde años atrás, y que era una lucha por alcanzar las promesas de progreso y de una mayor tajada de la riqueza nacional. Pero fue también respuesta a la manera directa en que la crisis económica los afectó. Había señales de crisis desde fines de los años 1960, debido a que el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones había agotado sus posibilidades. Pero hasta 1976, el salario obrero siguió la tendencia al alza y el gobierno aumentó el gasto social. En los años siguientes, debido a la necesidad de contratar préstamos y las consecuentes condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el salario fue perdiendo su capacidad de compra (XELHUANTZI LÓPEZ, 2006, 27). La importante movilización de sectores democráticos en el sindicato de mineros y metalúrgicos en los últimos años de la década hizo pensar a algunos observadores que estos trabajadores encabezarían la insurgencia y democratización sindical en este segundo momento (Punto Crítico^[1], 15 marzo 1977, 21). Sin embargo, aún antes de la demoledora crisis de la deuda, en 1982, fue evidente que la movilización obrera era cada vez más defensiva hasta llegar a la serie de derrotas en 1983, que marcaron el final de la insurgencia.

La historia de la insurgencia sindical y de la relación entre la izquierda y la clase obrera en estos años empieza a construirse y este artículo es una contribución en esa dirección.^[2] Ilustramos a través de lo sucedido al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que inició como sección del sindicato de electricistas y posteriormente fue sindicato por sí solo, y del trabajo de Línea Proletaria en secciones del sindicato de mineros y metalúrgicos, distintas maneras en que la izquierda se relacionó con los obreros. El primero estuvo ligado al nacionalismo revolucionario y la segunda al maoísmo. Ambos estuvieron en el campo del sindicalismo democrático, pero llevaron a cabo estrategias muy distintas. La diferencia, en cierto modo, revivió una tensión existente en el movimiento obrero mexicano de principios del siglo, entre quienes pensaban que los sindicatos no debían aliarse a partidos políticos y en cambio ejercer la acción directa en el trabajo, y quienes abogaban por alianzas políticas, en lo que llamaban acción múltiple. Esta fue, como veremos, la diferencia más significativa en las distintas estrategias.

Por supuesto, el fin de la insurgencia sindical obedece a más que los resultados de las estrategias implementadas por distintos grupos. La década de 1980, acorde a varios autores, fue un periodo de inflexión en la cual la tradición política y económica surgida de la revolución de 1910 mostraba “claros síntomas de debilitamiento”. El gobierno tenía escaso campo de maniobra, como explica Beatriz García Castro (2009, 78):

[…] debido al crecimiento de la deuda externa, la erosión e inestabilidad del peso mexicano, las presiones inflacionarias y el sobredimensionamiento del aparato burocrático. A su vez el aparato productivo nacional, orientado al mercado interno y donde el sector energético (la producción petrolera) ya era el ancla productiva y el principal producto de exportación, mostró una clara pérdida de competitividad.

En consecuencia, la dinámica del crecimiento económico pasó al sector de las exportaciones, mientras las industrias de transformación, cuando no desaparecieron, vivieron una reestructuración monumental de la producción y de las relaciones laborales. Por la misma razón, las luchas de los trabajadores también se han transformado.

Los trabajadores de la industria nuclear protagonizaron una de las más importantes experiencias del movimiento obrero mexicano del siglo XX entre fines de la década de 1970 y principios de la siguiente. La dirección correspondió a un grupo de activistas que contaban con experiencias previas en la política de izquierda en las filas del nacionalismo revolucionario y del movimiento estudiantil de 1968, y que se vincularon desde sus inicios al movimiento de los electricistas democráticos que dirigió Rafael Galván.

A Galván se le consideraba un dirigente que representaba la línea política del nacionalismo revolucionario, y por tanto heredero de la política de masas del cardenismo, que se negó siempre a apartarse de la tradición revolucionaria mexicana, considerando que en esta tradición estaban “los más firmes apoyos para cualquier avance real en la dirección histórica justa” (GALVÁN, 1990, 181). De ahí que se preocupaba porque los problemas nacionales habían “dejado de analizarse de acuerdo con la nueva concepción de la revolución mexicana, la concepción según la cual es una revolución híbrida en la que hay que imponer la hegemonía proletaria, el pensamiento proletario” (GALVÁN, 1990, 183).

El primer paso hacia la hegemonía proletaria consistía en sustraer a las empresas propiedad del Estado de la lógica capitalista para que contribuyeran a consolidar la soberanía nacional. Galván insistía en que el área social de la economía debía consolidarse para estar en condiciones de satisfacer los objetivos de la Revolución Mexicana, que las políticas desarrollistas no consideraban prioritarias. Sólo así podía comprenderse la intervención del Estado mexicano como una palanca para el progreso general y no como una fuente de acumulación salvaje del capital. A consecuencia de este planteamiento, proponía iniciar la lucha reformista por las empresas del Estado; proponía también la necesidad de modernizar y democratizar los sindicatos para encauzar nuevamente la misión de estas empresas. Había que emprender la lucha contra el charrismo mediante la unidad del movimiento sindicalista, al mismo tiempo que la lucha por la vivienda, el transporte y todos los servicios básicos. Asimismo, opinaba que el rescate de las organizaciones sindicales tenía que ser obra de los trabajadores bajo la práctica consecuente de la democracia sindical.

Para Galván, era claro que el movimiento obrero tenía que aspirar a plantear la organización de los sindicatos nacionales de industria en todas las ramas de la producción, de ahí su lucha por la integración de la industria eléctrica y por la nacionalización de ésta, en 1960. Estos motivos probablemente llevaron a organizar, en 1964, el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Esta organización, que más adelante fue conocida como Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear (SUTINEN) y finalmente como Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), buscó en 1973 su integración al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Fue hasta el 1 de mayo de 1974 que el SUTINEN se conformó como secciones nucleares del SUTERM, consiguiendo el reconocimiento de su contrato colectivo. Se formó una comisión tripartita, en donde participaban la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) y el SUTERM, con la finalidad de elaborar un plan nuclear nacional que garantizara la independencia nacional, el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, el mínimo costo y la máxima participación de la industria nacional. A partir de entonces, el sindicato de los nucleares coincidió con los planteamientos de Galván y con la lucha que comenzó cuando él y otros dirigentes fueron despedidos. Los electricistas democráticos fundaron en 1975 la Tendencia Democrática del SUTERM.

La Tendencia Democrática llegó a aglutinar no sólo la solidaridad de muchos sindicatos, sino también de organizaciones campesinas y populares, así como también, tuvo presencia en diversos estados de la República Mexicana. Prueba de ello fue el acto que se realizó en la Plaza Liberación de la ciudad de Guadalajara, el 5 de abril de 1975, que congregó a aproximadamente 20 mil trabajadores con el propósito de dar a conocer la “Declaración de Guadalajara”, programa nacional de lucha para todos los trabajadores del país. La “Declaración” afirmaba: “El país reclama con urgencia la más profunda renovación de sus estructuras sindicales, agrarias, políticas, económicas y culturales. Y esto es lo que va a surgir de esta lucha histórica” (Excélsior, 15 abril 1975). Concluía que el éxito resultaría de la acción de las masas agrupadas en una alianza popular revolucionaria. Uno de los resultados de esta movilización fue la Primera Conferencia Nacional de la Insurgencia Obrero, Campesina y Popular, en mayo de 1976, que reunió a 300 delegaciones de sindicatos, y de organizaciones campesinas y populares que dieron vida al Frente Nacional de Acción Popular (FNAP). La Conferencia aprobó un programa para reformar en su totalidad a la sociedad mexicana; incluía, entre otros puntos, la expulsión de los charros de todos los sindicatos y la restructuración del sindicalismo, cambios en las condiciones de trabajo, ampliación del sistema de seguridad social y construcción de vivienda popular, control de precios, colectivización de la agricultura, desaparición de la educación privada e imprimir una orientación científica, crítica y democrática a la educación, y por supuesto, libertad y derechos democráticos (Excélsior, 2 junio 1976).

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez optó por apoyar a los líderes charros del sindicato electricista. La Tendencia Democrática respondió enarbolando el lema “¡bajar el switch!” y emplazó a huelga a la Comisión Federal de Electricidad, para el 16 de julio de 1976. El gobierno recurrió a la fuerza pública para impedir la huelga. Es indudable que a pesar de que el movimiento de la Tendencia Democrática fue derrotado por el gobierno, y la represión alcanzó también a las secciones de los trabajadores nucleares, la experiencia que el SUTIN recibió del movimiento democrático de los electricistas fue determinante en su historia.

Uno de los sucesos importantes que consolidó la vocación nacionalista del sindicato de los nucleares fue la propuesta de reformar la ley nuclear al inicio del gobierno de José López Portillo. El proyecto de reforma pretendía “dar la posibilidad de concesionar al capital privado, sobre todo al extranjero, la exploración y explotación de los mantos de uranio localizados en el territorio nacional” (TRUJILLO PEDROZA, 1992, 33). Gracias a las movilizaciones y campañas que señalaban la amenaza a la soberanía nacional, la ley fue descartada.

Hay que señalar también la insistencia del SUTIN por promover la independencia nacional de la explotación del uranio, defendiendo la posición de contar con reactores de uranio natural, como base del programa nucleoeléctrico para la generación de electricidad, debido a que

[…] los reactores de uranio natural llevan un proceso bastante más accesible tecnológicamente, los de uranio enriquecido son mucho más complejos e inclusive tienen dentro del mismo proceso productos de plutonio, y por ende secretos militares que no los harían accesibles (VARGAS MENA, entrevista, 2014).

Utilizar el uranio enriquecido significaba que, si se carece de plantas para el enriquecimiento del uranio, la dependencia de Estados Unidos sería inevitable, porque controlaba y no transfería la tecnología necesaria.

La lucha del SUTIN se dirigió siempre hacia la democracia sindical y la defensa por la soberanía de la industria nuclear. Para lograr este objetivo, adoptaron la estrategia de mantenerse dentro de la estructura sindical existente, en específico el Congreso del Trabajo, al que pertenecieron desde 1980. Los sectores más radicales del movimiento calificaban esta posición de reformista, o incluso de neocharrismo, mientras que el gobierno y el sector empresarial los calificaban de radicales izquierdistas. Sin embargo, su planteamiento fue impulsar la democratización de las organizaciones obreras existentes, hasta lograr un programa proletario entre el conjunto de los trabajadores.

La huelga que estalló el SUTIN, el 30 de mayo de 1983, formaba parte de la estrategia del movimiento obrero independiente para manifestarse por el aumento salarial de emergencia y contra la política económica del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. En total, ocurrieron 3.500 huelgas en todo el país. La mayoría llegó a alguna solución de aumento salarial no muy ventajosa, pero las huelgas de los sindicatos universitarios y del SUTIN fueron declaradas inexistentes y terminaron en derrota.

En este año, el SUTIN tenía 4.000 afiliados, distribuidos en tres empresas, dos de ellas públicas, URAMEX y el ININ, y una privada, Radiografías Industriales S.A. El conjunto de miembros estaba agrupado en secciones localizadas en el Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Reynosa, Torreón, Hermosillo, Oaxaca y San Luis Potosí; y existían también delegaciones en Irapuato, Guanajuato y Maquixco (SUTIN, 1984).

Para dividir a los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de los de URAMEX, las autoridades del trabajo declararon inexistente la huelga en el ININ. La justificación para esta decisión fue que uno de los centros de trabajo, el Centro Nuclear de Salazar, en el Estado de México, no había suspendido labores. Al mismo tiempo, las autoridades presionaban a los trabajadores para que aceptaran la liquidación que les ofrecía la empresa. En Salazar estaba concentrada la oposición a la dirección del sindicato. Cuando se propuso la huelga, esta oposición argumentó que no existían condiciones para realizarla y que no se conseguiría el aumento salarial. Después, cuando la huelga fue invalidada, en Salazar estuvieron de acuerdo con la decisión e incluso estaban a favor de aceptar la liquidación. La táctica divisoria tuvo el efecto deseado.

Después, el 23 de junio, el sindicato se desistió de la huelga en URAMEX con el argumento de que el aumento salarial que habían recibido en febrero de este año en la revisión contractual era el mismo del 14 de junio, en que los salarios mínimos nacionales habían aumentado en la misma proporción de un 15,6%. La administración de URAMEX, bajo la dirección de Alberto Escofet, lanzó su ofensiva, negándose a recibir las instalaciones, argumentando que era improcedente el desistimiento unilateral del sindicato y lanzando críticas sin fundamento, entre ellas se mencionaba la inoperancia de URAMEX, el costo oneroso de sus actividades y el reducido consumo previsible de uranio.

En realidad, se trataba, como afirmaba el secretario general del SUTIN, Arturo Whaley, de liquidar al sindicato por su carácter vanguardista en la lucha sindical y mencionaba que si los trabajadores aceptaran su liquidación, significaría que

[…] en adelante el sindicalismo tendría encima la espada de Damocles del despido masivo. Por ello entendemos la agresión al SUTIN como una agresión a todo el movimiento obrero […] con la defensa del SUTIN se defiende también los derechos de los trabajadores; el derecho a huelga del proletariado mexicano, la empresa estatal, la exclusividad del Estado en materia nuclear, la independencia nacional en materia de energéticos y la soberanía nacional (CABRERA, 1983).

Para consumar la desaparición forzosa del SUTIN, se asestó el último golpe, que fue la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Nuclear, el 19 de diciembre de 1984. La ley disgregaba y privatizaba parcialmente la industria, eliminando así la posibilidad de desarrollar una industria nuclear independiente; desaparecían, además, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sindicato. Los únicos votos en contra fueron los 16 diputados del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), quienes defendieron de principio a fin la ley vigente y el derecho del SUTIN a existir y mantener su integridad.

Arnaldo Córdova, diputado del PSUM, expuso las razones de su partido para estar en contra de la iniciativa presidencial:

La finalidad última del proyecto de ley, dijo, y la que jamás fue disimulada, es la de destruir el SUTIN… Los que piensan que el SUTIN es enemigo del sistema se equivocan por completo… siendo un sindicato profundamente democrático, más que su interés de grupo miraba al de la nación. La verdad, era un amigo de nuestro régimen constitucional y de las tradiciones patrióticas y nacionalistas de nuestro pueblo. Pero por lo visto, para el gobierno es más importante la lealtad cortesana y el servilismo degradante de los ciudadanos que una voz autónoma y libre (HERNÁNDEZ LÓPEZ, 1984).

La huelga duró 16 meses, durante los cuales el SUTIN recibió la solidaridad de sindicatos independientes y de aquellos que pertenecían a las centrales oficiales, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El 2 de enero de 1985, el SUTIN envió un comunicado público al grupo parlamentario del PSUM, en el que agradecían la solidaridad recibida y añadían:

La aprobación de la nueva Ley Nuclear, fue un acto de autoritarismo. Violentando los principios sociales y jurídicos que dieron origen al México contemporáneo […] Impulsados por nuestros principios y las condiciones del país, nuestra participación en el SUTIN se orientó a construir una industria nuclear que sobre bases nacionalistas y de eficiencia y erradicando la corrupción y el contratismo sirvieran de eje y de ejemplo a un desarrollo nacional que en lo económico, lo social y político, atenuara las desigualdades y elevara el nivel de vida de las mayorías […] El presente nos ha sido adverso pero sabemos que el futuro apuesta a nuestro favor. Nuestra lucha no ha sido en vano. El camino que recorrimos quedará sembrado y sus frutos germinarán más poderosos, más duraderos, en mayor cantidad, enriquecerán la patria que deseamos (La Jornada, 2 de enero de 1985).

URAMEX liquidó a todos los trabajadores y dejó de existir. El ININ continuó operaciones, pero despidió a los trabajadores que apoyaron la huelga. El gobierno, sin duda, actuó para impedir que los trabajadores siguieran interviniendo en la orientación de esta industria estratégica. Sus acciones fueron impulsadas por el miedo a perder el control en la vida productiva, y a la influencia que el SUTIN detentaba en el proceso de reestructuración democrática del sindicalismo, que durante esta etapa se creía viable. Muy probablemente, también, los hacedores de la política económica del país consideraban que la energía nuclear “no representaba en el programa neoliberal una alternativa a los hidrocarburos” (NAVARRO RIVERA, 2014, 68).

Los primeros impulsos de lo que eventualmente sería Línea Proletaria se dejaron sentir en 1968. Estudiantes universitarios en la ciudad de México, que participaron en el movimiento estudiantil de este año, prolongaron su activismo a través de las brigadas de política popular que comenzaron a surgir en distintas escuelas. La idea de política popular se originó en un folleto escrito por Adolfo Orive y Heberto Castillo, Hacia una política popular. Orive era maestro en la facultad de economía de la Universidad Nacional, que realizó estudios de posgrado en Francia bajo la dirección de Charles Bettelheim, y se avocó al estudio de China y del maoísmo. Heberto Castillo era ingeniero y fue maestro de Orive, perteneció al Movimiento de Liberación Nacional y a la organización de maestros que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 (PUMA CRESPO, s.f., 5-6).

La posición que adoptó Política Popular provenía de la línea de masas postulada por el maoísmo. La propuesta central consistía en ir hacia el pueblo, no para ser vanguardia sino para nutrirse de sus ideas y participar en sus movimientos. Los autores de Hacia una política popular plantearon dos alternativas ante el ascenso de los movimientos sociales: integrarse al pueblo o separarse de él. Quienes pretendían sólo reformas quedaban detrás y quienes pretendían ser vanguardia se situaban delante del movimiento; unos y otros permanecían ajenos, y aún más, coincidían en menospreciar la capacidad de conocimiento y lucha del pueblo. Integrarse al pueblo implicaba la presencia inquebrantable y permanente en la lucha por lograr que el pueblo hiciera su propia política, es decir, política popular (ORIVE, página web).

Estudiantes imbuidos de esta visión marcharon hacia el pueblo en pequeños grupos. Los brigadistas se dirigieron, en 1969, principalmente a zonas rurales, y la región de La Laguna, donde se unen los dos estados norteños de Durango y Coahuila, se convirtió en un importante centro de trabajo a partir de 1971. La presencia en La Laguna los vinculó con sacerdotes organizados bajo los principios de la Teología de Liberación, y esta asociación les valió una invitación a trabajar en Chiapas, con el obispo Samuel Ruíz, de manera que fueron una de las vertientes de izquierda que antecedieron y desembocaron años después en la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los militantes se involucraron en problemas de tierra, producción y crédito de los ejidatarios. Pero también marcharon a las ciudades, donde la migración del campo a la ciudad había creado áreas de reciente ocupación, cuyos pobladores nutrían el mercado de trabajo citadino y demandaban vivienda y servicios urbanos básicos. Crecieron así las organizaciones y colonias populares que recibieron nombres como Tierra y Libertad o de revolucionarios como Flores Magón y Rubén Jaramillo (PUMA CRESPO, s.f., 6-9; CANO, 2015; VARGAS, entrevista 2014).

Alberto Anaya, uno de los dirigentes de Política Popular, fue a la ciudad de Durango, en 1969. Su intención era ligarse con el movimiento popular ahí, y avanzar en la organización de brigadas. No tuvo suerte, de manera que en 1971 o 1972 hizo contacto con un dirigente de colonias populares en Monterrey y se fue para esa ciudad. Las organizaciones de colonos en esta ciudad ya tenían tiempo de existir: Tierra y Libertad, por ejemplo, donde confluían activistas de izquierda de distintas organizaciones, inició desde fines de la década anterior (VARGAS, entrevista 2014; Punto Crítico, junio-julio 1973, 39).

En esta ciudad ocurrió un rompimiento en el grupo original de Política Popular. Adolfo Orive, que había estado hasta entonces en Nayarit y Durango, llegó a Monterrey junto con brigadistas que venían del intenso y exitoso trabajo en La Laguna. Entre Orive y Anaya surgieron diferencias en cuestiones ideológicas, de estrategias organizativas y posiblemente en rivalidad por la dirección. El punto principal tenía que ver con la manera de tomar decisiones: Orive insistía en que debían de acordarse en las asambleas; Anaya consideraba que en la práctica este método centralizaba la dirección en Orive, y era preferible que las decisiones fueran tomadas en los grupos de dirección para después ser llevadas a ratificación por las bases. Incapaces de resolver el diferendo, procedieron a la separación, y en adelante la tendencia de Anaya fue mejor conocida como Línea de Masas y la de Orive como Línea Proletaria (LP) (PUMA CRESPO, s.f., 11-12).

La segunda continuó con el trabajo rural y urbano, pero también incursionó en el movimiento obrero. Tuvo presencia en momentos importantes de la lucha por democratizar los sindicatos de telefonistas, de maestros y de otros. Pero fue sobre todo en el sindicato de mineros y metalúrgicos que jugó un papel destacado entre 1975 y 1982. En 1976, llegó a la dirigencia de la sección 147, la más numerosa del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. La sección agrupaba a los metalúrgicos de la planta 1 de Altos Hornos de México S.A., en Monclova Coahuila; y más adelante se sumaron los trabajadores de la planta 2, la sección 288. En 1977, mineros de Línea Proletaria ganaron la elección al comité local (sección 11) de Industrial Minera México, en Santa Bárbara, Chihuahua. LP también tuvo fuerza en la sección 271, de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, inaugurada en 1976 (MÉNDEZ y BERRUETA, 2011, 148; GARZA, 1987, 203-226; ESTERBAUER, 2013, 7-16; BARRAZA Y MOLINA, entrevista 2014; BIZBERG, 1982). La importancia de Línea Proletaria no residía sólo en su crecimiento, sino también en el lugar estratégico que tenía la industria siderúrgica en los planes de desarrollo del gobierno mexicano, y para entonces las principales productoras de acero en el país pertenecían ya al Estado. Aunque destinada a fracasar, la política económica pretendía desarrollar la producción de bienes intermedios destinados a la producción doméstica de bienes de capital y a la exportación (MOLINA, 1987, 256-257). Posiblemente más por suerte que por designio, Línea Proletaria se vio situada en una posición estratégica.

El momento en que ello ocurrió tuvo sus propias características. Algunos observadores contemporáneos consideraron, como ya hemos apuntado, que la bandera de la insurgencia sindical recaía en los trabajadores mineros y metalúrgicos después de la derrota, en 1976, de la Tendencia Democrática de los electricistas. En la medida en que dicha apreciación era certera, implicó también un desplazamiento del nacionalismo revolucionario hacia otras posiciones políticas de izquierda. Algunos estudiosos consideraron, además, que los mineros y metalúrgicos, y en particular la Línea Proletaria, tenían la ventaja de conocer las experiencias previas de la Tendencia Democrática y otras corrientes democráticas en sindicatos nacionales, como el Movimiento Sindical Ferrocarrilero activo desde 1971, de manera que podían evitar los errores que condujeron a la derrota (BIZBERG, 1989, 93). Al mismo tiempo, había cambios en la situación económica y política. El presidente que entró en 1977, José López Portillo, inició la política de topes salariales y cesó cualquier indicio de favorecer la oposición al sindicalismo oficial. En consecuencia, desaparecieron las fisuras que habían ampliado el margen de acción del sindicalismo democrático. La nueva situación y política económica, además, convertía las demandas por salarios en posibles enfrentamientos con el gobierno y frenaba el carácter ofensivo de las luchas obreras.

Las primeras dos secciones en las que Línea Proletaria llegó al ejecutivo local fueron Santa Bárbara y Monclova. Estos lugares tenían en común su relativo aislamiento, y sobre todo, que la población dependía en un alto grado del empleo que ofrecían las minas o la siderúrgica. En Santa Bárbara, los mineros eran casi 40% de la población económicamente activa en 1970, y la mayoría trabajaba en las minas de Industrial Minera México (en 1975 la empresa empleaba a 1.200 mineros). En Monclova, los trabajadores de Altos Hornos de México eran alrededor de una tercera parte de la población económicamente activa de la ciudad, en 1970; la inauguración de la planta 2 en el transcurso de la década aumentó considerablemente la proporción (IX CENSO, 1970). Por esta razón, la suerte de los trabajadores era también la suerte de las ciudades.

En ambas ciudades, la población urbana carecía de suficientes servicios, incluyendo vivienda. Esta característica permitió que los militantes de LP pusieran a buen uso su experiencia en la organización de colonias populares. El caso de Monclova era particularmente agudo, ya que la población de la ciudad aumentó de 45 mil habitantes en 1960 a 82 mil en 1970, de manera que la infraestructura urbana fue rebasada por mucho (IX CENSO, 1970). LP primero llevó a cabo este trabajo de organización popular y a través de él ganó acceso a los obreros de Altos Hornos. En Santa Bárbara, la secundaria y preparatoria nocturna se convirtió en el espacio idóneo para que organizadores de LP consolidaran un grupo de estudiantes que llevaría a cabo trabajo de organización en las minas y en los barrios (ESTERBAUER, 2013, 9; VARGAS, entrevista 2014; BARRAZA, entrevista 2015). La percepción de cercanía entre el espacio residencial y el laboral, aun cuando la distancia real fuera considerable, permitió que en ambos lugares el trabajo en los barrios continuara a la par del trabajo de base en el sindicato.

La vinculación entre barrio y mina o fábrica fue importante en las movilizaciones y huelgas. En Santa Bárbara, por ejemplo, los mineros estallaron una huelga en el mes de mayo de 1975. El problema venía desarrollándose desde abril, cuando la compañía IMM anunció el monto de reparto de utilidades y los mineros la acusaron de reducir el monto injustificadamente. La sección 11, aprovechando que iniciaban las negociaciones anuales del contrato, decidió irse a huelga. El paro terminó un mes después; ganaron una suma un poco superior para el reparto de utilidades (de 3 mil a 5 mil pesos por minero), el 13% de aumento salarial y el 50% de los salarios caídos durante el mes de huelga (BARRAZA Y MOLINA, entrevista 2014).

Más importante que el acuerdo fue lo sucedido durante la huelga. El 27 de abril, cuando los trabajadores empezaron a protestar, organizaron una marcha que recorrió la ciudad –incluyendo un breve mitin en la colonia exclusiva de los ingenieros, supervisores y gerentes de la empresa– en la que estuvieron mineros y sus familias y otros vecinos. Ya durante la huelga, la escuela nocturna organizó un comité de apoyo a los huelguistas, que ayudó a conseguir muestras de solidaridad de organizaciones y sindicatos fuera de la ciudad. El 26 de mayo, alrededor de mil personas marcharon nuevamente y concluyeron con un mitin en la plaza central. Acudieron entonces representantes de las colonias populares de San Francisco del Oro y de Parral, pueblos mineros vecinos, y también del Comité de Defensa Popular de la ciudad de Chihuahua y de la sección estatal del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (La Cachumba, 5 de mayo y 2 de junio de 1975). Los comerciantes locales extendieron crédito a los huelguistas mientras durara la huelga, y la radio de la región reportó su acción favorablemente. Al mismo tiempo, muchos de los jóvenes mineros que participaron en la huelga se reconocieron como disidentes y empezaron un trabajo de organización para forzar una más efectiva acción sindical (BARRAZA Y MOLINA, entrevista 2014). El núcleo de esta organización, que procedió cautelosamente, estaba en los mineros que estudiaban la secundaria y preparatoria nocturna.

Sucesos similares ocurrieron en Monclova, entre 1975 y 1976. Ahí, militantes de LP habían organizado “juntas chicas” de vecinos, en las que los participantes discutían las necesidades de servicios urbanos y proponían soluciones. Muchos entre los vecinos eran trabajadores o familia inmediata de trabajadores de AHMSA, de manera que la experiencia viajaba de los barrios a la fábrica. Por esta razón, cuando en 1975 la empresa propuso desparecer el convenio que la obligaba a construir vivienda, y el comité de la sección 147 no se opuso, el movimiento en los barrios y la disidencia en el sindicato convergieron en la expresión de sus preocupaciones. En este momento, el comité ejecutivo local reprimió a los disidentes, suspendiendo sus derechos sindicales (ESTERBAUER, 2013, 9-10; GARZA, 1987, 218).

Un año después, en abril de 1976, la compañía anunció el monto que dedicaría al reparto de utilidades. Los obreros consideraron que era 74% menor al del año anterior, aun cuando la empresa había declarado haber obtenido ganancias excepcionales. Reunidos en asamblea ordinaria, el 3 de mayo, alrededor de 2.500 obreros forzaron al secretario general a citar una asamblea extraordinaria y después salieron a marchar por las calles de la ciudad. El Frente Unido de Colonias, que agrupaba alrededor de mil familias de las llamadas colonias independientes, se unió a la marcha (Punto Crítico, 1° quincena de junio de 1976, 13-14 y 20). El desenlace de estas protestas fue el ascenso de Línea Proletaria a la dirección de la sección.

Además de la unión de comunidad y trabajo, por decirlo de alguna manera, Línea Proletaria empleó lo que podríamos denominar tácticas de acción directa. Los delegados departamentales encabezaban la acción inmediata, con el propósito de que los trabajadores afectados resolvieran sus problemas. En 1975, como parte de la presión para que el sindicato negociara un aumento en el reparto de utilidades, los mineros de Santa Bárbara decidieron la falta colectiva, aprovechando que el contrato les permitía un máximo de 5 faltas al mes (La Cachumba, 5 de mayo de 1975). Otra táctica común era el tortuguismo, que reducía la producción al punto que la empresa se veía obligada a negociar. Aumentaron también los paros departamentales. Virgilio Maltos Long, dirigente de la sección 147, consideró que “no había un día que no hubiera paro departamental” (ESTERBAUER, 2013, 9-10). Everardo Barraza relató que mientras fue delegado departamental, si el supervisor no respetaba algún acuerdo de trabajo, sacaba a los trabajadores de su departamento y se iban caminando monte abajo hasta que el ingeniero y el supervisor cedían (BARRAZA, entrevista 2015). Este tipo de acciones evitaban confrontaciones mayores y dejaban en manos de los involucrados las decisiones y las acciones consecuentes.

Esta forma de proceder iba en consonancia con la idea de que debían ser las masas, y no los dirigentes, las que tomaran las decisiones. El mismo Barraza (entrevista 2015) explica que

[…] le inculcamos a la raza que leyera el contrato, le inculcamos a la raza que leyera los estatutos para que ella fuera su líder, cada quien era su líder, que no se atuviera a nadie. Entonces eso es enseñar aprendiendo, entonces le inculcamos todo eso.

Los delegados, de esta manera, iniciaban discusiones con los trabajadores de su departamento y llegaban a decisiones. Varios jóvenes fueron así fogueándose y adquiriendo conocimiento y habilidades para llevar a cabo el trabajo de organización y dirección.

La otra característica de Línea Proletaria fue el rechazo a la confrontación directa y a la politización de los conflictos. Los militantes de LP consideraban importante no forzar enfrentamientos prematuros que derribarían una base todavía endeble, de manera que prepararon con cuidado y sigilo las elecciones locales. El mismo razonamiento aplicaba a situaciones que pudieran llevar a enfrentar al Estado, para lo cual los trabajadores todavía no estaban preparados. LP rechazó, en consecuencia, subordinar el trabajo de base a una línea partidista, porque entonces los trabajadores quedarían sujetos a las decisiones de un liderazgo ajeno a ellos y preocupado por el poder Estatal. LP postulaba que la lucha popular sería prolongada y los trabajadores debían primero construir su poder para después entablar la lucha frontal por el poder en la sociedad. Los sectarismos en que incurrió debido a esta posición fueron duramente criticados por otros dentro de la izquierda (BIZBERG, 1989, 90-99; MOLINA, 1987, 276-280).

Los militantes de LP prefirieron dirigir sus fuerzas hacia demandas locales y pragmáticas. Pero a pesar de su cautela, los enfrentamientos con las direcciones espurias ocurrieron y trajeron consecuencias difíciles. En 1975, en Santa Bárbara, 13 mineros que emergieron como “líderes naturales”, al decir de Barraza, fueron castigados con la suspensión de derechos y posteriormente despedidos. A Barraza le ocurrió lo mismo al poco tiempo de haber sido electo secretario general de la sección 11. Su castigo fue consecuencia del desafío que varias secciones democráticas presentaron durante el congreso nacional del sindicato, en 1978. También líderes de las secciones 147 y 271 sufrieron castigos entonces. El suplente de Barraza se “charrificó”, porque le faltaba experiencia, explicó Barraza, y su asociación con Línea a los ojos de la base obrera debilitó la confianza que los trabajadores habían puesto en la organización (BARRAZA y MOLINA, entrevista 2014).

A pesar de los reveses, la organización siguió avanzando y ejerciendo influencia. Entre 1977 y 1979, acorde a un observador contemporáneo del sindicato minero metalúrgico, las secciones que encabezaron la oposición a la política gubernamental de austeridad fueron las de metalúrgicos en Fundidora de Monterrey, las dos plantas de AHMSA en Monclova, y Sicartsa en Las Truchas (MOLINA, 1987, 271). Otra andanada de huelgas, en 1981, incluyó a los metalúrgicos de Monclova y a los mineros de Santa Bárbara. La sección 11 incluso dilató la terminación de la suya porque demandaban que la compañía y la Secretaría del Trabajo reconocieran el estrés y la neurosis como enfermedades en el trabajo minero. En AHMSA, la empresa culpó a los dirigentes de Línea por la baja producción y en 1982 despidió a buen número de ellos. Los dirigentes que los suplieron se corrompieron, al igual que sucedió en Santa Bárbara, en 1977 (MOLINA, 1987, 282-284; BARRAZA y MOLINA, entrevista 2014; ESTERBAUER, 2013, 11-12). Hasta este momento, los trabajadores seguían empujando una ofensiva para cambiar las condiciones en la producción.

Pero, después de 1982, como ya hemos visto, el panorama cambió. A fin de cuentas, se sintió el impacto combinado de una crisis profunda, de una ofensiva patronal para restructurar la industria y el trabajo, y de la política neoliberal que privatizó buena parte de las empresas públicas, entre ellas AHMSA, en 1991 (BIZBERG, 1989, 84; MÉNDEZ Y BERRUETA, 2011, 153-161; ESTERBAUER, 2013, 11-12). Todavía, en 1985, la sección 271, de Las Truchas, hizo frente con otros sindicatos y organizaciones en la Mesa de Concertación Sindical, mientras que en 1986 miembros de Línea ocuparon nuevamente la dirección de la sección 11 (MÉNDEZ Y BERRUETA, 2011, 155; BARRAZA y MOLINA, entrevista 2014). Pero, para todo propósito práctico, las posibilidades de un sindicalismo de ofensiva y progresista eran por entonces inexistentes.

La izquierda habló de un reflujo en el movimiento. Ello implicó, en muchos casos, el repliegue de militantes, la moderación de posiciones e incluso el abandono de luchas emprendidas. La base obrera, sin embargo, permaneció, porque como explicó Barraza: “¡Reflujo! Esa fue la consigna [risas]. ¡Reflujo! ¿Pa’dónde nos refugiamos sí ahí vivíamos? Ahí vivíamos, era nuestra asistencia, era nuestra organización, era nuestra gente… ¿a dónde nos refugiábamos?” (BARRAZA y MOLINA, entrevista 2014). En este sentido, en la segunda mitad de los 1980, cuando buena parte de la izquierda fijó la mira en la política electoral, los trabajadores en el frente de producción dieron la lucha cada vez más desigual contra el deterioro que implicó la crisis y la implantación de la política económica neoliberal.

Toda la década anterior, e incluso más atrás, cientos de miles de trabajadores persiguieron la democracia sindical. Los nucleares y los siderúrgicos, numéricamente importantes, destacaron también por el lugar clave que las industrias en que laboraban ocupaban en los diseños del desarrollismo económico mexicano. El sindicato de nucleares y la tendencia de Línea Proletaria dentro del sindicato minero metalúrgico compartieron propósitos y condición, que no era poco, pero quizás fue la única similitud.

El SUTIN nació como sindicato democrático, mientras que Línea Proletaria tuvo que luchar por establecer estos espacios de democracia en los que pudo llevar a cabo su acción sindical. Posiblemente, esta diferencia dio origen a otras, entre las que podemos señalar tres principales. En primer lugar, la actitud hacia los líderes. LP advertía a sus militantes que actuaran como consejeros y no como dirigentes, dejando que los trabajadores mismos adquirieran la experiencia y responsabilidad de llevar a cabo sus luchas. El SUTIN, en cambio, daba mayor importancia a su dirigencia, precisamente porque no era adversa a los fines que perseguían los trabajadores; y hay que añadir que Galván ocupó un lugar central en las propuestas y decisiones del movimiento. La segunda diferencia radicaba en que el SUTIN estaba volcado hacia un programa político regido por el nacionalismo revolucionario y que contemplaba ya una dirección para la transformación social, mientras que LP favorecía la acción local ejercida respecto de problemas inmediatos cuya solución quedaba en manos de los involucrados, paso previo a que las masas concretaran su propio programa político. La tercera diferencia, en consecuencia, concernía que con frecuencia el SUTIN orientaba sus acciones tácticas hacia influir en el campo político, respaldando incluso la posición de determinado grupo de políticos en instancias de gobierno y creando amplios frentes de organizaciones disidentes. LP, en cambio, aconsejaba ni vincularse a grupos políticos ni participar en frentes que no surgían desde la base misma; rehuía la acción política en el sentido de influir o jugar en la acción gubernamental. Las diferencias seguramente eran nimias e irreconocibles sobre el terreno. Pero lo cierto es que la acción directa contrapuesta a la acción múltiple, esta vieja discusión en el movimiento obrero mexicano, fue nuevamente puesta en escena –con un reparto y en un escenario muy distinto– en los años de la insurgencia sindical.

No es el propósito revivir los viejos debates acerca de si una u otra estrategia era correcta. A decir verdad, y de manera cruda, ambas fueron derrotadas. Podemos mejor concluir que en perspectiva y desde la memoria, ambas contribuyeron a la transformación que sus miembros experimentaron.

Jorge Bustillos (entrevista 2014):

A mí siempre me motivo ver en el SUTIN un instrumento de transformación, que podía colaborar a transformar las condiciones sociales aunque fuera gradualmente y poco a poco… De hecho yo creo que todo ese movimiento sirvió para ir conformando un espectro de los espacios políticos y democráticos que hoy reinan en el país. Y creo que eso fue lo que a mí me enamoró, pero no creo que nada más a mí. Y sí, lo convertimos en un proyecto de vida, es que tenías banderas clarísimas y razones por las cuales vivir y luchar… había una consigna que calaba hondo ¡Por el bienestar de la población, el control obrero de la producción!

Javier Molina, de Línea Proletaria en Santa Bárbara:

En mí, fue un parteaguas cuando empecé yo en la lucha. Mi abuelo por el lado de mi madre fue minero y murió de silicosis. Mi padre fue minero y… luego me decía: “¿Pos qué ganas con meterte tanto? Te van a venir dando, te pueden venir dando un golpe porque andas muy metido”. Y yo la respuesta que le di, dije: “Pues sí, pero a ver papá… ¿qué hemos hecho, qué has hecho, qué hemos tenido? Pos pura pinche pobreza, entonces pues ser pobre, pues de perdida pobre pero luchar”… Yo tengo bien claro que fue un parteaguas y a partir de ahí pues una concepción del mundo y de la vida diferente, completamente… Y luego aparte, vas viendo tú que tienes otras cuestiones como de autoestima que te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas que antes creías que no podías tener (BARRAZA y MOLINA, entrevista 2014).