Resumen: En América Latina las revueltas urbanas son cada vez más frecuentes y tienen importantes consecuencias. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones existentes se basan en estudios de caso, lo cual impide obtener generalizaciones sobre sus causas, dinámicas y consecuencias. En este artículo discutimos la literatura sobre revueltas urbanas en América Latina y proponemos un marco conceptual para estudiarlas. Definimos las revueltas urbanas con base en cuatro atributos, las distinguimos de otras formas de política contenciosa y presentamos proposiciones sobre su desarrollo y dinámicas. Hipotetizamos que las revueltas urbanas son más probables cuando los sectores urbanos y populares no han sido completamente incluidos política, económica y culturalmente; cuando existen lazos débiles e inorgánicos entre élites políticas y ciudadanía; y cuando los sectores populares están débilmente articulados en asociaciones conectadas horizontalmente. Sin embargo, el momento y dinámica de las revueltas dependen de los factores precipitantes, las respuestas gubernamentales y las condiciones para la difusión de las protestas.
Palabras clave: Revueltas urbanas, protestas, democracia, América Latina, movimientos sociales.
Abstract: In Latin America, urban riots are increasingly frequent and have important consequences. However, existing research consists mostly of case studies, preventing generalizations about their causes, dynamics and consequences. This article discusses the literature on urban revolts in Latin America, and proposes a conceptual framework for studying them. We define urban revolts on the basis of four attributes, distinguish them from other forms of contentious politics, and present propositions about their development and dynamics. We hypothesize that urban revolts are most likely to occur when urban and popular sectors have not been fully included politically, economically and culturally; when there are weak and inorganic ties between political elites and citizenry; and when popular sectors are weakly articulated in horizontally connected associations. However, the timing and dynamics of revolts depend on precipitating factors, government responses and conditions for the spread of protests.
Keywords: Urban revolts, protests, democracy, Latin America, social movements.
Resumo: Na América Latina, as revoltas urbanas são cada vez mais frequentes e têm consequências importantes. Entretanto, as pesquisas existentes consistem principalmente em estudos de caso, impedindo generalizações sobre suas causas, dinâmicas e consequências. Neste artigo, discutimos a literatura sobre revoltas urbanas na América Latina e apresentamos uma proposta conceitual para estudá-las. Definimos as revoltas urbanas com base em quatro atributos, diferenciando-as de outras formas de política contenciosa e apresentamos proposições sobre seu desenvolvimento e dinâmica. Nossa hipótese é que as revoltas urbanas têm maior probabilidade de ocorrer quando os setores urbanos e populares não foram totalmente incluídos política, econômica e culturalmente; quando há vínculos fracos e inorgânicos entre as elites políticas e os cidadãos; e quando os setores populares estão fracamente articulados em associações conectadas horizontalmente. Contudo, o momento e a dinâmica das revoltas dependem dos fatores precipitantes, das respostas do governo e das condições para a difusão dos protestos.
Palavras-chave: Revoltas urbanas, protestos, democracia, América Latina, movimentos sociais.
Dossier Temático
Revueltas urbanas en América Latina: revisión bibliográfica y propuesta conceptual*
Urban Revolts in Latin America: Literature Review and Conceptual Framework
Revoltas urbanas na América Latina: revisão da literatura e proposta conceitual
Nicolás M. Somma nsomma@uc.cl
Julia Cavieres julia.cavieres@mail.udp.cl
Rodrigo M. Medel rodrigo.medel@unab.cl
Recepción: 03 Marzo 2024
Aprobación: 27 Mayo 2024
América Latina tiene una larga historia de revueltas, rebeliones e insurgencias. Aunque España mantuvo por cuatro siglos el control político del continente, durante la era colonial fueron frecuentes las rebeliones campesinas e indígenas (McFarlane, 1995). La era independiente resultó de una serie de revoluciones lideradas por las clases altas criollas, en ocasiones con apoyo de las masas indígenas y mestizas (como en México). Al cerrar el siglo xix, los primeros movimientos obreros desplegaron huelgas de gran volumen e impacto, desafiando los regímenes oligárquicos de la época y forzando a las élites políticas a responder con una combinación variable de represión e incorporación política (Collier & Collier, 1991). En la década de I960, los estudiantes presionaron por reformas dentro de las universidades y se aliaron con las clases medias, dando lugar a movimientos sociales y guerrilleros que estremecieron todo el continente y produjeron sangrientas represiones (Selbin, 2018).
Con las transiciones a la democracia y el avance del neoliberalismo en los 80 y 90, algunos anticiparon que la época de las revueltas populares había quedado en el pasado (De Soto, 1989). Pero el Caracazo de 1989, en Venezuela, marcó el comienzo de una nueva era de revueltas urbanas en las metrópolis de Latinoamérica. Durante la década de los noventa hubo pocas revueltas urbanas, destacando las de febrero de 1997 en Ecuador. Pero se multiplicaron en los años siguientes: Ecuador nuevamente en 2000, Argentina (2001), Uruguay (2002) y, posteriormente, Honduras (2009), Brasil (2013) y México (2014). El ritmo se aceleró desde 2017, con al menos una decena en distintos países desde ese año (Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Panamá y Paraguay, entre otros). Avanzado un cuarto del siglo xxi, todo sugiere que las revueltas urbanas serán cada vez más comunes en la región -y por tanto más necesarias de comprender para las ciencias sociales-.
En un contexto de creciente atención pública a las revueltas urbanas, este artículo intenta hacer tres contribuciones. Primero, propone una definición explícita de las revueltas con base en cuatro elementos ontológicos que permiten distinguirlas de fenómenos contenciosos similares con los que es habitual confundirlas. Segundo, revisa parte de la literatura internacional y latinoamericana sobre el tema, identificando algunos vacíos que nos parecen relevantes. Tercero, presenta una propuesta conceptual -con énfasis en elementos sociopolíticos- de la que se derivan varias hipótesis sobre sus causas de mediano y corto plazo, ejemplificando con casos de revueltas latinoamericanas.
Por revueltas urbanas (RU de aquí en más) nos referimos a episodios masivos de protestas colectivas, realizadas en las principales ciudades, en los que múltiples actores y movimientos desafían a las autoridades políticas empleando tácticas violentas y disruptivas (aunque no se limitan exclusivamente a estas tácticas). Las RU no deben confundirse con movimientos sociales, que poseen una fuerte cohesión identitaria y organizativa, ni con disturbios. Se trata de un subtipo de política contenciosa distinto, cuya definición profundizamos más adelante.
Si bien esta conceptualización podría ser aplicada en otras latitudes, acá es planteada desde y para la región. Construimos este concepto para luego presentar un abordaje sociopolítico de las RU, que se construye en el marco de las sociedades latinoamericanas.
Aunque recientemente se ha popularizado el término de "estallido social" para referirse a estos eventos, optamos por no usarlo por dos razones. Una es su temporalidad. Es un término que se ha instalado recientemente, dificultando así una comprensión de un período más extenso de varias décadas como el que acá planteamos. Y otra, más importante, remite a sus posibles vínculos con la tradición de estudios sobre "muchedumbres" (e. g., Le Bon, 1897). Pareciera que el concepto de estallido trae consigo una carga moral respecto al actuar anómico de las masas, cuestión que rechazamos. En cambio, proponemos el concepto de revueltas urbanas en el marco de la política contenciosa.
Un concepto es una teoría acerca de la ontología, es decir, acerca de los elementos constitutivos de un fenómeno (Goertz, 2006). Siguiendo a Collier y Levitsky (2009), entendemos el concepto de RU como un subtipo clásico de un concepto genérico. En este caso, el concepto genérico que abarca las RU es el de política contenciosa. Tilly y Tarrow definen política contenciosa como "interacciones en las cuales ciertos actores realizan reclamos que afectan los intereses de otros actores, llevando a esfuerzos coordinados en nombre de intereses o programas compartidos, en los cuales los gobiernos están involucrados ya sea como blancos de dichas reclamaciones, iniciadores de ellas, o terceras partes" (2015, p. 9). La política contenciosa combina contención, acción colectiva y política, implicando desafíos de los actores no gubernamentales, que buscan modificar, influenciar o desafiar las estructuras de poder existentes.
Las RU constituyen un subtipo de política contenciosa. Siguiendo la escalera de abstracción de Sartori (1970), una RU, en tanto subtipo de un concepto más abstracto, implica mayor intensidad y menor generalidad que la política contenciosa: al aumentar los atributos que constituyen un fenómeno lo vuelven más específico, disminuyendo el número de eventos a observar.
¿Cuáles son los elementos mínimos, pero necesarios y suficientes, para que podamos entender un fenómeno particular como una RU? Existen cuatro elementos ontológicos que constituyen una RU, sin los cuales no es posible definirla: (l) ser episodios masivos de protestas, (2) desarrollados en espacios urbanos, (3) que involucran a múltiples actores sin liderazgos de un único movimiento y (4) que despliegan tácticas transgresivas (disruptivas y violentas). La figura 1 representa estos elementos.
Un primer elemento es la masividad de las protestas. Para que las protestas sean consideradas RU es fundamental la participación de un gran número de personas, que suele inundar las principales arterias de la ciudad. La masividad puede escalar en unos pocos días y llegar a involucrar a decenas de miles o incluso millones de personas, tanto en la ciudad donde se origina, como en otras que se pliegan en el proceso. Este escalamiento súbito de protestas puede durar desde días hasta meses. Las olas de protestas representan aumentos en tiempos más acotados y con incrementos constantes, mientras que los ciclos de protesta implican surgimientos y retrocesos de olas de protesta que pueden durar varios meses (Koopmans, 1993). Así, una RU, al ser masiva, puede manifestarse como una ola de protesta de corta duración o extenderse hacia un ciclo de protesta que perdure varios meses.
Esto es especialmente relevante en Latinoamérica, donde en la última década (2009-2019) se registró un aumento de protestas masivas, superior al promedio anual global (Brannen et al., 2020). No hay un umbral exacto y universalmente aceptado que determine cuándo una movilización empieza a ser considerada masiva, pues depende en gran medida de la población nacional. Sin embargo, sabemos que la capacidad de movilización es un indicador del nivel de descontento y apoyo a la movilización (Somma & Medel, 2019), y que la masividad otorga visibilidad a las demandas de los manifestantes, ejerciendo presión sobre las autoridades (Tilly, 2004). Por ende, consideramos que cuando las protestas crecen al punto de interrumpir significativamente la vida cotidiana de una o varias ciudades, estamos en presencia de protestas masivas.
El segundo elemento es el carácter urbano de las revueltas. La dimensión espacial tendió a ser ignorada por los estudiosos de movimientos sociales. Desde el trabajo de Zhao (1998) sobre la masacre estudiantil en la plaza de Tiananmen, se ha vuelto un eje de análisis indispensable (Tilly, 2000). Como señalan Thörn et al. (2016) en su estudio de las revueltas europeas, el contexto urbano facilita que la acción colectiva inicial se propague rápidamente entre comunas, distritos o ciudades. Las protestas urbanas recurren a repertorios de acción multiescalares, desafiando a los responsables locales de la toma de decisiones, captando la atención de los medios de comunicación y recabando el apoyo local mediante la organización de marchas y acciones de desobediencia civil en los espacios más visibles para el público: las plazas centrales de sus ciudades. Las RU escenifican la acción colectiva en el espacio público urbano, a la vez que participan de una política del espacio público que desafía las estructuras de poder espaciales (Thörn et al., 2016).
El tercer elemento mínimo es la ausencia de un único movimiento u organización capaz de monopolizar el liderazgo de las protestas. Como señalan Snow y Moss (2014), la emergencia de nuevas formas de acción colectiva con estructuras no jerárquicas, trae mayores grados de apertura y espontaneidad en la protesta y facilita la diversificación de demandas. En lugar de encontrar un único movimiento social definiendo su pliego de demandas, estas manifestaciones convocan una pluralidad de causas. Tal heterogeneidad de demandas ha llevado a nuevas conceptualizaciones como las "protestas ómnibus" (Ortiz et al., 2022). Otros autores señalan que esta diversidad se tiende a aunar bajo un mismo marco antigobierno (Brannen et al., 2020) o a partir del concepto de dignidad, capaz de articular demandas de redistribución y reconocimiento (Pleyers, 2018). Con sus diferencias, estos autores coinciden en plantear que, recurrentemente, emergen movilizaciones masivas con una pluralidad de demandas que se inscriben bajo paraguas momentáneos y no pueden ser conducidas por un único movimiento.
Finalmente, el cuarto elemento constitutivo de las RU son sus tácticas violentas y disruptivas. No significa que estas sean sus únicas tácticas. Como muestra la revuelta chilena de 2019, la marcha multitudinaria del 25 de octubre y la performance del colectivo feminista LasTesis fueron elementos constitutivos del ciclo de protestas. Sin embargo, argumentamos que el despliegue de tácticas disruptivas y violentas, que van desde la ocupación de edificios hasta enfrentamientos entre manifestantes y policías, son esenciales en la conceptualización de RU. Por ejemplo, la protesta violenta jugó un rol central en casos de "impeachments populares" (Zamosc, 2013), donde se destituyó a presidentes como De la Rúa en Argentina (Auyero, 2007) y Sánchez de Lozada en Bolivia (Valenzuela, 2004).
Además de estos cuatro elementos mínimos, Goertz (2006) plantea que un concepto no se termina de construir si no se identifica su polo opuesto, que también debe estar anclado en el concepto genérico. Así como autoritarismo y democracia pertenecen ambos al concepto genérico de régimen político, el opuesto de RU también debe ser una manifestación de política contenciosa. Adicionalmente, también debemos identificar el contenido sustantivo de continuidad entre los polos y, por último, el tipo de continuidad, es decir, si se trata de una distancia continua o dicotómica. Para esto es necesario dialogar con la literatura de movimientos sociales y protestas, buscando aclarar qué no es una RU.
El subtipo de política contenciosa que entendemos opuesto a las RU es el activismo ciudadano institucional. Este enfoque contrasta marcadamente con las RU en varios aspectos. Primero, en cuanto a organización y liderazgo estructurado, a diferencia de las RU (que carecen de liderazgos claros y unificados), el activismo ciudadano opera con una estructura de liderazgo definida y organizaciones bien establecidas. Sus organizaciones suelen tener portavoces reconocidos y seguir estrategias planificadas para maximizar su influencia en los procesos políticos. Además, se caracterizan por tener una cohesión basada en elementos identitarios u objetivos compartidos por todos sus miembros,
mientras que las RU atraen a una variedad de actores sin una coordinación centralizada. Segundo, esta falta de estructura y cohesión también los diferencia numéricamente. Mientras el activismo ciudadano es de alcance reducido, las RU son masivas. Tercero, en cuanto al tipo de tácticas, en contraste con las tácticas transgresivas de las RU, el activismo ciudadano emplea métodos no confrontacionales. Esto puede incluir campañas de sensibilización, cabildeo, participación en audiencias públicas, presentación de peticiones y otros mecanismos legales e institucionales para influir en las políticas públicas.
En resumen, tanto las RU como el activismo ciudadano forman parte de lo que conocemos como política contenciosa, pero se distribuyen a lo largo de un espectro -desde formas más institucionalizadas y menos disruptivas hasta formas más disruptivas y menos estructuradas-. La figura 2 ilustra estas relaciones. Además, entre ambos polos se incluye una línea de "subtipos disminuidos", donde cada forma de activismo político recoge ciertos atributos de la categoría anterior, añadiendo o eliminando características a medida que nos movemos de izquierda a derecha en la figura.
Procediendo desde el activismo ciudadano institucional, las campañas de protesta pueden incorporar tácticas más disruptivas y menos formales. Estas son más visibles y públicas que el activismo institucional y suelen involucrar una combinación de tácticas legales y protestas en las calles.
Avanzando hacia formas de contención más confrontacionales, la desobediencia civil implica tácticas no violentas pero ilegales, como sentadas o cortes de ruta, que desafían directamente las leyes o regulaciones para presionar por cambios. Es un activismo más disruptivo que las campañas de protesta y menos organizado en términos de estructura de liderazgo. Moviéndonos hacia la derecha, los disturbios urbanos comparten atributos con las RU, pero son menos masivos. Según Myers (2013) los riots son actos colectivos temporales en contextos urbanos, con daños a la propiedad y enfrentamientos violentos entre grupos de actores como manifestantes y policía (o escuadrones antidisturbios), aunque en algunos casos también involucran a grupos étnicos. Este concepto, al igual que el de RU, tiene tácticas violentas, un carácter urbano y convoca diversos actores sin un liderazgo único. A menudo son respuestas espontáneas a situaciones de injusticia percibida y, generalmente, carecen de objetivos a largo plazo.
Así, llegamos al punto donde se ubican las RU. Ellas comparten la naturaleza disruptiva y violenta de los disturbios, pero son más masivas y tienen mayor heterogeneidad social en sus participantes. A diferencia de los disturbios, que son eventos puntuales, la masividad y heterogeneidad de las RU lleva a que suela haber actores organizados entre sus participantes y un conjunto de objetivos políticos o sociales más claramente definidos (si bien son diversos). Es importante señalar que las RU no suponen el polo extremo de lo transgresivo dentro del espectro de la política contenciosa, puesto que la violencia puede seguir escalando hasta producir revoluciones y guerras civiles. La figura 2 resume esta discusión.
¿Qué papel juegan las transformaciones tecnológicas en las RU? Estas han revolucionado la política contenciosa al facilitar la interacción y coordinación entre individuos desconocidos en torno a ciertas demandas (Bennett & Segerberg, 2012). Se podría interpretar que, por lo mismo, las RU emergen únicamente en años recientes. En las RU, la ausencia de un único movimiento que lidere la protesta se potencia con las redes sociales, que amplían la convocatoria desde espacios diversos y no conducidos por una única estructura organizativa. Sin embargo, eventos como el Caracazo de 1989 en Venezuela o las Revueltas de febrero en 1997 en Ecuador, evidencian que este tipo de manifestaciones se inician previo a esta revolución tecnológica. Así, sin desconocer su incidencia en las RU, no lo consideramos un elemento constitutivo.
¿Por qué importa estudiar las RU? Es relevante por sus posibles impactos en cuatro áreas clave de las sociedades latinoamericanas. Primero, las RU pueden tener notables efectos políticos. En una región en que los ejércitos tuvieron una despolitización importante con la consolidación democrática, y se muestran cada vez más renuentes a intervenir en crisis políticas, las RU pueden constituir las principales causas de corto plazo detrás de la desestabilización o caída de los gobiernos nacionales (Zelaznik, 2009). A mediano plazo, también pueden traer consigo la reorganización política del país, facilitando el ascenso de proyectos políticos innovadores o rupturistas como el triunfo de Gustavo Petro en 2023 en Colombia, tras las RU de 2019 y 2021.
Segundo, las RU pueden tener efectos económicos. Algunos son directos: las protestas masivas durante meses pueden afectar severamente la actividad productiva de un país. Otros efectos económicos son indirectos. Por ejemplo, las RU -que critican las desigualdades socioeconómicas- pueden facilitar la llegada al poder de gobiernos con proyectos redistributivos, como ocurrió en el caso de Chile con la llegada de Gabriel Boric el 2021.
Tercero, las RU pueden tener efectos culturales. En el fragor de las protestas se construyen símbolos, mártires y momentos épicos que los actores políticos emplean para luchas futuras (Álvarez, 2023). Finalmente, las RU suelen tener consecuencias humanas trágicas como resultado del desorden callejero, la violencia cruzada y la represión. Se estima que en el Caracazo venezolano murieron casi 300 personas (y muchas más según cifras no oficiales).
En términos teóricos, importa estudiar las RU en América Latina porque ellas plantean tres enigmas para las ciencias sociales. El primero tiene que ver con sus causas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la teoría de la deprivación relativa espera que las revueltas se intensifiquen al empeorar las condiciones de vida de la población (Rule, 1989). Sin embargo, las RU se han hecho más frecuentes, a pesar de las mejoras en el bienestar material y la disminución de la pobreza en la región. ¿Cómo explicar la revuelta de fines de 2022 en Perú, un país que, más allá de su elevada desigualdad, triplicó sus ingresos por habitante en las últimas dos décadas (World Bank, 2023; Somma et al., 2024)? Las teorías que postulan a la inflación como principal causa de las revueltas (Patel, 2009) tampoco son suficientes, dado el avance considerable en el control de la inflación que lograron las economías latinoamericanas desde los 80. Y, en los últimos años, han aparecido teorías que explican las RU como resultado de la desigualdad socioeconómica (Chase-Dunn & Nagy, 2022). Sin embargo, las RU han arreciado en América Latina a pesar de la modesta disminución del índice de Gini en la mayoría de los países (Amarante & Colacce, 2018). Países comparativamente igualitarios tuvieron RU, como Uruguay en 2002 y Costa Rica en 2018. Finalmente, aunque algunas RU hayan sido estimuladas por los efectos de crisis económicas globales (Argentina en 2001), varios países experimentaron crisis económicas que no detonaron RU (México a mediados de los 90).
Tampoco pueden explicarse las RU únicamente por la falta de inclusión política. A pesar de los avances obtenidos en las últimas décadas en inclusión política y derechos civiles y políticos en la región (Kapiszewski et al., 2021), las RU han prosperado. Sociedades con los mejores indicadores en el respeto a los derechos civiles y políticos, como Chile, han tenido importantes RU recientemente. Aunque los gobiernos de derecha parecen más vulnerables a las RU, dada su menor capacidad de contención de los sectores populares, algunos gobiernos de izquierda las han sufrido (Brasil en 2013 contra Rousseff, Nicaragua en 2018 contra Ortega, Bolivia en 2019 contra Morales). Finalmente, la cultura política de los países no es una explicación suficiente. Países con culturas de diálogo y coparticipación han tenido RU (Uruguay en 2002 o Costa Rica en 2018).
Tampoco está claro cómo se desarrollan las dinámicas y mecanismos de las RU (McAdam et al., 2003). Los estudios clásicos destacaron la importancia de comprender los factores precipitantes de las protestas (Smelser, 1962; Allport & Postman, 1946), pero no está claro si dichos factores son igualmente relevantes en América Latina. La literatura latinoamericana (discutida abajo) no sugiere una explicación coherente sobre por qué distintos precipitantes operan en distintos contextos. Por otra parte, la literatura sobre los disturbios europeos del siglo XIX refiere a si las revueltas son mayormente espontáneas o bien fomentadas por organizaciones. Estas pueden ser políticas, religiosas o incluso criminales (Wilkinson, 2009, p. 332; Horowitz, 2001). Pero las RU latinoamericanas no parece tener un patrón homogéneo en este sentido. En algunos casos la oposición política instigó las protestas (el peronismo en Argentina en 2001 o el Partido Democrático Progresista en Paraguay en 2017). En otros casos el impulso inicial provino de los sindicatos (Colombia), estudiantes secundarios (Chile), docentes (Panamá) o indígenas (Ecuador). Tampoco sabemos mucho sobre el rol de estas organizaciones. Además, si bien la mayoría de las RU parece que comienzan en las capitales, en ocasiones empiezan en zonas periféricas para expandirse hacia las principales ciudades (Perú en 2022-2023). No tenemos una explicación clara de estas variaciones.
Tampoco comprendemos las razones detrás de la variación de las tácticas empleadas en las RU. Todas ellas incorporan repertorios tácticos disruptivos y violentos. Pero algunas también dan lugar a protestas pacíficas, produciendo un mayor apoyo en la población no movilizada. Aunque las RU tienden a desafiar a autoridades de gobierno, en ocasiones (como Perú en 2022-2023) el blanco principal de la protesta puede ser el Congreso (Somma et al., 2024). En algunos casos, organizaciones de derechos humanos acuden como observadores y organismos internacionales emiten declaraciones de consternación. En otros, la intervención externa es mínima. Carecemos de explicaciones de todas estas variaciones.
Finalmente, los efectos de corto y mediano plazo de las RU son variados y todavía poco comprendidos. Si bien existe una amplia literatura sobre las consecuencias de los movimientos sociales, se sabe menos sobre las consecuencias de las revueltas y disturbios (Newburn, 2021, p. 63). Según nuestro relevamiento preliminar, en algunos casos las RU producen la caída del gobierno nacional, presidente y/o ministros (Ecuador, Argentina, Paraguay). Estas caídas pueden producir restauraciones conservadoras como en el caso de Bolivia (2019), así como en otros casos los gobiernos resisten en el poder a costa de revocar medidas impopulares.
Tampoco están claras las razones detrás del variado impacto social de las RU. Algunas resultaron en espacios de diálogo y la generación de nuevas fuerzas políticas o procesos constituyentes, como en Chile, aunque en este caso las fuerzas políticas emergentes de la revuelta de 2019 no se consolidaron institucionalmente. En otros casos, las organizaciones movilizadas sí lograron una presencia sostenida en cargos públicos (Pachakutik en Ecuador en los 90). ¿Por qué algunas revueltas producen fuerzas políticas que se institucionalizan, pero otras no lo logran? ¿Qué explica que las demandas de quienes manifiestan se traduzcan o no en legislación que aborde el descontento subyacente?
La política contenciosa, y las RU en particular, ha sido estudiada prolíficamente desde principios del siglo pasado. Diversas disciplinas se interesaron por ellas, desde la psicología social (Le Bon, 1897; Drury, 2020) y la criminología (Newburn, 2021), hasta la historia (Hobsbawm, 1971; Rudé, 1964) y la sociología (Tilly, 2003; McPhail, 2017). Las teorías del comportamiento colectivo de los 50 y 60 concebían a las RU como el resultado de masas irracionales y espontáneas sometidas a influjos cuasi hipnóticos (Rule, 1989). Algunas enfatizaban mecanismos psicosociales, como la teoría de la privación relativa que ponía el peso causal en emociones de frustración y amenaza (Gurr, 1969).
El giro estructural-racionalista de los 70, con el advenimiento de la teoría de movilización de recursos, sirvió como un correctivo necesario a la visión sesgada en contra de los fenómenos de masas (McCarthy & Zald, 1977). Pero eliminó de un plumazo la consideración del descontento, las emociones y los procesos de difusión y contagio -elementos centrales que han sido rescatados recientemente, como veremos abajo-. Por la misma época, la teoría de las oportunidades políticas reconoció que quienes participaban en la política contenciosa (incluyendo, pero no limitadas a RU) tenían objetivos políticos y desafiaban una estructura de poder que los desfavorecía, al tiempo que enfatizaba el rol de las alianzas con gobiernos y partidos políticos afines (Tarrow, 2022). Recién a fines de los 90 surgieron perspectivas que reconciliaban los aspectos políticos con los culturales y emocionales (Goodwin et al., 2001), y los condicionamientos estructurales con los procesos de difusión y emulación (Myers, 2000).
Algunas investigaciones sobre las revueltas afroamericanas en los Estados Unidos encontraron que estas dependen de factores económicos, demográficos, culturales o políticos (Spillerman, 1970). Otros estudios enfatizaron la difusión de las protestas en el tiempo y el espacio (Myers, 2000), la circulación de información vía medios de comunicación modernos (Ayres, 1999), los procesos de imitación (Granovetter, 1978) y el rol de la segregación étnica, racial y ocupacional (Olzak, 1994). Los enfoques culturales identificaron que la economía moral justifica las revueltas bajo condiciones de opresión (Auyero, 2004; Thompson, 1971). Estos estudios revelaron que las revueltas pueden ser protagonizadas por grupos étnicos (afroamericanos), religiosos (musulmanes, hindúes) u ocupacionales (proletariado, campesinos, granjeros, desempleados). Y, por supuesto, han considerado el rol de sentimientos de discriminación, frustración y prejuicio como disparador de las protestas -explicadas a veces como resultado de las brechas entre expectativas y realidad (Davies, 1974)-.
Recientemente ha resurgido el interés por el estudio de revueltas, disturbios y protestas masivas. Parcialmente, esto se debe a que estos fenómenos se han vuelto más recurrentes en diversas partes del mundo (Ortiz et al., 2022), comenzando por la Primavera Árabe (Noueihed & Warren, 2012) y los posteriores movimientos Occupy en Estados Unidos y Europa (Pleyers, 2018). Pero la mayor parte de los estudios reseñados arriba, así como muchos otros, han sido estudios de casos en un solo país.
Una excepción son los clásicos estudios de Tilly en Francia e Inglaterra, que contrastaron cómo las diferentes trayectorias políticas de ambos países producen movimientos de protesta más o menos disruptivos (Tilly, 2015). El clásico Dynamics of Contention (McAdam et al., 2003) amplió el análisis, más allá de los países occidentales desarrollados, postulando que, en episodios contenciosos de distintas regiones del mundo se combinan, con distintos efectos, una serie de mecanismos relacionales comunes. Más recientemente, Lukas (2009) ha mostrado cómo los distintos patrones de interacción entre jóvenes y policía explican la ocurrencia de protestas en Inglaterra y Francia, pero la ausencia de las mismas en Alemania.
Los estudios de pocos casos son fuertes en su detalle descriptivo y profundidad, pero carecen de capacidad para generalizar sus resultados. Existen estudios estadísticos de un tamaño de muestra de N grande (Lieberman, 2005), que dan cuenta de las relaciones entre variables abstractas para decenas de países, pero simplifican excesivamente los contextos nacionales y sus dinámicas (Gurr, 1969). Ello deja varias preguntas abiertas sobre la naturaleza de los fenómenos contenciosos, su timing, y el significado cultural de las acciones colectivas.
Adicionalmente, los estudios sobre RU suelen ignorar que la violencia tiene lugar en medio de episodios más complejos, en los que las tácticas pacíficas o disruptivas no violentas son fundamentales. Por ejemplo, en la reciente revuelta chilena, la marcha mayormente pacífica del 25 de octubre de 2019 significó un punto de inflexión que impactó en la percepción de las élites y favoreció el acuerdo interpartidario que abrió el proceso constituyente (Somma et al., 2021). Como dice Newburn en su revisión de estudios, "el estudio de la muchedumbre pacífica ha sido dejado de lado" (2021, p. 64).
Finalmente, cabe destacar el eclecticismo metodológico de esta literatura. Ella abarca desde estudios de caso etnográficos (Simmons, 2016), hasta comparaciones basadas en estudios secundarios con el método de casos más similares (Silva, 2009) o más diferentes (McAdam et al., 2003), pasando por sofisticados modelos estadísticos de historia de eventos (Myers, 2000).
En los últimos años la literatura sobre movimientos sociales en América Latina ha crecido exponencialmente junto con la diversificación y expansión misma de los movimientos que son su objeto de estudio (Rossi, 2023). En los 80 y 90 los estudios se preocupaban principalmente por las transformaciones en los movimientos laborales, así como los movimientos de derechos humanos en transiciones a la democracia (Calderón, 1995) y nuevos movimientos sociales (Alvarez et al., 2018). Pero los estudios sobre RU (que trascienden a los movimientos sociales particulares) no estaban consolidados simplemente porque tales explosiones masivas eran infrecuentes. En los 90, quizás el Caracazo de 1989 fue uno de los pocos episodios clasificables como RU.
Más recientemente, la literatura latinoamericana ha volcado su interés hacia las RU o subtipos cercanos de política contenciosa, aunque principalmente por medio de estudios de casos. Una excepción, con un enfoque de economía política, es el estudio comparado de Silva (2009), que abordó las protestas masivas contra el neoliberalismo en seis países latinoamericanos. Comparando cuatro casos con presencia de dichas protestas y dos casos donde estas no ocurrieron hasta mediados de los 2000, Silva basó su explicación en la combinación de factores económicos y políticos nacionales, y en las características organizacionales y discursivas de los sectores populares. Recientemente, Almeida (2023) revisó la literatura sobre olas de protesta en América Latina durante el siglo xx y xxi, enfatizando cinco condiciones facilitadoras: una infraestructura organizacional elaborada, liberalización política y nuevas oportunidades políticas, represión estatal, amenazas económicas motivadas políticamente y narrativas unificadoras. Almeida resalta el rol de la comunicación digital como una infraestructura que propulsó las protestas recientes, ayudando a explicar la proliferación de RU indicada al principio del artículo.
Afortunadamente, existen decenas de estudios de caso de RU para América Latina (Auyero, 2004; 2007; Betancourt, 2022; Cabrales, 2019; De la Torre, 2008; Domingues, 2013; Gordillo, 2012; Jiménez-Yañez, 2020; Lodola, 2005; Martínez, 2008; López Maya, 2003; Olivares & Medina, 2020; Saad-Filho, 2013; Somma et al., 2021). Estos estudios informan sobre las acciones y motivaciones de individuos y organizaciones, los lazos entre ellos, las tácticas y consecuencias. Muchos de estos trabajos analizan los numerosos estallidos de los últimos cinco años, aunque carecen de una perspectiva comparativa con las décadas anteriores. Además, al tratarse de estudios de caso, dejan abierta la pregunta sobre si los factores explicativos identificados se dan también en otros casos o no.
Algunos libros compilan estudios sobre varios casos (Bringel et al., 2021) y hay algunas comparaciones entre dos casos (Rosenblatt 2006, Rebón & Ruiz 2020). Bringel et al. (2021) compila varios artículos sobre revueltas recientes en Chile, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú, pero no hace un análisis comparativo sistemático. Ortiz et al. (2022) estudian protestas en todo el mundo en el período 2006-2020, dejando fuera importantes RU latinoamericanas. El monumental libro de Goldstone et al. (2022) analiza revoluciones desde la era moderna, con especial énfasis en el siglo xxi, pero casi no menciona casos latinoamericanos. En general, la literatura aborda casos positivos de revueltas -cuando efectivamente ocurren-, preguntándose mucho menos por qué no ocurren en circunstancias de descontento y explotación. Es importante corregir este sesgo: en América Latina, cualquier país tiene más años sin RU que con ellas.
Dada la diversidad y riqueza de perspectivas sobre las RU, resulta arriesgado restringirse a un solo enfoque para estudiarlas en nuestra región. En esta sección proponemos comprenderlas como fenómenos sociopolíticos. Inspirándonos libremente en los enfoques de oportunidades políticas y política contenciosa, avanzamos la idea de que las RU surgen como reacción a la manera en que se articulan la ciudadanía (como masa desorganizada), la sociedad civil organizada, los partidos políticos, gobiernos y Estados. Específicamente, discutiremos tres conceptos orientadores: el tipo de inclusión política de la ciudadanía en los mecanismos de decisión pública; los lazos verticales entre ciudadanía y élites políticas; y la articulación horizontal de la sociedad civil organizada. Proponemos que la combinación de estos tres fenómenos genera condiciones más o menos fértiles para las RU. Estos conceptos tienen un nivel meso o macro y cambian gradualmente en el tiempo. Por ende, son insuficientes para capturar el carácter explosivo de las RU, que habitualmente pueden datarse con una fecha específica de comienzo. Por ello, posteriormente discutimos dinámicas de corto plazo que desencadenan y reproducen estos eventos excepcionales: los factores precipitantes, las respuestas de los gobiernos y la difusión de la protesta.
Como estos conceptos no solo ayudan a comprender las RU sino también otro tipo de política contenciosa, empleamos literatura que va más allá de las RU. Las investigaciones futuras deberían abordar la siguiente pregunta, que aquí solo vamos a mencionar: ¿en qué medida ciertas combinaciones de estos seis fenómenos (eventualmente otros) producen RU en vez de otro tipo de acciones? Por ejemplo, un escándalo de corrupción presidencial podría producir protestas aisladas en un contexto de alta inclusión política y fuertes lazos verticales. Sin embargo, en un contexto de baja inclusión política y lazos verticales débiles, el escándalo permitiría activar a sectores socioeconómicos excluidos y las élites políticas no dispondrían de mecanismos para contenerlos, produciendo una RU. Estos seis conceptos, aunque abarcadores, no pretenden explicar cabalmente las RU. Ellas también pueden depender de fenómenos idiosincráticos de cada país, subregión o momento histórico.
Algunas investigaciones en Estados Unidos mostraron que los disturbios raciales de los 60 ocurrieron en ciudades en que la población afroamericana tenía menor presencia en el gobierno local y la policía (Lieberson & Silverman, 1965). Igualmente, Wilkinson (2006) encontró que, en las distintas regiones de la India durante la segunda mitad del siglo xx, las revueltas de musulmanes o hindúes eran más frecuentes cuando estos grupos eran minoritarios y estaban subrepresentados en el partido gobernante de la región. Esto sugiere que las RU podrían estar ligadas al grado y forma de incorporación de los sectores populares urbanos a la arena política (Collier & Collier, 1991; Silva & Rossi, 2018). América Latina se democratizó sostenidamente desde los 80 (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013), garantizando, en teoría al menos, derechos civiles y políticos a la mayoría de la población. La reinstalación del juego democrático -con elecciones, partidos y una esfera pública vibrante- levantó no solo la promesa de incorporación política, sino también expectativas de incorporación social, civil y cultural (Luna & Medel 2023).
Pero el camino hacia la incorporación plena no fue lineal ni continuo. Algunas sociedades se estancaron en la calidad de sus democracias, otras tuvieron reversiones hacia autoritarismos competitivos o democracias electorales (Honduras, Venezuela, Nicaragua) y, en otros casos, se destituyeron presidentes electos democráticamente (como Dilma Rousseff en Brasil o Fernando Lugo en Paraguay). En otros tiempos esto podría haber sido denunciado únicamente por las élites de oposición. Sin embargo, el panorama es distinto en la América
Latina de las últimas décadas, en que los sostenidos avances en educación y comunicaciones facilitaron la movilización cognitiva de la población (Moseley, 2018). Hoy en día los sectores populares y medios urbanos tienen acceso a una enorme variedad de información política. Pueden interpretarla a partir de culturas políticas participativas y con mayor eficacia política (Almeida, 2023). Los intentos de manipulación del sistema jurídico, fraude electoral y corrupción económica ahora son escrutados de manera mucho más crítica, produciendo descontentos que proveen un suelo fértil para las RU.
Además, la inclusión legal y política no fue acompañada al mismo ritmo por la inclusión económica:
El persistente descontento de los latinoamericanos con la democracia reside en la inhabilidad de regímenes democráticos formales (que garantizan derechos políticos) para producir paralelamente avances tangibles hacia un paquete completo y relativamente bien distribuido de derechos sociales y civiles. En otras palabras, la democratización formal parcialmente fracasó en ofrecer democratización sustantiva. (Luna & Medel, 2023, p. 172)
En sociedades con matrices históricas estado-céntricas (Cavarozzi, 1991), las élites políticas son el blanco más habitual al que se atribuye la culpa de este déficit.
Finalmente, la inclusión sociocultural también tiene rezagos. América Latina está lejos de haber superado las fronteras simbólicas entre blancos, mestizos, indígenas y negros (Telles 2014), pobres y ricos, hombres y mujeres, y connacionales e inmigrantes. Estas fronteras simbólicas, correlacionadas positivamente con fronteras materiales y de calidad de vida, también pueden alimentar descontentos que motiven revoluciones urbanas.
Así, nuestra primera tesis es que la incorporación incompleta de los sectores urbanos populares y medios crea expectativas insatisfechas y descontentos eventualmente conducentes a RU. Más específicamente, hipotetizamos que la magnitud y tipo de incorporación incompleta produce distintos tipos de revueltas (más orientadas a demandas de inclusión política, judicial, económica o cultural).
Esta tesis, así como las siguientes, podrían operacionalizarse con diseños de investigación tanto probabilísticos, con un tamaño de muestra de N grande (Lieberman, 2005), como basados en condiciones necesarias y suficientes (Goertz y Mahoney 2012).
La literatura clásica sobre revoluciones sociales establece que el campesinado es más propenso a rebelarse contra el antiguo régimen, cuando los vínculos que lo unen con las élites terratenientes son débiles (Skocpol, 1979; Moore, 1966/1993). Ello impide que las élites cumplan roles de patronazgo y liderazgo en las aldeas campesinas, y hace que las autoridades estatales sean despreciadas. Para nuestro contexto, este hallazgo sugiere que la fuerza de los vínculos entre ciudadanía y élites políticas (tanto a nivel nacional como local) creará condiciones más o menos propicias para las RU, moldeando también su intensidad y características. Cuando tales vínculos son débiles, cualquier desacierto de las élites gobernantes será una excusa suficiente para salir a las calles. Por el contrario, cuando los vínculos son transversalmente fuertes, existirá una reserva de legitimidad que hará más difícil las explosiones populares. Además, los descontentos y desilusiones -que necesariamente apareja la vida democrática- podrán contenerse a tiempo si los partidos están insertos en organizaciones sociales con capacidad disruptiva, por ejemplo, a través de individuos con doble militancia -político-partidaria y civil- (Franceschet, 2004).
La investigación en América Latina sobre vínculos entre votantes y partidos provee sofisticadas clasificaciones de sus vínculos (programáticos, clientelares o afectivos) y muestra que los países de la región varían sustantivamente en este sentido (Kitschelt et al., 2010). Sin embargo, más allá de las variaciones nacionales, parece que muchos partidos han entrado en una crisis crónica, constituyéndose en "partidos disminuidos" (Luna et al., 2021). El porcentaje de quienes trabajan activamente en partidos políticos es bajo y decreciente (Corral, 2009) y, como en otras partes del mundo, en varios países latinoamericanos la identificación ciudadana con los partidos políticos ha declinado (Haime & Cantú, 2022). En el siglo actual, en Perú, Venezuela, Guatemala, Ecuador y Bolivia los sistemas de partidos colapsaron (Mainwaring, 2018) o se vieron radicalmente reorganizados (Chile, Colombia). Partidos fuertemente arraigados en la sociedad dos décadas atrás, como el PT brasileño o el MAS boliviano, sufrieron el desgaste de ejercer el poder y perdieron importantes bases sociales. Una explicación de largo plazo es que el fin de la Guerra Fría debilitó la coherencia programática de los partidos de izquierda y derecha, mientras que el declive del catolicismo institucional quitó los fundamentos de los partidos demócrata-cristianos. Esto puede explicar por qué, en varios países de la región, el porcentaje de votos acumulados de las dos primeras fuerzas en elecciones presidenciales declinó marcadamente entre 2000 y 2023 (Barrenechea & Vergara 2023).
Estas tendencias pueden verse compensadas por intentos recientes de renovación partidaria -como la izquierda bolivariana, el conservadurismo evangélico, la nueva izquierda de las generaciones posdictadura (el Frente Amplio en Chile) o la ultraderecha nacionalista o libertaria (Luna & Rovira 2021)-. Pero estas alternativas parece que reencantan a la ciudadanía por periodos efímeros, basados en asuntos con ciclos rápidos de ascenso y caída (Carmines & Stimson, 2020), o a partir de liderazgos carismáticos de outsiders que desaparecen al perder las elecciones (Carreras, 2014). Incluso partidos con orígenes programáticos, como el Partido de los Trabajadores brasileño, pueden verse afectados por escándalos que produzcan migraciones de votantes al otro polo político. Más que vínculos programáticos estables, parece que se desarrollan vínculos negativos hacia "anticandidatos" (Meléndez, 2011) o, como en el caso de Pedro Castillo en Perú, vínculos de identificación con outsiders isomórficos a grupos de votantes, pero no respaldados por vínculos orgánicos.
En este contexto, nuestra segunda tesis es que la prevalencia de lazos verticales débiles (efímeros, meramente identitarios y sin un apoyo orgánico o programático) reduce la capacidad de las elites políticas para contener las RU, haciéndolas más probables, masivas y destructivas. Por el contrario, cuando existen lazos verticales fuertes, los gobernantes pueden justificar, convincentemente, las medidas impopulares o las crisis económicas. Pueden pedir paciencia al pueblo, el cual confía en las medidas anunciadas para remediar los problemas.
Una hipótesis alternativa es que la existencia de lazos verticales fuertes -entre ciertos sectores de la población (sobre todo organizados en movimientos sociales) y partidos de oposición- favorezca en ciertas circunstancias las RU iniciadas "desde arriba" (Auyero, 2007). Esto puede producir una polarización entre bloques verticales que combinan élites políticas y bases ciudadanas reencantadas con líderes carismáticos.
Varias investigaciones internacionales señalan la importancia de la articulación preexistente de los sectores populares -o articulación horizontal- para desplegar acciones colectivas. Cuando diferentes espacios de la sociedad civil organizada -sindicatos, iglesias, movimientos sociales, y agrupaciones territoriales, culturales o étnicas- están fuertemente vinculados entre sí, es más fácil movilizar un vasto repertorio de recursos formales e informales necesarios para desafiar el orden existente (Morris, 1984; McCarthy & Zald, 1977).
Estas ideas son consistentes con estudios sobre América Latina. Por un lado, la influyente tesis de la "atomización" (Arce & Bellinger, 2007) sugiere que las reformas neoliberales debilitaron la cohesión horizontal de las sociedades civiles, siendo Chile hasta mediados de los 2000 un ejemplo recurrente (e. g., Oxhorn 2010). Los conflictos político-militares podrían tener un rol equivalente. Un ejemplo es el Perú, desde la dictadura de Alberto Fujimori. La guerrilla del Sendero Luminoso y la represión estatal, así como el recurso invalidante del "terruqueo" (acusación de ser terrorista), impidieron la formación de alianzas entre estudiantes, indígenas y campesinos, demorando las RU hasta muy recientemente (Silva, 2009; Soifer & Vergara, 2019).
Al mismo tiempo, otros estudios muestran que, cuando indígenas, trabajadores y otras organizaciones sociales cooperan, se facilitan las rebeliones contra el neoliberalismo, como sugieren los casos de Bolivia, México y Ecuador (Silva, 2009; Simmons, 2016). En sociedades civiles organizadas y cohesionadas es más fácil producir un vocabulario y motivaciones que enfaticen la irresponsabilidad de las elites políticas y económicas, justifiquen la acción colectiva (Urkidi & Walter, 2011) y provean los medios materiales y organizativos para rebelarse. Los símbolos, rituales y memorias articulados discursivamente por líderes carismáticos, con arraigo popular, pueden resonar en sectores no organizados y aumentar la masividad de las revueltas. Todo esto sugiere que una mayor articulación horizontal preexistente facilitaría la movilización de recursos a gran escala, que es necesaria para una RU, lo que parece coincidir con las RU ecuatorianas de los 90. Por el contrario, una sociedad civil altamente fragmentada reduciría la capacidad movilizadora de la ciudadanía, haciendo menos probables las RU.
Sin embargo, algunas RU latinoamericanas parece desafiar esta tesis. Ellas pueden surgir en condiciones de baja articulación de las organizaciones sociales y en sociedades civiles atomizadas, como fue el caso de Perú en 2022-2023 (Somma et al., 2024); el Maleconazo cubano de 1994 o la RU colombiana de 2019, que tuvo lugar en una sociedad civil poco organizada (Parra & Guevara, 2018). Por tanto, una hipótesis alternativa es que la articulación organizacional es útil para determinar no tanto la emergencia de las RU, sino su duración y masividad -mayor articulación permitiría RU más prolongadas y masivas-. Asimismo, las RU que surgen en condiciones de desarticulación de la sociedad civil deberían difundirse más a través de vínculos informales (familia, amigos y vecinos) en vez de organizaciones interconectadas. Otra hipótesis es que el grado de articulación horizontal afecta la manera de expresión del descontento: una baja articulación conduciría a expresarlo a través de RU, mientras que una alta articulación conduciría a campañas más centralizadas organizadas por movimientos sociales.
Para complejizar más las cosas, otros estudios invierten el orden de los factores, mostrando que es durante las revueltas mismas que las relaciones horizontales se reconfiguran (Medel et al., 2022). Emergen activistas centrales que actúan como intermediarios, conectando por primera vez a individuos u organizaciones que siguen articulados incluso cuando la protesta declina (Diani, 2013). En Colombia, el paro nacional de 2019 parece haber aglutinado diversos sectores que previamente estaban desconectados. Por tanto, es necesario estudiar no solo cómo la articulación organizacional preexistente condiciona las RU, sino cómo se crean nuevos vínculos en su transcurso. Estos vínculos pueden mutar rápidamente. En Chile, la red de organizaciones denominada Mesa de Unidad Social preexistía a la RU de 2019 y se reactivó durante ella, solo para fragmentarse posteriormente debido a las divergencias de cultura política y objetivos entre las organizaciones que la componían (Maillet et al., 2022).
También es importante considerar que ciertas formas de articulación horizontal podrían disminuir la capacidad disruptiva de la protesta. Países con sociedades civiles densas, pero relativamente inmunes a las revueltas -como Uruguay y Costa Rica- lo ejemplifican. En casos así, pareciera que los vínculos verticales entre las organizaciones civiles y la institucionalidad política logran canalizar las demandas sociales, evitando la recurrencia de RU.
La combinación de una inclusión incompleta, vínculos verticales débiles y una menor articulación horizontal favorecería la aparición de RU (figura 3). Pero estos tres fenómenos cambian gradualmente. Por tanto, por sí solos no pueden explicar el momento o timing de la explosión de las revueltas, su persistencia en el tiempo o su expansión por el territorio. Para esto debemos considerar tres conceptos adicionales, que capturan dinámicas de corto plazo: los factores precipitantes, las respuestas del gobierno y la difusión de la protesta.
En el origen de las RU suele encontrarse un evento puntual (o un conjunto de eventos relacionados) que dispara las protestas. Aquellos eventos son los que describimos como el factor precipitante (Smelser, 1962). Consideremos un par de episodios contemporáneos de protestas masivas a nivel internacional. Las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos ocurrieron después que se difundieron las imágenes del asesinato de un ciudadano negro a manos de un policía blanco. La Primavera Árabe, que sacudió al norte de África y el medio oriente entre 2010 y 2012, se desencadenó luego de la autoinmolación de un vendedor ambulante tunecino, cansado de ser acosado reiteradamente por la policía, frente a la sede de su gobierno regional. Nuestra revisión preliminar de las RU latinoamericanas arroja cuatro grandes factores precipitantes: 1) medidas económicas, tales como alza de precios dictaminadas por autoridades, dolarización, eliminación de subsidios o proyectos de reforma; 2) destitución de presidentes (vía golpe de Estado o decisiones del congreso); 3) cuestionamientos éticos a presidentes (escándalos de corrupción, intentos de manipulación electoral o reelección); y, menos frecuentemente, 4) represión estatal a civiles.
Los factores precipitantes son variados, pero comparten tres condiciones. Primero, son eventos puntuales en los que participan actores identificables, sea como causantes de un descontento o como víctimas del mismo. Eso facilita atribuir responsabilidad y visibiliza un blanco claro contra el cual las personas pueden protestar. No son procesos impersonales como, por ejemplo, el aumento de la desigualdad. Segundo, son eventos súbitos (Walsh, 1981), se hacen conocidos por la opinión pública rápidamente y en tiempo real, a veces a las pocas horas de haber ocurrido. Finalmente, generan un shock moral (Jasper & Poulsen, 1995), esto es, contravienen o violan una norma o código moral para una parte importante de la población. Esto explica la indignación que generan, que constituye el combustible inmediato para salir a las calles.
Otro factor de corto plazo, fundamental para comprender las dinámicas de las RU, remite a las respuestas del gobierno ante la irrupción de las protestas. Los gobiernos pueden jugar tres cartas cuando estalla una RU y pueden combinarlas de manera diversa.
La primera carta es la represión policial. Los gobiernos están estructuralmente obligados a actuar ante la disrupción del orden público que resulta de la masificación de tácticas violentas o disruptivas, y para ello disponen de las fuerzas policiales. Pero todo gobernante en un régimen democrático sabe que el uso indiscriminado y brutal de la represión acarrea costos políticos. El dilema es complejo ya que, como muestran varias investigaciones, las relaciones entre represión y protestas son variadas. La represión puede disminuir las protestas en algunos contextos, pero avivarlas en otros, creando trágicos espirales de represión y radicalización táctica (Adam-Troian et al., 2020; Carey, 2006). Los efectos pueden no ser lineales, una vez que se traspasa cierto umbral de represión la protesta disminuye, pero si la represión continúa avanzando la protesta puede resurgir.
La segunda carta es discursiva: el gobierno, presionado a pronunciarse sobre los eventos, puede reconocer públicamente la legitimidad de los/as manifestantes, congraciarse con el descontento popular y comprometerse a abordarlo -lo que McAdam et al. (2003) llaman "certificación"-; o bien puede condenarlos/as como terroristas, agitadores o subversivos movilizados por intereses mezquinos. Esta respuesta puede incentivar las protestas. Según la leyenda, el pueblo francés de la época revolucionaria se sintió burlado al saber que la reina María Antonieta había aconsejado comer pasteles si no había pan. En Chile, el encuadre discursivo que hizo el presidente Piñera de la RU de 2019 como una "guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie" no ayudó a calmar los ánimos.
La tercera carta consiste en medidas concretas de política pública. Los gobiernos pueden dar marcha atrás las medidas impopulares (o anuncios) que produjeron las revueltas (por ejemplo, evitar un aumento del precio del transporte). También pueden prometer más recursos para ciertas áreas (como salud, pensiones o educación) asociadas al bienestar material. Estas medidas pueden disuadir las revueltas si son percibidas como soluciones de fondo, elaboradas por autoridades bien intencionadas, o en cambio, multiplicarlas si son vistas como intentos por engañar al pueblo.
Una última medida, que no enumeramos como posibilidad, ya que es poco habitual, es la dimisión del presidente. Como muestra la literatura sobre crisis presidenciales en América Latina (Hochstetler & Edwards, 2009), las protestas masivas son uno de los factores precipitantes, si no el más importante, de las renuncias presidenciales. Cuando los presidentes son incapaces de encauzar una RU, suelen recurrir a la dimisión como último recurso.
Finalmente, las RU se caracterizan por la rápida difusión de las protestas en el tiempo y el espacio. ¿Por qué la mayoría de las protestas colectivas en nuestro continente tienen una naturaleza local y se extinguen rápidamente? (Arce & Wada, 2024). ¿Y por qué, en circunstancias excepcionales, estas crecen hasta convertirse en RU masivas? La literatura sobre difusión de protestas tiene más de un siglo -desde los trabajos de Gabriel Tarde y Gustave Le Bon-. Sorprendentemente, el análisis de la difusión espacio-temporal ha sido poco incorporado en los estudios sobre revueltas latinoamericanas. Un hallazgo internacional robusto es que la difusión depende de las redes de comunicación: desde los periódicos, cafés y salones para las revoluciones europeas entre 1789 y 1848 (Weyland, 2009), pasando por las estaciones de TV en los motines afroamericanos de los 60 en Estados Unidos (Myers, 2000), hasta las redes digitales en las RU recientes en América Latina y el mundo. Por tanto, en línea con trabajos recientes (Valenzuela et al., 2020; Scherman et al., 2022), las investigaciones futuras deberían estudiar en qué medida la cobertura de internet (que está lejos de ser universal en América Latina) y sus tipos de uso (políticos vs. no políticos) se asocian a la expansión territorial de las revueltas.
Además del rol ya señalado de las redes digitales en la difusión de la protesta, creemos que es necesario enfocarse en otros cinco mecanismos. El primero es la reducción del riesgo de represión a medida que más gente sale a las calles (dando a la protesta una condición de autorreforzamiento). El segundo es la percepción de efectividad. A medida que las autoridades reaccionan positivamente a las demandas (por ejemplo, haciendo promesas) más gente se suma. Tercero, en la difusión son cruciales los mecanismos culturales -como la creación de marcos de legitimación de la protesta de amplia resonancia (Benford & Snow, 2000)-. Cuarto, incluso en sociedades civiles atomizadas como las latinoamericanas, son importantes los mecanismos organizacionales -como las acciones comunes entre sindicatos, organizaciones indígenas y estudiantiles- para los estallidos en la zona andina; o el rol de líderes reconocidos nacionalmente que cumplen un papel de puente entre organizaciones de distintos territorios. Finalmente, no hay que olvidar la difusión internacional dentro de la región, que podría explicar la concentración de RU de ciertos períodos (como las RU de los primeros años de los 2000, y las de 2019 en adelante).
La figura 3 grafica nuestra propuesta conceptual. Las RU dependen de la combinación del grado y tipo de inclusión política, los vínculos verticales entre ciudadanía y élites, y la articulación horizontal dentro de la sociedad civil. Sumado a lo anterior, los factores precipitantes, las respuestas gubernamentales y la difusión de la protesta, la figura ofrece un marco comprehensivo para entender las complejidades y variaciones de las RU latinoamericanas.
Las RU son cada vez más comunes en América Latina y nada sugiere que esta tendencia vaya a cambiar. La promesa del desarrollo no se alcanzó en la región y no parece que vaya a cumplirse en los próximos años. La ralentización del crecimiento de las economías latinoamericanas, las secuelas económicas y emocionales de la pandemia del Covid, las crisis migratorias y ambientales, y la llegada al poder de outsiders que polarizan la escena política, solo presagian más y más intensas RU. Por eso, es importante que las ciencias sociales latinoamericanas estén preparadas para comprenderlas y quizás anticiparlas.
Para avanzar en esto último, este artículo intentó hacer tres contribuciones. Primero, propusimos una definición de revueltas urbanas sobre la base de cuatro elementos ontológicos, permitiendo distinguirlas de otros fenómenos contenciosos similares como los disturbios urbanos, la desobediencia civil y las campañas de protesta. Esto es importante porque las causas y dinámicas de estos otros fenómenos no necesariamente coinciden con las de las revueltas urbanas. Segundo, revisamos una selección de la inmensa literatura sobre el tema, tanto internacional como latinoamericana, señalando algunos vacíos empíricos y conceptuales. Finalmente, hicimos una propuesta sociopolítica de seis conceptos de mediano y corto plazo, de los que derivamos varias hipótesis.
Creemos que una agenda de investigación sobre las RU latinoamericanas debería contemplar al menos los siguientes cinco ejes. Primero, realizar un inventario exhaustivo de los fenómenos que califican como RU desde las transiciones a la democracia en los 80, refinando la conceptualización aquí propuesta si fuera necesario. Segundo, someter a prueba empírica las hipótesis (como las aquí presentadas u otras) para entender bajo qué condiciones tienen lugar las RU. Esto requeriría tanto análisis estadísticos de N grande, como comparaciones en profundidad de casos más similares o más diferentes, que capturan aspectos no cuantificables. Tercero, identificar tipos de RU según variaciones en sus características principales. Cuarto, estudiar sus dinámicas y consecuencias políticas, económicas y culturales. Por ejemplo, ¿las RU sacuden a las élites y las llevan a formular políticas que mejoran la calidad de vida o la representación democrática? O, más bien, ¿dejan un legado de anomia y polarización? Finalmente, abordar estos ejes permitiría poner a América Latina en perspectiva comparada con otras regiones del mundo, donde las RU también se han instalado como fenómenos relevantes y aún poco estudiados.
