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INTRODUCCIÓN

En 2003, ante la casi segura revocación de su mandato, Hugo Chávez Frías, aconsejado por Fidel Castro según algunos, crea las primeras “misiones bolivarianas” (D´Elía y Cabezas, 2008). Se trataba de acciones sociales diseñadas, supuestamente, para luchar contra la pobreza general y la pobreza extrema de la población venezolana y para enfrentar el grave retraso educativo del país, incluyendo el analfabetismo, y las muy limitadas condiciones de atención de salud de la gente pobre (MPP para la Comunicación e Información, 2007). Aunque el término posiblemente fue escogido del argot militar y tiene una connotación de transitoriedad, hasta el cumplimiento de una meta determinada en forma precisa, con el transcurrir del tiempo devinieron en programas políticosociales permanentes, que permitieron ejecutar la acción gubernamental al margen de la institucionalidad existente, considerada por el Gobierno como muy burocrática, costosa, ineficaz, con mayores controles y sobre todo no confiable desde el pun- to de vista “revolucionario”.

Ya desde el año 1999, primero del gobierno de Hugo Chávez, comenzaron a generarse los primeros planes dirigidos a la atención de las serias insuficiencias sociales existentes, todas ellas provenientes o heredadas del pasado inmediato, mediato y remoto venezolanos. Hay que recordar que luego del llamado viernes negro, el 18 de febrero de 1983, se inició en el país un deterioro acelerado de las condiciones económicas y sociales alcanzadas hasta ese momento, que habían sido producto de la elevación continua de los precios petroleros en el mercado internacional, ocurrida desde mediados del primer gobierno de Rafael Caldera hasta mediados del gobierno de Luis Herrera Campíns, y que tuvieron su máxima expresión en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue una década de abundantes ingresos que también permitieron evidentes avances sociales, ante la utilización de una porción de la renta petrolera en programas asistenciales dirigidos a la población más vulnerable.

En efecto, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo cayó para octubre de 1978, primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, a 4,3% (Huerta, s/f), la cifra más baja desde 1959 y no igualada hasta ahora. Pero ésta no fue una reducción fruto de un aumento en la actividad productiva interna del país, ya que, de hecho, la producción interna cayó a raíz del gran incremento habido de las importaciones, dada la existencia de divisas abundantes que permitieron la llamada “política de puertos”. La reducción del desempleo fue originada por decisiones políticas que obligaron a la creación de puestos de empleo precario. Recordemos las medidas que forzaban a la contratación de personal para el manejo de ascensores que no lo requerían, bedeles en todos los sanitarios de los comercios e instituciones de atención al público, aseadores de locales, calles y avenidas; porteros, mensajeros, cargadores y caleteros, ayudantes de jardinería y obreros rasos de la construcción.

Hubo otros efectos importantes de esta política de asistencia a la población de menores ingresos. El más impactante fue la reducción de la pobreza extrema a cifras entre 2 y 3 por ciento, desde el primer semestre de 1977 hasta el primer semestre de 1983, incluso con valores tan bajos como 2,21 por ciento en el primer semestre de 1979 (Silva y Schliesser, 1998). El gobierno chavecista ha tratado de pasar por alto esta realidad, pues contradice el discurso de que antes de 1999 no existían programas sociales que impactaran la situación de los más necesitados, ni gobiernos preocupados por ellos. En todo caso, fueron resultados efímeros, como lo fueron los obtenidos por los gobiernos de Chávez, ya que una vez entrado el país en una crisis económica seria, agravada luego en ambos casos por la caída de los precios petroleros, se perdieron rápidamente y se volvieron a alcanzar los niveles de deterioro previamente existentes. Para 1998, cuando Chávez fue electo, la miseria extrema estaba por encima de 27 por ciento (Riutort, 2001) y el desempleo en 11 por ciento (Guerra, 2005).

Uno de los primeros programas sociales instrumentado por Chávez fue el “Plan Bolívar 2000”, ya finalizado, y que podríamos considerar como la primera misión, llevado adelante en 1999 por militares de alto grado, con lo cual se dejó claro desde el principio la presencia importante que tendría la Fuerza Armada Nacional en las ejecutorias gubernamentales. Comenzaba lo que luego se llamó la unión cívico-militar, que ha sido fundamental en el sostenimiento en el poder del régimen supuestamente revolucionario, a pesar del desastre generado en los órdenes económico, social, político y moral, y de su más que evidente improvisación, negligencia e ignorancia. El Plan Bolívar 2000 fue también el primero en revelar el desarrollo de un elevadísimo nivel de corrupción en su más alto nivel de mando (Boon, 2016), con el caso del general Cruz Weffer y su huida al exterior.

Los programas sociales en Venezuela no son creación de la “genialidad” del líder de la revolución bolivariana, como creen algunos fanáticos cuasi religiosos. Los hubo en el breve gobierno provisional del contraalmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto en 1958, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, cuando se decretó el llamado “Plan de Emergencia”, dirigido a combatir el desempleo que se disparó a partir de ese momento, mediante un programa de acciones gubernamentales (Delgado, 2010). Los hubo en los gobiernos del período adecocopeyano luego de la crisis de 1983, así como en el segundo gobierno de Rafael Caldera, después de derrotado el bipartidismo del siglo XX. Recordemos la “Beca Alimentaria” del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (Méndez, 1991), programa de subsidio directo instaurado en 1989, para reducir el impacto del programa de ajustes económico instrumentado por su gobierno, así como las transferencias alimentarias que vinieron luego a mujeres embarazadas y lactantes (Ídem).

Estos programas sociales continuaron en el segundo gobierno de Rafael Caldera, aunque su nombre fue cambiado por el de “Subsidio Familiar” a partir de 1996. La remesa se asignaba mensualmente en forma directa a las familias con hijos que asistieran a las escuelas ubicadas en zonas populares, lo que además de compensar económicamente a los sectores pobres combatía también la deserción escolar. A la llegada del gobierno de Hugo Chávez, el programa fue eliminado a pesar de sus 10 años de existencia, sin que se conociera ninguna evaluación al respecto, de manera tal que el gobierno revolucionario amigo de los pobres se mantuvo durante 5 años, cuando nacieron las primeras misiones, sin crear ningún programa social que atendiera directamente a los sectores vulnerables (España, 2012).

MISIÓN ROBINSON Y OTRAS MISIONES EDUCATIVAS

Las primeras misiones propiamente dichas del presidente Chávez estuvieron dirigidas a la eliminación del analfabetismo, a través de la Misión Robinson; a la prestación de atención médica en los barrios marginales de las ciudades, con la Misión Barrio Adentro, y a la accesibilidad de alimentos por la población más pobre, mediante la Misión Mercal, todas iniciada en 2003 (MPP para Comunicación e Información, 2007). En ellas, la presencia cubana ha sido siempre determinante, en sus inicios como fórmula de arranque rápido a bajo costo para el Gobierno Nacional, pero luego como ayuda al gobierno de la Isla a un costo mucho mayor. Esta presencia es también causante de muchas de las distorsiones ocurridas con el pasar del tiempo.

El programa de alfabetización cubano, denominado “Yo sí puedo”, fue el utilizado por la Misión Robinson en sus actividades docentes que, luego de supuestamente alfabetizar a un millón 500 mil analfabetos, permitió al gobierno chavecista declarar en acto público, con bombos y platillos, a Venezuela como país libre de analfabetismo (Ministerio de Comunicación e Información, 2005; Ortega y Rodríguez, 2006), lo cual hacen ante funcionarios de la UNESCO, para crear la falsa idea de que el organismo internacional validaba la declaración gubernamental, lo cual realmente nunca ocurrió más allá del anuncio oficial.

Lo primero a señalar es que no se entiende por qué se mantiene aún la misión alfabetizadora, si alcanzó su cometido hace más de una década. A partir de 2005, año de la supuesta eliminación del analfabetismo, ha debido ser el Ministerio de Educación quien garantizara la cobertura educativa de todos los niños en edad escolar, de manera de no repetir el fenómeno de niños excluidos del sistema educativo, devenidos luego en adultos analfabetas. Pareciera entonces que se da como un hecho que la escuela venezolana, en manos del gobierno, es incapaz de garantizar la escolaridad de todos los niños en edad para ello, lo que significaría un fracaso rotundo del sistema escolar y la necesidad de un sistema remedial permanente que corrija este fracaso. Es una situación por demás absurda, pues si el Gobierno puede resolver el problema con una misión, es incomprensible que no pueda asumirlo desde el ministerio respectivo. Las razones son otras, como veremos más adelante.

Un segundo problema que surge son las discrepancias entre las cifras oficiales de analfabetos existentes en Venezuela, según el censo de 2001, y los supuestos alfabetizados por la Misión Robinson en un año y cuatro meses (Ortega y Rodríguez, 2006; Cunto, 2016). La cifra de analfabetos en 2001 era de 1,08 millones, cifra que es 32,7 por ciento más baja que el número de alfabetizados señalados en 2005, que fue de 1,5 millones de personas. De hecho, en ningún censo venezolano desde 1936 se ha señalado una cifra de analfabetas como la supuestamente alfabetizada por la Misión Robinson. ¿De dónde salieron estos analfabetos? La respuesta gubernamental ha sido acomodaticia y por tanto nada creíble. Pero si incluso aceptáramos la cifra de 1,5 millones de alfabetizados, el analfabetismo en el país habría caído por debajo del uno por ciento, situación que no recoge el censo de 2011 (INE, 2012), que señala un índice de analfabetismo de 4,9 por ciento, lo que significaría la existencia de más de un millón 100 mil analfabetos.

Investigaciones serias han señalado que fue muy poco el número total de alfabetizados reales de la Misión Robinson, pese al discurso propagandístico gubernamental. Ortega y Rodríguez (2006), utilizando la encuesta de hogares venezolanos del Instituto Nacional de Estadística, que incluye reportes sobre la alfabetización del grupo familiar, concluyeron que en el escenario más favorable para la Misión Robinson, el número de alfabetizados fue apenas de poco más de 48 mil personas. El costo sin embargo de la inversión gubernamental fue de 50 millones de dólares, lo que significa que cada alfabetizado tuvo un costo de 1.035 dólares, cifra mucho más alta que los 151 dólares que se requieren para alfabetizar un adulto mayor de 45 años con un método distinto, que ha sido comprobado como exitoso en Brasil, Uganda y Burkina Faso (Cunto, 2016).

La Misión Robinson, paradigmática de las misiones bolivarianas, lleva en su seno desde el mismo momento de su creación todas las aberraciones del resto de las misiones, hoy agrupadas en el Sistema Nacional de Misiones. Dejando de lado el carácter remedial que universalmente tiene este tipo de programas, y que en el caso de la Misión Robinson ni siquiera se alcanzó, es claro para el lector imparcial que su función no radicó en la solución de problemas o deficiencias existentes, sino en la demagogia y manipulación de la opinión pública realizada alrededor del problema supuestamente abordado y mentirosamente corregido. Su utilidad estuvo también en la contratación de activistas y mercenarios afectos al gobierno, en el clientelismo alrededor del otorgamiento del beneficio, en la corrupción que se genera en la administración de los recursos y, sobre todo, en los beneficios recibidos por el gobierno cubano, que encontró en el gobierno de Chávez un sustituto inmejorable de la desaparecida Unión Soviética.

Si esta es la realidad para la Misión Robinson, no tendríamos por qué pensar que el desempeño de las misiones directamente relacionadas, como la Robinson II, la Rivas y la Sucre, haya sido diferente. En todas, la improvisación es la regla de su funcionamiento, seguida de la ausencia de supervisión por parte de organismos técnicos independientes y la inexistencia de reales rendiciones de cuenta de las actividades realizadas. La Misión Sucre, por ejemplo, no le reporta sus actividades a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que como su nombre lo indica es el organismo técnico del Consejo Nacional de Universidades y del Ministerio de Educación Universitaria, para la planificación educativa superior (Fuenmayor, 2005). La OPSU no tiene conocimiento del número de cursantes de esta Misión, ni mucho menos de la naturaleza de los programas existentes ni del número y calidad de sus egresados. La selección no está supervisada por nadie y los seleccionados no forman parte de la población nacional de aspirantes administrada por la OPSU, ni deben cumplir sus mismos requisitos.

La creación de estas misiones y la determinación de sus posibles beneficiarios se efectuaron mediante un método nada técnico para conocer la cuantía de los problemas a resolver. La Misión Sucre, por ejemplo, fue creada a raíz de un censo efectuado en la Plaza Bolívar de las distintas capitales de los estados, luego de hacer un llamado a inscribirse a todos quienes se consideraran exclu dos de la educación universitaria. La información obtenida nunca fue validada y el Gobierno creó e impuso la cifra de 400 mil jóvenes excluidos del sistema educativo universitario. Esto le permitió hacer una campaña contra las universidades, acusándolas de discriminar y excluir a los estudiantes pobres que aspiraban a ingresar en ellas. Fue simplemente una patraña ejecutada por funcionarios ministeriales situados inmediatamente por debajo del ministro y viceministros de educación superior de entonces. Investigaciones posteriores demostraron que el número real de aspirantes excluidos era sólo el 27,8% de quienes se censaron, 131.427 jóvenes exactamente, los cuales podían perfectamente ser incorporados en las universidades oficiales sin requerir de la creación de ninguna misión (Fuenmayor, Marín y Jaimes, 2004).

Las misiones educativas en general se caracterizan por la anarquía de su funcionamiento, la discrecionalidad de sus administradores y la ausencia total de controles, ni de sus actividades esenciales, las de docencia-aprendizaje, ni de la administración de los importantes recursos financieros recibidos. Son programas para eliminar la exclusión educativa ocurrida en el pasado mal llamado cuarto republicano, que de hecho la hubo y de magnitud importante, aunque nunca como la señalada por el gobierno bolivariano, que siempre exageró en alto grado en esta materia. Tampoco se produjo por las causas esgrimidas por sus dirigentes. No se trató de una acción maquiavélica de las universidades en contra de los pobres, para que estos no accedieran a los estudios universitarios y bloquear de esa manera su movilidad social. La exclusión educativa universitaria tuvo causas socio económicas generales atinentes a la pobreza generalizada del país (Fuenmayor, 2002).

Si estas misiones hubieran sido exitosas, no habría en este momento una población de excluidos que justificara la continuidad de dichas misiones tres lustros luego de su creación. O fracasaron o su objeto nunca fue el señalado. Han sido utilizadas para intervenir al sector universitario, primero a través de la creación de un sistema paralelo de baja calidad académica, y luego mediante el desconocimiento de los egresados universitarios del sistema tradicional, por llamarlo de alguna forma, dificultándoles las posibilidades de contratación en los organismos del Estado. La mayor paradoja, sin embargo, reside en que la exclusión se da incluso en las misiones bolivarianas educativas, es decir, los programas diseñados para enfrentar y acabar con la exclusión también son excluyentes, lo cual ha sido claramente demostrado en el caso de la Misión Sucre (Fuenmayor, Marín, Silvera y Jaimes, 2009).

MISIÓN BARRIO ADENTRO

La idea de hacer énfasis en la atención primaria de salud y de situar los centros de prestación de servicios médicos en las comunidades a ser atendidas es completamente adecuada. De allí que la Misión Barrio Adentro en principio responda a una necesidad sentida del sistema de salud venezolano, que venía experimentando un deterioro de sus instalaciones y de la prestación de servicios en todos sus niveles. Adicionalmente, también expresaba un derecho y anhelo de la población de menores recursos, que vive en conglomerados periurbanos sin servicios adecuados, con una carencia particular de centros de atención médica en las cercanías de sus viviendas que les dieran facilidades de atención inmediata de sus dolencias cotidianas. Los problemas surgen por la forma de instrumentación del programa, que responde a consideraciones ajenas a las profesionales, que terminan distorsionándolo desde sus inicios, aparte que, como el resto de las misiones, tenía propósitos distintos de los enunciados.

Una primera cuestión fue la decisión de trabajar con médicos cubanos (Romero, 2009), rechazando la posibilidad de incorporar a los médicos venezolanos en el programa, con el argumento falaz de que estos se negaban a trabajar en los barrios pobres, pues tenían una formación para la “medicina privada y no para la salud pública”. Sin lugar a dudas que una de las características del Gobierno “revolucionario” es su capacidad de tratar de explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable. Detrás de esta decisión estaba el compromiso adquirido con el gobierno de Cuba, para contratarle la prestación de los servicios médicos y de salud en general de la Misión Barrio Adentro, lo que posibilitaría un inicio rápido de las actividades sin costos inmediatos importantes para el país. Más adelante, Cuba recibiría pagos en petróleo (Romero, 2009) que le permitirían cubrir su demanda energética interna e incluso vender parte de lo recibido a precios internacionales, con lo que además mejoraría el manejo de divisas requerido para sus necesidades.

Esta distorsión condujo inmediatamente a otra aún más perversa: Barrio Adentro y, por lo tanto, la atención primaria de salud de Venezuela, estaría bajo la supervisión del gobierno cubano, completamente al margen del resto del sistema de salud venezolano y sin ninguna injerencia de nuestro Ministerio rector en la materia (Walter, 2011). Los informes de las actividades realizadas viajaban a Cuba primero, para ser revisados por Fidel Castro y éste los enviaba luego al presidente Chávez. Esta situación absurda generó la existencia en Venezuela de dos sistemas oficiales de salud, el cubano de Barrio Adentro y el venezolano del resto de las instituciones: ministerio, programas sanitarios, ambulatorios y hospitales, sin conexiones reales entre sí, que permitieran la sinergia necesaria y sin que se diera la imprescindible supervisión nacional de Barrio Adentro. El fracaso estaba más que anunciado, aunque no se comprendiera. Y así fue.

Los médicos cubanos de Barrio Adentro no sólo atienden las consultas médicas sino que entregan a los pacientes atendidos las medicinas prescritas, las cuales son compradas en Cuba por el Gobierno venezolano e ingresan al país sin necesidad de registro sanitario, sin conocimiento del Ministerio de Salud y sin que incluso los propios pacientes se enteren del medicamento que reciben (Walter, 2013). La prescripción médica está restringida al vademécum cubano para la Misión. Se da en este caso una situación de conflicto de intereses similar a la que en Venezuela impide a una persona ejercer simultáneamente las profesiones de médico y farmacéutico. En el caso de Barrio Adentro, se entiende que mientras más medicamentos prescriban los médicos cubanos mayor será el beneficio para su país, pues éste vendería mayor cantidad de fármacos al Gobierno venezolano. Esto compromete gravemente el tratamiento farmacológico de los pacientes. Ninguna de estas observaciones ha hecho, sin embargo, cambiar en nada el funcionamiento de la Misión Barrio Adentro.

No se tiene claro el nivel profesional de los médicos de la Misión, ni su preparación académica, ni la calidad de sus servicios. El Jefe de la Misión Médica Cubana es una suerte de ministro paralelo, con mayor poder incluso que el ministro venezolano, ya que dispone del respaldo total del gobierno cubano y por lo tanto del Presidente venezolano; así lo fue con Chávez y así funciona con Maduro. Chávez, en más de una ocasión, rechazó las opiniones y sugerencias de su ministro de salud, para atender decisiones en contrario de la Misión Médica cubana (Walter, 2011). El grado de intervención cubana en esta materia es repugnante. Nunca se llegó a crear un sistema de referencia y contra referencia entre Barrio Adentro y la red hospitalaria, por lo que los pacientes, con el tiempo, continuaron su práctica de solicitar atención en los hospitales, pues a pesar de la lejanía y del deterioro de los mismos sienten que están más cerca de la solución de sus problemas. Para 2011, sólo el 20,3 por ciento de quienes requirieron atención médica acudieron a Barrio Adentro, mientras un mayor porcentaje acudía a la red hospitalaria tradicional (INE, 2011).

La muy baja cobertura de Barrio Adentro obedece a que la mayoría de sus módulos fueron cerrados y funcionan sólo el 20 por ciento de los mismos. Y no lo hacen durante las 24 horas del día, sino sólo por algunas horas (León Natera, 2014), dándose casos en que nada más trabajan unas dos horas en las mañanas. Todo ello es consecuencia del abandono de la salud por parte del Gobierno Nacional, que ha afectado incluso a sus programas paradigmáticos. Otras causas son la partida de médicos cubanos, que no han sido reemplazados y el hecho cierto de que la capacidad resolutiva de los problemas de salud de los pacientes siempre fue muy baja. En la actualidad, los módulos están desocupa- dos y se deterioran o están siendo invadidos por indigentes y por delincuentes. Lo que otrora fue una misión muy importante en el rescate del apoyo político al régimen, hoy es una demostración de la desidia gubernamental en materia de salud. La Misión nunca pretendió realmente mejorar las condiciones de salud de la población, sino que obedecía a las mismas razones señaladas para la Misión Robinson.

En la evaluación de las misiones, el Gobierno siempre ha recurrido a presentar estadísticas de las actividades realizadas en lugar de indicadores de cobertura o de impacto; Barrio Adentro no ha sido una excepción. Se presenta la construcción de más de 6 mil consultorios, la ejecución de 373 millones 600 mil consultas, de 20 millones de electrocardiogramas en dos años, el trabajo de más de 13 mil médicos y de casi 5 mil odontólogos (Chávez, 2009). Pero todo ello, aunque fuera cierto, no nos dice nada de la efectividad del programa en relación con la salud de la población, es decir no podemos saber si ha mejorado después de toda esa cantidad de consultas, que paradójicamente pudieran significar que nuestra gente está muy enferma y el objetivo debería ser que no se enferme. Deberían utilizarse indicadores del estado de salud de la población y de su cobertura: mortalidad infantil, neonatal, en menores de 5 años, materna; peso bajo al nacer, población vacunada y otros similares.

En su afán propagandístico, el Gobierno comenzó a utilizar irresponsable- mente el indicador “Número de Vidas Salvadas”, para presentarse como muy exitoso en las acciones de salud de la Misión Barrio Adentro. Nunca precisó las tasas de mortalidad de las distintas afecciones, que fueron comparadas para poder llegar a la estimación del número de vidas salvadas, que presenta en sus informes. Tampoco ha dicho en qué forma midió la gravedad de los pacientes en el momento de su ingreso, para poder efectuar las comparaciones con pacientes anteriores similarmente afectados. Presentado así, en abstracto, sin referencias para comparar, es una subjetividad sin valor práctico ninguno y sin conexión con la realidad (Seuc, Fernández y Gallardo, 2005), impulsada posiblemente por deseos electorales y más nada; es un simple producto de la audacia del ignorante que caracteriza al chavecismo.

MISIÓN MERCAL

Este programa social nació en abril de 2003 con el propósito de garantizarle a la población más pobre alimentos y productos básicos a bajos precios, hasta de un 45 por ciento por debajo del precio de mercado, lo cual se lograba mediante subsidios a la producción y la eliminación de la intermediación comercial (MPP para la Comunicación e Información, 2007). Se efectuó, además, la creación de supermercados y mercados que se añadieron a la red comercial existente. MERCAL incorporó también tiendas más pequeñas, llamadas mercalitos, que fueron ubicados en zonas del país de acceso difícil; los mercalitos comunales, hipermercales, supermercales, red de carnicerías, centros de beneficio de animales, centros de acopio, camiones que venden directamente en las calles y los llamados megamercales, ventas grandes de productos que se improvisan en la vía pública a cielo abierto, en los que se añade la prestación de algunos servicios generales de salud como tomas de presión arterial, exámenes simples de la vista y despistaje odontológico (MPP para la Comunicación e Información, 2007; MPP para la Alimentación, 2013).

La Misión Mercal está dentro de lo que se llamó luego Misión Alimentación, que dispone además de llamada Red Social, que incluye las casas de alimentación, cocinas comunitarias y comedores populares; la red PDVAL y de Abastos Bicentenarios, la Red Venezuela conformada por panaderías, abastos y areperas, para la venta de alimentos ya preparados; la red FARMAPATRIA de farmacias populares y los Sistemas Integrales de Control Agroalimentario y de Control de Medicamentos (MPP para la Alimentación, 2013). La presencia de farmacias y del régimen de control de medicamentos en esta misión es un absurdo desde todo punto de vista. Los medicamentos no son alimentos, no pueden ser distribuidos ni vendidos con los mismos criterios que se aplican para estos, tienen requisitos especiales para permitir su distribución y venta y deben estar bajo el estricto control del Ministerio de Salud, no sólo por pertenecer conceptualmente a este sector, sino por ser la institución preparada para ello. Es un atentado a la salud pública proceder de esta manera. La rimbombancia de las calificaciones para designar actividades idénticas, agrega una complejidad innecesaria y dificulta el control de los recursos asignados, de su funcionamiento y de su impacto real en la población.

Como el resto de las misiones iniciales, Mercal vivió su mejor momento durante sus tres primeros años de existencia, cuando sirvió para incrementar el apoyo electoral al presidente Chávez, pues, junto con el resto de las misiones, ayudó en forma importante a renovar los vínculos del Presidente con los sectores populares más humildes. En aquel momento su cobertura se extendió al 53 por ciento de la población, unos 12 millones de habitantes (D´Elía y Quiroz, 2010). Los programas sociales anteriores a 2003, como el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social y las escuelas bolivarianas, tuvieron poco impacto en este sentido (Marcano, 2015). Entre 2007 y 2010, Mercal sufre un estancamiento, al igual que ocurre con el resto de las misiones, invadido por el clientelismo y la corrupción, ambos muy fáciles de generarse en un programa que pretende llevar alimentos a precios por debajo de los existentes en el mercado a un sector social particular. El Gobierno, sin embargo, no ha aprendido la lección de que el otorgamiento de subsidios indirectos es mucho menos eficaz, es muy costoso y trae graves problemas de corrupción.

El caso más evidente de esta preferencia por los subsidios indirectos lo constituye el mantenimiento del cambio múltiple, con un dólar barato que se ha prestado para la ocurrencia de la mayor transferencia de capitales al exterior históricamente habida en Venezuela, el enriquecimiento grosero del sector financiero nacional y extranjero y la corrupción extendida alrededor del otorgamiento de los dólares baratos, y todo ello con el mentiroso argumento de la necesaria protección de los sectores más vulnerables. Sectores a quienes no les llega nada proveniente de esos dólares y que actualmente se encuentran hurgando en la basura dejada por mercados, restaurantes y casas de familia, para poder comer. De más está decir que nada de la Red Social funciona actualmente y otro tanto ocurre con la Red Venezuela.

LAS OTRAS MISIONES

El resto de las misiones adolecen de las mismas distorsiones estructurales ya señaladas, pues no han sido diseñadas ni puestas en acción para resolver problemas o compensar insuficiencias existentes, sino para tratar de garantizar la eternización en el poder de los actuales gobernantes. Son fundadas, relanzadas y modificadas periódicamente, para dar la idea de que se trabaja duramente en la solución de los problemas de la gente y de que se las adapta permanentemente a los nuevos retos y situaciones. Son presentadas como un esfuerzo original, adicional al realizado por los ministerios, y con personas jóvenes, entusiastas, dinámicas y muy comprometidas con los altos intereses del pueblo y de la revolución, leales a su Comandante Eterno y al Presidente Obrero, y dispuestas a dar todo sin exigir nada a cambio, excepto la paga, por supuesto (Fuenmayor, 2016a). Sus éxitos nunca trascienden a reducir la necesidad popular que motivo su creación.

Sus pomposos nombres se cambian frecuentemente para hacerlos sentir más solemnes, grandiosos y más creíbles. De la Misión Vivienda en 2004 surge la Misión Villanueva en 2007 y luego la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2010, sin que ello signifique nada desde el punto de vista de su eficiencia ni del cumplimiento de sus metas. Tiempo después, aparece otro supuesto gran esfuerzo en el mismo sector: la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, mientras los barrios marginales siguen presentes con toda su inmensa miseria, sin los servicios básicos de toda ciudad, sin vías de comunicación, con transporte precario que no se resuelve con teleféricos, funiculares ni metrocables, y ahora controlados por el hampa y sometidos a las masacres de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), programa de carácter represivo policial adscrito curiosamente a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (MPP para Relaciones Interiores, Justicia y la Paz, 2017) y que ha hecho del asesinato cometido por funcionarios policiales una acción cotidiana y deseable contra reales o supuestos hampones.

La Gran Misión Agro Venezuela, que sustituyó a la Misión Zamora, no ha podido estimular la producción de alimentos; su absurda propuesta de agricultura urbana es imposible que pueda reemplazar los millones de hectáreas dejados de cultivar como resultado de las políticas negligentes del Gobierno (Fuenmayor, 2016b). En el pasado reciente producíamos suficiente arroz, café, maíz y azúcar para abastecer el mercado interno y en algunos casos, incluso para exportar; hoy somos importadores de estos rubros. La Misión Revolución Energética, cuya única acción fue el cambio de los bombillos tradicionales por unos bombillos ahorradores adquiridos en Cuba, no ha podido acabar con los múltiples apagones que ocurren cada vez más frecuentemente en todo el territorio nacional. La Gran Misión Saber y Trabajo seguramente se ocupa de preparar a quienes se incorporan en el único sitio de crecimiento laboral de la Venezuela de hoy: las calles de las grandes ciudades, donde florece el empleo precario. Buhoneros, parqueros viales, bachaqueros, cuidadores y lavadores de vehículos, recogelatas, hurgadores en las basuras y saltimbanquis, constituyen el ejército laboral revolucionario, el nuevo hombre trabajador, que derrotará al capitalismo depredador y construirá el socialismo del siglo XXI.

Este modo de actuar del gobierno chavecista se extiende a todas sus demás actividades, con excepción quizás de las acciones políticas represivas y de la corrupción, en las que aparentemente han sido muy eficaces hasta ahora. Sus planes de seguridad personal y urbana, sin embargo, han sido un total fracaso, mientras sus acciones de seguridad política están muy bien aceitadas y funcionan a la perfección. Lo curioso es que, prácticamente los mismos organismos de seguridad están involucrados en ambos. Una diferencia fundamental, sin embargo, es que los planes de seguridad ciudadana y urbana son tratados exactamente en la misma forma que las misiones bolivarianas; es más, algunos de ellos están íntimamente relacionados o incluso forman parte de algunas misiones, sobre todo de aquéllas que tienen que ver con el hábitat. Esto explica claramente su permanente y estruendoso fracaso.

Para 1998, el recién electo presidente Chávez señaló que existía un déficit de 1,5 millones de viviendas en el país, el cual sería resuelto por su gobierno, al menos en un 50 por ciento, para finales del año 2003 (Abadi, 2013). No podemos saber los cálculos que efectuó el Primer Mandatario o que efectuaron sus inmediatos colaboradores, si es que hizo la promesa basado en algún tipo de estudios sobre la materia, pero la misma significaba construir 750 mil viviendas en 5 años, es decir 142 mil viviendas por año, sin contar que cada año, con el crecimiento poblacional, se necesitarían nuevas viviendas que se sumarían al déficit existente. Un cálculo aproximado de estas nuevas necesidades sería de unas 100 mil unidades por año, lo que significaría medio millón de viviendas adicionales a las señaladas, para realmente reducir el déficit en un 50 por ciento. Quienes conocimos de cerca al presidente Chávez, sabemos que en absoluto había pensado en la magnitud del esfuerzo ni el costo de la promesa efectuada. Así actuaba siempre, llevado más por su instinto político que por el conocimiento.

Lo rigurosamente cierto es que, para el año 2013, el déficit de viviendas se había duplicado y su crecimiento vegetativo alcanzado las 130 mil viviendas por año (Abadi, 2013), lo que significa que hoy, luego de 18 años de revolución, el déficit de viviendas es de unos 3,5 millones de unidades, mayor que el encontrado, y sigue aumentando, pese a toda la costosa propaganda oficial y la perorata demagógica del presidente Maduro, en sus ya cientos de apariciones televisivas en cadena nacional, en las que supuestamente va haciendo entregas de viviendas rumbo a la vivienda dos millones, cuando cuentas muy simples demuestran el engaño (Colmenares, 2017). Y todo esto luego que PDVSA invirtiera en estas misiones del hábitat, entre 2003 y 2012, más de 8 mil millones de dólares, que equivalen solamente a la mitad de lo invertido por el Gobierno en ese mismo período (Abadi, 2013), una clara muestra de cómo se ha dilapidado el ingreso de divisas de todos estos años y una demostración de que la crisis es producto de este despilfarro de recursos, por parte del gobierno autodenominado revolucionario.

El fracaso estrepitoso y muy costoso para Venezuela de las misiones del hábitat (Vivienda, Villanueva y Gran Misión Vivienda) no sólo no ha sido reconocido, sino que las promesas continúan como si el éxito hubiera sido total. Al crear la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno prometió la construcción, entre 2011 y 2017, de 2 millones de viviendas, lo que significaría construir 286 mil unidades por año, cifra que decuplicaba el promedio de construcción anual en sus primeros 11 años de gestión. Si a lo anterior le agregamos que este período corresponde a una de las peores crisis económicas de la historia venezolana, se podía predecir, como en efecto se hizo, que el compromiso realizado era materialmente irrealizable. Sin embargo, el desenfreno gubernamental hará todo lo imaginablemente posible, como en efecto lo ha hecho, para hacer aparecer de la nada 2 millones de viviendas nuevas, aunque aun así el déficit de viviendas sería el mismo encontrado en 1998.

ÚLTIMA GENERACIÓN DE MISIONES

En 2006 y 2007 se crea la última generación de misiones: Misión Negra Hipólita, para atender a los venezolanos en situación de calle, algo inentendible luego de 8 años de acción “revolucionaria”; Misión Madres del Barrio, para la atención de los hogares de jefatura femenina en pobreza extrema, situación también incomprensible si se señalaba como un logro revolucionario la reducción importante de este tipo de miseria; Misión José Gregorio Hernández para personas con discapacidad, Misión Che Guevara para la capacitación ideológica de los trabajadores y la Misión 13 de abril para la creación de las comunas socialistas. Aparece la Misión Alma Mater para la creación de los complejos universitarios socialistas, que incluyen las universidades territoriales y la transformación de los institutos universitarios de tecnología y de los colegios universitarios, en universidades experimentales politécnicas (MPP para la Educación Universitaria, 2014); cambios de nombre, principalmente.

La Misión Alma Mater habla de complejos universitarios socialistas, categoría difícil de comprender en una estructura académica cuyo fin primordial debe ser la creación de conocimientos. Varias de las creaciones universitarias de la Misión Alma Mater constituyen verdaderos disparates desde el punto de vista conceptual, académico universal. Su existencia sólo puede ser explicada por una ideologización manifiesta de los conductores educativos gubernamentales, sumada a una ignorancia crasa de los mismos. Entre los desvaríos más notables están la Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”, la Universidad de los Pueblos del Sur, que parece estar dedicada sólo a la internacionalización. Todas con objetivos muy distantes y completamente ajenos de los propios de instituciones educativas superiores. El Gobierno no tiene claro lo que debe ser una universidad, ni cuáles son sus funciones esenciales, ni la importancia de la generación de conocimientos en el mundo tecnológico actual; confunde, equipara e incluso contrapone los saberes populares y ancestrales con el conocimiento científico, privilegiando en el discurso los primeros.

Se crearon en total 49 misiones, 42 por Chávez y 7 por Maduro, y hasta hace tres años estaban activas treinta y cinco (Marcano, 2015). Hoy, el número es mucho menor, aunque el Gobierno lo niegue, y las activas lo están en medio de limitaciones gigantescas.

PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO

Resulta más que difícil proponer soluciones a los problemas y dificultades enfrentadas por los programas sociales llamados misiones bolivarianas, pues como hemos afirmado no persiguen realmente terminar con los sufrimientos de los venezolanos pobres, ni mejorar sustentablemente sus condiciones de vida. Los efectos beneficiosos que puedan generarse, que los hay, son efectos colaterales en relación con su verdadero objetivo: lograr una actitud de la población que le permita al grupo gobernante mantenerse indefinidamente en el poder, bien porque logre el apoyo suficiente para triunfar en las contiendas electorales fundamentales, o bien porque la intranquilidad social y política no alcance grados, que obliguen a acciones represivas difíciles de aceptar por la gente y la comunidad internacional. Enderezar el entuerto de estos últimos 19 años requeriría, en primer lugar, salir del gobierno actual, aunque no cualquier reemplazo será necesariamente exitoso en este sentido.

La necesidad de recurrir a la instrumentación de programas sociales especiales, lo primero que demuestra es el fracaso de un modelo económico, social y político, que no ha sido capaz de construir y mantener unas condiciones de vida adecuadas para todos sus ciudadanos, sin que esto se interprete como la homologación de las mismas, pues justicia social no significa reparto por igual de la riqueza. Es claro que países como Venezuela, potencialmente ricos, dados sus recursos naturales, tienen posibilidades ciertas de despegar del subdesarrollo, si logran explotar convenientemente dichos recursos sin limitarse a la venta de materia prima, sino impulsar la producción industrial de mercancías de mucho mayor valor agregado. La industrialización del petróleo, nuestro recurso fundamental, y su diversificación aguas abajo y aguas arriba, de manera de dejar de vender nada más combustible fósil y pasar a exportar productos petroquímicos y químicos orgánicos, es una condición primordial para despegar hacia el desarrollo (Arcaya, 1993).

Para ello se hace necesario también el crecimiento concomitante de las ciencias y tecnologías nacionales (Arcaya, 1993), en tanto es imperativo dominar el conocimiento requerido por el país para su transformación, que necesariamente debe incluir el conocimiento de punta del mundo contemporáneo y el conocimiento básico, que sirve de cimiento a toda la investigación científica y tecnológica mundial. El financiamiento de esta titánica labor, que implica la formación de decenas de miles de investigadores y profesionales de la ingeniería, corresponde asumirlo a la principal y casi única empresa del país: PDVSA, la cual es además la principal consumidora de ciencia y tecnología en Venezuela, que es comprada toda en el mundo desarrollado. Adicionalmente, se requiere crear una población calificada capaz de desempeñar empleo formal calificado, permanente y bien remunerado. Sólo así iniciaríamos un nuevo camino, no ex- plorado nunca en el pasado y entonces sí podríamos decir que “hay un camino”.

La necesidad de campañas, operativos o misiones, como decíamos, son una confesión del fracaso de las políticas públicas instrumentadas. Así, las campa- ñas de vacunación significan que el sistema de salud ha fracasado en garantizar la cobertura de la población, contra enfermedades prevenibles por vacunas. Si el sistema sanitario hubiera vacunado a todos los infantes en el momento debido, no se requeriría de campaña ninguna. Lo mismo podemos afirmar de una campaña de alfabetización o de construcción de viviendas o de limpieza de maleza en parques y plazas públicas. Los operativos de seguridad demuestran el fracaso de las políticas cotidianas de seguridad. Cuando todas las instituciones estén en capacidad de cumplir con las funciones que les son propias, existan además adecuadas políticas públicas en todos los sectores sociales y se asuma la responsabilidad de su cumplimiento efectivo, no harán falta las campañas, operativos ni las misiones sociales.

Para ello, por supuesto, la sociedad tendría que haber alcanzado un estado de suficiencia material, de conocimientos y de experiencia, que le habrían permitido resolver todos los problemas y taras actuales. En esta situación, sería un absurdo la existencia de las enfermedades prevenibles por vacunas o de personas sin lentes o de analfabetas. No habría niños no escolarizados, ni jóvenes obligados por alguna razón a abandonar sus estudios secundarios, ni un déficit de docentes en ninguna disciplina, y quienes por distintas razones fueran minusválidos, estarían en estudios especiales o empleos productivos de distinto tipo, acordes con las limitaciones que tuviesen. Habría pleno empleo, la producción alimentaria nacional garantizaría las proteínas y calorías requeridas por los venezolanos y no existiría la desnutrición. Importaríamos sólo para darle variedad a la mesa. Habría desaparecido la miseria y no habría un déficit de viviendas, pese a que la necesidad de construcción de las mismas nunca desaparecería, pero sería cubierta en forma ordinaria y en función del crecimiento poblacional.

Pero mientras se alcanza esta meta, lo que puede significar muchas décadas, se tendrían que mantener programas sociales muy bien escogidos, diseñados e instrumentados, para garantizar la reducción de las necesidades básicas de los sectores sociales menos favorecidos o simplemente marginados del desarrollo de la sociedad en su conjunto, y esto se haría no sólo por cuestiones de justicia social, que ya es un estímulo importante, sino porque de esa manera se podrían incorporar plenamente al esfuerzo nacional de desarrollo, lo que se sabe hoy lo facilita enormemente. Pero estos programas deberían ser asumidos por la institucionalidad existente, bajo el control riguroso de los distintos órganos competentes del Estado e instrumentados principalmente en la forma de subsidios directos. No se crearían organismos especiales, improvisados, incontrolables y con personal no capacitado, como es el caso de las misiones bolivarianas. Las necesidades sociales determinantes de la creación de estos programas y la selección de sus beneficiarios no se establecerían con la modalidad de los censos de necesitados, sino a través de investigaciones sociales muy bien diseñadas de los diferentes ministerios, de manera de evitar la distorsión que supone que sea la gente misma la que se auto asigne las ayudas o subsidios. Desaparecida la necesidad, los programas se extinguirían.

Las misiones, a pesar de ser programas distintos de los programas de los años noventa, adolecen de los viejos problemas de la política social venezolana e incluso los refuerzan (Gómez, 2006). Ineficiencia del gasto, falta de articulación entre la política económica y la social, así como entre los nuevos programas sociales y los tradicionales; ausencia de racionalidad técnica, profesional y de uso de los recursos. La cultura que impulsan las misiones es la de la dádiva, la del Estado asistencialista, la del líder mesiánico que parece otorgar beneficios provenientes de su riqueza personal, lo que debe ser agradecido, y no de la administración de un patrimonio de todos. No se estimula la superación personal y colectiva, ni la cultura del trabajo productivo, ni la importancia del estudio y formación para el trabajo. No se llega a comprender que lo principal es la producción de la riqueza y que sólo luego se procede a su reparto, pues no se puede repartir lo que no se tiene.

Es meridianamente claro que los programas más recientes del Gobierno, como el de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuya actividad consiste en el reparto de bolsas de comida y otros artículos (ahora son cajas), constituyen un instrumento político (Bernal, 2017a) y no social del Gobierno, al igual que ha ocurrido con las misiones bolivarianas. Los CLAP están integrados por un miembro de la Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, organizaciones de naturaleza partidista electoral del partido de gobierno; un consejo comunal, todos ellos en manos gubernamentales; un miembro del Frente Francisco de Miranda, organización política de apoyo al Gobierno fundada en Cuba por Hugo Chávez y Fidel Castro; una mujer y una persona de la comunidad. Esta integración es una demostración muy clara de lo que el gobierno considera participación protagónica del pueblo en la solución de sus asuntos.

Además de vender bolsas de comida a domicilio a precios “solidarios”, a familias que devenguen hasta dos salarios mínimos, con lo cual piensan se reestablece el apoyo al proceso “revolucionario” por parte de los sectores pobres, buscan también constituirse en una amenaza permanente para quienes no apoyan al gobierno socialista del siglo XXI, pues cabría la posibilidad de no obtener comida en el futuro cercano, a menos que se inscriban y acepten este tipo de reparto gubernamental. Colocar a Freddy Bernal al frente de este sistema de abastecimiento descubre la principal connotación de los CLAP: la seguridad nacional o, mejor dicho, la defensa gubernamental, la protección del régimen camuflada detrás de la protección de la patria, pues controlarían la producción, las fuentes de suministro y abastecimiento de alimentos, el territorio; realizarían inteligencia social e iniciarían la generación de un nuevo liderazgo (Bernal, 2017b); actividades vitales ante cualquier contingencia de intervención externa pero, sobre todo, de rebelión interna, de sacudón social por desesperación, que es lo que realmente les preocupa.

Los gobiernos de por lo menos los últimos 60 años han instrumentado y mantenido un diseño social basado en dos componentes esenciales: la ignorancia y la pobreza de la población venezolana. Este diseño les ha permitido ser exitosos en el sostenimiento por largos períodos del control político de los venezolanos. El proceso que se inicia a partir de 1999 no es diferente en este aspecto fundamental de los gobiernos anteriores. Como no fue diferente Carlos Andrés Pérez II, pese a no gobernar sujeto a su partido Acción Democrática como en el pasado. Como no lo fue Rafael Caldera, pese a derrotar al bipartidismo del siglo XX y gobernar con los sectores de izquierda, tanto los enfrentados durante años a los gobiernos adeco copeyanos, como los procedentes y simpatizantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, grupo militar insurgente golpista en 1992.

Tampoco son diferentes estos tres gobiernos, ni los anteriores, en relación al modelo económico rentista petrolero que asumieron, al modelo democrático comicial basado en la división de poderes y la ausencia de proporcionalidad electoral, ni respecto a la profunda dependencia científica y tecnológica y el mantenimiento de la ocupación laboral, a través del incremento de la burocracia gubernamental y el impulso del empleo precario. Nada los distingue en las formas antinacionales de explotación petrolera y minera, ni en el manejo de varios cambios diferenciales del dólar en momentos de crisis, ni en su apego por los subsidios indirectos.

Han sido negligentes en garantizar el cuidado del ambiente y en la atención al resguardo de la integridad territorial venezolana: el caso del Esequibo es paradigmático. Son iguales en sus acciones de control de gremios, sindicatos y organizaciones estudiantiles; en el uso de la Fuerza Armada Nacional para sostenerse, en sus posiciones contrarias a la autonomía universitaria, en la creación de sistemas universitarios paralelos y en la concepción de que la inmunidad de jurisdicción del Estado venezolano debe ser relativa. Ni que hablar de la corrupción, la demagogia, el autoritarismo, la represión y el uso de grupos parapoliciales en las ciudades.

Las similitudes existentes no implican que sean idénticos, sino que se trata de dos élites disputándose el poder y no precisamente para trabajar en función de la nación, sino en función de sus intereses, entre ellos el de eternizarse en el gobierno. Tampoco quiero dejar la idea de que han sido iguales en los desastres producidos, pues estos no han sido de la misma magnitud. Hay diferencias cuantitativas que son importantes, pero que no generan diferencias cualitativas. El actual gobierno ha sido, sin lugar a dudas, el peor de todos desde por lo me- nos 1948. Su ignorancia, su codicia y su sectarismo no tienen parangón a los que hayan existido antes en este período.

CONCLUSIÓN

Salir de la ignorancia y la miseria es primordial en el proceso de desarrollo nacional, pero no transitoriamente, dependiendo de los altos precios internacionales del petróleo u otra materia prima, sino permanentemente en una acción combinada y simultánea de educación formal con la industrialización del país a partir del petróleo. He ahí el espacio de los programas sociales, misiones eficientes dirigidas a llevar al pueblo a tener las mejores condiciones físicas y mentales, pues su contribución es fundamental en el proceso de construir una Venezuela industrializada, productiva, realmente soberana y dueña de su destino; material y espiritualmente grande, independiente y libre, sin ataduras internacionales más allá de las referidas a la solidaridad humana; trabajadora, justa y honesta, libre de ideologizaciones y prejuicios, ahora sí, donde sus ciudadanos disfruten de la mayor suma de felicidad posible.

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