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INTRODUCCIÓN

La revolución bolivariana modela una sociedad humanista, basada en principios de democracia participativa y protagónica, libertad, igualdad y justicia social. Para ello presenta un proyecto nacional dirigido a permitir la inclusión social como médula de la democracia, y la construcción de un modelo productivo endógeno y centrado en el ser humano. Todo esto requiere de un cambio profundo en los valores y en la ética; requiere de una sociedad reflexiva, que se autodescubre a través de sus capacidades para construir un futuro. Estas necesidades hacen de la educación universitaria (EU) una de las más altas prioridades. La Revolución ha colocado como una de sus metas fundamentales la inclusión en el sistema educativo a los venezolanos y venezolanas, mediante el derrumbe de las dificultosas formas de ingreso, logrando la equidad, y dando una visión de largo plazo en el que se inscriben los cambios sociales del país.

Con la llegada al poder, el presidente Hugo Chávez, rompe las cadenas que ataban al país con el modelo neoliberal impuesto en esos años, por lo cual le permitió establecer políticas progresistas, entre otras, en educación. Tales políticas fueron soportadas mediante una cuantiosa inversión financiera gracias a la orientación que le dio el presidente Chávez a una mejor redistribución de la renta petrolera, buscando disminuir la enorme deuda social, heredada de la denominada IV República, cuando predominaba la tesis del neoliberalismo con los gobiernos social demócratas que ejercieron en esas décadas “perdidas”, tal como las llamó el presidente Chávez y que detallaremos en los siguientes apartados.

Este estudio tiene un carácter cuantitativo, el cual, mediante el análisis descriptivo y comparativo, se quiere investigar cómo han sido los cambios del ingreso a la educación universitaria y de las políticas de inversión de recursos financieros a la educación aplicadas por el Estado venezolano durante los años en que se ha desarrollado la Revolución Bolivariana en relación con los últimos años de la IV República. Especialmente, los cambios realizados en la política petrolera, principal área productiva y generadora de riquezas al país. Los resultados hasta la fecha demuestran avances significativos, tanto cuantitativos como cualitativos, en el campo de la educación venezolana, en particular a la inclusión de la población a la EU, logros que han sido reconocidos por la UNESCO (1998).

LAS DÉCADAS PERDIDAS (80 Y 90): EL NEOLIBERALISMO EN LA EDUCACIÓN

En 1973, David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank, ponía en marcha la Trilateral, primer gobierno en la sombra de una economía ya en proceso de una clara globalización neoliberal. El norteamericano Samuel Huntigton, el japonés Juri Watanuki y el francés Michel Crozier (de ahí el nombre de Trilateral) recibían el encargo de hacer un informe sobre la salud democrática del área de influencia norteamericana, que sería publicado en 1975 con el título La crisis de las democracias. Informe sobre la gobernabilidad del mundo. El diagnóstico era contundente. la participación popular se había convertido en un exceso de democracia que recargaba al Estado (Croizier y col., 1975). No se trataba, como decían los intelectuales de izquierda, “de una crisis de legitimidad del sistema, sino de un problema de gobernabilidad del que eran responsables ciudadanos impertinentes”. Las propuestas que lanzaron se convirtieron en el programa de máximas del neoliberalismo. Había que detener la participación que, en ese momento, venía en buena medida de las universidades, especialmente las latinoamericanas, por lo que propusieron “reducir los recursos financieros puestos a disposición de las Universidades, que generan excedentes de licenciados; reducir las pretensiones de los profesionales universitarios” (Monedero, 2008).

En esos años existía la urgencia de aplicar en un país determinado la tesis del neoliberalismo. Se requería de un laboratorio para experimentos de vanguardia sobre el mercado, del cual, el monetarista Milton Friedman, el teórico de la “economía del shock”, principal impulsor del neoliberalismo desde los años 50, siendo profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago (Escuela de Chicago), pudiese comprobar en la praxis lo que deseaba hacía tanto tiempo: un país en el cual poner a prueba sus teorías resumidas con los siguientes criterios:

en primer lugar los gobiernos deben eliminar todas las reglamentaciones y regulaciones que dificulten la acumulación de beneficios. En segundo lugar deben vender todo activo que posean que pudiera ser operado por una empresa y dar beneficios. Y en tercer lugar deben recortar drásticamente los fondos asignados a programas sociales.

En resumidas cuentas, era una fórmula de tres partes: desregulación, privatización y recortes (Klein, 2008). Fue precisamente en la conspiración contra el Chile de Allende y con el posterior golpe de Pinochet organizado desde los Estados Unidos (1973) cuando se probó la tesis. La gestión económica se la encargaron al mismo Friedman, para quien la nueva fase del capitalismo reclamaba la ausencia de focos de resistencia al mercado, tales como los sindicatos o las universidades protestatarias. El resultado final era el acuerdo general de que no había alternativa: el pensamiento único o el Consenso de Washington (Ídem).

Es así que, en 1989, con el arribo al poder de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, su gobierno conformado principalmente por profesionales formados académicamente en la mencionada Escuela de Chicago (llamados los Chicago boys), implementó políticas neoliberales para liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos económicos, produciendo una masiva protesta de la sociedad venezolana y su consecuente represión por el gobierno nacional, ocasionando extraoficialmente miles de muertos, suceso social que fue conocido como El Caracazo (López y Hernández, 2001).

Por otra parte, los organismos internacionales, en especial, aquellos con capacidad de conceder préstamos, habían puesto interés en señalar la necesidad del repliegue del Estado en relación con la orientación y el financiamiento de la EU. En el caso del Banco Mundial (BM), se habían dado a la tarea de financiar estudios e investigaciones en países de América Latina, entre ellos Venezuela, para comparar el desempeño de las instituciones educativas públicas y privadas, concluyendo dichos estudios en la necesidad de incentivar a la educación privada, dada su eficiencia y productividad mayores que las demostradas por la educación pública (Castellano, 1998). Se asumieron estas acciones como una estrategia paralela, denominada “neoliberalismo pedagógico”, consistente en establecer una vinculación directa entre los organismos destinados a las actividades financieras (FMI y BM) y los programas educacionales de América Latina. Por lo tanto, los ministerios de economía intervinieron en las áreas pedagógicas estatal y privada, y sus imposiciones económicas determinaron desde los salarios docentes hasta cambios de estructura de los sistemas y reformas de contenidos (Álavarez, 2009).

En este sentido, en Venezuela, con la designación de Gustavo Roosen en la cartera del ministerio de Educación durante el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, se inició la aplicación de las medidas neoliberales en el sector educativo. Es importante destacar que Roosen estaba ejerciendo al momento de su nombramiento como ministro, el cargo de Coordinador General de la División de Alimentos de la Organización Polar, simultáneamente con cargos directivos dentro de varias empresas del grupo Mendoza, como Envases Venezolanos S.A. y el Banco Provincial. Es decir, era un experimentado defensor de los intereses del gran capital corporativo a expensas de las mayorías. Su gestión ministerial se destacó por la aplicación de la política neoliberal de manera ortodoxa, provocando el deterioro de la educación pública nacional para crear las condiciones de su privatización, por lo que fue recompensado con la presidencia de PDVSA en 1992. Actualmente es uno de los más furibundos generadores de matrices contra Venezuela y la Revolución Bolivariana desde diversos medios como El País, de España (Subversión, 2015).

La aplicación de este modelo económico e influyendo sobre las políticas educativas de los gobiernos pro neoliberales de Venezuela, condujo a que el sistema educativo se ajustara a esta nueva realidad, mediante la neocolonización y la desnacionalización, tal como lo describe en el trabajo de Colmenares (1989):

estos procesos que fueron producidos y reproducidos mediante la alienación de jóvenes y maestros/as a la noción de Venezuela como una nación sin historia, promoviendo, al mismo tiempo, una visión eurocentrista de la historia, pues se consideró que la nuestra comenzó solamente a partir de la invasión europea. En ese sentido, se eliminaron los estudios de la historia y geografía.

Asimismo, se pudo desarrollar la reproducción ampliada e institucionalizada, a través de la educación formal e informal, de:

(…) una identidad social nacional negativa, originando la aceptación generalizada de los estereotipos negativos sobre lo indio, lo hispano y lo negro: indio como equivalente a flojera y pasividad, hispano como equivalente a banalidad fiestera y negro como equivalente a insolencia e indisciplina (Vargas-Arenas y Sanoja, 2004).

Esta compleja realidad fue trastocando los valores culturales de la sociedad latinoamericana, por lo que se comienza a percibir un constructo cultural diferente, que Monedero (2008) caracteriza:

(…) el mundo del fragmento y la individualización ha golpeado la generosidad de los universitarios más jóvenes…el “yo, yo, yo, todo, todo, todo, ahora, ahora, ahora” se convierte, por su complementariedad con el modelo consumista, en la bandera bajo la qué organizar la vida. (pp. 20-21).

En 1996, a pesar que había prometido no acudir ante el FMI, el presidente Rafael Caldera presenta el 15 de abril la “Agenda Venezuela”, un programa de ayuda con esa institución financiera que sigue al pie de la letra la lógica de las “Políticas de Ajuste Estructural”, que fueron un conjunto de recetas propuestas por los organismos financieros multilaterales (BM, FMI) a los países deudores para paliar la crisis económica de la década de los ochenta. Con esta agenda se quería restablecer el equilibrio macroeconómico y combatir la inflación, sin embargo, lo que se produjo fue el deterioro de la calidad de vida de la población. El programa presentado en este documento incluía la aplicación de nuevos impuestos, suspensión del control de cambio, liberación de las tasas de interés y reducción del gasto público, entre otras medidas. Entre ellas, la reducción del gasto público significó la retoma de una serie de procesos privatizadores. En particular, en materia de educación, se contemplaba la aplicación de mecanismos de cobro para contrarrestar el recorte presupuestario en esa área y así resolver parcialmente el desfinanciamiento, contrariando con ello el principio de gratuidad del derecho a la educación garantizado en el artículo 78 de la Constitución de 1961 (PROVEA, 2008).

Ante el supuesto déficit presupuestario, el gobierno comenzó en 1990 de manera velada a plantear soluciones como la “autogestión” y “cogestión”; ya en 1989 el ministro de Educación para entonces, Gustavo Roosen, había anunciado: “…sin caer en violaciones de la Constitución, se privatizará la educación superior, dejando gratuita la educación básica desde preescolar hasta el 9º grado” (Ídem). Se alzaron diversas voces a favor del cobro en universidades. Leonardo Carvajal, Presidente del Consejo Nacional de Educación expresó:

Debería implementarse un triple esquema que supusiese que: unos paguen todo el costo de tal educación al mismo tiempo que la cursan (los de familias de altos ingresos); otros reciban un crédito educativo que irían cancelando progresivamente después de graduarse (los de familias de bajos ingresos); otros no la paguen y aún reciban subsidios si los necesitan, siempre y cuando demuestren que tienen un rendimiento suficiente.

Asimismo, el ministro Cárdenas, miembro del gabinete ejecutivo de Rafael Caldera expresó la intención de “Implantar un sistema de 'gratuidad discriminada' en la educación superior venezolana”. El Canciller de la República para esa fecha, a su vez manifestó, en la V Cumbre Iberoamericana: “La educación superior gratuita es un lujo que ya no se puede dar en América Latina”. Quienes promovían el cobro de matrícula en las universidades públicas argumentaban que más del 50% de los estudiantes provenían de clases media y alta y pagaron por su educación; de acuerdo con esto, estaríamos frente a una privatización de facto. Los criterios de selección afianzaban esta discriminación hacia quienes habían estudiado en condiciones menos favorables (PROVEA, 1997).

En el mundo académico se habían colado promotores de la idea de la privatización de la EU venezolana. En un informe del núcleo de Secretarios de las universidades (Primera y col., 1994), del cual, entre sus miembros se encontraba el profesor Mario Bonucci, actual Rector de la Universidad de Los Andes, expresaron que en esos momentos la universidad pública del país presentaba un déficit presupuestario del 50%, por lo que el Estado “difícilmente puede resolver totalmente esta situación crítica, la cual se ha venido agravando en los últimos años”. Es por ello que los autores plantean la tesis:

Es necesario advertir que los costos de la educación superior son normalmente tan altos que no es posible pensar en el financiamiento total o sustancial de tales costos en una universidad pública, pero sí en la participación al alcance razonable del estudiante.

Esta afirmación, basada en estudios de la UCV y la ULA, indicaba que el 30% de los estudiantes provenían de estratos muy bajos, por lo que no podían cubrir parcialmente sus estudios mientras que un 50% de los estudiantes se ubicaban en estratos económicos medios y altos que “pueden participar en el financiamiento parcial de sus estudios. El 20% restante podría financiar cómodamente una cuota significativa de sus estudios” (PROVEA, 1997).

Todo este proceso gradual de la privatización de la EU en Venezuela se materializó con la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ley de Educación Superior en enero de 1998, durante su primera discusión en el Congreso Nacional. Incluía excepciones a la gratuidad mediante la prometida creación del Fondo de Desarrollo Estudiantil (FODE) y el pago de quienes cursaran segundas carreras o posgrado (Linares, 1998). Sin embargo, Hugo Chávez Frías, tras ganar las elecciones de 1998, entre sus primeras acciones de gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución. El proceso se dio con amplias consultas a todos los sectores del país en todos aquellos temas susceptibles de cambios. Entre esos temas, el referido al derecho a la educación tuvo una extensa discusión que arrojó, entre otros principios, el mantenimiento de la gratuidad de la educación sin excepciones, como un derecho constitucional, deteniendo así la amenaza cierta de su privatización.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: CAMBIO DE POLÍTICA PETROLERA Y SUS IMPLICACIONES EN LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Como mencionamos previamente, con el gobierno de Hugo Chávez se establece la educación como un derecho humano, dándole especial énfasis a la universalización, esto con el propósito de que la EU, en especial, sea un espacio abierto a la formación permanente de todos y todas, para garantizar la participación de la sociedad en la creación, transformación y socialización de conocimientos. Sobre estas bases se han producido cambios significativos en los alcances, estructura y funcionamiento de la EU venezolana y se plantearon como líneas estratégicas: la universalización de la EU; el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la generación, transformación y socialización de conocimiento; la creación de una nueva red de instituciones y la transformación de las existentes; el impulso de un nuevo modelo educativo incluyente; la consolidación de la municipalización de la EU en estrecha vinculación con las comunidades del país; la articulación de la EU como sistema y su fortalecimiento como espacio privilegiado para la consolidación de la unidad de nuestra América y la cooperación solidaria con los pueblos del Sur.

Estas políticas implicaban una gran inversión por parte del Estado para garantizar la inclusión mediante un mayor número de plazas, contratación de cargos de trabajadores universitarios –obreros, empleados y profesores–, nuevas instituciones y/o sedes con infraestructuras remodeladas o nuevas, entre otras. Al comparar tal inversión entre la IV y V república se podrá visualizar la dimensión real de tales aportes, tal como se observa en la Figura 1. En ella, podemos ver que en la IV República, específicamente en la década de los 90 del siglo anterior (1990-1998), los gobiernos neoliberales invirtieron en educación el 3,43% promedio del PIB, destacándose el menor valor de 2,18% en 1996, como consecuencia de la crisis bancaria ocurrida en el segundo gobierno de Rafael Caldera; mientras que los primeros 10 años del gobierno revolucionario de Hugo Chávez (1999-2008), la inversión social en educación se incrementó continuamente, promediando un valor correspondiente al 5,03% PIB, alcanzando el mayor valor en el 2008 con un 7%, es decir, un incremento del 104% con respeto al valor promedio en la década anterior.

Estos bajos valores de inversión para la educación por parte del gobierno de Caldera fue una de las consecuencias de la aplicación de medidas neoliberales, una de las cuales implicó la privatización de la principal industria del país, PDVSA. En esos momentos, la compañía petrolera estaba jugando un papel político estelar, y el alto tren ejecutivo estaba convencido de que había llegado el momento de implementar plenamente su agenda liberal, la cual, en última instancia, habría de conducir a la privatización de las filiales de PDVSA. Esta tendencia hacia la privatización de PDVSA se vio promovida enérgicamente por Luis Giusti en su carácter de presidente de la Corporación a lo largo del periodo gubernamental de Caldera, al concebir que:

Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a su desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo (Mendoza, 2010).

Esta empresa sufrió la modificación estructural para incorporarse en determinadas áreas de la actividad diversos intereses privados extranjeros.

Por otra parte, no hay que perder de vista que se privatizaron activos adquiridos de empresas financieras en 1994, y ya para 1997, intereses financieros foráneos controlaban 41% de los bancos venezolanos. Todo esto incide para que en 1998, año electoral, la crisis venezolana se profundice, en razón del descenso casi vertical y profundo de los precios del petróleo (US$ 10,50 en promedio en comparación con U$ 16,48 el año anterior y un 37% de los valores de 1973) (Mujica, 2012), ver Figura 2.

Chávez, al ganar la presidencia de la República, se encontró con un país económicamente deprimido, socialmente devastado y políticamente fragmentado. Para febrero de 1999, la cesta venezolana de exportación promediaba US$ 8,97 por barril. Esta situación, le obligó a enfrentar resueltamente la crisis y librar la batalla por detener el deterioro de los precios del petróleo, llevando incluso esta lucha mucho más allá de nuestras fronteras, hasta alcanzar un precio justo. La nueva administración política liderada por Hugo Chávez estaba consciente que tal giro en la política petrolera era un asunto impostergable y vital para nuestro país, pues, con unos precios tan deprimidos resultaría imposible llevar a cabo las nuevas transformaciones políticas y económicas en que se suspendía su programa de gobierno y que con urgencia reclamaban los sectores más desposeídos y mayoritarios de nuestra sociedad. Es por ello que Chávez centró su política petrolera en tres objetivos medulares:

…en primer lugar, la recuperación de los precios y maximización de la renta revirtiendo para ello la política aperturista que privilegiaba volumen en detrimento de los precios y también mediante el incremento de la tasa de regalías, en segundo lugar, el fortalecimiento de la OPEP con el objeto de producir una mayor defensa del precio en el mercado petrolero internacional y en tercer lugar, se plantea una renacionalización de PDVSA. De hecho, se reivindicó el control del Estado sobre los recursos naturales y además se le otorgó rango constitucional a PDVSA. (Mujica, 2012).

Gracias a esta política de Chávez, sustentada en una visión clara e integral de las relaciones con los países miembros de la OPEP, logrando un incremento del precio internacional del barril de petróleo (2000) que se mantuvo in crescendo, a pesar del paro petrolero realizado por los sectores opositores al gobierno de Chávez (2002-2003), llegando incluso a un 440% promedio de incremento con respeto a los precios de 1973 durante los primeros 10 años de revolución (ver Figura 2), los resultados se comenzaron a observar en el corto plazo. Esto le permitió, entre muchas cosas, aumentar significativamente la inversión en Educación, tal como se explicó anteriormente (ver Figura 1).

La inversión financiera para la EU por el Presidente Nicolás Maduro

Luego de ganar por tercera vez la presidencia de la República, en diciembre de 2012, Hugo Chávez falleció varios meses después por una enfermedad cancerosa. Tal ausencia podía representar un posible retroceso político, junto con los cambios sociales alcanzados hasta la fecha. Los sectores opositores – nacionales y foráneos– estaban conscientes de tales efectos, y el papel que iban a jugar para acelerar la caída de la Revolución Bolivariana, no se hizo esperar. Sin embargo, el candidato presidencial Nicolás Maduro, logró ganar las elecciones que lo colocan como el primer presidente de la República después del falle- cimiento de Hugo Chávez, garantizando la continuidad de los cambios que se habían desarrollado en estos últimos años.

Así, cumpliendo con sus ofertas electorales, el presidente Maduro ha logrado seguir con la política de inclusión a la EU que comenzó el presidente Chávez, realizando enormes esfuerzos para continuar aumentando la matrícula estudiantil en concomitancia con una significativa inversión para el sector universitario.

En la Figura 3 se muestra el Presupuesto Ley desde el año fiscal 2011 hasta el mes de junio de 2016 que han tenido las instituciones educativas universitarias (IEU): Bs 11.142.811.856 en 2011 a la cantidad de Bs 56.419.147.023 (406% de incremento) en el 2016. Además, se puede observar en el gráfico que el grupo de universidades, cuyas autoridades conforman la Asociación Venezolanas de Rectores universitarios (AVERU) recibieron la mayor parte de tales presupuestos en relación a las universidades, cuyas autoridades constituyen la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL). Es importante indicar que ambos grupos de instituciones, son universidades nacionales autónomas, tal como lo definen los Artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Universidades (1970) vigente.

Según datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el 2015, el Estado le asignó a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) la cantidad de Bs 18.896.537.022, mientras que la Asociación de Rectores y rectoras Bolivarianos (ARBOL) percibió un presupuesto de Bs 12.706.208.895, es decir, un 33% menos, a pesar que la AVERU está conformada por 11 universidades (10 universidades públicas UCV, UC, UNESB, UCLA, LUZ, UDO, UNEXPO, UPEL, ULA, UNET y UNA y una de gestión privada: UNIMET), mientras que la ARBOL está conformada por 45 IEU públicas. Aunado a esto, en el 2015, las universidades de la AVERU presentaron un personal compuesto por 37.971 docentes, 26.061 trabajadores administrativos y 13.268 obreros y una matrícula estudiantil de 575.504 cursantes (aproximadamente el 22% de la matricula total del país), mientras que las universidades de la ARBOL, para ese mismo año 2015, presentaron la siguiente composición de su personal: 47.574 docentes (25% más que AVERU), 15.980 trabajadores administrativos (39% menos que AVERU) y 10.083 obreros (24% menos que AVERU), atendiendo el 78% de la matrícula estudiantil nacional.

Sin embargo, a partir de esta distribución desequilibrada de los Presupuestos Ley para las IEU, por la cual las universidades AVERU reciben la mayor proporción, teniendo una menor matrícula estudiantil y nómina de personal, sus autoridades rectorales han exigido todos estos años un mayor presupuesto, conduciendo a numerosos paros, protestas y comunicados públicos (Alfonzo, 2015), expresando el 08 de marzo de 2016 en la prensa nacional:

... ante la situación crítica que afecta a la Universidad venezolana debido a las políticas gubernamentales que se imponen a todas las casas de estudios superiores, frente al reiterado incumplimiento en el envío de recursos presupuestarios y a la permanente violación a la Autonomía Universitaria” (Villarreal, 2016).

Afirmación que, de acuerdo con los datos mostrados en la Figura 3, está alejada de la realidad.

LA INCLUSIÓN A LA EU POR LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

En la sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) efectuada el 11 de marzo de 2008, se decide crear el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), el cual consiste en “un registro único para los aspirantes a la educación superior, la eliminación de todas las pruebas internas de admisión en las universidades públicas y continuar con el perfeccionamiento del sistema de ingreso de la educación superior” (Gaceta Oficial N° 38.896, 26 de marzo de 2008), cuyas pautas fueron aprobadas posteriormente por el CNU, denominadas “Pautas Para el Ingreso a la Educación Superior” (Gaceta Oficial N° 39.190, 01 de junio del año 2009). Su aplicación fue parcialmente realizada durante 6 años, a pesar de la resistencia que ofrecieron las autoridades rectorales de algunas universidades pertenecientes a la AVERU, tal como fue expuesta detalladamente en el trabajo de Alfonzo y col. (2016). El CNU (16 de diciembre de 2014) decide la ratificación de su decisión del 11 de marzo del 2008 y perfecciona el instrumento de ingreso a la educación universitaria que contempla cuatro variables con una determinada ponderación: a) Índice Académico (50%); b) Condiciones socioeconómicas (30%); c) Territorialización (15%); y d) Participación extracurricular de los aspirantes (5%), según resolución N° 491 (publicada en la Gaceta Oficial N° 40.660 del 14 de mayo de 2015). La nueva propuesta democratizaba aún más el ingreso de los aspirantes, cambiando la ponderación anterior (2008) de 97,5% para el Índice Académico y 2,5% para el resto de las consideraciones. Con esta nueva ponderación, se considera tomar en cuenta las variables, incluyendo la académica, que realmente influyen sobre el aspirante frente a las oportunidades de estudio, haciéndolas coincidir con los planes de desarrollo de las regiones, y permitiendo una mayor adherencia a su territorio local (Alfonzo y col., 2016).

Cuando comparamos cómo ha sido la matrícula universitaria entre el periodo de la IV y la V República (ver Figura 4), se puede observar claramente que durante los gobiernos neoliberales de la década de los 90 se producía un ingreso a la EU muy bajo (16.552 estudiantes en 1999), en comparación con los años de Revolución Bolivariana, cuando se produjo un incremento del ingreso del 1.306,58% alcanzando un valor de 216.265 bachilleres asignados en el 2015 por el SNI. Es importante destacar que en los primeros años de revolución, la tasa de ingreso a la EU era similar a la de la década de los 90, sin embargo, con la implementación del SNI del 2008 y su perfeccionamiento en el 2014, ocurrieron saltos cuantitativos significativos en el ingreso (ver Figura 4).

Esta mayor inclusión se logró gracias a una política audaz, innovadora y con fuerte inversión financiera por parte de los gobiernos revolucionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para crear nuevas sedes de IEU o nuevas IEU públicas, incrementando de 33 en 1998 a 81 en 2016 (145% de incremento), destacando 35 nuevas universidades, tal como se muestra en la Tabla 1. Evidentemente, con esta política de inclusión a la EU se aumentó la capacidad financiera del Estado para satisfacer la demanda nacional.

Resultados de la asignación de cupos en la EU (2016)

Para el año 2016, las IEU públicas ofrecieron el mayor número de plazas de su historia (317.683), gracias al trabajo que habían realizado las autoridades del MPPEUCT conjuntamente con autoridades rectorales de las IEU. Además, como se dijo previamente, gracias al nuevo SNI, se pudo constatar el incremento significativo de la inclusión de los bachilleres a la EU en los dos últimos años (2015 y 2016): para el año 2014 se había asignado a 150.160 estudiantes a la EU. Al aplicarse el nuevo SNI en el 2015, el número de plazas asignadas aumentó al valor de 216.265 (44% de incremento) y para el 2016, se obtuvo 222.999 plazas asignadas a los aspirantes (resultado parcial), de lo cual se deduce un incremento del 49% con relación al 2014 (ver Figura 5).

El proceso de asignación para el año 2016, cuyos resultados obtenidos el 04 de julio fueron los siguientes: 410.227 personas aspiraron al ingreso, quedando asignados 222.999 estudiantes, es decir, el 54 % de los aspirantes. En la tabla 2, se muestran los valores absolutos y en porcentaje del número de aspirantes y asignados por área de conocimiento, destacando que el área más asignada es la de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología (33,2%). Mientras que el área que presentó la menor demanda (0,5%) y con menor asignación (1,5%) fue el área de las Ciencias Básicas, aunque el gobierno nacional ofreció becas (Fundayacucho) para aquellos que optaran y quedaran asignados en esta área, la cual es considerada de alta prioridad para las políticas de desarrollo del alto gobierno.

En la Figura 6 se grafican las 6 carreras más demandadas por los aspirantes a nivel nacional, destacando que Medicina ocupa el primer lugar con 35.414 aspirantes en el registro 2016, mientras que el año 2015 la demanda fue superior a 31.000 personas (Alfonzo y col., 2016). Esta es una de las causas de la cantidad de aspirantes que no son asignados al final del proceso, es decir, el cupo limitado (2.282) que ofrecen las IEU (excepto por Medicina Integral comunitaria, quien ofrece muchos más plazas) para esta carrera de Medicina no es suficiente (datos no mostrados). Esta es la razón de que existen aspirantes con altos promedios en sus trayectorias académicas en la educación media pero no quedan asignados en Medicina, dado el bajo número de plazas ofertadas.

En otro orden de ideas, cuando se revisan las IEU públicas con su disponibilidad de cupos para el año 2016, se encuentra que las universidades fueron las que presentaron más plazas del total de las IEU. Las primeras 10 universidades disponían de 211.959 plazas, representando un 67% de los cupos ofrecidos por todas las IEU públicas (317.683) (ver Figura 7). Lo paradójico es que fueron las IEU pertenecientes a la ARBOL (7) las que presentaron mucho más plazas en relación con las de AVERU (3): 179.326 cupos (85%) vs 32.633. cupos (15%), a pesar que estas últimas en los últimos años, les han aprobado un mayor presupuesto que las primeras, tal como lo describimos en párrafos previos (Ver Figura 3).

Cuando se analizan las calificaciones promedio desde 1° a 4° año de educación media o su equivalente en otras modalidades (Misión Rivas, Convenio Andrés Bello y otros) que presentaron los aspirantes de sus estudios secundarios, los valores obtenidos indican claramente que el mayor grupo de estudiantes (160.147) presentaron un intervalo de notas promedio mayor o igual que 12 puntos o mayor a 14 puntos, pero, a medida que aumenta el valor de la nota promedio, el número de aspirantes disminuye, resultando que aquellos que registraron una nota promedio mayor de 18 puntos, se corresponden con apenas 22.474 aspirantes (ver Figura 8).

Sin embargo, al analizar el nivel académico de los asignados, el comportamiento fue totalmente diferente. Por una parte, el mayor grupo asignado presentó un mayor promedio de notas (77. 241): de ≥14 a >16 en relación a los aspirantes; y por otra parte, los grupos de mayor nota promedio que aspiraron al cupo, fueron asignados en un gran porcentaje. Por ejemplo: en el grupo de nota promedio de ≥16 a > 18 puntos fue asignado el 78% (57.256) de los aspirantes, mientras que el grupo con nota promedio ≥18 fue asignado en el 85,1% (19.120). Estos resultados demuestran que es falsa la matriz de opinión que han dado algunas autoridades rectorales de universidades de la AVERU después de haberse realizado la asignación de cupos en el 2015, cuando expresaron que el “Método de asignación de la OPSU desmerita el rendimiento académico” (Jorge, 2015). Además, es importante hacer notar que el cálculo de la nota es similar al que se venía realizando para la asignación desde el año 2008 que corresponde al Modelo Multivariable basado en lógica difusa para la asignación, la cual presenta un alto grado de confiabilidad en términos de su procesamiento.

Un dato complementario sobre este aspecto podemos observarlo en la Figura 9, la cual indica claramente que en los últimos 6 años quedan excluidos un número significativamente alto de aspirantes a la EU, a pesar que presentaron un promedio de notas.18. Las razones son diversas, destacando, por una par- te, que el número de plazas disponibles de las IEU públicas en total está por debajo del número de aspirantes y por otra parte, hay carreras cuya cantidad de plazas es muy baja en relación con el enorme número de aspirantes a ingresar a las mismas. Además, estos resultados contradicen lo expresado por el Núcleo de Secretarios del CNU en un informe del 26 de mayo de 2016:

Esta situación de exclusión ha sido comprobada en estudios realizados por varias universidades. Como un ejemplo, se presentan a continuación resultados de la USB donde se observa que aspirantes de altos promedios quedaron sin asignación de cupo en ninguna institución de educación universitaria, siendo incluidos en las listas de espera, comportamiento muy diferente al registrado en el 2014, donde los estudiantes con los mayores promedios siempre eran asignados.

Ese año quedaron no asignados 2.705 bachilleres y para el año 2016, la cantidad de no asignados ascendió a 3.525 aspirantes.

Finalmente, se realizó la caracterización de la población demandada y asignada con respecto su distribución en estratos socioeconómicos determinados por el método Graffar-Méndez Castellano (Figura 10). De este análisis se desprende que los estratos socioeconómicos en los que se distribuye la población asignada y demandada por el SIN 2016 presentan el mismo comportamiento. El mayor número de aspirantes y de asignados se ubica en los estratos socioeconómicos III, IV y V, siendo 196.419 asignados, representando un 88% del total. Esta distribución es similar a la obtenida en el 2015 (Alfonzo y col., 2016). Asimismo, en los estratos IV y V están ubicados el mayor número de hogares de la población venezolana (4.770.215), representando el 63% de los hogares venezolanos (datos del INE), por lo que podemos afirmar que: a) los datos socioeconómicos con los que se realiza la base de cálculo de la variable socioeconómica dentro del Índice de Asignación de los aspirantes, reflejan un comportamiento similar al de los hogares venezolanos, lo que evidencia que la captura y el procesamiento de los datos socioeconómicos del SIN 2016 no distorsiona el perfil socioeconómico ni favorecería, en principio, a un estrato en particular; b) Que el perfil socioeconómico de la población asignada es similar al perfil de los hogares venezolanos, lo que apuntaría a garantizar un acceso equitativo de la población al subsistema de educación universitaria en lo relativo a su condición socioeconómica.

CONCLUSIONES

Con base en todos estos resultados, podemos decir, que a pesar de que aún falta mucho por hacer, especialmente en obtener una mayor inclusión de los estudiantes a la EU y estudiar la prosecución a escala nacional, así como investigar y evaluar la calidad de los estudios universitarios impartidos en las IEU actualmente, el gobierno revolucionario está logrando que la mayoría de la población venezolana pueda ejercer su derecho a la EU con una mayor equidad, saldando así parte de la deuda social que el Estado venezolano ha tenido durante décadas.

Los enormes esfuerzos financieros que ha realizado el Estado venezolano, a pesar de la guerra económica que está viviendo el país desde hace años, combinado con una política de ingreso, mediante el SNI, ha permitido que la inclusión a la EU haya aumentado significativamente en los últimos dos años. Con el uso del SNI perfeccionado en el 2014, se logra que los estratos socioeconómicos más desfavorecidos de la sociedad venezolana tengan una mayor inclusión, que no implica que presenta un menor rendimiento académico de los aspirantes a la EU. Todo lo contrario, están ingresando a la EU aquellos estudiantes de los estratos con menor poder adquisitivo (III, IV y V) pero con las mayores notas académicas del universo de aspirantes, y no precisamente por una manipulación del SNI, tal como se ha declarado en la opinión pública por diferentes vías, medios comunicacionales y autoridades rectorales de universidades públicas nacionales. El SNI, el cual no negamos que es perfectible y auditable, garantiza que el proceso de asignación sea transparente y cubra fielmente los objetivos y criterios establecidos por el MPPEUCT, respetando el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho al estudio para todos y todas con calidad y pertinencia.

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