ATRAVESAMIENTOS INSTITUCIONALES Y DILEMAS ÉTICOS DE LA PRÁCTICA DEL PSICÓLOGO EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN. RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO DE CAMPO

Institutional crossings and ethical dilemmas of the psychologist’s practice during adoption procedures. Preliminary results of a field study

El presente artículo se centra en una investigación sobre el rol del psicólogo en los procesos de adopción, desarrollada en Buenos Aires, en el marco de la beca de doctorado: “La Ética y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: La Función del Psicólogo en los Procesos de Adopción Frente a las Nuevas Normativas en Salud Mental”[1]. Presentaremos a continuación los primeros avances de la investigación de campo, así como algunos de los interrogantes que se van planteando en el análisis cualitativo de los datos.

La coyuntura actual referida a los cambios introducidos en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (2015)[2] muestra la necesidad de analizar las nuevas concepciones puestas en juego, así como sus efectos en las prácticas profesionales y en la comprensión global de la temática. Por ejemplo, en la actualidad, jurídicamente la adopción está planteada como “fuente filiatoria” (art. 558 del CCyC), término no existente en las legislaciones previas. No solo el Derecho, sino también otras disciplinas, como la psicología, el psicoanálisis, la sociología y la antropología del parentesco, aportan herramientas para comprender la complejidad de la problemática. Nos preguntamos si las nuevas concepciones han podido incorporarse a las herramientas conceptuales con las que los psicólogos trabajan en ese terreno.

En esas intersecciones discursivas, nos interesa analizar la práctica del psicólogo en el sistema de adopción, en particular, con el foco puesto en las cuestiones éticas que presenta, con el objetivo de identificar las situaciones éticamente dilemáticas que enfrenta en el desempeño de los roles que los diversos ámbitos institucionales le asignan, en las diferentes etapas del proceso.

Al respecto, nos interesa enfatizar la diferencia entre las particularidades de cada rol, con las tareas y objetivos que enmarca, y el compromiso ético que su función imprime (Salomone, 2011). Puesto que más allá de los roles definidos institucionalmente (dentro del equipo técnico de los hogares, de las defensorías zonales o de los juzgados de familia), regulados por pautas y procedimientos que las instituciones establecen en concordancia a los objetivos institucionales, nuestra función profesional apuntará a articular los discursos institucionales y sus normas, ambos sustentados en una lógica de lo general, con las vicisitudes singulares que un caso presenta, sosteniendo una lectura clínica que permita visibilizar y operar sobre el padecimiento subjetivo.

La investigación, de carácter exploratorio-descriptivo, se ha centrado hasta el momento en la recolección de información fundamentalmente a través de: 1. entrevistas a profesionales que se desempeñan en diversas instancias del sistema de adopción, en distintas instituciones gubernamentales; 2. lectura de expedientes de niños y niñas que han atravesado un proceso adoptivo.

El sentido de las entrevistas a informantes clave es el de obtener información relevante respecto de las prácticas que componen los procesos adoptivos en su conjunto, a partir de la experiencia de los entrevistados desde su lugar de trabajo. La lectura de los expedientes busca identificar las diferentes instituciones y agentes que intervienen en un proceso adoptivo, así como también reconocer elementos particulares y recurrencias discursivas en los informes psicológicos elaborados durante la trayectoria judicial de un niño, niña o adolescente que atraviesa un proceso adoptivo. A su vez, el expediente judicial da cuenta de los criterios prevalentes para el abordaje de los casos, por ejemplo, los factores considerados como alentadores o detractores de que un niño/a permanezca en su familia de origen o se recomiende una adopción, así como también resalta las representaciones sociales en relación con la crianza, el cuidado, la familia y la parentalidad.

Se realizaron dos entrevistas a dos psicólogas pertenecientes a la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación), una entrevista a una abogada y psicóloga del Área de niños sin cuidados parentales del Consejo de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como también a una entrevista a una psicóloga de un juzgado de familia de la ciudad de La Plata y dos entrevistas a dos trabajadores sociales de un Juzgado en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, se realizó una entrevista a una psicóloga de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires referente sobre temas de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Las entrevistas en profundidad −tal como lo plantea Jennifer Mason (2002), especialista en metodología de la investigación sobre temas de parentesco, familia y vida cotidiana− permitieron acceder a las percepciones y discursos de los profesionales que intervienen en las medidas de protección excepcional y en los subsiguientes procesos adoptivos, lo cual constituye elementos de gran importancia para identificar los atravesamientos discursivos que condicionan la práctica.

A su vez, aparte de la recolección cualitativa de información y de avanzar en la comprensión del contexto del sistema de adopciones y los espacios de trabajo de los profesionales, se compulsaron 5 expedientes de adopción y se presenciaron charlas informativas destinadas a pretensos adoptantes[3], organizadas por la DNRUA. El objetivo general del relevamiento de campo es el de comprender las variables en juego en las diferentes etapas del proceso adoptivo, para reflexionar entonces sobre los diversos roles que el psicólogo cumple en ese proceso y las cuestiones éticas que enfrenta.

A partir del análisis cualitativo preliminar de la información recolectada se recortó una serie de problemáticas, diferentes según la etapa del proceso, que interesa analizar en profundidad. A los fines de la investigación, se ha puesto especial atención en los discursos institucionales que atraviesan la práctica del psicólogo, así como en elementos de corte antropológico que inciden sobre los procesos de adopción y sobre las concepciones de los profesionales intervinientes. Ampliaremos este punto más adelante.

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, la institucionalización, circulación y relocalización de niños y niñas estaba a cargo de un entramado de instituciones (en su mayoría bajo la dirección de sectores religiosos y las Damas de Beneficencia), cuyo objetivo era la “salvación” de una niñez proveniente de sectores empobrecidos económicamente, considerando a estos niños y niñas dentro de la conceptualización de infancia desamparada y desviada (Villalta, 2003; 2006). El cuidado y la protección de niños en situación de desamparo material o afectivo (huérfanos, pobres, abandonados, niños trabajadores, etc.) combinaba un discurso caritativo y un discurso de control social: los niños en peligro, que habían inspirado inicialmente el movimiento benéfico, pronto empezaron a ser vistos como niños peligrosos, criminales en potencia (Salomone, 2017).

En 1948, con la sanción de la primera Ley de Adopción comenzaron a regir procedimientos formales bajo la administración de organismos gubernamentales. Dicha ley contaba con la aceptación de los sectores previamente encargados de la adopción de niños, ya que otorgaba estabilidad a los nuevos vínculos formados entre niños y adoptantes, estableciendo los mismos derechos a los hijos adoptados y a los hijos biológicos, con el fin de limitar el posible “reclamo” de las familias de origen (Villalta, 2003).

En 1994 se incorporó a la Constitución Nacional la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989[4], que plantea las bases de un nuevo paradigma jurídico, social y político respecto de la infancia, basado en los derechos humanos. Se inauguró una nueva concepción en función del reconocimiento explícito del niño y del adolescente como sujeto pleno de derecho y, por ende, como ciudadano[5]. Durante la siguiente década, se sancionaron leyes nacionales y provinciales adecuándose a dicha normativa internacional, para garantizar el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos en el campo de la niñez y la adolescencia[6].

En particular, respecto del sistema de adopción, en 1997 se sancionó la Ley 24.779 de Adopción, que puntualizaba el proceso adoptivo y sus tiempos (el decretamiento del estado de adoptabilidad, la guarda pre-adoptiva y el juicio de adopción), describía el vínculo adoptivo y detallaba los requisitos para los pretensos adoptantes. En aquel momento todavía se vislumbraba una mirada adultocéntrica[7] del proceso adoptivo, algo que cambiaría con las modificaciones introducidas en el Nuevo Código Civil y Comercial en 2015.

El Nuevo Código Civil y Comercial establece las distintas especificidades del proceso adoptivo, como así también plantea una serie de conceptos novedosos respecto del tema, como la noción de responsabilidad parental, filiación, y el cese de las guardas de hecho (entregas directas), entre otros, que introducen cambios sustanciales en las concepciones sobre los vínculos filiatorios en general y la adopción en particular. Cabe preguntarse entonces si los profesionales que intervienen en esos procesos han podido incorporar a sus prácticas las nuevas concepciones, interrogando los antiguos paradigmas.

Un aspecto central a destacar es que los cambios realizados en el nuevo Código Civil y Comercial, en materia de adopción, ponen el foco en brindarle a ese niño una familia y que sea el niño el centro del procedimiento jurídico considerando su interés superior. Los derechos e intereses de los posibles adoptantes quedan subordinados a los del niño o adolescente en situación de adoptabilidad. Tales modificaciones jurídicas introducen con claridad la noción de niño como sujeto de derecho, por lo que tanto la cuestión de los niños sin cuidados parentales como los procesos de adopción se abordan en términos de derechos protegidos. El artículo 595 del CCyC determina los puntos claves a tener en cuenta:

Artículo 595. Principios generales

La adopción se rige por los siguientes principios:

a) el interés superior del niño;

b) el respeto por el derecho a la identidad;

c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada;

d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;

e) el derecho a conocer los orígenes;

f) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años.

La llegada del nuevo código refleja los cambios que se fueron gestando en los últimos años en las prácticas y en las políticas públicas, enfocadas en medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta perspectiva, se han multiplicado las instituciones, dependencias y programas estatales destinados a promover la protección de derechos, así como los programas destinados a la niñez, pertenecientes al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Social, al Consejo de Derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

E

El cambio de paradigma en relación con la infancia en la Argentina ha suscitado también una mayor participación de profesionales provenientes del área de psicología y de trabajo social, con el fin de comprender mejor la situación que un niño atraviesa, así como de brindar herramientas de abordaje en una situación de vulneración.

En sentido amplio, podríamos ubicar la participación del psicólogo en los procesos de adopción incluso desde instancias anteriores, habida cuenta de la serie de medidas jurídicas excepcionales previas a decretar el estado de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente. Las medidas de protección excepcional, definidas en el Art.39 de la Ley 26.061[8] son aquellas que se adoptan cuando el interés superior de un niño, niña o adolescente se encuentre temporal o permanentemente en riesgo dentro de su medio familiar y se decida entonces separarlo de este hasta tanto se pueda revertir la causa que dio origen a la medida de separación. La mayoría de los niños (92%) que han sido separados de su familia de origen retornan a ella luego de un período de revinculación familiar.

Según datos de Unicef y del ministerio de desarrollo social de la nación argentina (2018), sólo en el 4% de los niños que han sido separados de su familia biológica se resuelve decretar del estado de adoptabilidad. En este recorrido, que lleva a un niño a ser separado de su familia y a alcanzar la instancia de la adopción, intervienen muchos profesionales −no solo un juez− que abordan el caso desde diversas perspectivas, no siempre coincidentes entre sí. Por tal motivo, resulta de interés analizar ese recorrido, conjuntamente con las intervenciones y lecturas que lo atraviesan, e identificar en esta instancia también las particularidades de los roles que desempeña la psicología.

En razón del abordaje integral de la infancia promovido por las políticas públicas, cada caso en el que se interviene concita diversas miradas y criterios profesionales, lo cual ocasiona -según hemos podido relevar en el estudio de campo- dificultades para la unificación de criterios al momento de tomar medidas que incidan en la vida de un niño y su entorno. No es ocioso señalar que la pluralidad de discursos no siempre se enlaza de manera interdisciplinaria: “La interdisciplinariedad incluye intercambios disciplinarios que producen enriquecimiento mutuo y transformación. Estos intercambios disciplinarios implican además interacción, cooperación y circularidad entre las distintas disciplinas a través de la reciprocidad entre esas áreas, con intercambio de instrumentos, métodos, técnicas, etc. Al incluir el vocablo inter lo ubicamos como nexo del cual se espera una cierta totalidad” (Elichiri, 2009). Este punto da cuenta de algunas de las dificultades que condicionan el rol del psicólogo en los procesos de adopción, incidiendo incluso en las posibilidades de aplicación de su criterio profesional[9].

En esta perspectiva, otro aspecto a destacar es la disparidad de criterios, ya no provenientes de diversas disciplinas, sino en lo que respecta a la vigencia de concepciones tutelares en las instituciones, que generan una posición protectiva en los discursos cotidianos (Minnicelli, 2008). Este tipo de miradas, que en la actualidad entran incluso en contradicción con los lineamientos normativos, arrastran viejos conceptos sobre la infancia moldeando intervenciones y decisiones a tomar. Los psicólogos no están exentos de estos atravesamientos, por lo que el compromiso ético los conmina a interrogar su práctica.

Parte de este problema también se ha detectado respecto de concepciones de corte antropológico, en ocasiones muy arraigadas y poco cuestionadas, que condicionan los modos de abordaje y perspectivas de lectura. Por ejemplo, la normativa nacional e internacional actual de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes plantea cierto “ideal de infancia” (Villalta, 2013). Esto conduce a los profesionales, en la práctica, a interpretar e intervenir sobre las situaciones problemáticas que se presentan a través de estos ideales, no contemplando la singularidad de cada caso. En este sentido, si bien la legislación nacional resalta la importancia de evitar la separación familiar por razones económicas, promueve sostener los lazos biológicos (cuando fuera posible, tanto con la familia nuclear como con la familia ampliada) y el respeto por el derecho a la identidad, en la práctica se observan acciones e informes que presentan a la adopción como una solución posible para brindarle a un niño un contexto familiar que se adecúe a estas normativas e ideales. Esto no sería problemático si las acciones tendientes a evitar la separación familiar resultaran realmente efectivas. Sin embargo, la magnitud de las dificultades que se presentan en las diferentes realidades familiares existentes en el país (cada vez más complejas) exceden las capacidades de los equipos profesionales y la funcionalidad de las medidas de protección de derechos. De este modo, según las entrevistas realizadas e informes compulsados, se observa que muchas veces la adopción emerge como una forma de “resolver” una situación de vulnerabilidad cuando no alcanzan los recursos profesionales y de implementación de políticas públicas para prevenir la separación familiar.

En la lectura de expedientes, que comienzan con una medida de protección excepcional y finalizan en determinar un estado de adoptabilidad, se observan repetidas valoraciones sobre los progenitores que insinúan dificultades en la parentalidad. Se encuentran informes que evalúan, por ejemplo, que “la progenitora no cumple las normas del hogar al momento de visitar a su hijo, N” o “N. manifiesta querer vivir con su madre, pero son evidentes las dificultades de ésta en asumir sus responsabilidades parentales, las cuales llevarían mucho tiempo de revertir, tiempo valioso en la vida y desarrollo de N., quien no debería permanecer más tiempo institucionalizado”. Hemos detectado una recurrencia notable respecto de los puntos conflictivos mencionados en la perspectiva de abordaje de los casos. Es habitual que los informes impulsen un proceso adoptivo y la limitación del vínculo biológico, en general sin fundamentación de orden clínico.

Asimismo, se observa de manera repetida, las tensiones que surgen entre los progenitores y los profesionales que trabajan en las instituciones de cuidado (hogares de niños), estando los primeros en un estado de evaluación y control por parte de los profesionales, quienes cuentan con el poder de elevar informes al juzgado y a la defensoría zonal solicitando la interrupción del proceso de revinculación o la consideración de una medida de protección excepcional como la separación familiar.

Este tipo de intervenciones muestran la incidencia de las múltiples consideraciones morales y representaciones sociales que influyen en el criterio profesional, por ejemplo, sobre cómo debería ser una familia, la crianza, el cuidado, etc. (Villalta, 2013). Dicha mirada da cuenta de la resistencia a operar el abordaje de los casos desde la perspectiva de los niños y considerarlos como actores sociales activos y competentes en su propio proceso judicial (James, Jenks y Prout, 1998).

Este modo de lectura e intervención impide ver la singularidad en cada caso y el tipo de infancia que cada niño tiene, considerando cada trayectoria de vida de manera diferente, evitando homogeneizar la infancia bajo un mismo ideal (Villalta, 2013).

puntos ciegos de los psicólogos. En cambio, se debe tener en cuenta también la diversidad de variables y de intersecciones discursivas que intervienen, condicionando la práctica.

Por ejemplo, el Código Civil actual establece, entre los principales cambios introducidos en materia de adopción, un máximo de 180 días para resolver la situación de un niño/a que está bajo una medida de protección excepcional (separado de su familia de origen). Este cambio normativo intenta acortar los tiempos de institucionalización, como un modo de cuidado hacia los niños agilizando las adopciones. Sin embargo, con esta medida, las posibilidades de intervención del equipo de acompañamiento se ven limitadas, dejando al descubierto una diferencia entre los ti

La intervención del psicólogo ha ido adquiriendo un papel cada vez más protagónico en la escena de la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo la lectura psicológica una perspectiva central en la construcción del discurso actual en torno a la adopción (Pena, 2013). Por tal motivo, como lo anticipamos más arriba, se debe estar advertido de los atravesamientos discursivos que condicionan o determinan, a veces imperceptiblemente, las concepciones que se sostienen, generando problemas éticos en el desempeño de nuestras tareas, al entorpecer la lectura de la singularidad puesta en juego (Salomone, 2011). De allí la importancia de reflexionar sobre las incidencias institucionales, sociológicas e históricas que recaen sobre los profesionales al momento de ejercer su función (Tarducci, 2011).

Por lo dicho, interesa señalar que la inclusión de profesionales del área de psicología no garantiza en sí misma una lectura de la singularidad (Salomone, 2008) durante el proceso de adopción. En todo caso, será la posición que tome cada profesional la que permitirá interpretar la situación y los conceptos expuestos en la normativa actual a los fines del cuidado subjetivo del niño, niña o adolescente. Esta posición ética implica una lectura de la singularidad en juego y no una interpretación lineal de la norma, aplicada automáticamente al caso (Coler & Salomone, 2017). Retomaremos este punto más adelante.

En este sentido, desde la perspectiva institucional tanto el RUAGA como el DNRUA han implementado en los últimos años las charlas informativas a posibles adoptantes con el fin de despejar dudas y detallar las características de un proceso adoptivo. Estos espacios, coordinados por profesionales del área social y de salud mental, tiene como objetivo ubicar al niño, niña o adolescente en estado de adoptabilidad como eje central de un proceso adoptivo, aclarando las múltiples vulneraciones que han vivenciado en el trayecto de su vida y situando al pretenso adoptante en el lugar de adulto capaz de acompañar y alojar a ese niño en cuestión.

De igual modo, los cambios introducidos en el Nuevo Código Civil y Comercial implican a los profesionales del área de psicología en sus intervenciones sobre temas de adopción, haciendo hincapié en cuestiones como el reconocimiento de la identidad del niño y su constitución subjetiva, el respeto por la historia de origen y la importancia de respetar aquellos lazos biológicos que se puedan sostener en un proceso adoptivo.

Sin embargo, lo desarrollado más arriba da cuenta también de que no siempre esta lectura, que prioriza la subjetividad del niño, niña o adolescente durante un proceso adoptivo, prevalece en las intervenciones del psicólogo o tiene lugar real en las prácticas institucionales.

Un aspecto de central importancia para el análisis y abordaje de esta temática es contemplar al mismo tiempo el campo de los derechos, y su lógica general, y el campo subjetivo, propio de las prácticas en salud mental, apoyado en la lógica singular. Se torna imprescindible una lectura que analice la articulación del sujeto del derecho y el sujeto del padecimiento psíquico (Salomone, 2006) en nuestras intervenciones en el campo de la adopción, para dar lugar a la lectura de la singularidad en el marco general de los derechos.

En este encuadre de múltiples variables y atravesamientos discursivos, proponemos interrogar nuestra posición como fundamento de nuestra praxis, para poder articular la protección de la niñez y la adolescencia en el terreno normativo junto al sostenimiento de una lectura clínica que haga lugar a la singularidad.