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Introducción

En las últimas décadas, la concepción de ciudadanía y su vinculación con la participación sociopolítica, se ha empleado frecuentemente por políticos y medios de comunicación en la mayoría de las sociedades occidentales (Díaz Velázquez, 2009). Históricamente, en Atenas se acuñó el concepto de Ciudadanía Clásica, siendo entonces considerados como ciudadanos solamente los varones que hubieran nacido allí, libres y con mayoría de edad (Galaz, 2000). En este sentido, la ciudadanía se caracterizaba por promover la participación, pero siendo un estatus exclusivo y al que solo podían acceder unos pocos integrantes de la sociedad (Saltor & Espíndola, 2008). Así, en esta primera etapa la ciudadanía se concebía como un privilegio al que solo accedían personas que poseían posiciones de superioridad social y que las hacían merecedoras para la participación en gobiernos (Rivero, 2001). Posteriormente, con el surgimiento de los estados modernos se da la aparición de la idea moderna de ciudadanía. En contraposición a la idea de ciudadanía antigua, esta se caracteriza por ser más inclusiva con la totalidad de integrantes de la sociedad, quedando incluidos prácticamente todos los segmentos poblacionales en la categoría de ciudadanía. Sin embargo, desde la aparición de la idea de ciudadanía moderna, la participación pasa a un segundo plano, siendo menos relevante. En este sentido, según Bottomore (1998), es posible distinguir entre una ciudadanía formal (conjunto de derechos civiles, políticos y sociales conferidos desde el ordenamiento jurídico) y una ciudadanía sustantiva (la práctica efectiva de esos derechos que el ordenamiento jurídico otorga a la ciudadanía).

Con ello, la de ciudadanía, es una idea antigua pero a su vez con un empleo vigente en la actualidad. De esta forma, no se trata solo de una mera idea con un carácter subjetivo vinculada exclusivamente al campo filosófico, sino también relacionada con derechos y deberes concretos como es la participación política. Desde posturas liberales, a menudo la ciudadanía puede representar una versión empobrecida en la que los sujetos son reducidos a un rol pasivo, poseyendo determinados derechos pero cuya libertad consiste solo en estar en condiciones de perseguir el interés individual (Fierro, 2016). En este sentido, pese a que la mayor parte de los Estados Occidentales son democráticos, la participación ciudadana continúa contando con muchas limitaciones, cumpliéndose sólo parcialmente el principio de participación democrática (Fung, 2015). Por ello, en las democracias basadas en el consenso se hace necesario recuperar algunos aspectos participativos de la política, como forma de dirimir y transformar los conflictos que surgen por vías de la participación (Candón Mena & Benítez Eyzaguirre, 2016).

Con frecuencia, la baja participación de la ciudadanía en política convencional se interpreta como un indicador de un menor compromiso cívico (Várela, Martínez & Cusmille, 2014). En base a ello, es necesario el estudio de los diversos factores psicosociales y sociopolíticos que podrían vincularse a la ciudadanía y el desarrollo de su compromiso cívico, así como a la forma mediante la que ejerce sus derechos y deberes participativos en el ámbito sociopolítico.

Ciudadanía, Compromiso Cívico y Participación Sociopolítica

En los últimos años, desde diversas disciplinas se ha puesto el foco en la diferenciación entre la visión social y política de la ciudadanía (Biesta, 2011). En este sentido, diversos debates relacionados con el papel de la ciudadanía en la política giran en torno a la creciente preocupación sobre la participación política y la legitimación democrática (Lawy & Biesta, 2006). Así, no deben confundirse estas dos dimensiones de la ciudadanía, ya que una sociedad cohesionada no garantiza que esta sea necesariamente democrática y orientada hacia valores como la igualdad y la libertad. Algunos ejemplos de sociedades con presuntos altos niveles de cohesión social son las que conviven bajo marcos políticos dictatoriales. Sin embargo, dichas sociedades no suelen poseer la mayor parte de derechos sociales, en torno a la libertad e igualdad, que ofrecen las democracias modernas. Para ambas formas de analizar la ciudadanía existen diversas formas de abordar la pluralidad y la diferencia (Biesta, 2016):

“Una forma de entender la diferencia entre la concepción social y política de la ciudadanía es en términos de cómo cada una de ellas mira a la pluralidad y la diferencia. La comprensión social de la ciudadanía tiende a ver a la pluralidad y la diferencia sobre todo como un problema, como algo que preocupa y amenaza la estabilidad de la sociedad, y por lo tanto como algo que debe ser abordado y, hasta cierto punto, incluso superado. Es por ello que en este extremo del espectro nos encontramos con un discurso de una sociedad que se desmorona, y un enfoque en la ciudadanía que tiene que ver con los valores comunes, la identidad nacional, el comportamiento prosocial, el cuidado por el prójimo, y así sucesivamente. En la visión política de la ciudadanía, por el contrario, la pluralidad y la diferencia son vistas como la razón de ser de los procesos y las prácticas democráticas y por tanto como algo que debe ser protegido y cultivado” (p. 23).

En este sentido, a lo largo de la historia no todas las sociedades han estado lideradas por gobernantes democráticos, existiendo numerosos regímenes políticos con sociedades aparentemente cohesionadas, pero muy lejanas de representar los valores de libertad y respeto a la diferencia de la norma social establecida. Por tanto, dada la importancia de integración del elemento social y político para el bienestar de la ciudadanía, un elemento clave es la ya citada forma de entender la pluralidad y la diferencia (Mouffe, 2005).

Por ello, atendiendo a la necesidad de una concepción de ciudadanía más amplia,desde diversas corrientes teóricas se ha impulsado en los últimos años el modelo de Ciudadanía Global. Desde esta perspectiva, es necesario que la ciudadanía adquiera un compromiso hacia la consecución de un mundo más justo y sostenible a nivel global (Goren & Yemini, 2017). Este modelo toma en consideración a todas las personas como ciudadanas globales, esto es, responsables con toda la humanidad que conforma el planeta en donde convivimos (Higgs, 2018). Desde este modelo se introduce la participación y el compromiso hacia el sistema mundial dentro de su práctica (Boni Aristizábal, 2011), relacionando estrechamente la ciudadanía con la participación sociopolítica. En sintonía con la ciudadanía global, también aparece la idea de ciudadanía desde el punto de vista cosmopolita (Vertovec, 2008). Esta concepción de ciudadanía se ha convertido en una vertiente de la misma, a la luz de fenómenos como: la globalización, los nuevos modos de interconexión transnacional, las crisis migratorias y de refugiados, el aumento de la diversidad cultural, entre otros. Según Vertovec & Cohen (2008) la ciudadanía cosmopolita se refiere tanto a una visión global de la democracia con perspectiva mundial, como a la posibilidad de establecer vínculos transnacionales que permitan establecer interconexiones entre distintos movimientos sociales. En este sentido, la participación política requiere de una motivación, y un importante factor motivador es la preocupación por el bienestar de los seres humanos y el reconocimiento de nuestras capacidades para ser agentes de cambio (Comins Mingol, 2015). Por tanto, para la existencia de una ciudadanía cosmopolita es necesaria la implicación y el compromiso cívico, la motivación, y un sentimiento de responsabilidad hacia lo que nos rodea.

En consonancia con los modelos anteriormente descritos, Westheimer & Kahne (2004) establecieron tres concepciones vinculadas a la idea de ciudadanía democrática, susceptibles de fomentar mediante procesos educativos: el Ciudadano Personalmente Responsable; el Ciudadano Participativo; y el Ciudadano Orientado a la Justicia. En primer lugar, la concepción de ciudadano personalmente responsable, con énfasis en la visión individualista de la buena ciudadanía, se trata de una perspectiva políticamente conservadora. De esta forma, el ciudadano personalmente responsable actúa de manera responsable en su comunidad, contribuyendo cuando es necesario para ayudar a los menos afortunados. Los ciudadanos personalmente responsables intentan desarrollar el carácter y la responsabilidad personal al enfatizar la honestidad, la integridad, la autodisciplina y el trabajo duro (Lickona, 1993). En segundo lugar, la noción de ciudadano participativo, se caracteriza por vincularse a la participación activa, conocer el trabajo del gobierno e instituciones y la participación en esfuerzos para organizar el cuidado de los que lo necesitan. En tercer lugar, se encuentra la idea de ciudadano orientado a la justicia, que concibe una justicia orientada hacia las acciones del ciudadano participativo, poniendo énfasis en la colectividad y la comunidad. En este caso, los ciudadanos democráticos efectivos necesitan oportunidades para analizar y comprender la interacción de las fuerzas sociales, económicas y políticas. La visión del ciudadano orientado a la justicia comparte con la visión del ciudadano participativo en el énfasis por el trabajo colectivo, relacionado con la vida y los problemas sociales y políticos. Sin embargo, pretenden mejorar la sociedad analizando y abordando críticamente los problemas e injusticias sociales, y vinculando su solución a los movimientos sociales y cambios sistémicos institucionales (Ayers, Hunt & Quinn, 1998). La principal diferencia con los dos anteriores modelos de ciudadanía es que además de estar centrados en la participación, también analizarían la base del problema para cambiar su raíz.

Los modelos de ciudadanía expuestos dan una visión que permite analizar el compromiso cívico, la participación socio-política, y sus interacciones con otros factores psicosociales. En este sentido, la Psicología Social y Política ha hecho aportes fundamentales para entender los mecanismos psicológicos que se encuentran involucrados en la toma de decisiones de los seres humanos, así como en sus formas de participar de la sociedad. Además, desde el campo de la Filosofía Política y la Sociología se ha relacionado la participación sociopolítica con las sociedades más orientadas hacia la Justicia Social.

La Participación Política como dimensión de la Justicia Social

La capacidad de análisis acerca de lo que es más o menos justo en un entorno sociopolítico, se encuentra vinculada con la actitud y formas en que las personas ejercen la participación política para revertir las injusticias existentes. Dicha participación está a su vez enmarcada transversalmente dentro de la concepción Justicia Social (Sainz, 2017). Desde hace décadas, se viene constituyendo una base sólida desde la que comprender las dimensiones que debe contener la justicia social para abarcar el mayor espectro de carencias existentes en la sociedad. En este sentido, se entiende que la justicia social se encuentra formada por tres dimensiones (Fraser, 2008, 2012): Redistribución o justicia económica, Reconocimiento o justicia cultural y Participación o justicia política. En primer lugar, la dimensión de redistribución (Rawls, 1971; Sen, 2012) se vincula a la necesidad de una mejor distribución de los bienes, ya sean materiales o culturales. Posteriormente, la dimensión de reconocimiento (Fraser, 1997) se centra en el respeto social y cultural hacia todas las personas, así como en la existencia de relaciones más justas en la sociedad. Por último, más recientemente, aparece la dimensión de especial objeto de análisis en el presente trabajo, relacionada con la representación o participación política (Hipólito-Delgado, & Lee, 2007), que se define como la herramienta principal para la toma de decisiones que afectan a la vida de las personas. De esta manera, se buscaría la paridad participativa, que permitiría a las personas integrantes de una sociedad participar, partiendo de la idea básica de construir un espacio social abierto y heterogéneo que permita el debate sobre las reivindicaciones necesarias.

Así, la concepción de justicia social se encuentra conformada por tres dimensiones, no situándose estas como reivindicaciones individuales sino entrelazadas entre sí. Según Fraser (2006), la justicia social no debe ser parcial vinculandose exclusivamente a políticas redistributivas o de reconocimiento de la diferencia. Así, la política de la redistribución suele equipararse clásicamente a la política de clase, mientras que, la política del reconocimiento de la diferencia se vincula a la política de la identidad. De esta forma, por un lado, como ejemplos de las injusticias que enfrentan las políticas redistributivas basadas en la justicia social se pueden citar: la explotación laboral, la marginación económica y la privación de un mínimo estado del bienestar, entre otras; por otro lado, como ejemplos de injusticias que afrontan las políticas de reconocimiento basadas en la justicia social, se pueden citar: la dominación cultural, la invisibilización y la falta de respeto hacia determinados grupos sociales y personas, entre otras. En base a ello, diversos grupos sociales pueden encontrarse bajo situaciones de injusticia que deben ser abarcadas desde las dos dimensiones, abandonando la posición unidimensional de la justicia social y siendo muchas de las problemáticas consideradas como comunidades bivalentes (Fraser, 2008). Sin embargo, siguiendo a Fraser (2012) un principal obstáculo para el logro de la justicia social tanto en términos de redistribución como reconocimiento es la carencia de representación o participación (justicia política) para los grupos afectados.

Por tanto, los asuntos relativos a la justicia social deben debatirse públicamente de cara a que la ciudadanía pueda debatir en torno a los desajustes e injusticias existentes en los sistemas políticos democráticos (Fraser, 2012; Rawls, 1993). En este sentido, las demandas de reconocimiento y redistribución deben proponerse, discutirse y legitimarse en el marco de la razón pública mediante la participación sociopolítica, permitiéndose así ampliar los conocimientos acerca de cómo influyen los prejuicios y la jerarquía de valores en la estructura legal y en las políticas públicas (Fjørtoft, 2012). De esta forma, es imprescindible que no existan barreras, económicas (redistribución) ni culturales (reconocimiento), para la igualdad de oportunidades en la participación (representación) política, ya que está en buena medida influye en el interés ciudadano por la política, con el impacto que todo ello tiene en el bienestar social colectivo.

Participación y Bienestar Social

El bienestar social se puede considerar de forma general como la valoración subjetiva que se hace una persona acerca del propio funcionamiento y circunstancias dentro de la sociedad (Keyes, 1998). Dicho constructo se encuentra vinculado a cinco dimensiones principales (Blanco & Díaz, 2005; Keyes, 1998): 1) Integración Social: una evaluación de la calidad de las relaciones mantenidas con la sociedad en general y las comunidades en particular; 2) Aceptación Social: en base a la integración social, se sitúa como la necesidad de estar y sentirse perteneciente a un grupo o comunidad, mostrando confianza y actitudes positivas hacia los demás; 3) Contribución Social: como la confianza en los demás que va acompañada de un sentimiento de utilidad como integrante de la sociedad; 4) Actualización Social: vinculada a la confianza en el progreso social y hacia el carácter dinámico de la sociedad y las instituciones de cara a conseguir metas y objetivos; 5) Coherencia Social: relacionada con la confianza que las personas tienen hacia la sociedad y la capacidad de entendimiento de su dinámica en cuanto al entendimiento de la organización y funcionamiento del mundo social.

En base específicamente a las cinco dimensiones que conforman el bienestar social (Blanco & Diaz, 2005; Keyes, 1998) estas se encuentran vinculadas directa o indirectamente a la participación socio-política (Chavéz-Ortega & Valdez-Estrella, 2018): Por un lado, la Contribución Social se encuentra relacionada con la capacidad de intervenir (de forma no violenta) de manera efectiva en los asuntos políticos, con mayor probabilidad de experimentar creencias y sentimientos de que son valorados en su comunidad; por otro lado, la Actualización Social es mayor en las personas que participan en actividades políticas de tipo comunitario, teniendo estas más probabilidad de desarrollar una percepción positiva de las personas que interactúan en su contexto.

En este sentido, las personas más satisfechas con sus propias vidas suelen a menudo participar de manera democrática no violenta, ya que esta participación da lugar a mayores niveles de autoeficacia y satisfacción (Temkin & Flores-Ivich, 2017). Es importante destacar que un antecedente de la participación directa en aspectos políticos, es la eficacia política con la que se percibe la ciudadanía, siendo esta una creencia subjetiva acerca de las capacidades que se tienen para tomar parte en el desencadenamiento de los sucesos políticos que le influyen (Brussino, Rabbia & Sorribas, 2009). Diversos estudios encontraron que las dimensiones bienestar social se encuentran relacionadas significativamente con el interés político en contextos urbanos (Arocena, Mejía-Ceballos & Yañez-Velasco, 2010; Laca-Arocena, Santana-Aguilar, Ochoa-Madrigal & Mejía-Ceballos (2011) y rurales (Coppari, Aponte, Ayala, Moreno, Quevedo, Sola, & Velázquez, 2013). Además, también se ha encontrado que el Bienestar Social en sus cinco dimensiones se encuentra relacionado positivamente con la aceptación de la democracia y negativamente con el rechazo hacia la misma (Laca-Arocena et al., 2011). Asimismo, se ha encontrado que el bienestar social se relaciona con una mayor aceptación de la democracia (Vilas, 2003), considerándose que el interés por la política aumenta también con la percepción de un buen desempeño de los gobiernos.

Por último, con respecto a las relaciones halladas en la literatura entre el bienestar social y la participación ciudadana en el ámbito político, ambos factores influyen en la forma de entender el funcionamiento social. Las sociedades democráticas modernas se rigen por normas constitucionales comunes que dan lugar a un marco de convivencia colectivo, que regula las relaciones en la sociedad. En este sentido, el término Anomia describe desde su vertiente psicosocial (Srole, 1956) la escasa cohesión presente en algunos sectores de la sociedad con baja integración y falta de involucramiento de las personas y grupos sociales. Además, individualmente, dicha anomia representa la discrepancia entre las metas propuestas por una sociedad y la falta de acceso de muchas personas a los medios necesarios para alcanzar esas metas (Merton, 1965). Así, tanto el interés alto por la política como la participación se relaciona con una mayor percepción de bienestar social y menor de anomia (Arocena et al., 2010).

Conclusiones

Como se ha expuesto, la concepción de ciudadanía en la que se enmarca una sociedad delimita en gran medida la capacidad que poseen sus integrantes para ejercer determinados derechos y deberes. Así, el compromiso y el deber cívico que la ciudadanía asume se ven mediados por el tipo de sociedad en la que se vive, determinando en buena medida la capacidad de participación política. En este sentido, en los estados modernos democráticos, la participación ciudadana en aspectos políticos se limita frecuentemente a acciones que tienen que ver con procesos electorales (IJE, 2016). No obstante, existen países (e. g. Noruega, Holanda, Suecia, Suiza, Dinamarca y Alemania, entre otros) en los que la participación ciudadana es percibida como útil para abordar también necesidades del contexto sociopolítico cotidiano de las personas (Torcal, Montero & Teorell, 2006). Por ello, es clave continuar estudiando los diversos factores psicosociales y sociopolíticos que podrían situarse como mediadores de la participación en acciones políticas, así como la posible incidencia que su presencia tiene en las sociedades.

Además, se ha observado que existen diversas concepciones acerca del funcionamiento de la realidad que se relacionan positivamente con la participación política. En este sentido, desde la concepción de Justicia Social (Fraser, 2008) la dimensión de Justicia Política o Participación ocupa un rol transversal a las otras dos (Sainz, 2017), situándose como una herramienta clave para la transformación social de la ciudadanía hacia sociedades menos injustas. Desde este marco, un elemento clave en las sociedades menos desiguales es la capacidad de participación y decisión que poseen las personas que las integran, para ejercer su capacidad de decisión en problemáticas que afectan a su bienestar. Así, se percibe un Bienestar Social más elevado entre quienes poseen interés por la participación política y una mayor aceptación de la democracia(Laca-Arocena et al., 2011). De esta forma, con una ciudadanía orientada hacia la participación democrática, se evitaría la presencia de fenómenos como la Anomia, que dan lugar a sociedades con una escasa cohesión e integración entre sus ciudadanos (Benbenaste, Etchezahar & Del Rio, 2008).

De cara a futuras investigaciones, se sugiere continuar estudiando en profundidad la participación política, analizando las diferencias existentes en función de diversas variables sociodemográficas y psicosociales. En base a ello, se recomienda ampliar los factores psicosociales y sociopolíticos sometidos a estudio en relación a la participación política, así como las posibles implicaciones que esta conlleva en la vida cotidiana de la ciudadanía.

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