El Informe Pike: El Rito Escocés Antiguo y Aceptado en la España del Sexenio y la Restauración (1868-1882)

The Pike Report: The Ancient and Accepted Scottish Rite in Spain during the Six Revolutionary Years and the Bourbon Restoration (1868-1882)

Pelayo Jardón Pardo de Santayana pelayojardon@gmail.com

UNED, Spain

Pike emitió en octubre de 1882 un laudo ante la Liga Inter-Consiliar de Charleston, Irlanda, Escocia y Grecia¹⁵. Su fallo tuvo finalmente en cuenta cuatro contendientes: el Gran Oriente y Supremo Consejo de España, liderado por Antonio Romero Ortiz (Fraternidad); el Gran Oriente y Supremo Consejo, dirigido por Francisco Panzano, (Catón de Útica); el Supremo Consejo de España, de Juan Antonio Pérez (Ricardo); y el Grande Oriente Nacional de España, presidido por Juan Antonio Seoane, marqués de Seoane (Antonino Pío). A lo largo del Informe, Pike suele referirse a cada una de estas obediencias por el nombre o pseudónimo de quienes las encabezaban hacia 1880: Práxedes Mateo Sagasta (Paz), Jacobo de Oreiro (Gravina), Juan Antonio Pérez y el marqués de Seoane. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, a lo largo de los catorce años sobre los cuales versa el dictamen (1868-1882), se sucedieron distintos personajes como grandes comendadores en las cuatro obediencias¹⁶.

Para una mejor comprensión del Informe, conviene hacer referencia a otras dos cuestiones. La primera de ellas es que, en 1881 -en medio de la controversia, y antes del fallo de Pike-, dos de estos candidatos -el Supremo Consejo de Panzano y el de Pérez- se fusionaron. De este modo, finalmente hubo tres contendientes. Además, el tercero en discordia de estos rivales, el Grande Oriente Nacional de Seoane, no presentó alegaciones ante Pike. Es por ello que este, para formarse una opinión sobre la cuestión, contó fundamentalmente con dos versiones: la del cuerpo Sagasta y la del Supremo Consejo de Panzano-Pérez. Ello no impidió a Pike, como veremos, pronunciarse tanto sobre la fusión de las obediencias de Panzano y Pérez, como sobre la opinión que le merecía el Supremo Consejo del marqués de Seoane.

El objetivo final de Albert Pike era el análisis de la regularidad de los cuatro candidatos¹⁷. Tanto el Supremo Consejo de Sagasta, como el cuerpo Gravina, trataron de erigirse en descendientes del Supremo Consejo instalado por Grasse-Tilly en 1811. En su argumentación, ambos coincidían en afirmar la condición de Carlos Celestino Mañán y Clark (Romano) como gran comendador en 1868. Sin embargo, sus versiones hasta llegar a dicho momento no se correspondían enteramente.

Desde el cuerpo Gravina recrearon una lista -muy discutible en lo que atañe a su veracidad histórica- de los sucesivos grandes comendadores que hipotéticamente habían presidido su Supremo Consejo: Grasse-Tilly, José de Azanza, Agustín Argüelles, Antonio Pérez de Tudela, Carlos Celestino Mañán, el infante Francisco de Paula de Borbón, y de nuevo, desde 1846, Carlos Mañán y Clark¹⁸.

De otro lado, y quizá de forma más sutil, el cuerpo Sagasta trató de demostrar “su indiscutible legalidad como continuación no interrumpida” del Supremo Consejo instituido por Grasse Tilly. Ello a partir del siguiente axioma: “En tanto que un solo miembro de un Sup.·. Cons.·. una vez establecido legalmente, permanece vivo, no ha muerto dicho Cons.·., y el superviviente puede investir a otros con el gr.·. 33º, y completar de este modo la asociación, dándola [sic] capacidad para renovar sus trabajos”. Según esta teoría -igualmente controvertible desde el punto de vista histórico- Evaristo San Miguel era miembro del Supremo Consejo en 1811-1814¹⁹.

Aunque intermitentemente, tal Supremo Consejo habría continuado funcionando hasta 1836-1839, momento en el que, como se alegaba, lo formaban, entre otros, y además del propio San Miguel, el infante Francisco de Paula, como gran comendador, Carlos Mañán, Jerónimo Couder y Manuel Pérez Mozo, los cuales “lo habían recibido en España, y de aquellos o de uno legalmente en posesión de él y con poder para comunicarlo”. Estos tres veteranos formaban parte del Supremo Consejo reaparecido en 1868. Pues bien -a tenor de esta otra versión-, pese a las consabidas intermitencias, y a través del eslabonamiento representado por San Miguel y, más tarde, por Couder, Pérez Mozo y Carlos Mañán, quedaba probada la continuidad de la “cadena mística” hasta el advenimiento de la Gloriosa²⁰.

Además de la tesis de la renovación del Supremo Consejo a lo largo del tiempo y a través de algunos de sus miembros -habida cuenta de la masiva destrucción de documentos realizada durante las sucesivas redadas antimasónicas acaecidas durante los reinados de Fernando VII y de Isabel II-, el cuerpo Sagasta alegó otro razonamiento que acabaría convirtiéndose en uno de los verdaderos considerandos del fallo: el de la prescripción, el de la adquisición de derechos indubitados por su ejercicio efectivo y continuado. Se trataría en este caso de una prescripción sui generis, según la cual el éxito alcanzado por el Gran Oriente de España de Sagasta a partir de la Gloriosa habría hecho innecesaria, amén de impertinente, cualquier indagación acerca de su pasado más o menos remoto.

Desde la perspectiva de 1882 -y teniendo en cuenta la situación de preponderancia masónica de esta obediencia-, se entendía que no era posible ni permisible exigir pruebas relativas a legitimidad quienes se remontaban a varias décadas atrás²¹. En este sentido -y prudentemente, cabría añadir, dado lo dudoso, cuando no abiertamente falso, de algunos de los datos alegados al respecto por los contendientes- Pike no entraría a analizar tales antecedentes previos a 1868. En el caso del cuerpo Sagasta -que no, como veremos, del Grande Oriente Nacional de Seoane- Pike sentaría este argumento de la prescripción como mecanismo legitimador de un Supremo Consejo²².

Dando por buena la regularidad del Supremo Consejo del Gran Oriente de España presidido por Carlos Mañán en 1869, el siguiente paso consistía en averiguar cuál de los supremos consejos surgidos de dicho tronco común era el legítimo. Para ello, se hizo necesario entrar a conocer las discordias ocurridas en dicha obediencia a partir de julio de 1870, disensiones relatadas con todo lujo de detalles en dos de los alegatos del cuerpo Gravina, incluidos en el Informe: el “Manifiesto Gravina” y los Apuntes históricos de la orden de caballeros francmasones en la lengua o nación española²³.

A principios de 1870, y contando con la autorización de algunos miembros del Supremo Consejo, como Jerónimo Couder y Manuel Pérez Mozo, el valetudinario gran comendador Carlos Celestino Mañán, en compañía de su secretario adjunto, Leandro Tomás Pastor (Moisés), realizó un viaje a Santander²⁴. Fue entonces cuando, aprovechando el vacío provisional de poder, algunos miembros del Supremo Consejo, que no todos, elevaron a Ruiz Zorrilla (Cavour I) a la dignidad de gran comendador, en virtud del acta de 20 de julio de 1870²⁵. En este documento se arguyó que, dada la debilidad e incapacidad de Mañán, así como, por contraste, la poderosa influencia política de Ruiz Zorrilla, el primero sería sustituido por el segundo. Leandro Tomás Pastor también fue relevado de su cargo.

Amén de lo inopinado de la destitución de Mañán, algunos consideraron como una circunstancia agravante el carácter advenedizo, dentro de la masonería, del propio Ruiz Zorrilla, cuyo encumbramiento había obedecido principalmente a su poder político, que no a su experiencia masónica²⁶. Uno de los más importantes acontecimientos que tuvo lugar ya durante el mandato de Ruiz Zorrilla fue la promulgación en 1871 de las constituciones del Gran Oriente de España²⁷. Pues bien, tanto la meteórica ascensión masónica de Ruiz Zorrilla, como la promulgación de estas constituciones, consideradas por algunos como una desvirtuación del escocismo, abrieron una profunda brecha en el seno del Supremo Consejo.

Algunos de sus miembros -Panzano, Simeón de Ávalos y el propio Mañán-, reputando la destitución de Mañán como un golpe de estado ilegítimo, entendieron nulo el acceso de Ruiz Zorrilla a la cabeza del Supremo Consejo. No obstante -y según lo que más tarde alegarían- permanecieron en el Supremo Consejo presidido por Ruiz Zorrilla con un fin: subsanar las irregularidades sin propiciar escisiones; reconducir la situación y devolver al Supremo Consejo la legitimidad perdida. Tratando de no perjudicar -ni enfrentarse- a aquellos que, desconocedores de las verdaderas causas del cisma, lo habían aceptado de buena fe. Siguiendo esta línea de actuación, Mañán y Pastor accedieron a ser readmitidos en el Supremo Consejo, según las resoluciones publicadas el 15 de diciembre de 1871²⁸.

Varios integrantes del Supremo Consejo que, por mor de su ausencia, no habían ratificado las constituciones -Francisco Panzano, Miguel Ferrer Garcés y Juan Montero Telinge- protestaron entonces contra ellas, no solo porque se habían promulgado sin su conocimiento y anuencia, sino, sobre todo, porque, como acabamos de avanzar, las consideraban contrarias a las Constituciones de Berlín de 1786. Consiguieron entonces estos ortodoxos, partidarios de Mañán por añadidura, obtener un acuerdo para reformar las constituciones. Sin especificar los artículos reformables, se acabó acudiendo, a tal efecto, a la asamblea de soberanos grandes inspectores -los Grado 33º- del Supremo Consejo, declarada en tenida permanente.

Por aquel entonces, Ruiz Zorrilla nombró a José de Carvajal y Hué (Tiberio Graco) como teniente gran comendador, nombramiento que fue recibido con esperanza por los partidarios de Mañán. Al parecer Carvajal, perseguía un doble objetivo: de una parte, la ansiada depuración de las Constituciones de 1871 de elementos espurios; y, por otra parte, a fin de soslayar el enfrentamiento con los cismáticos, contemporizar con ellos y respetar, en lo posible, aquellos derechos adquiridos tras la caída de Mañán.

No obstante, Carvajal y la asamblea de grandes inspectores se toparon con un grave problema, como fue la falta de quorum para las deliberaciones y decisiones acerca de la reforma de las Constituciones de 1871. En primer lugar, porque no consiguieron atraer a su seno a ciertos partidarios de Ruiz Zorrilla que habían ido dejando de asistir a ella. Además, la marcha de los trabajos de la asamblea se vio dificultada debido a la senectud de algunos de sus miembros. Dado lo precario de tal situación, la asamblea pidió directamente a Ruiz Zorrilla su dimisión. Se pretextó su cambio de residencia. También se adujo que, desde su nombramiento como gran comendador, ya habían transcurrido tres años, el plazo de duración del cargo contemplado por las nuevas constituciones²⁹. Y, por supuesto, se le advirtió de la importancia práctica que, dado el vacío de poder, su dimisión significaba para la asociación.

El 28 de septiembre de 1873 Carvajal reunió a la asamblea de soberanos grandes inspectores para informarles acerca de una supuesta “carta autógrafa” de Ruiz Zorrilla, en la cual este le participaba de su irrevocable propósito de renunciar a todos sus cargos masónicos. Dando, pues, por válida esta dimisión de Ruiz Zorrilla, se entendió entonces que Carvajal, hasta entonces teniente, había accedido a la gran comendaduría. Sin embargo, y en un alarde de escrupuloso purismo, Carvajal, antes de aceptarlo, “devolvió” el cargo a Mañán, “a quien correspondía”; el cual, a su vez, tras nombrar teniente a Carvajal, abdicó. Así entendieron que habían hecho tabula rasa del oprobioso periodo Ruiz Zorrilla, y puesto que Carvajal había sucedido directamente a Mañán, nada había ya que lamentar sobre cuestiones de regularidad. Más adelante tendremos ocasión de conocer la opinión de Pike a este efugio táctico. Después de ello, y considerando finalmente restablecida la ortodoxia dentro del Gran Oriente de España, la asamblea dio por terminada la tenida permanente y devolvió la autoridad al Supremo Consejo³⁰.

Fue entonces cuando, a juicio de los integrantes de la asamblea, Ruiz Zorrilla volvió a demostrar, desde el punto de vista masónico, su condición de advenedizo. Porque, haciendo caso omiso de la amonestación por parte de la asamblea relativa al transcurso del período de tres años previsto para el ejercicio de su cargo de gran comendador; olvidando la susodicha carta de dimisión que presuntamente había enviado a Carvajal; e ignorando, en fin, que, según la asamblea, ya no era -ni había sido nunca, cabría inferir según lo acabamos de apuntar- soberano gran comendador, firmó un balaustre el 1 de enero de 1874, donde dio por terminado su mandato, procedía a devolver “a la población masónica la suprema dignidad de Gr.·. Comend.·., con la cual nos hallábamos investidos por ella”³¹.

En dilucidar cuál fue el momento de la verdadera dimisión de Ruiz Zorrilla estaría otra de las claves del conflicto; en saber cuándo se produjo realmente: si por medio de la carta a Carvajal, en octubre de 1873, como pretendería ante Pike el cuerpo Gravina; o el 1 de enero de 1874, como oficialmente sostendría el cuerpo Sagasta. Porque lo cierto es que, a partir de este momento, se consumaría la escisión del Supremo Consejo del Gran Oriente de España en dos partes enfrentadas.

Por un lado, estaban los partidarios de Ruiz Zorrilla y de las Constituciones de 1871, los cuales considerarían nula la actividad de la asamblea y de Carvajal. El sucesor de Ruiz Zorrilla en este Supremo Consejo fue Juan de la Somera (Obed I), elegido por “sufragio universal”, quien dirigió una severa reacción contra los asamblearios³². Tras la dimisión de Juan de la Somera el 31 de diciembre de 1875³³, serían grandes comendadores de esta obediencia Sagasta (1876-80) y, tras este, Romero Ortiz (1881-84).

De otra parte, se hallaban los prosélitos de Mañán, los integrantes de la asamblea de soberanos grandes inspectores, los que habían pretendido depurar las Constituciones de 1871. Tras la dimisión de Carvajal, y hasta 1882, se sucederían en este Supremo Consejo, como grandes comendadores Miguel Ferrer Garcés (Junio Bruto), Jerónimo Couder (Nepthalí), Simeón de Ávalos (Cincinato), Jacobo Oreiro, (Gravina) y Francisco Panzano (Catón de Útica).

Ambos supremos consejos se acusarían de sostener un Supremo Consejo espurio. No obstante, Pike solo consideraría legítimo a uno de ellos. Y así fue porque, según Pike, la escisión de 1874 entre ambos cuerpos no determinó que el Supremo Consejo presidido por Mañán en 1869 hubiera continuado existiendo en dos fracciones. Ergo, solo una de ellas -no ambas- había sobrevivido en detrimento de la otra: “El Supremo Cons.·. de España de 1869, nunca ha muerto. Cuando fue dividido en 1874, una u otra parte de él continuó siendo el mismo Supremo Consejo”³⁴.

Pike reputó, en principio, ilegales tanto la deposición de Mañán como la elección de Ruiz Zorrilla. Sin embargo -en su opinión-, la sumisión que Mañán y sus satélites habían mostrado hacia Ruiz Zorrilla privó a estos de cualquier derecho de reivindicación al respecto. En efecto, su reserva mental no invalidó ni mucho menos su reconocimiento hacia Ruiz Zorrilla. Una de las bases, pues, del fallo de Pike la constituye la censura de la conducta seguida por aquellos que, habiendo aceptado en apariencia la subida a la gran comendaduría de Ruiz Zorrilla, acordaron permanecer en el Supremo Consejo para anular todo aquello que se había decidido tras la defenestración de Mañán. En este grupo habría que incluir al propio Mañán, Jacobo de Oreiro, Simeón de Ávalos, Francisco Panzano, José de Carvajal y “otros adictos de Mañán y Clark”, como Leandro Tomás Pastor³⁵. Esto es, a aquellos que más tarde serían el alma de la asamblea de grandes inspectores generales.

De modo, que quienes negaron la legalidad del nombramiento de Ruiz Zorrilla, carecían de legitimidad para discutirla, habida cuenta de que la habían reconocido previamente y de que, por añadidura, habían formado parte del Supremo Consejo presidido por él. Pike afeó en especial la conducta de Carvajal, cuyo proceder había sido traicionero y maquiavélico, amén de incoherente desde el punto de vista lógico y jurídico. La maniobra para derrocar a Ruiz Zorrilla después de haber sido nombrado por este teniente gran comendador dejaba a las claras su duplicidad y mala fe. Habiendo recibido la dignidad de teniente por parte de Ruiz Zorrilla, constituía una flagrante muestra de cinismo por parte de Carvajal el haber articulado semejante intriga contra aquél a quien debía lealtad y gratitud. Por todo ello, Pike consideraría nulo tanto el acceso de Carvajal a la gran comendaduría en 1873, como el artero juego de dimisiones llevado a cabo por este y por Mañán para tratar de soslayar la irregularidad del período de Ruiz Zorrilla.

Pike sostuvo, además, que la disolución del Supremo Consejo y su reemplazo, para su reconstrucción, por una asamblea general de soberanos inspectores fue, por contravenir las Constituciones de 1786, un proceso usurpador, revolucionario y completamente ilegítimo, de igual modo que todo lo que derivó del mismo: “La asamblea general era un cuerpo ilegal, y ningún miembro del Supremo Consejo estaba obligado a someterse a su autoridad”³⁶.

En relación con la polémica sobre las dos dimisiones de Ruiz Zorrilla, Pike entendió que la primera de ellas, por incompleta, no podía considerarse tal. Por ello, tras sentar que la verdadera dimisión de Zorrilla había sido la segunda, la del primero de enero de 1874, Pike dio por válida la subsiguiente elección de Juan de la Somera como gran comendador, por aquellos que se habían retirado de la asamblea o que habían rechazado la autoridad de esta.

Junto a estos argumentos -deslealtad y nulidad de la actividad de los asamblearios-, Pike tuvo muy en cuenta la “prosperidad, poder y progreso” del cuerpo Sagasta, así como la “excelencia y dignidad de sus miembros”³⁷. Por representar el veredicto definitivo del pueblo masónico español, el indudable triunfo de esta obediencia se convertía en la misma presunción de su legitimidad. Dada su importancia cuantitativa y cualitativa, debía ser conceptuado como “un poder de francmasonería legítimo y regular”³⁸. Se trataba, en fin, de la tan traída y llevada teoría de la prescripción. En este sentido, Pike comparó el cuerpo Sagasta con obediencias de menor entidad -los supremos consejos de Suiza, Egipto, Túnez, Canadá, Venezuela, Nueva-Granada [Colombia], Grecia, Hungría, Uruguay, Argentina, Italia, Perú y México-, las cuales habían sido reconocidas por el Supremo Consejo de Charleston en atención a su poder fáctico, sin haber realizado previamente una indagación con respecto a su origen e historia.

Además de todo ello, Pike reputó el triunfo del cuerpo Romero no solo como indicio de legitimidad, sino como garantía de su futura estabilidad. Entendió que el reconocimiento de dicha obediencia resultaría beneficioso para el ulterior desarrollo de la masonería en España, para favorecer su prestigio, al tiempo que pondría un dique a las maniobras de los advenedizos.

Este fue, pues, el iter argumentativo que fundamentó la decisión de Pike en lo concerniente al enfrentamiento entre las dos fracciones surgidas de la división del Gran Oriente de España en 1873-74: el Supremo Consejo de Sagasta y el cuerpo Gravina. Queda por saber, además, su parecer sobre la obediencia nacida de la escisión del Gran Oriente de España en el verano de 1875: la liderada por Juan Antonio Pérez, y que, pese a la escasa atención que le dedica Pike, había sido la principal enemiga del cuerpo Sagasta. Como hemos advertido más arriba, este Gran Oriente de Pérez se había fusionado con el Supremo Consejo de Panzano en 1881. No obstante, en los alegatos de Panzano-Pérez posteriores a esta fecha se evitó aludir a esta circunstancia, así como a la historia de la obediencia de Pérez hasta el momento de tal fusión.

Juan Antonio Pérez era un miembro del Gran Oriente de España -la fracción heredera de Ruiz Zorrilla- que ostentaba el grado 30º. En julio de 1875, con motivo de la crisis que aún vivía la obediencia, Pérez trató de reorganizarla, erigiéndose en adalid del cambio. Así lo expresó en un comunicado, en el cual se lamentaba de las “rivalidades funestas”, “concupiscencias cada día más manifiestas e intransigentes” en que se debatía el Gran Oriente de España, así como de la “actitud soberbia y dictatorial” del Supremo Consejo, presidido a la sazón por Juan de la Somera³⁹.

Fue precisamente una decisión adoptada por este Supremo Consejo el detonante de la separación de Pérez: la concesión de un poder a Ramón Bru y Lassus para la instalación de logias en Cuba y el negocio encubierto que este poder supondría⁴⁰. Desde esta ruptura en el verano de 1875, Pérez dirigió el Simbolismo en calidad de Gran Maestre. Los primeros grandes comendadores del Supremo Consejo fueron Manuel Prado y Sánchez, (Marte), y Manuel Antonio Ricord (Aníbal)⁴¹. Más adelante, el propio Pérez, a quien Prado había concedido el grado 33º, llegaría a ocupar la gran comendaduría de este nuevo Gran Oriente de España⁴². Hubo, pues, un Supremo Consejo de Pérez, independiente -y rival también- del cuerpo Gravina hasta su fusión con este. No obstante, como decimos, en las alegaciones de Panzano-Pérez se trató de obviar esta circunstancia. Simplemente se presentó la historia del cuerpo Gravina y se añadió el dato del ingreso de Pérez como teniente en el Supremo Consejo presidido por Panzano en 1881⁴³. Por lo demás, Pérez conservó tras la fusión el cargo de Gran Maestre⁴⁴.

Pike, empero, era conocedor de las maniobras diplomáticas de Pérez anteriores a su unión con Panzano. De ahí que mostrara su perplejidad ante esta inversión de alianzas. Habla Pike de una reconstitución del Supremo Consejo de Pérez, reconstitución en la que había jugado un papel destacado Miguel García Manfredi (Daoíz). Informa de que el propio Pérez ostentaba en su obediencia el cargo de soberano gran comendador; y ambos habían ingresado en el Supremo Consejo de Panzano, como teniente (Pérez) y como maestro de ceremonias (Manfredi). Esta fusión probablemente obedeciera a un intento de suplir deficiencias mutuas: Pérez contribuía con la considerable influencia en el simbolismo de su Gran Oriente, especialmente en Cuba, a la vez que, ingresando en un Supremo Consejo de mayor prestigio, consolidaba su maltrecha posición en el filosofismo, con vistas a su reconocimiento internacional⁴⁵.

Pike expresó su asombro ante estos cambios⁴⁶. Primero, porque se preguntó si había habido una fusión del Supremo Consejo Gravina y del Supremo Consejo de Pérez o simplemente ocurría que Pérez había abandonado el suyo. Segundo, porque consideró que la presencia de Pérez en el Supremo Consejo Gravina resultaba chocante e incongruente, habida cuenta de los ataques que, al parecer, el cuerpo Gravina había dirigido a Pérez públicamente ante el mundo masónico. De cualquier modo, la conclusión final de Pike respecto al Supremo Consejo de Pérez fue tajante: “Si se ha disuelto, no hay para qué tratar más de él. Si no es así, el Sup.·. Cons.·. de la jurisdicción meridional de los Estados-Unidos, ha decidido ya en los términos más claros, que es completamente ilegítimo”⁴⁷.

El cuarto de los contendientes considerados por Pike fue el Supremo Consejo del Grande Oriente Nacional de España, el cual se arrogaba la condición de heredero del Grande Oriente pretendidamente establecido por el conde de Aranda en 1780⁴⁸. Además, basaba su abolengo masónico en un presunto Tratado de Unión firmado en 1817 en nombre del Supremo Consejo sucesor de Grasse-Tilly⁴⁹. Desde aquel entonces, se afirmaba una línea ininterrumpida de legitimidad -asimismo cuestionable, como las presentadas desde el Gran Oriente de España (vid. supra)-, cuyos últimos grandes comendadores eran Ramón M. de Calatrava (España), y, tras el fallecimiento de este en 1876, el marqués de Seoane⁵⁰.

La regularidad y alcurnia del Grande Oriente de Seoane fueron negadas con argumentos similares por los cuerpos Gravina y Sagasta. En los Apuntes históricos, desmintiendo la antigüedad del Grande Oriente Nacional y su vinculación con el conde de Aranda, se afirma su nacimiento ex novo en 1869⁵¹. Según esta versión, en ello había tenido mucho que ver un personaje al que se retrata como uno de los más notorios advenedizos del momento: Pedro M. del Castillo (Adjar Bey), “comisionista de vinos, que decía proceder del Gran Oriente Lusitano, con el grado de caballero Rosa Cruz”, famoso por vender “indignamente las iniciaciones y grados de la orden”, debido a lo cual había sido expulsado por el Soberano Capítulo Rosa-Cruz del Valle de Madrid.

Maestro en hacer de la masonería su medio de vida, Del Castillo decidió a la sazón fundar un nuevo centro masónico al que puso por nombre el “Grande Oriente Nacional”. Intentó entonces captar para su empresa a ciertos masones respetables, los cuales, alejados de los trabajos, desconocían, tanto sus manejos, como que, por añadidura, dicho nombre de la obediencia, estaba vinculado a los “Comuneros de Castilla”, una organización político revolucionaria activa en época fernandina para combatir los desmanes de la reacción⁵². Fue entonces cuando Pedro Mª del Castillo se dirigió “en solicitud de su cooperación” a un antiguo grado 33º, el decrépito Ramón M. de Calatrava, quien arrepentido de su estado de “completo alejamiento de los negocios públicos y de la orden”, consintió en prestarle “la acogida solicitada”.

Tal fue, a tenor de este relato del cuerpo Gravina, el oscuro origen del Grande Oriente Nacional en 1869: los manejos de un aventurero, expulso por corrupción de la orden, que, ansiando enriquecerse a costa de esta, fundó un centro pseudomásonico, bajo una denominación de reminiscencias revolucionarias, y para el que captó fraudulentamente a personajes acreditados, pero ignorantes o seniles, como Calatrava. La posterior evolución de la obediencia, confirió a esta un barniz de respetabilidad: un prestigioso prohombre, Juan Antonio Seoane y Bayón -marqués de Seoane, por gracia del rey Amadeo- sucedió a Calatrava. Las cualidades personales de Seoane, la inteligencia y laboriosidad de algunos afiliados, así como el buen hacer de ciertos talleres fueron -según este relato- virtudes encomiables que prestaron a la obediencia un espejismo de legitimidad, espejismo que no logró sanar la irregularidad de su origen. Además, y dada la exigüidad del número de sus miembros, el Supremo Consejo de esta obediencia no pasaba de ser una mera anécdota⁵³.

Desde el cuerpo Sagasta descalificaron de forma parecida a la obediencia de Seoane. Igualmente, negaron sus quiméricos vínculos con el conde de Aranda⁵⁴. Y, de modo parecido, señalaron la falta de adeptos, el decadente estado de este Supremo Consejo, al que sarcásticamente motejaron de “cadáver galvanizado”⁵⁵.

Estas fueron a la postre las razones que llevaron a Pike a descartar la candidatura del Supremo Consejo Seoane. Primera y justificadamente, la falta de prueba y verosimilitud de sus pretendidos orígenes: esto es, de su descendencia de la obediencia supuestamente fundada por el conde de Aranda, así como de la existencia del Tratado de Unión de 1817. Nótese cómo en este caso, y a diferencia de cómo procedería con relación al cuerpo Sagasta, Pike no hizo al Supremo Consejo de Seoane beneficiario del argumento de la prescripción⁵⁶. Y ello seguramente se debió también a esa “existencia miserable […] con un lastimoso número de adeptos” que, al decir de sus oponentes, arrastraba el Supremo Consejo de Antonino Pío: “Puede excusársenos, pues -concluía Pike- si no consagramos más extensa atención al cuerpo compuesto del marqués de Seoane y otro individuo”⁵⁷.

Finalmente, pues, por todos estos argumentos, y tras descartar las candidaturas de los supremos consejos de Seoane y de Panzano-Pérez, Pike proclamó la legitimidad y regularidad del cuerpo Romero⁵⁸. Concretamente, el balaustre está fechado el 22 de octubre de 1882 y en él Pike comunica que el Supremo Consejo de la Jurisdicción Meridional de Estados Unidos ha decidido que el Supremo Consejo de Romero Ortiz es el único legítimo y regular de España fundado por Grasse-Tilly⁵⁹.

No es de extrañar que los distintos contendientes acogieran el dictamen de Albert Pike según la opinión expresada acerca de cada uno de ellos. En el Gran Oriente de España de Romero Ortiz lo tradujeron y publicaron tan pronto tuvieron noticia de él. En un extenso artículo, elogiaron la ecuanimidad de Pike. Asimismo, advirtieron que, dado que los distintos adversarios -nunca el cuerpo Seoane, cabría puntualizar- habían estimado que Pike tenía “competencia bastante para conocer el litigio”, el dictamen estaba revestido de la “autoridad indisputable y sin apelación que lleva consigo la cosa juzgada”. Por ello, confiaban en que todas las partes habrían “de someterse y acatar el fallo tan ilustrado como rectamente imparcial”⁶⁰.

Desde el Supremo Consejo Panzano-Pérez, respondieron al Informe mediante una extensa carta de protesta dirigida a Albert Pike. En ella, Panzano insistió en que a su Supremo Consejo le correspondía el título de potencia regular masónica y no al cuerpo Sagasta, el cual constituía una facción pseudomasónica, “una de tantas sociedades formadas por algunos especuladores que, bajo la influencia moral de ciertos hombres respetables (…), han explotado la buena fe de este país”⁶¹.

En un nuevo alarde de purismo, no exento de acrimonia, Panzano se centró en invocar la versión primigenia de las Constituciones de 1786 como aval de la conducta seguida por José de Carvajal y los asamblearios⁶². Afirmó que el que había hecho a Carvajal gran comendador no era una “simple fracción disidente”, sino el legítimo Supremo Consejo del Gran Oriente de España. Defendiendo a Carvajal de las recriminaciones de deslealtad hacia Ruiz Zorrilla, señaló que tales acusaciones las deberían haber recibido aquellos que, ignorando las Constituciones de Berlín, habían pretendido que los miembros de los supremos consejos, convirtiéndose en meros oficiales de los grandes comendadores, se asociaran a la personalidad de estos. Mas -razonaba Panzano- el Supremo Consejo no pertenecía al Gran Comendador. Por eso, Mañán, Pastor, y los demás miembros del Supremo Consejo detractores de Ruiz Zorrilla no habían jurado nunca fidelidad a la persona de este, sino a las Constituciones de 1786. De ahí que la decisión de seguir perteneciendo al Supremo Consejo presidido por Ruiz Zorrilla, a la espera de su depuración, no obedeciera a una “restricción mental” -pues ningún juramento de lealtad los ligaba a Ruiz Zorrilla-, sino a un deseo de propiciar la regularización sin rupturas.

Panzano defendió la legalidad e inevitabilidad de la asamblea de soberanos grandes inspectores generales. Adujo que, para purificarse de la irregularidad derivada de “los hechos verdaderamente revolucionarios del año 1870”, se hizo imprescindible la reconstitución del Supremo Consejo, y todo ello fue de conformidad con lo prescrito en los artículos II, III y V de las Constituciones de 1786. La solución de la asamblea respondía así a un continuismo sanador y no rupturista: se trataba de “legalizar, en vez de destruir, los hechos consumados”.

Pero, sin duda, la parte más interesante de esta suerte de recurso de apelación es su refutación de uno de los pilares argumentales de Pike: la posibilidad de que el “poder idólatra del falso dios éxito” pudiera legitimar la irregularidad del Supremo Consejo de Sagasta. Afirmó Panzano que constituía un craso error la consideración de la “prosperidad, poder y progreso” de la obediencia de Sagasta como una evidencia de su legitimidad; sus presuntos logros no sanaban los vicios de sus cimientos. La regularidad -proseguía- era una cuestión de raíz, de principios, no de logros a cualquier precio; y dependía ante todo de la conformidad con las constituciones, estatutos y reglamentos generales de la orden. De ahí que el Informe constituyera en sí mismo un indicio de la falta de conocimientos masónicos del propio Pike⁶³.

Además, Panzano enumeró los nombres y méritos de algunos miembros de su Supremo Consejo, para demostrar que no eran “ni menos grandes ni menos buenos ni menos distinguidos intelectual y socialmente considerados” que aquellos integrantes de aquel de Romero Ortiz.

Entre los miembros del Supremo Consejo de Panzano, estaba, como hemos advertido, Juan Antonio Pérez, quien, tras integrarse en este cuerpo, ocupaba la dignidad de teniente gran comendador, al tiempo que conservaba el cargo de gran maestre del Gran Oriente. Comoquiera que Pike se había hecho eco de los despectivos ataques de los que había sido objeto Pérez, Panzano no pudo menos que alabar la intachable trayectoria de su correligionario⁶⁴. Por lo demás, fue el propio Juan Antonio Pérez quien, en una sesión de la Gran Logia Simbólica proclamó, en lo concerniente al fallo de Pike, que los altos grados de su obediencia “no se dejarían avasallar por dicho Ilustre h.·. que parece se abroga poderes que nadie le ha dado y que nosotros estamos muy lejos de reconocerle. Es defecto antiguo del Ilustre h.·. Pike, introducirse en todo, salir de su exclusiva jurisdicción para arreglar las agenas [sic], lo cual le debe producir indudablemente muchos disgustos y pocos beneficios”⁶⁵. Ni que decir tiene, por lo demás, que la emisión del Informe le valió al Supremo Consejo de Charleston, por parte de Pérez, el anatema de la irregularidad⁶⁶.

De otro lado, la postura de la corporación Seoane, el otro candidato descartado por Pike, la dejó clara su principal publicista, Eduardo Caballero de Puga (Moreto). Como cabía esperar, negó que el Gran Oriente de España tuviera cualquier nexo de legitimidad que lo ligara con el fundado por Grasse-Tilly. A este respecto, resulta interesante la crónica que hace del surgimiento de dicha obediencia en 1869, un relato muy similar -en sentido contrario- al que el cuerpo Gravina había hecho previamente de la formación del Grande Oriente Nacional (vid. supra). Caballero de Puga señaló que el Gran Oriente de España había nacido a partir de una intriga fraguada en el madrileño Café de Levante, cuyos protagonistas eran Carlos Mañán y Manuel Pérez Mozo, así como el ubicuo Pedro M. del Castillo⁶⁷. Según Caballero de Puga, tal Supremo Consejo de Mañán no fue sino el fruto de la improvisación y de la pretenciosidad de sus fundadores, los cuales no dudaron en atribuirse una categoría y una antigüedad de la que carecían. Al cuerpo Sagasta, además, lo acusó de emplear torticeramente su notoria influencia, en vez de fomentar la concordia y el desarrollo masónicos.

Caballero de Puga también dedicó parte de sus elucidaciones al Informe Pike⁶⁸. No sin ciertos ribetes de altivez, procedió a rebatir las “ignorantes o calumniosas aseveraciones” contenidas en él, y lo hizo negando la competencia de “un Mr. Pike” y del “tal Centro de Charleston” para juzgar la regularidad de las potencias masónicas españolas. Poniendo en tela de juicio la propia legitimidad del Rito Escocés, rebatió así de raíz el Informe. En primer lugar, y avalado por la autoridad de historiadores como Findel y Ragon, desmontó el mito de la fundación del Grado 33º por Federico II de Prusia y sacó a relucir el papel que en tal asunto correspondiera a Étienne Morin. Acto seguido, refutó las principales señales de identidad del grado 33º: su antigüedad, origen escocés y el concepto de “aceptado”⁶⁹. Así, y tras insinuar que el Rito Escocés no era sino una fábula a mayor gloria de los delirios de grandeza de sus integrantes, arremetió, por falsarios y mistificadores, contra los “hermanos Morin, del Centro de Charleston”, de los cuales era Pike “legítimo sucesor y descendiente”. La conclusión a la que llegaba Caballero de Puga era tajante: dado su carácter espurio, el Supremo Consejo de Charleston carecía de autoridad alguna para resolver cuestiones de legitimidad masónica: “Resulta, pues, para nuestro propósito, que el Centro de Charleston es un falsificador tan ignorante como imprudente, y que solo pudieron prosperar sus invenciones, favorecido por el misterio a que la superstición y las preocupaciones condenaban a la masonería. Basta manifestar este hecho capital, para justificar el por qué no tomamos en cuenta los escritos procedentes de aquella oficina”⁷⁰.

Pese a este menosprecio mostrado por Caballero de Puga, lo cierto es que, entre las virtudes del Informe, cabe destacar la cautela y delicadeza de las que hizo gala Albert Pike, y ello por dos razones. Primero, y como hemos visto, porque, aceptando el argumento del poder fáctico del cuerpo Sagasta como principio de legitimidad, evitó meterse en honduras respecto a la grosera manipulación de datos históricos que, con fines propagandísticos y hagiográficos, habían llevado a cabo las distintas obediencias para tratar de probar su vinculación con el Supremo Consejo instalado por Grasse-Tilly. Y, segundo, porque, en un alarde de modestia franciscana, Pike advirtió que, al pronunciarse, no lo había hecho asumiendo el papel de una instancia superior, sino que había simplemente juzgado para justificar con cuál de las potencias masónicas en liza mantendría relaciones de amistad.

En cualquier caso, el Informe supuso un espaldarazo internacional para el Gran Oriente presidido por Romero Ortiz. Tuvo, así, una repercusión directa sobre los otros tres miembros de la Liga Interconsiliar, formada también -además del de Charleston- por los supremos consejos de Irlanda, Escocia y Grecia. Además, obediencias de otros lugares -Jurisdicción Norte de Estados-Unidos, Francia, República Argentina, Nápoles, Uruguay, Rumania, Grecia, Perú, Irlanda, Escocia, Brasil, México, República de Liberia y Túnez- acabaron también aceptando el Informe de Pike, para indignación de Juan Antonio Pérez, que las declaró a todas al margen de la regularidad, por haber corroborado tal “desbarajuste y atropello del derecho masónico”⁷¹.

No es de extrañar, de otro lado, que, una vez hechas públicas, luchas intestinas tan encarnizadas en el seno de la masonería española fueron instrumentalizadas en su detrimento por el elemento reaccionario. Buen ejemplo de ello son los escritos de Mariano Tirado y Rojas, quien, aireando los ataques de unos contendientes contra otros, los utilizó para desacreditar a la masonería como institución.⁷²

Cabe dudar, por lo demás, si, como esperaba Pike, su dictamen favoreció realmente el desarrollo ulterior de la masonería en España. Más allá de cualquier querella bizantina de legitimidad, lo cierto es que esta acabaría mostrándose incapaz de superar sus dos principales problemas: los embates del elemento conservador antimasónico y el cáncer de sus disensiones internas. No en vano, en 1898, apenas dieciséis años después del Informe, toda esa prosperidad y prestigio de la masonería española que tanto admirara Pike en el cuerpo Sagasta habían prácticamente quedado reducidos a cenizas.

suppl1.pdf (pdf) Informe Pike (1882). Los contendientes efectivos.