Introducción

En el presente estudio, me interesa reflexionar teóricamente sobre el espacio geográfico de las universidades o instituciones de educación superior en la Ciudad de México.¹ Se plantea que una nueva producción de un “espacio libre de violencia hacia las mujeres” está en vías de realizarse, a través de la creación de “escalas de justicia” (Damián, 2016; Fraser, 2008).

Las denuncias por “violencia de género”² analizadas en este artículo como acontecimientos o acciones, fueron desplegadas en las redes sociales y medios de comunicación impresos, radio y televisión. Su alcance desencadenó diversos efectos —en algunos casos— el acceso a la justicia, además de iniciar un proceso de reconfiguración del espacio geográfico de las universidades, en tanto la creación de nuevas escalas de justicia.

El efecto de la denuncia pública de estudiantes y su difusión a través de redes socia- les digitales y medios masivos de comunicación, coadyuva en la formación de escalas de justicia en el espacio universitario, con base en la equidad de género. La posibilidad de reordenamiento espacial depende de la materialización de diversos órdenes reguladores insertos en las escalas espaciales (Swyngedouw, 2010).

En ese sentido, la propuesta es considerar como escalas las instancias especializadas que atiendan el problema de la violencia de género dentro del ámbito educativo, en tanto que son lugares que ordenan el espacio universitario, mediante la legislación y reglamentos, así como la implementación de protocolos, campañas de sensibilización, el presupuesto destinado para las políticas públicas de equidad de género, entre otros factores.

La propuesta conceptual que planteo sobre el espacio universitario retoma la noción de espacio social que se expresa virtualmente (online), como cara a cara (offline); producido a través de la urdimbre de relaciones sociales tamizadas por el género, entre miembros de la comunidad universitaria (Santos, 2000;Castells, 1997; 2014; Sabaté et al., 1995). El espacio universitario es configurado por escalas, que permiten a diversos agentes del campo universitario controlar el ordenamiento espacial por medio de dispositivos del derecho, lo cual supone una lucha política por el control de dichas escalas (Bourdieu, 2000;Fernández y Brandão, 2010;Smith, 2006).

La potencialidad de acción de las redes sociodigitales —como nuevos medios disponibles— que los grupos sociales subalternos realicen presión desde la base y coadyuven en la creación de escalas de justicia, radica en que son herramientas para la transformación social, y su uso es una característica de los recientes movimientos sociales (Castells, 2012; Rovira, 2013). Además de lo anterior, es importante conocer las tensiones y la resignificación que a partir de ello ha tenido la esfera pública y privada. A continuación, me permito mostrar por orden cronológico cuatro casos de denuncia pública, dos de ellos desplegados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2011 y 2013; el tercero en 2014, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el último en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) en 2016.

Violencia de género en universidades de la Ciudad de México

La UNAM, IPN y UAM son instituciones de educación superior, donde se estructura y reproduce la división social del trabajo profesional que servirá como relevo para la fuerza laboral productiva del país, entre otras muchas funciones. Las universidades a revisar son de carácter público, más o menos independientes del Estado, reciben presupuesto gubernamental y aglutinan a miles de estudiantes jóvenes, docentes e investigadores en lugares concretos de la Ciudad de México.³ Dichos espacios están compuestos por diferentes niveles de escalas y lugares, materializados en facultades y escuelas, centros de investigación, cultura y difusión de la ciencia, instancias disciplinarias, entre otras.

El espacio universitario se encuentra organizado, jerarquizado y estructurado con base en el género, de acuerdo a la distribución de la población estudiantil, docente y administrativa; en algunas carreras, disciplinas y cargos de autoridad dentro de la universidad. Sobre la UNAM, un estudio titulado Intrusas en la Universidad de Buquet et al. (2013), expone cifras que muestran una marcada prevalencia de hombres sobre las mujeres en algunas disciplinas “científicas” consideradas como duras, que guardan mayor poder dentro de la universidad y fuera de ésta. El trabajo muestra que los cargos de mayor autoridad son ocupados por hombres, aunque la matrícula estudiantil tiene cada vez mayor proporción de población femenina que masculina. Según el trabajo antes citado, el poco poder y aislamiento que guardan las mujeres universitarias respecto de los hombres se debe a su entrada tardía y reciente en la universidad. El acoso sexual entre otros tipos de violencia de género es también una estrategia del poder masculino para limitar el desarrollo académico o laboral de las mujeres universitarias (Buquet et al., 2013). No obstante, un estudio realizado por De Garay y Miller (2014) en la UAM Azcapotzalco, muestra que la brecha educativa de acuerdo al género se está transformando en favor de las mujeres en el nivel de licenciatura respecto de los hombres.

Las universidades en el mundo, desde su formación espacial histórica, han sido espacios masculinos que nacieron excluyendo a las mujeres (Wright y Weiner, 1988). Afortunadamente, poco a poco la población femenina se ha incorporado de manera progresiva y relevante. Sin embargo, su ubicación y situación respecto de los hombres es inequitativa.

La violencia de género en universidades y centros de educación superior es un dato común, aunque poco aceptado. Considero que las denuncias por violencia de género, hechas públicas por medio de las redes sociales y otros medios de comunicación, han abonado al reconocimiento de la problemática dentro de las universidades mexicanas.

Aunque existen líneas de investigación acerca del fenómeno en diversas universidades del mundo (González, 2013;NUS, 2010;Valls, 2008;Research Report Publication EU-Project [RRPEUP] 2009-2011, 2012;Fernández, Hernández y Paniagua, 2005), se ha estudia- do muy poco el impacto de las denuncias y el movimiento feminista dentro de los recintos educativos en el acceso de justicia.⁴

En la actualidad, se distingue una diversidad de temas que abordan la violencia e inequidad de género en las universidades. La línea más trabajada en México se centra en el estudio de la presencia de mujeres y hombres en las universidades (Carrillo, 2009;Campero, 1999;Bustos y Blázquez, 2003).

Hace poco se realizó una encuesta especializada sobre acoso sexual en la UNAM. Los resultados muestran una considerable presencia de este fenómeno entre el estudiantado, ya que 49.3 por ciento de las mujeres y 27.6 por ciento de sus compañeros respondió haber sufrido por lo menos un acto de hostigamiento durante los dos últimos semestres (Buquet et al., 2013: 304).

Además de los estudios de la UNAM, existen otras instituciones de educación superior en México que también han investigado sobre la violencia de género en sus espacios educativos; entre los que se hallan el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional. Los resultados de una investigación reciente que engloba a las instituciones mencionadas señala que:

Dos de cada diez estudiantes son objeto de agresiones verbales de tipo sexual, uno de cada 20 refieren acoso sexual y uno de cada 1,000 afirma haber sido víctima de una violación; ocho de cada diez son hombres los agresores y aunque es el alumnado quienes principalmente son señalados como agresores, también se identifica a profesores y personal administrativo (González, 2013: 11-12).

Afortunadamente, la preocupación por empezar a mirar los propios espacios es creciente, no sólo con fines de investigación, sino para realizar diagnósticos orientados hacia la intervención y la creación de marcos jurídicos para erradicar este fenómeno (Mendoza, 2011; 2013).

En el plano internacional, los estudios abordan la violencia hacia las mujeres que se ejerce entre los estudiantes que viven en los campus de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra (NUS, 2010;Valls, 2008;Fisher et al., 2000;RRPEUP 2009-2011, 2012). En México, esta veta se ha explorado en la Universidad Autónoma Chapingo, que comparte la problemática anglosajona debido a que el alumnado reside dentro de la universidad (Mora, 2011). Sus hallazgos muestran que la violencia de género presenta un alto índice de incidencia, tanto de la violencia en la vida comunitaria, como en las relaciones sexo-afectivas de los jóvenes.

Por otro lado, se encuentran las investigaciones que se han centrado en el diagnóstico, la intervención y las propuestas de protocolos para tratarla (Valls, 2008). Estados Unidos es pionero en la realización de diagnósticos desde los años ochenta (Wright y Weiner, 1988) y en la implementación de marcos jurídicos para prevenir y sancionarla en sus universidades a partir de 1990. Actualmente, en los países anglosajones existe una estrecha colaboración entre las universidades y los ministerios de justicia (Fisher et al., 2000).

La temática también se plantea en universidades europeas, incluso se construyen convenios trasnacionales en la Unión Europea para abordar la problemática de acuerdo a leyes y tratados en torno a los derechos humanos (RRPEUP, 2009-2011, 2012). Los avances más significativos en la materia provienen de universidades de América del Norte, donde han tomado el liderazgo en la respuesta a la violencia sexual de género y han implementado un conjunto de programas de prevención desde principios de los noventa. Aunque pocas universidades han evaluado los resultados de sus campañas de prevención (RRPEUP, 2009-2011, 2012).

Un trabajo ya clásico sobre el acoso sexual de los docentes hacia las alumnas es el de Wright y Weiner (1988), traducido al español como Las cátedras de la lujuria. En ese estudio, se realizó un análisis integral y profundo del fenómeno. Las autoras explican el problema como parte del reciente ingreso masivo de las mujeres en las universidades norteamericanas, que en sus inicios habían sido espacios masculinos que excluían a las mujeres.

Wright y Weiner identificaron el problema como una resistencia del poder patriarcal de las instituciones para incorporar, en términos de igualdad y equidad, a las mujeres dentro de la vida universitaria. En su reflexión, muestran las prácticas de secrecía y censura sobre el acoso sexual y señalan que la extrema jerarquía entre los profesores y las estudiantes hacía posible el silencio. El estudio es también un trabajo de denuncia y un diagnóstico basado sobre todo en un amplio número de encuestas y de testimonios. Ellas confiesan: “Que los profesores acosen sexualmente a sus estudiantes es un hecho de la vida universitaria que muchos educadores prefieren ignorar, y con silencio aceptar […]. El silencio es parte del problema, la indiferencia sólo conduce a su empeoramiento” (Wright y Weiner, 1988: 11).

Este trabajo enumera y analiza diferentes situaciones de denuncia ante las autoridades que no tuvieron buen cauce, pero también saca a la luz casos de denuncia pública que se llevaron a cabo en juicios y fueron documentados por los medios escritos universitarios y la prensa local. La mayoría de los casos tratados públicamente tuvieron un resultado favorable —a diferencia de los que no traspasaron el ámbito universitario— y sirvieron para que las universidades afectadas hicieran posicionamientos públicos a favor de las víctimas.

Además, el estudio da cuenta de que en los casos exitosos de denuncia pública, las agraviadas habían logrado generar una red estudiantil de apoyo. Incluso se organizaron varias denunciantes y mantuvieron su anonimato con el cobijo de mujeres organizadas (Wright y Weiner, 1988: 56).

Para las personas que han sido víctimas de acoso sexual, la experiencia subjetiva puede ser traumática. Lo cual conlleva la dificultad de decir lo vivido y exigir justicia, por diferentes mandatos culturales que se arraigan en la creencia de que lo personal debe permanecer en el ámbito privado (Mingo y Moreno, 2015). El silencio personal es reforzado con la culpa, miedo y vergüenza, entre otros muchos sentimientos que podrían experimentar las afectadas, además de las reacciones adversas ante las denuncias, como la estigmatización y revictimización (Fisher et al., 2000). Considero que, aunque aún falta mucho por avanzar, algo está cambiando en la subjetividad de las mujeres que, paulatinamente, están rompiendo poco a poco el silencio, y con ello los mandatos patriarcales que pesan sobre ellas.

Debería reconocerse que la falta de denuncias no denota la inexistencia de violencia de género y el silencio es producto no sólo de decisiones individuales, sino también de una política institucional sistemática de negación y silenciamiento que se ha observado en los Estados nación —ante los crímenes de lesa humanidad— y en las instituciones de educación superior ante la violencia de género (Mingo y Moreno, 2014;Cohen, 2001;Feldthusen, 1990;Mclntyre, 2000). Debido a este último motivo, algunas estudiantes, para acceder a la justicia, se han visto obligadas a denunciar el acoso sexual sufrido de parte de profesores mediante redes virtuales y medios masivos de comunicación. Estas formas de expresión parecen ser un fenómeno reciente no sólo en la UAM, UNAM e IPN, sino también en diversas universidades prestigiosas del mundo, como en Yale, Oregon, Princeton, Columbia, Harvard, entre otras.5 Las acciones de protesta visibilizadas en la red y medios de comunicación han sido eficaces para que las estudiantes sean escuchadas y accedan a la justicia.

Redes sociales digitales y espacio geográfico generizado en las universidades

Contrario al sentido común, el espacio universitario no está constreñido a un territorio físico, porque es relacional, realidad material y social al mismo tiempo. Para fundamentar lo anterior, se exponen algunas aproximaciones teóricas de la geografía crítica. De ahí que retomo a autores que se enmarcan en la corriente referida, como David Harvey (2003;2009), Milton Santos (2000), Neil Smith (2006) y Doreen Massey (1995). A pesar de que cada cual entiende el concepto de manera diferente, todos tienen en común haber integrado en sus conceptualizaciones aspectos del espacio social, pero también del espacio como producción social, segunda naturaleza, o materialidad, logrando así, de cierta manera, integrar las ideas filosóficas y de la física sobre el espacio relativo y el espacio absoluto (Smith, 2006).

Grosso modo, la geografía crítica define el espacio haciendo alusión a un sistema relacional entre objetos, los cuales pueden estar fijados, desprender y recibir flujos. Como punto de partida, se propone que el espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acción, que es dinámico y está condicionado por elementos sociales y ambientales. El espacio geográfico puede describirse como:

Los elementos fijos, fijados en cada lugar, permiten acciones que modifican el propio lugar; flujos nuevos o renovados que recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales, y redefinen cada lugar. Los flujos son un resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesa se instalan en los fijos modificando su significación y su valor, al mismo tiempo que ellos también se modifican (Santos, 2000: 53).

De forma similar para Harvey (2003: 241): “Las estructuras espaciales pueden, desde luego, desglosarse en nodos, redes, superficies y flujos”. Si extrapolamos estos supuestos, se diría que el espacio universitario es producido por acciones, resultado de los flujos producidos desde los elementos fijos.

Además, en la producción espacial de la universidad operan las redes sociales que se establecen con base en la comunidad de pertenencia. Al respecto, se propone que el espacio produce y es producido, entre otros flujos, por redes sociales, ya sean de tipo digital o de pertenencia a una comunidad que se vincula cara a cara en la cotidianeidad de los diferentes lugares escolares.

En ese sentido, las redes sociodigitales pertenecen a un estadio de tecnificación que, a través de los fijos u objetos (ordenadores, móviles, entre otros), transmiten los flujos. Ambas interacciones, online y offline, producen un espacio geográfico específico. Al respecto, Santos (2000) considera que:

Las redes son virtuales y al mismo tiempo son reales. Como cualquier objeto técnico, la realidad material independiente de las redes es la de ser una promesa […]. En ese sentido, la característica de la red es la de ser virtual. Ésta sólo es realmente real, realmente efectiva, históricamente válida, cuando es utilizada en el proceso de la acción (Santos, 2000: 234).

Las redes, según Santos, tienen la capacidad de crear, modificar y desaparecer espacios, pues son ellas quienes los generan: “Mediante las redes tiene lugar una creación paralela y eficaz de orden y del desorden en el territorio, ya que las redes integran y desintegran, destruyen los viejos recortes espaciales y crean otros” (Santos, 2000: 235). A pesar de que este autor no menciona explícitamente las conexiones con el ciberespacio, considero que sus contribuciones a la comprensión del papel de las redes sociales se extrapolan a las redes virtuales de Internet. Esto es de vital importancia, porque estas últimas han mostrado gran capacidad para la organización de diferentes movimientos sociales, al ser utilizadas como herramientas culturales y técnicas al alcance de las comunidades políticas, movimientos sociales estudiantiles, grupos feministas, entre otras (Hine, 2004).

Desde otra perspectiva de análisis, Castells define a las redes sociales de Internet como el “espacio de flujos”, que en la nueva era de la información supone la sociedad de las redes globales: “La sociabilidad se reconstruye en forma de individualismo y comunidad en red a través de la búsqueda de personas afines, en un proceso que combina interacción virtual (online) con interacción real (offline), ciberespacio con espacio físico y local” (Castells, 2012: 13).

Aunque acepto el riesgo de que la perspectiva sobre las redes sociales digitales pueda ser ininteligible con la idea del espacio geográfico, desde el punto de vista teórico, considero que el espacio universitario se produce también por medio de redes sociodigitales. Debido a que permite a grupos insertos en la lucha social generar saltos escalares de lo global a lo local, lo cual posibilita la creación de nuevas escalas de justicia. Las acciones que constituyen las relaciones escalares provienen de grupos y personas que cotidianamente controlan los lugares y escalas de la universidad. Por lo tanto, las acciones y fijos que atañen al espacio universitario van más allá de la dimensión material.

Aquí se propone mirar a cada universidad como un espacio total, con diversas escalas que conectan lo global con lo local (Santos, 2000;Swyngedouw, 2010). Las escalas son lugares de poder que hacen posible influir en la toma de decisiones que permiten controlar el lugar, determinar las reglas del juego y tener una perspectiva amplia de los asuntos, conflictos que competen al espacio.

Las redes sociodigitales no sólo forman parte de la producción del espacio, sino que pueden constituir escalas de resistencia y generar mayor presión desde la base, ya sea estudiantil, del profesorado o las trabajadoras, para abonar al proceso de construcción de escalas de justicia.

Por otro lado, para mirar el género a través del espacio universitario, considero crucial retomar algunas de las aportaciones de las geógrafas feministas como Liz Bondi (2005) y Sabaté et al. (1995). La producción del espacio universitario se articula por relaciones sociales con base en la inequidad de género y no se restringe en el espacio material o físico de las instalaciones de las universidades. Según Liz Bondi (2005), uno de los efectos más importantes de la geografía feminista fue alterar las concepciones que se asumen acerca de los lugares de las mujeres y los hombres en las sociedades, las comunidades, organizaciones y relaciones íntimas en las que vivimos y trabajamos. Los espacios están determinados por las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres.

Precisamente en la producción espacial es donde se muestra la división sexual del trabajo y las relaciones asimétricas de poder entre géneros:

La idea directriz radica en que el espacio no es neutro desde el punto de vista de género, lo cual implica la idea de incorporar las diferencias sociales entre hombres y mujeres y las diferencias territoriales en las relaciones de género; las implicaciones de género en la geografía son por lo menos tan importantes como las implicaciones de cualquier factor social o económico que transforme la sociedad y el espacio (Sabaté et al., 1995: 18).

La propuesta de Sabaté y equipo (1995) es vigente para el estudio del ciberespacio de Internet, porque las relaciones sociales producidas en línea no son neutras, sino que están generizadas. La actividad de las redes sociodigitales se construye cotidianamente a través de discursos de género. Para ejemplificar esto, se mostrarán algunas experiencias de agrupaciones de estudiantes de horizonte feminista, en algunas universidades, que han articulado procesos de reflexión y organización mediante las herramientas digitales. Lo anterior también ha funcionado como una forma de presión desde la base estudiantil para constituir escalas, que a su vez intervienen en el reordenamiento del espacio universitario.

Escalas de justicia de género y denuncias en redes sociodigitales

Enseguida se examinará la manera como estudiantes y agrupaciones organizadas que denuncian la violencia de género dentro de las universidades llegan a incidir en la creación de escalas de justicia. Pueden contribuir a su instauración a partir del ejercicio de la organización y protesta social, mediante la visibilización de sus resistencias con las herramientas virtuales, asimismo se estructuran cuando sus demandas son recogidas o incorporadas en la política pública de las instituciones.

Las escalas espaciales actúan en forma de jerarquías articuladas que relacionan las actividades y la forma de entender el mundo. Ahí donde hay organización y poder con capacidad de controlar los lugares, se generan escalas espaciales (Swyngedouw, 2010). De igual manera, para Fernández y Brandão (2010), la escala es organizadora de jerarquías articuladas espacialmente. Identificar las escalas que operan en la universidad es crucial, debido a que la capacidad de apropiarse de un lugar se pone en juego: “siempre se disputa y pelea, en las alianzas, los grupos sociales o las clases que avanzan por una determinada escala espacial darán forma a las condiciones de apropiación y control del lugar y tendrán una fuerza decisiva en las posiciones de poder socioespaciales” (Smith, 2006: 58).

Las instancias de justicia, las direcciones de escuela o facultad operan como escalas que ordenan verticalmente el espacio universitario. Por otro lado, los grupos organizados subalternos mediante sus denuncias y demandas de acceso a la justicia pueden construir “escalas de resistencia” y relaciones escalares provenientes de un proceso de lucha —por el reconocimiento—, para disputar la definición y control del espacio universitario (Olvera, 2012). Las políticas de estructuración escalar se refieren a la producción de las relaciones de poder entre las escalas, configuración que, desde distintos enfoques, está intrínsecamente ligada a una concepción jerárquica (Swyngedouw, 2010).

La asimetría de poder, según Fraser (1991;2008), pone de relieve la existencia de sociedades altamente estratificadas e inscritas en la globalización. Para esta autora, una plena paridad de participación en el debate y en la deliberación pública no está al alcance de las posibilidades reales. Esta imposibilidad es compensada por los grupos subordinados al organizarse y constituirse como públicos alternos. Se ha visto cómo logran ser eficaces las campañas publicitarias y convencer a la opinión pública general, como es el caso del movimiento feminista (Fraser, 1991: 24).

La violencia de género es un término que han introducido las feministas en el debate público, y a partir de ello se han creado nuevas escalas de justicia global, mediante instituciones u organizaciones que construyen y apelan a marcos normativos internacionales para dar solución a las demandas sin salida en el ámbito nacional (Fraser, 2008). La justicia de género necesita de la esfera pública para su actuación y despliegue. Tiene tres dimensiones que la componen: el reconocimiento, la equidad y lo político. La dimensión de lo “político” es entendida en un sentido más específico y constitutivo que remite a la naturaleza de la jurisdicción del Estado y a las reglas de decisión con que estructura la confrontación.

Lo político, en este sentido, suministra el escenario en donde se desarrollan las luchas por la distribución y el reconocimiento” (Fraser, 2008: 41). La autora plantea que el trinomio inscrito en las escalas de justicia ha rebasado los marcos normativos de los Estados, al haber creado nuevos espacios de justicia trasnacional. De ese modo, la estrategia para acceder a la justicia en la actualidad, apela a la formación de nuevas comunidades que logran atravesar las barreras de los Estados nacionales.

El planteamiento de este trabajo propone extrapolar ese análisis en el espacio universitario, debido a que grupos subalternos apelan a escalas de justicia nacional e internacional para modificar el espacio de las universidades. Las estrategias empleadas en la denuncia pública permiten ampliar los márgenes de sus demandas al dirigirse a públicos externos a la universidad, para incidir en la implementación de medidas disciplinarias para sancionar la violencia de género.

Al establecer los criterios de pertenencia social en una comunidad, se determina quién cuenta como miembro en la dimensión política de la justicia específica. Las reglas de decisión de la dimensión política delimitan también el margen de acción, de ahí que: “los procedimientos para escenificar y resolver los conflictos nos dice no sólo quién puede reivindicar redistribución y reconocimiento, sino también cómo han de plantearse y arbitrarse esas reivindicaciones (Fraser, 1991: 42). Las denuncias públicas requieren para su desdoblamiento de un fundamento jurídico que les brinde legitimidad, porque su eficacia depende de la manera en que se presentan ante la opinión pública (Wright y Weiner, 1988).

La dimensión política de la justicia se interesa por la representación en cuestiones de pertenencia y procedimiento. El establecimiento de los límites de lo político tiene que ver con la representación y pertenencia social. “lo que se discute aquí es […] la inclusión o […]exclusión de la comunidad de aquellos que tienen derecho a dirigirse mutuamente reivindicaciones de justicia” (Wright y Weiner, 1988).

Los procesos públicos de confrontación en la justicia están supeditados a las reglas de decisión y procedimientos que los estructuran. De lo anterior, diría que las denuncias públicas son acciones provenientes de reivindicaciones organizadas, que apelan a inclusión en la esfera pública para acceder a la justicia.

Los cambios en la estructura escalar provienen de la presión de grupos organizados que demandan justicia: “La contingencia hace énfasis a una situación conflictiva, que puede dar como resultado la conformación de otras escalas, por ejemplo, ámbitos de la lucha social” (Olvera, 2012: 6). Las escalas de resistencia producen también el espacio por medio de diferentes estrategias de protesta.

Forman escalas de justicia globales las organizaciones internacionales como la ONU, que por medio de dispositivos jurídicos coadyuvan al reordenamiento de espacio. Algunas organizaciones globales de corte feminista han creado diversos instrumentos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y particularmente al de una vida libre de violencia.⁶

Los Estados nación que han firmado esas convenciones se han visto obligados a regular sus leyes nacionales. En México, estos parámetros están inscritos en la Ley general de acceso a una vida libre de violencia en México (2007). De ese modo, se han producido nuevas escalas nacionales de justicia por medio de dispositivos del derecho e instancias especializadas de procuración de justicia, secretarías, instituciones públicas que atienden desde el Estado la violencia de género. Sin embargo, en la mayoría de las universidades de México las escalas de justicia global y nacional no tienen su correlación o expresión en el ámbito local de los centros educativos. Los saltos escalares (jumping of scales) permiten la conexión y relación entre lo global, nacional y local (Smith, 2004).

El trabajo de Damián (2016) propone que la implementación de las leyes globales y nacionales en materia de derechos de las mujeres en entidades locales (como municipios e instituciones públicas), contemplarían un proceso de aplicación de políticas públicas, de la armonización de los marcos normativos, y las acciones de diversos actores implicados. La contribución más significativa de la investigación de Damián (2016) es la propuesta conceptual, originada desde la geografía feminista, sobre la “producción de un espacio libre de violencia para las mujeres”:

En principio, hay que entenderlo como un proceso en el que se llevan a cabo acciones jurídicas, políticas, culturales, económicas, ideológicas y sociales impulsadas desde el feminismo, quien presiona al Estado, para que a las mujeres cuenten con el derecho a una vida libre de violencia, y que con base en este conjunto de acciones cambien sus condiciones de vida, que ante la violencia que viven cuenten con acceso a la justicia a través de un marco jurídico, con base en los derechos humanos de las mujeres, con políticas públicas donde éstas sean las sujetas de atención, en donde las mujeres sean ciudadanas y esté empoderadas (Damián, 2016: 35).

De acuerdo con lo anterior, el proceso de creación de espacios libres de violencia para las mujeres supondría generar escalas de justicia en las instituciones públicas, como es el caso de las universidades, con el fin de aplicar dispositivos que reordenen el espacio. La producción espacial de lugares libres de violencia hacia las mujeres —como horizonte utópico—, tendría que incorporarlos por medio de las escalas de justicia: los derechos humanos de las mujeres en sus legislaciones, protocolos y reglamentos. Los órganos encargados de sancionar y establecer medidas disciplinarias en casos de violencia de género tendrían la potencialidad de constituirse en escalas de justicia.

En ese sentido, la UNAM publicó hace poco un protocolo contra la violencia de género para aplicar políticas públicas en su escala local y designó diversos organismos para recibir las quejas, aunque aún hacen falta realizar ajustes a los estatutos universitarios.⁷ Detrás de las nuevas entidades e instrumentos de justicia hay cinco años de protestas estudiantiles feministas, algunas de cuyas expresiones lograron poner en la mesa de discusión el problema mediante la divulgación de los casos de violencia de género en las redes sociales digitales, que fueron retomados por medios masivos de información (Barreto y Natalia, 2016). Una dimensión de la denuncia pública por considerar es que provienen de un proceso histórico que intenta responder a la injusticia y a la violencia del Estado, desde los movimientos sociales, su eficacia se ha sofisticado y acrecentado en la era global de la información (Rovira, 2013). Este recurso es una nueva arma de los grupos subalternos, aquellos que para obtener justicia deben modificar la coyuntura de fuerza, organizándose para emprender con eficacia la denuncia pública. La incorporación de este recurso por parte de las mujeres agraviadas y su red estudiantil de apoyo ha surtido el efecto de hacer más accesible la justicia de género en la UAM y la UNAM y, por otro lado, visibilizar la injusticia en el IPN.

Diseño metodológico y técnicas de investigación

A partir del objeto de estudio propuesto, se realizaron tres entrevistas y estudiaron dos testimonios (disponibles en línea) de estudiantes afectadas por violencia de género, quienes denunciaron públicamente sus casos para exigir justicia. Además, se analizó una gran amplitud de registros digitales provenientes de cuentas de perfiles públicos de Facebook, pertenecientes a organizaciones estudiantiles de los tres centros de educación superior estudiados.

Se plantea como hipótesis que el despliegue de la denuncia como acción en las redes sociodigitales es un recurso eficaz, no sólo para abonar a la creación de escalas de justicia, sino para reordenar el espacio universitario con base en la equidad de género.

Esta investigación es de tipo cualitativo y se presenta desde un abordaje etnográfico. Las herramientas de investigación utilizadas comprenden desde entrevistas dirigidas, el análisis de información de las redes sociales, notas periodísticas, entre otros. Conjuntamente a la observación participante in situ realizada, se utilizaron recursos como la etnografía virtual y multisituada (Guber, 2001;Hine, 2004). La metodología de etnografías móviles y multisituadas nos brindan algunas guías para explorar la constitución de objetos etnográficos que atraviesan espacios geográficos junto a sus informantes. Tales planteamientos permiten pensar en la etnografía como modo de conocer a través de la experiencia, sin pretender producir un estudio que abarque la totalidad de una cultura.

Los resultados y hallazgos se presentan mediante el análisis de casos organizados en los últimos apartados, y que corresponden a cada uno de los tres centros de educación superior mencionados.

El estudio del caso Noyola

La primera denuncia a tratar se efectúo en el verano de 2011, en la Facultad de Filosofía y Letras,⁸ realizada por una alumna de la carrera de Letras Hispánicas, quien fuera objeto de acoso sexual⁹ de parte del profesor e investigador Arturo Noyola. Aunque se presume que en la UNAM ya ha habido despidos de profesores por “conductas indebidas y daños a la moral”, estos casos no habían trascendido a la esfera pública.

La estudiante Mariana,¹⁰ después de dos años de haber terminado una relación íntima y violenta con el profesor Noyola, denunció las amenazas y hostigamiento del cual estaba siendo objeto. Al preguntarle cuál fue la razón determinante para que se atreviera a romper el silencio, ella contestó: “Él no me permitía titularme, convencía a los demás profesores de que no fueran mis asesores, me acusaba de plagio y de retomar un tema que él consideraba de su propiedad; además, ya empezaba a andar con otra estudiante y yo no quería que ella pasará por lo mismo que yo” (entrevista con Mariana, archivo personal, 2 de octubre de 2014).

Durante su estancia en la FFyL, Mariana fue constantemente intimidada y eso no la hizo denunciar. Lo que la obligó realmente a desplegar la denuncia pública fue la determinación de titularse. Para ello buscó apoyo de profesoras solidarias que ya sabían de la inapropiada trayectoria del profesor como acosador de sus estudiantes y la asesoraron para seguir el debido proceso. Mariana presentó su testimonio ante las autoridades de la facultad y en el Consejo Técnico. No obstante, la respuesta institucional en la facultad no fue positiva, sino más bien de silenciamiento y dilación. Afortunadamente, la estudiante, al hacer público su caso, con la mediación de consejeros estudiantes, por medio de correos electrónicos que reproducían su testimonio, encontró apoyo dentro de grupos estudiantiles feministas. El 8 de agosto de 2011, un grupo de mujeres realizo un escrache en la facultad, acompañadas de periodistas del diario La Jornada. El perfomance fue grabado y se realizó un documental sobre éste, que se difundió en YouTube, blogs y Facebook.¹¹

Dos semanas después de esta acción, el rector destituyó al profesor y se le rescindió el contrato. La polémica y debate en la esfera pública fue muy intensa, pero Mariana en general ganó el consenso y apoyo a su denuncia por parte de la comunidad universitaria. Este caso abrió un paradigma que evidenció los vacíos institucionales y legales para tratar el acoso sexual en la UNAM.

El caso de la Escuela Preparatoria Nacional No. 9

Una estudiante menor de edad de la Prepa 9 interpuso una queja en abril de 2013 por acoso sexual hacia el profesor de física Teodoro Castro Ruiz. Empero, la respuesta de parte del área jurídica del plantel fue pedirle a la alumna recabar pruebas para intervenir:

Fui a las oficinas del jurídico de la Preparatoria y les comenté el caso y me dijeron que no iban a poder hacer nada o levantar un acta, pero normalmente no procedía porque no había ninguna evidencia y que anteriormente ya había otros casos, pero no habían podido pasar a más. Entonces me dijeron que si podía conseguir alguna evidencia quizá sería posible.¹²

La joven siguió la recomendación de recabar pruebas y pidió ayuda a sus compañeros para documentar la agresión dentro del aula. El video fue realizado in fraganti, publicado en YouTube y difundido en otras redes sociales.¹³ El suceso escaló de las redes sociales, a los medios masivos de comunicación, televisión y radio en cadena nacional. El escenario mediático ocasionó no sólo el veloz despido del acusado y la difusión del suceso en las primeras planas de los principales diarios del país y de los canales televisivos. En especial, la nota sobre la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida hacia la UNAM por la violencia ejercida hacia la joven (El Universal, 2013). Ante el escándalo, la reacción de las autoridades universitarias y algunos miembros de la comunidad universitaria fue de negación y suspicacia. No obstante, esto benefició algunas acciones para la implementación de campañas en contra del acoso dentro de la UNAM.

El IPN alza la voz

El movimiento estudiantil del Politécnico en 2014 generó una serie de demandas y logros por parte de los alumnos, entre otras, el acceso a la justicia de género en casos de acoso sexual. En el contexto de las mesas de negociación entre el nuevo director (tras la destitución de la anterior directora en cumplimiento al pliego petitorio) y los representantes estudiantiles de las diversas escuelas, el 9 de diciembre de 2014, una estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias, en una sesión televisada en Canal 11, quien tomó la palabra para exponer su testimonio y exigió la destitución del profesor Álvaro de Jesús Cruz por abuso sexual y de las autoridades que intentaron silenciarla y proteger al docente:

Disculpe, director, por venir a interrumpir. Vengo a hacer una denuncia pública y a exigirle a usted mi seguridad y mi integridad. Desafortunadamente, fui parte de un abuso sexual […]. He ido a todas las instancias, fui con el director, él no ha hecho nada, de hecho, me pidió que desistiera de las demandas que iba a hacer […]. Le exijo a usted la destitución de los profesores, del director, porque sé y tengo el conocimiento de que muchas de mis compañeras están viviendo acoso, hostigamiento y que nos digan que eso es normal, y que nos aguantemos, no es justo.¹⁴

Los representantes de la escuela incluyeron en sus demandas la destitución del profesor. Aunque la participación de la estudiante no estaba en el orden del día, el moderador de la mesa (estudiante) impulsó el tema como prioridad. La intervención de la joven marcó un hecho sin precedentes, con voz fuerte y serena, y un discurso cargado de indignación, señaló a diversas autoridades como cómplices. Después de haber escuchado frente al público la larga lista de agravios que sufrió por parte de diferentes funcionarios del IPN, el director se comprometió, a petición de la denunciante, a atender personalmente el caso. No obstante, inmediatamente le cedieron la palabra a la abogada general del IPN, Adriana Campos López, quien negó las acusaciones sobre las fallas al debido proceso:

Lamento mucho que esto se esté dando en este foro, que no es el tema, pero sí quiero comentar para contextualizar. Lo que ocurrió a la compañera, que no le debió haber ocurrido, que es muy lamentable, no le ocurrió dentro de la escuela, primero que nada. Segundo, cuando acude con nosotros para solicitar apoyo, lo que hicimos es acompañarla al ministerio público para que presentara su denuncia, presentamos un juicio laboral en contra del profesor para destituirlo.¹⁵

Después de exponer sus argumentos, se le cedió la palabra al padre de la estudiante, quien reiteró que “jamás obtuvimos apoyo, lo que expuso la abogada es falso”. Al terminar su airada acusación, la muchedumbre de asistentes comenzó a aplaudir con júbilo, hasta que el director interrumpió para comprometerse en resolver el caso inmediatamente de manera personal, como parte de las demandas estudiantiles contenidas en el pliego petitorio. Sin embargo, a pesar de que la estudiante contó con el apoyo estudiantil, las autoridades del IPN hasta la fecha no han resuelto su caso, ni han implementado medidas para sancionar al profesor señalado por la estudiante.

En la denuncia pública del IPN, la coyuntura del movimiento estudiantil ante la crisis de legitimidad que vivió el Estado mexicano en 2014, empoderó notoriamente a los alumnos y alumnas politécnicos, no sólo para lograr los objetivos de sus demandas, sino para colocar y visibilizar el problema de la violencia sexual en un medio masivo de comunicación, que en condiciones normales es de difícil acceso para los estudiantes. Al otro día del acontecimiento, la noticia se difundió en radio, medios impresos y redes sociales digitales.

El “muro de denuncia el acoso” en la UAM-X

El aumento de la percepción sobre los feminicidios y la impunidad en casos de violencia hacia las mujeres en México desencadenó la indignación de miles de personas en México. Lo anterior se expresó el 24 de abril de 2006 en diversas marchas y acciones en las ciudades más importantes de la república mexicana convocadas por diversos grupos feministas. Ese día confluyeron miles de personas que se aglutinaron en torno al lema de “Vivas nos queremos” (Prakash y Fernández, 2016).

En la Ciudad de México marcharon diversos contingentes estudiantiles que denunciaban la presencia de violencia de género y falta de protocolos para su atención en sus universidades (diario de campo, 24 de abril, Ciudad de México). Un día antes de la movilización nacional, el hashtag en Twitter “Mi primer acoso” fue trending topic o tendencia mundial y se “viralizó”.¹⁶ La magnitud del problema fue evidente ante los miles de testimonios sobre acoso, abuso y violación sexual que fueron divulgados en redes sociales. Un análisis más minucioso de los casos mostraría en qué medida los delitos sexuales tuvieron como escenario de ocurrencia espacios universitarios.

Días después de la marcha denominada “Primavera violeta”, las protestas y denuncias de acoso sexual se extendieron a la UAM-X durante tres semanas (El Universal, 2016). Esa experiencia forma parte de nuevas expresiones juveniles de ideología feminista, que comienzan a ser frecuentes en diversas universidades mexicanas. Sin embargo, por cuestiones de extensión, sólo abordaremos el caso de la UAM.

El lunes 30 de mayo, en los cristales de la cafetería de la UAM-X, diversas agrupaciones estudiantiles instalaron un espacio que invitaba a la comunidad universitaria a denunciar la violencia de género, bajo el nombre de “Muro de denuncias al acoso sexual”. En los días subsecuentes, el mural fue retirado por órdenes de las autoridades universitarias. No obstante, las estudiantes en reiteradas ocasiones volvieron a instarlo y lograron mantenerlo hasta el 8 de junio. En la pared de cristal se exponían denuncias anónimas que señalaban a profesores y alumnos con nombres, frases y situaciones, que tuvieron lugar tanto fuera como dentro de las instalaciones de la universidad (véase Verona, 2016).

Una de las respuestas de parte de la Rectoría fue colocar un cartel por dentro de la cafetería, en el que se hacía un llamado a la comunidad a denunciar conforme al debido proceso y mediante actas administrativas, que debía dirigirse a la Defensoría de los Derechos Universitarios o al Programa “Cuerpos que Importan”. Las estudiantes, no conformes con la respuesta institucional para resolver sus denuncias, organizaron y desplegaron un “escrache”,¹⁷ el 17 de junio de 2016, durante una sesión del consejo. Una semana después de la protesta, la UAM firmó un convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para tomar acciones encaminadas a la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, con la finalidad de realizar modificaciones a la normatividad universitaria para evitar la discriminación de género (NotiEse, 2016).

Esta experiencia nos muestra la capacidad de las protestas estudiantiles feministas de nuevo aliento, para incidir en la creación de nuevas escalas de justicia, con miras a reconfigurar el espacio universitario. Además, da cuenta de la necesidad que tienen algunas estudiantes de divulgar sus testimonios de acoso sexual y de la falta de canales de comunicación y negociación con las autoridades universitarias.

La mayoría de las denuncias presentadas en el muro de las estudiantes no habían sido denunciadas ante las autoridades o ni tenido buen cauce. De ahí que para algunos universitarios éstas fueran formas de difamación hacia los profesores o alumnos sin algún valor o veracidad.

Más adelante abordaré uno de los casos expuestos por las estudiantes en el muro de denuncia, el que mayores señalamientos y reportes de reincidencia presentó. Se trata del profesor de comunicación Roy Meza Baca, quien aglutinó casi una docena de denuncias en su contra, tanto en la UAM-X como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde también se ha desempeñado como docente de la carrera de Comunicación. El caso atrajo la atención cuando una connotada periodista divulgó su propio testimonio de acoso sexual en un diario de circulación nacional (De Anda, 2016). Enseguida salieron a la luz diferentes casos de acoso sexual y violencia escolar provenientes del mismo docente, que fueron efectuados en el transcurso de varias generaciones.

A continuación, presento el testimonio de una de las estudiantes afectadas de la UAM-X por el docente:

Tenemos un profesor que nos dice mongoles, a las niñas nos dice piernudas, que no sabemos. El profe había dicho —Las mujeres, a Los cuarenta años, ya se deberían de morir, porque no sirven para nada, solo para hacer tortas—. Roy repetía continuamente: —A mí me gustan Las piernudas—. Y esta parte de que Las chicas nada más así terminaban La universidad y se iban para casarse con alguien.

Todo el tiempo Lo decía. Era como un discurso muy específico contra Las mujeres. Aunque a todos nos decía que éramos unos buenos para nada, pero era algo muy específico para las mujeres. Era “son piernudas y no sirven”. Se van a casar cuando terminen, van a vender tamales, ese era nuestro futuro, vender tamales o algo así (entrevista con Isabel, archivo personal, 18 de julio de 2016).

La violencia verbal que el profesor desplegaba en sus clases era cotidiana. Además, durante el trimestre, el docente Les aseguraba a sus alumnos que “nunca iban a conseguir empleo o salir de pobres” (entrevista con Isabel, archivo personal, 18 de julio de 2016). EL modus operandi para hacer posible el acoso sexual hacia las alumnas, tenía Lugar cuando el trimestre concluía y se acercaba a La que había elegido para decirle: “Tú no eres como Los demás, eres lista y te puedo ofrecer trabajo. Te doy mi celular, me llamas y ya nos ponemos de acuerdo para tomar un café” (entrevista con María, archivo personal, 19 de julio de 2016).

En el caso de Isabel,¹⁸ La alumna aceptó salir con el profesor porque a Las sesiones la acompañaría otro alumno. Ambos veían como una oportunidad tener experiencia laboral, no obstante, el trabajo no se materializó y en una de Las sesiones de trabajo, que tuvo Lugar fuera de las instalaciones de La UAM en un restaurante, el profesor ejerció conductas inapropiadas hacia la alumna, como a continuación se observa:

Fue cuando me quedé como en shock, porque sí fue como sorpresivo. Aparte había mucha insistencia, estaban escuchando Roy y el chico ése. Como que sí me saqué de onda y ya me dijo: —Yo quiero que tú seas esa mujer, La que esté a mi Lado en este proyecto, que te cases conmigo. Te voy a dar dinero y voy a pagar para que estudies en París—. Y yo Le dije: —A ver, solamente yo quiero aprender de usted profesionalmente, de otra forma no me interesa—. Fue súper incómodo, ya no me acuerdo qué comí. Entonces, así como que se empezó a enojar y estaba muy nerviosa. Me vino a La mente, me va a hacer un escándalo como Los que hace en el salón y todo (entrevista con Isabel, archivo personal, 18 de julio de 2016).

a pesar de que, entre los profesores del área había rumores sobre el comportamiento inapropiado del profesor, como el acoso y las promesas falsas de trabajo para las alumnas, y había sido denunciado por una alumna de manera formal en una ocasión, e informal en varias ocasiones por diferentes estudiantes, el profesor continúa dando clases hasta la fecha.

Conclusiones

El despliegue de la denuncia como acción en la esfera pública puede ser un recurso eficaz para la materialización de escalas de justicia, como la creación de organismos que implementen marcos normativos que permitan sancionar la violencia de género con autonomía.

Los grupos estudiantiles universitarios que sustentan las denuncias públicas mediante las redes sociodigitales, pueden constituirse en escalas de resistencia y coadyuvan en el proceso de producción de espacio universitario libre de violencia hacia las mujeres (damián, 2016).

La presión desde la base puede producir transformaciones tanto en los marcos normativos, como en la creación de escalas de justicia, que son necesarias para reordenar el espacio (bourdieu, 2000;barreto y flores, 2016;fraser, 2008). en ese sentido, las denuncias públicas son expresiones de la lucha por el reconocimiento de la violencia de género (honneth, 1997), para la ampliación de la representatlvidad estudiantil (fraser, 2008).

Las demandas y visibilización de sus testimonios pueden introducir nuevas escalas de justicia, ya que tienen el efecto de modificar el espacio de las universidades, como fue el caso de la uam y la unam. no obstante, en ambas instituciones aún hace falta la apertura de canales efectivos de comunicación y negociación entre el estudiantado y las autoridades universitarias.

El proceso de producción espacial, con base en la equidad de género, aún no es un hecho, porque la creación de nuevas escalas de justicia supondría la apertura de formas de inclusión y participación en las que se inserten y tengan poder de decisión las agrupaciones estudiantiles organizadas. su materialización está pendiente, pero se pueden imaginar horizontes utópicos para la realización de las escalas de justicia.

Los hallazgos presentados muestran que las estudiantes afectadas, al no encontrar respuesta en las instancias pertinentes, se vieron forzadas a explorar otros cauces para resolver su situación. así fue como buscaron redes de apoyo entre estudiantes y docentes, con quienes definieron una estrategia para hacer pública su situación. en los casos presentados en la uam xochimilco y en la unam, las denuncias se difundieron mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en particular de las redes sociales (youtube, facebook, blogs), lograron sumar diversos apoyos que resultaron centrales en la resolución y decisión de las autoridades universitarias, el despido de los docentes agresores, o en la aplicación de protocolos de actuación para atender la violencia de género.

En particular, la denuncia de la menor de edad acosada en las aulas del bachillerato logró espacios importantes de difusión, en medios como la radlo, la televisión y los periódicos. en ese sentido, las redes sociodigitales funcionan como cajas de resonancia para ampliar los públicos a los que se apela la solidaridad y, por ende, abonaría el fortalecimiento de la construcción de las escalas de justicia que reordenarían en espacio universitario.

La intervención de la abogada general del ipn mostró un argumento que casi siempre es esgrimido por las autoridades universitarias, para desatender los casos, eludir su responsabilidad al acusar falta de competencia. este supuesto no se basa únicamente en la legislación universitaria, también es parte de la creencia de que el espacio universitario está limitado al territorio material, a las fronteras de sus instalaciones. esta posición desconoce que el espacio universitario se produce también a partir de Las relaciones asimétricas de poder entre estudiantado, docentes y directivos.

Cabe señalar que, en los nuevos diseños de protocolos para atender y sancionar la violencia de género, como el de la uam xochimilco, se tomen en cuenta el alcance de las espacialidades universitarias, porque muchos de los hechos de violencia sexual se perpetran fuera de las instalaciones de la universidad. lo cual incluye también —aunque no se tocó en es- te artículo—, el acoso sexual entre universitarios que tiene lugar en las redes sociales digitales. •

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Notas