Natividad Gutiérrez Chong, Juana Martínez Reséndiz y Francy Sará Espinoza, Cultura política indígena. Bolivia, Ecuador, Chile, México. México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM , 2015 , 386 pp. ISBN : 978-607-02-6914-1

Si bien existe un consenso acerca de que, desde finales del siglo XX, los pueblos indígenas de América Latina viven un nuevo periodo de organización y movilización, vinculado al reacomodo político que se dio en algunos Estados nación de la región en el mismo periodo, hay diversas opiniones sobre los logros de esta organización de los pueblos y los beneficios que el cambio en los regímenes trajo para ellos. Además, aun cuando en aquel proceso de transformación en los Estados nacionales tuvieron gran importancia las movilizaciones indígenas, en general para la región se mantiene la idea de que éstos no participan de la política y más bien son apáticos hacia ésta. La persistencia de tal percepción se explica, en parte, por la acción que sobre los pueblos indígenas han tenido las políticas estatales de carácter indigenista, que no los dejaba participar de los procesos políticos que les afectan directamente en su forma de vida o que impone formas de organización ajenas a estas comunidades, por ejemplo, los partidos políticos como única forma válida de luchar por su representación política.

Analizar cómo es que en (o frente a) este panorama los pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile y México han construido su propia forma de ver y valorar lo político y de ejercerlo, es decir, de conformar una cultura política propia, es el objetivo de este trabajo. En nueve apartados se revisan a profundidad aspectos como la historia del surgimiento de las organizaciones indígenas en cada país, sus objetivos, formas organizativas y de lucha, la participación de las mujeres, sus demandas principales, los marcos legales para su participación política, las legislaciones electorales de los países, las experiencias de algunos pueblos por construir sus propios partidos y las herramientas o medios que utilizan para comunicar sus objetivos y vincularse con otros grupos.

Todo lo anterior bajo ciertos supuestos metodológicos: que hay que analizar la conformación histórica de los pueblos estudiados, vinculando ese pasado y el de la construcción de los estados nacionales a su acción política actual, por ello la escala espacial de análisis principal es la nacional; que se debe entrevistar a los líderes, pero que, al contrario de como se hace en el común de los trabajos de cultura política, en los que se analizan percepciones y opiniones individuales y no se las piensa como expresiones de miembros y menos aun representantes de una comunidad o un grupo organizado, a partir de ellos se debe pensar la organización como unidad de análisis central, y mantenerse en la mira la diversidad de pueblos; además de evitar generalizaciones que oculten que esta cultura política —aunque al final se plantea en un sentido amplio y general— se construye por la diversidad que la compone.

También se toma como un contexto general del trabajo la acción estatal hacia los pueblos indígenas, no sólo en su faceta indigenista, mediante políticas que siempre buscaron intermediarios para evitar que fueran los propios pueblos los que decidieran sobre sí mismos, sino teniendo en la mira la violencia que los Estados ejercen continuamente hacia dichos pueblos. Todo ello influye en que, de acuerdo con las autoras, para los pueblos indígenas construir organizaciones resulta una manera de fortalecerse y sirve “para incidir en el bienestar y en el interés de sus pueblos […]; es una manera de formular que, al agotamiento del indigenismo como mecanismo oficial, le sucederá una política india cada vez mejor definida en sus alcances y propuestas” (Gutiérrez et al., 2015: 28).

Los pueblos indígenas, entonces, plantean la acción y movilización a través de organizaciones, como una manera de demandar al Estado el reconocimiento de sus propias formas de hacer política, aun cuando no esperen mucho más de aquél. Pero también como una manera de hacer efectivos los derechos que a veces son formulados en las constituciones, pero que en la práctica se violan, como el derecho a la autonomía, que aun con sus varias interpretaciones, dependiendo de las organizaciones, se encuentra vinculado a la posesión de un territorio delimitado.

Como se explica en algunas partes de la introducción, en especial en el segundo apartado, este trabajo es producto de un amplio programa de investigación destinado a la construcción de una base de datos cualitativa y —un aspecto importante y poco frecuente— de acceso abierto, llamada Sicetno. Esta base organiza la información a través de diecinueve ejes temáticos y se divide en dos proyectos: Conflictos Étnicos y Nacionalismos en las Américas (Cetna)¹ y Organizaciones indígenas de América Latina (Orgindal), de esta última deriva este trabajo, el cual es producto de un amplio y bien fundamentado trabajo de campo que duró seis años (de 2006 a 2012).

La selección de los casos incluye países donde se puede hablar de una “refundación” del Estado (Bolivia y Ecuador), con un importante giro hacia el reconocimiento de derechos de los pueblos y su inclusión en la transformación de la idea misma de nación; un país en el que se puede identificar y estudiar las posibilidades de construcción de lo que llaman “partido político étnico” de carácter nacional (Chile) y México, en el que “se valora la historia de activismos étnico y político que está en acción desde los años sesenta” (Gutiérrez et al., 2015: 27), país que muestra una muy superior cantidad de organizaciones estudiadas.

En el primer apartado se definen los principales conceptos que guían el trabajo, cuyo elemento central es el de Cultura política indígena y sus dos componentes: la política indígena y la etnopolítica. Como ya se mencionó, para las autoras, esta cultura política se construye frente o contra los distintos indigenismos, es decir, aquel conjunto de políticas formuladas para excluir a los pueblos indígenas de la toma de decisiones y las políticas públicas, que se enfocaban en su inclusión y homogenización en la sociedad nacional definida desde el centro. Además, por ser países donde el proceso democrático es incipiente o débil, el autoritarismo hacia las poblaciones indígenas es extremo.

Respecto de la cultura política, partiendo de la definición clásica de Almond y Verba, y rescatando posteriores contribuciones (sobre todo desde la antropología mexicana), en este trabajo se define la cultura política indígena como se indica a continuación: “cómo [los pueblos indígenas] ven, actúan y perciben a la política institucional y al Estado, y cómo, a partir de eso, se organizan para contrarrestar los signos de exclusión y autoritarismo, de manera que se evite el intermediarismo” (Gutiérrez et al., 2015: 41). Bajo esta percepción de la política institucional subyacen las violencias ejercidas hacia ellos, al igual que elementos como la corrupción y el clientelismo.

Como la definición denota, la cultura política indígena está dirigida entonces a la formulación y reconocimiento de propuestas propias, pero dentro del marco del Estado nación, buscando que se responda a sus reclamos y libertad para tomar sus propias decisiones. Entonces, señalan las autoras: “Un punto central para entender el activismo político indígena es la identificación de la política india, la ideología y el pragmatismo de los pueblos indios” (Gutiérrez et al., 2015: 37). Por “política india” se entiende la acción que “se desvincula de la acción estatal en torno a sus demandas y objetivos dentro de la apertura democrática existente, es decir, de la soberanía interna del Estado-nación” (Gutiérrez et al., 2015: 49).

Como indiqué antes, en el segundo apartado, Organizaciones indígenas de América Latina (Orgindal), se describe la base de datos de la que surge esta investigación y se presentan algunos datos sobre las organizaciones ahí incluidas. Además de lo ya descrito sobre el origen del proyecto, se menciona que la base completa contiene información de 173 organizaciones indígenas, pero las que se incluyen para el tema aquí tratado son 159 organizaciones, 137 de las cuales se ubican en México, es decir, el 85 por ciento; mientras que las 12 de Ecuador representan el 7 por ciento; las 7 de Bolivia, el 5 por ciento; en tanto que las 3 de Chile son el 2 por ciento. También se detalla su procedencia: por ejemplo, los cuatro estados que reportan más organizaciones en México son Baja California (23, cantidad que las autoras resaltan y derivan de la migración), Oaxaca (20), Chiapas (17) y Guerrero (14).

Para el trabajo de campo se realizaron más de 150 entrevistas directas a líderes de organizaciones. Siete fueron las categorías en las que se agrupó la información: cultura, derechos humanos, jurídica, política, productiva, religiosa y social, que se refieren al área donde estas organizaciones trabajan. Obviamente que estas clasificaciones tienen un fin analítico, aunque en algunos casos resulta fácil saber cuál es el ámbito principal en el que se mueven, sería complicado desligar un ámbito de otro (lo político de lo económico o lo social, por ejemplo), más aún si se piensa en un sentido diacrónico, en el que se tomen en cuenta los posibles cambios en la trayectoria de cada organización, derivados, por ejemplo, de las necesidades que cubre en cada comunidad.

En cuanto a estos temas, se señala que la mayoría de las organizaciones entrevistadas en los cuatro países pertenecen a la temática “política”; también, que la mayoría de aquéllas trabaja en el ámbito regional en todos los países, seguidas de las que lo hacen en el plano local o comunitario y, finalmente, las que se plantean a nivel nacional (solamente el 10 por ciento), dato interesante si se piensa que el trabajo se plantea en la esfera nivel nacional como central. Existen también organizaciones estatales, internacionales y binacionales, aunque sólo se ubiquen para el caso de México.

Un tema importante tiene relación con los años de fundación de las organizaciones. Aquí se observa que, para Ecuador, Bolivia y Chile sus periodos de dictadura fueron importantes para la constitución de organizaciones indígenas. En Ecuador, desde mediados de los ochenta (1986), fue el periodo de mayor constitución de organizaciones. En Bolivia, a finales de los setenta y principios de los ochenta; en tanto que en México fue en los noventa, y en Chile existen las organizaciones más jóvenes, pues la más antigua que las autoras consignan data de 1997. También se detallan los pueblos indígenas representados en las organizaciones, es decir, se menciona que muchas organizaciones son pluriétnicas.

En el tercer apartado se describen las causas de la fundación de las organizaciones. Aquí se muestra que, aun con diferente periodicidad en las demandas y objetivos de de cada cual, los temas identificados como los ejes del movimiento indígena nacional e internacional incluyen aspectos como educación bilingüe, participación política, autonomía, lucha por la tierra, derechos humanos y autogestión agraria.

Así, se exploran los diversos objetivos de las organizaciones y se concluye que hay seis demandas que aparecen desde sus inicios como organizaciones: 1) la defensa de la tierra y el territorio; 2) la protección de los recursos naturales; 3) la preservación y respeto por la cultura, la identidad y la lengua; 4) la oposición a la inversión nacional y extranjera en sus territorios; 5) la inclusión de políticas educativas con enfoque intercultural en los Estados nacionales contemporáneos y 6) la lucha por el derecho a la autonomía y libre determinación” (Gutiérrez et al., 2015: 144).

Partiendo de estos temas y considerando como nodales los ligados al territorio, en el cuarto apartado (“Territorio, territorialidad y autonomía”) las autoras subrayan la importancia que las organizaciones tienen al apoyarse en normas jurídicas para litigar las demandas de la recuperación de la tierra y el territorio.

En este apartado se detallan los objetivos y demandas de las organizaciones indígenas, en las que “se percibe la heterogeneidad en el conjunto de las organizaciones y la unidad en las demandas encontradas” (Gutiérrez et al., 2015: 148). En efecto, se muestra que, mayoritariamente, en México las organizaciones establecen objetivos generales, pero sólo unas cuantas los diferencian y jerarquizan para su acción, en Ecuador y Bolivia las organizaciones establecen claramente objetivos generales y particulares; además, estos objetivos se vinculan estrechamente con la situación política nacional.

Por otra parte, existen otros rubros en los están más estandarizadas las demandas, entre los que sobresalen las referentes a la territorialidad (autonomía y recursos naturales). Un aspecto relevante de este apartado es que, a partir de las estadísticas brindadas por las autoras, se logra dotar de contenido a la idea de territorialidad; y cabe enfatizar esto último cuando se trata del ámbito para los pueblos indígenas, más allá de las teorizaciones al respecto.

Otro elemento relevante común en todas las organizaciones es que cuentan con financiamiento; y entre las que no, también tratan de gestionarlo a como dé lugar; por ejemplo, es el caso de las cuatro organizaciones de México aglutinadas bajo el nombre de Agrupación Política Nacional. Estos aspectos las autoras los desarrollan mediante un fino análisis de las organizaciones incluidas en la base de datos por entidad federativa, lo que ayuda bastante a distinguir las diferencias entre regiones, al menos en México.

Aun cuando en años recientes ciertos temas han cobrado importancia para los pueblos (por ejemplo, los derechos humanos), las demandas relacionadas con la territorialidad se consideran “demandas fundamentales” de las organizaciones, las cuales “declaran sus demandas en función de: 1) la propiedad de la tierra, 2) el control de los recursos naturales, 3) control de patentes y cultivos tradicionales, 4) control administrativo de los centros ceremoniales, 5) delimitación de los territorios indígenas, 6) cambios de las funciones de las fronteras territoriales, 7) el control político sobre el territorio, 8) mapas y representación gráfica del territorio, 8) existencia de la memoria histórica territorial” (Gutiérrez et al., 2015: 175).

Finalmente, el capítulo concluye con la percepción que las organizaciones tienen acerca de sus logros, en donde se resalta que la mayoría ven como una conquista el hecho de trabajar en la organización, la experiencia adquirida, y el poder fomentar la participación política en sus respectivos pueblos.

Uno de los puntos nodales de esta investigación radica en las posibilidades que los regímenes dan a la organización de los pueblos indígenas, asumiendo que es casi inexistente, que más bien abundan los obstáculos; entonces, el análisis de las distintas legislaciones electorales resulta necesario, que es el objetivo del quinto apartado.

Aunque diferentes en sus contenidos concretos, los resultados del análisis de las legislaciones muestran que, en general, no se contempla la participación política directa de los indígenas como sector o grupo particular, puesto que les subsume en la categoría de ciudadanos (individuales) para que ejerzan sus derechos políticos; es decir, no existen formas de representación colectiva con el elemento étnico como un factor diferenciador importante.

Además, si se quiere participar como grupo en procesos electorales, en todos los países estudiados se tiene que hacer a través o en unión con la forma organizativa del partido político, o cuando mucho a través de candidaturas independientes que, al final, deben buscar el apoyo de partidos registrados. Lo anterior es importante, pues lleva a la conclusión de que las imposiciones en temas como el número de militantes y su distribución en el país, así como el aspecto financiero y el hecho de que en ninguna legislación existe la figura de partido político étnico, dificultan bastante la participación de los indígenas. Al final se incluye un anexo sobre el caso Yatama vs. Nicaragua, visto como un ejemplo de lucha por el reconocimiento de la participación electoral de los pueblos indígenas.

En el sexto apartado se analizan las alianzas entre partidos políticos y organizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador. Si bien en otras partes del libro se ha adelantado que una situación general es la desconfianza de los pueblos y organizaciones indígenas hacia los partidos políticos e institutos electorales, aquí esto se analiza no sólo en cada país (por medio de testimonios de las organizaciones entrevistadas), sino que se exponen los argumentos para convalidar esta opinión.

Así, no sólo es cuestión de que los partidos políticos hayan incumplido o manipulado a los pueblos y organizaciones, utilizándolos sólo para conseguir votos, sino que además en esta participación las organizaciones no han obtenido beneficios claros como contraparte, incluso en los casos en que las organizaciones han apoyado a determinados candidatos. Ante esto, los pueblos vuelven a lo comunitario para la búsqueda de sus propios candidatos, y con base en sus formas de organización se plantean alternativas de gobierno local y una democracia basada en la participación.

En un sentido similar, en el séptimo apartado se analiza el caso de México, resaltando (como revela el título) el escenario de gran heterogeneidad que representa nuestro país. Además, ya antes se comentó que, de los países estudiados, en México existen más grupos étnicos, aquí se presentan las diferentes plataformas ideológicas en los partidos políticos y su postura frente al tema indígena. Al igual que en el sexto acápite, aquí predomina entre las organizaciones la desconfianza hacia los partidos, pues la mayoría declara no tener vínculos formales con ninguno, aunque sus miembros puedan participar a título personal.

Así pues, se lleva a cabo un análisis de los partidos políticos mayoritarios (PRI, PRD y PAN), a partir de sus plataformas ideológicas y se muestran algunos testimonios de organizaciones cercanas a dichos partidos. De donde deriva que el que más nexos tiene con estas organizaciones es el PRD, lo que se atribuye al hecho de la cercanía de los pueblos indígenas con las posturas de izquierda. Este partido, junto con el PRI, sí contemplan en sus plataformas elementos dirigidos a los pueblos indígenas, incluso candidaturas, pero ninguno de los dos lo lleva efectivamente a la práctica.

El PAN, por su parte, presenta un vacío casi por completo en este tema, rasgo que las autoras contrastan con el hecho de que es único el partido que tiene una diputada federal electa. Así, los vínculos entre estos partidos y las organizaciones y pueblos indígenas se limitan a la captación de votos durante el periodo electoral.

En el octavo apartado se examinan las experiencias de dos partidos políticos indígenas: uno mapuche y otro triqui. Después de definir que un proyecto de partido político indígena “posee dos características propias: utiliza un nombre étnico y opera en una región determinada” (Gutiérrez et al., 2015: 268), los casos estudiados son el Partido Wallmapuwen, en Chile, y el Partido de Unidad Popular, MULT, en México, dando cuenta en este último caso de su fraccionamiento en el MULT Independiente.

Cabe señalar que hay una vinculación directa, en el planteamiento de las autoras, entre la creación de estos partidos y la construcción de la autonomía. Además, la consolidación de estos partidos va acompañada de la conformación de relaciones diferentes a las que surgen entre los partidos políticos tradicionales. Ello tiene que ver con los motivos de los pueblos indígenas para formar un partido político propio, entre los cuales destacan la búsqueda de representatividad nacional; la puesta en práctica de la libre determinación y la autonomía; la no dependencia a fuerzas políticas externas; y la adecuada configuración de canales institucionales para comunicar sus demandas.

Los numerosos obstáculos a los que se enfrentan tienen que ver con el alcance o impacto que finalmente logran, siendo más bien regional; y en la lucha contra la mala imagen que los partidos políticos en general tienen en sus comunidades, además de la acendrada discriminación que viven en los sistemas políticos locales, los aspectos financieros, entre otros.

El último apartado de este volumen se centra en la “Comunicación alternativa y activismo cibernético indígena”, formas de comunicación pensadas dentro de un conjunto de maneras de comunicarse que los pueblos y las organizaciones mantienen, las cuales incluyen aspectos como la comunicación cara a cara y las asambleas, así como la participación en congresos y otros espacios. Las características de la llamada comunicación alternativa en los países de estudio parten de la falta de espacio en los medios comerciales. Así pues, las organizaciones cuentan con diversos medios de difusión que apoyan su visibilidad y estrategias de lucha, por ejemplo, medios impresos propios, radiodifusoras comunitarias y otras (al menos en el caso de México), con radios oficiales e indigenistas, así como el uso de sitios web y redes sociales.

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las autoras son prudentes al no ver en ello una nueva panacea para la comunicación de las organizaciones y mostrar sus limitaciones estructurales: por ejemplo, que las organizaciones deben contar con gente capacitada en estas TIC, lo que en ocasiones se traduce en una brecha generacional que no siempre se disipa, aunque nos narran casos interesantes al respecto.

Un aspecto que hubiera podido incluirse en esta investigación es la apropiación de las tecnologías por parte de los pueblos indígenas, a través de la utilización de herramientas como el software libre, experiencia que ha permitido a diversas organizaciones indígenas generar programas en sus propias lenguas, además de amoldar los existentes a sus necesidades particulares.

Del análisis de las organizaciones y sus usos de estas nuevas TIC, se muestra que en todos los países las organizaciones las utilizan, además creciente uso de las redes sociales. Pero no todas las organizaciones se han sumado a esta iniciativa. En el caso de México, el estudio identifica que las organizaciones de Hidalgo y Sonora aún no las utilizan.

Otro aspecto relevante es que algunas plataformas ofrecen hospedaje a los sitios web de los pueblos y organizaciones indígenas, aun cuando no sea en sus respectivas lenguas originarias. Como lo revelan dos experiencias en Chile y México, respectivamente: Mapuexpress y Aipin; además de que el uso de estas tecnologías no suple las relaciones físicas, territoriales, pues en muchas ocasiones veces va acompañado de procesos de vinculación con otros grupos y organizaciones con más experiencia en dichas TIC, o que cuentan con más y mejores medios, por ejemplo, el acceso a servidores.

Asimismo, siempre se está mediando entre una forma individual de apropiación y otro social, pero, sobre todo, la comunicación indígena no se resume en sus medios tecnológicos ni en sus hacedores, sino que se identifica por sus objetivos, como revela la declaración de Aipin: “la comunicación indígena […] deberá constituirse como una herramienta que se crea para servir a la reivindicación histórica y cultural de los pueblos” (Gutiérrez et al., 2015: 340).

Finalmente, de las conclusiones generales recuperamos un último señalamiento, ligado a la preocupación por el contexto actual que estos pueblos viven en el continente, en especial el permeado por la enorme violencia del país, señalado desde el inicio del trabajo, con la inclusión de una descripción y pronunciamiento sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Según las autoras, en los tiempos actuales “No existen garantías para que la actividad política indígena se desarrolle en un contexto libre de amenazas, persecuciones, represión, criminalización y autoritarismo del Estado y sus instituciones” (Gutiérrez et al., 2015: 362), cuestión que influirá en las derivas y posteriores desarrollos de la cultura política indígena. •