Introducción

La Visión Africana del Agua 2025 (VAA2025) puede considerarse como un instrumento de política pública de la Unión Africana (UA) que genera, en los círculos oficiales, expectativas de solución a los problemas y conflictos sociales por el uso y acceso al agua en los países africanos. La UA es la mayor y principal organización intergubernamental en África, la cual tiene entre sus metas promover y proteger los derechos humanos de conformidad con la Carta Africana de asuntos políticos, de paz y seguridad, conforme con los Derechos Humanos y de los Pueblos, y con otros instrumentos pertinentes en la materia. Asimismo la UA tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible, la integración de las economías africanas, además de representar una de las voces más importantes de África frente al mundo.

La VAA2025 es parte del proyecto de desarrollo sostenible que promueve este organismo. Su elaboración, según sus autores, proviene y deriva de la observación del importante papel del agua en la lucha contra la pobreza y en pos del desarrollo económico: “todos deben participar en el diseño de nuevos métodos de gestión de recursos en agua de África, para mejorar el uso racional, equitativo y sostenible del agua en beneficio de todos” (United Nations et al., 2003: 3). Se asemeja a la Visión sobre el Agua para las Américas, que fue construida mediante procesos diferentes pero paralelos en Norteamérica, Canadá, Centro América, el Caribe y Sudamérica.

El objetivo de este artículo es identificar y analizar el papel que ha desempeñado la VAA2025 en el acceso al agua para uso doméstico en Mali, en particular en dos distritos de Bamako, la capital. Se parte de la premisa de que la VAA2025 no incorpora la realidad socioeconómica y cultural del acceso al agua en Mali. La problemática observada en Bamako no es exclusiva de esa ciudad; está ampliamente documentado que los mismos problemas aquejan, por ejemplo, a algunas regiones y ciudades de África y América Latina (Diep et al., 2017; Loris, 2012; Peña, 2014; Pigeon et al., 2013).

El documento se desarrolla en tres partes. En la primera se revisa el origen, metas y perspectivas de la VAA2025 y se contrastan con lo señalado por actores clave entrevistados en la sede de la UA, que fueron o son fundamentales para la “implementación” de esa Visión. Para ello se recolectó información sobre la Visión Africana del Agua y sus fundadores, tales como la Comisión de la Unión Africana (CUA), la Comisión Económica de África para las Naciones Unidas (CEANU) y la Oficina del Banco Africano de Desarrollo en Costa de Marfil. Se revisaron los archivos de la UA para identificar y categorizar los actores involucrados en la implementación de la VAA 2025.

El segundo apartado se centra en el análisis de la realidad maliense con respecto al acceso al agua para uso doméstico tomando en consideración la observancia de los derechos humanos. Se realizaron entrevistas con actores clave pertenecientes al Ministerio de la Energía y del Agua de Mali. El análisis se focaliza en dos comunas ubicadas en Bamako, capital de Mali, en las cuales se realizaron observaciones de campo, entrevistas y charlas, que permitieron conocer cómo la población de esas comunas reclama su derecho al agua y saneamiento, considerando que desconocen la existencia de la Visión Africana del Agua 2025. Por último se plantean algunas consideraciones finales.

Origen y metas de la Visión Africana del Agua: análisis crítico

De acuerdo con diversos diagnósticos, África es un continente aquejado por pobreza endémica, inseguridad alimentaria e infradesarrollo, en el que casi la totalidad de los países que lo integran carecen de los recursos humanos, económicos e institucionales necesarios para desarrollar y gestionar de forma efectiva y sostenible sus bienes hídricos. Pero, gran paradoja, según algunos informes elaborados por expertos (United Nations et al., 2003), África tiene grandes ríos, grandes lagos, grandes humedales y agua subterránea en cantidad limitada pero repartida en varias regiones. Una buena parte de estos recursos hídricos se encuentra en la subregión de África Central y en los países insulares. Tiene 17 ríos con cuencas de drenaje de 100 mil km², posee más de 160 lagos de más de 27 km². La mayoría de estos ríos se encuentra alrededor de la región ecuatorial y las tierras montañosas húmedas de África, en el valle del Rift (United Nations et al., 2003).

A pesar de lo anterior, el continente africano presenta serios problemas de escasez hídrica tanto por la disminución de algunos cuerpos de agua y el avance del desierto, como por el agotamiento del agua causada por la contaminación, la degradación ambiental y la deforestación, además de la falta de inversión para facilitar la evaluación, protección y desarrollo de ese bien natural, sumado al inadecuado financiamiento para el suministro de agua y servicios de saneamiento. Entre 1990 y 2025, la población urbana de África se incrementará de 150 a 700 millones de habitantes (Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 2016). El 64 % de los habitantes de las ciudades africanas tienen acceso a agua limpia y el 54 % a servicios de saneamiento; de éstos, 14 % tiene una conexión domiciliaria y muy pocos tienen acceso a una conexión a la red de alcantarillado (UN-Water, WWAP, 2013).

Un porcentaje alto de habitantes de África no llegan al mínimo de veinte litros que necesita diariamente el ser humano, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: se tienen que conformar con 10 litros de agua al día, los cuales muchas veces son accesibles solamente después de caminar durante horas (Organisation Mondiale de la Santé, 2012). Se considera que la cantidad recomendable de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) es de 50 l/hab-día, a esa cantidad debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. Teniendo en cuenta estos parámetros, se acostumbra a establecer una cantidad mínima recomendable de 100 l/hab-día (Morató et al., 2006). Según el informe del PNUD (2006) los habitantes del África subsahariana son lo que tienen menos acceso al agua: 45 % de su población carece de ese servicio en buenas condiciones, y 65 % no tiene saneamiento adecuado. El problema de esta región no es la falta de agua sino más bien la ausencia de infraestructura necesaria para poder canalizarla y tratarla tras su uso.

Es en este contexto que en el primer Foro del Agua celebrado en Marrakech (Marruecos) en marzo de 1997 se pidió a la Asociación Mundial del Agua (GWP) desarrollar una amplia visión del Agua teniendo como horizonte el año 2025. Esta iniciativa resultó en una visión y en un marco de acción. La Visión Africana del Agua 2025 fue la contribución de África a la Visión Mundial del Agua. Se elaboró mediante un “proceso de consulta” en África, dirigido por la Comisión Económica de África (CEA), con el apoyo del Banco Africano para el Desarrollo (BAD) y se lanzó oficialmente durante el Foro Mundial del Agua celebrado en el año 2000 en La Haya (Holanda).

Para hacer frente a los numerosos problemas del agua en África, especialmente relacionados con la coordinación del número creciente de iniciativas en el sector del agua en este continente, se estableció el Grupo de Trabajo de Agua de África (GTAA) (Mwanza, 2003). Se acordó mantener y reforzar un vínculo estrecho para apoyar las metas y objetivos de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Agua (CMASA) y beneficiarse de la plataforma política creada por éste. Se indicó que el Equipo de Tarea debía definir su relación con la CMASA, particularmente con miras a precisar su papel a largo plazo en las cuestiones relativas al agua en África. Se sugirió que el GTAA fungiera como monitor de la implementación de la Visión y Marco de Acción para el Agua en África (United Nations et al., 2003).

La Visión se formó, a decir de sus impulsores, a partir de los resultados de las consultas sobre la “Visión sobre el Agua en África”, realizadas en Gaborone (Botsuana) en noviembre de 1999, y en Abiyán (Costa de Marfil) en febrero de 2000. También refieren que esta Visión se inspira en las conclusiones de los procesos iniciados a nivel subregional en África Austral y África Occidental bajo el liderazgo del Comité Técnico Asesor para África Austral (CTAAA) y el Comité Técnico Asesor para el África Occidental (CTAAO) que pertenecen a la GWP. Algunas instituciones colaboraron estrechamente en su desarrollo, como es el caso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) por parte de la CTAAO. Asimismo, algunas contribuciones provinieron de organizaciones de desarrollo de cuencas hidrográficas, como la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, la Autoridad de la Cuenca del Níger y la Comisión de la Cuenca del Lago Chad.

Esta Visión además se sustentó en las conclusiones de la Conferencia Africana de Política relativa a los recursos hídricos celebrada en Nairobi en mayo de 1999. La Visión tiene dos funciones: la primera es servir como instrumento de desarrollo socioeconómico en África y, la segunda, formar parte de una iniciativa mundial en torno al diseño y desarrollo de una visión global sobre el agua (United Nations et al., 2003). Varias instituciones y países apoyaron técnica y financieramente su desarrollo, como por ejemplo: Holanda, con su Departamento para el Desarrollo internacional (DDI), Canadá, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, UN-Water, la Unión Europea y Japón (Tokyo Internacional Conference on Africa Development).

La Visión aspira, según sus autores, a garantizar la disponibilidad futura del agua en cantidad y calidad suficientes para satisfacer múltiples necesidades a largo plazo. Integra asimismo un plan de acción en el que se definen los pasos principales para lograr sus objetivos, además de incluir el monto de las inversiones y el tipo de instrumentos de evaluación necesarios para su aplicación, así como los mecanismos adicionales para traducir los compromisos en acciones. Señala el documento: “un África donde los recursos hídricos son utilizados y administrados de manera justa y sostenible para la reducción de la pobreza, el desarrollo socioeconómico, la cooperación regional y la protección del medio ambiente” (United Nations et al., 2003: 2).

La realización de esta Visión se basa en: 1) el fortalecimiento del sistema de gestión de los recursos hídricos; 2) la mejora de los conocimientos relacionados con el agua; 3) la satisfacción de necesidades urgentes de agua; y 4) el fortalecimiento de las estructuras financieras con el fin de lograr la visión futura en torno a la utilización, manejo y cuidado de este recurso. Tiene como objetivo “evitar los problemas de agua y crear un futuro en el que el potencial de los recursos hídricos pueda ser aprovechado plenamente para estimular y fortalecer el desarrollo económico y el bienestar social de la región” (United Nations et al., 2003: 1).

Los Estados miembros que proporcionaron datos para el informe 2014, señalan haber satisfecho 24.35 % de los requisitos mínimos de agua en el año 2000, y 26.05 % en 2013. El objetivo era asegurar un aumento de 10 % en el índice de satisfacción de demanda de agua en el periodo 2000-2015. En ese informe se señala que se requiere una inversión de 20 mil millones de dólares americanos al año para satisfacer las necesidades básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, alimentación, energía, así como otros usos económicos, sociales y medioambientales del agua. Asimismo se señala que el abastecimiento de agua debería cubrirse en un 75 % para el 2015, mientras que en materia de saneamiento se debería contar para ese año con 70 % de cobertura, proyectándose para el 2025, 95 % de acceso en los dos rubros (Kwabena, 2009).

La Visión es en realidad un discurso político para los dirigentes africanos y los funcionarios de la UA. Los funcionarios tienen poco conocimiento de la VAA2025 y del papel de la UA en la elaboración de ésta. Algunos la consideran indispensable, pero otros la ven como una trampa para perpetuar la miseria en África, al haber sido elaborada durante las cumbres de los jefes de Estado. De acuerdo con el doctor Rashid Mbaziira, asesor técnico de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en la Comisión de la Unión Africana, la colaboración de funcionarios de diferentes organismos es complicada y depende mucho de los altos mandos. Aunque otros entrevistados no están de acuerdo con esta idea y coinciden en que falta voluntad para llegar a acuerdos.

El profesor Steven Maxwell Donkor,¹ jubilado de la CEA, sostiene que son los países africanos los que no saben sacar provecho de la cooperación internacional por no tener visión ni planes. Señala que todos los países deberían seguir el ejemplo de Etiopía: el único país africano que no fue colonizado y que ha demostrado tener una agenda bien definida con una ruta a seguir. El doctor Donkor sostiene que “sería interesante estudiar cómo Etiopía ha definido su modelo de colaboración con [los organismos de] cooperación internacional y cómo lo ha puesto en práctica. Sin embargo, cada país tiene que elegir el modelo que mejor se adapte a su situación”.

Las prestaciones de GIZ a nombre del gobierno alemán en el sector del agua se extienden a las instituciones intergubernamentales. En África apoya a organismos de la Unión Africana como la CUA, la Asociación Africana para el Desarrollo de África (AADA), las Comunidades Económicas Regionales (CER) y las instituciones técnicas especializadas de la Unión Africana, tales como el CMASA y los organismos de cuenca de río o lago. Las principales áreas de apoyo son la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los compromisos de Sharm El-Sheikh para un informe anual a la cumbre de la UA. Según Canisius Kanangireel, actual secretario ejecutivo de CMASA, “la realización de la SAA² también representa a CMASA en su convicción acerca de la necesidad de darle un uso equitativo y sostenible al agua con miras al desarrollo socioeconómico de África, donde hay un uso y una gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos para la reducción la pobreza, el desarrollo socioeconómico, la cooperación regional y el medio ambiente”.

La doctora Katharina Marre,³ gerente del proyecto dedicado al sector del agua al interior de la oficina de GIZ en Etiopía, explica que a pesar de que la GIZ no estuvo involucrada en la elaboración ni en los primeros años de la aplicación de la VAA2025, su desarrollo ha implicado un reto en términos de priorización de problemas para el sector, tomando a la Conferencia Ministerial Africana sobre el Agua (AMCOW, por sus siglas en inglés) como punto de referencia. Califica al sector del agua en África como poco atrayente para la inversión, en la medida en que ésta no se recupera.

Bajo el liderazgo del gobierno de la República de Ruanda y con el apoyo de la CUA, de CMASA, del gobierno de la República Federal de Alemania por intermediación de la GIZ, y del Banco Africano para el desarrollo, se formuló el “Plan de Acción de Kigali” (PAK) para invertir una suma mínima de 50 millones de euros y extender los servicios de agua y saneamiento a por lo menos cinco millones de personas en diez países miembros de la UA, a saber: Burundi, República Centroafricana, Chad, Lesoto, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Sierra Leona y Sudán.

La Comisión ha desarrollado otras acciones como el African Clean Villages Program o el African Water Leadership Program, entre otros, que en general se proponen el abastecimiento de agua y saneamiento para todos los africanos con miras a lograr los objetivos de la Visión Africana del Agua 2025 y los ODM. La UA pretende movilizar a todos sus Estados miembros para ofrecer servicios de abastecimiento de agua a un promedio de 2 millones de personas y los servicios de saneamiento a un promedio de 4 millones de personas en cada país en el marco de la CMASA durante el periodo 2018-2025.

Las etapas del desarrollo de la Visión y los objetivos que se describen arriba parecen muy claros y lógicos en el papel y resultan medianamente pertinentes. Sin embargo, la realidad es que en la institución dedicada a apoyar la Visión —la CUA—, se sabe poco acerca de cómo ésta fue desarrollada. La mayoría de los funcionarios del departamento a cargo de los problemas del agua, como la directora y la jefa de la división de agua, tienen poco conocimiento de los pasos propuestos para el desarrollo de la Visión. Los funcionarios encargados de los problemas del agua en el departamento se refieren a ésta con incertidumbre, lo cual entraña un profundo problema para que la CUA, en tanto institución responsable de su aplicación, pueda apropiarse de esta propuesta para paliar los problemas de acceso y distribución del agua en el continente africano.

La Visión permanece inactiva, es un documento al que todos se refieren en los mensajes y discursos políticos sin preocuparse en realidad de cómo implementarla. En este sentido es importante destacar que los sistemas de gestión e infraestructura que promueven estas visiones internacionales no son necesariamente los que se requieren en Mali, los cuales, además, para transformarse en realidad necesitan estar acompañados de inversión en infraestructura. El éxito de estas iniciativas está condicionado en gran medida por el apoyo político al más alto nivel de gobierno del país beneficiario. Los aspectos institucionales y de gobernanza, por un parte, y la calidad de los recursos humanos y su organización, por la otra, son —si no más— tan importantes como la financiación y la ejecución de inversiones en infraestructura de agua y saneamiento.

Sin embargo, a pesar de toda la política internacional en torno a la gestión del agua, el respeto al derecho humano al agua y al saneamiento no se encuentra consagrado en la Visión Africana del Agua. En ese sentido, el siguiente apartado se centra en responder la pregunta ¿Puede la Visión Africana del Agua 2025 resolver los problemas de acceso al agua y saneamiento en Mali y contribuir al mejoramiento de la situación socioeconómica en ese país?

El acceso al agua para uso doméstico en Mali: de la VAA2025 a la realidad

En este apartado se busca mostrar por qué la VAA 2025 no refleja los problemas económicos, sociales y culturales asociados con el acceso al agua y saneamiento en Mali. La República de Mali (Figura 1) es un país del oeste de África independiente desde 1960. Su constitución fue promulgada el 12 de enero de 1992 y revisada en 1999. Cubre una superficie de 1 241 231 km² y colinda con Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso y Níger. Su capital es Bamako y está constituida por ocho regiones.

El clima del país varía de subtropical en el sur, a árido en el norte. La mayor parte del país presenta insignificantes precipitaciones (AITEC, 2013), por lo que las sequías son frecuentes. Desde finales de mayo a principios de octubre es la temporada de lluvias. Durante ese lapso de tiempo, las inundaciones del río Níger son comunes. Se ubica entre las latitudes N 17°0′0″ con O 4°0′0″ de longitud y una altitud sobre el nivel del mar de 1 440 metros (Figura 1). Es regado por los ríos Níger y el Senegal. En 2015, contaba con 17 599 694 de habitantes, que significó un incremento de 513 672 habitantes (251 498 mujeres y 262 174 hombres) con respecto a 2014. Asimismo, más del 80 % de la población obtiene sus ingresos del sector rural, ya que la mayoría reside en estas áreas (73.2 %), estimándose la tasa de urbanización en 26.8 %.⁴

La economía de Mali se sustenta principalmente en la agricultura, la ganadería y la pesca. El sector primario es por tanto el núcleo de la economía, el cual depende de las condiciones meteorológicas y de los precios de los productos en el mercado internacional. Este sector ocupa a más del 80 % de la población activa y representa 45 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el sector secundario (industria) representa sólo el 16 % del PIB y el sector terciario (comercio, servicios) 39 % (United Nations et al., 2013). La ganadería, segundo rubro en generación de riqueza, fue gravemente afectada por las sequías de 1972-1973 y 1984, sin embargo posteriormente logró recuperarse.

Figura 1.
Localización de Mali

Mali posee importantes recursos de agua superficial y subterránea, aunque mal distribuidos en el tiempo y el espacio. Los ríos de las cuencas de Mali desempeñan un papel vital en la economía nacional. Sus grandes ciudades tienen un sistema de suministro de agua potable extraída directamente de ríos o de acuíferos. El volumen total de los recursos hídricos extraídos para alimentar a la población del país se estima en alrededor de 107 millones de m³ por año, de los cuales la mayoría proviene de aguas subterránea (UN-Water, WWAP, 2013). La tasa de acceso a agua potable en Mali es de 61 % en las zonas rurales, 69.2 % en el medio urbano y semiurbano, que significan 63 % a nivel nacional. La proporción de individuos con un saneamiento adecuado es del 11.4 % a nivel nacional (Dao, 2014). Los últimos informes sobre Mali destacan los altos riesgos que pudieran derivarse del hecho de que ese país no pueda ser capaz de cumplir sus compromisos frente a los ODM, especialmente en lo referente a la reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, el acceso universal y equitativo a la educación, y la mejora en el acceso al agua potable y saneamiento, uno de los principales retos relacionados con la tasa de pobreza persistente dentro de las familias malienses.

Es importante destacar que la política nacional relativa al agua se configuró a partir de circunstancias y eventos que derivaron en la implementación de sucesivas estrategias y políticas. La gestión de los recursos hídricos a nivel local a menudo ha sido asumida por las instituciones tradicionales y religiosas. La historia demuestra la eficacia que tienen las estructuras legales tradicionales en el uso y la gestión racional de los ecosistemas acuáticos (Saliah-Hassane et al. 2002). En muchas regiones de África suele presentarse, junto con las instituciones modernas, el manejo tradicional de los recursos hídricos, coexistiendo así los dos modelos en un mismo campo (Traoré, 2002). Sin embargo, tomando en cuenta la gravedad de la crisis del agua ocurrida en las décadas de 1970, 1980 y 1990 se ha planteado, por primera vez en muchas regiones de África, la idea de considerar al agua como una mercancía; concepción contraria a los usos y costumbres de las poblaciones (Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de la Santé, 2002).

La legislación y el entramado institucional en torno al agua en Mali

El punto de inflexión ha sido la adopción del Código de Agua, el cual incorpora los principios de la GIRH y cuyo proceso de implementación se encuentra en marcha. En términos jurídicos, el decreto 92-0731 P-PCCT del 14 de febrero del 1992 de la constitución maliense, en el artículo 15 estipula: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano. La protección, defensa del medio ambiente y la promoción de la calidad de vida son un deber para todos y para el Estado”. El régimen jurídico de protección de los recursos de Mali se estipula en la ley 90-17AN-RM del 27 de febrero de 1990, cuyo propósito es garantizar la protección, uso, desarrollo y conservación de los recursos hídricos.

La mencionada ley define al agua como propiedad del Estado y especifica que los individuos, comunidades, empresas públicas y privadas sólo pueden adquirir derechos sobre su uso, asimismo reconoce y garantiza los derechos de uso consuetudinario de las aguas del dominio público y establece requisitos para preservar el medio ambiente y la calidad del agua. La aplicación de esta ley no tuvo gran éxito debido a su falta de idoneidad con el contexto actual de la descentralización. La ley 95-034 del 27 de enero de 1995 sobre el código de las colectividades territoriales descentralizadas, provee al Consejo Municipal, entre otras, la responsabilidad de definir las políticas de creación y gestión de servicios públicos en las áreas de saneamiento, así como la provisión de agua en las áreas rural o urbana.

La estrategia nacional de desarrollo de suministro de agua y saneamiento en zonas rurales y semiurbanas fue adoptada por el gobierno en marzo de 2000 y dio lugar a la resolución interministerial 003267/lo-MEATEU-MATCL-FEM-SG del 22 de noviembre de 2000. La ordenanza 0020/P-RM del 15 de marzo de 2000 se refiere a la organización del servicio público de agua potable. La ordenanza 0021/P-RM del 15 de marzo de 2000 se refiere al establecimiento del reglamento de la Comisión de electricidad y agua. Dada la falta de adaptación de la ley 90-17/AN-RM que fijaba el régimen de agua en Mali, se consideró necesario revisarla a fin de integrar en ésta la descentralización, la satisfacción de las necesidades básicas y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Para este fin se promulgó un Código de Aguas (ley 02-006 del 31 de enero de 2002), el cual establece los cimientos para una nueva regulación del sector del agua y de las estructuras legítimas a cargo de la gestión de los recursos hídricos. Establece el principio del dominio público hidráulico y explica las condiciones de manejo y protección de los recursos hídricos en función de los derechos y obligaciones del Estado, de las autoridades locales y los usuarios. Además, aboga por el establecimiento de un fondo para el desarrollo de servicios públicos de agua y crea un Consejo nacional, Consejos regionales y locales, así como Comités de cuencas para emitir opiniones y formular propuestas sobre gestión de los recursos de agua y proyectos de desarrollo.

El Código de agua vigente toma en cuenta los principios fundamentales de la GIRH (subsidiariedad, consulta y participación de todos los actores, y uso de herramientas económicas y financieras para la gestión de los recursos sostenibles de agua). En otra parte, la Política Nacional de Aguas de Mali adoptada el 22 de febrero de 2006 establece el enfoque sectorial basado en los principios de la GIRH y las orientaciones estratégicas hacia las que se dirigen los esfuerzos para el desarrollo del sector del agua en particular.

El decreto 02-498/PM del 5 de noviembre de 2002 fija las atribuciones específicas de los miembros del gobierno. El marco institucional del sector del agua en Mali otorga un papel central al Ministerio de Minas, Energía y Agua. Las misiones de la DNA definidas en la Ordenanza 99-014/P-RM del 1 de abril de 1999 establecen en su artículo 2 que “la Dirección Nacional del Agua tiene la misión de desarrollar elementos de la política nacional de agua, la coordinación y el control técnico de los servicios regionales, subregionales y servicios relacionados que contribuyen a la aplicación de la política”.

Una de las dificultades de la DNA es la falta de recursos económicos y humanos. La evaluación actual del personal existente indica que están laborando 216 de un total de 508 que deberían estar contratados de acuerdo a lo previsto en el marco orgánico de 2017. Las vacantes representan 81 % de la parte orgánica de la DNA, pero la brecha es particularmente pronunciada para los servicios descentralizados, con 90 vacantes no cubiertas en las Direcciones Regionales de Agua (DRA). Esta problemática no está por resolverse pronto, a lo que se añade el hecho de que en los próximos cinco años, más del 70 % de los funcionarios de la DNA se jubilarán, según revela el doctor Diakité, jefe de la División de normas y reglamentación. El Ing. Bouaré, funcionario de la DNA, explica: “Nosotros tenemos nuestra agenda, en lugar de ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos ellos llegan con otros programas y siempre quieren confiar los trabajos a consultores extranjeros a pesar de que Mali tiene agentes y empresas locales especializadas en ejecutar esas acciones”.

En contraste el Estado maliense sostiene que, sin ayuda externa, no puede obtener el capital (humano y financiero) ni las tecnologías necesarias para el desarrollo y explotación de su potencial hídrico. En este sentido, diferentes políticas se han puesto en marcha para atraer la inversión extranjera. Esto crea problemas en muchos niveles: las inversiones transnacionales aumentan en gran medida los problemas relacionados con el acceso agua, el país es altamente interdependiente en el campo del agua y los problemas de distribución de agua se incrementan. En tal sentido, el artículo 66 de la ley 02-006 del 31 de enero de 2002 sobre el Código de aguas establece las disposiciones relativas a los órganos de gestión de los recursos hídricos y consagra los principios de participación y consulta. En virtud de lo anterior fue creado el Consejo Nacional del Agua (CNA), que es de naturaleza consultiva.

El CNA es la estructura establecida a nivel nacional para una gestión coordinada del agua que involucra al Estado, a las autoridades locales, al sector privado y a la sociedad civil en sus diferentes componentes. El CNA contribuye en la definición de la política nacional en torno al uso y manejo del agua, incluyendo el Plan de acción de gestión integrada de recursos hídricos, los programas anuales de las estructuras de gestión de las cuencas hidrográficas o de intervención de acuíferos, las leyes y regulaciones esenciales en el ámbito del agua o que tienen un impacto significativo en la gestión de este recurso. Sin embargo, la existencia del CNA a pesar de estar consagrada en los documentos oficiales y en los discursos políticos de ese país, no se ha podido institucionalizar desde 2002.

Ahora bien, la Sociedad Maliense de Patrimonio de Agua Potable (SOMAPAP) es una sociedad del Estado creada por la orden 10-039 P-RM del 5 de agosto de 2010, cuyos estatutos fueron aprobados por el decreto 10-462 P-RM del 20 de septiembre de 2010. Esta Sociedad asegura la gestión física, financiera y contable de los activos de propiedad y derechos del agua urbana. Debe movilizar los fondos para hacer grandes inversiones (infraestructuras de captura, almacenamiento, transporte de agua potable). Gestiona y desarrolla el patrimonio del agua urbana en el perímetro concedido, asegurando la programación de las inversiones con la colaboración de la DNA, la gestión y ejecución de proyectos (investigación y evaluación), la recaudación de fondos, el servicio de deuda, así como investigar el equilibrio financiero del sector. Asimismo garantiza la gestión de proyectos de rehabilitación, renovación y expansión de infraestructura, así como para nuevas construcciones.

En octubre de 2010, tras la reforma institucional de los sectores de electricidad y agua potable, se creó la Sociedad Maliense de Gestión de Agua Potable (SOMAGEP) como la segunda empresa abocada al manejo del agua. Su misión es asegurar la gestión técnica y comercial del servicio público de agua potable en el perímetro de 18 centros urbanos. Las otras localidades fuera del perímetro de la concesión son gestionadas por los municipios, los cuales delegan parte de sus funciones a operadores privados o a asociaciones que prestan asesoría sobre servicios hidráulicos. El contrato de concesión determina los derechos y obligaciones del Estado y de la SOMAPAP, define los objetivos de la SOMAGEP, así como los criterios de desempeño que deben respetar. De enero de 2011 a hoy en día, entre sus actividades se pueden m encionar, entre otras, la producción de agua, que creció de 89.6 a 97.1 millones de metros cúbicos, es decir, 8.4 %. Las ventas de agua pasaron de 65.1 a 73.4 millones de metros cúbicos, los usuarios conectados a la red de agua aumentaron de 123 026 a 174 752, un aumento significativo del 42 %, y las ventas aumentaron de manera constante, pasando de 19.6 a 23.5 millones de francos CFA (SOMAGEP, 2014).

El doctor Traore, de la SOMAGEP, sostiene que el agua producida y distribuida por SOMAGEP cumple con los estándares internacionales de la OMS e indica que: “El laboratorio ejecuta cotidianamente su programa de pruebas en las diferentes etapas de su proceso de tratamiento (decantación, filtración y desinfección), incluido el domicilio del consumidor final. Así que tenemos tiempo para remediar cualquier desviación observada durante las diversas etapas de procesamiento (…) Independientemente de nuestro autocontrol, controles más estrictos también se realizan en todas las áreas cubiertas por el SOMAGEP y laboratorios del estado, entre otros, el Laboratorio Nacional de Salud y el Laboratorio Nacional de Aguas”.

El ingeniero Diallo, director de obras de la SOMAGEP, sostiene: “Apelamos a la indulgencia de la población para que esperen la puesta en marcha de la nueva estación de Kabala que pondrá fin al sufrimiento de las poblaciones en términos de agua potable en Bamako”. En su opinión, la estación de Kabala va reducir de manera considerable el problema de acceso al agua de Bamako, sin embargo todo parece indicar que la población está condenada a no tener agua de manera constante. Los cortes son permanentes y éstos no se reflejan en el importe de la factura del agua. Los hogares, privados de agua potable por varias horas al día, están sujetos a facturación iregular.

Por otro lado, el Decreto número 03-586/P-RM del 31 de diciembre de 2003 fija la organización y la gestión del Fondo de Desarrollo de Agua (FDA). El Fondo está compuesto esencialmente por subvenciones estatales, donaciones y préstamos, la asignación de multas impuestas a los contaminadores y los colectores, así como la totalidad o parte de productos de regalías sobre los recursos hídricos y de gestores delegados. Sin embargo, en realidad, nada se ejecuta en el esquema implementado. El Fondo tiene simplemente una existencia teórica. Entre los principales retos que enfrenta es la alta falta de pago de las tarifas de agua por los contribuyentes. Un colaborador del Fondo responde que 99 % de los contribuyentes ignoran incluso la existencia de dicho Fondo.

Abrumado con tantos desafíos, el Fondo es de hecho incapaz de llevar a cabo las tareas que se le asignen, es decir, proporcionar asistencia técnica para fortalecer la movilización de los recursos hídricos y sistemas de saneamiento en áreas prioritarias; ayudar a mantener buenas estructuras hidráulicas de trabajo, redes de suministro de agua potable a centro periurbanos y a los sistemas de saneamiento colectivos e individuales; prestar asistencia para el establecimiento de programas de emergencia en las instlaciones modernas de provisión de agua y sistemas de saneamiento en las zonas rurales y periféricas; apoyar laboratorios de agua en su análisis sobre la calidad del agua, hacer frente a la contaminación del agua subterránea y los recursos hídricos en Mali; y, por último, ayudar al gobierno en la gestión de parte de los recursos dirigidos al financiamiento de proyectos.

El Secretario Ejecutivo del FDA, Mady Diabaté, señala que el Estado debería haber colaborado en la consolidación de la estructura en la etapa inicial, un apoyo limitado a una delgada línea de crédito (unos 9 millones de FCFA⁵), denominado “apoyo para el funcionamiento de la secretaría ejecutiva del fondo de agua”. Los poderes públicos también deberían otorgar a través de la SOMAGEP 30 millones de FCFA, que representan 10 % del importe total de la operación de las instalaciones hidráulicas, que asciende a 300 millones al año. Según una fuente, la propiedad y la administración de esta cantidad pagada por SOMAGEP también es objeto de una disputa entre departamentos. Diabate sostiene que el FDA es como un anillo, ya que: “los contribuyentes se niegan a ejecutar. Todos muestran un documento que se supone que le dispensa su deuda y ninguna fuerza administrativa está ahí para obligarlos a pagar”. En su opinión, el decreto que establece el FDA no ha creado estructuras responsables para la administración del Fondo, es decir, una Secretaría ejecutiva con un marco orgánico.

Lo descrito anteriormente es el estado actual que guarda la administración pública del agua y el entramado institucional para la gestión y saneamiento del agua. Desde este marco se impulsa la aplicación de la Visión Africana del Agua 2025 en Mali. Ante esta situación, el gobierno se comprometió, a través de diversos proyectos y programas, como política urgente, a cubrir las necesidades de agua de la población y las relativas a la producción agropecuaria del país con el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo. Durante los últimos 40 años, diversas estrategias sectoriales han sido aplicadas y significativos recursos financieros y humanos han sido invertidos para el desarrollo del sector del agua.

Estos progresos si bien son importantes para el gobierno maliense, no deben ocultar las dificultades y problemas del sector, ya que la realidad está muy lejos de alcanzar los objetivos de la Visión Africana del Agua 2025. En este contexto, el gobierno de Mali consideró necesario unirse a la cooperación internacional a través de consensos para poner en práctica un enfoque que parecía innovador para la gestión del agua, denominado Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). La cooperación internacional contribuye con 5 076 millones de dólares en promedio por año, 85 % de la financiación total, sobre todo en términos de inversión, lo que significa que el sector del agua es principalmente financiado con recursos externos (préstamos o donaciones para el Estado). Los términos de apoyo y las ganancias de los acreedores varían dependiendo de los acuerdos.

El señor Fafré Camara,⁶ embajador de Mali en Etiopía, a pesar de su poco conocimiento de la Visión, señala que el apoyo de la cooperación internacional es indispensable para alcanzar los objetivos trazados en ésta, sin por ello dejar de reconocer que nada es gratis en los apoyos internacionales. Los funcionarios de la DNA tienen una visión diferente de la cooperación internacional, ya que todos reconocen que los patrocinadores socios de la cooperación internacional son quienes hacen mover el sector del agua y saneamiento en Mali, sin embargo, también representan una fuente de problemas y conflictos. Destaca que desde la adopción de la VAA2025 a la fecha, la deuda nacional del país ha crecido, aunque de acuerdo con los funcionarios de la DNA no es posible especificar su monto, ya que el agua y su saneamiento están a cargo de dos ministerios distintos.

La realidad de Mali está lejos de la VAA2025. En las ciudades pequeñas y medianas se cuenta con fuentes de agua de libre acceso (pozos, manantiales, arroyos, etcétera), o bien con pozos que funcionan con bombas manuales, legado de los proyectos de agua del pueblo. Sin embargo, la demanda se está dirigiendo gradualmente hacia sistemas que ofrezcan un mayor nivel de servicio. La gestión de los servicios de agua en las ciudades pequeñas durante mucho tiempo ha sido dominada por los comités de gestión (o asociaciones de usuarios) y los servicios técnicos del Estado. Los comités de gestión establecidos desde hace veinte años se organizan en asociaciones con personalidad jurídica. En ausencia de una autoridad local, es bajo el amparo de una asociación que los residentes de una localidad pueden gestionar “colectivamente” el servicio de agua y llegar a acuerdos con el Estado o con el sector privado. Por contar con personalidad jurídica, las asociaciones pueden contratar proveedores y, posiblemente, hacer frente a las instituciones bancarias.

En Mali, el servicio estatal a cargo de los servicios de agua confió el mantenimiento y operación de las instalaciones a un grupo de la comunidad (asociación de usuarios del agua). Las asociaciones u organizaciones no gubernamentales financian, construyen y operan sistemas de agua potable, a veces al margen de la estrategia nacional. Así, de hecho, el Estado transfiere responsabilidades sociales y económicas a los municipios, que son de interés directo de la población local y que pueden manejar a su nivel. Sin embargo, la división de funciones entre las asociaciones de usuarios existentes y los operadores privados son “controvertidas” respecto a las tareas de planificación y la implementación de programas de inversión, operación, mantenimiento y obras de renovación.

Los servicios técnicos del Estado han proporcionado durante mucho tiempo una amplia gama de funciones, incluyendo la gestión y ejecución de obras (por ejemplo, perforación), así como las actividades de mantenimiento. Hoy en día, los servicios técnicos han comenzado a reorientar sus actividades en torno a las tareas básicas, tales como la gestión de los recursos hídricos, la definición de normas y reglamentos, la financiación y gestión de proyectos de inversión (la mayoría financiados por la ayuda internacional). En el contexto de la descentralización, los servicios regionales podrían evolucionar hacia un papel de apoyo técnico a las autoridades locales.

Esto implica un gran compromiso y participación del Estado. Se ha mostrado que no todo es miel sobre hojuelas, que existen claras diferencias entre el decir y el hacer. La VAA2025 parece ser un mecanismo para reducir el porcentaje de personas que carecen de agua potable y saneamiento, pero en la práctica, cuando menos en Mali, deja mucho que desear, como se muestra en los municipios III y IV de la ciudad de Bamako.

El acceso al agua en el distrito de Bamako

Bamako (río de caimanes), es la capital política y administrativa de la República de Mali. Se encuentra a orillas del río Níger y es divida por éste en dos partes (Figura 2). Tiene una superficie de unos 250 km², que aumenta rápidamente con la urbanización. Está dividida en seis municipios y cuenta con una población total de aproximadamente 2 090 100 habitantes (Ministère de l’urbanization, 2014).

Figura 2.
Mapa de Bamako

Los municipios III y IV del Distrito de Bamako (Figura 3), están situados en el lado izquierdo del río Níger, y tienen sus particularidades: el primero es céntrico y está conformado por las primeras colonias de la cuidad de Bamako, mientras que el otro es semiperiférico. El municipio III cubre alrededor de 23 km², 27 % de la superficie de Bamako y tiene una población de 119 287 habitantes distribuidos en 20 colonias (Keita, 2009). Es uno de los municipios dotados de mejor infraestructura. El sector terciario (administración, comercio, servicios) es muy desarrollado y aquí laboran un número significativo de personas. Abarca el centro de la ciudad y tiene la particularidad de recibir casi un millón de personas al día (Doussou, 2009).

Situado en el oeste de Bamako, el municipio IV tiene una superficie de 37.68 km², es decir 14.11% del área del distrito de Bamako. Es ocupado por una población de 300 085 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 4.4 % y una densidad de 7 964/km² (Keita, 2009). Está conformado por nueve colonias (Hamdalaye, Lafiabougou, ACI 2000, Sibiribougou, Kalabambougou, Talko, Djikoroni-Para, Sebenikoro, Lassa) que son entidades separadas unas de otras por su forma de arreglo y forma de vida.

Figura 3.
Ubicación de los municipios III y IV

Las áreas periurbanas del distrito de Bamako, en general, y las de los municipios III y IV, en particular, enfrentan una fuerte explosión demográfica y una urbanización descontrolada. Esto crea una fuerte demanda de servicios urbanos básicos, en particular en cuestiones de agua y saneamiento. Los dos municipios enfrentan serios problemas de acceso al agua, siendo casi similar la situación en la zona urbana que en la periférica. La urbana recibe agua potable gracias a la distribución de las redes de la SOMAGEP, pero esta red tiene muchos problemas de corte en temporada de calor. La zona urbana de algunas colonias del municipio IV se abastece a través de distribuidores ambulantes de agua o a través de pozos (bombas manuales, tanques eléctricos y solares).

El suministro de agua potable para los hogares en el distrito de Bamako y sus alrededores es principalmente de la red de suministro de agua de la SOMAGEP. La cobertura actual de agua potable no está determinada con precisión. Según la SOMAGEP la tasa de cobertura es del 63 % (SOMAGEP, 2014), lo cual contrasta con lo estipulado en la VAA2025 para las zonas urbanas. A pesar de la disponibilidad de recursos alternativos, el problema del agua en los barrios y en todo el distrito es aguda, especialmente durante la estación seca, lo que se suma, por las condiciones climáticas, al aumento en el consumo de agua en la red, lo cual genera desequilibrios en la distribución y a su vez provoca una caída de la presión del líquido para los usuarios, que pueden llegar a esperar durante horas para obtener el servicio. Esta situación contrasta con las declaraciones políticas, según las cuales “enormes esfuerzos” han sido realizados para afrontar la escasez. La señora Ascofaré Nia Fatoumata Dicko, de la Dirección Nacional de Saneamiento y Control de Contaminación y Daños (DNSCCD), señala que el acceso al agua potable es un problema importante: “necesitamos un cambio en el comportamiento de la población, no es por ignorancia de las leyes, sino por falta de civismo”.

Las diversas consultas realizadas con los habitantes han confirmado que el siministro y administración del agua es un problema importante para ellos. Las preocupaciones planteadas por la población se refieren a la dificultad en el acceso al agua y la mala gestión, a las dificultades para movilizar la participación financiera de las personas en el desarrollo y gestión de puntos de toma de agua, así como a las características a veces insuficientes de los pozos. La señora Kadiatou, ama de casa, expresa “no todo el mundo tiene los medios para perforar un pozo. En las fuentes públicas que venden agua potable a 10 o 20 francos un cubo, también somos víctimas. Si las personas carecen de agua en el hogar ¿cómo van a vivir? ¡Imposible! No es un problema de recursos. ¿Cómo el estado o SOMAGEP no pueden satisfacer las necesidades? Sigue siendo decepcionante. Nosotros los malienses vivimos mal”.

Existe en la zona una gran diversidad de modos de suministro y distribución de agua. Los carritos de agua son los medios de transporte más utilizados por los hogares. Latas (a menudo de 20 litros) son los principales recipientes para almacenarla. En la zona periférica el acceso al agua es más difícil. Las instalaciones de la SOMAGEP casi no funcionan, la población extrae agua de pozos a través de bombas manuales o con motores eléctricos, pero nada garantiza la calidad de esta agua, los pozos se someten a un examen de calidad de agua sólo después de su perforación. Diversos pozos presentan agua con un color muy poco aceptable por la población.

Por ejemplo, el señor Diakité, habitante de la colonia, señala: “cuánto sufren nuestras mujeres para recoger agua, el color de ésta hace que sea muy difícil consumirla y decir que estamos en Bamako, quién lo puede creer”. Mariam, líder de un grupo de mujeres, por su parte dice: “En nuestro barrio hace más de un año que los grifos están sin agua. Los que tienen algo de dinero para pagar los contenedores de agua suministrados por los carreteros, la compran y les sirve para, al menos, tomar y preparar alimentos (…) pero los pobres dependen del agua de pozo y la utilizan para todas sus necesidades. Es triste que en el centro de la ciudad nos falte el mínimo vital que es el agua”.

En algunas colonias que tienen una instalación de la red de SOMAGEP, el agua está disponible de dos a tres de la mañana y de cuatro a ocho de la tarde, por lo que las mujeres pelean para aprovisionarse de agua del tanque que se alimenta de dos pozos que abastecen siete fuentes de agua para las tomas. Según Daouda Sidibé, presidente de una asociación civil y responsable delegatorio del municipio, el problema de acceso al agua de la población se debe a la demografía de la colonia y a la incapacidad técnica del tanque para abastecerla, ya que cuando se instaló el tanque, la población era de 300 habitantes y hoy son más de 6 mil.

Todos los entrevistados están de acuerdo en que, para terminar con los problemas de agua y saneamiento en estos dos municipios, se necesita inversión. “La gente es demasiado pobre y se necesitan subvenciones” señala la señora Awa Diarra, vendedora de comida en la calle. “El problema es especialmente el silencio de las autoridades, nadie habla de la cuestión del agua. Es como si ésta no existiera”, exclama Binta, ama de casa. “El alcalde y la autoridad de supervisión juegan a la ‘política del avestruz’. La primera chispa del daño será incalculable”, señala por su parte Aliou, un carpintero.

Actualmente los usuarios soportan gran parte de la inversión y los costos de remediación. Las capacidades fiscales de los municipios son muy limitadas y están creciendo muy lentamente. Las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de acceso al agua, porque la mayoría de sus tareas están relacionadas con esta área. En el África subsahariana, las niñas y las mujeres pasan 26 % de su tiempo diario recolectando agua (CARE France, 2014). La falta de saneamiento básico es una de las principales causas de deserción escolar de las niñas. Las instalaciones de agua aligeran el trabajo de las mujeres, les ahorra tiempo, permitiendo que las niñas vayan a la escuela, lo cual contribuye a reducir las desigualdades de género. Esto también ocurre de manera reiterada en los municipios III y IV.

La construcción, gestión y mantenimiento de fuentes de suministro de agua potable y saneamiento son parte de los objetivos de varias asociaciones civiles de los municipios III y IV. Promueven nuevas técnicas y procesos que constituyen cambios en las representaciones, modos de hacer y organizarse. Los usuarios de los pozos no están encargados del mantenimiento, lo cual significa que no son responsables de los gastos financieros en trabajos, reparaciones, dragado, etcétera. Cuando los pozos son cofinanciados por sus principales usuarios, se posibilita que se puedan fijar las reglas, escritas u orales, que son necesarias para realizar los procedimientos que determinan la asignación de responsabilidades para su mantenimiento.

La cultura y la tradición afectan el comportamiento de la población en torno al agua, como bien económico o social. Algunas creencias culturales y tradicionales pueden oponerse a la asignación y al uso racional de los recursos hídricos o la preservación de la calidad del agua. Sin embargo, en casi todas las culturas y las tradiciones malienses, el agua es el bien más sagrado, el más popular y respetado, así como venerado por su papel místico en la preservación de la vida en la tierra (Tabard, 2010). En interés de la buena gobernanza en el Mali tradicional, las comunidades han buscado establecer estructuras institucionales para la operación y protección de los recursos hídricos. El dicho “a nadie se le niega el agua”, se ve reflejado en la cultura y las costumbres de la población de los municipios III y IV; una muestra de lo anterior es que, frente a la mayoría de las casas, se colocan cántaros con agua para cualquier persona que desee beberla.

Comentarios finales

A 18 años de la adopción de la Visión Africana del Agua 2025 por los jefes de Estado de la Unión Africana, se han creado cinco programas tendientes a desarrollar los propósitos allí consagrados, todos ellos tendientes a mejorar la calidad de vida de aquella población con altos niveles de vulnerabilidad y precaria situación socioeconómica; sin embargo, hay que destacar que estos programas existen sólo en el papel. El análisis de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas permite, en primera instancia, concluir que existe poco conocimiento por parte de los diferentes actores en cuanto a los propósitos, programas y postulados de la Visión Africana del Agua 2025. Es evidente la escasa participación de los entrevistados en los espacios de discusión sobre las problemáticas que permitirían definir las necesidades primordiales a atender y la presentación de propuestas para la inclusión de acciones y programas dentro de los planes operativos tendientes al desarrollo de la política pública en esta materia.

La falta de apropiación de la Visión Africana del Agua 2025 en Mali es notoria. Los documentos de planeación se parecen mucho y la Visión es retomada en la política nacional y en otros documentos oficiales, pero en el contexto de su aplicación se ve muy diferente. La evaluación general de políticas y programas relacionados con el agua revela que no se tomaron en cuenta aspectos como la consulta, la diversidad de usos y funciones, manejo de cuencas, datos sociológicos, las realidades económicas, etcétera. Además, se observa la falta de un enfoque coordinado de las políticas en otras áreas y sectores del desarrollo, lo que se suma a la limitada capacidad financiera de Mali para contribuir significativamente a la financiación de las obras del sector del agua.

El entusiasmo plasmado en los documentos de la VAA2025 contrasta con la realidad. La Visión permanece inactiva. Es un documento al que todos se refieren en los mensajes y discursos políticos sin preocuparse de cómo aplicarla. La población de Mali e incluso algunas entidades representativas del gobierno local, no tienen claridad sobre los objetivos perseguidos por aquellos programas, tampoco sobre las dependencias encargadas de ejecutar las acciones para llevarlas a cabo y, en algunos casos, sobre los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la respectiva postulación, lo que evidencia la existencia de una gran desarticulación entre los encargados de cumplir la función pública en esta materia.

Así, se constató que, a nivel local, el gobierno de Mali tiene varios desafíos como la falta de legitimidad de los líderes elegidos, la falta de participación de los interesados, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos, que se traducen en la ineficacia de la acción pública. En cuanto a la ciudad de Bamako y en especial a los municipios III y IV, se encontró que éstos enfrentan desafíos enormes, tales como la falta de infraestructura y de organización pública sanitaria, la acumulación de comportamientos riesgosos de la población y el crecimiento de la población, que lleva a una situación crítica en términos de higiene.

Toda esta problemática se debe a la falta de 1) conocimiento de todas las partes interesadas, incluidos los consumidores, sobre el tema del agua; 2) compromiso político por parte de las autoridades locales y parlamentarios en la democratización del acceso al agua; 3) articulación entre organismos públicos; 4) una política en torno al agua que tenga en cuenta las realidades socioculturales de Mali; y 5) el establecimiento de un fondo de agua. Es posible que la consideración de estas falencias y su eficaz resolución contribuirán a dejar de considerar este tema como marginal.

Por otra parte, es importante recordar que ningún país con recursos limitados, como es el caso de Mali, está exento de problemas en el tema del agua y saneamiento, por lo que se necesita un fuerte compromiso de las autoridades para mejorar la situación a nivel nacional y regional. El agua y el saneamiento deben ser prioridades nacionales, lo que implica la creación de unidades de intervención con personal capacitado, así como la aplicación de normas y la participación de todos.

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Notas

Información adicional

Ana Minerva Arce-Ibarra: Editora asociada