Introducción

El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación más amplio que se centra en la recuperación de las prácticas sociales en torno al uso y manejo del agua en comunidades indígenas nahuas de la región Montaña Baja del estado de Guerrero, en el sur de México. Si bien el tema de la violencia no había sido considerado como uno de los ejes de nuestro interés, nos percatamos, en cada estancia de trabajo de campo que realizamos en las comunidades que, en los últimos cinco años, este aparecía como una constante imposible de obviar, pues además dificultaba la inserción en las comunidades ³. Es claro que esta situación no es exclusiva de la región en estudio, ya que se puede observar en gran parte del territorio mexicano. La realización del documental de Victoria Novelo y Andrés Villa, “Trabajo de campo en tiempos violentos” (2011), da cuenta de la gravedad de la situación. Justamente, en dicho material audiovisual se plantean algunas de las dificultades implicadas en el desarrollo de la investigación directa.

Cuando señalamos que las comunidades son trastocadas por la violencia, nos referimos básicamente a las formas en que el crimen organizado se ha insertado en los municipios de estudio, provocando adicionalmente a las pérdidas humanas, la alteración de las diversas actividades económicas, sociales, productivas, rituales, entre otras. Así, se ha debilitado el tejido social, la organización interna e, incluso, los vínculos familiares. Sin embargo, los pueblos han demostrado que su tierra y territorio –entendido este como espacio vital de la comunidad– tienen que defenderse y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo en él, cuando sea posible. Este hecho se convierte, por tanto, en un acto desafiante de resistencia al cual se suman otros que detallaremos más adelante. De esta manera, la experiencia de los nahuas de Guerrero se relaciona con la de otras comunidades originarias de América Latina que han resistido y se han organizado sin esperar el apoyo de los gobiernos que no responden a las demandas de seguridad de su ciudadanía. Recordemos el caso de las rondas campesinas en el Perú que hicieron frente a la insurgencia y contrainsurgencia que azoló a comunidades quechuas andinas y de la región amazónica.

La información obtenida se basa en la observación participante, lo cual ha implicado compartir la vida cotidiana con las comunidades, recogiendo testimonios de las vivencias a partir de entrevistas abiertas y conversaciones. Estas resultaban dolorosas, pues muchos de los testimonios referían a las implicaciones que la violencia ha tenido en la vida personal y comunitaria de los sujetos sociales de ese entorno. También se revisaron fuentes periodísticas, las cuales son abundantes, investigaciones especializadas e informes de organismos nacionales e internacionales sobre la violencia y sus efectos en México y, específicamente, en la región de estudio.

Si bien la producción bibliográfica relacionada con la violencia reciente en Guerrero no es tan abundante, sí existen importantes reflexiones acerca de cómo “la crisis de los cultivos tradicionales, la pobreza extrema, la precariedad de la justicia y corrupción gubernamental, abonaron el terreno para la expansión del crimen organizado en Guerrero” (Illades, 2014, p. 2). En este marco, el ensayo se centra en el análisis micro social para mostrar el proceso de irrupción de la violencia en el ámbito de lo cotidiano, asunto que ha sido poco explorado. A la violencia reciente se suma la de tipo estructural, donde intervienen diversos actores, que ha marcado la historia de Guerrero, al respecto Carlos Illades señala:

la cadena histórica de este estado está tejida durante el último siglo, en eslabones que se unen en ciclos de movilización –represión– autodefensa. El territorio de Guerrero ha sido marcado con cicatrices de los enfrentamientos con caciques, del surgimiento de levantamientos armados, de la conformación de guerrillas y de las represiones y masacres solapadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque en este estado el fuego es atizado por el rezago social y la estabilidad política casi nula (Illades, 2014, p. 4).

En este sentido, la violencia se define a partir de diversas variables y circunstancias que implican desigualdades sociales e injusticias, así “la violencia física es sólo una de las facetas del concepto, que incluye la pobreza, la represión y la alienación” (Arostegui, 1994, p. 26). A partir de lo señalado, organizamos el trabajo en tres ejes: 1) el contexto geográfico e identitario de la región de estudio, 2) la importancia del ámbito de lo cotidiano en las comunidades nahuas, con énfasis en el modo de vida porque es fundamental para entender el proceso de reproducción social que implica contemplar las historias e influencias de los procesos precedentes en el momento actual, así como la interacción y las relaciones primordiales (parentesco, compadrazgo y amistad). Por ello, dedicamos un apartado para mostrar la relación entre vida cotidiana-reproducción social e identidad; 3) finalmente, reflexionamos en torno a cómo la violencia pone en riesgo la subsistencia y la existencia de las comunidades. No obstante, a pesar de la situación de riesgo y de las pérdidas, los nahuas mantienen la esperanza de que las cosas mejorarán en sus territorios, fortaleciendo así el valor de la cosmovisión, del sentido de pertenencia y el arraigo a lo que se considera propio, aspectos que dan sentido a la vida en tiempos adversos.

Ubicación geográfica de la región

El estado de Guerrero se localiza en el sur del país y está compuesto por siete regiones: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y 81 municipios reconocidos oficialmente hasta octubre de 2014. La Montaña es una de las siete regiones en las cuales se divide dicha entidad. Se encuentra al noreste, tiene una extensión de 700 km2 y cuenta con 19 municipios donde, aproximadamente, el 60% de sus pobladores son indígenas pertenecientes a tres grupos étnicos: mixtecos, tlapanecos y nahuas. Esta región se considera como la de mayor rezago económico y social de la entidad, ocupa un lugar destacado por los altos índices de marginalidad de sus municipios y, aunque no es posible caracterizarla de manera aislada o fragmentada, conviene reconocer diferencias a su interior. Por lo tanto, creemos que si bien las comunidades elegidas, pertenecientes a la Montaña Baja, mantienen una unidad cultural que las identifica con otras que forman parte de la Montaña Media y de la Montaña Alta, también se pueden observar aspectos que la diferencian.

Como hemos mencionado, los municipios de Zitlala y Chilapa donde hemos centrado nuestra atención desde hace varios años pertenecen oficialmente a la región Centro del Estado; sin embargo, desde el punto de vista geográfico, en la zona oriente del municipio de Chilapa da inicio la región Montaña. Los municipios mencionados se caracterizan por su alto porcentaje de población indígena, basta mencionar que Zitlala posee un 99% de población nahua.

Los elementos comunes de la identidad de los pueblos de la Montaña Baja se encuentran íntimamente ligados a la comunidad entendida “como espacio vital donde, a partir de la vida cotidiana, se tejen las relaciones políticas, económicas y familiares. La permanencia a lo largo del tiempo de la identidad étnica y cultural está vinculada de manera muy estrecha con el funcionamiento de ciertas instituciones sociales y políticas” (Good, 2005, p. 39). La agricultura es la actividad económica de más trascendencia, en su mayoría de temporal. Las primeras lloviznas comienzan a caer entre mayo y junio por un período corto de cuatro o cinco meses.

Sin duda, “el maíz es la base de la dieta campesina y juega un papel importante en la conformación de la cultura regional” (Martínez, 2005, p. 171). Su consumo representa dos terceras partes de la dieta diaria de los indígenas de la región, por eso mantienen un fuerte apego a la agricultura de temporal. Esta ocupa un lugar sobresaliente en el simbolismo y en los mitos de creación del maíz y del agua, en particular, los rituales agrarios que celebran la asociación ser humano-maíz como actividad primordial.

Es a través de los rituales agrícolas en la región en su conjunto, que se garantiza la reproducción de la comunidad. Estos son mecanismos fundamentales de control social, de ajuste fundado en derechos y obligaciones cuyo cumplimiento asegura el buen funcionamiento y garantiza la reproducción de la estructura social.

Las comunidades de la Montaña mantienen una vida ceremonial compleja y etnográficamente muy rica. En las fiestas de cada pueblo se puede observar una asistencia recíproca de los pobladores locales como de los pueblos vecinos; además, las autoridades civiles y religiosas se organizan para mantener representaciones de sus comunidades respectivas en las fiestas patronales de las otras comunidades. Estas delegaciones oficiales pueden incluir los siguientes elementos: la banda de música, toros y jinetes, danzas tradicionales, autoridades religiosas, una réplica del santo festejado con encargos y limosna, los jueces o comisarios y otras autoridades civiles con obsequios de flores, alcohol, cohetes, cerveza, cigarros, etcétera, para sus cooficiales. Se considera que estas delegaciones representan a las comunidades de donde provienen, por eso la decisión de enviarlos, o no, se adopta en la asamblea de ciudadanos. El pueblo que recibe a los enviados adquiere la obligación de corresponder. En la práctica, esa correspondencia no es muy estricta, pero es tomada en cuenta cada año al decidir si un pueblo se solidariza con la fiesta de algún vecino. En términos generales, esta relación se entiende como un intercambio recíproco.

La cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas se manifiestan también en la simbología lingüística, en la concepción de la relación ser humano-naturaleza que se encuentra imbuida de un profundo misticismo y religiosidad e involucra todas las instituciones de las sociedades indígenas: la familia, las ceremonias religiosas, el gobierno y las relaciones productivas (Codazzi, 2005, p. 29).

Mapa 1.
Ubicación de los mu nicipios de Chilapa, Zitlala y Acatlán
Villela, 2008, p. 121

En la imagen anterior, se observa el Mapa 1 donde se ubican los municipios de Chilapa, Zitlala y Acatlán. Se observa la cercanía con la capital del estado, Chilpancingo.

Vida cotidiana y modo de vida

Como hemos perfilado líneas arriba, para las comunidades indígenas de la Montaña, es en el ámbito de lo cotidiano donde se sustentan actividades que proyectan necesidades, además, en este se observan comportamientos y costumbres que pueden parecer, ante la mirada externa, repetitivos o intrascendentes, pero para los sujetos sociales que las viven y recrean son determinantes para la concreción de la conciencia social del grupo.

En las comunidades nahuas se desarrollan las siguientes actividades: el trabajo en el campo, la ganadería en pequeña escala, la construcción de casas, trabajos comunitarios y actividades recreativas como el fútbol y el básquetbol. Las mujeres se dedican principalmente al trabajo doméstico que consiste en la preparación de la comida, elaboración de tortillas dos veces al día, el mantenimiento de la casa, el lavado de la ropa, la crianza de los niños, entre otras labores.

En la comunidad de Acatlán, municipio de Chilapa, las mujeres cosen y bordan blusas, rebozos y faldas de telar de cintura e hilos de seda para su venta. También se encargan de la crianza de los animales domésticos (pollos y puercos) y participan en la cosecha de garbanzo, flores, frijol, maíz y camotes. Agreguemos la elaboración de velas y veladoras que en esta comunidad es relevante, pues en los talleres se emplea mano de obra local y esto disminuye los períodos de migración temporal hacia el norte del país. El resultado de esta producción no solo es para el consumo local, pues se vende en otros lugares del Estado, contribuyendo al desarrollo de una de las actividades básicas que distingue a sus pobladores de otros: el comercio. Además de las velas y veladoras, se distribuyen camotes, flores y textiles, entre otros productos.

Para los nahuas de Acatlán transitar por los caminos de la montaña, de la costa, incluso, de la sierra, por la vía del comercio, era una actividad cotidiana que, hasta hace no mucho, representaba una forma de ingreso seguro, pues con su transporte llegaban a las comunidades más apartadas. A donde arribaban, instalaban sus puestos con toda clase de mercancías: comestibles, ropa, zapatos, cobijas, enseres domésticos, bisutería, entre otras, adquiridas en los mercados más grandes de las ciudades de Puebla, estado de México y la Ciudad de México. Su espíritu aventurero y su tradición migratoria los ha llevado a controlar la compra-venta al mayoreo de algunos de los productos mencionados y a potencializar lo producido en su comunidad.

En Zitlala, donde el nivel de acceso a los bienes de consumo industrializados es menor, dado el escaso ingreso económico de la mayoría de la población, las fiestas como las bodas, los bautizos, las primeras comuniones, proveen de alimentos especiales. Los vínculos como el compadrazgo o las redes familiares hacen que la comida se comparta no solo con el que asiste a la fiesta porque, a menudo, se dona una porción de carne, mole, tamales o pozole para el resto de la familia.

Otras actividades presentes en la vida cotidiana de las comunidades son la asistencia a la plaza del pueblo para comprar flores para el altar familiar, acarrear agua de la pila (pequeña especie de fuente donde se almacena agua dulce) para tomar, intercambiar conversaciones con los vecinos y familiares. Una práctica que, en general, comparten las comunidades nahuas es el trabajo o tequitl, como un eje ordenador de su vida cotidiana y de su pensamiento como pueblo. Los nahuas de la región consideran el trabajo como algo que trasciende la subsistencia, porque forma parte de la vida diaria y esta no se entiende sin él; en cada una de las etapas de la vida comunitaria e individual, el trabajo es relevante y está asociado a las fiestas, ceremoniales, rituales de nacimiento, a la vida y a la muerte.

Cada actividad, que implica una forma de subsistencia, es trabajo; sin embargo, aunque implica un esfuerzo, no se entiende como un acto obligatorio, sino como parte de la vida cotidiana, por eso, se asume con responsabilidad y seriedad, pero también con beneplácito. Así, ir al campo a desyerbar la parcela, acarrear agua, concurrir al mercado dominical para vender o comprar, cuidar a los animales, elaborar los alimentos particularmente las tortillas, son actos que implican la posibilidad de permanencia de una forma específica de ser y de vivir, tal como lo señala, para los nahuas del Alto Balsas, Catherine Good:

Es importante enfatizar aquí que la conceptualización del tequitl revela una alta valorización cultural del trabajo y de la experiencia corporal misma del trabajo, a diferencia de la perspectiva occidental. En la sociedad nahua local, trabajar en la comunidad no es una carga onerosa y desgastante en sí, –no obstante que la vida de los pueblos sí requiere de mucho trabajo físico agotador– … Por otra parte hay que subrayar que la amplitud de su concepto de tequitl permite reconocer las contribuciones de todos los individuos en la comunidad. Esto favorece las aportaciones específicas de las mujeres, los niños y los ancianos y tiene implicaciones importantes para la construcción cultural de la persona y para las relaciones de género. Desde la perspectiva nahua el trabajo nunca puede ser un fenómeno individual, uno no trabaja solo ni para uno mismo sino siempre comparte el trabajo con otros. Al trabajar se transmite la fuerza o la energía vital de la persona que trabaja hacia los que reciben los beneficios de su trabajo; a la vez como miembro de la comunidad uno siempre recibe los beneficios del trabajo de los demás (Good, 2005, p. 730).

De esta manera, por ejemplo, las fiestas, son días de integración comunitaria para descansar y celebrar la alegría de la vida, también son mecanismos de integración comunitaria que implican un esfuerzo colectivo. Tal es el caso de la preparación de la comida, el arreglo de la iglesia, la elaboración de los cohetes y toritos e, inclusive, participar en una danza implica un esfuerzo de resistencia, pues, durante los tres o cuatro días que dura una fiesta, las personas participantes no descansan más que para dormir algunas horas. Su obligación es presentarse en la casa del mayordomo, en el templo, en los recorridos por la calles, lo mismo sucede con los músicos que acompañan a las danzas. De esta manera, la vida ritual y festiva de las comunidades nahuas expresa “esa forma denominada mesoamericana de concebir la vida, en donde todos los objetos naturales y los productos culturales se ordenaban en diversos planos y niveles del universo, [y que] aún se percibe inscrita en la mentalidad de los pueblos indígenas actuales” (Montero, 2010, p. 9).

Esta breve descripción de la vida cotidiana y el modo de vida de los nahuas de Acatlán y Zitlala, nos permite considerar cómo el acontecer diario adquiere una importancia fundamental para cada uno de sus miembros. Por eso, como señala Heller, la vida cotidiana es la dimensión fundamental de la existencia social porque incorpora “el conjunto de actividades que caracterizan las reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción social ... En toda sociedad hay pues una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad” (Heller, 1972, p. 72).

La vida cotidiana es, por lo tanto, el fenómeno universal presente en toda sociedad en la que se desarrolla y expresa la reproducción social. Se trata del cúmulo de actividades que realizan las personas en determinadas condiciones sociales para vivir y seguir viviendo, representa la dimensión social central en la que todo individuo desarrolla su personalidad y pone en acción todas sus capacidades intelectuales, afectivas y emotivas. En la vida cotidiana, actúa con todo lo que es y como es, según lo señala Heller, la vida del ser humano entero. En ese sentido, la reproducción asegura la existencia, la subsistencia de la persona, al proporcionar elementos para el control y manejo de su ambiente físico y social, estructurando su vida comunitaria y sus posibilidades de interacción. Así, se asegura la continuidad de los usos y costumbres, las normas y los valores vigentes en esa sociedad; sin embargo, esto se puede alterar con la irrupción de nuevas formas de violencia que, con frecuencia, alteran el tiempo, el espacio y las prácticas sociales.

La transgresión de la vida cotidiana

En la región de estudio, los últimos años han estado marcados por conflictos causados, en gran parte, por la fuerte presencia del narcotráfico y de grupos delictivos en territorios comunitarios. Esta situación ha propiciado que la siembra y trasiego de enervantes ponga en riesgo de manera permanente los derechos territoriales de los pueblos y genere desplazamientos. Gilberto López y Rivas explica la situación:

Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del “problema del narcotráfico” es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo y el ejército es cómplice de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia (López y Rivas, 2015, p. 1).

Es importante destacar la relación que el autor establece entre los intereses económicos en la región, los cuales trascienden la centralización de la presencia de los grupos de narcotraficantes y, además, la complicidad del ejército y de los grupos paramilitares. Esto implica entender la complejidad inherente al tema de la violencia en la región de estudio. Ahora bien, esto no significa desdeñar que en el estado de Guerrero opera el mayor número de carteles de la droga, nueve para todo el país: “las organizaciones están presentes en 23 entidades. Guerrero es la entidad con más presencia de carteles –con cuatro–, lo que lo ha ubicado como una de las entidades con mayor violencia y número de ejecuciones a escala nacional” (Ramírez, 2014, p. 7).

En la zona de Chilapa se han denunciado más de 30 casos de desaparecidos, tras ser interceptados por grupos de hombres armados. Asimismo, en las comunidades cercanas se han descubierto numerosas fosas clandestinas. Estos hechos infunden fuerte temor entre la población que se encuentra en un permanente estado de indefensión al ver cómo su espacio de desenvolvimiento, que consideraban tranquilo y pacífico, se ha difuminado; quienes tienen la posibilidad de marcharse, lo hacen, pero hay quienes no se desprenden de su tierra porque su apego es mayor, permanecen en sus comunidades, entonces la violencia se vive de forma cotidiana.

En una de las jornadas más violentas registradas en 2014, por ejemplo, en el municipio de Chilapa, el día 9 de mayo, un grupo armado de aproximadamente 200 personas sitió el municipio. En el lapso, del 9 al 14 de mayo, hubo desaparecidos, la gente fue golpeada, atacada de manera indiscriminada, por hombres que se decían policías comunitarios al servicio de la población, pero que en realidad eran sicarios en compañía de pobladores de algunas comunidades cercanas a los cuales, según testimonios, obligaron a presentarse armados ese día:

Se pudo detectar que había hombres con armas de alto poder, uniformes tácticos, con la cara cubierta, y que eran los que estaban haciendo los “levantones”, afirmó el presidente municipal. El edil dijo que el 9 de mayo él se encontraba en Chilpancingo resolviendo algunos asuntos de gestión, cuando le informaron de la incursión de un grupo de civiles en la cabecera municipal y le pidieron no regresar a Chilapa, pues los invasores traían armas de gran poder y “actitud hostil” (Reyes, 2015, p. 17).

Entre los civiles armados había comisarios de comunidades cercanas e infiltrados del grupo delictivo “Los ardillos”, quienes irrumpieron en la ciudad supuestamente para exigir seguridad. Estos hechos ponen de manifiesto la frágil seguridad en Guerrero, sobre todo en Chilapa, espacio disputado por dos grupos antagónicos, el mencionado y “Los rojos”. Lo anterior debido a que este es un municipio estratégico para el narcotráfico, al ser la única ruta disponible para transportar la amapola que se cultiva en la Montaña de Guerrero.

El accionar de estos civiles armados que se autodenominan “comunitarios” se diferencia por completo del maniobrar de las policías comunitarias que han surgido en la entidad, en tanto que no les interesa difundir una ideología específica, su comportamiento es hostil e intimidatorio. De acuerdo con sus propias declaraciones, hicieron algunas asambleas antes de su levantamiento, pero en ningún momento manifestaron tener una estructura comunitaria, los detenidos de esos días permanecen en calidad de desaparecidos (Santillán y Paredes, 2015, p. 19).

Otro aspecto que ha sido fuertemente vulnerado por la violencia es la vida ceremonial y festiva de las comunidades. Como ya se mencionó, las peregrinaciones y ofrendas a los lugares considerados sagrados del territorio, como las ciénagas, los manantiales y los linderos de los pueblos, forman parte de la vida cotidiana de las comunidades; muchas de estas ceremonias han dejado de realizarse o se realizan con temor, pues estos lugares ahora son utilizados por los grupos delictivos para reunirse u ocultarse. Los casos más recientes son Zitlala y Hueycantenango; ahí, en plena festividad dedicada al santo patrón de las comunidades, se dio un tiroteo entre civiles armados, lo que provocó la supresión de las fiestas que reúnen a cientos de pobladores de todos los pueblos del municipio y de municipios vecinos. Las bandas de música dejaron de tocar cuando el tiroteo dio inicio en plena plaza central provocando un gran temor.

El miedo ha hecho que también el tránsito por los caminos y veredas acostumbradas para peregrinar, rezar, trabajar, etcétera, se vuelva un acto de valor y de resistencia, pues, la vida misma está en riesgo. Al respecto, citamos un testimonio que evidencia esta situación y pone de manifiesto la explicación que, desde la cosmovisión, se da a la crisis que vive la región:

Mi papá se dedica a ir a vender en los pueblos pero, últimamente ya no sale por lo peligroso de los caminos y porque salen hombres a asaltar o matar y tiene miedo, dicen los abuelos que por eso es que no llueve y no hay buenas siembras, es por lo malo que está pasando y porque hay sangre en la tierra, como allí tiran a los muertos, la tierra ya no quiere dar maíz ⁴.

También es notorio que la vida económica de las comunidades se ha trastocado. Esta se fundamenta en una economía primaria, que tiene como elemento central la milpa; sin embargo, como mencionamos antes, la mayoría de las comunidades la complementan con la fabricación de artesanías, de mezcal, con la venta de ganado menor, entre otras actividades. El centro receptor de estos productos, para la compra-venta, es el mercado de Chilapa, debido a que esta cabecera municipal es el punto estratégico de paso para el traslado de mercancías hacia el mercado de la zona central de Chilpancingo, o bien hacia estados como Puebla y Oaxaca. Sin embargo, ante la ola de inseguridad, la actividad comercial ha disminuido considerablemente y el mercado dominical, lleno de vida, color y movimiento que se instala los domingos en Chilapa, poco a poco ha ido perdiendo su esplendor e importancia. Muchos artesanos y pequeños comerciantes han decidido quedarse en sus comunidades y ofrecer allí sus productos, lo cual implica menores ingresos y poder adquisitivo, además, los visitantes externos que llegaban a comprar mercancías también han dejado de hacerlo. Las rutas comerciales, que con el esfuerzo de años se crearon, también son ahora un factor de riesgo para los pobladores, quienes viajan cada vez menos por temor a que una bala perdida los alcance o sean víctimas de robo de su vehículo con todo y mercancías, entre otros peligros.

El impacto quizá más fuerte, de la violencia y la delincuencia en la vida de los pobladores de la región de estudio es, desde nuestro punto de vista, su inserción en las estructuras organizativas de la comunidad, es decir, el hecho de que en algunos pueblos las autoridades comunitarias, como los comisariados de bienes comunales o comisarios, se hayan involucrado con el crimen organizado. Esta situación pone en riesgo la estabilidad interna, pues el comisario municipal es la autoridad comunitaria reconocida ante el municipio y representa una institución intermedia entre la comunidad y ese nivel superior. Al interior, se encarga de conciliar problemas familiares, organizar las faenas comunitarias para mejorar el pueblo y solventar económicamente algunas de las festividades más importantes. No obstante, su papel principal es ser el representante de las autoridades municipales y estatales en la localidad. Todo ello se vulnera si la persona que ostenta el cargo utiliza el temor de la población para cambiar las formas en que se accede a los bienes comunes, se resuelven los conflictos internos, entre otros asuntos. Además, se pierde el respeto a esta figura que ya no es legitimada por los órganos de decisión comunitaria.

El impacto de situaciones como las señaladas pone de manifiesto cómo los delincuentes se insertan, sobre todo, en las comunidades aledañas a las cabeceras municipales porque son pequeñas y son fáciles de someter. Además, algunos pobladores se involucran con el narcotráfico, pues poseen tierras y la siembra de marihuana y amapola se convierte en una forma de vida para obtener ingresos. Aunque también existen casos de personas que son obligadas a cultivar estas plantas.

Los jóvenes son otro sector proclive a los cambios derivados de la fuerte violencia que se vive; muchos de ellos son cooptados por el crimen organizado para realizar funciones de “halcones”, es decir, son encargados de informar a las bandas criminales sobre lo que transporta un camión de carga, cuántos individuos viajan en un vehículo foráneo, si son migrantes, si van de compras, si son turistas o si son de la región. A ello se agrega que los grupos delictivos también obtienen información sobre la posición del Ejército, la Marina, la Policía Federal y autoridades estatales. Este asunto ha sido poco analizado, pero es muy grave y significativo.

Los menores de edad se encuentran en la primera línea de violencia, pues, incluso, participan en combates entre carteles. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México, las agresiones son la primera causa de muerte entre los varones de entre 15 y 29 años de edad. Más allá del dato, el reclutamiento de menores por parte de los carteles revela el vacío legal que existe en el país para abordar el problema, señalan asociaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia (Nájar, 2013, p. 5).

Este nivel de violencia ha generado otras consecuencias e impactos, por ejemplo, un fenómeno que no era visto en el paisaje de los pueblos estudiados es la presencia de cadáveres en los caminos y en los lugares de reunión como la plaza, el panteón o la iglesia. Este aspecto es de alto impacto para la psique de cualquier persona, pero para quienes han vivido generación tras generación transitando esos caminos, es más intenso. Además, escuchar disparos, a distintas horas del día, ha generado una gran desconfianza entre los pobladores y ha suscitado que los lazos de ayuda y solidaridad también se estén debilitando. Agreguemos, los límites que han impuesto al libre tránsito de la gente con los toques de queda, no solo ordenado por el ejército o las fuerzas de seguridad, sino por grupos desconocidos que envían mensajes amenazadores por Facebook y por WhatsApp, los cuales atemorizan a la gente e imponen el control a través del terror.

Los hechos arriba descritos han traído como consecuencia la militarización de los municipios de Zitlala y Chilapa. El 22 de enero de 2015, el gobierno federal anunció la construcción de un nuevo cuartel militar en la región de Chilapa; sin embargo, a pesar de la aparente calma en el municipio, la incertidumbre por parte de la ciudadanía ha continuado, pues es difícil sentirse seguro en medio de armas de alto poder que portan tanto delincuentes como fuerzas armadas y de seguridad. En este sentido, la violencia militar y la criminal se confunden porque ambas fragmentan los lazos sociales y cada una replica a la otra. Así, las víctimas temen denunciar ante las amenazas de los delincuentes y de los elementos de seguridad, quedando registrados menos casos de violación de los derechos humanos de los que realmente ocurren (Pereyra, 2012).

Algunas consideraciones finales acerca de los desafíos y respuestas comunitarias

Ante la violencia que se vive en la región, las respuestas han sido encabezadas, con valor y fuerza por la población más vulnerable, la que sobrevive en los márgenes de la autosubsistencia. De modo que, el 27 de agosto de 2014, comunidades indígenas de los municipios de Chilapa y Hueycantenango conformaron su Policía Comunitaria para:

Protegerse de la delincuencia organizada, del saqueo de sus recursos naturales y de la represión tanto del gobierno local como estatal que les vienen inculpando delitos desde el 2006. Tras 15 años de intento por institucionalizar su Policía Comunitaria, acordaron la integración de la misma, adhiriéndose a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC), instituida en 1995 y que opera en la región Costa Montaña del estado (Yener, 2014, p. 1).

Cabe destacar que este proceso organizativo surge de un reclamo legítimo de los pueblos por contar con un acceso a la administración e impartición de justicia, basada en sistemas normativos propios, amparados por convenios y tratados internacionales ratificados por el gobierno mexicano. La respuesta de las autoridades municipales ha sido de desdén y nulo apoyo a la propuesta; a esto se agrega la poca información que sobre el proceso se difunde entre la ciudadanía y medios de comunicación masivos, lo que hace que se genere una confusión con la supuesta “policía comunitaria” que tomó la ciudad de Chilapa, en mayo de 2015, a la que los pobladores han denominado “narco comunitaria”.

La Policía Comunitaria en la región, que forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) es muestra de que la presencia de las Fuerzas Especiales, de la Policía Estatal, Gendarmería, Marina y del Ejército mexicano, no brinda seguridad ni confianza a los pobladores de la región. Muestra de ello es que a pesar de que en enero de 2016 se desplegaron 3 500 miembros de las fuerzas federales, quienes supuestamente vigilarían los municipios de Chilapa, Zitlala y Chilpancingo, continúan sucediendo hechos de violencia como ejecuciones, “levantones”, extorsiones, desapariciones masivas, aparición de fosas clandestinas y enfrentamientos al interior de las comunidades. Esto demuestra cómo los miembros del crimen organizado han sido protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado y se han incrustado en los distintos órdenes de gobierno.

Un ejemplo claro de lo anterior es el hecho de que esos 3 500 efectivos tenían como objetivo principal capturar al principal líder del cartel de “Los rojos” en Chilapa; no obstante, este logró escapar en medio de un fuerte control de seguridad y en un ambiente en el que la ciudad de Chilapa se encontraba prácticamente sitiada. Desde la percepción de los ciudadanos del municipio, sobre todo de las comunidades indígenas, estos sucesos demuestran que la seguridad real solo puede estar en sus manos. La tragedia que ocurrió en Iguala, en septiembre de 2014, cuando políticos locales en complicidad con miembros de grupos delictivos desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa puso en evidencia una larga historia de violencia y abuso de autoridad por parte de estas corporaciones. Como señala la Open Society Foundations en Justicia fallida en el estado de Guerrero (2015), “el sistema de justicia de Guerrero está desgastado desde hace mucho tiempo. Los acontecimientos de septiembre de 2014 revelaron rasgos de cacicazgo, autoritaritarismo, criminalidad, corrupción, impunidad descarada e incompetencia” (p. 18). Ante esta situación los padres de los estudiantes se han organizado y no han dejado de buscar a sus hijos y de exigir justicia, a pesar de la falta de respuesta gubernamental.

Por su parte, la Policía Comunitaria sigue sumando adeptos. A esta se sumaron 17 comunidades estableciendo una casa de justicia en la comunidad Rincón de Chautla, perteneciente al municipio de Chilapa. Hasta el momento ha habido varios enfrentamientos entre la delincuencia organizada y esta policía, pero destaca el hecho de que pese a no contar con armas suficientes, ni medios de transporte eficientes y adecuados, quienes asumen el papel de brindar seguridad a sus comunidades, arriesgan su integridad física, su libertad, su familia y sus pertenencias, para defender, en sus palabras, lo más valioso que tienen, sus tierras y territorios. Ellos reconocen que su papel no es fácil: “Aquí no esperen flores, no esperen premios, aquí no hay eso, no hay vacaciones, no hay bonos de desempeño … aquí hay enemigos, aquí hay desvelos, aquí hay cansancio, pero eso es precisamente lo que va a hacer que en nuestros pueblos haya tranquilidad y haya seguridad” (Montejo & Pastrana, 31 de marzo de 2015).

Las comunidades pequeñas que no forman parte de este sistema, también han implementado medidas de seguridad, por ejemplo, cerrar por la noche los accesos en las entradas de sus pueblos, además, han invertido sus escasos recursos en la compra de radios de comunicación a distancia para informar de personas extrañas que quieran ingresar o actúen de manera sospechosa.

Quizá la forma de resistencia más evidente sea la propia permanencia de la gente en su región y en sus pueblos, armados únicamente con su valor; pese a los riesgos, siguen trabajando, viajando, realizando fiestas, reforzando sus lazos familiares y, a pesar de que muchos de ellos han perdido amigos, hermanos, paisanos, se mantienen defendiendo su forma de vida y su cotidianeidad. Aunque, también hay quienes deciden abandonar su lugar de origen como parte de una medida extrema. Tal y como lo señala el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno, en México unas 160 000 personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país sobre todo por la violencia asociada al narcotráfico (Animal Político, 2013).

Casos como el de la comunidad de Quetzalcoatlán, perteneciente al municipio de Zitlala, donde un comando armado irrumpiera para atacar a balazos a los pobladores, provocando con ello que huyeran para salvaguardar su vida, pone de manifiesto la importancia de la solidaridad entre pueblos, pues ante la indiferencia de las autoridades fueron apoyados con víveres, ropa y medicinas que llevaron sus vecinos y comuneros de localidades aledañas. A pesar de la injerencia de la violencia en la vida cotidiana de los pueblos sigue persistiendo un valor clave: la estrecha relación entre su identidad, su estilo de vida y sus tierras. La permanencia de estos elementos es fundamental para resistir a los embates de una violencia sin límites, la cual es necesario seguir analizando y cuestionando para que México deje de ser un país devastado.

Para el tema tratado aún no hay conclusiones, más bien interrogantes, sin embargo, lo que sí es claro, tal y como lo señala Jaime Osorio, refiriéndose a la crisis estatal y la violencia en México, “no se llega a una situación tal por azar o casualidad, aunque estos elementos no estén ausentes. La coyuntura actual es el resultado de procesos diversos que en su conjugación abigarrada han abierto la actual crisis” (Osorio, 2011, p. 33).

Referencias

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Notas

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