Desmitificando la violencia e inseguridad en relación a la pobreza y la desigualdad. El caso de Paraguay

Demystifying the relationship between violence and insecurity with poverty and inequality. The case of Paraguay

Históricamente, la relación entre Estado y seguridad ha sido fundamental y de suma importancia. Desde teóricos sociales clásicos, Max Weber (1996) o Tomas Hobbes (1984), la citada entidad se justificó como la única capaz de monopolizar la fuerza legal. Su fin es mantener el orden de una comunidad, naciendo, consecuentemente, una concepción contractual-pública mentada en la búsqueda implacable de la paz y tranquilidad (Díaz, 2008: 44). La definición, consiguientemente, ha colocado acento en las fuerzas del orden y en el respectivo ejercicio, correcto o no, que aquellas desempeñen.

Posteriormente, el paradigma sufrió un giro fenomenológico, descentralizando la determinada labor hacia una responsabilidad de todos, lo que en la actualidad se conoce en términos de “seguridad ciudadana” (Carrion, 2013: 4). En dicha conceptualización, la violencia no solo se debe al “mal o ineficiente policía”, sino, a la composición y grados de implicancia de la estructura social. “Zonas seguras”, “barrios marginales”, “sectores vulnerables” y “niveles educativos de una clase”, solo por citar algunos factores, se recurrieron en explicaciones comúnmente desplegadas a la hora de tratar la criminalidad de un país, ciudad o distrito. Para esta línea, que existan en el año 2016 un millón y medio de paraguayos en situación de pobreza, 22,24 % de la población (Secretaría Técnica de Planificación, 2016), encarnaría, efectivamente, un riesgo potencial a desestabilizaciones en materia de seguridad.

Definitivamente, ambas visiones son discursos que, mediante la interpretación de heterogéneos elementos, ambicionan pugnar el hecho expuesto. En el presente trabajo, sin embargo, el cardinal problema ha radicado en que las mismas son incompletas pues, es cierto que la tarea analizada no obedece exclusivamente al desempeño policial, pero tampoco tiene su respuesta en los índices de desigualdad o pobreza, siendo estos últimos hasta propicios en exacerbar campañas mediáticas-políticas de tintes excluyentes (Solís, 2015: 16).

El objetivo de la investigación consiste en desmitificar la violencia con respecto a su supuesta relación con la pobreza y la desigualdad. Para ello se ofrece otras variables explicativas a la expansión de la inseguridad, las cuales se clasifican en: 1) la corrupción; 2) la existencia de mercados ilegales como el contrabando y la piratería; 3); la creciente relación entre narcotráfico y élites políticas; y; 4) el fracaso del sistema penitenciario. En ese sentido se aportan datos empíricos en torno a las variables explicativas demostrando que el Paraguay es una nación pacífica con ciertas zonas violentas.

El pequeño territorio guaraní contiene interesantes contradicciones respecto a la violencia e inseguridad. Si bien es acertado que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es baja: 9,7 a nivel nacional (Informe y Estadísticas de la Policía Nacional, 2015), por otra parte, la cifra se dispara en departamentos como el de Amambay, donde se registra una tasa de 71,57 homicidios por 100 mil habitantes. Otro hecho que no deja de llamar la atención es el departamento de Central, que concentra la mayor densidad demográfica: 901,1 habitantes/km² manteniendo una tasa de homicidios escasa, 2,95 por cada 100 mil habitantes (Informe y Estadísticas de la Policía Nacional, 2015).

Los anteriores son solo dos ejemplos de por qué urge abordar científicamente al caso paraguayo. Datos y antecedentes que se traducirían, primeramente, en analizar un país poco desarrollado desde las ciencias sociales, a pesar de su importancia geográfica en la región: centro-sur del continente americano. Luego, en segundo orden, la inseguridad se halla en constante aumento en los actuales estudios académicos. Por último, y en tercer lugar, desmitificar la violencia, propósito central, serviría para generar una perspectiva comparada con otros países de América Latina, en torno a la construcción y tratamiento de los indicadores que verdaderamente la componen.

Demográfica y macroeconómicamente, esta nación sudamericana se halla escasamente poblada con un desarrollo de tintes medios. Cuenta con 6.672.631 personas, según la Dirección General de Estadística y Censos (Documento Final DGGEC, 2014), teniendo una superficie de 406.752 km². El Producto Interno Bruto es de 30,98 mil millones de dólares y la densidad es de 16,9 habitantes por kilómetro cuadrado (Informe Banco Mundial, 2014).

Respecto a la violencia e inseguridad, la tasa de homicidios nacional adquiere a 9,7 por cada 100 mil, dígitos que, confrontados con el resto del MERCOSUR, se localizan entre los más bajos junto con Uruguay y Argentina, siendo Venezuela y Brasil los casos de mayor gravedad (ver Cuadro 1). Una primera conclusión, ante estos números, es que Paraguay se constituye como un territorio pacifico.

Cuadro 1: Homicidios por países integrantes del MERCOSUR (UNOCD, 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Delito Violencia en América Latina” - 2012, UNOCD

A pesar de estos índices de criminalidad, la inseguridad ciudadana constituye uno de los temas más sensibles. Al respecto, el último sondeo de percepción sobre el gobierno del actual presidente Horacio Cartes (con un mandato de 2013 proyectado a terminar en 2018) realizado por la consultora Ibope-CIES de agosto de 2015, indicaba que el 81% de la población piensa que la inseguridad creció y, el restante 19%, que la situación sigue igual, “en la desidia” (Paraguay.com, 2015).

Sobre el punto, vale destacar las apreciaciones de los cientistas sociales Hunh, Oettler y Peetz (2006), quienes han indicado que la violencia es una problemática en América Latina debido a que la gente lo marca como un tópico prioritario, principalmente, por la influencia ejercida sobre éstos por los medios de comunicación masiva. Lo recién definido, en la literatura académica se lo conoce también como “diagnostico-terapeuta”, concepto que entiende al despliegue de la información en una muestra del problema para luego brindar la solución (Peris, 2016: 62). De hecho, basta con mirar los programas de televisión en Paraguay para percibir la relevancia y el tratamiento de las noticias sobre inseguridad y violencia, lo que interviene de manera directa en la percepción de la ciudadanía.

Comparando la importancia que se da y los números de la realidad, la trascendencia mediática en el caso paraguayo no significaría por los homicidios, sino, más bien, por los delitos comunes de mayor impacto en el país (ver Cuadro 2), precisando que los temas de seguridad, comúnmente, están asociados, entendidos o relacionados con los agravios contra la propiedad privada.

Cuadro 2: Delitos de mayor impacto en el Paraguay (2014)

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Gestión (2014) del Ministerio Público de la Rep. del Paraguay

Sobre los hurtos, tanto el agravado y el simple, se destaca que están catalogados dentro de la tipificación jurídica de “daños contra la propiedad”, resumiéndolos en cualquier acción de tomar ilegalmente algo ajeno, con una pena de 5 años de reclusión sin medidas sustitutivas. Estos ilícitos se hallan entre los cuatro principales, o más recurrentes, en los 17 departamentos del país, destacándose las demarcaciones de Canindeyú, Ñeembucú, Asunción, Central, Alto Paraná, Misiones, Itapuá, Caaguazú, Guaira y Concepción. El hurto, consiguientemente, es el que más impacto tiene a nivel nacional, ya sea en zonas urbanas y rurales.

Con respecto al robo agravado y a la exposición al peligro, se encuentran en las listas de las primordiales transgresiones en 10 regiones, destacándose Asunción, Central y Alto Paraná, todas agrupaciones geográficas que albergan a la gran mayoría de la población urbana del Paraguay. Los mismos se juzgan como “daños a las personas”, con una pena de prisión grave y pocas medias sustitutivas para ser aplicadas. Particularmente, en la falta de: “exposición al peligro de transito”, cabe señalar que es el de más crecimiento anual, infracciones traducidas en detenciones por conducción en estado de ebriedad o manejo imprudente de motocicletas, de accesible compra por el régimen sobrante de maquila.

Por último, cierran la lista el abigeato, lesión y violencia familiar. El abigeato predomina en las zonas rurales; Concepción, San Pedro y Caazapá, mientras que los otros dos restantes se presentan en todo el país, pero principalmente en Asunción, Guairá, Misiones y Amambay, en los que sobresalen las agresiones contra las mujeres (en el caso de violencia familiar). Lo último no significa que los problemas de género sean nuevos, sino que hoy existen mayores canales de denuncia, información y seguimiento a las víctimas de esta clase de hechos punibles.

Si bien se ha dicho que Paraguay en líneas generales es una nación pacifica, también posee territorios de alta violencia. Aquellos se localizan en los departamentos de Canindeyú, Concepción y Amambay con tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de 23.09, 22.18 y 66.74 respectivamente (ver Cuadro 3). Los números son muy altos, incluso, en el caso de Amambay, más que en zonas reconocidas internacionalmente como Guerrero en México, que tiene un promedio de 55.5 muertes en iguales circunstancias (Banco Mundial, 2014).

Cuadro 3: Homicidios cada 100.000 habitantes en zonas más violentas, 2013 y 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2015

Es importante resaltar que los tres departamentos no concentran una gran cantidad de personas, pues representan tan solo 506.987 habitantes de los 6.672.631 de paraguayos repartidos por todo el territorio nacional (DGDEC 2015). Incluso, de las 17 regiones que componen la división política del país, Canindeyú, Concepción y Amambay son las demarcaciones 10, 11 y 13 en cuanto a peso poblacional. Por sus características demográficas no tendrían por qué implicar peligro alguno, pero los datos empíricos demuestran lo contrario. Dos factores son los que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos, constituye el hecho de que los tres, además de ser vecinos entre sí, son fronterizos con Brasil, siendo lugares propicios para la instalación de bandas criminales y actividades ilícitas como tráfico de drogas y contrabando. El segundo punto clave consiste en que en los tres departamentos se han encontrado nexos entre las bandas de narcotraficantes y las élites políticas de la zona.

Por último, los territorios menos violentos, según la tasa de homicidios cometidos por cada 100 mil de habitantes, corresponden a los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central. Estos se mantienen con los niveles más bajos con un promedio de tres asesinatos por 100 mil habitantes. Guairá, por su parte, en el año 2013 mantiene 8 muertes por cada 100 mil habitantes, ya para el 2014 ha mostrado una tendencia a la baja (ver Cuadro 4).

Cuadro 4: Homicidios cada 100.000 habitantes en zonas menos violentas, 2013 y 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2015

Se considera fundamental el departamento de Central debido a la densidad poblacional que presenta, más de 30% total del país (DGDEC, 2015). Se desmitifica el hecho que a mayor cantidad personas aumenta el riesgo de peligro, ya que zonas bajamente pobladas, con presencia del narcotráfico y actividades ilícitas de gran envergadura, son las más golpeadas por el crimen, como es el caso de Amambay, Canindeyú y Concepción.

En su obra Ser violento: los orígenes de la víctima-cómplice, así como en otros trabajos sobre el crimen y la inseguridad, Moriconi sostiene que el verdadero problema detrás de estos fenómenos no son los indicadores socio-económicos en los países sino por el colapso de la legalidad, pensada en el valor central de las interacciones diarias, siendo la desigualdad, por ejemplo, consecuencia final y lógica de ella (Moriconi, 2013: 17). El autor plantea como necesario, a partir del ámbito académico, desmitificar la violencia en la región. Para ello, propone el concepto de “víctima-cómplice”, entendida en el fenómeno por el cual una sociedad tolera lo ilícito mientras que estén convencidos que “no les tocará a ellos”.

En tal sentido, pone el ejemplo de los grupos comunitarios armados en Michoacán y su enfrentamiento con los “Caballeros Templarios” y la “Familia Michoacana”, quienes en un principio fueron sus mejores aliados y protectores hasta que ese “pacto” colapsó y la violencia e inseguridad se volvieron incontrolables. Este ejemplo posiciona en cuestionamiento los valores de una comunidad, donde todo es aceptable mientras no afecte individual, familiar o económicamente, pero llega un momento en que el imperio de la ilegalidad se sale de control y alcanza a la ciudadanía, siendo ahí, un punto en el cual no se profundiza, olvidando del análisis la complicidad social en el crecimiento de la ilegalidad y sus repercusiones en la inseguridad y la violencia.

Este trabajo se adscribe a las propuestas teóricas de Moriconi (2013, 2015) y Solís y Torre (2015) respecto a la incorrecta vinculación entre altos niveles de pobreza, desigualdad, así como la falta de educación y cultura y su relación con la violencia e inseguridad en América Latina. Siguiendo la presente línea, en esta investigación, se brindan alternativas variables explicativas al fenómeno de la territorialización de la violencia, desarrolladas a continuación.

Se plantea la hipótesis que existen otros elementos interpretativos al fenómeno de la violencia e inseguridad ciudadana en Paraguay. Primero las variables de corte institucional: la corrupción y el fracaso del sistema penitenciario, luego las de tipo social: la criminalización de la pobreza y la existencia de mercados ilegales y, por último, aquellas pertenecientes al ámbito político: aumento de los nexos entre élite política y el narcotráfico en las zonas fronterizas. Estas, brevemente, expuestas en sus respectivas importancias:

1. La corrupción extendida perjudica a la ya muy baja presión fiscal del Estado paraguayo, 12% cuando que el promedio de la región está en un 18% (Ministerio de Hacienda, 2014: 22). Efectivamente, se generan pocos recursos económicos para hacer frente a las políticas de seguridad y prevención del delito.

2. En la existencia de mercados ilegales se exhibe la dependencia de una sociedad que tolera lo ilícito y la violencia mientras no se vea afectada directamente por sus consecuencias. Así los paraguayos no advierten mayores problemas en fomentar mercados como la piratería y el contrabando, sin relacionar directamente con este tipo de comercio.

3. La creciente proporción entre grupos criminales dedicados al narcotráfico y líderes políticos en las zonas fronterizas repercute en la nula investigación de los hechos violentos, así como en la impunidad de los grupos delictivos y la escalada de violencia de los narcotraficantes por la disputa territorial.

4. La criminalización de la pobreza explica por qué mayoritariamente la población penitenciaria está compuesta por personas de escasos recursos económicos que no tienen posibilidades de pagar asistencia legal privada o no pueden costear los gastos que les permitan “negociar los obstáculos” de la justicia.

5. El fracaso del sistema penitenciario guarda relación con la insuficiente reinserción social de las personas que han recuperado su libertad tras cumplir su condena. Así reinserción social opera de manera tal que existan pocas probabilidades de que las personas puedan insertarse laboralmente en empleos dignos. Las cifras al respecto son elocuentes, como se verá más adelante.

4.1. CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PAÍS

Los índices de corrupción a nivel internacional posicionan a Paraguay como una de las naciones más corruptas de América Latina, colocándola claramente en desventaja a la hora de comparar el fortalecimiento de sus instituciones y sus capacidades estatales para responder a las demandas ciudadanas con relación a sus pares de la región, en general y del Cono Sur, en particular. En el Índice de Percepción de la Corrupción confeccionado por Transparencia Internacional, Paraguay, en el 2014, se ubicó en el puesto 150 de 175 sólo por delante de Haití (161/175) y de Venezuela (161/175) en el continente. Sus vecinos, por otro lado, como Argentina (107/175), Bolivia (103/175) y Brasil (69/175) se hallan muy distantes, ostentan posiciones de menor corrupción.

La desventajosa situación que ocupa Paraguay implica una serie de consecuencias económicas y sociales preocupantes. Al respecto, Alonso y Mulas-Granados (2011) señalan que entre las principales derivaciones de la corrupción se encuentran: a) su repercusión en las condiciones de eficiencia (estática) y operación en la economía; b) su incidencia de manera negativa sobre las posibilidades (o las dinámicas) de inversión y crecimiento nacional; c) su afectación en las inversiones públicas y su impacto negativo sobre la acumulación de capital; y d) la reducción en capital humano (Elhrich y Lui, 1999) que puede sesgar el peso de los diferentes tipos de formación (Tanzi y Davoodi, 2001), así como desviar el talento hacia actividades socialmente menos productivas (Murphy et al., 1991, 1993).

Alonso y Mulas-Granados (2011) sostienen que diversos estudios empíricos sobre los efectos de la corrupción se han demostrado que: a) las mejoras en los índices de corrupción generan aumentos en la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita (Mauro, 1995, 1996; Bigio, Ramírez- Rondán, 2006); b) en las naciones corruptas; tienen un efecto negativo sobre el capital privado tanto doméstico como extranjero (Mauro, 1995; Wei, 1997a y 1997b; Wei y Wu, 2001) y; c) excepcionalmente se podría incrementar las inversiones públicas pero reduciendo la eficiencia de las mismas (Tanzi y Davoodi, 1998).

De esta manera, la corrupción extendida en Paraguay no solo perjudica la economía sino, además, a las arcas del Estado y, por ende, a toda la población, porque un Estado debilitado destina poca inversión social y escasos recursos para afrontar temas como la inseguridad con medidas preventivas antes que paliativas y punitivas.

4.2. LA EXISTENCIA DE MERCADOS ILEGALES

La literatura especializada utiliza los términos economía subterránea, escondida, informal, oculta, en negro como sinónimos para designar a las actividades ilegales o que no están controladas por la ley, las cuales incluyen la piratería, la falsificación, el narcotráfico y la evasión de impuestos. En este tipo de actividades, las empresas que participan pueden obtener ventajas diferenciadas frente a las responsabilidades y requerimientos que las empresas formales sí deben cumplir (ABC Color, 2013a).

Al respecto, Schneider (2010) define la economía informal como todas aquellas que están ocultas para evitar su medición y precisamente para evadir impuestos, por lo tanto, en sí mismas, pueden ser legales o ilegales. Entre las actividades ilegales se encuentran: los ingresos personales no reportados, las diligencias comerciales no declaradas, el subempleo, el empleo disfrazado, así como el comercio de bienes robados, las falsificaciones, la piratería, la producción y venta de estupefacientes, la prostitución y los juegos ilegales, entre otros (Asociación PRO Desarrollo Paraguay, 2015).

En el caso paraguayo, la magnitud de la economía subterránea alcanza cifras alarmantes, ya que según datos de PRO Desarrollo Paraguay (2015), solo en el año 2013, la economía informal ascendió a 11.700 millones de dólares, lo que representa 39,5% del PIB nacional, equivalente al triple de los ingresos anuales de la entidad Itaipú Binacional o a diez veces más que los bonos emitidos en el extranjero por el país guaraní a mediados del periodo 2010-2015 (Asociación PRO Desarrollo Paraguay, 2015).

Otro de los hallazgos significativos de la Asociación PRO Desarrollo (2013) es la relación negativa entre el nivel de informalidad en Paraguay y su desarrollo humano, es decir, a mayor informalidad menor es el progreso en ámbitos como educación, salud y calidad de vida. Estos datos permiten conocer la evidencia empírica respecto a la existencia de mercados ilegales en el país que fomentan a su vez situaciones de inseguridad y violencia porque como lo plantea Moriconi (2013), la relación entre ilegalidad y violencia se explica con la figura de la víctima-cómplice la cual permite comprender cómo los ciudadanos que consumen y fomentan estos mercados son igualmente responsables que aquellos que los producen, trafican y lucran con ello, esta complicidad repercute a su vez en el incremento de delitos relacionados con la seguridad pública.

Más precisamente, con respecto a la piratería, hasta el año 2015, Paraguay ocupaba uno de los lugares más altos en la lista de países dedicados a esta clase de industria. Un estudio de la Universidad de San Diego del año 2012 revelaba que más de 50% del PIB nacional estaba basado en la industria de la piratería (ABC Color, 2012). Es importante señalar que no son los paraguayos los dueños de las industrias de la falsificación sino “empresarios” de origen chino o árabe, los cuales ingresan al país y se instalan en la zona de la triple frontera para desarrollar sus negocios ilegales con mano de obra paraguaya de muy bajo costo (ver Cuadro 5).

Cuadro 5: Rubros ilícitos en el Paraguay y su valor en el mercado negro, año 2015

Fuente: Elaboración propia con base perfil dinapi.com (2015)

Otro fenómeno no menos importante en el país es la industria del contrabando, que genera millones de dólares a sus “empresarios” pero millones en pérdidas para las arcas estatales paraguayas. El periódico Vanguardia del departamento de Alto Paraná señala que la nación guaraní se encuentra entre los cinco países donde reina el contrabando y la piratería en América Latina junto con Argentina, Colombia, Ecuador y México (Vanguardia, 2014). Solo a manera de ejemplo, uno de los rubros más afectados por el contrabando es la industria del calzado, que se ha visto castigada y ha perdido mercado por el ingreso ilegal de calzados chinos vía el puerto de Iquique en Chile, tal como lo señala el presidente de la Cámara del Calzado en Paraguay, Vicente Ramírez (La Nación, 2015).

El colapso de la legalidad en este país sudamericano permite explicar muchos de los principales problemas, tales como: la escasa inversión en políticas sociales, en salud y educación, en ciencias y tecnología y en políticas públicas de seguridad preventiva. Como explica Moriconi, el colapso de la legalidad tiene como consecuencias la desigualdad y el crimen (Moriconi, 2013: 17).

4.3. CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

Los datos respecto a la población privada de su libertad revelan que más de 70% de las personas recluidas están en las cárceles sin una condena. Esta cifra es muy significativa en el contexto internacional de la región latinoamericana, ya que Paraguay se sitúa como el segundo país con más altos porcentajes de presos sin castigo formal en América Latina, en la literatura especializada conocida como “mora judicial”, sólo por detrás de Bolivia, que cuenta con un porcentaje alrededor de 80% (Última Hora, 2014).

La criminalización de la pobreza guarda relación con el hecho de que los presos sin condena en un país como Paraguay son aquellos que no pudieron pagar la fianza (o una coima) o que no cuentan con recursos económicos para solicitar una asistencia legal que les ayude a negociar las dificultades del sistema judicial (Aborn y Cannon, 2013; Azaola y Bergman, 2003).

Analizar y debatir acerca de quiénes son las personas que son sometidas a la Justicia Penal implica plantearse lo que el sistema de justicia hoy ofrece a sus ciudadanos: justicia social o cárceles. El presupuesto en Penitenciarías y Centros Educativos rondan los 12 millones de dólares. La mala justicia es un problema que criminaliza a los sectores menos favorecidos, especialmente, porque no se los puede atender en su derecho (ver Cuadro 6).

Cuadro 6: Detenidos sin juicios y ocupación penitenciaria en Bolivia, Paraguay y Uruguay

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Aborn y Cannon (2013)

4.4. NARCO-POLÍTICA EN ZONAS FRONTERIZAS

Desde hace pocos años, la relación entre élites políticas y bandas dedicadas al narcotráfico denominada “narco-política” se ha establecido como un fenómeno que poco a poco ha ido ganando terreno y víctimas en las zonas fronterizas de este país sudamericano, especialmente en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Concepción y Alto Paraná.

El caso más sonado fue el asesinato del ex diputado nacional y candidato a intendente por el Partido Colorado, Magdaleno Silva, en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción en mayo de 2015. El ex parlamentario fue asesinado a balazos junto a otras tres personas en una plaza pública a plena luz del día. Según investigaciones preliminares, fueron cuatro los sicarios que realizaron el atentado bajo las órdenes de un narcotraficante de la zona que tenía problemas con Silva (ABC Color, 2015c).

Otros casos muy difundidos han sido el de varios narcotraficantes detenidos en territorio brasileño y paraguayo, ligados con el Primer Comando Capital (PCC), quienes tenían nexos familiares con políticos de los departamentos de Amambay y Canindeyú, así como la detención de dos “narco-concejales por conexiones con un cargamento de 252 kilos de cocaína en la zona de Zanja Pyta”, Amambay (ABC Color, 2015d).

Como los citados casos existen otros tantos que con menor fuerza cobran notoriedad en los medios de comunicación paraguayos y brasileños. Las investigaciones preliminares sobre estos permiten vislumbrar las conexiones entre políticos de la zona y las bandas criminales de manera directa, lo que a su vez influye en la inseguridad ciudadana y la violencia en dichos departamentos del país, ya que aunada a la violencia en sus ejecuciones se suma la impunidad imperante en la mayoría de los casos.

El más preocupante efecto sería en torno al concepto de “Estados fraccionados”, predominando las formas de gobierno pero sin el monopolio de la fuerza, todo traducido en poderes laterales, parciales, territoriales, que comparten el uso de la fuerza con el Estado.

4.5. FRACASO DEL SISTEMA PENITENCIARIO

El hacinamiento en las cárceles latinoamericanas, junto con las constantes violaciones a los derechos humanos de la población privada de su libertad, constituye el caldo de cultivo del aumento de la inseguridad y facilita la aparición de grupos delictivos. Al menos así lo sostiene el relator de la CIDH, James Cavallaro en una entrevista al periódico digital Paraguay.com (2014b). Sobre lo anterior, el relator de la CIDH apunta que el crimen organizado tiene sus orígenes en las cárceles que no cumplen con las condiciones mínimas y donde se cometen todo tipo de violaciones a los derechos humanos de los presos.

En este sentido, el Estado paraguayo es responsable del abandono de las cárceles y del deterioro de la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, lo que trae como consecuencias directas el aumento de los niveles de inseguridad en el país, ya que los reclusos no logran su reinserción social tras abandonar la cárcel y, además, mientras están recluidos empiezan a formar parte de bandas criminales de mayor envergadura.

Un ejemplo claro de lo anterior, es lo que ha sucedido en Brasil con el Primer Comando de la Capital, una banda criminal que tiene a la mayoría de sus integrantes recluidos en el sistema penitenciario brasileño, cuyo mercado ilegal se especializa principalmente en el tráfico de armas y de drogas, con presencia desde años recientes en territorio paraguayo (ABC Color, 2015).

Desde 1996 hasta 2013, la tasa penitenciaria respecto a la población privada de su libertad por cada 100 mil habitantes se ha duplicado al pasar de 70 a 140. En el último censo penitenciario del año 2013, la población penal paraguaya ascendía a 9.143 personas, pero el sistema solo tenía capacidad para albergar a 5.800 en sus 16 cárceles (Hoy, 2014). Por otra parte, el aumento sostenido de la población penal en 54% entre 2008 y 2013 según el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (2013), incide a su vez de manera directa en las condiciones de vida de los reclusos y en sus escasas posibilidades de reinserción social, ya que este crecimiento no va acompañado de inversiones que garanticen la vida digna de las personas privadas de su libertad (CODEHUPY, 2013).

Los datos respecto de la reinserción social de los reclusos junto con el crecimiento sostenido de la población penal abonan a la hipótesis del fracaso del sistema penitenciario en Paraguay. De acuerdo con la ex ministra de justicia, Sheila Abed (Paraguay.com, 2014c) solo 20% de las personas que recuperan su libertad logran reinsertarse sin delinquir, es decir que 80% de los reclusos una vez que recuperan su libertad vuelven a reincidir en actos delictivos debido al fracaso de los programas de reinserción social al interior de los penales, así como la exclusión social que genera poseer un historial delictivo, en una sociedad que brinda pocas posibilidades laborales a las personas con antecedentes penales.

La indiferencia social y política ante la situación de las personas privadas de su libertad manifiesta lo planteado por Moriconi (2013: 123) respecto a la tolerancia de la sociedad hacia la miseria humana que le rodea, mientras que ésta se acepta sin ningún cuestionamiento ni repulsión, esa misma sociedad no acepta que “en un orden signado por la exclusión y la ilegalidad, la violencia sea una moneda corriente”. Una afirmación que remite a los planteamientos de Zizek (2009).

La violencia también es ejercida por una sociedad y un estado que excluye a amplios sectores de la sociedad y a su vez, legitima conductas ilegales sin cuestionar sus consecuencias. Este autor plantea que la indiferencia se ha consolidado como valor central en las sociedades contemporáneas, en las que por décadas se ha tolerado la polarización social, el hambre y la pobreza, y los problemas sociales se han considerado de manera individual bajo el lema: “si me afecta a mí, me importa; el resto está fuera de mi alcance y es injerencia de terceros” (Moriconi 2013: 122).

Entre los hallazgos relevantes de esta investigación se destaca que: 1) todos los departamentos más violentos del país (Amambay, Canindeyú y Concepción) se encuentran en la zona fronteriza del noreste del país; 2) los principales delitos cometidos tanto en las zonas más violentas como en las menos violentas guardan relación con transgresiones en contra de la propiedad privada como hurtos, robos y abigeatos; 3) en las zonas de mayor violencia también existen conflictos en torno a la propiedad del territorio entre bandas criminales relacionadas con el narcotráfico y entre bandas criminales y fuerzas de seguridad pública.

La disputa territorial en el noreste entre bandas de narcotraficantes genera repercusiones importantes en los departamentos de Amambay, Concepción y Canindeyú en lo relacionado con la seguridad ciudadana, ya que esta búsqueda por el dominio territorial entre narcotraficantes es la causa principal de las muertes violentas de ciudadanos, políticos y policías en dicha zona del país. Aunado a lo anterior, la violencia se recrudece en esta zona del país debido a la presencia de bandas criminales como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien disputa el territorio con las fuerzas de seguridad del Estado y ha sido protagonista de actos delictivos de fuerte impacto.

Un tema que adquiere notoriedad tras los resultados presentados en esta investigación es el hecho de que los delitos de mayor impacto en el país están relacionados con la propiedad privada, lo que abre nuevas aristas para investigaciones posteriores, así como para las intervenciones en materia de políticas públicas relacionadas con la seguridad pública y la ciudadana.

Otro fenómeno a tomar en consideración, en relación con la violencia en el país, es el alto porcentaje de presos que no cuentan con sentencia, lo que en el caso paraguayo alcanza a un total de 70% de las personas privadas de su libertad (Paraguay.com, 2014a). El escenario en cuanto a seguridad ciudadana y violencia presenta ciertas complejidades, ya que los delitos de mayor impacto son aquellos relacionados con la propiedad privada. Lo anterior se inserta dentro de un sistema penal que castiga a las personas de menores recursos económicos que una vez dentro del sistema no cuentan con una condena y son privadas de su libertad en condiciones de hacinamiento, de vulneración de sus derechos humanos y que tras cumplir su condena, tienen muy pocas probabilidades de reinserción social.

En definitiva, quedan abiertas nuevas preguntas de investigación, así como nuevos desafíos para los actores políticos, las autoridades judiciales y otros decision makers en materia de seguridad y violencias, entre ellos: 1) el replanteamiento de las políticas públicas de seguridad que criminalizan la pobreza; 2) la reestructuración de los mecanismos del sistema penal que cada día producen más presos y mayoritariamente castigan a los más desfavorecidos económicamente; 3) el mejoramiento de las condiciones en cuanto a infraestructura y servicios al interior de las instituciones penales, ya que actualmente son espacios de hacinamiento y de violaciones permanentes a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y; 4) el cumplimento de las funciones de reinserción social de las personas privadas de su libertad a través de capacitaciones y formación para el ámbito laboral. Ya que los factores mencionados anteriormente solo favorecen el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, como ha sucedido en otros contextos como el salvadoreño, el brasileño o el hondureño, según lo sostiene la CIDH (Paraguay.com, 2014b).

Finalmente, cabe preguntarse cómo resuelve la sociedad paraguaya los problemas relacionados con la violencia y la inseguridad mientras sigue legitimando conductas ilegales y mientras sigue primando como valor central la indiferencia hacia la exclusión y la miseria humana porque la lógica detrás de ello es que los problemas sociales siempre son individuales.

Formato de citación: Cerna, S.P. y Peris, C.A. (2017). “Desmitificando la violencia e inseguridad en relación a la pobreza y la desigualdad. El caso de Paraguay”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 75, 74-97, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf