A escala nacional, los yacimientos en Cantarell sustentaron la producción petrolera durante varios años, no obstante, se encuentran en una debacle que llevaron a cuestionar la política de reconstitución de las reservas y los trabajos de exploración, reaprovechamiento de los campos viejos y el desarrollo de los nuevos (Rousseau, 2012).

La rápida declinación del yacimiento Cantarell que llegó a producir más de 2,000,000 de barriles diarios y que, con optimismo, alcanzó una producción de apenas 500,000 barriles en el año 2012 (González, 2014; Ibarra, 2013; Rousseau, 2012). Asimismo, no se han identificado otros yacimientos gigantes a explotar. La intensificación de los trabajos de recuperación y los de identificación de nuevos yacimientos tendrán como objetivo inmediato compensar el agotamiento de Cantarell a fin de sostener el volumen de la producción. Así ocurre con el importante yacimiento de Ku-Maloob-Zaap, luego quizá con el desarrollo de Chicontepec y más adelante con el aprovechamiento de yacimientos en aguas profundas. Entre tanto, la extracción total de crudo tendió a estancarse y luego a declinar ligeramente en años recientes (Rousseau, 2012). Desde 2002, la producción se situó en torno los 3,500,000 barriles diarios, para reducirse entre 100,000 y 200,000 barriles hacia 2007, principalmente de crudo pesado (Ibarra, 2013).

La contracción financiera de Pemex ha impedido acrecentar la capacidad de refinación y equilibrar las líneas internas de producción (Ibarra, 2013). A fines de 2007, la importación de productos petrolíferos casi llega a 500,000 barriles y la de gasolinas excede de 300,000 barriles, ambas por día. El valor total de ese intercambio sumó más de $14,000,000 USD, dejando un déficit neto de casi $11,000,000 USD. Sólo la importación de gasolinas asciende al 40% del consumo nacional. En materia de compras foráneas de petrolíferos se requiere, además, ampliación perentoria de inversiones modernizadoras en ductos, transporte de otro tipo y en capacidad de almacenamiento. En rigor deben modernizarse quince terminales marítimas y diez centros de almacenamiento, incluidas las instalaciones principales de Tuxpan (Ibarra, 2013; González, 2014).

La capacidad de refinación, es apenas, de 1,500,000 barriles diarios de los cuales sólo 39% corresponde a tratamiento de aceites pesados. Absorbiéndose en las refinerías nacionales sólo ese porcentaje del crudo pesado extraído, el resto se vende directamente en los mercados foráneos o se procesa por encargo y a costos altos en instalaciones del exterior. Hay, en consecuencia, un serio desajuste entre las líneas de extracción y las capacidades de procesamiento de la empresa (Ibarra, 2013; González, 2013a; Rousseau, 2012).

Frente a las disparidades técnicas en el año 2004, se fue expresando, entre expertos y actores políticos la necesidad de cambiar la forma de operar de Pemex (Rousseau, 2012; Carreón y Grunstein, 2011; Ibarra, 2013). Especialistas han mencionado el costo político que conlleva hacer una reforma en el tema petrolero, debido a la importancia que representa en la población, siendo referente de la constitución del Estado y del bienestar que proporcionan los recursos, conquistados por éste en su forma social, a través de la expropiación a compañías inglesas, holandesas y estadounidenses (Alonso, 1984; Snoeck, 1989; Meixueiro y Baca, 2013; Rousseau, 2012;González, 2014).

Sin embargo, por parte del Gobierno Federal se sorteó la deslegitimación que conlleva la reforma energética y, sobre la plataforma de un pacto, Pacto por México, entre los principales partidos políticos (Partido de la Revolución Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional) se aprobó esta y otras reformas.

La reforma energética contrastó con la opinión que tienen los mexicanos respecto a Pemex: resalta que el 68% siente un grado de orgullo por la paraestatal; 60% consideran que Pemex es una empresa del Gobierno, frente al 34% que considera que es de los mexicanos; casi el 70% considera que Pemex no tiene suficiente transparencia y con igual porcentaje es considerada la corrupción con la cual se maneja; asimismo, la población cree que es necesaria una reforma energética (55%), pero no está de acuerdo con que se permita la inversión privada en la industria petrolera (54%); igualmente, la población considera que Pemex debe desarrollar la tecnología que le permita explotar el petróleo que se encuentra a gran profundidad (73%), contra el 24% que considera que se asocie con empresas petroleras extranjeras (Meixueiro y Baca, 2013). A pesar de todas estas consideraciones, el Gobierno Federal apostó a desnudar al Estado de sus recursos energéticos que se fueron consolidando históricamente, a través de la resistencia al boicot internacional y de la lucha social, que derivó en la constitución del Leviatán mexicano, como un príncipe arropado de recursos que le permitieron cierta soberanía.

De 1978 a 2004, Pemex vivió un periodo de bonanza petrolera. Después de ese rango de tiempo devino un descenso en la producción, promovido por el agotamiento en Cantarell, que evidenció la necesidad de reformar la paraestatal, de la cual proviene arriba del 40% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal (Meixueiro y Baca, 2013; Ibarra, 2013; González, 2014; Rousseau, 2012).

La reestructuración organizacional que ha implementado Pemex busca reemplazar una administración basada en principios burocráticos por una administración basada en principios empresariales, sin embargo Victor Carreón y Miriam Grunstein (2011) señalan que desde su concepción como una industria estatal en el año 1917 hasta 1989, cuando se forjaron las primeras reformas organizacionales, Pemex fue parte sustancial de la estructura monolítica del partido de Estado: Partido Revolucionario Institucional (PRI). Rousseau (2012) señala que la creación de Pemex Comercio Internacional (PMI) S.A. de C.V., implicó la formación de una empresa pública a manera de una sociedad mercantil y no la creación de un órgano administrativo por ley. No obstante, el expresidente Salinas de Gortari (1988-1994) generó cambios jurídicos en Pemex a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que entró en vigor el año 1992. Dicha ley buscó evaluar el peso y la injerencia del Estado en relación con el peso de la función empresarial.

Carreón y Grunstein (2011) sostienen que el proceso de reformar a Pemex, de paraestatal hacia una vocación empresarial, se sustenta en el problema estructural de la industria. La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, sustituida por la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en el año 2008, inserta elementos empresariales, destacando: la inclusión de consejeros profesionales; eliminación de la figura Organismos Descentralizados Subsidiarios que se hallaba en la Ley; y, mayor autonomía de gestión en lo que toca a endeudamiento y ejercicio presupuestario (Rousseau, 2012).

La reforma del año 2008, que pretendió consolidar a Pemex más cercano a una empresa con vocación, se enfrentó a la contradicción partidista propiciada por el Frente Amplio Progresista, organizado por los partidos que se autodenominan de izquierda (Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido del Trabajo), acompañando todo el proceso legislativo (Rousseau, 2012; Carreón y Grunstein, 2011).

El expresidente Salinas de Gortari, en su Plan Nacional de Desarrollo, estableció la desincorporación de diversas entidades paraestatales, entre ellas petroquímica secundaria para atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras, originando siete empresas petroquímicas filiales: Cosoleacaque, Tula, Escolín, Camargo, La Cangrejera, Morelos y Pajaritos. No obstante, en el año 2004 la Secretaría de Energía, señaló que los resultados obtenidos de la desincorporación de las filiales no fueron los esperados a causa de que no se concretó la participación del sector privado. Dicha participación supera los $5,000,000,000 USD (IMCO, 2013).

Durante su mandato el expresidente Vicente Fox (2000-2006) lanzó la iniciativa de reforma y, con mayor fuerza y radicalidad, su relevo, Felipe Calderón (2006-2012), tomo decisiones a partir de un documento elaborado por la Secretaría de Energía y Pemex, denominado: “Diagnóstico: situación de Pemex”. En el que Pemex demanda ser tratado como empresa, tanto en su organización interna como en su autonomía de gestión. La respuesta de este mandatario fue implantar consejeros técnicos independientes, en lugar de trabajadores del Estado, otorgando ciertas libertades presupuestarias y de endeudamiento. Tal acción se calificó de presidencialista, porque la designación de consejeros y la creación de organismos quedaban sujetas a la voluntad presidencial (Rousseau, 2012; González, 2014).

Carreón y Grunstein (2011) sostienen que no hay factores relevantes para que el sector hidrocarburos esté en manos de una empresa pública. Asimismo, el Estado al obtener los ingresos de la renta petrolera y redistribuirlos a través de la política de gasto social no cuenta con un instrumento que proporcione información transparente, ni tampoco existe la certeza de que no se desvían recursos para otros propósitos. El desarrollo tecnológico, el tamaño del mercado y la dotación de hidrocarburos es una ventana de oportunidad que impulsa a obtener la máxima ganancia a través de reformas que consolidan la vocación empresarial de Pemex.

Comprender la figura de Pemex permite identificar las contradicciones en su forma de actuar, las cuales desordenan económica y operativamente a la industria petrolera (Ibarra, 2013; Rousseau, 2012; Carreón y Grunstein, 2011). Una de las confusiones más graves es concebirlo como un órgano competente para actuar de cierta forma e impedido para actuar de otras. Por ejemplo, Pemex es oportuno para explorar y producir hidrocarburos por estar legítimamente plasmado en la constitución, sin embargo, suele mencionarse que no está facultado para fijar libremente los precios de los combustibles, esta acción corresponde al Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La confusión de Pemex como autoridad conveniente procede de actos administrativos, la Ley de Petróleos Mexicanos faculta a Pemex para convocar licitaciones públicas y adjudicar sus propios contratos, acto de autoridad reconocido por la doctrina administrativa y por los tribunales. De esto se deriva que el Estado no restringe la competencia de Pemex para actuar, sino limita su capacidad para determinar como lo haría una empresa en las diversas transacciones que realiza (Ibarra, 2013; Carreón y Grunstein, 2011).

Desde hace algunos años se puso el dedo en el renglón sobre la consideración de rubros en torno a la regulación, operación, fiscalización, etc. La falta de claridad en las responsabilidades entre dependencias propició conflictos, retrasos y duplicación de tareas, por ejemplo, el peso de la SHCP sobre el manejo de Pemex es inapropiado, debido a que controla los préstamos, la emisión de bonos hacia el exterior y los flujos de inversiones (Ibarra, 2013). Una cuestión más desfigurada es que la SHCP decide unilateralmente, sin tomar en cuenta al Consejo de Administración de Pemex ni de la Secretaría de Energía. Por ello, Pemex al tener una administración desconcentrada, sigue sujeta a criterios de grupos y no a criterios empresariales (Ibarra, 2013; Carreón y Grunstein, 2011).

La transferencia al fisco de las rentas petroleras al extremo de poner en pérdidas a Pemex, comprimir su capacidad inversora, tecnológica, industrial y de reconstitución de reservas encausaron la reestructuración de la paraestatal (Carreón y Grunstein, 2011; Rousseau, 2012; Ibarra, 2013). No obstante, el sentido de esta reestructuración inclina la balanza hacia la desigualdad que representa la inversión privada y no impulsa la industria, a través de la regulación y la distribución en el gasto social derivado de las rentas del petróleo (Ibarra, 2013; Peck, 2010; González, 2014).

El aporte de Pemex a los ingresos federales subió de 18% a 37%, entre los años de 1980 y 1996, para sostenerse en el 30% y 35% en los años subsecuentes. La permanente falta de desarrollo del complejo petrolero, explica que el país importe el 30% de las gasolinas, una parte significativa de gas y que la producción de fertilizantes y petroquímicos sea insuficiente (Ibarra, 2013; Meixueiro y Baca, 2013; González, 2014).

Pemex vuelca toda su renta económica a las arcas públicas a través de diversos impuestos y derechos, por lo tanto si estos se incluyeran en el cálculo de su tasa ROIC, la rentabilidad de Petróleos Mexicanos sería de cero (Ibarra, 2013).

En el año 2013, Pemex entregó a la SHCP alrededor de 55% de sus ingresos totales correspondientes a utilidades. Contrario al porcentaje de las demás petroleras que va del 19% hasta el 1.8% de sus ingresos por concepto de impuestos, respecto de sus ingresos totales. Los ingresos de la paraestatal son equivalentes a la suma de las mayores empresas que operan en el territorio mexicano: América Móvil, Femsa (Coca-Cola), Wallmart y Alfa (González, 2013a; 2014).

Con respecto a Pemex refinación debe tenerse en cuenta sus actividades de producción, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos. Se encarga de satisfacer la demanda nacional de petrolíferos con producción propia e importaciones, lo que confiere un papel central en el suministro energético del país (Carreón y Grunstein, 2011; González, 2014).

El tamaño de la sustracción ilegal de combustible es tal que las pérdidas estimadas para Pemex durante el 2013 son 11.5% superiores a las ventas totales de gasolina Premium en todo el mes de octubre de ese año a nivel nacional, cifra que representa más del doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Energía para 2013, el cual ascendió a $3,294,000,000 de pesos y supera con $600,000,000 de pesos a la Cámara de Diputados (González, 2013a).

La reforma propicia la participación privada en sectores energéticos de México y actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas natural. La modificación del Artículo 27 y 28 Constitucional para modernizar la industria nacional de hidrocarburos, permite la participación del sector público y sector privado. Estipula la creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural, como organismo público descentralizado, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de dicho combustible. Asimismo, crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (González, 2014; Ibarra, 2013).

Se modificaron artículos que ya habían sido cambiados anteriormente por el presidente Salinas de Gortari (1988-1994), como el artículo 25, 27 y 28 con el fin de permitir la participación privada global y local en actividades estratégicas que reportan alrededor de $86,000,000,000 USD de dólares al año (González, 2014).

En la reforma no se tocan los intereses directos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El STPRM constituye un feudo anclado en sus privilegios, que demuestra poca disposición para revisar los fundamentos de su contrato laboral, pese a que algunos artículos son contraproducentes para el idóneo desarrollo de la empresa (Rousseau, 2012).

Entre las diferentes figuras jurídicas que se establecieron para permitir la participación del capital privado en la extracción y producción petrolera se encuentra la licencia. Monreal (2014: 14) señala que la figura de licencias es muy peligrosa, “ya que permite adelantar los ingresos que reciba hoy el Estado Mexicano, a costa de sacrificar los que recibirá en el futuro”.

Con la figura de licencias podrá tener derecho el licenciatario a explotar una porción de territorio mexicano a cambio de un pago inicial. A mejores condiciones de la licencia, mayor pago será al inicio, sin embargo, menor lo que recibirá a futuro, vía regalías o impuestos. Asimismo, el término tiene un problema de sentido, puede dar lugar a diferentes interpretaciones, siendo contrario a la certidumbre jurídica. Aunado y agudizando este problema, se encuentra el concepto: “entre otros” que da pie a cualquier cantidad de modalidades para asignar contratos (Monreal, 2014).

Con la licencia, que es sinónimo de permiso en la legislación mexicana, se presupone el derecho de propiedad del solicitante, frente al cual la licencia no puede prejuzgar, modificar o limitar. La licencia petrolera presupone la propiedad como derecho preexistente del solicitante sobre el yacimiento a explotar, contrario a la concesión que parte del supuesto que la propiedad es estatal, nacional o de dominio público.

De esta manera se muestra que la reforma tiene un sesgo institucional hacia favorecer al capital privado, coincidiendo con la formulación teórica de que en la política de posicionamiento el Estado Nacional de Competencia es socio más que un simple instrumento, declinando la balanza de regulación en contra de la forma social.

Asimismo, Ibarra (2013), que está a favor de reformar Pemex, señala la polarización exacerbada que conlleva. Monreal (2014) analiza que a través del término licencia favorece al capital y no el fortalecimiento institucional de la paraestatal, al cual se refieren todos los autores y gobiernos que desde la década de los 90 del siglo XX abordan el tema (Carreón y Grunstein, 2011; Rousseau, 2012; González, 2013b; 2014;Ibarra, 2013).

Al respecto de la reforma energética se puede señalar que la intención fundamental planteada por el Ejecutivo mexicano fue la participación de capital privado en la extracción y transformación de hidrocarburos con la justificación, que el costo para consumo doméstico resultará más bajo, siendo que México es un país productor que importa alrededor del 50% del consumo nacional, aduciendo que el costo por consumo de luz y gas se reduciría a más tardar en dos años de la entrada en vigor por las leyes secundarias. La formulación de dicha reforma contempla la generación de 500,000 empleos adicionales proyectados para el año 2018 y el 1% adicional de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); aumento en la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos, evitando así la importación de este insumo por $400,000,000 USD. Escenarios de una necesidad real para los hogares, pero disimulando la finalidad real que conllevó la aprobación de la reforma, señalada por Ibarra (2013) y Monreal (2014).

A través del análisis del discurso que se hace de la reforma energética, en ningún momento se menciona la noción de seguridad energética nacional, que garantice el abastecimiento hacia adentro, sino que los términos mayoritariamente mencionados son: asignación, producción, propiedad, particulares, exploración, extracción, subsuelo, fondo y fideicomiso (Monreal, 2010).

Se establecieron acuerdos a escala internacional que comprometen el tema de los hidrocarburos nacionales y la participación privada de empresas de otros países en la industria petrolera, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), firmado entre México-Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. El tratado no contempla inversión privada en casi la totalidad del proceso productivo, sin embargo, existe una cláusula de desempeño que señala que cada país involucrado en el tratado, deberá permitir a sus empresas estatales negociar cláusulas de desempeño en sus contratos de servicios, de allí que Pemex pueda negociar contratos de servicios con el sector privado nacional y extranjero. Un instrumento que ha venido posibilitando la capacidad de inversión son los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas (González, 2013b).

Son tres los factores escalares globales con respecto a la refinación: 1) Algunos países además de ser productores de crudo, también tienen la capacidad de refinar su producción petrolífera: Estados Unidos de Norteamérica, China y Reino Unido; 2) México y Brasil, no cuentan con suficiente capacidad para refinar su propia producción de crudo; 3) Diversas naciones que pese a no contar con grandes reservas de crudo o incluso no ser productores del mismo, cuentan con una alta capacidad de refinación, son Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Japón y Corea del Sur. Entre 2011 y 2012, España, India y Corea del Sur incrementaron su capacidad de refinación, sin embargo, ninguno de los tres países tiene reservas significativas (González, 2013a; 2014).

Pemex se ubica dentro de las primeras 15 compañías del Continente Americano con mayor ingreso. En primer lugar está Exxon Mobil, le sigue Wallmart, en el sexto Petrobras y hasta el número 13, la petrolera mexicana (Fortune, marzo 2012. Global 500. “The 500 largestcorporation in theworld”).

Petróleos Mexicanos es la tercera petrolera más rentable del mundo tomando en cuenta el denominando retorno sobre el capital invertido, indicador que señala las ganancias de Pemex antes de pagar los impuestos, nada menos que de 64% (Ibarra, 2013; González, 2014).

El Estado Nacional de Competencia estructura el modelo de organización política y económica, cuyas pautas de formulación se ubican en la Ronda de Uruguay, el TLCAN y la Organización Mundial de Comercio (OMC). La estrategia fundamental se expresa en la política de posicionamiento que consiste en promocionar al capital nacional y extranjero, la productividad de la fuerza de trabajo y los recursos naturales que se localizan dentro del espacio de dominio. El Estado no sólo es promotor, también se asocia con el capital para obtener la máxima ganancia (Hirsch, 2001).

En esta fase del ENC no se trata solamente de la formulación de un programa de políticas concretas, reformas o un conjunto de instituciones, sino, en el sentido más amplio de una manifestación institucional de un contrato social histórico y geográficamente distinto (Hirsch, 2001; Peck, 2010).

Al interior, el ENC tiene una política de maximización de la participación de la fuerza de trabajo asalariada, la naturalización del empleo contingente, el suministro de las provisiones y de los servicios que brinda éste, de acuerdo con los criterios de empleabilidad (Hirsch, 2001; Peck, 2010; Luna, 2014). Asimismo, control en la fuerza de trabajo, que como toda mercancía, no tiene el mismo desplazamiento, ésta se ve impedida a migrar a mercados de trabajo internacionales, para obtener mejores condiciones, perpetuando la desigualdad económica (Hirsch, 2001; Peck, 2010; Holloway, 1990; Luna 2007).

Con base en la Ronda de Uruguay, el TLCAN y la OMC se postuló la clausura del atraso económico a través de la liberación de los mercados, dando pie a la realización de varias acciones coordinadas para sanear la economía y la política. Sobre la liberalización de los mercados se formuló la estabilización de los precios y erradicación de los desajustes en las cuentas públicas. A la par, el ENC a través de su política de posicionamiento reemplazaría el forzado desarrollo industrial, posibilitando la absorción de tecnologías de punta en beneficio de los salarios y de los ingresos de la población, erradicando las rupturas cambiarias (Ibarra, 2013; Hirsch, 2001).

La escala de las acciones globales trazó el actuar del Estado frente a sus recursos y empresas, sobre las cuales éste tenía el monopolio, por lo que la destreza y la aplicación sólo eran una manera de actuar, en torno a la determinación externa a los límites nacionales. Los argumentos para reformar el artículo 27 Constitucional se centran en representar una decisión racional y estratégica, favorable a Pemex y al Estado, ocultando el objetivo real de incrementar la tasa de ganancia de los mercados financieros, dinero y capital (Lefebvre, 2006; Hirsch, 2001; Holloway, 1990).

El prolegómeno escalar consiste en la imposibilidad de transferir poder económico y político sin que se lleve para bien o para mal, la distribución del ingreso, los accesos al bienestar de grupos y clases sociales (Swyngedouw, 1997; 2003; Peck, 2010; Hirsch, 2001; Holloway, 1990; Lefebvre, 1991). Las reformas para encausar la política de posicionamiento enaltecen las libertades individuales y de los mercados locales, pero al poco andar, concentra el ingreso, detiene los salarios, confieren poder incontrolable a los conglomerados financieros globales y extienden, a través de todas las escalas, miseria o riqueza extremadamente desigual (Ibarra, 2013; Hirsch, 2001; Peck, 2010; Holloway, 1990).

La reforma energética del año 2013, modifica los artículos 27 y 28 constitucional para hacer posible la inversión privada en la cadena productiva del petróleo, el gas, la refinación y la petroquímica. Se elimina de las explotaciones petroleras la protección constitucional que formulaba su situación estratégica, reservada al Estado, actividad a la que puedan acceder propios y extraños de cualquier escala, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos (Ibarra, 2013; González, 2013).

El impacto indiscutible será la dispersión de la renta petrolera, reduciendo los magros ingresos estatales en los años venideros (Ibarra, 2013). Asimismo, será más rápido el agotamiento de reservas petroleras debido a la agresiva estrategia de extracción de hidrocarburos, aumento de la carga fiscal de Pemex, tal como se dispone en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la mayor parte de las empresas en el sector energético serán extranjeras, por lo tanto de escala global, la actividad económica y de generación de empleos no crecerá significativamente, se incrementará la concentración del ingreso y se favorecerá la transferencia de riqueza al extranjero, el gasto público seguirá destinándose mayoritariamente a gasto corriente y menos se contribuirá con dicha reforma a reducir la pobreza local (González, 2014; Ibarra 2013).

De esta manera, el planteamiento surgido desde la escala global, aplicado por el ENC, a través, de su política de posicionamiento procedió a la crisis de los actores sociales, simulando expectativas de desarrollo a partir de las rentas petroleras (Hirsch, 2001; Holloway, 1990; Peck, 2010). Consolidando las bases para que éstos se inclinaran a favorecer la reforma energética con la finalidad de ser beneficiarios directos de dichas rentas (Hirsch, 2001; Lefebvre, 2006). La reforma energética pone en riesgo ese 35% o hasta 40% de los impuestos que cobraba el Gobierno federal y que equivalen a las utilidades de Pemex, las que ahora aprovecharán globalmente los mercados de capital, dinero y financieros y que tendrá que absorber localmente la población, quien tendrá que pagar los costos en la asociación del Estado con el capital (Ibarra, 2013; Gonzalez, 2014).