Entre las innúmeras deudas de la modernidad, plagada de catástrofes, masacres, genocidios, invasiones y miserias materiales y simbólicas, se cuenta la ausencia tanto histórica como teórica de su utopía cardinal: el autogobierno del propio destino de la humanidad. Y no exclusivamente por las dificultades que la expansión de las desigualdades producidas por el capitalismo -que no despreciamos en modo alguno- sino mucho más específicamente por ausencia de problematización teórica y ejercicio de la distribución del poder decisional que comparten tanto las sociedades de clase como las llamadas experiencias del “socialismo real” pasado o presente. La orfandad teórica es común tanto a los paradigmas ideológicos liberales, aún de cuneo keynesiano, como a los autodefinidos “socialistas”. Claro que estos últimos están en mejores condiciones originarias para poder pensar esa distribución e intentar incorporarla a su ideario. He tenido ocasión de escribir artículos y capítulos de libro dedicados específicamente a este problema politológico más general (Cafassi, 1998; 2010, 2011a, 2011b, 2011c). Esta laguna conceptual también penetra hasta los cimientos de la relación entre política y tecnología, por lo que me ceñiré en este artículo a esta última, particularmente en lo que a la apropiación privada del espacio público respecta y a la necesidad de su reinvención a la luz de las actuales tensiones, potencialidades y polivalencias tecnológicas en el campo informático o más precisamente aún, a la totalidad de la esfera digital (y de “lo digitalizable”). A la vez, será ocasión de remarcar que ningún proyecto, sea distributivo o concentrador del poder o la riqueza, dependen de tecnología alguna para su ejecución, sino de concepciones y prácticas políticas. Pero estas últimas encontrarán en la técnica tanto potencialidades renovadoras como limitativas, según sea el control y la participación de la propia política, o más precisamente de quienes padecen sus efectos, en su desarrollo, control y apropiación.

Redefiniendo el espacio público y su actual colonización

El mundo ha padecido de manera regular y continua procesos de colonización. Pero el fenómeno está lejos de ser parte del pasado. Convivimos con ellos en formas y proporciones diversas, según las sociedades, los momentos de la historia y las diversas esferas de la vida económica, política y social. No me propongo aquí revisar las invasiones bárbaras o germánicas, ni la caída del Imperio Romano de Occidente en la antigüedad tardía, o más precisamente el período que situamos como transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Tampoco las invasiones contemporáneas como las que las alianzas imperiales lideradas por Estados Unidos despliegan en el oriente medio o las ocupaciones israelíes. En ningún caso porque carezcan de bestialidad, sino justamente porque la positividad de la violencia bélica es suficientemente elocuente al respecto, pero también porque con su magnificencia contribuye además a encubrir formas más sutiles -aunque no poco consistentes- de procesos colonizadores y apropiaciones privadas de espacios públicos, soberanías políticas y derechos colectivos. Haciendo una paráfrasis algo forzada de Foucault (1992) diría que el propósito central de este apartado es la microfísica de la colonización del espacio público, particularmente en la esfera política y comunicacional, apelando para ello a la apropiación tecnológica y al desconcierto y/o indiferencia ciudadana. O en otros términos, la estricta física del poder y de la construcción de hegemonía (Gramsci 1981).

Pero quisiera señalar dos mediaciones insustituibles. La primera es que el espacio público no es un ámbito natural, aunque contenga parte de la naturaleza en estado puro como el éter, tampoco estático o constante e inelástico, sino un constructo político-social históricamente condicionado, que está fuertemente mediado por la tecnología desde los orígenes de la modernidad (y antes aún, a pesar de aquella precariedad). La segunda es que los procesos de colonización tienen consecuencias culturales de atracción y repulsión social y en ocasiones de sincretismo con secuelas de largo plazo que pueden llegar hasta la propia universalización o al menos a la extensión creciente de sus influencias. El sólo hecho de que estas líneas puedan ser leídas por cualquier lector de habla hispana, es una consecuencia lingüística de la brutal colonización buena parte del sur y centro de América y de exterminio de los pueblos originarios. Las colonizaciones también producen una suerte de ensanchamiento –siempre parcial aunque potenciado en esta época por la llamada globalización- de la interacción comunicativa. Tampoco es ajeno a este mismo proceso de colonización, no ya territorial sino hegemónico-cultural, que en el resto del mundo hoy nos comuniquemos en inglés, lengua que ha ocupado el sitial del fracasado proyecto del esperanto como idioma universal. Pero también, llevando el ejemplo al plano tecnológico, como referiré más adelante, lo fue la universalización de la Computadora personal y su penoso sistema operativo cuasi universal (originalmente el DOS para dar paso luego a las diferentes versiones de Windows), aunque hoy estemos a las vísperas de su fenecimiento definitivo, abriendo tanto feroces disputas económicas, jurídicas y políticas, como interrogantes a develar[1].

Volviendo a la noción de espacio público, en primer lugar deberíamos acotar a este espacio como una infraestructura material desarrollada por instancias públicas o comunitarias, como los municipios, que se erigen como resquicios de libertades y derechos “tradicionales” donde se desarrollan la circulación ciudadana, el transporte, la infraestructura de servicios urbanos, pero sobre todo la comunicación, la política y la interacción social, incluyendo hasta la propia práctica insurreccional. Es un ámbito de circulación, de interacción social y cultural, de visita y de acción y expresión.

El desarrollo del mundo urbano ha conocido a lo largo de la historia mutaciones tanto planificadas como sometidas a la anarquía mercantil del espacio público. Tal vez el más claro y pionero ejemplo de planificación moderna sean las transformaciones de París durante el Segundo Imperio a partir de mediados del siglo XIX, llevadas a cabo por Napoleón III (precisamente aquel que Marx caricaturiza en su “18 Brumario” (1973: 284-368)) y por el Barón Haussmann, que comprendieron la casi totalidad de la ciudad desde el llamado “coeur” (corazón) hasta la periferia. Me propongo hipotetizar que una transformación proporcional es indispensable en el plano tecnológico-político, sobre todo en los países del giro progresista y del sinuoso y complejo abandono del paradigma neoliberal, sólo a condición de que se reformule la naturaleza y alcances de ese espacio, pero fundamentalmente la información necesaria, la transparencia y la capacidad efectiva de decisión colectiva sobre él, universalizándolo.

La posibilidad de reinvención y consecuente expansión del espacio público no reposa sobre una oposición binaria entre plan y mercado, como no lo fue tampoco en el “estalinismo real”, sino entre concentración o distribución de poder y los insumos informativos para ejercerlo, con mayor o menor independencia de las formas de propiedad física. O en otros términos, la anarquía del mercado no se resuelve con el autoritarismo del plan tecnocrático porque en los dos casos queda velada toda posibilidad de elección y con ello se excluye al principal receptor de los resultados: la sociedad. Retomaré esta misma tríada en adelante en el plano comunicacional, donde nuevamente, el principal actor es el excluido. El centro de la discusión no es la naturaleza acertada o errónea de una decisión tecnocrática, ingenieril o de un desarrollo tecnológico específico, sino su esencia velada, cuasi incognoscible, incontrolada e inmodificable. Un claro ejemplo en contrario es el del software libre, que puede hasta no ser gratuito, pero sí aprehensible y modificable y objeto de debate público, con la necesaria traducción política de expertos. También el propio devenir de las decisiones autoritarias o el desarrollo de los mercados pueden dar lugar, azarosamente, a resultados imprevistos por sus propios impulsores tensando las propias relaciones de producción en las que se gestaron.

Aquella reforma urbanística parisina modificó radicalmente la apropiación ciudadana de las calles al superar los estrechos callejones del centro del viejo París, cuya estructura conservaba las formas medievales, como maravillosamente describe Víctor Hugo (2002) en “Los miserables”. Y lo logró creando anchos bulevares, grandes plazas y espacios abiertos, pero aprovechando las obras para montar una inmensa red de alcantarillado y saneamiento, al modo londinense, que no se detuvo siquiera en la –por entonces “novedosa”- tecnología del gas. Que se le atribuyan intenciones represivas de los recurrentes levantamientos populares desde la revolución de 1789, no sólo es cierto sino que también se demostró eficaz para el desplazamiento de tropas y para el uso de cañones contra las barricadas y muchedumbres por el carácter rectilíneo de las calles, lo cual facilitó la masacre final de La Comuna en 1871 (Marx 2009). Pero este hecho no debe llevar a desvalorizar la construcción política y planificada de ese espacio público, ni aún con las características autoritarias y tecnocráticas como las del ejemplo que traigo a colación. En las tecnologías informacionales actuales, encontramos la misma ambivalencia: por un lado, la expansión potencial del ejercicio expresivo y la distribución informativa, cultural y cognitiva, y por el otro, el desarrollo exponencial de la sociedad de control en sentido deleuziano (1999) y el enghettamiento en “clientelas rehén” al que pasaremos a referirnos en adelante.

Aquellos monumentales trabajos de Haussmann fueron decididos por el Estado, aunque mayoritariamente fueron puestos en ejecución por empresas privadas y financiados por la banca privada, que comenzó necesariamente por expropiaciones “por causa de utilidad pública”. A la vez, los poderes públicos intervinieron sobre las normas urbanas, como las dimensiones de los edificios, produciendo una fuerte regulación urbanística que, dicho sea de paso, ha hecho de París una de las más bellas ciudades modernas del mundo. Pero lo más revelador es que una parte significativa de la iniciativa y propiedad originalmente privada, pudo ser reapropiada públicamente. Toda forma de propiedad está sustentada en la violencia y su carácter depende de las relaciones de fuerzas en pugna. Volviendo a París, desde el siglo XII, el espacio ocupado por fábricas de tejas (donde en el siglo XVI Catalina de Médicis hizo construir el Palacio de Tuileries, rodeado de grandes jardines) perteneció al ámbito privado, inclusive para la celebración de las grandes fiestas de la nobleza. Pero en tiempos de la Revolución, el palacio fue expropiado, resultando el centro del poder republicano, hasta ser finalmente incendiado por la insurrección de La Comuna. Pero los jardines (Jardin des Tuileries) continúan hasta hoy siendo un gran espacio público parisino.

Son muy pocos los casos históricos de concepción y construcción de una ciudad importante desde cero. Pero esos pocos estuvieron siempre signados por el autoritarismo arquitectónico o político. Pensemos en el proyecto de Lúcio Costa en la ciudad brasileña de Brasilia y Oscar Niemeyer colaborando con sus edificios al estilo de Le Corbusier, o desde la política roquista de Dardo Rocha en la ciudad de La Plata en Argentina.

Una doble analogía con las referencias históricas sucintamente expuestas, indudablemente forzada como extrapolación en la materia y el tiempo, lo sugiere precisamente el desarrollo de las actuales tecnologías digitales y su relación con el espacio público. Por un lado, asistimos en estos días tanto a una masificación de su uso cuanto a una pérdida de la universalización o enghettamiento y disputa de los estándares técnicos. Por otro, a una mercantilización parcial, no exclusivamente privada, del acceso y utilización de la infraestructura y del propio éter, que lejos de expandir derechos y facilitar protagonismo e información, tiende a clausurarlos. El subsuelo urbano, su espacio aéreo cercano y el éter están siendo apropiados mediante hechos de fuerza consumados a espaldas de los ciudadanos.

Sobre el primer aspecto, la universalización, si bien Internet (el protocolo TCP-IP) en sus diferentes protocolizaciones mantiene su carácter universal gracias a las intervenciones permanentes de la ICANN[2], la disputa por el hardware y el software fundamentalmente en materia de celulares, tablets y netbooks, la pervivencia de software propietario, de bloqueos de equipos y “fidelización” compulsiva de las clientelas, además de los proyectos de “cloud computing” o computación en la nube, retrotrae la historia del pasaje de la informática de élite a la de masas, al momento previo de las “home computers”, con sus ghettos cerrados por la incompatibilidad, como si se tratara de play stations[3].

En efecto, la ICANN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP) y de resolver la gestión técnica de la protocolización y de identificadores de protocolo y de las funciones de gestión y administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores “root” o de raíz. Son las funciones que anteriormente estaban a cargo de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) bajo control directo del gobierno de EE.UU. Si no existiera hoy la ICANN -con su carácter algo más “federal” respecto al mundo que su antecesora- y sus permanentes intervenciones universalizadoras, varias veces en la breve historia de Internet se hubieran agotado las direcciones IP o hubieran quedado totalmente monopolizadas por los EE.UU. y concentradas en su territorio y sometidas a su imperio jurídico.

No sucede lo mismo con el hardware y el software justamente porque operan las fuerzas identificadas en el segundo nivel de problemas y aquello que se constituyó en infraestructura universal, deja de serlo. La ausencia de reconocimiento de la naturaleza cardinal y decisiva de la conectividad en la consolidación y expansión de un espacio público ciudadano, sumada a la privatización inconsulta y segmentación mercantilizada del éter, exige una reforma social no exclusivamente urbana, material, política y cultural al estilo de Haussmann en el París del XIX, que no puede eludir a las tecnologías digitales contemporáneas. Cada país de Sudamérica parte de condiciones desiguales en materia de infraestructura y relaciones de propiedad y por tanto no habrá una receta única para lograr las transformaciones necesarias. Pero en cualquier caso, resulta indispensable pergeñarlas en cada caso trazando una horizonte de derechos y libertades desde el cual pensar los pasos necesarios para su alcance y adquisición.

Aún países que pudieron resistir la ola privatizadora neoliberal conservando un importante acerbo de empresas públicas de servicios, como Uruguay, se encuentran sometidos a una dinámica mercantil acrítica por la venta de tecnología propietaria, como hace la compañía de celulares Ancel. Opera como una suerte de furgón de cola del tren de las corporaciones multinacionales en la competencia por vender aparatos con sistemas operativos con grilletes[4] y de facturar abonos indiferenciados en cualquier barrio o propiedad, independientemente de su valor fiscal o real, a diferencia de lo que sucede con los impuestos a la propiedad, lo cual como sistema público productor de servicios es, fiscal y mercantilmente, regresivo.

No sólo es indispensable promover y desarrollar software libre, sino libérrimo en su ideario y lograr acompañar el desarrollo político de iniciativas políticas que permitan la mayor participación ciudadana posible. Tanto como hardware y conectividad igualmente libre y extendida. Del mismo modo en que la iluminación pública, constitutiva del espacio público urbano como efectivización del derecho circulatorio nocturno, requiere de luminarias y energía, provista por empresas públicas o privadas según los casos, no hay razón para excluir de este mismo espacio público al derecho a la conectividad efectiva. ¿Por qué reclamar asfalto y no hardware? ¿Por qué saneamiento y no conectividad? La tecnología no es sólo un manojo de artefactos. También se involucra en el mundo organizacional e institucional. Las izquierdas latinoamericanas en el poder, o si se prefiere razonablemente, la más vaga denominación de progresismos para la generalización, tienen una gran responsabilidad por delante que no sólo es repensarse y reformarse a sí mismas, sino también dirigir las transformaciones tecnológicas en función de sus valores y objetivos. Que siempre serán más fáciles de alcanzar si se declaran y publicitan.

Existe sin embargo una percepción generalizada en el imaginario colectivo, aunque totalmente imprecisa, de que se están operando cambios fundamentales y vertiginosos en las tecnologías de información y comunicación, pero que resultan ingobernables e inasibles. Se presentan como una burbuja explosiva en manos de un mercado arrollador. Bajo la epidermis de este imaginario, quedan ocultas tanto las venas por las que circulan los intereses y flujos económicos, la musculatura precisa que desarrollan estas transformaciones con sus alcances y límites y, fundamentalmente, los conflictos, las disputas de intereses y la posterior inflexión de la subjetividad que producen. Si bien es fundamental que los usuarios de estas tecnologías, que con la masificación del celular prácticamente se extienden hacia la totalidad de las sociedades, se involucren en un debate en torno a la naturaleza de sus prácticas y sus consecuencias, mucho más lo es que el Estado, si adopta una orientación progresista como es el caso de buena parte de los países de Sudamérica, no sólo promueva el debate sino que intervenga directamente en la producción, distribución y regulación de los recursos tecnológicos informacionales. Muchísimo más aún de lo que lo ha hecho hasta ahora, aunque es valorable la distribución escolar de hardware[5].

No seré nada original después de Feenberg (1991) o Sclove (1995) acerca de la necesidad de democratización de la tecnología, pero subrayaré que ésta será imposible si se concibe que la democracia se implementa efectivamente y de modo acabado y extendido en algún otro plano de la vida social. Antes bien, partiré del supuesto de que la propia concepción de democracia debe reformularse por completo para superar el estrechísimo lazo fiduciario en el que reposa allí donde dice tener vigencia. Tal reformulación tiene una doble implicancia en el plano de la esfera pública. Por un lado porque esa reformulación permitiría incorporar a la propia tecnología como sustrato material de la arquitectura institucional, siempre que esté universalizada y concebida como parte del espacio público de forma tal de contribuir a superar la miseria y autonomización del lazo representativo y por otro, porque el propio espacio público actualmente concebible, rebasa los límites espaciales de la ciudad y políticos del estado nación.

Las fronteras y -mucho más decisivamente- la configuración intrínseca de un espacio público en el que la sociedad interactúe, delibere y adopte decisiones es, en mi opinión, la principal variable a considerar en materia de desarrollo político-social en la actualidad. Esta noción moderna y por lo tanto originalmente burguesa, exige una reapropiación conceptual y práctica por las izquierdas, superadora de la estrechez dominante y generalizada, tanto si se la concibe sobre el conjunto de la sociedad, como en las múltiples escalas institucionales posibles (partidos, sindicatos, organismos estatales autónomos o no, movimientos sociales, etc.). La experiencia histórica no será pródiga en ejemplos de amplificación de este espacio público, lo que justifica el tratamiento reflexivo del problema. De Haussmann para aquí, poco se han modificado sus fronteras y los derechos y libertades sobre los que reposa. Antes bien, por el contrario, las tecnologías se han montado sobre él para beneficio exclusivamente privado. Este artículo intenta poner de manifiesto la necesidad de reversión de esta tendencia, poniendo a las tecnologías al servicio de la distribución del poder y la expansión de la esfera de libertades y derechos. O al menos, más modestamente, en tensión con la estafa de la autonomización de los representantes y dirigentes respecto a sus bases y dirigidos. Las decisiones sólo pueden adoptarse en un espacio materialmente construido e institucionalmente regulado. Ese espacio material colonizado es el que llamo público y esa institucionalización expropiatoria de las decisiones colectivas, representación política fiduciaria.

Espacio público, opinión pública y comunicación.

Si bien este concepto fue introducido originalmente por Kant, es recién en Habermas (2005) donde encontramos resituada su relevancia política, asociándolo directamente con el de opinión pública, quedando de este modo (el de espacio) reducido a una suerte de metáfora y por lo tanto parcialmente desvalorizado como simple receptáculo respecto al contenido. Creo no obstante indispensable distinguir para ello entre “el público” (que motivó una abundante producción de reflexiones críticas en torno a la degradación ciudadana, que genéricamente comparto, como en los italianos Sartori (1998), Bobbio (1989), Eco (1985), etc. y “lo público”, que es precisamente lo que intentaré presentar como pasible de ser materialmente mensurado, estructurado y construido, normativa y tecnológicamente. Técnicamente el espacio público se ha modificado. Políticamente se ha mantenido invariable, o peor aún, se ha estrechado.

Un componente decisivo para Habermas de tal espacio, es el de publicidad, en el sentido de distribución informativa y hasta de transparencia, a diferencia –agrego- de la práctica publicitaria que, inversamente, constituye un discurso ontológicamente falaz, autoelogioso e ideológico (ya sea de naturaleza comercial o política). El sujeto social en Habermas no es una masa receptora pasiva y consumista sino individuos que hacen uso de la razón, o al menos lo intentan.

Hay grandes etapas desde Gutemberg hasta hoy en la construcción de medios de comunicación y por lo tanto de configuración de la opinión pública. A gruesos brochazos, o más groseramente aún, de manera secular, es distinguible la edición de libros y la prensa de opinión en el siglo XVIII, luego la prensa comercial en el XIX, los medios de comunicación audiovisuales de masa en el siglo XX y las tecnologías digitales interactivas a comienzos del XXI.

Este concepto de espacio público reconoce una diversidad de medios y formas de propiedad, mayoritariamente privadas (y no sólo físicas, sino además del mensaje), que en cualquier caso encuentran como común denominador al verticalismo privatista y monopólico del broadcasting (aún forzando esta noción hasta la propia industria gráfica, al menos la hegemónica), lo que es prácticamente la negación del espacio en primer lugar, y luego también de lo público.

Si volvemos a remitimos al ámbito físico-espacial moderno, el espacio público es el lugar donde las personas tienen derecho a circular, por oposición a los espacios privados, donde el acceso está restringido o depende de la voluntad de su propietario. Por lo tanto, la propiedad es necesariamente pública tanto como su uso y los derechos que erige. No necesariamente deberá estar exento de regulaciones, pero sí garantizar dentro de ellas la plena accesibilidad de toda la ciudadanía. Tiene consecuentemente materialidad y tangibilidad, además de ser fuente de derechos y posibilidad de acción política e interacción social. Resultarían imposibles las protestas colectivas y las manifestaciones populares sin esta base material, del mismo modo que los encuentros y las discusiones. Por supuesto que hay excepciones de ámbitos privados con apariencia pública, pero se restringen casi con exclusividad a lo comercial, como los shoppings.

No todas las ciudades son iguales. Además de sus características arquitectónicas y su entorno natural, la cantidad y calidad del espacio público es mensurable por la magnitud y cualidad de las relaciones sociales que facilita o, inversamente, restringe y coarta. En consecuencia, el espacio público presupone el derecho al uso social colectivo y la diversidad.

Si extrapolamos forzadamente esta ejemplificación hacia la práctica cotidiana virtual, el ciudadano internauta, aún desde un celular, transita por los sitios, los visita, se expresa en el ciberespacio de diversas formas y actúa dentro de los escasos límites que ese espacio le propone. Sin embargo no hay una distinción material ni subjetiva entre un ciudadano y un cibernauta. Son uno y lo mismo haciendo uso de espacios específicos del mismo modo que un transeúnte y un manifestante. “Lo digital” resulta estructuralmente inescindible dentro de tal espacio y constituye un componente más de su materialidad. La única diferencia consiste en el derecho. La ciudadanía, en democracias formales representativas es sujeto de derecho en el espacio público. Sin embargo, el gran ausente es el derecho ciudadano a la información y la comunicación, ya que, además de no reconocérsele como tal, se encuentra sometido a la absoluta monopolización y ausencia de alternativas de elección en materia de proveedores de medios y contenidos.

El proceso de digitalización de la cultura y la comunicación, los contenidos audiovisuales y su acceso no elimina la naturaleza finita y concentrada de los medios físicos de distribución, ni menos aún la naturaleza compleja de las estructuras de propiedad sobre las que reposan las diferentes partes constitutivas de su puesta en funcionamiento concreta.

Una conexión a Internet puede darse sólo a través de dos medios: cables o el éter. Usando los primeros, y si no se instalan específicamente para conexión a Internet, pueden compartirse para tal fin los ya instalados para telefonía en cobre (a través de un servicio adsl) o coaxil de TV (el caso de Fibertel o Telecentro en Argentina) o, de manera enfáticamente recomendable y hasta exigible, a través de fibra óptica. Usando el éter mediante las redes de telefonía celular 3G o mediante empresas emisoras específicas. El éter es espacio público por definición, único e indiviso (sólo divisible a través de licencias públicas) y las diversas variantes de cableado, si bien no monopolizan el espacio público lo influyen y apropian parcialmente y resultan prácticamente inflexibles a la competencia. Los procesos de concentración de capital terminan absorbiendo la muy escasa concurrencia capitalista potencial, si el Estado no interviene fuertemente con leyes antimonopólicas.

En la ciudad de Buenos Aires hay sólo dos proveedores de cable de TV y en consecuencia dos propietarios del servicio de provisión de Internet por esos cables (luego de la fusión que produjo el oligopolio Clarín) y uno de telefonía fija (según la zona de residencia), independientemente del nombre de las empresas proveedoras y del subdominio (lo que aparece a la derecha de la @) que administren. En la mayoría de las ciudades restantes de Argentina sólo una opción en cada caso. Independientemente de la preocupación de la oposición política argentina en nombre de la libertad de prensa, o la del gobierno en nombre de la de consumo, la oferta se reduce a sólo dos proveedores en cualquier caso: telefónicas por cobre o éter (en Argentina recién comienza la alternativa inalámbrica con otro oligopolio como Telmex, pero hay ejemplos en otros países latinoamericanos) o de proveedores cable de TV. En Uruguay un ente autónomo estatal tiene el monopolio del tendido de cables, desde el cobre a la fibra óptica, que a su vez posee una banda de telefonía celular. Pero existen proveedores privados de cables coaxil (que sin embargo están impedidos de proveer Internet), aunque los hay por medios inalámbricos, tanto de Internet como de TV.

En la esfera comunicacional tradicional también el mensaje está oligopólicamente segmentado, y es absolutamente débil y esporádico el ejercicio real de la deliberación y la toma política de decisiones por parte de la ciudadanía. El escenario tecnológico actual no es aquel del dominio excluyente de los mass-media en el que Habermas desarrolló su teoría de la acción comunicativa, sino que es el de la masificación de Internet y de la mayor aún masificación de los celulares (que también pueden crecientemente conectarse a Internet). Por eso no debe llamar la atención que la gran mayoría de las expresiones político-sociales alternativas (desde la primavera del mundo árabe hasta los actuales indignados españoles o las protestas en Grecia, Chipre e Inglaterra) recurran a esta tecnología a la hora de organizarse. Inclusive que el hashtag #unmilagroparaaltamira[6] haya figurado entre los trending topics de twitter, como forma de quiebre de una invisibilización posible de una opción política con muy poca relevancia electoral.

A diferencia de Habermas, en cuyo homenaje habrá que subrayar que escribió su monumental trabajo décadas antes del desarrollo de la interacción virtual y de expresiones alternativas, concibo el espacio público en la esfera comunicacional y política como un lugar potencialmente tan físico y tangible como el urbano, es decir, absolutamente material, a la vez que generador y sustento de derechos. En consecuencia planificable y construible. Entre las muchas causas de la inexistencia de esta infraestructura político-material, encuentro dos de significativo peso:

1. 1. El desinterés (y en ocasiones hasta el desprecio) de las izquierdas por la reducción de la brecha dirigentes-dirigidos, por la distribución del poder decisional y la burocratización de las oligarquías partidarias, aunque esto sea particularmente desigual en las izquierdas sudamericanas contemporáneas.
2. 2. La ausencia de reapropiación política de las actuales herramientas tecnológicas y el desarrollo de plataformas físicas, de hardware, conectividad y software que satisfagan al menos parcial y hasta experimentalmente, la participación ciudadana directa en la toma de decisiones, es decir que contribuya, a resolver la problemática sugerida en 1). Más lejos aún que la mera implementación del voto electrónico en reemplazo de la urna que, sin embargo, brasileños y venezolanos por caso, aplican con éxito[7].

A riesgo de ser reiterativo, volveré a insistir en que ninguna forma institucional va a ser producida por artefacto o cable alguno, sino por los resultados de la lucha política cotidiana. No obstante, lo que hoy seguimos llamando espacio público es la misma concepción decimonónica, políticamente tan lábil y expropiatoria de soberanía decisional como entonces. En parte estas líneas pretenden ser un intento de estímulo al debate de su indispensable reinvención.

Democracia mandataria y tecnologías digitales

Los teóricos y filósofos políticos clásicos han concebido e incitado variantes numerosas y diversificadas de la estructura democrática, con infinidad de matices y formas mixtas, aunque todas remiten a la interrelación de variantes sobre dos modelos extremos y opuestos entre sí: la democracia directa y la representativa. Mi opinión es que es en el marco de la superación de esta dicotomía donde pueden concebirse institutos que encarnen para cada tipo de ámbito de aplicación, las formas más acabadas, dentro del carácter siempre perfectible, de asegurar la distribución práctica del poder de decisión colectivo. Sin embargo, se ha incorporado al acervo del progresismo militante la noción de que, teóricamente, la democracia directa es la forma superior de organización política, pero que debido a problemas inherentes a la mecánica democrática contemporánea, su implementación como forma práctica de gobierno es imposible. Por lo tanto, funcionalmente, la democracia representativa sin más aditamentos, resulta el único camino. Uno de los propósitos de este apartado se centra, en consecuencia, en la desmitificación de este dogma conservador que es fundamentalmente hereditario, tal vez de manera involuntaria e inconsciente, del pensamiento de Max Weber (1983).

Una problematización teórica de los clásicos no podría prescindir de la oposición entre Hobbes y Rousseau en el siglo XVIII, del pasaje por Marx y Bakunin en el XIX o por Bobbio y Sartori en el XX (entre tantos otros), pero la teorización weberiana es la que se ha inficionado sorprendentemente en el sentido común progresista, tal vez por concebir objetivos rousseaunianos, abortándolos luego con oclusiones prácticas que desembocan en el autoritarismo hobbesiano. Al igual que para Rousseau, para Weber la democracia directa también es la forma deseada de gobierno. Sin embargo, sus argumentos se centran en las imposibilidades prácticas, al menos para la escala de un país entero. En una sociedad heterogénea la democracia directa conduciría a una administración ineficaz, a la inestabilidad política y finalmente a un aumento radical en la probabilidad de constitución de institutos opresivos. Weber argumenta que si una persona tiene, por ejemplo, derecho de veto, puede alterar opresivamente el resultado de una decisión, lo cual es inobjetable como se recordará en tantos ominosos casos recientes como los de la ley del aborto en Uruguay, o la de glaciares en Argentina, para usar ejemplos locales pero puede adquirir características prácticamente genocidas cuando se aplica al consejo de seguridad de las Naciones Unidas que impide el cumplimiento de resoluciones de paz y alienta toda clase de monstruosidades. En cualquier caso, no basta con eliminar ese instituto monárquico para democratizar la sociedad. Por el contrario, en una democracia representativa, según el sociólogo alemán, los representantes confían en el compromiso político para resolver conflictos, contrabalancear intereses y desarrollar políticas suficientemente flexibles ante circunstancias cambiantes. El compromiso es esencial a la política y ésta es una característica extraña a la teoría de la democracia directa. Pero la primera crítica a señalar es la identificación simplista y empobrecedora de la democracia directa con la asamblea (que, digámoslo al pasar, forma parte del sentido común dominante en el estudiantado de varias facultades de ciencias sociales y humanidades vernáculas) indudablemente impracticable físicamente a gran escala. Sin embargo, tal limitación fáctica, está tecnológicamente superada.

Como en buena parte de las experiencias de insurrección cívica, la movilización y desobediencia española reciente alumbró una propuesta concreta contra esta imposibilidad que denominaron “democracia 4.0”, exigiendo para el conjunto de la ciudadanía mecanismos técnicos que ya están previstos por algunas diputaciones provinciales como en Valencia (art.81) que sostiene que “(...) Las cortes podrán habilitar sistemas técnicos adecuados para garantizar el ejercicio del voto en el Pleno de la Cámara a aquellos diputados que, como consecuencia de encontrase en situación de permiso paternal o en proceso de larga enfermedad, no puedan asistir a sus sesiones”, aunque algo similar está previsto en Andalucía o Cataluña.

La conclusión es obvia para los indignados y para todos quienes estemos preocupados por la naturaleza fiduciaria del lazo representativo y de la concentración del poder: si no es necesaria la presencia física de los diputados para la discusión y aprobación de leyes, ya que pueden deliberar y votar por Internet desde sus casas o lugares de internación, tampoco lo es la de los ciudadanos y se hace insostenible el argumento de la imposibilidad práctica (e inclusive la necesidad de la representación misma). Claro que para ello deben contar previamente con Internet, hardware conectado y software, necesariamente libre y fiscalizado que permita este ejercicio, además de información y foros de debate que permitan la deliberación previa. Pero este es sólo uno más de los tantos institutos aplicables con las tecnologías actuales. El debate por la construcción de diseños institucionales autogestionarios puede contener muchas otras formas combinatorias que habrá que pensar en su especificidad en cada caso. Sólo mencionemos algunos problemas clásicos irresueltos como la responsabilidad ante los electores bajo el régimen delegativo con mandato imperativo y revocabilidad, elegibilidad de los jueces, rotación en los cargos, brevedad de los mandatos, entre tantos otros que puedan achicar la exasperante brecha entre dirigentes y dirigidos. De lo contrario, el resultado será el recurrente pasaje histórico de realización de un sueño, al ensueño y su amargo despertar.

Las crisis económicas o las específicamente políticas, tanto si se restringen al interior de partidos o instituciones cuanto al conjunto del sistema político de un estado-nación, erigen fuertes cuestionamientos a la legitimidad del sistema, al liderazgo de las direcciones o representantes y reclaman, con mayor o menor claridad y alternativa programática, transformaciones organizativas y político-institucionales. Es algo relativamente independiente de la magnitud de las propias crisis, que en todas sus variantes y especificidades tienden a converger en reclamos de protagonismo directo de los actores. Y con ello a generar la resistencia conservadora de la arquitectura institucional por parte de los cuestionados, con el argumento de la imposibilidad práctica de ejercicios de toma de decisiones colectivas, inclusive en el acervo del progresismo militante o en las izquierdas. La aseveración es aplicable a una infinidad de experiencias históricas, no todas necesariamente radicales o insurreccionales.

Es indispensable distinguir teóricamente para ello el concepto de legitimidad, que expresado sintéticamente consiste en la creencia colectiva mayoritaria de que, a pesar de sus limitaciones y fallas, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran o pudieron haber sido establecidas. Y por oposición el de eficacia, es decir la gestión de un gobierno cuyas políticas públicas mejoran las condiciones económico-sociales de la población y/o instrumentan respuestas positivas a las expectativas de mejoramiento y que atravesarán a todas las clases de la sociedad, ya que las expectativas, y sus correspondientes demandas, se manifiestan tanto desde situaciones de pobreza como desde las de medios y altos ingresos.

No pretendo sostener que deban evitarse la aplicación de políticas sociales que intervengan activamente en el rescate de los más sumergidos y excluidos, porque cierta eficacia podría contribuir a enmascarar los problemas de legitimidad subyacentes a la dinámica política. La búsqueda de la máxima igualdad, debe seguir siendo un objetivo impostergable de los progresismos. No obstante, se pueden y deben llevar adelante las políticas económicas y sociales, formulando simultáneamente el interrogante sobre cuál es el tipo de ciudadanía construible y las estructuras partidarias y de movimientos sociales, que hagan posible tanto la máxima nivelación social, cuanto la mayor democraticidad en su interior.

Como señalé líneas arriba, en el sentido común dominante de las izquierdas subyace predominantemente la idea de que “teóricamente”, la democracia directa es la forma superior de organización política, pero debido a problemas empíricos inherentes a la implementación, a la celeridad y a la efectividad en la toma de decisiones, cuando no entra en juego la manipulada acepción de cuneo leninista del “centralismo democrático”, su ejecución como forma práctica de gobierno es imposible, salvo en ámbitos minúsculos y restringidos, asociados normalmente a la realización asamblearia, que además se concibe sólo como presencia física ad-eternum y sin límite temporario alguno. Por lo tanto, funcionalmente, la democracia representativa a secas, o el centralismo democrático sin más aditamentos en lo partidario, resultaría el único camino, la “natural” forma de organización democrática. Intentaré contribuir a la desmitificación de esta falsa dicotomía, contraponiendo argumentos de dos órdenes disímiles. Por un lado, la redefinición de los alcances de la llamada democracia directa, y por otro la relación entre tecnología, política y sociedad.

Norberto Bobbio sostiene que “bajo el nombre genérico de democracia directa se encuentran todas las formas de participación en el poder que no se resuelven en una u otra forma de representación (ni en la representación de los intereses generales o política, ni en la representación de los intereses particulares u orgánica): a) el gobierno del pueblo a través de delegados investidos de mandato imperativo y por tanto revocables; b) el gobierno de asamblea; es decir, el gobierno no sólo sin representantes irrevocables y fiduciarios sino también sin delegados; c) el referéndum” (Bobbio, 1989).

Creo, sin embargo, que esos institutos son más amplios y diversificados pero a la vez, que lo significativo es el nivel de democraticidad concreta alcanzado por la sociedad y las instituciones. De forma tal que es concebible una vasta batería de variantes mixtas basadas en el realismo y la eficacia, que permitan extender el nivel de participación de los involucrados en las decisiones que los afectan o, en términos más amplios, la distribución práctica del poder de decisión. Algunas de ellas, que omitiremos en beneficio de la concisión, tuvieron algún tipo efímero de concreción a lo largo de la historia.

En el modelo republicano-representativo, sustentado en un teórico equilibrio de tres instancias de poder independientes, al modo de contrapoderes y contralores, hay un sólo espacio donde se pueden encarnar seriamente la participación, el debate y la deliberación: el parlamento. Es allí donde se encuentra la única diversidad posibilitada, a través de los partidos políticos, en esta forma moderna de democracia a secas. Pero allí también encontramos dificultades de dos órdenes: por un lado en la calidad del debate, ya que los representantes profesionalizados y corporativizados tienen improntas ideológicas predeterminadas por sus pertenencias partidarias y una escasa predisposición a interpenetrarlas con otras, además de intereses personales a defender. Es, antes bien, un escenario en el que las direcciones partidarias dirimen fuerzas a través de la disciplina de los representantes partidizados. Por otro, por la escasa publicidad de los debates mismos, salvo en ocasiones de alto contenido polémico o trascendencia de las decisiones que se adopten. En consecuencia, el diseño institucional de la democracia representativa, basado en el principio territorial del ciudadano y el mandato no imperativo, obstruye al ciudadano el acceso a la participación política, el acceso a la información y el debate y la adopción directa de decisiones. Pero otro tanto sucede a nivel de los partidos y me reiteraré advirtiendo que si las izquierdas no logran diferenciarse en su arquitectura institucional, particularmente en lo que hace a la socialización de las decisiones y a la reducción de la brecha entre dirigentes y dirigidos, muy probablemente se debilite el atractivo electoral para ejercer el gobierno, ya que las políticas quedarían reducidas a simples aciertos en la eficacia gerencial y tecnocrática.

El sistema representativo presupone el dualismo entre sociedad civil (representados) y sociedad política (representantes). La participación del ciudadano se reduce al momento electoral, prescindiendo del conjunto de los demás momentos e instancias en que se despliega y concreta la vida de los sujetos. El ciudadano es activo sólo cuando vota, por lo tanto, es pasivo en el momento decisional que delega a los elegidos que actuarán en su nombre. Los ciudadanos con su voto, entonces, se limitan a designar a los representantes que ejercerán el poder, esto es, a los sujetos que en adelante tomarán las decisiones políticas. A lo sumo, además de designar a los dirigentes, con el voto pueden consentir una gestión del poder en vez de otra, al modo de consumidores en un supermercado según la oferta que encuentren en las góndolas. Una vez transferido el poder por delegación se produce la escisión entre representantes y representados: ya no existirá vínculo, garantías o controles, porque el propio sistema escinde la relación. En definitiva, autonomiza a los representantes, ya que una vez designados, desaparece el vínculo jurídico con sus representados. Por lo tanto, no hay posibilidad de control del representante. Pensar en sistemas alternativos como la propia democracia directa, regímenes participativos, o cualquier otra denominación de alguna forma institucional superadora, no implica necesariamente renunciar al mecanismo de la representación, sino otorgarle a ésta y al mandato conferido al representante, características radicalmente distintas.

Pero no sólo inscribiría la temática del mandato imperativo bajo el régimen delegativo y la revocabilidad ante los electores como parte de la doctrina de la democracia directa, además de los otros institutos subrayados por Bobbio, sino también la elegibilidad de los jueces, la rotación en los cargos, la abreviación de los tiempos de los mandatos, entre tantos otros. La democracia indirecta es fruto de una construcción teórico–institucional. Para enfrentar este modelo, también se requiere de otra construcción, cuyo debate intento alentar. O inclusive antes de crearlo, poner en ejercicio práctico y concreto institutos que están previstos y que prácticamente no han sido utilizados como el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular, por ejemplo en el caso argentino.

En términos muy sintéticos, las objeciones que se le pueden formular a las prácticas de democracia directa y al pretendido sustento del statu quo institucional vigente en casi todo occidente, provienen de la estrechez con la que ésta es concebida, desde el punto de vista teórico e institucional. Como ya sostuve, también influye la ausencia de imaginación e interés por el diseño de modelos alternativos y de prácticas -inclusive informales- al interior de partidos y organizaciones sociales que permitan una socialización del poder y de participación directa de los afectados.

Sin embargo, las actuales tecnologías, permiten simplificar infinidad de aspectos prácticos si logran orientarse con propósitos distributivos del poder, del mensaje, de la transparencia informativa y de la intervención en los debates. Sin embargo, lamentablemente, tampoco basta con tener voluntad política y fuerzas suficientes como para comenzar a implementar procesos participativos. El desarrollo tecnológico en general e informático en particular, está gobernado por un doble impulso carente de toda planificación y transparencia. Por un lado, el de la dinámica mercantil que prescinde de cualquier configuración social o subjetiva en función de realizar el valor de cambio y con él la plusvalía, y por otro, lo que en un libro del año ´98 llamamos desde nuestro equipo de investigación, la “impunidad ingenieril”, es decir, la presuposición y posterior influencia de una configuración tácita y velada del funcionamiento social y de la impronta subjetiva que se reproduce en un in crescendo tecnicista ingobernable.

Parte del malestar civilizatorio, y sobre todo de la velada anarquía autodestructiva del ilimitado consumismo y del crecimiento del PBI, incluyendo al estatus y cualidad de este mismo indicador estadístico, proviene de la propia opacidad del curso de la historia cotidiana. De alternativas de planificación económica, demográfica, ecológica, entre otras, que resultan inaplicables dentro de los variados confines del modo de producción capitalista con su arrasadora, aunque invariada dinámica exponencialmente depredatoria y socialmente expulsiva. Pero también inviables con la actual arquitectura política burguesa o su simple negación por parte del radicalismo de izquierda que tampoco puede concebir la participación ciudadana en el plan y su participación en las decisiones que la afectan. Se hace indispensable gobernar colectivamente, no sólo la vida social en general, sino el desarrollo tecnológico en particular. Su complejidad, ¿lo hace posible?

La polarización epistemológica y su exteriorización política fidelizadora

Si alguna conclusión simple puede extraerse del complejísimo análisis de Heidegger sobre la técnica, luego de las experiencias monstruosas de Hiroshima y Nagasaki, es que el devenir tecnológico carece de axiología (Heidegger, 2004). De allí su propósito develador del “estar oculto” de las cosas. No sólo haré propia esta conclusión que en última instancia sostiene que los valores y la ética no rigen la producción tecnológica sino que enfatizaré que, inversamente, son los artefactos los que tienden a moldearlos naturalizados en la conciencia social cuando se autonomizan las políticas científicas y tecnológicas, al modo de los dirigentes con sus bases. Los aparatos tienen valores, generalmente ocultos en su aplicabilidad, del mismo modo que lo tiene el propio conocimiento científico.

Por ello no sólo es fundamental develar esos valores sino además intentar gobernar la producción y distribución de la tecnología mediante valores explícitos. Cada artefacto digital contiene su politicidad propia y específica cuando lo adquirimos[8]. Pero como todo diseño político, es pasible de ser alterado y superado, con imaginación y voluntad. Precisamente de esta superación deberían encargarse las izquierdas.

El debate epistemológico que inaugura el controvertido filósofo alemán, se inscribió hasta nuestros días en una sucesión de tensiones con matices diversos entre el positivismo y el humanismo (Habermas 2005, Klimovsky 1994, Marí 1974, Feenberg 1991, etc.) que en cierta medida queda algo envejecida ante la polivalencia y plurifuncionalidad de los dispositivos informáticos actuales, que se resiste a las polarizaciones y permite centrar con mayor nitidez el tipo de relación entre sujeto y objeto sobre las relaciones de producción en las cuales se inserta y las de poder en general. Resulta completamente anacrónico relegar el contradictorio dualismo cientificismo-anticientificismo a una suerte de inventario de beneficios por un lado y catástrofes por otro. Pero aún si metodológicamente se admitiera, resultaría inservible a las inagotables aplicabilidades de las tecnologías informáticas.

La metáfora de la “ciencia martillo” (herramienta que tanto permite construir utilizando clavos como partir cráneos, según su empleo específico) queda presa de la naturaleza exclusivamente binaria y polar de la alegoría. Lo mismo le sucederá a la fisión nuclear entre tantas otras expuestas por los diversos epistemólogos y filósofos de la ciencia y la tecnología

La expresión “tecnologías de la información”, a la que creo es indispensable incluirle el adjetivo “digitales”, en primer lugar designa a un conjunto de tecnologías, no exclusivamente a una en particular, que son pasibles de ser readecuadas y reprogramadas por usuarios y por los estados. En segundo término, dichas tecnologías se utilizan en el espacio público material (tan material como el éter, los cables, las fibras ópticas) y lo ocupan bajo diversas formas de propiedad con sus respectivas restricciones o accesibilidad según quiénes la detenten.

El hardware de un equipo (ya sea una PC, un celular, una tablet, una netbook, etc.) es un pedazo inerte de plástico y silicio, sin software ni conectividad. No desprecio que en su diseño están inscriptos los alcances y límites máximos de su potencial aplicabilidad, pero el gradiente de variantes es casi infinito. Y se lo otorgará el software que corra en él, la conectividad a la que acceda y la interacción social y masiva de los usuarios, que son quiénes en definitiva, dibujarán un amplio arco iris de derechos, apropiaciones y formas de producción política y cultural o, inversamente, aceptarán su conculcación y estreñimiento.

Esto último no está determinado por una tecnología o un imperativo económico externo, sino por los valores y libertades que se pretendan encarnar, es decir, en última instancia, por la política en sentido activo y explícito. Es relativamente probable que los llamados países subdesarrollados no estén en condiciones de diseñar y producir hardware, al menos con las máximas potencialidades y tecnología de punta. Por lo tanto dependerán de la industria capitalista externa de “los fierros”. Pero allí culmina exclusivamente tal limitación dependiente. Todo el software, la conectividad y sobre todo la potenciación social de su uso, de la apropiación del conocimiento y la cultura, de la interacción social, de expresión o construcción del mensaje, e inclusive, de la consulta y hasta de la votación, no dependen de otra cosa que del diseño de una política al respecto y de inversión en recursos humanos y físicos para ejecutarla.

Si la construcción consciente del rumbo de las sociedades, de su propia participación en las decisiones que las afectan, de los diferentes caminos y opciones que se le presentan, forman parte del ideario progresista, la discusión tecnológica en general e informática en particular, no puede excluirse de este debate y de las estrategias que conduzcan al control de la vida y de su devenir. Si la modernidad pretende ser el resultado del avance de la razón por sobre las supersticiones y la religiosidad, las tareas inconclusas que tiene por delante no pueden estar sometidas a la anarquía mercantil, a la representación fiduciaria, ni al oscurantismo y la ignorancia de las decisiones públicas. Una profunda revisión crítica de las formas organizativas de la vida política, económica, comunicativa y social resulta tan indispensable como la de la producción y distribución de tecnologías en función de los valores que veladamente encarnan sus objetivaciones en artefactos, cableados y utilización inconsulta del espacio público.

Sin embargo, me adelanto en señalar que el positivismo en sus diversas variantes no es la respuesta a esta oclusión de la intervención ciudadana en la historia sino, inversamente, uno de sus grandes cómplices ideológicos. La óptica cientificista confunde racionalidad con teorías científicas (y muy particularmente con metodologías de la investigación físico-natural, que comenzaron a ser puestas en cuestión por la obra de Max Weber en su relación con la organización de la producción capitalista) que tienen continuidad polémica en la epistemología contemporánea y en los debates sobre las transformaciones del orden social vigente. Tampoco lo es un retorno romántico al mundo bucólico del imperio exclusivo del don natural rechazando de plano toda mediación tecnológica, que por lo demás alienta el calificativo de “retrógrados” que le espeta el positivismo polarizando torpemente el debate hasta el punto de esterilizarlo.

La potencial solución al problema del “descontrol” popular y de la consecuente “flotación” de los sujetos sobre imprevisibles olas y corrientes ingobernables, desde las crisis económicas hasta la más elemental transparencia en quiénes y cómo adoptan decisiones que los involucran, no será tecnológica sino política, aunque tampoco podrá prescindir de las herramientas actuales y futuras de comunicación e interacción social, cognitiva y cultural. La indispensable democratización de la democracia conlleva además la democratización de las tecnologías. Y esta posibilidad sólo puede residir en las fuerzas políticas del cambio que conscientemente las impulsen, en la protesta y movilización social que se las exija y anime a estas fuerzas a dirigirlas y en el propio Estado nacional, si cuenta con estas fuerzas para ello. Pero, a diferencia de Feenberg, no creo factible un proceso de democratización de la tecnología, sin una previa democratización radical de la institucionalidad política, tal como la conocemos empobrecida por el régimen liberal-fiduciario.

El fin de la universalización

El curso del debate y la diversidad de las formas de propiedad de los principales instrumentos de comunicación es seriamente desigual en Sudamérica, a pesar de que buena parte del subcontinente lucha por deshacerse de la sujeción regresiva del neoliberalismo e intenta, al menos discursivamente, renovar la política y los vínculos con la sociedad y su protagonismo. También lo es la posibilidad de desarrollo tecnológico en sus diferentes áreas. Sin embargo, en la casi totalidad de las experiencias, la hegemonía mercantil parece imponerse “naturalmente”, es decir, encubiertamente ideologizada. Los casos van desde el monopolio estatal de servicios vitales (Antel, OSE o UTE en Uruguay, cuyo carácter bien fue defendido en el plebiscito que se instrumentó ante las iniciativas privatizadoras de la gestión de ex Presidente Lacalle), a la competencia entre estado y empresas privadas (Ancel con Movistar y Claro también en Uruguay), a la competencia exclusivamente privada (Telefónica en casi todo el resto de los países sudamericanos compitiendo con otro u otros oligopolios en telefonía fija y celular, como en Argentina, Chile, Perú, etc.).

Es casi obvio desde un primer reparo crítico que la apropiación privada del éter (de naturaleza pública, en todas las variantes de su acepción) y el despliegue de la inversión y ganancia capitalista conspiran contra todo posible debate sobre el desarrollo tecnológico, ya que la posición del usuario es de este modo, la del mero consumidor. A lo sumo sus opciones se restringen a “tómalo o déjalo”, aunque tampoco esto es estrictamente cierto en la práctica, en función de las políticas de contrato-rehén y de bloqueos de dispositivos, cuando no directamente de ejercicios monopólicos. Allí dónde el Estado brinda servicios esenciales, sin embargo, fue vedada la pregunta acerca de por qué su balance debería ser superavitario y más aún acerca de cómo lograrlo con la mejor capacidad distributiva del fin que le corresponde (ya sea agua, telefonía, luz, internet, etc.).

El caso de la informática particularmente, vivió un período inicial de trágica universalización de naturaleza multicausal que sin embargo permitió su masificación. Entre esas causas, la principal fue la desaparición del monopolio de IBM, empresa que desarrolló uno de los modelos de computación personal, producto de la competencia capitalista que le surgió del sudeste asiático clonando su hardware o compatibilizándolo con este modelo, además de las innovaciones plurifuncionales que se le fueron incorporando desde esa competencia (mejores placas de video, sonido, monitores, etc.). Lo trágico es que con ello se universalizó un sistema operativo propietario, por lo demás limitadísimo y de la peor calidad como fue el DOS de Microsoft, comprado a precio vil a sus verdaderos inventores, aunque permitió el desarrollo de aplicaciones de muy diversa funcionalidad, características y formas de propiedad y licencias. Fue una época de máquinas de escritorio configurables a voluntad, armables y reparables por cualquier técnico y cuya configuración el usuario podía elegir, aunque terminara finalmente atrapado en el lamentable entorno “Windows” de Microsoft. También de apropiación de copias del propio software que expandieron la masificación.

El panorama actual dista de aquél. Las notebooks, netbooks, laptops en general, tablets y smartphones no son genéricos sino de marcas que estandarizan, enghettan y fidelizan, atando al propietario, no sólo a su servicio técnico (carísimo y lento) cuando no directamente a un contrato leonino de conectividad asociado comercialmente. El hardware ha dejado de ser universal. Igual suerte lamentable le sucede a los sistemas operativos y las aplicaciones, incluyendo sus sistemas de espionaje del software propietario con fines, como mínimo, publicitarios.

Encontramos hoy toda clase de variantes de tablets y smartphones, bloqueados con sistemas operativos libres o propietarios, incompatibles entre sí como Android de Google o iOS de Apple (y vinculados a tiendas on line como i-tunes como en este caso) o el de Blackberry, el Symbian de Nokia y Sony Ericson y ahora hasta Mozilla anuncia el propio. Todos ellos usando el éter público libremente para desarrollar sus negocios e impedir la libre elección de ofertas por parte de los usuarios.

Las ciudades latinoamericanas presentan sucintamente el siguiente panorama:

1. 1. Un enjambre de cables ilegales e inconsultos por donde se envían señales de TV paga, sin entrar ahora en la discusión sobre sus contenidos.
2. 2. Un tendido de cables y fibras legales (en algunos países como Uruguay estatales y en otros privados) que cobran un abono fijo, independientemente del valor de la propiedad a la que se conectan. O para poner un ejemplo más explícito, paga el mismo abono de telefonía una casa montevideana de Carrasco que una de La Teja sin terminar o una de Recoleta que otra de Villa Lugano en Buenos Aires.
3. 3. Una profusión de señales segmentadas y privatizadas en el éter por las que circulan las comunicaciones, buena parte del flujo informativo vía Internet y los sms cobrando su utilización al modo de un peaje.

A los efectos informativos y comunicativos, basta una fibra en cada hogar y la plena liberación del éter a los usos sociales que se conciban.

Un claro ejemplo resulta el de la obsolescencia y obstrucción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), un estándar pergeñado hace algo más de una década que no logra nada más que lo que podría lograrse por internet con un buen ancho de banda. Con él, puede verse la misma TDT y una infinita cantidad de canales, además del resto de las fuentes informativas, en tiempo real o remoto (cosa además mucho más cómoda que la dictadura y disciplinamiento del tiempo real). El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), responsable de buena parte de los estándares utilizados en informática y telecomunicaciones aprobó en el año 2011 el nuevo protocolo wi.fi IEEE 802.22, que permite desplegar redes inalámbricas con una cobertura de 100 kilómetros y velocidades de 22 Mbps. Justamente la señal no sólo no interfiere en la de televisión, sino que aprovecha los llamados espacios blancos que no ocupan la TV. Es de imaginar cuánto se incrementaría ese potencial ancho de banda y a cuántos podría servir, si ese espectro de frecuencias estuviera liberado para el uso de Internet. Hace empleo de capacidades de la llamada radio cognitiva, un sistema de comunicación sin hilos capaz de emitir, recibir y comunicarse con sus iguales a la vez sin provocar interferencias, ya que por ejemplo, en la banda destinada a la televisión, podrían operar servicios telefónicos o de datos, usando exclusivamente los huecos espectrales. Mientras la asignación fija impide que los canales poco o nada usados, pero asignados a servicios concretos, puedan ser reutilizados por otros, con la radio cognitiva es posible reutilizar un canal para más de un servicio.

Pero la reapropiación del éter requiere impedir el bloqueo de equipos, o los contratos a plazo fijo. Es que la discusión sobre tecnologías, es esencialmente sobre el tipo de relación entre, ética, política y sujeto social. Salvo que la ingenuidad lleve a creer que el debate es autónomamente tecnológico.

Comunicación y sociedad

La crítica progresista a los medios privados por la defensa de sus acotados intereses materiales, y en contraposición la iniciativa de construcción de medios públicos y la réplica de los propietarios o sus representantes a la utilización político-gubernamental de tales medios públicos (presentándose las empresas como garantes del pluralismo y la libertad de expresión), atrasa por lo menos un siglo.

El consenso generalizado de los gestores de las políticas comunicacionales respecto a que la problemática no despierta interés de masas y ocupa un lugar subsidiario o nulo en la agenda de prioridades y demandas populares, desconoce que el imaginario está influenciado, cuando no directamente construido, por los mismos medios (obviamente privados) que se apoyan luego en esta supuesta indiferencia para mantener el statu quo en la situación actual, cuando no se quejan de una suerte de “competencia desleal” de los medios públicos. Basta mirar las tapas y los principales titulares de los diarios o los grandes medios audiovisuales cuando un debate de este tipo tiene lugar para descubrir la etiología del supuesto lugar irrelevante de la comunicación: simplemente lo es para los propios medios y lamentablemente las izquierdas acompañan acríticamente esta naturalización ideológica incrustada hegemónicamente en el sentido común. Tal vez si la esfera comunicacional se supusiera aislada de la democrático-institucional, podría dársele alguna razón empírica o más directamente encuestológica. Pero no sólo no lo está, sino que la primera constituye un componente inescindible y necesario, aunque no suficiente, de la superación de la representación fiduciaria junto con la reapropiación tecnológica por las masas. No insistiré aquí en las dificultades con las que tropiezan las izquierdas para realizar transformaciones, aherrojadas como están en Sudamérica, por la arquitectura política representativa. Pero no encuentro sustento para sostener el desinterés por las transformaciones democráticas en las experiencias contemporáneas tanto de crisis políticas como económicas. En todas ellas se verifica no sólo un cuestionamiento radical a la eficacia del sistema político, sino que además se articulan formas tecnológicas y mediático-alternativas de producción de mensaje y de reorganización político-comunicacional.

De este modo, el debate comunicacional queda preso de la misma polarización binaria que la oposición entre plan y mercado eliminando al sujeto fundamental. La arcaica oposición entre medios privados y públicos, invisibiliza al tercer actor, que es precisamente el propietario excluyente de los bienes producidos por la industria cultural: nada menos que la sociedad. Si se me permite pluralizar al sujeto sustituyéndolo por “las sociedades” (sólo a los efectos de evitar la circunscripción de ellas a estados nacionales y por lo tanto “nacionalizables”) o hablar directamente de “la humanidad”, retomaré este principio para pensar no sólo la esfera comunicacional, sino también, la tecnológica en general, ya que sin ellas, un proyecto de transformación política y cultural, resultaría inviable.

Si, coincidiendo con tal intervención, la humanidad es propietaria y consecuente sujeto de derecho colectivo de la información, el conocimiento y la cultura, deben inmediatamente comenzar a pensarse los medios técnicos, institucionales y organizativos, a través de los cuales se efectivice y ejercite tal propiedad. A la vez, si la soberanía decisional reside en la ciudadanía, puede además concebirse de forma convergente tanto en la esfera comunicacional como en la democrática, mediadas tecnológicamente.

Hasta le emergencia y posterior masificación de las hoy llamadas TICs (tecnologías de la información y la comunicación), la propiedad del soporte físico (el papel en los diarios y publicaciones en general, los medios de transmisión en la comunicación audiovisual, alámbrica o inalámbrica), se confundieron con la propiedad de los contenidos y con el monopolio del mensaje, hoy insostenible no sólo por razones éticas y políticas sino porque las propias prácticas espontáneas de la sociedad lo desmienten. A la vez, la democracia representativa y liberal fiduciaria y la consecuente brecha entre dirigentes y dirigidos están regidas por la antigualla de una tecnología electoral basada en el sobre y la urna y una pesada organización burocrática de fiscalización y escrutinio.

Una primera dimensión para el debate es sin duda la de los contenidos de la comunicación y sus autores (que en modo alguno es sinónimo de propietarios). La casi totalidad de las artes, la información y la cultura es digitalizable y por tanto replicable ad infinitum a costos prácticamente nulos. Pero el debate no puede detenerse allí. También los medios físicos, digamos el hardware y los medios de transmisión, así como la conectividad deben estar al servicio del ejercicio de tal propiedad soberana, política y comunicacional en el marco jurídico del dominio público. También para poder ejercer el derecho constitucional a la libre circulación hace falta una pesada inversión en asfalto, baldosas, luminarias, señalética, etc.

No desdeño tanto la naturaleza compleja como polivalente del devenir tecnológico, pero justamente sus riesgos se potencian ante la indiferencia y el descontrol de éste. Como ya lo pensaba “The Loka Institute” de los Estados Unidos en los años ´90 o el filósofo Andrew Feenberg actualmente, la democratización de la tecnología es indispensable. Pero me permito complementar que lo es también la tecnologización de la comunicación y de la democracia. Para ello son necesarias tanto ideas como políticas públicas.

La comunicación es patrimonio colectivo de la sociedad, de la cual ningún miembro puede ser excluido. En la medida en que los instrumentos y organizaciones que la sirven tienen prioritariamente propiedad privada este ejercicio patrimonial colectivo se dificulta. Pero no se resuelve mecánicamente con una simple estatización. Convertir a la sociedad en protagonista de los medios, y en gestor de sus propios mensajes implica un salto del interés particular al interés social, que no puede quedar a mitad de camino en manos de burócratas y dirigentes.

Imaginar formas de propiedad social de los medios, desde domésticos hasta profesionales, desde los pequeños blogs hasta los programas televisivos en alta definición, implica pluralizar los accesos al mensaje por parte de actores sociales de toda laya, sin restricciones ni requisitos de audiencias o ratings. Así como los consumidores se organizan en asociaciones, es decisivo convertir a los receptores en protagonistas del mensaje y seleccionadores de contenidos. La internet actual en su fase 2.0, no está tan lejos de iniciar el acercamiento a este ideal. Sólo falta incorporarla institucionalmente al espacio público para llegar como un derecho al conjunto de la ciudadanía, expulsando a los apropiadores privados del espacio público, tan físico como las calles.

De lo contrario, el resultado de esta apropiación privada creciente del espacio público físico, será el éter(no) retorno del monopolio comunicacional y de la sumisión ciudadana.

Bibliografía

Bobbio, Norberto (1989). Estado, gobierno y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Cafassi, Emilio (1998). Política y Comunicación. En AA.VV, Democratizar la democracia. Buenos Aires: Areté Editores.

Cafassi, Emilio (2010). ¿Clientes o ciudadanos? Contratapa del Diario La República del 22 de agosto de 2010. Año XXIII N° 7.910. Montevideo: REG S.A.

Cafassi, Emilio (2011a). Comunicación, democracia y tecnología. Contratapa del Diario La República del 26 de junio de 2011. Año XXIV N° 8.178. Montevideo: REG S.A.

Cafassi, Emilio (2011b). Artefactos políticos. Contratapa del Diario La República del 17 de julio de 2011. Año XXIV N° 8.199. Montevideo: REG S.A.

Cafassi, Emilio (2011c). La sociedad enredada. Contratapa del Diario La República del 31 de julio de 2011. Año XXIV N° 8.213. Montevideo: REG S.A.

Deleuze, Gilles (1999). Post-Scriptum sobre las sociedades de control. En Conversaciones 1972-1990. Valencia: Editorial Pretextos.

Eco, Umberto (1985) La guerre du faux. Paris, Grasset.

Feenberg, Andrew (1991). El parlamento de las cosas (capítulo 1). En Critical Theory of Technology. New York: Oxford University Press. Traducción de la cátedra. Versión digital en http://hipersociología.org

Foucault, Michel (1992). La microfísica del poder. Madrid: Editorial La Piqueta.

Gramsci, Antonio (1981). Cuadernos de la cárcel. México: Era.

Habermas, Jürgen (2005). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. México: Ed. Gustavo Gili.

Heidegger, Martin (2004). La pregunta por la técnica. En Filosofía, ciencia y técnica. Santiago: Editorial universitaria.

Hugo, Víctor (2012). Los miserables. Barcelona: Planeta.

Klimovsky, Gregorio (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología. Buenos Aires: A-Z Editora S.A.

Marí, Enrique (1974). Neopositivismo e ideología. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Marx, Karl (1960). Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, en Marx Engels Werke, tomo 8 Berlin/DDR: Dietz Verlag. Traducción española (1973) El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. En Obras Escogidas. Buenos Aires: Editorial Ciencias del Hombre.

Marx, Karl (1962). Bürgerkrieg in Frankreich, en Marx Engels Werke, tomo 17, Berlin/DDR: Dietz Verlag. Traducción española (1973) La guerra civil en Francia. Buenos Aires: Editorial Anarres.

Sartori, Giovanni (1998). Homo Videns, la sociedad teledirigida. Madrid: Santillana S.A. Taurus.

Sclove, Richard (1995). Democracy and Technology. New York: The guilford press.

Weber, Max (1983). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Notas