La conformación del Estado Fueguino

The conformation of the Fueguino State

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Como bien ha observado Oscar Oszlak (1978: 4) “el Estado no surge (...) por generación espontánea ni (...) es creado, en el sentido que "alguien" formalice su existencia, mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo”.

Así, el autor, valiéndose de los aportes teóricos de Nettl y Schmitter[2], propone utilizar el término “estatidad” para referirse al grado de desarrollo de ciertas propiedades que definen la existencia de un Estado. Estas son:

· Externalizar su poder: que se reconozca su soberanía en una red interestatal.

· Institucionalizar su autoridad: ejercer el monopolio de los medios de coerción.

· Diferenciar su control: tener instituciones propias diferenciadas de las civiles con capacidad de controlar y extraer recursos.

· Internalizar una identidad colectiva: emitir símbolos (componentes ideales de la nación) que permitan el control ideológico de la dominación.

Por otra parte, y siguiendo a Jorge Garciarena (1984: 227), la formación del Estado sólo se percibe desde una dimensión histórica, es así que utilizaremos este esquema metodológico propuesto en “Las formas históricas del Estado” (Garciarena 1984 231-257) para el análisis de la conformación del Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, que como veremos, presenta un largo devenir hasta su “formalización” en 1991 con la provincialización y su desarrollo hasta la actualidad.

En esta línea parece necesario que rescatemos las relaciones permanentes entre gobierno central y gobierno local, generalmente olvidadas por las teorías del Estado[3](Bolívar 2010: 101). Relaciones que resultan complejas y se encuentran plagadas de tensiones entre las lógicas locales, nacionales e internacionales.

Otro punto importante en nuestro análisis lo constituirá la violencia y el conflicto, como han demostrado López-Alves (2003), Tilly (1993) y Ansaldi (2014) las guerras presentan una real importancia en los procesos de formación de los Estados, y la región en análisis, la Patagonia y específicamente Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, mostraron serios hechos de violencia para nuestro país (Fontana 2014, Guber 2001, Lorenz 2009, de Antueno 2015, Orso y Capeletti 2015, Bandieri 2000).

Observaremos como, una vez constituido el Estado, la tensión pierde los niveles de violencia extrema que supo tener, para pasar a transformarse en un conflicto interno entre grupos sociales en disputa, trasladándose así del plano internacional al interior de la provincia. Como veremos Tierra del Fuego ha de presentar altos niveles de conflictividad social (Rebón y Oyarzo 2013, Farías 2016), producto de tensiones por el poder en un Estado en plena formación (López-Alves 2003: 47).

Tal como mencionamos utilizamos al conflicto por su importante valor analítico permitiendo comprender las transformaciones que ocurren en el proceso de conformación del Estado (Tilly 1991: 51). Es así que entenderemos al conflicto en un sentido amplio, tanto por las disputas entre clases y segmentos de clase propia de la perspectiva marxista, como por su característica en la movilización de recursos y oportunidades políticas más cercana a la teoría de Tilly (Cadarso 2001). Como ya hemos señalado no excluiremos a la violencia explícita (Ansaldi 2014: 30) expresada en la forma de la guerra, o la tensión en la movilización de tropas, y la represión estatal. Sin embargo, no desarrollaremos una clasificación teórica de cada evento a fin de establecer el énfasis en el proceso macro social de la formación del Estado Local.

Antes de avanzar en dicho análisis queremos realizar una serie de comentarios. El primero apunta a resaltar que el presente trabajo es parte de un proceso de investigación que se encuentra actualmente en desarrollo. En este marco nos hemos encontrado con cierta escases de estudios previos relacionados tanto al período como a las temáticas aquí trabajadas. Si bien hemos fundamentado las afirmaciones que aquí se realizan con fuentes bibliográficas y documentales[4], brindando sustento al desarrollo de los temas presentados, la escases señalada ha complejizado la tarea propuesta. Sin embargo, creemos que la aproximación realizada es sumamente necesaria para iniciar el debate en torno a la conformación del Estado Fueguino, aunque somos conscientes de la necesidad de ir ampliando en estudios pormenorizados los temas trabajados.

El segundo comentario se encuentra relacionado al período de larga duración, en este sentido y siguiendo a Charles Tilly, observamos:

(…) ¿Qué debemos hacer? Deberíamos construir análisis históricos concretos de las grandes estructuras y de los amplios procesos que caracterizan a nuestra época. (…) Deberían ser históricos para así limitar su alcance a una época definida por el acaecimiento de ciertos procesos claramente definidos, y reconocer desde el comienzo la importancia del tiempo. (Tilly 1991: 29)

Así visto, el período analizado, si bien se torna algo extenso para las breves páginas que nos acompañan, resulta necesario para dar cuenta de las transformaciones más significativas por las que atravesó la conformación del Estado Fueguino. Desde ya, y acompañando al comentario anterior, creemos que en estudios posteriores podremos ahondar en perspectivas, que, por no contar con estudios previos, resultarán de mayor profundidad en períodos más acotados.

De esta forma nos proponemos analizar la conformación del Estado Provincial de Tierra del Fuego y su impacto en el desarrollo local, identificando el proceso desde una configuración geopolítica y su especial vinculación con la dinámica de la conflictividad, haciendo foco principalmente en el período 1970 a 2015.

El Atlántico Sur es una región que presenta una alta tensión geopolítica previa a la formación del Estado Argentino. En 1829 el gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos. En 1833 dichas islas fueron sujeto de la ocupación británica y así se selló el inicio de una tensión internacional que recorrerá la historia de la región, y que no dejará afuera a la Antártida como espacio en pugna por los potenciales, y efectivos, recursos que allí se contienen (Fontana 2014, de Lasa y Luiz 2014).

El establecimiento de los misioneros anglicanos en 1857, y la posterior disputa de límites con Chile, fueron configurando las intenciones del recientemente constituido Estado Argentino por controlar el territorio austral. Las pruebas de ello son la firma del tratado de límites con la República de Chile en 1881, y en 1884 el establecimiento del Gobierno de Tierra del Fuego (de Antueno 2015). Recordemos que el Estrecho de Magallanes ha sido un espacio de tránsito de buques con mercaderías que van desde los mercados del Atlántico hasta el Pacífico. Si bien ha perdido la significancia que supo tener durante el siglo XIX, producto de la apertura del Canal de Panamá en 1912, veremos que el área sigue teniendo importancia en el comercio internacional hasta la actualidad.

Este período se ve cruzado por otro tipo de violencia ejercida desde el Estado Central: la persecución militar sobre los pueblos originarios en la Patagonia y la anexión de este territorio al mercado mundial (Centeno 2014: 101). Es en este contexto que se hace esencial constituir o al menos trasladar las instituciones que garanticen el desarrollo del capitalismo, y con él un tipo específico de producción ganadera para el mercado internacional. La Patagonia, y con ella Tierra del Fuego, se suman a la producción de ganado ovino (Luiz y Schillat 1997, Bandieri 2000).

En términos de Oszlak, durante este período se institucionaliza la autoridad del Estado, como una extensión del Estado Nacional, estableciendo los mecanismos de coerción y monopolio del uso de la fuerza pretendidamente legítima. Es en este marco que los desarrollos de poblamiento de la Isla Grande de Tierra del Fuego se vincularon a las fuerzas de control, primero con la implementación de un sistema carcelario que fue el eje del poblamiento en Ushuaia desde 1884 a 1947, y luego con el establecimiento de bases militares de la armada en toda la isla, marcando a su vez una clara externalización del poder.

Durante todo este período el gobierno territorial fue ejercido en su amplia mayoría por altos oficiales de la Armada Argentina. Desde 1884, con la Gobernación de Feliz Paz, hasta 1943, 9 de los 12 gobernadores que tuvo el Territorio Nacional fueron de extracción militar, en su mayoría pertenecientes a la Armada. En el segundo período, dado que fue una Gobernación Marítima Militar[5], la totalidad de los 12 gobernadores eran militares. Finalmente, de 1958 a 1983, 7 de los 8 pertenecieron a las fuerzas armadas. Con la llegada de la democracia la emergencia de gobernadores civiles se fue concretando paulatinamente. Hasta dicho momento 28 de los 32 gobernadores eran militares, lo que exhibe la vinculación del Territorio con las fuerzas[6]. En este sentido el Estado Nacional ejerce su poder desde un Estado Oligárquico, como lo define Garciarena (1984: 234):

Estado oligárquico que se constituyó, en primer lugar, por la fuerza de un gobierno central que se impuso, ganando así el control del espacio social territorial. Segundo, esta centralización del poder político no habría sido posible sin el concurso de una fuerza militar considerablemente mejor equipada, organizada con un espíritu más profesional que sus adversarias. Tercero, este avance hacia el dominio del territorio contribuyó decisivamente la formación de un mercado nacional, que unificó el espacio económico interior para integrarlo en la economía internacional.

A esto debemos adicionarle la fuerte presencia de una clase terrateniente, recordemos por ejemplo que las familias Nogueira, Braun y Menéndez, dueñas de la “Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia”, más conocida como “La Anónima”, en 1900 eran (y aún lo son) dueñas de 1.700.000 de hectáreas en la región austral, a un lado y otro del Estrecho de Magallanes, y fueron pioneras en el desarrollo y ocupación económica de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Bandieri 2000: 19)[7].

Este esquema se sostuvo en Tierra del Fuego por un largo período, sin embargo, la tensión creciente en términos geopolíticos y el lento desarrollo económico y poblacional del territorio, incentivó una nueva acción del Estado Nacional, la promulgación de un nuevo régimen aduanero y fiscal, la ley 19.640 de 1972[8].

Como demuestra Centeno (2014: 242), un eje importante en el análisis de la formación de los Estados es el sistema y presión fiscal que estos administran. La ley 19.640 de 1972 establece una serie de beneficios fiscales y aduaneros para el capital, aunque también, y de menor impacto, para el resto de la sociedad civil, que se encuentra en el ámbito del Territorio. Este claro sistema beneficia tres funciones, la primera es la constitución de un complejo y moderno sistema burocrático administrativo que permita la regulación fiscal de una región que ha presentado históricamente el paso de gran cantidad de mercaderías por sus mares colindantes. Por otra parte, es una clara herramienta de control del desarrollo de la región por parte del Estado Nacional. Finalmente, y como ya fuera dicho, el fortalecimiento de una burguesía industrial que recibe las transferencias del Estado Nacional con la eximición de los impuestos nacionales (Mastrocello 2008).

Si bien varias provincias del país recibieron beneficios impositivos en el mismo período, como fue el caso de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, estos fueron distintos y discontinuados con anterioridad. La única provincia que sostuvo el régimen hasta la actualidad es Tierra del Fuego. Sin embargo, no fue hasta finales de la década del ’70 que el sistema tomó fuerza, ello se debe a dos cuestiones, por un lado, a las promociones específicas que recibe la ley, dado que funciona con la erogación impositiva por cada proyecto en particular, la emergencia del televisor color fue el marco para el desarrollo del sector electrónico de la industria manufacturera radicada en Tierra del Fuego. En segundo nivel, se observa la relación que obtuvo la ley de promoción industrial con la apertura aduanera llevada adelante por la dictadura militar, en este sentido la norma pasó a funcionar como “protectora” de las industrias que allí se instalaron (Schvarzer 1987).

La tensión geopolítica que la dictadura militar desarrolló entre los años 1978 y 1982 parece ser, aunque no esté claramente relacionado, un eje por el que la dictadura puede haber profundizado el régimen de promoción industrial.

Tal como señala Rosana Guber (2001), Malvinas ha funcionado sucesivamente como vehículo para reintegrar a la Nación, una Nación, que como bien observa Centeno (2014), no nace con una clara “identidad nacional”. En este sentido los conflictos del Atlántico Sur (la guerra de Malvinas y “la guerra que no fue” del Canal del Beagle[10]) funcionan como articuladores necesarios para la conformación de un Estado en el extremo austral de la República Argentina. Estos “símbolos” son un intento de internalizar una identidad colectiva (Oszlak 1978) que la dictadura militar intentará llevar adelante para consolidar su poder.

De más está decir que estos dos hechos violentos de conflictos bélicos entre dos Estados, con el Reino Unido en un caso y con Chile en el otro, son hechos propios de la violencia política que vivió la Argentina durante toda la dictadura militar. Cabe mencionar que la violación a los derechos humanos no está debidamente estudiada en Tierra del Fuego, de hecho, encontramos una ausencia plena en términos académicos de este segmento de la historia reciente.

Sin embargo, podemos mencionar que en términos institucionales la Gobernación del Territorio Nacional fue ejercida por interventores militares de la Armada (Canelo 2011), suspendiendo las instituciones que tenían representantes electos, es decir, los consejos deliberantes y ejecutivos de las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande. Como en el resto del país la violencia política e institucional fue ejercida hacia todas las organizaciones de la sociedad civil[11].

La dictadura ejerció el Estado autoritario-modernizante desde un poder anclado en una base social estrecha apoyada en “sectores de la burguesía comercial, importadora y exportadora, la gran banca nacional los productores de bienes primarios exportables, en coalición con las grandes firmas de capital extranjero, a los que se plegaban como asociados menores algunos sectores medios de profesionales, intermediarios y ejecutivos. En realidad, la base social de estos regímenes militares ha sido estrecha, tanto que ella explica su índole pretoriana, o sea autoritaria y represora.” (Garciarena 1984: 246)

Este desarrollo local producto del incentivo de la ley, va a ir generando paulatinamente una pequeña burguesía local (Hermida, Malizia, Martínez Cugat y Oyarzo 2014), que, con la ampliación de los centros urbanos y el consumo de productos anclados al espacio territorial, va a ir estableciendo un proceso de rápido crecimiento. Estos sectores burgueses relacionados al sector comercial, inmobiliario, y turístico (hotelero, gastronómico y de servicios conexos), se van a ir constituyendo en los “demandantes” de la conformación de un Estado Provincial.

Si bien la burguesía fueguina se encuentra en principio alejada del desarrollo industrial producto de la ley 19.640, es “beneficiada” por el crecimiento poblacional (Hermida, Malizia y van Aert 2016) que la industria trajo. Este es el sector de la burguesía que va a cimentar y profundizar la provincialización[12], que, en convergencia con una nueva clase política, van a llevar la “causa” en el período democrático, basados en un discurso geopolítico y de tensión internacional.

La industria fueguina presentó desde finales de la década del ’70 hasta principios de la década del ’90 una sostenida expansión. La instalación de establecimientos productivos ha determinado también un fuerte crecimiento poblacional, producto de flujos migratorios, principalmente nacionales, que quintuplicaron la población del territorio en un período de veinte años. En 1970 Tierra del Fuego contaba con apenas 13.560 habitantes, para 1980 ya tenía 27.463, y en 1991, 69.369 habitantes (Hermida, Malizia y van Aert 2016). Este proceso fue acompañado por la creación de instituciones y organizaciones públicas y privadas que siguieron a la radicación de estas poblaciones (Hermida, Malizia, Martínez Cugat y Oyarzo 2014).

Estas organizaciones, cámaras empresarias, sindicatos y partidos políticos, fueron las principales impulsoras, desde el retorno de la democracia, del debate acerca de la provincialización del último Territorio Nacional que quedaba en la República Argentina[13].

Si bien la disputa legislativa se posicionó discursivamente en el eje geopolítico (de Antueno 2015), es decir si se incluían o no en los límites los territorios de ultramar que eran sujeto de los conflictos interestatales, las características de este proceso de estatidad van a estar expuestas en la externalización de su poder. La necesidad de contar con un Estado “propio” se empieza a manifestar en el control que la emergente burguesía local va a querer capturar.

Esos sectores de la burguesía local, propietaria de la tierra y con fuerte participación en los sectores rural, turístico y comercial, sumados a los cuerpos técnicos profesionales del Estado Territorial, en conjunto con actores políticos emergentes, van a ir paulatinamente produciendo el debate que inicia el proceso de provincialización con la promulgación de la Ley Nacional Nº 23.775[14].

Este proceso dio lugar a la formalización en la constitución provincial y la plena institucionalización del Estado Provincial en 1991. Un ejemplo que quizá puede resultarnos de utilidad es analizar la composición de los representantes constituyentes de un partido político local que suele presentar lazos de relación con la burguesía local, el Movimiento Popular Fueguino (MPF):

· Carlos Alberto Pastoriza, empresario rural que fue presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego (entidad local se encuentra afiliada a la Sociedad Rural Argentina) de 1973 a 1991, año en que deja la presidencia para ocuparse como constituyente.

· José Arturo Estabillo, luego de ser constituyente provincial será el primer gobernador electo de la Provincia por dos períodos, de 1991 a 1999. Durante dicha etapa será también constituyente nacional en 1994. Finalmente ejercerá hasta la actualidad la Presidencia del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.

· Elena Rubio de Mingorance, presidenta y fundadora del Movimiento Popular Fueguino, antigua pobladora de Rio Grande y empresaria de la región ganadera de Tierra del Fuego. Al igual que Estabillo fue constituyente nacional en 1994.

· Néstor Nogar, empresario de la ciudad de Río Grande, a su vez fue intendente de dicha ciudad.

· Ruggero Preto, empresario de la localidad de Ushuaia, se encuentra vinculado al sector inmobiliario, al comercio y al turismo. Fue Ministro de Economía de Estabillo[15].

Así, y siguiendo a Cavarozzi (1978: 1335-1336),“El Estado capturado oligárquico fue, a la vez, liberal e intervencionista. Su liberalismo consistió básicamente en la ausencia de límites y condicionamientos a los comportamientos individuales de los capitalistas. Pero esta circunstancia no debe ocultarnos la participación decisiva que tuvo el Estado en la construcción y manejo del nuevo orden económico y en el paralelo proceso de constitución de la burguesía”. Es decir, la burguesía constituye al Estado capitalista burgués y este la reconstituye a ella.

La constitución fueguina brinda el espacio institucional para un Estado garantista de las relaciones de producción capitalista (O’Donnell, 1977), al igual que el Estado Nacional Argentino, el Fueguino es un Estado que sostiene las formas de dominación del sistema capitalista, basadas en la relación de desigualdad.

La violencia estatal fue ejercida de forma directa durante el primer gobierno democrático de la Provincia de Tierra del Fuego. En 1995 la Policía Provincial asesina durante la represión a una multitudinaria manifestación de obreros industriales y de la construcción, a Víctor Choque[16], constituyéndose en el primer asesinato en el ejercicio de la fuerza pretendidamente legítima por parte del Estado desde el retorno de la democracia en la Argentina.

El joven Estado Fueguino demuestra su poder en el pleno desarrollo neoliberal, si bien la promoción industrial funcionó como resguardo durante la apertura comercial ejercida por la economía de la dictadura, la versión “democrática” del neoliberalismo anuló la funcionalidad de la ley 19.640. Aunque la administración nacional no llegó a derogar la norma, no aprobó proyectos específicos durante la década del ’90, lo que impidió otorgar los beneficios que los establecimientos industriales establecidos en la provincia utilizan como ventajas comparativas en para la producción de bienes manufacturados. Esto estableció el marco para la expulsión laboral de miles de trabajadores y las bases para el crecimiento de las actividades locales, especialmente el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario.

Estos sectores se encuentran íntimamente relacionados a la burguesía local creciente, que estableció su desarrollo por fuera del ámbito industrial. El sector manufacturero fue siempre un espacio contenido por la burguesía nacional y trasnacional. Esto genera una tensión en los esquemas de desarrollo económico para el Estado Fueguino. Si bien los niveles de empleo son sostenidos por la industria, la constitución de capital “local” se encuentra anclada en las actividades no industriales.

Durante este período las políticas públicas del Estado Fueguino fueron fuertemente apuntadas al desarrollo de las actividades que beneficiaron al crecimiento y desarrollo la burguesía local, la cual requiere eliminar la presión que ejercen los salarios altos de la industria, así la desocupación y eliminación de la producción manufacturera, sumadas al ejercicio de la represión violenta del Estado, brindaron un marco útil para el crecimiento de la burguesía local.

“Uno de los frentes de la crisis del capitalismo oligárquico fue, entonces, la adquisición de mayor autonomía por parte de las instituciones del Estado en relación a la clase dominante. En otro sentido, y entendiendo ahora al Estado como aspecto de las relaciones sociales de dominación, un segundo frente de la crisis se abrió en torno a la transformación del Estado en una relación aparencial y sustantivamente más igualitaria en la que el ejercicio de la dominación se fue convirtiendo en soporte y garante del mantenimiento de un determinado orden social -el capitalista y sus diferentes clases- diluyéndose lo que había sido predominante en la etapa oligárquica, es decir su carácter de respaldo directo de los intereses corporativos de la clase dominante”. (Cavarozzi 1978: 1346-1347)

La figura del Estado universal que nos propone Cavarozzi es el resquebrajamiento del sistema de dominación del Estado oligárquico. En el caso de Tierra del Fuego observamos dos momentos, primero el que hemos descripto en los apartados anteriores cercano a la concepción de un Estado capturado por una burguesía local, este se enfrenta a un segundo momento, una vez institucionalizado el sistema “democrático”, que deviene en una paulatina autonomía relativa que va a asumir el Estado Fueguino. En este sentido el período de 1999 a 2007, posterior a las dos primeras gobernaciones llevadas adelante por José Estabillo (1991 a 1999), van a estar atravesadas por el conflicto político interno, y una alternancia política que recorrerá distintas participaciones, dando lugar a cierta autonomía de las instituciones estatales. Siguiendo a Cavarozzi (1978), esta universalidad del Estado, convierte al Estado de los capitalistas a un Estado Capitalista, en términos del autor:

Una mayor universalidad del Estado que paulatinamente fue dejando de ser un Estado (exclusivo y particular) de los capitalistas para pasar a ser un Estado capitalista, es decir un Estado garante de las relaciones capitalistas y por ende garante de la existencia y reproducción como clase no solo de la burguesía, sino también de la clase obrera y otras clases no ligadas directamente en la producción a la burguesía (Cavarozzi 1978: 1343).

Es decir, durante las gobernaciones provinciales de Manfredotti (1999 a 2004), Colazo (2004 a 2005) y Cóccaro (2005 a 2007), ocurre un proceso de desplazamiento de un primer momento de mayor convergencia entre Estado en formación y burguesía local, a una segundainstancia en la que el Estado se amplía incorporando diferentes sectores sociales complejizando las garantías a la forma de producción capitalista.

A su vez el Estado Fueguino va a seguir fuertemente apoyado en el modelo neoliberal hasta 2003 y paulatinamente irá cambiando, producto de un giro hacia un modelo industrial establecido por el Gobierno Nacional, a un Estado con ciertos grados de inclusión, especialmente en el plano laboral, pero también en lo que respecta a los derechos sociales.

En términos de empleo, la industria pasa a ser, de 2003 hasta 2015, el sector con mayor impulso. Luego de la crisis estructural producida por el modelo neoliberal que significó la gran expulsión de trabajadores durante la década del ’90, en 2003 la industria fueguina empleaba a 4.485 trabajadores, hacia 2008 la cifra ascendía a 7.034 y en 2014 alcanzaba los 15.695 obreros[17]. Este fuerte ascenso se debió a la sanción de los decretos y leyes que modificaban el sistema de impuestos internos[18] favoreciendo especialmente a la industria tecnológica radicada en Tierra del Fuego (Teixido et al 2014).

Este claro posicionamiento esgrime beneficios para un sector de la burguesía industrial argentina que durante este período va a encontrar ventajas comparativas, aunque no exentas de complejidades. La más importante se basa en el serio déficit de la balanza comercial que la industria de Tierra del Fuego siempre ha demostrado (Schvarzer 1987), hecho que le genera fuertes estrangulamientos al modelo desde 2013 a 2015. La carencia de divisas fue durante los dos últimos años un problema que las empresas industriales y el Estado Nacional no han podido resolver. Otro suceso es la fragilidad de un modelo anclado en ventajas comparativas basadas en el modelo fiscal sujetas siempre a críticas desde la teoría neoliberal.

En términos sociales el proceso macro económico establecido entre 2003 y 2015 redujo ampliamente la desigualdad por ingresos (Hermida 2013) brindando altos niveles de empleo. Sin embargo, las desigualdades fueron trasladadas especialmente al espacio de la vivienda. Durante todo el período se manifestaron tasas de migración neta positiva (Hermida, Malizia y van Aert 2013), generando un nuevo proceso de crecimiento poblacional, especialmente en las áreas urbanas donde se desarrolla la actividad industrial. Este hecho sumado a políticas de vivienda excluyentes aplicadas especialmente desde los Estados Municipales, dejaron a la población en una amplia vulnerabilidad habitacional (Pérez y Martínez 2014).

Este proceso de exclusión habitacional parece estar relacionado a dos hechos, el primero es que los Estados municipales, especialmente el de Ushuaia, va a estar ejercido por la burguesía local, quién en parte es propietaria de la tierra. El segundo hecho es el ejercicio de una política que dificultó abiertamente la accesibilidad del suelo, perjudicando el acceso a la propiedad de la vivienda. Estos hechos generan una transferencia de recursos, por medio de la renta de viviendas, de los sectores medios y populares, a los propietarios de inmuebles.

Finalmente, un hecho destacable durante el período es la alta conflictividad laboral, especialmente en el ámbito público (Rebón y Oyarzo 2013). Tres ejes podrían ser la explicación para este tipo de disputa. El primero se asocia a la relativa autonomía del Estado que, como observamos, va a regir durante esta etapa (Cavarozzi 1978). El segundo está asociado a la juventud de las estructuras institucionales del Estado Fueguino, y como tales en un espacio de frecuente disputa por las mismas entre los distintos sectores de la sociedad (Lopez-Alves 2003: 47). Y el tercero, siguiendo a Ansaldi y Giordano (2014: 18), “una economía con altos niveles de empleo suele generar más posibilidades de conflictos, de violencia variable, que una en la cual la tasa de desocupación es alta”.

El proceso de conformación del Estado Provincial de Tierra del Fuego estuvo atravesado por la violencia y el conflicto, primero en términos geopolíticos, aunque siempre con un fuerte impacto local y que paulatinamente fue pasando a un plano interno. Es la tensión internacional la que tuvo sus puntos más importantes durante la dictadura militar, especialmente con el Conflicto por el Canal de Beagle en 1978 y con la Guerra de Malvinas en 1982[19].

Este va a ser el eje para la consolidación de políticas nacionales de desarrollo que impulsaron el poblamiento y fueron consolidando a una burguesía local que, amparada en el discurso de la tensión geopolítica, va a llevar adelante la formación de un Estado Provincial que permita la reproducción del capital local. Sin embargo, esta burguesía va a estar siempre en tensión con aquellas políticas nacionales que tiendan a favorecer a la burguesía industrial nacional, por medio de beneficios fiscales. En este sentido se presenta una competencia en materia de proceso de desarrollo; uno vinculado a la industria anclada en un esquema nacional de sustitución de importaciones, y otro de desarrollo local vinculado al turismo y la tierra.

Como sostiene Ingrid Bolivar (2010: 101) citando a Charles Tilly (1993) “el predominio de formas agrarias de economía fortalece la variabilidad de los órdenes políticos, mientras que el desarrollo de formas de economía industrial y de asentamientos urbanos favorece la consolidación de las instituciones políticas centrales del Estado-nación”. En este sentido las tensiones entre los dos esquemas de desarrollo posicionan la correspondencia de vinculación de los dos sectores de la burguesía, nacional y local, con los dos niveles de Estado, nacional y subnacional.

A estas tensiones entre la burguesía le debemos sumar el conflicto por un Estado que en el marco de su desarrollo se va complejizando, ampliando sus fronteras al mismo tiempo que garantiza la relación capitalista. Este proceso de universalización esgrime un nuevo terreno para el conflicto social basado en la puja distributiva por los recursos.

Retomando los atributos de estatidad, pudimos observar como el Estado Fueguino externalizó su poder al concretar el proceso de provincialización, este mismo proceso le permitió institucionalizar su autoridad y ejercer el monopolio de la fuerza pretendidamente legítima, que expresó su mayor violencia en la represión de los trabajadores en 1995.

La internalización de identidad colectiva se ve fuertemente atravesada por la cuestión geopolítica y la inclusión de los espacios de ultramar en pugna como símbolos continuos de la construcción de “identidad”. Estos símbolos fueron también utilizados por el Estado Nacional para la construcción de la nación.

Finalmente, en cuanto a la diferenciación de control, encontramos que si bien el Estado Fueguino tuvo la capacidad de crear las instituciones que permitirían el control y la extracción de recursos, éstas aún se encuentran en un espacio de conflicto, propio de la reciente formación de las mismas.