Resumen: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Argentina. Resultados electorales y coordinacion de actores En este trabajo se indaga acerca del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron formalmente adoptadas en Argentina. Estudiaremos todas las oportunidades en las que se utilizó este método en el país (2011, 2013, 2015 y 2017), tomando como eje los tres elementos que condicionan la coordinación de los actores e influyen sobre los resultados electorales, a saber: las reglas electorales, las decisiones de los actores políticos y las preferencias de los votantes. Aquí procuraremos averiguar si con el procedimiento de las primarias abiertas se logran los beneficios buscados teóricamente con su aplicación (emergidos como respuestas a problemáticas existentes en la sociedad), observando si se producen determinadas condiciones que permitan que tales beneficios superan los costos que acarrea, evaluando todas las elecciones transcurridas desde su incorporación. Observamos que los beneficios buscados no se han obtenido hasta ahora, en ninguna de las cuatro elecciones; lo cual terminó promoviendo la fragmentación, la inconsistencia interna y la pérdida de relevancia de los partidos políticos en el marco de un sistema democrático
Palabras clave:primarias abiertasprimarias abiertas,regulación oficialregulación oficial,ArgentinaArgentina,partidos políticospartidos políticos.
Abstract:
This paper will evaluate the effect of the open primary elections system, formally adopted in Argentina. We will study all the opportunities in which this method was used in the country (2011, 2013, 2015 and 2017), based on the three elements that affect the coordination of the participants and influence the electoral results: the electoral rules; the decisions of the political actors and the choices of the voters. We will try to find out if the open primary procedure is necessary, i.e. whether the benefits theoretically sought with its application (which was implemented as a response to existing problems in society) are achieved, observing whether the results are such that they allow the benefits to exceed the costs involved, and evaluating its functioning in every election since its incorporation. The use of this system did not result in an improvement of the political parties in any of the four elections; instead, it ended by promoting fragmentation, internal inconsistency and the loss of relevance of political parties within the framework of a democratic system.
Keywords: military doctrine, El Salvador, internal enemy, repressive strategy.
Artículos
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Argentina. Resultados electorales y coordinación de actores
Open Primary, Simultaneous and Mandatory Elections in Argentina. Electoral results and coordination of actors
Recepción: 18 Septiembre 2017
Aprobación: 23 Febrero 2018
En Argentina, con la sanción de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Nro. 26.571) en 2009, se formalizó el método de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los cargos de elección popular nacional, siendo éstas organizadas, controladas y tuteladas por el organismo electoral nacional del país.
El sistema de primarias (o internas) abiertas -en alguna de sus diversas variantes- fue propuesto, incorporado y/o utilizado en casi todos los países de América Latina, a lo largo de los últimos años. No obstante, en la mayor parte de los países latinoamericanos no existen disposiciones formales que impongan la realización de primarias, sino que en su mayoría éstas han sido implementadas unilateralmente por algún partido. Y en los que existen tales disposiciones (Chile y Uruguay), no se obliga a los ciudadanos a participar en ellas.
En esta investigación, nos proponemos estudiar en detalle el impacto de la aplicación del procedimiento de primarias abiertas en Argentina, el único país latinoamericano en los cuales éstas son compulsivas tanto para los partidos como para los electores. Para esto, primero consideraremos los argumentos que respaldaron su incorporación, diferenciando la justificación teórica proporcionada por sus propulsores de los objetivos políticos reales perseguidos con la misma; teniendo en consideración la situación política previa a la instauración del sistema (o sea, el problema que se buscaba remediar) y las consecuencias e impacto de su aplicación concreta (Tullio, 2017).
Así, estudiaremos todas las oportunidades en las que se utilizó este método en Argentina (2011, 2013, 2015 y 2017), tomando como eje los tres elementos que influyen sobre los resultados electorales y condicionan la coordinación de los actores (Cox, 1997), a saber: las reglas electorales (es decir, el sistema electoral existente) (Duverger, 1954); las decisiones de los actores políticos (o sea, las determinaciones de los dirigentes con respecto a quién participa en la lidia electoral) y las preferencias y expectativas de los votantes (las opciones predilectas por los ciudadanos y las perspectivas sobre los posibles resultados alternativos) (Cox, 1997: 22).
En cuanto a las reglas electorales, consideramos que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) además de una metodología selectiva utilizada por el partido[1], constituyen una regla electoral (Zelaznik, 2015; Gallo, 2015), en la medida en que atañen al sistema electoral nacional (Tullio, 2017), afectando al sufragio pasivo y al momento de entrada estratégica de candidatos y grupos (Escolar, 2011), en el que se forjan las posibles alianzas (Cox, 1997: 49). A su vez, las decisiones de las élites y actores participantes no sólo inciden sobre los resultados electorales, sino que son condicionadas por la existencia de un tipo de normativa como son las PASO. En ese sentido, entendemos que el proceso de nominación de candidatos representa el mecanismo preferente a través del cual los partidos se coordinan para escoger candidatos que logren maximizar su votación (Navia y Rojas Morales, 2008). Cuando la nominación de candidaturas se realiza a través de primarias abiertas, los ciudadanos deben, primero, elegir a determinado precandidato para transformarlo en candidato partidario y, luego, expedirse sobre las opciones que quedan configuradas en esta instancia, pudiendo incidir sobre el resultado final (Gallo, 2015). Por lo tanto, aquí también podemos sostener que las preferencias y expectativas de los actores masivos se ven influidas por el sistema de primarias abiertas.
De este modo, el objetivo de este artículo es analizar la relación entre estos tres elementos fundamentales: (1) las reglas electorales (un sistema electoral dividido en dos o tres fases, donde las PASO constituyen la primera de ellas); (2) las decisiones de los actores políticos con capacidad de decisión, que intervinieron concretamente en los procesos eleccionarios aquí indagados y sus opciones e incentivos para la coordinación; y (3) las preferencias y expectativas racionales de los votantes, a lo largo del ciclo eleccionario, a fin de no emitir un sufragio desperdiciado (Cox, 1997).
Para ello, tendremos en cuenta los objetivos propuestos teóricamente por los impulsores de la reforma (en función de un diagnóstico previo), las condiciones que deben presentarse para que éstos tengan lugar y los resultados concretos observados en los procesos transcurridos hasta la fecha. Esto se complementará con un trabajo de campo elaborado para la ocasión, en el cual se evaluarán las preferencias ciudadanas en función de los objetivos buscados con la implementación de este método.
Si bien son escasas las situaciones analizadas, sostenemos provisoriamente que hasta el momento no ha habido una correlación positiva entre el empleo de este sistema y el cumplimiento de los beneficios esperados. Al establecer la no satisfacción de los objetivos teóricos perseguidos, también mencionaremos las justificaciones ad hoc emergidas tras la aplicación efectiva de las PASO[2], exponiendo cómo éstas entran en contradicción con el diagnóstico y con los objetivos primigenios.
Con la profunda crisis sociopolítica de 2001-2002, se originó una implosión de la matriz partidaria existente, dando como resultado un sistema poco institucionalizado, atomizado, fragmentado y con alta volatilidad (Abal Medina, 2009; Gallo, 2015). La propuesta de reforma político-electoral aquí estudiada surgió unos años más tarde, con el pretexto de procurar volver a institucionalizar al sistema de partidos; logrando un realineamiento partidario y mitigar la fragmentación existentes (Abal Medina, 2009; Astarita, 2009; Escolar, 2011).
A su vez, en el diagnóstico que dio lugar a la reforma también se sostuvo que los partidos eran inconsistentes en lo ideológico y programático, e incluso que muchos de ellos directamente estaban constituidos como meros sellos electorales nominativos, sin estructuras ni afiliados y sin capacidad de incidencia territorial ni representación social (Abal Medina, 2009); exhibiendo un funcionamiento arcaico y un cumplimiento deficitario de sus funciones esenciales (Tullio, 2011). Se argumentó también que la legislación electoral vigente no establecía una forma uniforme por la cual los partidos políticos o las alianzas podían postular candidaturas a cargos electivos (Tullio, 2017), donde lo más habitual era el exceso de burocratización partidaria y sujeción a reglas, la verticalidad y la elección a dedo de los candidatos (Abal Medina, 2009; Tullio, 2011). A su vez, no había claridad en las disputas por los cargos partidarios (Strafage y Page, 2010), lo cual en muchas ocasiones llevaba a la competencia por fuera del partido y a que las disidencias no pudieran ser procesadas interiormente (Gallo, 2015). Esto producía una opacidad en la oferta partidaria y una dificultad para discernir qué representaba cada partido que competía (Tullio y Álvarez Travieso, 2015).
También se constató que una importante porción de los ciudadanos –quienes, en nuestro país, son mayoritariamente no tiene pertenencia partidaria (Muñoz, 2003; Zuleta Puceiro, 2015)- experimentaba rechazo y desapego hacia la política en general y hacia los partidos, en particular. En efecto, la participación de la ciudadanía en la vida política era limitada (Gallo, 2016) y dependía muchas veces de la capacidad movilizadora de los aparatos partidarios (Escolar, 2011; Tullio, 2011). Todo esto, se dijo, fomentaba la desvinculación entre ciudadanía y partidos, en tanto órganos encargados de la representación democrática.
Ahora bien, luego de haber descripto las problemáticas que se procuraba resolver[3], se expondrán los beneficios que teóricamente se buscaba alcanzar con las PASO, evocados por los impulsores de este sistema[4]. Algunos de los argumentos desplegados son coincidentes con las formulaciones generales sobre los beneficios de las primarias abiertas como mecanismo de nominación de candidaturas, estipuladas por la literatura especializada en la temática, y otros atienden al hecho específico de que se trata de una regla eleccionaria formalmente dispuesta (mediante la cual se pauta la simultaneidad y compulsividad de la competencia y participación en esta instancia).
Las finalidades teóricas buscadas con este mecanismo básicamente se sintetizaban en: el ordenamiento del sistema partidario (reducción de partidos y candidatos, y unificación de partidos similares)[5] (Astarita, 2009); la democratización interna partidaria a través de la apertura en la selección de candidaturas, otorgando más chances de competir a actores minoritarios partidarios y más opciones a escoger para el electorado en su conjunto y la participación y politización de los ciudadanos, a quienes se hacía ahora partícipes de una de las decisiones más relevantes concernientes al funcionamiento partidario (Tullio, 2011).
En la siguiente tabla, se exhiben los beneficios teóricos consignados, cruzados por los tres elementos que se busca analizar en este trabajo (los efectos de las PASO como regla electoral, su influencia sobre las preferencias y decisiones de los actores políticos y su impacto sobre las preferencias y expectativas ciudadanas). Luego, se mencionan las condiciones para lograr un nivel mínimo aceptable que garantice su posible cumplimiento efectivo, basadas en los preceptos teóricos generales sobre la temática y sobre las consecuencias observadas empíricamente respecto del funcionamiento de mecanismos con características similares.
Cabe advertir aquí que varias de las condiciones necesarias para alcanzar un estándar mínimo aceptable en cada uno de los ítems señalados entran en contradicción entre sí[12]; con lo cual, se torna poco probable la obtención de los beneficios esperados con este mecanismo de nominación de candidaturas. A todo esto hay que agregar que el sistema de elecciones primarias también conlleva riesgos y/o perjuicios, a saber: incremento de los costos de los procedimientos electorales; fatiga cívica y desmotivación en el electorado (González et al, 2013; Gallo, 2015); desgaste generado por la doble campaña y la confrontación pública entre candidatos de un mismo espacio político (Altman, 2012;Agranov, 2012; Page, 2016).
Ahora bien, la hipótesis que guiará este trabajo es que con la aplicación del sistema de primarias abiertas no suelen lograrse los objetivos teóricos esbozados por los promotores del mismo, en la medida en que no es lo más frecuente que se cumplan las condiciones estipuladas que permiten alcanzar un determinado estándar mínimo que posibilite la consecución de aquellos propósitos. Por lo tanto, las bajas probabilidades de obtener ciertos beneficios –que en el mejor de los casos redunden en resultados marginalmente superiores a los precedentes- no ameritan la introducción de este mecanismo, con los costos que implica y los riesgos que acarrea.
En este trabajo, primero se pasará revista sucintamente por los cuatro procesos eleccionarios transcurridos hasta ahora desde que se aplican las PASO, para concentrarnos luego en el análisis puntual de cada uno de los propósitos teóricos generales, con sus respectivas condiciones de posibilidad (expuestos en la Tabla 2). La unidad de análisis donde observar las PASO en cada contienda electoral es el territorio nacional; pero atendiendo a las diferencias que se presentan entre primarias a nivel ejecutivo (2011 y 2015) y aquellas celebradas en el orden legislativo (2011, 2013, 2015 y 2017)[13]; con un impacto diferencial en la oferta partidaria resultante (nacional y subnacional); en las estrategias electorales de los actores intervinientes (que varían en función de que el premio sea único e indivisible o haya posibilidad de distribución de cargos); y en las expectativas y creencias de los votantes (cruzadas por los elementos anteriores).
Cabe mencionar que aquí lejos de compartir aquella mirada, lo que se busca es discutir el supuesto de que las instituciones determinan los comportamientos de los actores partidarios y ciudadanos, contrastando los objetivos teóricos de los propulsores de esta legislación, con los resultados de la aplicación fáctica de la misma a lo largo de todos los procesos eleccionarios sucedidos hasta el momento.
En la Argentina, desde que rige la ley 26.571, el momento de entrada estratégica en la competencia por la Presidencia de la Nación tiene lugar entre 60 días y 50 días antes de las PASO. Las alianzas que se establecen en esa ocasión deben mantenerse, sin modificaciones, de ahí en adelante, hasta el final del proceso eleccionario en curso. Por ley, después de las PASO, no se puede alterar la composición de la fórmula presidencial resultante ni el orden al interior de una lista legislativa[14], ni tampoco se permite que el candidato consagrado por determinado partido se presente por otra fuerza política diferente (Art. 6). Es decir, la ley impide realizar acomodamientos intermedios, reduciendo el espacio para la negociación entre los sectores involucrados a lo largo del ciclo electoral (Gallo, 2015).
En el primer proceso eleccionario en el que se aplicaron las PASO (2011) debía elegirse presidente, 130 diputados nacionales y 24 miembros del Senado. En esa ocasión, a nivel presidencial se presentó la mandataria Cristina Kirchner, quien competía como candidata única del FPV, cuyo triunfo final aparecía como cuasi asegurado. Ante esa situación, para evitar profundizar su fragmentación, los partidos opositores también presentaron listas unitarias; con lo cual no hubo competencia en ninguna de las fuerzas políticas que entraron en la carrera presidencial en esa elección.
Las PASO se volvieron a implementar para los comicios legislativos de medio término de 2013, para elegir 127 diputados y 24 senadores. En esa oportunidad, 175 partidos postularon precandidaturas en las listas a diputados y 60 a senadores nacionales en todo el país.
Como se puede observar, en esta oportunidad, sí hubo competencia en algunas coaliciones en algún lugar del territorio. Sin embargo, la mayoría de las internas no fueron competitivas (es decir, se trató de una competencia meramente formal, no de una disputa efectiva); a lo cual se agrega que las principales coaliciones formadas para la ocasión se disgregaron rápidamente[15].
Nuevamente, las PASO se pusieron en práctica en 2015 para las elecciones presidenciales y de renovación parcial legislativa[16]. A nivel presidencial, en el oficialismo, Daniel Scioli compitió como único candidato. Las principales coaliciones de la oposición, forjadas para competir en las PASO, fueron: Cambiemos, que llevaba a Mauricio Macri (del PRO, pivote de la alianza), y UNA, que postulaba a Sergio Massa (FR)[17]. En ambos casos, se trató de coaliciones ad hoc, personalistas y heterogéneas, cada una de las cuales presentó una competencia interna testimonial en las PASO[18].
En 2017 tuvieron lugar las elecciones legislativas de medio término en las que se aplicó el sistema de PASO por cuarta vez consecutiva para la elección de 130 diputados y 24 senadores.
Los dos hechos más significativos que tuvieron lugar antes de la entrada estratégica fue la escisión de las dos principales coaliciones en sus respectivos principales distritos nacionales (Cambiemos en Capital Federal y FPV/PJ en la provincia de Buenos Aires). En CABA, Martín Lousteau buscó presentarse en una presunta primaria de la coalición oficialista, creyendo –erróneamente- que existía una ‘línea interna radical’ de Cambiemos que iba a poder competir contra el PRO. Y no previó el férreo control ejercido por el PRO, que se negó a abrir la interna de la fuerza oficialista, que terminó presentándose dividida en el distrito capital[19]. Por el lado del FPV/PJ bonaerense, se buscaba conformar una lista de unidad respaldando a Cristina Kirchner (como primera candidata a senadora por el distrito). Sin embargo, Florencio Randazzo decidió desafiarla internamente, lanzando su candidatura sin previo aviso. La ex mandataria –pese a haber liderado al espacio que promovió las PASO- consideró inadecuado competir con quien fuera su propio ministro y resolvió finalmente presentarse por fuera del PJ oficial (dentro del cual se postuló Randazzo), creando la etiqueta “Unidad Ciudadana”.
Así vemos que el actual oficialismo Cambiemos, que había sido contrario a la incorporación de las PASO, en 2015 utilizó –formalmente- este mecanismo para dirimir la disputa entre sus tres partidos más importantes. Mientras que la fuerza oficialista anterior, FPV, que había sido la impulsora de la iniciativa no lo utilizó en un cargo trascendente (ni en la elección presidencial de 2011 ni de 2015) o cuando competía una figura relevante (CFK para senadora bonaerense). Vemos que desde que rige la ley, los oficialismos han tendido a evitar la celebración de internas competidas. Habitualmente, se sostiene que los partidos de gobierno son menos proclives a utilizar métodos como las primarias abiertas (De Luca, Jones, Tula, 2002), al tiempo que también son menos propensos a fragmentarse que los opositores (Calvo y Escolar, 2005; Scherlis, 2008).
En efecto, esa tendencia pudo observarse también en el resto del país: por un lado, el peronismo apareció dividido -internamente pero sobre todo externamente-: en 6 provincias, el PJ y el FPV (o Unidad Ciudadana) se presentaron separados; en 15 fueron juntos[20]; en dos estuvieron disgregados y en una, integrados a una fuerza provincial. El frente oficialista Cambiemos, por su parte, procuró presentar lista única -pautada por el PRO- en todos los distritos que le fue posible. Logró que esto fuera efectivo en 13 de ellos[21], mientras que en 11 provincias se estableció competencia interna, siendo 9 de ellas no competitivas[22]. A la vez, en ninguna de las internas había una boleta propiamente radical compitiendo dentro de Cambiemos; ergo, no se produjo una competencia entre los partidos consocios de una misma coalición gubernamental, contradiciendo el sentido originario de las PASO.
A la vez, la competitividad en la contienda es una condición necesaria, pero no suficiente[23]. Más aun, puede ser problemática si se la toma como un objetivo en sí mismo, descontextualizándolo del marco de aplicación (a saber, existencia de contendientes competitivos); pudiéndose producir una distorsión, mediante la cual se busque generar una disputa artificial con el mero objeto de atraer votantes. Eso fue lo que sucedió en la antesala de las PASO de 2017 en la CABA, cuando ambos desafiantes internos –el oficialista Lousteau y el opositor Itaí Hagman- realizaron un llamamiento a aprovechar la existencia de este instrumento para hacer un uso estratégico del mismo. En ninguno de los casos dio resultado, en el primero porque el postulante terminó presentándose por fuera de la fuerza dentro de la cual buscaba competir y en el segundo, porque el sector que lo auspiciaba quedó deglutido dentro del peronismo porteño.
El ciclo electoral 2017 ratificó que las PASO no fueron efectivas para contener la disidencia interna, para procesar la fraccionalización ni para evitar defecciones de sectores potencialmente perdedores.
Ahora vamos a analizar en mayor detalle los elementos que aparecen en la Tabla 2, para poder determinar si la aplicación de este sistema ha tendido a contribuir o no con el cumplimiento de los objetivos propuestos, abordados desde la lógica mencionada anteriormente (mediante la cual se considera que las PASO son una regla electoral, con impacto en las decisiones de los actores políticos relevantes y las preferencias ciudadanas). Buscaremos establecer cómo se vinculan los factores que habían sido establecidos en aquella tabla (beneficios de las PASO y condiciones para su cumplimiento), trabajados ahora de forma desagregada, con las problemáticas a enmendar mencionadas en el diagnóstico previo.
Como vimos, se argumentó que las PASO, como regla electoral, colaboran con la reducción de partidos y candidatos, y la unificación de fuerzas similares (Escolar, 2011), en la medida en que este sistema fomenta la conformación de alianzas entre los que temen no pasar el umbral del 1,5% y entre aquellos que, si se juntan antes de las PASO, tienen chances de ganar (Page, 2017). Consiguientemente, el éxito en la coordinación debería redundar en que las opciones resultantes fueran consistentes, permitiendo que los votantes ejercieran un voto útil e informado.
En relación a la reducción cuantitativa de la oferta, en ciertos análisis postelectorales se sostuvo que se había logrado achicar la oferta electoral a nivel presidencial -en tanto que en la elección general de 2015 compitieron tan sólo seis candidatos presidenciales (el número más bajo desde 1983) (Pomares, 2015)- y a nivel legislativo –ya que la cantidad de listas legislativas había decrecido[24]- (Cruz, 2017).
Sin embargo, lo que no se consideró en esos estudios era la cantidad de partidos y candidatos que habían conformado la oferta de las primarias. Por ejemplo, en las últimas PASO presidenciales se habían postulado 15 precandidatos presidenciales, la segunda cifra de competidores más alta del último siglo[25]. En efecto, con la reducción del número de fuerzas que competían lo que se buscaba era simplificar el panorama a los votantes, facilitando la coordinación electoral; partiendo de la base de que una sobreoferta de candidatos atenta contra la capacidad de discernimiento del elector (Pomares et al, 2016; Gallo, 2017). No obstante, con el desdoblamiento del proceso eleccionario en diversas fases, lo que se reduce en cantidad de candidatos postulados, se aumenta en número de precandidatos compitiendo[26], adelantando la fase de la indeterminación y confusión a la primera instancia. Es decir, no se resuelve el problema del exceso de opciones partidarias, sino que se crea una elección previa innecesaria en la que se exhibe una oferta política con el mismo nivel de opacidad previo, dificultando que el elector emita un voto informado en ella que, a su vez, le permita contribuir a generar un escenario posterior depurado, establecido de acuerdo a criterios políticos consistentes[27].
En ese sentido, la reducción cualitativa de la oferta se lograría si los ejes resultantes en el escenario político electoral coincidieran con las principales variables que intervienen en la conformación de preferencias partidarias. Como se expuso, teóricamente, se pretendía generar un realineamiento partidario, dando solución a las problemáticas vinculadas con la fragmentación y la volatilidad partidaria que Argentina padecía desde las últimas décadas y que se habían agravado a partir de la crisis de 2001-2002 (Tullio, 2011). Esto hubiera implicado –idealmente- el surgimiento de nuevos partidos orgánicos, definidos en función de un clivaje social significativo, o asociados con alguna tradición partidaria o posición ideológica discernible. O, alternativamente, la conformación de coaliciones que aglutinaran a sectores que tuvieran posiciones afines o representaran a los mismos sectores sociales (Astarita, 2009), las cuales operarían como sustitutos equivalentes del partido político, en términos de agregación de demandas e intereses colectivos (Tullio, 2015). No obstante, estos propósitos teóricos abstractos entran en contradicción con lo estipulado formalmente en la legislación, según la cual las alianzas son agrupaciones políticas de carácter transitorio, constituidas al mero efecto de participar en elecciones (Art. 6º). Por ello, el resultado concreto ha sido la conformación de alianzas coyunturales, candidatos ideológicamente fluctuantes y alineamientos variables; lo cual ha dificultado que se estableciera un criterio relevante y sustantivo conforme al cual efectuarse la racionalización y ordenación del sistema partidario.
La búsqueda de democratizar internamente a los partidos, presuntamente influye sobre las estrategias de los actores partidarios (por un lado, de aquellos que ahora gozarían de la posibilidad efectiva de participar de una contienda abierta y, por otro, de quienes toman las decisiones más relevantes, considerando el impacto que la apertura de la competencia podría tener en el electorado y los potenciales beneficios que acarrearía a la organización) de los ciudadanos convocados a expedirse en esta instancia preliminar.
Por ello, por un lado, se mencionó como condición que las primarias se introdujeran en reemplazo de un mecanismo de selección menos democrático[28]. Al respecto hay que decir que históricamente, el PJ (luego FPV) había seleccionado a sus candidatos mediante la designación por parte de una élite o por la determinación del líder (con un selectorado minoritario). La UCR (que en 2011 formó parte de UDESO, en 2013 del UNEN y en 2015 de Cambiemos) habitualmente utilizaba internas cerradas (mayoritario); lo mismo sucedió con el PS (que luego integró el FAP, FAUNEN y Progresistas). En el PRO y en la CC, partidos sujetos a un liderazgo protagónico indiscutido, se utilizaba la designación cupular (minoritario). Y en los partidos que luego integraron el FIT -el PO, el PTS e IS- los candidatos eran seleccionados mediante congresos con participación de bases (mayoritario) (Gallo, 2016). Lo que aquí puede advertirse es que no todos los partidos utilizaban mecanismos minoritarios para seleccionar a sus candidatos. A su vez, no es posible corroborar que la heterogeneidad en los métodos de selección anteriormente existente fuera el promotor de las fuertes distorsiones en el ingreso al sistema electoral, como se argumentó inicialmente (Tullio, 2017). Y si así fuera, tampoco se combate por este medio, ya que los precandidatos electos en PASO sin competencia -que, como se verá, fueron la mayoría- habrían sido consagrados mediante otros mecanismos utilizados internamente (que además, por lo general, eran poco inclusivos y menos democráticos) (Zelaznik, 2015;Gallo, 2015).
En relación a las otras condiciones para lograr que la selección del candidato sea efectivamente democrática (es decir, que sea producto de un pronunciamiento real de un cuerpo colectivo, frente a opciones alternativas) debería existir competencia y competitividad[29] en la contienda. En ese sentido, la decisión respecto de que se establezca o no competencia intrapartidaria (es decir, que existan al menos dos listas presentándose por la misma fuerza política) tiene que ser tomada o consensuada por las élites del partido o frente antes del momento de la entrada estratégica. La competitividad (a saber, que dentro de la misma fuerza política existen actores en una situación de relativa paridad), en cambio puede descontarse inicialmente o bien puede emerger sorpresivamente a partir de la medición que los sondeos de opinión hagan de los contendientes participantes.
Desde que rige el sistema de PASO, solamente el 25% de las internas presidenciales fueron competidas; el 25,4% a nivel de diputados nacionales y el 15,29% en senadores. En cuanto a la competitividad, a nivel presidencial, sólo el 4,76% de las internas resultaron ser competitivas, en la categoría de diputados nacionales, el 5,37% y para senadores solamente 3,71% de las listas lo fueron.
En 2015 (la única ocasión hasta ahora en la que hubo competencia en la categoría presidencial), las dos alianzas principales que presentaron internas competidas (Cambiemos y UNA), no eran fuerzas preexistentes que resolvían abrir la selección de candidaturas a la ciudadanía común, sino coaliciones ad hoc, formalizadas para este evento electoral. Por lo tanto, con las PASO no hubo un incremento de la democracia interna, en tanto que no se otorgaron más opciones a los seguidores estables de partidos presuntamente poco democráticos ya existentes, sino que se crearon artificialmente estas entidades suprapartidarias, para luego poner a sus componentes internos (los partidos coaligados, recientemente integrados) a resolver sus diferencias y definir sus candidaturas públicamente.
En ese sentido, hay que recalcar que, dados los elementos mencionados en la página 6, la legislación vigente en Argentina desalienta la existencia de competencia interna. De todos modos, la no presentación de competencia, paradójicamente, también permitió que se evitaran muchas de las pugnas interfaccionales en distintos niveles del sistema político. Por ejemplo, en el FPV, la decisión de la por entonces presidenta incumbente (autopostulándose en 2011 y definiendo la interna presidencial “a dedo” en 2015) posibilitó alinear a todos los sectores tras las respectivas candidaturas presidenciales concordadas. Es decir, ese partido -históricamente verticalista y considerado poco democrático en términos de selección de candidaturas- evitó tener internas conflictivas, al precio de no realizarlas[30].
Para finalizar el punto, la imposición mediante una ley respecto del método que el partido debe utilizar para seleccionar a sus aspirantes a cargos públicos implica una intromisión en la forma de organización de un partido y en su programa, que es aquello que establece sus fines estratégicos. Por lo tanto, debe ponerse en cuestionamiento que este aspecto constituya un beneficio para el buen funcionamiento partidario.
En relación a la noción de doble legitimidad (popular y partidaria) del candidato consagrado, esta fue pensada primordialmente para los cargos unipersonales de mayor visibilidad (Gallo, 2011). Al respecto, entendemos que solamente puede hablarse de legitimación popular en los casos en los que los contendientes no sólo surjan de una interna efectivamente competitiva (es decir, donde la resolución haya provenido del pronunciamiento ciudadano), sino que reciban un gran apoyo popular en ella. Y para que haya legitimación partidaria, debería elegirse a un Party Adherent o a un dirigente no apoyado por el aparato partidario, pero respaldado y referenciado en el partido. Hasta ahora, en las primarias para cargos ejecutivos no ha habido casos donde se combinaran ambos elementos[31].
Con respecto al punto relativo a la retención coalicional, mencionamos que las preferencias de las élites deberían orientarse no sólo a que su sector interno o partido consocio se imponga en las PASO, sino también a que toda la fuerza partidaria o coalición mejore su performance en la instancia siguiente, promoviendo la acumulación interna y evitando el abandono estratégico de los seguidores de las listas internas derrotadas (Reynoso, 2015; Malamud, 2015;Gallo, 2016).
Si se observan las figuras 1, 2, 3 y 4, queda expuesto que, hasta ahora, la mayor parte de las fuerzas partidarias (tanto a nivel presidencial como legislativo) ni presentó competencia interna (ni competitividad) ni incrementó sus marcas en los comicios generales respecto de las PASO. En el cruce de esos datos, se obtuvo que la mayor parte de las organizaciones que postularon al menos dos listas alternativas en las primarias, perdieron apoyo entre una instancia eleccionaria y la siguiente[32].
En la única elección presidencial en la que hubo internas competidas (la de 2015), los principales frentes (Cambiemos y UNA) habrían sufrido defecciones de los sectores excluidos[33] (Calvo y Pomares, 2015). De todos modos, en el caso de Cambiemos esto resultó fácilmente compensado por el respaldo recibido por ciudadanos que no lo habían señalado previamente (vislumbrándolo como “mal menor” frente al kirchnerismo) (Gallo, 2016). Así, vemos que el crecimiento post PASO se debió, no a la capacidad de retener a votantes genuinos propios, sino a la escasa gravitación electoral de las listas secundarias, que propició que el drenaje de apoyos entre las fases fuera neutralizado por el acaparamiento por parte de la coalición de un voto negativo posterior.
El punto correspondiente al efecto incremental, se relaciona con el anterior e incumbe a las expectativas de los ciudadanos que participan electoralmente. Por un lado, este aspecto está sujeto a la coordinación estratégica de los votantes en torno a las opciones con más chances. Al respecto, mencionamos que hasta ahora, además de los oficialismos (en 2011 y 2017) hubo sólo dos fuerzas políticas que lograron un efecto incremental contundente a nivel nacional[34], logrando hacerse acreedoras (factiblemente) del voto estratégico opositor. Sin embargo, se trató de dos frentes emergentes que no presentaron competencia interna. Cabe decir –y esto se conecta también con el punto anterior- que si el incremento significativo del apoyo pos-PASO no se combina con competencia intrapartidaria, las primarias pierden efecto informativo y legitimador, para transformarse directamente en una primera vuelta adelantada (Tagina, 2011; Gallo, 2016), malogrando su razón de ser originaria.
Por otro lado, el efecto incremental también depende de cómo se coordinan los electores de los partidos pequeños que se quedan debajo de la barrera (varios de los cuales, suelen situarse ideológicamente más lejos del centro político). En ese sentido, el campo ideológico de la izquierda se encontraba fragmentado entre varias fuerzas pequeñas, pero con un predominio del FIT (que ya se había garantizado la superación del piso del 1,5% desde la segunda elección en la que participó). En este contexto, los electores que adherían genéricamente a la izquierda, pudieron votar sinceramente en las PASO (por la fuerza izquierdista de su preferencia, independientemente de sus chances de superar el piso), sin el riesgo de que quedara dividido subóptimamente el apoyo general a dicho espacio, en la elección final[35]. De todos modos, esta presunta ventaja es la contracara del objetivo originario que apuntaba a unificar estratégicamente a fuerzas pequeñas afines. En este caso, una vez establecida una coalición mínima viable que permita la superación del umbral en la fase primigenia, se agotan los incentivos para seguir sumando actores, en tanto que su apoyo puede usufructuarse en la etapa posterior.
Por otro lado, con respecto al primary bonus (que alude, en este caso, a una presunta ventaja que obtendrían los partidos que decidieran presentar competencia interna respecto de aquellos que no lo hicieran), se sostuvo, siguiendo esa línea, que las PASO habían tenido efectos positivos en las fuerzas que habían competido con más de una candidatura (Cambiemos y UNA, en 2015) (Bosoer, 2017). Sin embargo, no existe evidencia para sostener que la ciudadanía tienda a premiar a los partidos que resuelven deliberadamente celebrar primarias; lo cual como se expuso, para constituir una ventaja debería estar precedido por una competencia real con candidatos competitivos de un espacio preexistente (Gallo, 2011; Gallo, 2016). Lo que sucedió en esos casos fue que los postulantes que previamente gozaban de apoyo ciudadano (Macri o Massa), pero carecían de una estructura partidaria sólida y con inserción territorial, fueron recibiendo el respaldo de múltiples sectores que apostaron por la estrategia de anexar sus listas a la del postulante que se daba por ganador. Y en ese contexto, decidieron presentarse a las PASO con más de una candidatura, estableciendo una pseudo-competencia interna entre candidaturas altamente dispares. En efecto, la ciudadanía habría tendido a elegir a esos candidatos, porque previamente estaban mejor posicionados en la opinión pública y no para premiarlos por dirimir sus candidaturas en primarias (ver encuestas en el apartado Trabajo de campo).
En relación al carácter predictor del sistema, se sostenía que las primarias operaban como una “gran encuesta nacional”, brindando información fiable a los actores políticos participantes. En el caso de los candidatos, estos datos podían ser de utilidad para recalcular estrategias, fortalecer la campaña en zonas específicas y ampliar apoyos informales (Cruz, 2017), permitiendo también discernir la cantidad de votos propios y de votos prestados con los que cada uno contaba (Calvo y Pomares, 2015).
También se dijo que a los ciudadanos de a pie, la información resultante de las PASO les posibilitaba votar estratégicamente en la elección general (Malamud y De Luca, 2017), optando por los mejor posicionados o favoreciendo a un candidato sorpresivamente desfavorecido, a través de la manipulación del sufragio o de la decisión de concurrir a las urnas (en caso de abstención previa) o de emitir un voto positivo (en ocasión de haber votado blanco/nulo en las PASO)[36] en los comicios generales. De todos modos, si esa capacidad de modificar el rumbo de la elección con la que cuenta la ciudadanía bajo este sistema, es precedida por una desmotivación para participar o para emitir un voto sincero en la primera instancia, en realidad lo que se genera es un incremento de la proporción del voto especulativo en el conjunto del voto finalmente otorgado al ganador y una ampliación del consenso negativo con el que éste se consagra.
A su vez, los resultados concretos de las PASO no necesariamente operan de información para estrategias racionales futuras, sino que pueden proveer de cierto impacto simbólico subjetivo que termine convirtiéndolos en una profecía autorrealizada o en un boomerang para quienes tenían expectativas desmedidas. En efecto, en ninguna de las dos elecciones presidenciales argentinas –como puede observarse en las tablas- las PASO siquiera aventuraron el orden final obtenido de manera adecuada (Gallo, 2017). Por lo tanto, consideramos que –al igual que sucedió en otros lugares en los que las primarias fueron aplicadas- este sistema no ha operado como un predictor efectivo de los resultados en la elección general ni dentro ni entre los partidos (Buquet y Piñeiro, 2011; Piñeiro, 2014).
Dicho esto, habría que preguntarse cuán necesario es instaurar un instrumento (tan costoso en términos de recursos monetarios y políticos, como se ha descripto) solamente para que los candidatos cuenten con un –sumamente falible- predictor de éxito electoral y para que la ciudadanía sepa con mayor rigurosidad cuan plausible es que el “mal mayor” se imponga electoralmente.
Siguiendo con lo recientemente expuesto, el objetivo en este punto era otorgarle más opciones al elector, para que éste pudiera efectuar un sufragio sincero en la primera fase, eligiendo a su opción principal y, posteriormente, al conocer la configuración completa de preferencias políticas establecidas, tener elementos para no desperdiciar su voto en la instancia definitoria (Gallo, 2016).
Es factible que, en las elecciones primarias transcurridas hasta ahora, como regla general, haya predominado el voto sincero, ya que las disputas con competencia fueron la excepción y, en los casos que las hubo, no estimulaban la participación exógena[37]. Empero, no siempre ha habido un voto direccionado (es decir, no siempre se procuró elegir al precandidato preferido de todos los que competían), en la medida en que ya desde las primarias la tendencia ha sido concentrar el voto en los partidos y candidatos con más chances (Gallo, 2017). Por otro lado, en Argentina, la combinación entre primarias doblemente compulsivas y ciudadanía con una ligazón partidaria muy baja, provoca que el votante pueda experimentar una identificación tan poco intensa con la preferencia por la que se pronuncia en las PASO como por la que elige en la elección general (Gallo, 2016).
Pese a estas evidencias, ciertos analistas resaltaron que había habido un uso muy sofisticado de las PASO por parte de los votantes; lo cual podía observarse en el hecho de que los electores antikirchneristas habían reorientado su voto para permitir que el candidato opositor con más posibilidades –Macri, en este caso- accediera al balotaje (Calvo y Pomares, 2015). Sin embargo, este argumento parte, por un lado, de una sobreestimación del cálculo a partir del cual los votantes elaboran sus decisiones (en la medida en que se presupone que éstos habrían sufragado deliberadamente buscando el equilibrio de coordinación más optimista de cara a octubre). Y, por otro, de una ausencia de jerarquización respecto de los criterios utilizados por la ciudadanía para definir el voto. Si el criterio demarcatorio es el eje gobierno -oposición (sin ninguna definición ideológica o programática que lo respalde), no se logra el objetivo relativo a la coherencia en la dirección de sus preferencias políticas. En efecto, el uso sofisticado de las PASO no debería tener una connotación positiva como aquí pretende dársele, sino que implicaría una votación no sincera en esta instancia (o sea, un adelantamiento del voto estratégico), algo que va en contra de los objetivos buscados.
A su vez, se ha argumentado que las primarias son altamente valoradas por los cientistas sociales, la dirigencia política y la ciudadanía (Page, 2016); lo cual no resulta ser tan claro. En primer lugar, la literatura académica que aborda el tema sigue estando sumamente dividida al respecto (Clérici et al, 2016). En segundo término, la aún poco extendida utilización de este método no parecería indicar que los dirigentes políticos son proclives a valorizarlo. En tercer lugar, con respecto a la supuesta adhesión ciudadana a este mecanismo, entendemos que en realidad las primarias crean una ilusión de participación, lo que se llama el flash membership (Barberá, 2013), otorgándole protagonismo a quienes carecen de identificación con los valores en torno a los cuales se estructura la lucha política (esto se ve más claramente en el siguiente apartado).
Las justificaciones ad hoc de quienes apoyan al sistema de PASO (pese a todas las objeciones emergidas hasta el momento), en general, han seguido dos líneas interconectadas entre sí: o bien, consideran que en su debut y/o en sus primeras aplicaciones había habido un path dependency de los actores participantes (Escolar, 2011) y que posteriormente se había ido generando un aprendizaje y adaptación por parte de los mismos. O, alternativamente, entienden que este método ha sido parcialmente exitoso (ya sea, para ciertos casos puntuales o respecto de ciertos objetivos concretos). Como ejemplo de la primera línea de justificaciones, se sostuvo que gracias al aprendizaje y a la cooperación, el FIT (cuyos componentes aislados tenían dificultades para alcanzar el umbral) había logrado mayor presencia institucional (Malamud y De Luca, 2017). Sin embargo, la performance del FIT siguió una línea ascendente consistente, ya que luego de sus buenas elecciones en 2011 y 2013, en 2015, tras la presentación de competencia interna se produjo un freno en ese proceso de ascenso (Gallo, 2017) y en 2017 la discusión sobre la composición de las listas intestinas entrañó un retroceso respecto del desempeño inicial[38]. A su vez, la división de la izquierda en dos frentes con nombres casi intercambiables[39] complicó el panorama, mostrando nuevamente a los sectores más afines y cohesionados compitiendo por separado. En suma, la unidad no es tan fácil de lograr cuando aquello que hay para repartir es excesivamente escaso en relación a la cantidad de actores que se lo disputan.
En cuanto a la segunda posición favorable al sistema, hay quienes insisten en que este ha sido eficaz en ciertas circunstancias específicas: por ejemplo, la competencia en las PASO ha sido efectiva en coaliciones que agregan liderazgos partidarios dispersos (suma positiva); mientras que no lo ha sido para la disputa del liderazgo interno de un partido[40] (suma cero) (Cherny, 2017). Pero en realidad, hasta ahora, las situaciones que se han producido han sido básicamente estas tres: 1. Fuerza unitaria (FPV), que o no presentó competencia o cuando la presentó tuvo inconvenientes[41]. 2. Sectores aislados, divergentes y dispares que se unificaron en un espacio amplio y difuso. En ciertas ocasiones presentaron competencia. Cuando hubo paridad, existió competitividad y terminó en disgregación (UNEN) y cuando se partió de asimetrías, no hubo competitividad interna y posteriormente los socios secundarios quedaron completamente relegados (Cambiemos). 3. Espacio conformado por sectores similares, congruentes, convergentes, pero minoritarios (aquellos pertenecientes a la izquierda), algunos de los cuales se unificaron para sobrevivir a las PASO y tuvieron una buena acogida cuando deliberadamente decidieron no competir en ellas. Empero, hasta ahora no se ha generado una unificación del espacio más cohesionado e ideológicamente consistente del campo político argentino.
Paralelamente, se resaltó que, pese a que las PASO no han funcionado como método de selección de candidatos, sí han servido como barrera y como soldador, simplificando el escenario político (Malamud y De Luca, 2017). Siguiendo este argumento, vemos que, por un lado, paradójicamente, las primarias supuestamente serían eficaces pese a no operar propiamente como elecciones primarias partidarias. Por otro lado, la simplificación del escenario la efectúan los ciudadanos -previamente caracterizados como poco informados y despolitizados- a quienes se quería informar y politizar mediante la introducción de esta fase preliminar, en la cual, como vimos, se creó una oferta compleja y confusa, que dificultaba una efectiva coordinación electoral.
Por lo tanto, observamos que la “suma positiva” no ha sido conducente (porque lo que se sumó para triunfar, se fue sustrayendo una vez alcanzado el triunfo), que el “soldador” no fue eficaz (porque no logró que se mantuviera lo que había sido soldado artificialmente para los procesos eleccionarios precedentes) y que como “simplificador” termina encerrado en un juego circular (ya que los encargados de la ordenación de la oferta partidaria son aquellos a los que se pretendía ofrecer una oferta partidaria ordenada). Efectivamente, evaluando los propósitos de los promotores de la ley y las apreciaciones de los defensores actuales del sistema, se concluye que lo que se produjo con su instauración fue la naturalización de la ausencia de un criterio consistente de ordenación, y el fomento de vinculaciones lábiles y volátiles entre representantes y representados.
Aquí se realizó una encuesta complementaria, no con la finalidad de evaluar las preferencias electorales ni de establecer los factores determinantes en el voto ciudadano, sino para identificar el cumplimiento o no de los objetivos trazados teóricamente. De todos modos, la información obtenida es limitada y debe ser tomada de forma primordialmente descriptiva. Básicamente, se busca discutir acerca de la influencia de esta regla en las expectativas ciudadanas, teniendo en consideración los efectos presuntamente deseables que estas acarrearían:
§ Mayor democratización interna partidaria (planteada en términos de inclusividad del selectorado).
§ Potestad para elegir entre varios contendientes partidarios/ subpartidarios alternativos.
§ Posibilidad de que los ciudadanos efectúen un doble voto (sincero y estratégico).
También se procuró establecer la correspondencia entre determinado tipo de respuesta y la preferencia política del encuestado, en orden a evaluar la correlación entre la posición del responderte y la de la fuerza política por la que se inclina, respecto de esta cuestión específica.
Según lo arrojado por la encuesta, los que más apoyaban a la PASO eran quienes habían respondido haber votado a Macri. Sin embargo, una porción sumamente minoritaria de ellos recordaba (pasados tan solo dos años) quiénes habían competido dentro de la primaria en la que ellos habían participado.
Por otro lado, advertimos el bajo grado de intensidad en la identificación partidaria de los tres candidatos mejor posicionados (lo cual permite reforzar lo apuntado en el apartado anterior respecto al voto direccionado, sincero e intenso). Respecto de las razones que los llevaban a aprobar la existencia de primarias, en su mayoría se respondió algo semejante a la idea de “para tener más opciones dentro de los partidos”[44] (59%) (lo cual entraría en contradicción con su desaprobación a las listas colectoras[45]) y a la de “para que los candidatos sean elegidos por la ciudadanía y no ‘a dedo’” (38%).
Por lo tanto, inferimos que el presunto apoyo de los votantes a este método (señalado por algunos analistas), proviene de sondeos sumamente sesgados. Primero, porque no se les presenta ni menciona a los consultados ninguna de las otras alternativas democráticas de selección posibles, dando por sentado implícitamente la existencia de una dicotomía entre opciones excluyentes: o PASO o “dedo” de un líder o cúpula partidaria. Segundo, y en directa conexión con lo anterior, porque las primarias responden a una tendencia de marketing positivo hacia todo lo que venga promocionado con la etiqueta de democratización, apertura, transparencia, etc. (contrariamente a las colectoras, que tienen mala fama y son asociadas a procesos poco transparentes)[46] (Tullio, 2015). Tercero, porque la misma ciudadanía que en abstracto responde que aprueba este método, luego manifiesta fatiga cívica y hastío popular al tener que concurrir a las urnas tantas veces (lo cual también se relaciona con la baja intensidad en la identificación con las opciones partidarias existentes).
En suma, pese a que muchos ciudadanos tiendan a contestar en primera instancia que están conformes con el sistema, cuando se indaga en profundidad no pueden sostener consistentemente los fundamentos de esa preferencia ni indicar conocimiento respecto de cómo funciona aquella norma a la que presuntamente aprueban. Por lo tanto, hasta ahora no habría evidencia para afirmar que las PASO influyen positivamente sobre las estrategias de los ciudadanos de modo tal de conducirlos a efectuar un voto más informado, consistente y fundamentado.
En este trabajo hemos analizado las elecciones primarias transcurridas desde la aplicación formal de esta regla electoral en Argentina. Hemos tenido en cuenta el diagnóstico del que se partió, los presuntos objetivos buscados y las condiciones para que éstos pudieran efectuarse.
En cuanto regla electoral, hemos visto que el efecto ordenador de las primarias es limitado, en la medida en que no se ha logrado que se generara una oferta conformada por fuerzas sólidas, homogéneas y duraderas, que representaran grupos de opiniones definidos en la ciudadanía ni sectores sociales concretos e identificables.
A la vez, el sistema de PASO influye sobre las decisiones de los actores políticos, lo cual se conecta directamente con lo recién expuesto: hasta ahora las coaliciones que decidieron forjar los actores políticos han sido heterogéneas y asimétricas, y en la gran mayoría de los casos resultaron ser pasajeras[47]. En algunas ocasiones, se resolvió establecer competencia interna en ellas, pero la mayor parte de las veces, se optó por acordar candidatura o lista única. En los casos en los que se presentaron al menos dos opciones subpartidarias, o bien se trató de una competencia testimonial o fue producto de alguna desavenencia no resuelta internamente (que no redundó en beneficios para las fuerzas partidarias).
A su vez, los resultados obtenidos en las elecciones primarias transcurridas en Argentina están en consonancia con la experiencia comparada mundial, que demuestra que la existencia de este mecanismo no garantiza la competencia (Barberá, 2013); al tiempo que la competencia tampoco garantiza la competitividad (Clérici et al, 2016). Y lo que es más sintomático aún, la competitividad tampoco garantiza que se le esté dando una chance a algún dirigente con potencial para representar adecuadamente a su partido y ganar la elección general (cuya candidatura hubiera estado obstaculizada por el funcionamiento burocrático de su partido); es decir, no habría conexión inmediata entre la utilización de este método y la legitimación de la opción consagrada. En efecto, si la entidad que nuclea y aglutina a los subsectores que compiten en la primaria abierta es ficticia, difícilmente la interna pueda devenir una instancia de competencia real. O sea, si el colectivo que participa no está asociado a determinada tradición política, ni posee un perfil ideológico delimitado que excede la coyuntura electoral, los candidatos partidarios serán seleccionados de acuerdo con criterios volátiles y subjetivos; lo cual difícilmente contribuya a fortalecer y democratizar a las organizaciones de las que éstos provienen.
En referencia a las preferencias y expectativas racionales ciudadanas y su incidencia sobre los resultados, cabe mencionar que, tal como se deriva de lo expuesto, los votantes no fueron beneficiados por el simple hecho de contar con la potestad de emitir un doble voto. Esto es así porque, por un lado, a nivel subpartidario o subcoalicional, dadas las asimetrías entre los miembros asociados, la mayor parte de las opciones secundarias de las PASO carecían de chances reales. A su vez, a nivel partidario o coalicional, el pronunciamiento ciudadano provocó una alteración del resultado, no cuando hubo un juego entre voto sincero y voto sofisticado, sino cuando no se votó (positivamente) en la primera instancia, dando lugar a un sufragio puramente estratégico en la instancia eleccionaria definitiva. Todo esto, sumado a la complejidad del sistema y el bajo interés ciudadano, dio como resultado una insatisfacción respecto de los presupuestos teóricos estipulados con este mecanismo.
A la vez, en los análisis efectuados sobre la utilización concreta del sistema de primarias en nuestro país, ha sido frecuente adjudicar un carácter beneficioso al presunto cumplimiento de aquellos beneficios teóricos abstractos, devenidos objetivos marketineros infundados (como la apertura indiscriminada de los partidos, la búsqueda de candidatos populares o la unificación de fuerzas en base al eje gobierno-oposición). Aquí pudimos observar que estos objetivos no solo no se corresponden con las falencias detectadas en el diagnostico efectuado previamente, sino que, llegado el caso, pueden terminar estranguladas en una espiral de contradicciones.
Finalmente, como se expuso, el interés de este trabajo estuvo centrado en discutir los preceptos de los defensores teóricos de este sistema, indagando acerca de sus argumentos centrales en clave de Rational Choice, con el propósito de objetar las posiciones de quienes sostienen que ha habido un cumplimiento de las finalidades buscadas, utilizando la misma lógica por ellos desplegada. Dejaremos para un estudio posterior el análisis del potencial de las aristas que el texto aborda, especialmente en torno a la relevancia social y a la crítica teórica que la temática amerita.