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Introducción

Hacia mediados de los años noventa se inició una serie de crisis -económicas, políticas y sociales- cuyo epicentro fue el Sur global, conmoviendo el presupuesto “éxito” de las reformas macroeconómicas, laborales y de la protección social, desplegadas en la región durante los años previos. Dichos procesos canalizaron y promovieron el ascenso de críticas especializadas, sociales y políticas hacia dichas reformas. Por ejemplo, el concepto de “nueva cuestión social”, producido por intelectuales críticos europeos, como Castel (1997) y Rosanvallon (1995), fungió como categoría de denuncia, desde la academia, sobre los efectos de dichas reformas e instaba a que lo social fuera recompuesto. Dicha categoría tuvo una especial resonancia en América Latina, desde donde diversos movimientos políticos y sociales pasaron a la escena internacional por su impugnación a los diagnósticos, políticas y lenguajes asociados al Consenso de Washington, desatando una polémica sobre la globalización.

A su vez, ya en el nuevo siglo, comenzaron a emerger nuevos regímenes políticos en América Latina, cuya legitimidad se fundaba y disputaba en su confrontación con el discurso neoliberal (Hintze, 2012). Algunos de estos regímenes dieron estatus oficial al discurso del Buen Vivir, que se planteaba como una alternativa al modelo de globalización financiera y ponía en discusión, en suma, los contenidos de la noción de desarrollo (Grondona, 2016). Se produjeron también, una serie de transformaciones en las programáticas de las agencias internacionales de desarrollo (en adelante, AID) para la región latinoamericana.

Los organismos impulsores de las reformas de primera generación, el FMI, el BM y el BID, adoptaron una mirada crítica, reconociendo los modestos niveles de crecimiento logrados y el notable incremento de la pobreza y del malestar social hacia fines de los años noventa. La revisión de las reformas promovidas consistía en reconocer el carácter “estrecho” de sus objetivos –circunscriptos mayormente al crecimiento del PBI y a la reducción del déficit- y de los instrumentos de políticas –constreñidos por el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica-. Se enfatizó entonces, la necesidad de integrar al desarrollo ciertas metas sociales que humanizaran el proceso y no se subordinaran al crecimiento económico (González, 2003; Molyneux, 2006).

Ya desde años anteriores venían produciéndose diferentes enfoques para una intervención más sistemática sobre la pobreza desde otras instituciones del sistema multilateral, trascendiendo la contención de los perdedores transitorios del mercado (Grassi, 2003). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 1990 el primer y paradigmático Informe sobre Desarrollo Humano. En el año 1995 se realizó la Cumbre Social de Copenhague (ONU), que consolidó este nuevo enfoque. En el año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas finalizaba con una Declaración que fijaba como objetivo la erradicación de la pobreza. En el 2002 se establecían diferentes objetivos asociados a esta meta, conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, que reunieron el consenso de las diferentes AID y concretizaban las llamadas metas sociales a conciliar con el crecimiento económico: reducción de la mortalidad infantil, erradicación del hambre, combate del VIH, mejora de la salud materna, entre otras. Estos objetivos parecen señalar la rearticulación de una nueva programática de las AID.

La literatura especializada en políticas sociales comenzó a señalar la conformación de nuevas agendas internacionales acerca de la pobreza (Molyneux, 2006). Un extenso trabajo de archivo que hemos realizado a partir de la producción de diferentes AID (OIT, CEPAL, BID, BM) nos revela que, a la par en que se conformaron destacables transversalidades programáticas, también se mantuvo un disenso importante en torno a otras cuestiones, fundamentalmente aquellas relacionadas con los modelos de desarrollo y el empleo. La polémica constituye una característica sobresaliente de nuestra serie de documentos que perfila el carácter conflictivo del período analizado y relativiza los consensos construidos al calor de sucesivas crisis (la de fines de 1990 y la crisis global de 2009). Las polémicas y controversias identificadas alertan los límites de una mirada totalizadora y homogeneizante en relación al complejo de AID y permite visibilizar las relaciones de fuerzas en el sistema multilateral.

Este artículo se dirige a abordar una dimensión particular de estas reformulaciones programáticas: las transformaciones en las formas de conocer de los saberes especializados de estos actores globales (Mato, 2005), que las han viabilizado y sustentado. Éstas señalan una reformulación en los fundamentos de la legitimidad del conocimiento experto transnacional, al calor de las crisis a las que nos hemos referido y de la reactivación de perspectivas alternativas de desarrollo. Es por ello que prestaremos especial atención los cambios en los modos en que las AID se han presentado a sí mismas y al rol que cumplen en la sociedad, esto es, a los ethos construidos en torno al saber experto que ejercen.

La problemática relación entre ciencia y política. Los fundamentos de legitimidad de la expertise de lo social

El estudio de los saberes expertos vinculados al campo de lo social obedece a la conceptualización de los regímenes de visibilidad y reconocimiento que entraña todo proceso de intervención social, sustentados en los efectos saber-poder. La intervención sobre los sectores populares implica, de forma indisoluble, una mirada sobre los mismos y la representación de un “problema” pasible de ser transformado (Topalov, 2004). Así, las categorías que piensan (y dicen) la realidad social y las prácticas para su alteración conforman un todo. La política social misma puede pensarse como un espacio en el cual los problemas sociales se conforman de manera polémica y argumental (Grassi, 2003), y no como una respuesta a problemas ya constituidos, de manera previa y externa al campo. Como forma política de la cuestión social -esa tensión irresoluble entre igualdad y desigualdad que afecta a las sociedades modernas y capitalistas (Donzelot, 2007)-, la política social es espacio y producto de una batalla de categorías, explicaciones y definiciones sobre los problemas y sujetos que comprende (Grassi, 2003).

La estatalización de la cuestión social entrañó un proceso de profesionalización de la intervención en torno a ella (Topalov, 2004; Donzelot, 2007). La expertise, como forma específica de conocer e intervenir sobre el mundo, se halla en la intersección entre el mundo académico e intelectual –pues es una práctica científica- y el campo del poder y la política. Morresi y Vommaro (2011) definen a la actividad experta como una forma específica de intervención en el campo del poder, cuya legitimidad se sustenta en la producción de bienes materiales y simbólicos técnicamente fundados, ligados a un campo disciplinar o profesional. A partir de esta intersección, se producen efectos de despolitización de la cuestión social, por el dominio que sobre ella ejercen estos saberes, poniendo un dique al enfrentamiento democrático (Topalov, 2004). Asimismo, ellos despliegan un doble proceso de conocimiento/enmascaramiento sobre la vida popular, quebrando la relación entre saberes y prácticas populares.

La delimitación de un dominio de expertise tiene por condición la construcción de legitimidad de su discurso, de los instrumentos técnicos que moviliza, de los fundamentos de sus saberes, y de los propios expertos como portadores de los mismos (Morresi y Vommaro, 2011). Desde las primeras reformas sociales, un fundamento recurrente de legitimidad yació en la asociación entre objetividad científica y neutralidad política. Sin embargo éste no es único ni atemporal. Los fundamentos se transforman a través de procesos interiores y exteriores a los campos de conocimiento, entre lógicas técnico-especializadas y políticas, por las que se construye una oferta de saber de utilidad práctica y una demanda social de dichos recursos y herramientas para la intervención en diversos campos de actividad (Morresi y Vommaro, 2011).

Programáticas y discursividades.

En su análisis de los estudios sobre los saberes expertos, Morresi y Vommaro distinguen diferentes programas de investigación. Entre ellos, nuestra perspectiva se vincula al estudio de la construcción de problemas públicos. A diferencia de la sociología de los problemas públicos, retomamos para nuestro análisis la idea de problematización, de la cual se registran antecedentes en el campo de estudios de la política social en Argentina, como Grassi (2003), Grondona (2014) y Aguilar (2014). La idea de problema puede ser pensada en dos sentidos.

En primer lugar, la cuestión social en tanto contradicción y antagonismo no se expresa de forma directa, sino a través de una serie de problemas sociales, cuya estabilización expresa la forma hegemónica en que ella es interrogada, definida y tratada (Topalov, 2004; Grassi, 2003). Los problemas, entonces, son producto de un proceso de disputa y hegemonización que se despliega argumentalmente en relación a sus redes de explicación, términos y soluciones. Esta conceptualización nos lleva a un segundo sentido, que destaca el carácter de evidencia con que se invisten los problemas una vez definidos.

La categoría de problematización, propia de la tradición althusseriana y foucaultiana, tiende un puente entre las prácticas discursivas y extradiscursivas por las cuales una cuestión es inscripta en el juego de lo verdadero y lo falso, constituyéndose como objeto de pensamiento y acción (Revel, 2008). Partimos de una concepción del discurso en tanto práctica social, que se desprende de sus acepciones referenciales o sintomáticas respecto de procesos extradiscursivos. En tanto práctica, los discursos participan de la formación de los objetos de los que “hablan” y el sentido emerge no por una relación entre las palabras y las cosas, sino de una relación entre discursos (Foucault, 2008; Pêcheux y Fuchs, 1975; Robin, Normand y Maldidier, 1972). Se trata, entonces, de desentrañar los juegos entre saber y poder que producen dichas evidencias, re-escribir las relaciones e intersecciones entre ciencia y política, analizando su dimensión discursiva.

Es posible rastrear las cuestiones que se vuelven problemáticas analizando las diversas, y no siempre confluyentes, propuestas elaboradas para su transformación (Aguilar, 2014). Los problemas en que se segmenta la cuestión social no se plantean de forma aislada, sino que conforman una red que les otorga sentido, asociando (o por el contrario, autonomizando) fenómenos de distintos órdenes (por ejemplo, las condiciones de vida, trabajo y los modelos económicos), y a través de la cual se mantiene una continuidad en las explicaciones, diagnósticos y tipos de argumentación. Una discursividad específica articula problemas visibilizados, poblaciones vinculadas a ellos (afectadas, responsables de los mismos, o ambas), dispositivos de intervención, y unos determinados fines y transformaciones postuladas (Grondona, 2014). El contenido programático de los discursos refiere a la articulación gestada entre la acción propuesta sobre los problemas sociales identificados y una visión ideal que orienta las transformaciones postuladas como posibles. Las articulaciones operan sobre omisiones, tensiones y contradicciones, pues las discursividades no constituyen bloques armoniosos y coherentes. Entonces, las programáticas consisten en una red de tematizaciones en la que subyace la proyección a futuro de las intervenciones propuestas.

Breves notas sobre el trabajo de archivo

El trabajo de archivo nos permitió poner en relación discursos heterogéneos a través de un montaje de documentos que hipotetiza acerca de sus relaciones (y pone a prueba dichas hipótesis) (Carbó, 2001; Aguilar et al., 2014). La selección temática de los documentos comprendidos se ancló en el tratamiento sobre los problemas de empleo y de pobreza por parte de diferentes AID. Ello se debe a que, en el proceso histórico de constitución de lo social -como sector que organiza un conjunto de problemas, instituciones, sujetos y agentes profesionales- fue definitoria la constitución de una oposición simbólica e institucional entre el trabajo (asalariado) y la pobreza (Morell, 2002; Castel, 1997, 2010). Históricamente, las intervenciones dirigidas a la protección de los trabajadores asalariados y formales se diferenciaron de las desplegadas sobre los miembros de la sociedad identificados como pobres y dependientes, teniendo este proceso fundamentos, alcances y consecuencias diversas para la integración de acuerdo al momento histórico. El primer mapeo extensivo de documentos, luego del cual delimitamos nuestro corpus, se destacaba por una revitalización de los debates sobre la relación entre los problemas de empleo y de pobreza, que se grafica con la emergencia de la categoría working poor y su ambiguo significado en castellano, pobres que trabajan y trabajadores pobres. Nos interesaba observar los modos de pensar la protección y de establecer tipologías sociales en dicha coyuntura.

Prontamente identificamos una red de problemas constituida por cuestiones relativas al desarrollo o al crecimiento (de acuerdo a la perspectiva de cada organismo), a la pobreza y la protección social; al empleo, la informalidad, la productividad. Y advertimos que, subyaciendo a las tematizaciones sobre estas cuestiones, se desplegaba una reflexión sobre los modos de conocer y el papel del conocimiento experto en la superación de los problemas identificados.

El corpus documental se conformó a través de tres vectores. En primer lugar, reunió documentos producidos por una selección de AID dada por su gravitación en los debates sobre los problemas de empleo y de pobreza en América Latina y por sus diferentes historias institucionales: la OIT y la CEPAL, del Sistema de Naciones Unidas; y el BM y el BID, relacionados con las agencias financieras internacionales. En segundo lugar, comprendió documentos producidos desde mediados de los años noventa hasta el año 2015. Ello se debe a que encontramos durante el proceso de lectura que las reformulaciones programáticas de inicios del siglo XXI se anclaban en planteos previos, producidos ya desde mediados de los años noventa, a partir de los primeros balances de las reformas de primera generación. Finalmente, en cuanto a la forma del corpus, y sus criterios de homogeneidad/heterogeneidad internas, hemos reunido documentos eminentemente técnicos con otros de impronta estratégica, ya no basados en el análisis de una problemática específica sino en una reflexión de largo plazo sobre un compendio de problemas (el desarrollo, el empleo, la pobreza, etc.).

El ascenso del pensamiento neoliberal en América Latina: un nuevo consenso intelectual

El neoliberalismo como matriz de pensamiento y régimen de existencia de lo social (Danani y Grassi, 2008; Gago, 2014) ha sido propiciado desde locus diversos en términos discursivos y cognitivos (Puello Socarrás, 2008). Sus primeros esbozos se remontan al neoliberalismo alemán, que se inicia con el marginalismo austríaco y se consolida, durante la segunda posguerra, con la Escuela de Freiburg (Foucault, 2007; Estrada Álvarez, 1992). Los intelectuales que construyeron estas escuelas de pensamiento explicaron las crisis económicas del período como producto de distintas expresiones de totalitarismo estatal, incluyendo tanto al fascismo como al socialismo soviético. En este sentido, la economía de mercado emergía como el sistema que mejor podría preservar la libertad, al fundarse en la libre iniciativa y competencia entre individuos. La libertad económica se postulaba como fundamento de la libertad política y por ello el rol positivo del Estado yacía en garantizar la libre competencia en la construcción del orden económico (Estrada Álvarez, 1992). Cierta preocupación sobre los problemas sociales llevaba a afirmar la necesidad de una acción estatal que los contrarrestara, pese a que el “alcance y contenido de dichas medidas” no fue propiamente definido (Estrada Álvarez, 1992: 46).

Posteriormente, en los años cincuenta, la Escuela de Chicago sintetizó las tesis del liberalismo económico de Adam Smith y las del neoliberalismo alemán. A diferencia del ordoliberalismo, el neoliberalismo americano impulsó la idea de una reforma del Estado basada exclusivamente en su rol de garantizar la seguridad externa y de preservar el mercado, al que debía confiarse la organización económica (Estrada Álvarez, 1992). La referencia a la integración social fue descuidada en estas formulaciones (Puello Socarrás, 2008).

El desbloqueo del pensamiento neoliberal como racionalidad de gobierno tiene lugar entre los años sesenta y setenta (Grondona, 2011), al calor de los procesos de puesta en crisis del Estado Social en su versión keynesiana (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). En América Latina, las tesis desarrollistas que habían fundado los modelos de industrialización sustitutiva fueron cuestionadas por vertientes teóricas muy diversas poniendo en evidencia sus magros logros no solo productivos, sino fundamentalmente sociales, al constatarse el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la informalidad laboral. Se produjeron, entonces, una serie de reformulaciones en la programática de las Naciones Unidas, expresadas en el Segundo Decenio para el Desarrollo, bajo las cuales la pobreza cobró centralidad como problema, en detrimento del ámbito del empleo, e hizo emergencia la idea de un crecimiento orientado al exterior. Por otro lado, el rol de los bancos internacionales y regionales fue alterado, a instancias de la Comisión Trilateral y su propuesta de conformar un nuevo orden internacional basado en la integración económica mundial (Corbalán, 2002; Mato, 2005; Murillo, 2005; Grondona, 2016). Se producían reacomodamientos institucionales y nuevas programáticas que vehiculizaban y promovían las ideas neoliberales como orientadoras de la salida de la crisis en curso.

Uno de los elementos que favorecieron la hegemonía progresiva de la discursividad neoliberal fue su “narrativa de conversión” (Sommers y Block, 2005: 266).

Una narrativa de conversión difiere de una narrativa estándar en el hecho de que tiene solo un objetivo –convertir una persona, una cultura, un pueblo, una nación desde un régimen de ideas a otro, a través de expresivos relatos causales que cambian las percepciones de la realidad. Su principal tarea es neutralizar y deslegitimar la narrativa prevaleciente utilizando su propia historia alternativa para revelar la ilusión de apariencia, y la realidad de los verdaderos pero ocultos mecanismos causales del orden social. (Sommers y Block, 2005: 274).

El consenso intelectual en torno a las premisas neoliberales fundó y disputó su legitimidad en la externalidad del saber respecto de la lucha política (Hobsbawn, 1999). Como explica Estrada Álvarez (1992), si bien las concepciones neoliberales comenzaron a movilizar políticas económicas desde mediados de los años setenta, es avanzada la década de 1980 que se constituyó una intelectualidad neoliberal que fundamentó técnicamente la necesidad y viabilidad del ajuste estructural, discutiendo las alternativas a futuro en un horizonte único de inteligibilidad neoliberal. Los gabinetes económicos (y, en los años noventa, también sociales) justificaban sus decisiones bajo el dominio de la técnica, mostrándose ajenos a toda presión social y política (ya proveniente de actores colectivos como de dirigentes políticos, por igual) y únicamente orientados por metas de desarrollo neutralmente definidas y, en sí mismas, beneficiosas (Estrada Álvarez, 1992).

En estos discursos, la causa de la crisis se asoció al intervencionismo estatal, que se presentó como inviable. Por un lado, porque se identificaba un “problema fiscal” intrínseco a los modelos bienestaristas, debido a la tendencia ascendente del gasto público, los desequilibrios en las balanzas comerciales y una creciente pérdida de credibilidad del Estado por su baja capacidad de resolver demandas (Grassi, 2003; Leal, 2005). Por otro lado, se le asignó al welfare unos efectos perversos en la reproducción de la pobreza, argumentándose que las políticas pasivas de aseguramiento promovían la desresponsabilización y la pasividad de las personas sobre su vida, en lugar de comportamientos productivos beneficiosos para sí y para el conjunto. Se revestía de naturalidad la dimensión ideológica de esta narrativa, de que el bien común yace en el funcionamiento del libre mercado. La caracterización del Estado Social como rígido, inercial, capturado por intereses particularistas y demasiado voluminoso señalaba, también, una condición elemental para superar la crisis: la reforma del mismo (Estrada Álvarez, 1992;Grassi, 2003; Leal, 2005).

En los inicios de la década de 1990, en función de los cambios en la economía global y en los avances en la consolidación del proyecto neoliberal, se estabilizaron las condiciones para transitar desde los ajustes coyunturales de los años previos hacia transformaciones estructurales (Estrada Álvarez, 1992). El llamado ajuste estructural se presentó como un imperativo técnico, en función de una conexión causal, objetiva y postulada como verdadera entre la crisis fiscal y la crisis del Estado bienestarista. Así, toda gestión política virtuosa, realista y coherente debía llevar a cabo esta solución óptima. Estos modos de razonamiento y argumentación son propios de lo que Centeno llama “ideología del método” (Centeno, 1997).

Técnicos y políticos se constituyeron en figuras opuestas para el discurso público: a la primera se asoció la coherencia programática y la neutralidad valorativa; a la segunda la mirada cortoplacista y particularista (Grassi, 2000). Esta oposición invisibilizó la heterogeneidad de las figuras que ocuparon los equipos económicos y sociales que condujeron las reformas desplegadas durante los años noventa, que combinaban sus recursos técnicos con recursos políticos asociados a la militancia partidaria (v.gr. Joignant, 2011). Sin embargo, esta construcción reafirma que el fundamento de legitimidad de la expertise neoliberal descansaba sobre su ajenidad respecto de la política.

El rol de los saberes transnacionales en las problematizaciones sobre la cuestión social durante 1990

El rol supervisor que progresivamente asumieron las AID en la gestión de las reformas desplegadas en los países latinoamericanos se fundamentó en la legitimidad de su expertise y no solo en las condicionalidades de los créditos otorgados (Golbert y Kessler, 1996; Corbalán, 2002; Grassi, 2003; Merklen, 2005; Murillo, 2005; Orlansky, 2005). Estas agencias se encontraban en condiciones privilegiadas para realizar investigaciones sistemáticas y comparativas sobre la pobreza, el empleo y las finanzas, y eran respaldadas por especialistas con prestigio y tomadas por los medios masivos de comunicación como las fuentes más confiables de información en detrimento de otras producidas nacionalmente (Grassi, 2003).

La legitimidad de estos organismos se basó en su pretensión de portar la capacidad técnica indispensable para orientar una gestión virtuosa de la sociedad. Así es que, a partir de 1996, el BM se autodenominaría Banco del Conocimiento (Murillo, 2005). El proceso de transnacionalización de lo social que sugiere Merklen (2010) señala la profundidad de la transformación operada en la trama de actores participantes de la definición y despliegue de las intervenciones sociales. Según Mato (2005), la producción y la circulación de sentidos y representaciones –y los conflictos implicados en dichos procesos- han asumido en las últimas décadas una escala mundial.

Si previamente la cuestión social había sido inscripta en los problemas de los modelos de desarrollo y del empleo, avanzada la década de 1970 comenzó a desplazarse hacia la cuestión de la pobreza, haciendo de ella un problema específico a tratar, desconectado de las causas del empobrecimiento, en particular, de la precariedad del trabajo (Merklen, 2005; Leal, 2005;Grondona, 2014). Desde los años ochenta, avanzaron sustancialmente los estudios dirigidos a un abordaje descriptivo de los modos de vida a través de una serie de técnicas que se asentaban en el campo técnico: la línea de pobreza, la medición de las necesidades básicas insatisfechas, el indicador de desarrollo humano. En este proceso se transformaron las categorías bajo las cuales se nominaron los sujetos de las intervenciones sociales: del “trabajador” al “pobre” (Merklen, 2005). Bajo un abandono de los abordajes estructurales, sumidos en el olvido, el espacio vacío era llenado por saberes técnicos de impronta mayormente descriptiva (Merklen, 2005; Grondona, 2014).

La tecnificación de la política impulsó un tratamiento despolitizado de la cuestión social, por el cual se distinguía, contabilizaba y atribuía beneficios a la población pobre, perdedora transitoria del ajuste (Leal, 2005), desplazándose y sustituyéndose el principio de igualdad por el de equidad (Danani, 2008). Ya hacia mediados de los años noventa, cuando se constató que el costo social no había sido reabsorbido y que, por el contrario, la pobreza y el desempleo abierto se encontraban en una tendencia ascendente, comenzaron a articularse las estrategias de lucha contra la pobreza, ocupando el desempleo la atención central de los nuevos diagnósticos (Grassi, 2000, 2003). Estas estrategias debían superar una de las causas de los magros avances en materia de reducción de la pobreza: la ineficacia e ineficiencia de la gestión estatal. Se instaba a desplegar un nuevo modelo de gestión, la gerencia social, para introducir en las acciones sociales los principios de la nueva gerencia pública y del desarrollo social, e incorporar a la sociedad civil en la diagramación, ejecución y evaluación de las políticas, como condición de transparencia y proximidad a los problemas locales (Landau, 2008; Vommaro, 2011). Comenzaban a alterarse los diagnósticos sociales, así como las racionalidades del saber experto.

Crisis y reformulaciones programáticas. Una renovada preocupación por lo social desde fines del siglo XX

A continuación, analizo de forma sucinta las principales reformulaciones en la programática de las AID. El corpus en el que nos basamos se conformó por alrededor de cien documentos, producidos entre 1995 y 2015 por estas diferentes agencias.

Humanizar la economía. Diagnósticos sobre la crisis social

La crisis con la que concluyó el siglo XX en la región latinoamericana conmovió el presupuesto “éxito” las reformas promovidas por los bancos internacionales durante los años previos. El ascenso de críticas hacia las mismas movilizó una serie de reformulaciones por parte de dichos organismos, con alcances en todo el sistema multilateral. En los documentos de nuestro corpus hallamos una serie de formulaciones con las que se hacía referencia a las nuevas programáticas: “reformas de segunda generación” y “reforma institucional”, para el caso del BM y el BID (Burki y Perry, 1998a, 1998b); “transformación productiva con equidad” para la CEPAL (2002, 2004, 2006); y el programa del “Trabajo Decente” para la OIT (1999, 2001, 2007). Con sus diferentes énfasis y bajo ciertas discusiones establecidas entre dichos programas, todos coincidieron en la necesidad de que el desarrollo económico se tradujera en resultados positivos a nivel social: “desarrollo inclusivo”, “crecimiento de amplia base”, fueron los enunciados que sintetizaron esta idea. Bajo estas reformulaciones se reactivaron las preocupaciones por la dimensión cualitativa del crecimiento/desarrollo, trascendiendo a aquellas exclusivamente centradas en el volumen del PBI.

No podemos pasar por alto las condiciones para estas reformulaciones: nuevas crisis económicas cuyo epicentro se localizó en el Sur global; el estallido de crisis sociales, marcadas por el incremento extraordinario de la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la informalidad; el deterioro de la legitimidad de los regímenes políticos y la proliferación de procesos de impugnación al ordenamiento neoliberal de las sociedades. Los documentos exhiben numerosas marcas de coyuntura al respecto: en textos del BM se revelan lecturas de los regímenes políticos en ascenso en la región latinoamericana como posibles “amenazas populistas” y se prestaba atención a las críticas recibidas en los Foros Sociales Mundiales (BM, 2002a, 2002b); se advertían las antinomias ideológicas surgidas en los debates sobre la globalización (OIT, 2000); se problematizaba la multiplicación de sujetos colectivos que ejercían demandas hacia los regímenes democráticos (CEPAL, 2007;Márquez et al., 2008); entre otras. Por eso resulta destacable que estos procesos de crisis política y económica fueran tematizados en clave eminentemente social: fueron los diagnósticos sobre las “deudas pendientes” de las reformas previas en materia social, o bien sobre sus “consecuencias negativas”, las que explicaron la situación y reorientaron los programas, en medio de una crisis política de envergadura. Estas formulaciones señalan dos formas disímiles de crítica hacia las reformas de primera generación.

Los documentos de balance de las reformas del BM y el BID señalaban resultados positivos en términos fiscales, pero modestos en materia de crecimiento, lo cual habría condicionado logros magros en la reducción de la pobreza. La falla que explicaba mayormente la “deuda” pendiente en la esfera particularizada de “lo social” era haber subestimado el rol de las instituciones en el desarrollo económico, en tanto éstas, capturadas por intereses particularistas, habían restringido el crecimiento y excluido a la población pobre de la participación en el mismo. De este modo, se trataba de ir “más allá del Consenso de Washington” (Burki y Perry, 1998a), incorporando los problemas anteriormente ignorados y delimitando como objeto de reforma a las instituciones, responsables de los (des)incentivos hacia individuos y organizaciones. La reforma institucional completaría las promesas de las reformas desplegadas desde 1980.

Los diagnósticos de la CEPAL y la OIT establecían una relación causal entre la crisis y el modelo financiero de globalización que se había consolidado durante las décadas anteriores. Bajo este modelo se había desacoplado la racionalidad económica de la social, debilitando diversos instrumentos regulatorios de la economía nacional y global. Se realizaba una crítica al dislocamiento social producido por este furor desregulador, pero también a los efectos productivos del predominio de lo financiero por sobre la economía real con consecuencias directas en la calidad y el volumen del empleo. El punto de encuentro con las formulaciones anteriores era el foco puesto en la relevancia crucial asignada a la gestión política del cambio económico, pero aquí la “reforma institucional” tenía por finalidad alterar los marcos que habían orientado las instituciones públicas bajo el influjo de las reformas y no “completar” sus orientaciones. De este modo, las polémicas entre las AID se desplegaron respecto del tipo de institucionalidad, al modelo de Estado.

Las nuevas programáticas identificaban un rol positivo a asumir por el Estado en relación con el mercado. Se señalaba que éste no debía pensarse de manera antagónica respecto del sector privado, sino que era preciso promover sus sinergias y prestar atención a las condiciones para una buena gestión pública. En este punto se expresaban nuevas diferencias: el BM enfatizaba que la reforma del Estado era una condición para que éste se desenvolviera positivamente, asumiendo el principio de subsidiariedad para la cobertura de riesgos y alentando el rol contralor a asumir por la “sociedad civil” (v.gr. BM, 2004, 2012); la OIT y la CEPAL, en cambio, destacaban las regulaciones de los mercados financieros, las normas elementales del empleo y el restablecimiento de formas tripartitas de diálogo social, con un rol preponderante del Estado para salvaguardar la sociedad (v.gr. OIT, 1999; CEPAL, 2007).

El eje transversal de estas programáticas era la afirmación de la complementariedad entre desarrollo económico y social, así como la advertencia de que la misma no sería un producto espontáneo sino de un trabajo de compatibilización que demandaba un cálculo vigilante, dirigido a neutralizar y resolver las tensiones que pudieran generarse en el corto y mediano plazo entre ambas racionalidades. En ocasiones, dicho cálculo podría conducir a priorizar los efectos positivos en uno u otro plano aún en detrimento del otro. En cada momento, se debería identificar cuál era la combinación más adecuada de los efectos cruzados de distintas políticas sectoriales. Se trataba de lograr mayores niveles de productividad, con los menores niveles de desigualdad posible. La globalización podría ser “sostenible” previendo una intervención sistemática, no accesoria ni secundarizada, sobre su “dimensión social”, distinguida en términos ontológicos. Era preciso determinar con mayor precisión los “objetivos sociales” que el proceso económico debía contemplar y no ubicar su concreción en un futuro incierto.

Por ello cobraban sentido expresiones de tinte humanitarista como: “que el mercado funcione para los pobres” (BM, 2004), “humanizar la economía” (OIT, 1999), “preservar la sociedad” (CEPAL, 2002). Estas expresiones eran receptivas a la creciente impugnación “desde abajo” de la programática neoliberal (Ramírez, 2016) y se hacían eco del ascenso de sensaciones de vulnerabilidad, desconfianza, frustración, malestar. Las programáticas en elaboración realizaban nuevos planteos sobre una modalidad de desarrollo “de abajo hacia arriba” (Molyneux 2006;Papalini y Echavarría, 2016). Las preocupaciones de las AID sobre la estabilidad política, el incremento de la productividad y la desigualdad se encadenaron en la tematización de la “cohesión social” como problema, cuyos antecedentes se hunden en la década de 1990 con saltos cualitativos en su tratamiento a partir del año 2004 (Declaración de Guadalajara, 2004; BID, 2006; CEPAL, 2007). El eje de la polémica yacía en los términos y alcances de los objetivos sociales proclamados: el lugar asignado al empleo era fuente de disensos entre las AID, mientras que en torno a las protecciones sociales y las estrategias para reducir la pobreza se dieron mayores transversalidades.

La transformación del sentido de las protecciones: entre los incentivos y las garantías

Los debates en torno a las políticas evidencian profundos desplazamientos en los sentidos de la protección social como actividad estatal (Danani, 2016). Ellos se vincularon con la relación establecida entre productividad y bienestar. El encadenamiento entre ambos términos presenta, al menos, dos facetas.

En primer lugar, el incremento de la productividad del trabajo fue ubicado por las distintas AID como el medio más sólido y duradero para un incremento sostenido del bienestar. En este sentido, el BM desplegaba una polémica con el populismo, enfatizando que toda ampliación del bienestar debía estar en relación con un avance similar en la productividad, a fin de que no se tratara de un proceso efímero y ficticio (BM, 2006). Pero esto no significaba que se asignara una prioridad de uno por sobre el otro necesariamente. Por el contrario, se argumentaba que las protecciones sociales podían desempeñar un rol positivo en el resguardo y aumento de la productividad. Es así que dicha noción fue yuxtapuesta a la de inversión social. De este modo, se cristalizaba la acepción económica que impregnó las reflexiones sobre la protección. Ahora bien, su rol positivo se constataría bajo ciertas condiciones que conjuraran el desincentivo del trabajo y la formalidad.

La cuestión de los desincentivos delimitaba un problema que abordaron todas las AID, con distintas orientaciones. La CEPAL discutió con aquellas posiciones que, en virtud de este “riesgo”, proponían la minimización de las prestaciones y servicios públicos (CEPAL, 2010). Junto con la OIT (2011, 2013), sus documentos recogían evidencia empírica para argumentar que era imposible demostrar concluyentemente la correlación entre transferencias monetarias e inactividad. Asimismo, es preciso destacar que la discusión sobre las protecciones remitía directamente en los documentos de CEPAL y OIT a la tematización de los problemas de empleo, en el marco de unas programáticas que presentaban como objetivo social central la expansión del empleo formal. En cambio, en los documentos del BM éstas eran discutidas en el marco de un contexto discursivo de referencia muy distinto, inscripto en el problema de la pobreza, cuyas asociaciones respecto de los problemas de empleo eran borrosas y esquivas.

Una segunda arista del encadenamiento entre productividad y bienestar consistía en los principios de justicia en que éste se fundamentaba, que complementaban la argumentación propiamente económica. Los documentos muestran una reflexión ética, atravesada por el paradigma de la igualdad de oportunidades. La ampliación de las oportunidades constituía la vía más sólida y duradera para la inclusión, pues enlazaba el desarrollo social con el económico, al mismo tiempo que pretendía restablecer un principio de justicia dañado en las sociedades latinoamericanas: la recompensa por los esfuerzos. En este sentido, las intervenciones sociales del Estado estaban dirigidas a expandir las oportunidades y maximizarlas, promoviendo una actitud proactiva de los sujetos para asumir mayores riesgos, los que generarían mayores réditos para sí y para el conjunto (Holzman y Jorgensen, 2000; BM, 2014). El antónimo de la pobreza no era la riqueza, según las nuevas definiciones en ciernes, sino la autonomía y una trayectoria ascendente de éxito. Entonces, las protecciones ya no se asentaron en su sentido clásico de aseguramiento y de neutralización de los riesgos, sino que fueron resemantizadas desde el léxico de la inversión, como imperativo para los Estados, las unidades económicas y los sujetos.

En este punto se desarrolló un debate importante, que podríamos sintetizar con el contrapunto: incentivos/garantías; oportunidades/resultados. Mientras que las reflexiones del BM y el BID sobre la pobreza y la informalidad estaban centradas en el problema de los “incentivos” que las políticas podían generar para que los individuos invirtieran más y mejor en sus propios activos, apelando al viraje hacia un paradigma de igualdad de oportunidades (v.gr. Freije, 2002; BM, 2006;Perry y Maloney, 2007); la OIT y la CEPAL destacaban el insoslayable rol estatal en el establecimiento de ciertas garantías elementales en materia de derechos laborales y sociales (OIT, 2011, 2013; CEPAL, 2007, 2010). La afirmación de garantías estatales se vinculaba al paradigma de la igualdad de resultados, que según estos organismos debía complementar a la igualdad de oportunidades ya que, aún alterando las desigualdades iniciales, intervenían factores adscriptivos en las trayectorias. En los documentos de la CEPAL esta polémica alcanza su máximo espesor, pues se cuestionaban de forma explícita aquellas posiciones únicamente ancladas en la recompensa del mérito como medio para lograr la equidad. Bajo estos discursos se desestabilizaban las nociones predominantes de equidad, que permanecían en los discursos, pero se tensionaban en virtud de su enlazamiento con problematizaciones sobre el tratamiento igualitario de los sujetos y las distancias sociales entre grupos, tópicos vinculados a la idea de igualdad (Danani, 2008). Emergía, junto a la responsabilidad individual por el bienestar, una insoslayable responsabilidad colectiva.

Un saber “de abajo hacia arriba”: la convocatoria de los saberes a volverse próximos

Bajo estas reformulaciones programáticas se promovieron una serie de reconceptualizaciones de viejos fenómenos, como la pobreza o la informalidad laboral. Más allá de los distintos contenidos asignados a los mismos por parte de cada AID, nos interesa señalar un rasgo común en relación a los modos de conocer: se trata de la relevancia asignada en la formulación de conceptos e indicadores estadísticos a las dimensiones cualitativas y subjetivas de los fenómenos. La impronta cualitativa de los estudios del período pone en evidencia un desplazamiento transversal en los lenguajes e instrumentos para conocer, además del cambio en los objetos y unidades de análisis.

Este giro cualitativo, cuyos antecedentes son diversos y se remontan a décadas previas, se alimentó de la apropiación y resignificación de ciertas categorías que las teorías sociales críticas venían produciendo. En este orden, se renovaron ciertos fundamentos teóricos en los procesos de producción de conocimiento. Una de las reformulaciones más notorias fue la operada a través de la crítica al homo economicus de la economía neoclásica, en nombre de la subjetividad. Las reorientaciones de las reformas debían reconocer que “las instituciones importan” y de que “los comportamientos existen” (Burki y Perry, 1998a: 11), reconcibiendo a partir de ello el funcionamiento de los mercados. Así, se incorporaba la referencia a la capacidad de agencia de los sujetos de estudio, cuestión que las ciencias sociales críticas venían abordando desde hacía décadas. Asociado a este punto, hallamos categorías que son tomadas y alteradas en su sentido, cuyo caso más paradigmático es la de empowerment: nacida del movimiento negro y feminista de las décadas del sesenta y setenta, teniendo una raíz colectiva para pensar el poder, fue tomada por el BM y se propagó su referencia al resto de las AID para pensar una nueva tesitura que cada individuo debía desplegar en su relación con las agencias públicas y con los demás miembros de la sociedad (Molyneux, 2006; Papalini y Echavarría, 2016). Hacer la voz de cada uno en la sociedad civil era la expresión de este nuevo empoderamiento, de raigambre ya no colectiva sino individual e interactiva.

Además de la reformulación de las bases epistémicas y teóricas, así como de los lenguajes e instrumentos para conocer los problemas a intervenir, se produjo un cambio en los modos de presentación de sí de los saberes expertos y de su rol en la sociedad. Es decir, se reelaboró el ethos que los inspiraba. En el análisis del discurso, la noción de ethos refiere a la presentación de sí que el orador construye y proyecta discursivamente y que denota rasgos y características puestos en juego para atraer la atención, persuadir y asegurar su autoridad (Montero, 2011). Además de las transformaciones en el proceso de conocimiento y de intervención, se recrea una imagen distintiva de dicho proceso en función de lo que los técnicos y especialistas dicen sobre él: en ella cobra peso la convocatoria a partir de las aflicciones y experiencias de los sujetos afectados por la crisis social, para poder actuar sobre ella. Se trata de un proceso de conocimiento validado por desplegarse “desde abajo hacia arriba” (Molyneux, 2006). Este desplazamiento, material y simbólico, señala una transformación en las condiciones de legitimidad de los saberes expertos transnacionalizados, de sus diagnósticos y recomendaciones, a partir del ascenso de múltiples críticas hacia ellos desde fines de los años noventa.

De este modo, hipotetizamos que la recomposición de la legitimidad resquebrajada movilizó por recrear sus fundamentos, dando relevancia a la proximidad de los saberes expertos respecto de las experiencias vitales de los fenómenos en estudio. La recomposición de la legitimidad de la expertise resulta constitutiva de las reformulaciones programáticas antes reseñadas. Es su condición de posibilidad y también su resultado. En este orden, es posible pensar, como sugiere Puello Socarrás (2008), en un tránsito al interior del pensamiento neoliberal en función del resquebrajamiento de su hegemonía en los albores del siglo XXI.

Era preciso un conocimiento ajustado a las experiencias subjetivas de los fenómenos, fuese la pobreza, la informalidad o la exclusión. No se trataba de un movimiento propiamente empirista, de hacer que la experiencia hablase por sí misma, sino subjetivista pues la comprensión y explicación adecuadas de los fenómenos serían aquellas que incorporaran sus dimensiones subjetivas, las expectativas y acciones de las personas implicadas. En ese sentido, convoca a un desplazamiento tan físico como simbólico. Este desplazamiento se grafica en el tratamiento por parte de la OIT de las controversias suscitadas sobre la globalización, en pos de la generación de un nuevo consenso para su readecuación.

En el año 2004, la OIT reconocía que dicho debate se encontraba en un “punto muerto” a partir de las antinomias ideológicas. En este punto, escuchar la voz de la gente aparecía como una operación a realizar para “pasar del debate estéril a la acción práctica”, dejando de lado “antiguas convicciones e ideologías” (OIT, 2004a: vii). A los técnicos les correspondía la obligación de correrse del “elevado pedestal de las salas de juntas de las empresas y de las reuniones gubernamentales” para volver su mirada hacia las “comunidades en las que viven” y conectarse con el sentir de quienes sufrían los impactos negativos de la globalización (OIT, 2004a: vii).

Hemos examinado la globalización a través de la mirada de la gente, trascendiendo a nuestros mandantes y captando fielmente las esperanzas y los temores de nuestra humanidad compartida. (…) Creemos que la perspectiva dominante en lo que atañe a la globalización debe dejar de ser una preocupación limitada a los mercados y convertirse en una preocupación más amplia respecto de la gente (OIT, 2004a: vii; destacado propio).

La proximidad parecía remover la rigidez de las miradas político-ideológicas para hallar las posibilidades de convergencia. Las metáforas espaciales utilizadas señalan el peso simbólico de la aproximación: este movimiento parecía volverse un nuevo requisito para generar una comprensión genuina de los fenómenos y reformular las programáticas a la medida de las aflicciones y sentires de los más afectados por la crisis. En esta proximidad entre saberes y los sujetos/objetos de conocimiento, los primeros parecen asumir la obligación de representar –aunque fuese en el plano técnico- los intereses de “la gente”, en un momento en el que la representación política estaba atravesando múltiples transformaciones.

Un movimiento semejante puede observarse en la presentación del estudio del BM “La voz de los pobres ¿Puede alguien escucharnos?”, publicado en el año 2000. Este documento sentó las bases conceptuales de la estrategia de reducción de la pobreza que se formularía durante los años siguientes. El prólogo destacaba el proceso de investigación del que era resultado: se habían entrevistado a alrededor de 60.000 “hombres y mujeres pobres” en alrededor de sesenta países subdesarrollados. Asimismo, se valoraba el “esfuerzo sin precedente” en la recolección por parte de los técnicos de “casos reales” (BM, 2000: 3) y se destacaba el contacto directo con las personas afectadas como base del estudio. La logística había sido monumental: los especialistas del BM se habían desplazado hacia los lugares de residencia más recónditos para conocer ya no solo a la población pobre y sus modos de vida, sino a las formas en que ésta se percibía a sí misma.

Dos modalidades de concebir la “proximidad” de los saberes

La proximidad señala, entonces, los atributos que estos saberes debían presentar para devenir adecuados y oportunos, en otras palabras, legítimos (Lefebvre, 2004; Annunziata, 2011). “Distancia” y “proximidad” conforman términos ambiguos que fijan su sentido en relación. Encontramos sentidos diversos sobre la “aproximación” a realizar en función de la definición realizada por cada AID de la distancia a suturar.

La política como horizonte insustituible para la labor técnica

Una de las modalidades de aproximación de los saberes expertos consistió en la puesta en relieve de los límites de la técnica como racionalidad autosuficiente para determinar las orientaciones del cambio societario, a fin de hacer emerger a la política como ámbito de relaciones y herramienta para el cambio societario. Es decir que los saberes especializados se volvían próximos a través de la mediación de la política. La encontramos en los documentos de la OIT y la CEPAL, cuya programática daba relevancia al Estado como locus de la gestión de acuerdos políticos orientadores y como agente responsable de ciertas garantías para la vida individual y colectiva (v.gr. CEPAL, 2002;OIT, 2004). Ello modeló una discursividad que se reconocía a sí misma orientada por valores y convicciones políticas:

Mientras que el éxito de una economía suele medirse mediante índices de crecimiento de la producción o de los ingresos, el progreso social se calcula en base al goce de ciertos derechos y libertades, de seguridad y de protección social. (…) El trabajo decente es un objetivo por derecho propio (…). Ni la productividad ni la justicia social son «malas palabras» para la OIT. (OIT, 2001a: 18)

Los documentos de estas agencias reconocían que, en el centro de la discusión sobre la reorientación de las políticas, yacía la distribución, que era una cuestión más política que técnica. Las nuevas programáticas debían prever la construcción de acuerdos propiamente políticos, que se propusieran ir más allá de aparentes restricciones técnicas, como la presupuestaria. La política y el Estado no eran sustituibles (CEPAL, 2002).

De allí la importancia capital de la política y del Estado. De la política, porque la concurrencia de agentes para transformar el patrón productivo y seleccionar sectores a potenciar necesita de pactos políticos que garanticen voluntad y sostenibilidad para esta opción del desarrollo (…). La experiencia muestra que la autorregulación de los mercados no optimiza la asignación de factores, no promueve sinergias, no integra socialmente, no selecciona de la manera más adecuada ni asegura orientación sostenible en el desarrollo. (…) Quien puede regular, fiscalizar, seleccionar y coordinar en el ámbito nacional (...) es el Estado” (CEPAL, 2012: 291).

En este sentido, el saber producido por las AID estaría orientado a la construcción de saberes de Estado. Esta modalidad de “proximidad”, mediada por la política, hacía posible un reposicionamiento de estas agencias reactualizando su “tradición”, teórica y política: en el caso de la OIT, el tripartismo, cuyo fortalecimiento era la condición de posibilidad de un reposicionamiento en el sistema multilateral; en el caso de la CEPAL, la cuestión del desarrollo y de la igualdad.

La mistificación del encuentro entre el saber experto y el profano

En el caso del BM y del BID, el movimiento de aproximación cobró sentido a través de otras coordenadas, que explicaremos refiriéndonos a dos modos característicos de presentar los estudios y sus conclusiones: la recreación de situaciones experimentales y los testimonios. Ambos recursos comparten un efecto: la aproximación de los saberes a través del contacto directo con los individuos que son objeto de estudio.

Los trabajos de campo que se sostenían o incorporaban situaciones experimentales se basaban en los postulados de la economía del comportamiento, una disciplina ubicada en la intersección entre economía y psicología. Según técnicos del BID, ésta demarcaba el enfoque que permitía “entender para reformar” (Bosch et al., 2013: 64). Su objeto de análisis son las decisiones y comportamientos de los individuos como dimensión de los estudios económicos. La forma en que la economía neoclásica había comprendido esta dimensión era insuficiente, al concebir que los sujetos actúan de forma racional. En cambio, esta disciplina argumentaba y demostraba, mediante situaciones experimentales, que el contexto constituía un factor determinante en la definición de sus inclinaciones, así como los factores subjetivos (la inercia, la dejadez, la impaciencia, la aversión al riesgo).

La importancia de esta disciplina se vinculaba a la idea predominante acerca del rol estatal: un moldeador de los incentivos mediante las reglas formales y sus consecuencias en las normas informales construidas por individuos y grupos. Era preciso entender los mecanismos subjetivos por los cuales los individuos determinaban sus acciones para poder incidir en ellas. O, en palabras del documento citado, “lograr cambios de comportamiento a bajo costo” (Bosch et al., 2013: 136). Los análisis sobre la cohesión social inspirados en este enfoque apuntaban a distinguir en qué condiciones los individuos de distintos grupos sociales decidían “cooperar” entre ellos; los de la informalidad las razones de los trabajadores y empleadores para ingresar y mantenerse en la informalidad; los de la pobreza a detectar las circunstancias y motivos por los cuales la población pobre no sometía sus activos a la inversión y al riesgo para hacerlos más productivos y rentables.

Diferente es la discursividad que instala el uso frecuente de testimonios en los informes del BM. En ella, la búsqueda de regulación de los comportamientos por parte del saber experto es diluida por una retórica dominada por la proximidad y la empatía hacia el sujeto/objeto de conocimiento. Desde el ya citado documento “La voz de los pobres…” se volvió un recurso recurrente en los Informes de Desarrollo Mundial. De hecho, de allí se retomaba un testimonio replicado en los siguientes informes, de un habitante de Kenia:

No me pregunten qué es la pobreza porque la han encontrado fuera de casa. Miren la casa y cuenten los agujeros. Miren mis utensilios y la ropa que llevo. Miren todo y escriban lo que ven. Eso que ven, eso es la pobreza” (BM, 2000: 3; 16; resaltado propio).

Podemos pensar la inclusión de testimonios bajo la categoría de “heterogeneidad mostrada” a nivel enunciativo, de Authier-Revuz (1990), que remite a las formas de inscripción en el hilo del propio discurso de “lo otro”. Estas modalidades de inscripción se orientarían a desconocer, aminorar y/o negar la heterogeneidad constitutiva del discurso, esto es, la constitución del discurso por lo otro, exterior al discurso mismo y al sujeto de la enunciación. Así, se generarían modos de negociación de esta presencia. En nuestro caso, la inscripción de otra voz se realiza a través de un discurso directo, cuya diferencia con la voz de los técnicos es marcada y resaltada a través de las rupturas sintácticas en el texto. Sin embargo, como destaca Authier-Revuz, el fragmento evocado de la palabra del otro es al mismo tiempo un fragmento, seleccionado, traspuesto de “lugar”, del cual se hace uso. En este sentido, bajo esta modalidad de heterogeneidad mostrada se especifica tanto la alteridad, como el discurso propio, y se gestiona una zona de contacto.

La inclusión del testimonio promueve la constatación de la fidelidad de los técnicos: efectivamente miraron, describieron y escribieron lo relatado por el ciudadano keniata. Dicho efecto permite pensar en la mistificación generada en torno a la relación entre el saber profano y el especializado, bajo la cual simbólicamente la distancia y la diferencia entre ambos son reducidas –hasta desaparecer en ocasiones-, disimulándose así la voz experta.

La incorporación de otras voces expresa una brecha en el dominio del discurso experto sobre sus objetos, así como también pone de manifiesto un modo particular para su reconstitución, buscando reconvertir el sentido de esa brecha, a partir de la proximidad. La mistificación del encuentro entre saberes profanos y especializados aligera discursivamente las jerarquías que anidan en sus interacciones y, entonces, resemantiza los dispositivos tutelares y de control propuestos como parte de las acciones asistenciales, considerándolas un medio para el desarrollo de capacidades en el marco de un tratamiento personalizado de la cuestión de la pobreza.

Resulta ilustrativa de esta forma de estudio y de presentación de sí de los técnicos una convocatoria realizada por el BID para premiar cortos documentales que representaran las “nuevas caras de la exclusión social”. El organismo venía realizando una conceptualización sobre la cohesión social, cuyo punto medular pasaba por advertir que la exclusión trascendía a los tradicionalmente marginados y se extendía a “los de adentro” de la sociedad. El concurso de cortometrajes valoraría especialmente aquellos relatos construidos “a través de los ojos de los propios excluidos” (Márquez et al., 2008: 4). Los cortos ganadores dramatizan la mistificación producida.

Uno de ellos, “espejismo de una redención”, basaba su hilo argumental no tanto en las experiencias del niño en situación de calle cuya vida narra, sino en lo que sucede con los realizadores a partir de este contacto. La sinopsis da cuenta de esta inversión producida en la proximidad:

El espejismo de una redención es un microdocumental que narra la historia de un niño de la calle que mintió a los productores del documental sobre su situación. Cuando el equipo de realizadores intentó reunirlo con los suyos se dieron cuenta de que no tenía ni hogar, ni familia y terminaron entregándolo a las instituciones del Estado Colombiano. (Extraido de la web: http://espejismodeunaredencion.blogspot.com.ar destacado propio)

El drama es propiamente el del equipo de realizadores, desolados una vez desecho el espejismo de redención, y no el del muchacho. Las jerarquías y la externalidad de la mirada especializada emergen hacia el final, con la entrega del niño a las instituciones que éste buscaba evadir, disipando la ilusión de proximidad y horizontalidad.

Conclusiones

Las reformulaciones programáticas analizadas presentan transversalidades y disensos de relevancia entre las AID. La polémica constituye una característica sobresaliente de nuestra serie de documentos que perfila el carácter conflictivo del período. Todas las AID parecen haber coincidido en un punto: la imposibilidad de un retorno de lo social en su concepción bienestarista, lo que movilizó una labor de aggiornamiento y actualización de la lógica, los lenguajes, las técnicas y los objetivos relativos a lo social. La renovada preocupación por lo social parece encontrarse en el centro de los debates: los consensos sobre la compatibilización entre la racionalidad económica y social se encuentran plagados de discusiones sobre las competencias del Estado y su autoridad. La conversión de la programática neoliberal se acompañó de un relanzamiento de las disputas en torno a su estabilización, ante la emergencia de otras alternativas que, aunque no cuestionaron radicalmente sus premisas, plantearon otros modelos de gestión de ámbitos tan estratégicos como el trabajo y el bienestar.

Como condición de posibilidad y resultado de estas transformaciones, se alteraron los objetos de conocimiento y las formas de conocer, en un proceso que exigió la reconstitución de la legitimidad de los saberes expertos transnacionales, entre disputas de poder, recomposiciones programáticas y reconfiguraciones generales de los campos de saber. Respecto de esta última dimensión, desde una perspectiva crítica Martuccelli señala la centralidad que han adquirido las experiencias singulares como objeto de conocimiento:

(…) Existe una suerte de constatación histórica. (…) Como sociólogo te enfrentas a personas a las que, en un momento dado, tu lenguaje habitual les resulta opaco o alejado de lo que están viviendo. (…) Tienes que inventar una gramática sociológica que les haga sentido a los actores sociales. En ese trabajo de búsqueda de un lenguaje que haga posible la comunicación entre los dos, las experiencias individuales se convierten en la materia prima para ese trabajo. Lo que ayer se pudo construir en torno a la idea de sociedad, hoy en día se construye en torno a las experiencias de los actores. (…) Podemos decir que casi no es una elección para un sociólogo. (2015: 99-100; destacado propio).

La proximidad parece delimitar una forma de lo legítimo, extensiva al campo de conocimiento y que, de hecho, lo trasciende, pues las investigaciones realizadas sobre ella han tendido a pensar sus efectos en la legitimidad del ejercicio político y de las políticas (Lefebvre, 2004; Annunziata, 2011; Perelmiter, 2012). Pensando en la proximidad como fundamento de legitimidad de los saberes, hemos evidenciado modalidades disímiles bajo las que se trató la distancia y se reconstruyó el sentido de la proximidad deseable. En algunos casos, estos modos de aproximación de los saberes expertos llegaron a suscitar discusiones teóricas entre las AID analizadas.

Sus efectos son diferenciados en cuanto a la constitución de los fundamentos de legitimidad: en un caso, la aproximación asumió la mediación de la política; en el otro, la mistificación del encuentro entre el saber profano y el especializado tendió a generalizar los lenguajes de éste último como lógica del primero. Si la singularidad constituyó un horizonte de sentido transversal y la proximidad un imperativo, las formas divergentes de aproximación reconstituyeron de forma diversa la relación con lo colectivo: en el primer caso, se enfatizó el Estado como locus de la elaboración de consensos para la dirección de la sociedad; en el segundo, la regulación de la sociedad se derivaría del establecimiento de incentivos adecuados para la autorregulación de los comportamientos, en una articulación entre Estado y sociedad civil.

Los consensos y controversias identificados entre las AID en cuanto a cómo reconstruir la expertise transnacional luego del resquebrajamiento de su legitimidad, resultan significativos para calibrar el curso del proceso de reformulación al interior del pensamiento neoliberal e identificar las modalidades por las que éste es puesto en tensión por la reactivación de otros modos de pensar el desarrollo, los problemas sociales y la producción de conocimiento sobre estos.

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