“¿EN MANOS DE LA GENTE?” APUNTES SOBRE EL GOBIERNO DE AMLO EN MÉXICO

“IN THE HANDS OF THE PEOPLE?” NOTES ON THE AMLO GOVERNMENT IN MEXICO

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

En 2005, en pleno proceso de desafuero, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concedió una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva. En ella, el entrevistador sugiere que el hecho está consumado y que a menos que el entonces Jefe de Gobierno negociara con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) su desafuero era inminente. “Yo estoy en manos de la gente”, reviró AMLO. Así, 14 años después un arrollador triunfo –30 millones de votos y más del 50% de la votación– parecía darle la razón.

En una posición absolutamente distinta a la que se vivió en 2018, el escenario en el que se daban aquellas palabras durante la entrevista era el de la zozobra. No sólo AMLO fue destituido de su cargo –el segundo de importancia en el país– como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino que además perdió sus derechos políticos. El mensaje era muy claro, el conjunto de fuerzas que dominaban el sistema político no deseaba que el nombre del político tabasqueño apareciera en las boletas electorales de la contienda presidencial que ocurriría el año siguiente.

La historia es ya conocida como un capítulo central del México del siglo XXI: el proceso de desafuero ocurrió, AMLO fue separado de su cargo e inició un intenso periodo de movilización –incluyendo la marcha más grande de la historia del país– que orilló al entonces presidente Vicente Fox, en un hecho inaudito en la historia política de México, a revertir la decisión de la Cámara de Diputados. Al año siguiente, AMLO participó en las elecciones más cuestionadas de los últimos 30 años, perdiendo por una diferencia de .56%, dando inicio a un nuevo ciclo de protesta.

Retomamos esa historia, para comenzar nuestra reflexión sobre la actual coyuntura, porque ella expresa algo que configura de raíz el liderazgo de AMLO: su profunda creencia de que “está en manos de la gente” y que, a partir de ahí, es posible modificar radicalmente el escenario político-social de México, el cual diagnostica a partir del vínculo entre neoliberalismo y corrupción. La trayectoria política ha sido amplia, ha surcado las dificultades de vivir y negociar en dos partidos políticos (el PRI y el PRD), la fundación de otro (el Movimiento de Regeneración Nacional) y la participación en tres elecciones presidenciales consecutivas.

Expondremos entonces algunas reflexiones parciales respecto al liderazgo de AMLO y el corazón de lo que animó, desde nuestro punto de vista, gran parte de los conflictos del primer año de gobierno. En los meses transcurridos se han realizado ya evaluaciones importantes. Una de ellas es la que hizo Bartra (2019) en El principio, quien publicó un libro sobre los tres primeros meses de gobierno. La evaluación de Bartra es un posicionamiento de un sector de izquierda que acompaña al gobierno, mostrando simpatía por la mayor parte de las decisiones, pero también distancia de algunas tendencias, como, por ejemplo, la preferencia por empresas trasnacionales como Nestlé en detrimento de los caficultores o bien, la idea de que los movimientos sociales deben comprender que se encuentran en un escenario de confrontación nuevo, al que deben de adaptarse para poder continuar su búsqueda de conquistar demandas.

Otra evaluación, muy sugerente, es la que ha hecho Carlos San Juan Victoria, quien capta la doble situación en la que se encuentra el país: en vías de fortalecer su “palanca de cambio” y al mismo tiempo ampliar sus perspectivas como sociedad democrática. Dice el connotado historiador:

Nuestra sociedad requiere una gran palanca del cambio, que en su historia ha sido el Estado, para bien y para mal. Y de manera simultánea, le urge la energía, plural, crítica y convergente de la sociedad, que ahora vive transformaciones democráticas [...] Hoy, sin democracia no hay Estado fuerte (San Juan Victoria, 2019: 5).

En otro tenor, un conjunto de evaluaciones y críticas han sucedido a estas iniciales. Las más significativas son las de Carlos Illades (2019), quien recarga su interpretación sobre el proceso de suplantación de algunas instituciones estatales y de mediación, en un proceso paradójico que se incorpora a la idea de fortalecimiento de la soberanía estatal. De igual forma, un grupo de comentaristas y académicos realizó un ejercicio de crítica del gobierno en el libro Balance temprano (Woldenberg y Becerra, 2020), en donde se expone la posición del sector más liberal, preocupado por una supuesta “concentración de poder” y en reivindicación discreta del régimen anterior, que se había caracterizado por una alianza por partidos de diversa índole ideológica. En un tono mucho más dispuesto a la comprensión del gobierno de AMLO como un nuevo régimen se encuentra el texto de Víctor López-Villafañe (2020), que, justamente, cataloga al gobierno en el entramado de “neodesarrollismos” que configuran una nueva hegemonía.

Estas evaluaciones nos son muy útiles y hacen parte de la reflexión que desde Memoria: revista crítica militante, venimos haciendo, para acompañar y comprender la dinámica del cambio político que se ha instalado en México. De importante mención cabe destacar los diálogos sostenidos a raíz de la coyuntura política actual con Elvira Concheiro, José Gandarilla y Víctor Hugo Pacheco Chávez.

Existen dos claves que nos resultan sugerentes para explicar el liderazgo del AMLO. Una puede ser catalogada como una trayectoria histórica (de duración amplia) y la otra como una forma personal de ejercer la política, que remiten a un estilo ceñido a coordenadas simbólicas que resuenan, con fuerza, en el sentido común. No se trata, de alguna manera, de las únicas, pero sí sobresalen entre las razones que explican un liderazgo prolongado, que ha superado obstáculos poderosos y ha triunfado en sus objetivos mediatos.

La primera tiene que ver con una trayectoria histórica, que puede ser catalogada como una perspectiva de largo plazo, anclada al estado natal: Tabasco. Durante la guerra civil de 1910-1917, el radicalismo de izquierda se configuró en dos espacios fundamentales: el norte con la División del Norte de Francisco Villa y la del sur, con el Ejercito Liberador del Sur, de Emiliano Zapata. Derrotadas militarmente y traicionados sus líderes, a los cuales se asesinaría, el poder político se configuró durante los años 1920 a partir del llamado “grupo Sonorense”, que fundaría el Estado moderno mexicano. Hacia finales de esta década y durante la siguiente, el radicalismo social reapareció, sobre la base de la exigencia de leyes laborales beneficiosas a los trabajadores y del cumplimiento de la reforma agraria –ambos temas, escamoteados e instrumentalizados por el “grupo sonorense”–, configurándose una nueva geografía política.

Esa nueva disposición política coincidiría con el advenimiento de la revolución rusa y la identificación de los rojos, como aquellos deseosos de continuar la senda de la revolución mexicana por su vía más consecuente y contundente. Este radicalismo rojo se ubicó en la zona caribeña, teniendo en Veracruz, Yucatán y Tabasco sus puntos más sobresalientes; aunque en Michoacán se labraría otra vertiente, que finalmente conduciría al Estado, con Lázaro Cárdenas a la cabeza. El radicalismo rojo, fue impulsado por gobernadores o personajes de poder que buscaban su propio espacio en la configuración política naciente, alentando con ello la organización obrera y campesina, que confluyó con el naciente partido comunista o formó variantes socialistas independientes y de corta vida. El gobernador Adalberto Tejeda en Veracruz, Felipe Carillo Puerto en Yucatán y Francisco J. Múgica en Michoacán serían exponentes de esta situación en donde un cierto radicalismo ideológico coincidía con los reacomodos del poder.

Entre estos casos destaca el caso de Tabasco, quien, gobernada por Tomás Garrido Canabal, emprendió una batalla contra el clericalismo, identificó a sus huestes como “camisas rojas” y movilizó a los campesinos con distintas finalidades. Pasado el furor del radicalismo rojo y asentado el nuevo Estado sobre la base de un presidencialismo fuerte, un partido de Estado dependiente de éste y una forma corporativa que impedía la auto organización de las masas (o que las organizaba subordinadamente), Tabasco siguió siendo un espacio en donde se dieron algunos elementos sugerentes durante el siglo XX. No sorprende, así, la aparición de Carlos A. Madrazo, quien gobernó Tabasco hacia finales de los años cincuenta y se propuso una tímida –pero inaudita– reforma democrática del partido de Estado (Hernández Rodríguez, 2016): su destino, el fracaso del proyecto reformismo y una misteriosa muerte en un avión.

Otra figura destacable en el ambiente de Tabasco es el ascenso como gobernador de Enrique González Pedrero, quien había sido parte de la fracción cardenista que en los años sesenta fundó el Movimiento de Liberación Nacional. Este último personaje fue el maestro de AMLO en sus años de estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional, época en la que aún se le reconocía por su manejo del marxismo humanista (González Pedrero, 1957), que había aprendido en sus años juveniles en Italia.

Lo que queremos señalar con estas pinceladas de elementos históricos es que AMLO debe ser entendido como producto de una trayectoria de larga duración. Es decir, como el resultado de una forma de entender la política, en donde la movilización no solo no está ausente, sino que es auspiciada por los líderes, quienes la controlan, la regulan, la animan o la terminan. Esta trayectoria fue propia del periodo que siguió a la revolución mexicana y marcó el ritmo e intensidad de las transformaciones. Podríamos decir que el corazón de esta trayectoria se encuentra en la incorporación de las masas a la política por la mediación de un liderazgo.

El segundo tema al que nos referiremos fue definido por el historiador Carlos Illades (2019) como el de la “historia, maestra de la vida”. Efectivamente, AMLO es un personaje al que le gusta la historia y le sienta bien, además, el moverse entre numerosos guiños históricos. De la época del presidente Benito Juárez (siglo XIX) defiende el republicanismo austero. Del cardenismo su incansable presencia en cada rincón del país, siendo el único político de la etapa reciente que ha visitado todos los municipios de la nación. Referencias de diverso tipo aparecen todo el tiempo, ya sea abriendo discusiones –como el caso de un revolucionario asesinado– como en el de la elección de nombres de organizaciones: en 2006 fundó la Convención Nacional Democrática en clara referencia a la Convención revolucionaria que fue el espacio de confluencia de villistas y zapatistas durante el periodo armado de la revolución; utilizó en la breve vida de su “Gobierno legítimo” –una especie de emulación del gobierno itinerante de Benito Juárez durante la intervención francesa, del cual retomó el escudo– ; de igual forma el apellido del partido que construyó, MORENA, es el de Regeneración, recordando a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, quienes exiliados en Estados Unidos en la época previa a 1910 fueron los más duros opositores a la dictadura de Porfirio Díaz; como cierre, bautizó al 2019 como “el año de Emiliano Zapata” en clara disputa que con los neozapatistas que hacen parte de la oposición a su gobierno. El acto último de esta línea tiene su epicentro en la “conversación espontánea” que sostuvo con el historiador Enrique Semo[1], en la que tanto AMLO como el connotado marxista pasan revista a una serie de hechos históricos a partir de la visita de una sala en el Palacio Nacional, la cual fue trasmitida en Youtube y reproducida miles de veces.

Todos estos elementos parecen configurar aquella vieja idea de corte marxista –al menos sostenida por Palmiro Togliatti– en el sentido de que la política es la sustancia de la historia. Si en 2006 AMLO eligió el slogan “Por el bien de todos: primero los pobres” y en 2012 “El cambio verdadero está en tus manos” finalmente, en el año de su triunfo, el de “Juntos Haremos Historia”. Como en otras naciones latinoamericanas, la historia configura un sentido común, al menos en sus sectores más politizados y ello sirve como brújula para pensar las acciones sociales, en donde pueblo y líder logran reconciliarse y realizar avances sustanciales en beneficio del primero.

AMLO apuesta a construir una narrativa en donde su gobierno juegue a ser el punto de llegada de un proceso y el punto de arranque de otro periodo, nuevo en el trayecto histórico. No es casual que desde la campaña haya instalado, aún en el lenguaje de sus adversarios, la concepción de que estamos ante una “Cuarta Transformación”. Políticos, tanto adeptos como adversarios, periodistas, movimientos sociales, académicos, han permitido que se instale el lenguaje que refiere a este novedoso momento de transformación. En la narrativa que busca anclar la primera transformación correspondió a la independencia en el periodo 1810-1821; la segunda a la Guerra de Reforma que, entre otras cosas, modernizó al Estado al separarlo definitivamente del poder eclesiástico (contando con ello, en particular, con la pluma de Paco Taibo II, quien le ha dado un giro anti imperialista a este segmento de la historia); la tercera se configuraría a partir de la noción de la “Revolución mexicana”, sin distinguir ni precisar exactamente a que sector identificaría como el fundamental; la cuarta, su gobierno, el que llegaría a “abolir el neoliberalismo”.

La historia no es un adorno. Conocedor del poderoso gesto de los símbolos, AMLO busca configurar una narrativa que prefigure un sentido común, en donde el “pueblo” puede ser partícipe de la construcción de la historia en la medida en que encuentra un líder honesto que lo conduzca, sin embargo, dejando siempre abierta la posibilidad de que sea el “pueblo” el que guíe al líder. Este tipo de gestos inauguraron su gobierno y se hacen presentes en acciones de la cotidianidad: en un país donde hay miles de desaparecidos y una violencia por momentos incontenible, el presidente no tiene la onerosa escolta especializada del “Estado Mayor Presidencial” al que disolvió; viaja en avión comercial como cientos de ciudadanos más y cuando es necesario utiliza automóvil o motocicleta si hay prisa. Ante el reclamo que le hicieron organizaciones campesinas afuera del hotel donde se hospedaba, salió a dialogar-enfrentarlos directamente. El resultado histórico de su triunfo –53% de la votación, es decir, más de 30 millones de votos– no se debieron solo al descontento acumulado, jugó, sin lugar a duda, un poderoso liderazgo.

En este artículo analizaremos algunos de los componentes que permiten entender el primer año de gobierno de AMLO, así como el escenario a mediano plazo al que se enfrentará. Decididamente dejamos por fuera la relación con Estados Unidos como una determinación, pues, aunque entendemos su papel, lo cierto es que AMLO no gobierna ese rubro particular, el cual ha delegado, abiertamente, a su secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Ebrard Casaubón. Ello implicará no analizar el componente migratorio, tan sonado y seguido en los medios de información. Hemos, por el contrario, mantenernos en una parcialidad definida: la cuestión del combate a la corrupción y los efectos en el campo político de esta situación.

De entre todos los temas que se han abierto a partir del 1 de diciembre –y quizá desde el mismo 2 de julio– de 2018, hay uno que destaca y engloba varios de los primeros embates del gobierno de AMLO. Este ha sido definido como definitorio de los procesos “nacional-populares” por el brillante sociólogo René Zavaleta Mercado. La disputa por el excedente es el nombre que el boliviano ha dado al proceso fundamental de construcción del Estado, sobre la base de un ejercicio de diálogo entre Max Weber y Antonio Gramsci. El excedente, entendido como una construcción histórico-moral de las sociedades, juega el papel entre el depositario de la posibilidad de construir mediaciones, como el del movilizador de la “democratización social” (Zavaleta Mercado, 2008: 10). El excedente no es un dato estadístico o numérico –aunque puede serlo– sino un concepto que permite descifrar el sentido que toman las sociedades, cuando se responde: ¿de dónde proviene? ¿cómo se le utiliza? ¿quién se beneficia de él?

En una convincente exposición de las ideas de Zavaleta Mercado, Álvaro García Linera escribía en 2004:

En términos estrictos del orden social de un país, el Estado puede ser entendido como una manera específica de captación, internalización (esto es, retención interna) o conversión del excedente de la economía. Si se prefiere, el Estado y el sistema político es una especifica manera institucional de disputar, pelear, retener o exportar, usar o guardar el excedente de una sociedad. De ahí que se puede decir que una sociedad es su excedente más la manera de utilizarlo (García Linera, 2004: 72).

Es esta dimensión conflictiva la que nos interesa destacar para el caso de México.

En el entramado conceptual heredado por Zavaleta Mercado a la tradición latinoamericana que piensa el Estado y la sociedad existen varias posibilidades. Una primera –a la que denomina conservadora– es la que espera una integración favorable al mercado mundial, con la creencia de que la riqueza, por sí sola, abre el espacio para la democratización de la sociedad. Una segunda, es la que denomina como “reforma intelectual y moral”, en la que es la sociedad la que, con su “disponibilidad” (tendencia a cambiar sus creencias, sus lealtades y su subjetividad) logra conquistar espacios de democratización social que abran el espacio para la redistribución de ese excedente.

Así, para Zavaleta Mercado, la relación entre excedente y democracia tendría que ser ubicado siempre en los combates específicos de las historias nacionales. Un excedente amplio no indicaba siempre un proceso de democratización profundo; por el contrario, en el caso de América Latina, parecía que este había funcionado de manera continua como un fetiche que era usado para retrasar el proceso de ampliación de las capacidades de autodeterminación de la sociedad. Sin embargo, como bien decía el autor, el tema del excedente siempre tenía algo que ver con la democracia, pues cuando este se buscaba conquistar por parte de sectores populares de la sociedad, era el momento donde la democratización era un hecho plausible. Tomamos como base la problematización del boliviano para pensar un caso específico, en coordenadas distintas, pero que atraviesa por elementos similares a como se pensó para Bolivia.

Como es bien conocido por la tumultuosa literatura, la importancia del alza de precios de las commodities para gran parte de las experiencias de los gobiernos progresistas (o la “marea rosa” en el lenguaje de la academia norteamericana) marcó la capacidad de autonomía con respecto a las clases adineradas: el excedente fue repartido en la medida en que este era abundante, permitiendo una mayor capacidad de construcción de la democracia. Sin embargo, AMLO no cuenta con esta disposición favorable de inserción al mercado mundial. Todo lo contrario, y como lo muestran las profundas crisis de algunos gobiernos alejados y enfrentados con el campo del progresismo (para no utilizar el adjetivo neoliberal), hoy la autonomía con respecto al mercado mundial y sus variables resulta igual de conflictiva de sortear para todos los signos políticos, tanto de izquierda como de derecha, tal como lo hemos visto recientemente en los casos de Ecuador o Chile, quiénes ajustando hacia abajo (castigando la economía popular), se encontraron con serias increpaciones.

Es en este contexto que AMLO ha movilizado gran parte de su discurso en torno al problema de la corrupción. El entendimiento de este concepto, tan utilizado en la discursividad política contemporánea, no debe captarse tanto como la responsabilidad individual de funcionarios de alto o bajo rango. Si bien esto es importante, AMLO ha jugado la carta del combate a la corrupción en dos frentes: el retórico y el del excedente.

Han sido los 30 millones de votos los que han jugado como “disponibilidad social” para atacar una problemática que en el diagnóstico del presidente ha jugado siempre la piedra angular del estancamiento económico y de la ausencia de desarrollo (concepto que en AMLO aparece siempre distanciado del término “crecimiento”) (El Economista, 23-8-2019). Del lado retórico, se juega no tanto una recuperación del excedente, sino una demostración de que la maquinaria estatal no debe moverse sólo por dinero, sino también por medio de la voluntad. El voluntarismo al que debe atenerse el servidor público y del cual AMLO sería el propio ejemplo –trabajando desde las seis de la mañana– ha venido acompañado con grandilocuentes acciones, como lo son la reducción de salarios, el fin de partidas presupuestales para gastos que se consideran onerosos, la propuesta –suspendida– de que laboren los días sábado, entre otras. En un movimiento poco común en la izquierda de la región, AMLO instaló la idea del combate al privilegio no el mundo de la propiedad privada, sino en el del servicio público en sus ligas con los negocios de particulares. De ahí su insistencia en separar la economía de la política, como condición de posibilidad de la eliminación de la corrupción en su epicentro.

Se trata de una confrontación contra toda lógica patrimonialista, que lo ha llevado a encabezar la más radical reforma del Estado desde la década de 1990. En ella, se trata de despojar a cualquier grupo de interés que se haya enquistado en las instituciones, al margen de procesos democráticos. Esto es patente en la pugna que sostiene por eliminar “órganos autónomos” del Estado o al menos, retirarles cierta capacidad. AMLO trata, con estos gestos, de superar la precariedad estatal que el neoliberalismo profundizó en las últimas décadas, en donde, determinadas acciones fueron trasladadas hacia intereses de grupos, la mayor parte de las ocasiones presentados como “expertos” o “técnicos”, supuestamente al margen de intereses políticos e ideológicos.

Es, sin embargo, por el plano de la conquista del excedente en donde debemos enfocarnos, pues es lo que ha marcado el primer año de gobierno. AMLO ha procedido desde el primero de julio de 2018 (es decir, del momento de su elección) a un conjunto de medidas que reestablecen el lugar del Estado como el depositario de la capacidad soberana de manejo sobre una parte significativa del excedente. Este recurso es el que le permite sostener una relación –tensa– con el capital, al que no le impondrá una reforma fiscal.

Desde nuestro punto de vista existen tres momentos significativos que han mostrado esta disposición, que serán los que abordaremos. La primera es la cancelación del aeropuerto de Texcoco; la segunda es la lucha contra el llamado “huachicoleo”, es decir, el robo de combustible a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Finalmente, la disputa colocada en la política de educación, ciencia y tecnología. Hemos decidido concentrarnos en estas tres dimensiones pues muestran la economía política de la corrupción: el traslado de una cantidad importante del excedente hacia los privados.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM, mejor conocido como Aeropuerto de Texcoco) no es una victoria total de AMLO. La elección de 2018 abrió una nueva perspectiva para los pueblos que se habían movilizado durante más de 15 años en torno a ese problema. Aparentemente derrotados y diezmados en su capacidad de movilización –fueron encarcelados, golpeados y difamados hasta la saciedad desde el 2006– el triunfo de MORENA abrió una posibilidad que aprovecharon, demostrando una gran capacidad de flexibilidad y madurez política. Los opositores al Aeropuerto comprendieron que un nuevo espacio se abría y capitalizaron la insistencia de AMLO de castigar a los corruptos en donde más les dolía: su fuente de ingreso.

En tanto, para el gobierno era imperioso finiquitar aquel asunto. Lo hizo de la manera más atípica: realizó una consulta. En ella, miles de mexicanos se manifestaron en contra de su construcción y abrieron la posibilidad de otra opción (Rosas, 2018). El aeropuerto de Texcoco representaba una obra faraónica, en un terreno poco adecuado (Olvera, 2018). Tenía, como suele suceder con estas mega obras, todas las señales de un capitalismo de amigos: los terrenos aledaños fueron adquiridos por inversionistas de dudosa procedencia, comenzando el juego de la especulación. La propia construcción de la infraestructura era grandilocuente y soberbia. Era tal el despilfarro que pasó más de un sexenio sin construirse una parte significativa de la obra.

En el gobierno existieron dos argumentaciones para su cancelación. Por un lado, el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espríu (Figueroa Alcántara, 2019) habló siempre privilegiando la cuestión técnica: el aeropuerto estaba proyectado sobre un terreno que registraba los mayores niveles de hundimientos. En cambio, AMLO mantuvo, hasta el final, la narrativa de la corrupción como principal motivo, cuyo dato más alarmante es que el precio final de la obra doblaba el presupuesto inicial, pasando de 300 millones a 600 millones (López Ponce, 2019). Estas dos perspectivas se traslaparon y afianzaron la cancelación.

La evidente corrupción, la movilización de los pueblos y la impronta del nuevo gobierno de borrar los peores rastros de los anteriores, terminaron convergiendo. El proyecto se echó abajo, arruinando con eso las especulaciones por la tierra y generando el encono de una clase media que aspiraba, supuestamente, a un aeropuerto de primer mundo. AMLO marcó distancia con numerosos grupos con esta decisión, se colocó del lado de los pueblos y arremetió contra la clase política ligada a los negocios inmobiliarios.

El segundo momento de esta batalla por el excedente se dio cuando el gobierno federal emprendió el fin de acabar con el denominado “huachicoleo”. Se le nombra así a la práctica del robo de combustible a la red de abastecimiento de PEMEX. Detectado desde hace unos años, se convirtió en una práctica doble, por un lado, grandes empresas concesionadas que se abastecían del combustible por esta vía, pagándola a menor costo y vendiéndolo de manera elevada. Por el otro, una forma de abastecimiento a nivel micro social: el robo fue socializado por algunos pueblos y permitía la existencia de una red en donde algunos usuarios podían acceder de forma más barata.

Todo este escenario es consecuencia de la reforma energética, llevada adelante durante el sexenio de Peña Nieto. Dicho proceso permitió la inversión extranjera en espacios antes reservados al Estado mexicano, sepultando la conquista nacional-popular del año 1938. De manera subrepticia, abrió la puerta para que la corrupción se anclara de manera más decidida en el seno de una de las empresas más importantes del país. El reto del nuevo gobierno fue, más que un emplazamiento legal contra la reforma, una forma de apagar uno de sus efectos, aquel en donde perdía cuantiosos recursos. Los datos de la empresa petrolera hablan de una pérdida cuantificable en “60 mil millones de pesos; en 2017, el costo fue de 30 mil millones de pesos y en 2016, 20 mil millones de pesos, según estimaciones de Pemex” (Guarneros Saavedra, 2019).

La lucha contra el “huachicoleo” no fue fácil. Se presentó como la primera gran batalla que el gobierno emprendía en plenas funciones. De pronto, los datos que AMLO usaba en campaña sobre el tamaño de la corrupción que asolaba al país, parecieron empequeñecerse cuando salió a la luz pública el gran saqueo que se hacía tan solo del robo de gasolina. Como es bien sabido, AMLO ha buscado afianzar su estrategia de soberanía energética sobre la base del petróleo y el robo hecho a la empresa dedicada a ello (para el presidente, además, la que debería ser pilar de todo el desarrollo social) fue una afrenta que se combatió duramente.

La estrategia del “huachicoleo”, a diferencia de la cancelación del NAIM no causó oposición alguna. Antes bien, sumó a variados actores, pues no había forma de defender, para los adversarios del gobierno, la inactividad de las administraciones anteriores ante una actitud delictiva tan grande y que causaba tantos estragos al Estado. No estuvieron ausentes los problemas, como lo fue el accidente en el municipio de Tlahuelilpan, en donde una toma clandestina se incendió, dejando un saldo de 96 habitantes muertos y alrededor de 50 heridos.

Tanto la cancelación del NAIM como la estrategia de combate al robo de combustible, generaron amplios debates. En general, se puede concluir que ambos fueron victoriosos para AMLO, pues la disposición de una nueva terminal aérea encomendada al Ejército, como la disminución del robo, permitieron asentar con claridad que el Estado era el único soberano sobre porciones significativas del excedente social y que la corrupción, era combatida frontalmente. La capacidad de generar, tanto por la fuerza, como por la convergencia con la movilización social, esta soberanía, han sumado puntos al gobierno.

Existe, sin embargo, otro combate que ha aparecido de forma más sigilosa y que ha generado más conflictos. Se trata de la tensión que comenzó a surgir entre la denominada “comunidad científica” con respecto a la política educativa y científica del gobierno. Se trata de un conflicto que tiene varias aristas y que ha alejado a un contingente significativo de los participantes del sector educativo de la identificación con el gobierno.

Dos son los principales conflictos. El primero tiene que ver con los presupuestos universitarios. En el imaginario de la mayoría de los académicos el ingreso de un gobierno con el perfil postulado por AMLO se traduciría en un aumento significativo e irrestricto del presupuesto hacia la educación superior. El gobierno, en cambio, si bien no recortó el presupuesto, sí apretó las tuercas y entregó la misma cantidad de recursos, pero haciendo un llamado severo a la austeridad. La existencia de un conjunto de universidades vinculadas a un gran fraude conocido como la “estafa maestra” (Juárez, 2019), es sin duda un elemento que juega de manera determinante para que el gobierno no entregue más recursos a instituciones públicas cuestionadas. Así, los rectores universitarios, articulados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han encabezado las críticas más duras al gobierno, rechazando los ajustes y exigiendo mayor presupuesto.

Este primer conflicto tiene un desdoblamiento en la promesa por parte de AMLO de garantizar la educación superior universal. Para ello ha estimado la construcción de 100 universidades en municipios apartados del país, que ofrecerán estudios vinculados a la región socioeconómica en donde se asienten. Por supuesto que esto no ha gustado a quienes desean más recursos para las universidades ya existentes o para quienes imaginan la construcción de nuevas instituciones bajo el modelo de la gran universidad dedicada a la investigación y a la docencia. Pero también el presidente ha presentado la propuesta de la eliminación de los exámenes de admisión (López Ponce, 2018), que actualmente son un filtro que segrega a las clases bajas, bajo el argumento de la meritocracia, de la educación superior de calidad. Esto ha generado una discusión, en donde los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional se han mostrado reacios a ceder en el punto, de nuevo, bajo un argumento meritocrático rechazando que este tipo de exámenes se utilicen como un mecanismo de segregación. Además, no pocos profesores ven esto como un peligro, pues ante el aumento de la matrícula y el nulo crecimiento presupuestal, se apuntala a una mayor exigencia de docencia por un sueldo similar. Este conjunto de temas aún se encuentra en disputa y tensión, por lo que parece difícil que encuentre resolución pronta.

El punto medular, sin embargo, que convoca de manera más frontal a la disputa por el excedente, tiene que ver con la forma en que AMLO encausó la política científica del país a través de la designación de Elena Álvarez Buylla como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). A partir del inicio de su gestión se cerraron las transferencias que el Estado hacía a grupos como Monsanto, Coca-Cola, Ford, General-Motors, Intel, Bayer (Poy y Sánchez Jiménez, 2019), entre otros. La revelación de la cuantiosa cantidad de recursos de la política científica hacia grupos privados causó un cisma, en la medida en que apuntaba a la existencia de grupos de científicos que se habían beneficiado de esta política de transferencia.

La guerra mediática comenzó entonces de manera intensa, en publicaciones diversas apareció, reiteradamente, el nombre de la directora y de supuestos actos de corrupción o de franca inoperancia. Falta de pago de becas, la decisión de construcción de un comedor para los trabajadores del Consejo con cifras estratosféricas, el señalamiento de perfiles inadecuados en el equipo de la directora, entre otras cuestiones, de manera reiterada en algunos espacios noticiosos. Y es que Álvarez es bien conocida por su activismo en contra de los transgénicos, lo que le generó la adquisición de adversarios de alto potencial, que pronto se vio traducida en una dura campaña en contra de su inicial gestión (Enciso, 2019).

El grupo de científicos beneficiados por aquellos contratos en donde el Estado financiaba a privados se encuentran agrupados en una organización llamada Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Su actual directora fue funcionaria (Directora Adjunta de Desarrollo Académico) dentro del CONACyT en la gestión de Peña Nieto y fue quien autorizó, de igual forma, transferencia del organismo de Estado al Foro por una cantidad de más de 200 millones de pesos. Cuando terminó el sexenio de Peña pasó a ocupar la dirección del Foro (Villanueva, 2019).

Si bien ninguna de estas transferencias es un hecho punible o investigable, pues se realizaron según una concepción de la política científica en aquel momento vigente, es a todas luces visible porqué el gobierno de AMLO se negó a seguir subsidiando a grandes empresas trasnacionales con recursos públicos. Ello ha generado una ruptura evidente y cada vez más profunda, entre la “comunidad científica” –es decir, sus rostros más visibles– con el gobierno. Al tiempo que la campaña en contra de Álvarez Buylla se intensificó, haciendo girar la idea de que ella se encontraba en una posición de restricción del gasto en la política científica (Poy, 2019). Nunca antes el organismo de ciencia se había encontrado en medio de tantas disputas, antes bien, había pasado por un órgano discreto del que poco se sabía en los medios públicos.

Estos tres momentos han significado los emplazamientos de AMLO en la búsqueda de recuperar una parte significativa del excedente que era dilapidado, a su juicio, principalmente por la corrupción. La señal es clara: el Estado debe ser capaz de ir ganando espacios que anteriormente perdió o en los cuales estaba presente sólo para favorecer a grupos privados. La intencionalidad de AMLO es clara y envía señales que comienzan a incomodar o molestar a más de uno. La confrontación, sin embargo, no es abierta, sino subrepticia, se mantiene latente y en espera de amplificarse. Nadie en su sano juicio defendería la pérdida o entrega de recursos, sin embargo, se le reclama el formato en el que procedió. En la medida en que AMLO no encabeza un “ajuste hacia arriba”, como por ejemplo con una reforma fiscal que grave a los que más ganan, mantiene a raya a los opositores y sostiene equilibrios con el capital.

Aunque no hemos referido aquí con centralidad al problema de los impuestos, pues se trata de una evaluación del primer año de gobierno, es importante anotar algo. AMLO ha sostenido la inviabilidad de una reforma fiscal progresiva, lo cual ha generado distancia con sectores intelectuales que apuntalan esta como la palanca fundamental para la redistribución de la riqueza. Ello porque, en la lógica de su planteamiento, es preciso mantener el equilibrio tenso con los grupos empresariales, optando por recargar la tarea sobre las tareas a cargo de la estatalidad. De lo que se trata, en este punto, es que el Estado recaude más lo que debe de recaudar según la ley vigente y no presionar sobre lo que se considera una ilusión: la reforma fiscal. Es esta la manzana de la discordia con los economistas progresistas y de izquierda –formados en clave keynesiana– y de algún modo el horizonte que no aparece, en lo inmediato, como eje de una transformación (Wood, 2021). Si la relación de fuerzas entre los grupos no varía radicalmente, podemos pensar AMLO seguirá insistiendo en la austeridad hacia dentro, pero aumentado las capacidades recaudatorias del Estado.

Reafirmar la soberanía del Estado no como un acto puramente autoritario, sino con la finalidad de utilización del excedente de manera social, nos lleva a preguntarnos por las condiciones del escenario de fuerza que enfrenta el gobierno y sus adversarios. Cuatro situaciones o perspectivas relativamente nuevas se abren en este periodo del primer año de gobierno.

En primer lugar, destaca la incapacidad y fracaso de la oposición articulada en torno a los partidos del PRI y el PAN, las grandes referencias de las últimas décadas. El primero profundamente debilitado tras un sexenio cuyo signo fue la corrupción, que lo llevó al tercer lugar en las preferencias electorales. Sin liderazgos, con pequeñas pero significativas escisiones –como la de José Narro, exrector de la UNAM–, el PRI se encuentra a la deriva. Los señalamientos por parte de priístas históricos de que el nuevo dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito” responderá subordinadamente al gobierno de AMLO son parte de esta tensión interna.

En tanto que en el PAN las cosas no van mejores. La grieta abierta por Ricardo Anaya que alejó al grupo del ex presidente Felipe Calderón –hoy en la travesía de construir un nuevo partido– solo se ha profundizado en los últimos tiempos. No aparece un liderazgo visible que pueda articular una contra narrativa a la 4T. A eso se suma el activismo del expresidente Vicente Fox que parece más restar que sumar a esta perspectiva. El PAN carece de liderazgo y de fuerza social capaz de oponerse al proyecto del presidente. Es hasta fechas recientes, en que Felipe Calderón ha ganado terreno en la construcción de su nuevo partido, que servirá de plataforma para impulsar la candidatura de su esposa, Margarita Zavala. Según alguna fuente periodística de confianza, esto se debe a que un conjunto de empresarios ha decidido optar por el debilitamiento del PAN y apostar por la opción que representa el expresidente (Delgado, 2019).

De tal manera debe considerarse que, si bien los partidos tradicionales seguirán operando y tendrán vida electoral, parlamentaria y ganarán gobiernos locales, lo cierto es que por el momento no aparecen como una oposición con relativa fuerza frente a la estrategia del gobierno de AMLO. El perfil que ellos guardan en relación con el combate a la corrupción es de franca debilidad, en la manera en que han gobernado antes y esta problemática no sólo no amainó, sino que creció exponencialmente.

Sin embargo, en la disputa por el excedente que el gobierno ha emprendido ha dañado importantes intereses, causando un segundo escenario, aún incierto en su desenlace. Tanto con el aeropuerto de Texcoco, como con el derrumbe de la reforma educativa o en el cierre de transferencias públicas a grandes empresas trasnacionales, una nueva oposición parece estar surgiendo. Uno de los nombres que más resuena es el de Claudio X. González, como el gran operador y cabeza de esta nueva oposición. Más allá de si se trata de este empresario o de un conjunto más amplio, lo cierto es que hoy por hoy se configura un espacio donde los partidos de centro o centroderecha no llenan las expectativas de este sector dañado por el gobierno en sus intereses económicos.

El tercer elemento es el de la confrontación con los zapatistas. Ningún otro gobierno había señalado la importancia de las comunidades indígenas, como lo ha hecho desde su primer acto público el nuevo gobierno. Desde la toma de posesión el 1 de diciembre, marcada por un “ritual” que fue duramente cuestionado, hasta reuniones y consultas con ciertos grupos indígenas (Miguel Meza, 2019), pasando por el grito el día de la independencia que las reivindicaba, AMLO encuentra en el grupo zapatista y sus alrededores, fuertes opositores. La ex candidata independiente Marichuy en una gira por España lanzó fuertes críticas contra el nuevo gobierno. La periodista Daliri Oropeza ha señalado bien la tensión que genera la perspectiva lanzada por el presidente: hablar de comunidades y no de pueblos (Oropeza, 2019). La confrontación se encuentra planteada y el siguiente round girará en torno a la construcción del Tren Maya, un proyecto turístico de gran importancia para AMLO.

Finalmente, en cuarto lugar, un nuevo emplazamiento de reglas en la relación del Estado con sectores de la sociedad: la reforma que permite la libre sindicalización y la ruptura con las formas tradicionales de transferencia de recursos hacia el mundo campesino. La primera de ellas es una conquista del movimiento obrero “independiente” (como se le llamó durante el siglo XX), pues rompe el candado que centralizaba la filiación partidaria con la sindical, justo en el momento en donde la adhesión a un sindicato es la más baja de la historia y estos organismos se encuentran en declive (Rubio Campos, 2017). La segunda es una iniciativa que le quita poder a las organizaciones campesinas, independientemente de su signo político (príistas, morenista, etc.), apostando con el programa Sembrando vida (Díaz, 2019), a una nueva relación en el campo en donde lo que se encuentra en el centro es la reconstrucción de una comunidad productiva, pasando del “intermediarismo a la autogestión campesina” (García Jiménez, 2019). Este segundo momento es más complejo, pues puede sentar las bases para un nuevo clientelismo. Sin embargo, aún es muy pronto para saber el destino, quedando ya planteada la tensión entre el campo y el gobierno de AMLO.

Formalmente el 1 de diciembre AMLO cumple años de estar al frente del gobierno, lo cierto es que desde el 3 de julio de 2018 comenzó a tomar decisiones de suma importancia y marcar el rumbo de lo que sería su administración. Gracias a la mayoría parlamentaria, no ha tenido grandes reveses en materia legislativa. La descomposición de la de los partidos tradicionales ha permitido un primer año sin tanto desgaste en el frente político.

Sin embargo, una cantidad importante de problemas se han acumulado, más allá de aquellos que convocan de manera más directa a la discusión por el excedente. El tema de la seguridad y del futuro de las funciones de la recién creada Guardia Nacional es uno de los más candentes, aún más después de que hechos violentos siguen ocurriendo. La llamada “estrategia de seguridad” parece que avanza a pasos muy lentos.

Otros problemas se han ido apilando. La evasión de impuestos y la pugna por la distribución de medicamentos se ha sumado al destino de la seguridad social en su conjunto, de la cual comienzan ya a surgir las primeras noticias de fraudes multi millonarios (Cruz Martínez, 2019). El tren maya y los llamados “mega-proyectos”, así como la construcción de una refinería en Dos Bocas, Veracruz, también han causado malestar. Para la oposición, todos estos episodios son señales de un gobierno descoordinado, sin proyección. Para los defensores del gobierno, son muestras de que el combate a la corrupción molesta a las elites políticas y económicas tradicionales.

El interrogante es si, con la parte del excedente recuperado en la lucha contra la corrupción –cuyos principales componentes comentamos– alcanza para sufragar las necesidades que el proyecto de AMLO requiere, tanto en su política social como en la ampliación de derechos. El entorno de crisis, las guerras comerciales entre China y México, el lento crecimiento de la región, entre otros factores, apuntalan a una débil posibilidad de configurar una autonomía relativa por parte del Estado. Ello implica un equilibrio inestable, en la medida que el programa de gobierno no ha colocado la realización de una reforma fiscal que atente contra los sectores más adinerados. La lucha contra la corrupción significa para AMLO el establecimiento de una nueva economía política, que debilite los puntos de fuga: la corrupción abierta y también todos aquellos elementos que escapen a la acción recaudadora del Estado. Para ganar la autonomía relativa del Estado, AMLO debe reformarlo, tensionando lo mínimo posible su relación con los grupos de poder. No hay forma de construir una utilización democrática del excedente sin este punto, en el cual la habilidad y la intuición sobre la relación de fuerzas recae en su liderazgo. Se trata de un punto medular y delicado, aunque limitado en proposición estratégica más a la izquierda, se presenta como una novedad en el escenario de la lucha política mexicana.

Si bien es difícil dictaminar si ha comenzado un nuevo ciclo político, marcado por la fundación de un régimen político, dadas las lentas transformaciones, lo cierto es que están ocurriendo cosas que permiten apuntalar esta hipótesis. La primera y la más evidente es la que convoca a un Estado con mayor capacidad de recaudación, cuidando los equilibrios político-económicos. La segunda es la eliminación de las trabas que impedían el ejercicio pleno de la soberanía estatal a través de órganos “autónomos” o “mediadores”; se trata de una recuperación de una cierta institucionalidad paralela. La tercera es la que convoca un actor político –el presidente– sin contrapesos, oposición visible y viable enfrente y, en ese sentido, la ausencia de nuevos actores que conformen programas coherentes. Sin duda, aunque México entró tarde al “ciclo progresista”, lo hizo de una forma que deja ver en el horizonte novedades importantes.