Introducción

Los orígenes del chavismo en Venezuela pueden analizarse a través de uno de sus elementos más significativos, el cual radica en la inédita articulación que sucedió entre la izquierda y las Fuerzas Armadas que, con continuidades y rupturas desde 1957, se sostuvo a lo largo de cuatro décadas. Esto nos llevó a desarrollar diversos trabajos con el fin de comprender las transformaciones ideológicas y políticas que resultaron de una fusión cívico-militar que se mantuvo en el tiempo, la cual abrevó en la conformación del programa del chavismo en el gobierno desde 1999 hasta 2007 (Wainer, 2019; 2020a; 2022).

A través de aquellos trabajos buscamos analizar los principales elementos que hicieron singular a los gobiernos de Hugo Chávez hasta 2007, en cuanto a la elaboración de una democracia crítica con el esquema representativo liberal –no solo su acepción más procedimental. Finalmente, procuramos indagar sobre la concepción de unión cívico-militar en cuanto a su contenido doctrinario y sus acciones en la práctica política, más que como una relación entre esferas o campos enfrentados y distantes (Frederic, 2008; Potash, 1981).

La llegada al gobierno de Hugo Chávez en 1999, fue el resultado de un largo proceso de acumulación política e ideológica que tuvo su origen en 1958, entre el fin de la dictadura de Pérez Jiménez y la instauración del Pacto de Punto Fijo[1]. Este proceso puede explicarse, principalmente, por dos afluentes: uno, la izquierda revolucionaria y sus distintos emergentes armados y no armados, entre la fuerte represión desde mediados de los años sesenta y el proceso de pacificación que comenzó en 1969; dos, las transformaciones en el seno de las Fuerzas Armadas apenas comenzada la década del setenta (Wainer, 2019). Estos dos afluentes se expresaron, por ejemplo, en incesantes acercamientos programáticos entre mediados de los setenta y principios de los ochenta. La acumulación de articulaciones cívico-militares confluirá en la forma adquirida por la defensa del proyecto político, una vez en el gobierno, expresada frente al golpe de Estado de abril de 2002 y; posteriormente, en la asociación –en la nueva doctrina militar venezolana– entre “corresponsabilidad” entre Estado y sociedad y la concepción de “Guerra Popular de Resistencia”. Sobre esta última asociación intentaremos caracterizar los elementos más salientes que el chavismo buscó fundar.

Desde 1999, la Fuerza Armada Nacional (en adelante, FAN) enfrentó la concepción de unas Fuerzas Armadas despolitizadas, o del “fin de los ejércitos políticos”, por lo que el rol de los militares en la política, y a su vez, la pregunta sobre su desaparición como fuerza en un proceso de desarrollo nacional, volvió a tomar centralidad. En este trabajo planteamos que tal centralidad no fue producto exclusivo de una decisión tomada una vez el chavismo en el gobierno, sino que es consecuente con elaboraciones políticas, acciones concretas y producciones conceptuales desarrolladas durante décadas previas.

Las modificaciones en cuanto al rol de la FAN se comprenden a partir de la introducción del concepto de “corresponsabilidad” en la Constitución Nacional y luego en legislaciones posteriores como la LOSN o la LOFAN de 2002 y 2005, que aluden a una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad civil, en materia de seguridad y defensa. Se buscaron desdibujar las fronteras entre las cuestiones de seguridad y defensa (bajo la idea de defensa integral de la nación), convocando para ello a civiles como a militares, fomentando la participación de militares en tareas vinculadas al desarrollo económico y social. La asociación entre Seguridad y Defensa expresó la relación directa entre lo civil y militar para asumir la defensa integral de la nación, en especial cuando la soberanía nacional se viera amenazada por algún país extranjero. Pero también se planteó que, cuando se produjeran situaciones de emergencias económicas y sociales, pudiera llevarse a situaciones concretas el principio de corresponsabilidad a través de redes y organizaciones sociales y comunitarias.

Atendiendo a estas cuestiones, en este artículo analizamos el período de gobiernos de Hugo Chávez, entre 1999 y 2007, y nos detenernos en la continuidad de la fusión cívico-militar, fundamentalmente en cuanto a programas políticos que, en algunos casos como las Misiones Sociales, abrevaron en acciones concretas. Buscamos analizar distintos programas políticos y legislaciones hasta el año 2007, por considerar que en ese primer período –en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN) 2001-2007– se establecieron, con marchas y contramarchas, las principales disputas de los dos sectores preponderantes que habían convergido en el Movimiento Quinta República (MVR) desde 1997. En el marco de tales disputas, y luego del golpe de abril de 2002 hasta el intento de nueva reforma constitucional en 2007, el chavismo buscó hacer prevalecer la línea de “revolución cívico-militar”, recuperada del programa histórico del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)[2] en detrimento de los sectores más moderados.

Por cierto, varias dimensiones de análisis quedan fuera de este estudio. Es el caso de la conocida concepción de "Socialismo del Siglo XXI" así como el lugar que ella tuvo en la creación, desde 2007, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Lo que aquí buscamos, en cambio, es explicar elementos que abrevan en aquella concepción (“Socialismo del Siglo XXI”) pero a partir de identificar actores y programas específicos. En cuanto a la dificultad de alcanzar los objetivos políticos propuestos por el chavismo, o en relación con los enfrentamientos con sectores opositores, optamos por indagar sobre la manera en que el gobierno recepcionó tales circunstancias críticas. Nos importa, sobre todo, reponer la forma en que el mismo propuso acciones políticas en consonancia a elaboraciones conceptuales del pasado.

El análisis de la experiencia venezolana nos permite complejizar una dicotomía entre militarización y democracia sostenida desde una perspectiva liberal que ha penetrado en muchos análisis académicos y políticos que tienden a deshistorizar y/o invisibilizar la participación de los militares en procesos de cambio social. En este trabajo buscamos establecer un contrapunto con aquellas miradas que conciben la articulación entre lo cívico y lo militar como “deformación” o “desviación” de la democracia, por asumir la politización de las Fuerzas Armadas y el involucramiento de los civiles en asuntos militares (Way y Levitsky, 2002; Weyland, 2013). Al mismo tiempo, considerar aquellos análisis que advierten el riesgo que supone la politización de los militares o el hecho de borrar las fronteras tradicionales entre el papel que les correspondería a los militares y las funciones históricamente asumidas por los civiles (Irwin y Langue, 2004; Diamint, 2022).

En consonancia con lo abordado en varios trabajos precedentes repusimos brevemente el período que antecedió al ascenso del chavismo, a los efectos de dar cuenta de un proceso de acumulación histórica de múltiples temporalidades. Buscamos analizar las formas que adquirió la confluencia entre izquierda y Fuerzas Armadas en términos de valores compartidos entre civiles y militares, como consecuencia de una elaboración duradera. Lo que supone para el caso de Venezuela una relación civil-militar específica, donde los militares son agentes de un proyecto nacional (Sucre, 2003) y a su vez conforman una relación de “convergencia ideológica” con los civiles que conducen el gobierno (Aviles, 2010; Battaglino, 2015).

Partimos de una metodología cualitativa, articulando fuentes documentales y un trabajo de campo que se centra en entrevistas en profundidad. La investigación documental está conformada por diversos tipos de documentos oficiales y no oficiales, se destacan legislaciones y programas de gobierno. Se trabajó asimismo con otras fuentes secundarias, vinculadas a las numerosas biografías y entrevistas a la figura de Hugo Chávez. Las entrevistas fueron realizadas a integrantes de organizaciones políticas y militares que acompañaron a Hugo Chávez entre los inicios en la Academia militar (1971), en la creación del MBR-200 hasta la elaboración de la perspectiva electoral en 1997. Se entrevistó también a dirigentes civiles y militares venezolanos con responsabilidad en la conceptualización de programas de gobierno entre 1999 y 2007, vinculados a las elaboraciones normativas planteadas, como así también a las acciones y programas que se desprenden de las mismas en materia de Defensa.

Misiones Sociales y unión cívico-militar

El golpe de Estado de 2002 y la significativa paralización económica durante un semestre (paro y sabotaje petrolero entre 2002 y 2003) iniciaron un camino de reelaboraciones conceptuales y tácticas para alcanzar objetivos largamente planteados en función de cuatro elementos: profundizar en el abordaje de la cuestión social logrando que más sectores puedan ver atendidas sus principales demandas; promover una mayor participación popular en cuanto a los modos de atender esas demandas; mostrar que las mismas puedan tener una resolución concreta y en el corto plazo por medio de un método más centralizado en la figura del presidente (en articulación con sectores políticos civiles y militares) y; vinculado a ello, avanzar en acciones concretas que permitan generar espacios más extensos de integración civil y militar, tomando la experiencia del Plan Bolívar 2000[3].

La creación de las Misiones Sociales, en 2003, estuvo relacionada con la búsqueda por obtener rápidamente mejores niveles de inclusión, igualdad y justicia social para resolver históricas situaciones de aislamiento y segregación. Se buscó organizar desde el Poder Ejecutivo –por medio de Comisiones Presidenciales– un modo institucional de atención de las problemáticas de salud, educación, vivienda y alimentación, fundamentalmente. Fueron instaladas allí donde se asentaban los sectores populares de las ciudades más importantes del país, y diseñadas y ejecutadas por efectivos de los cuerpos militares, coordinadores y asesores cubanos –médicos, docentes, técnicos–, personal de PDVSA, organizaciones sociales y comunitarias y jóvenes de organizaciones sociales como el Frente Francisco de Miranda (D’Elia, Cabezas, 2008)[4]. La presencia de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en la estructura de las Misiones permitió disponer de soluciones en materia de organización y rapidez, al mismo tiempo que sentar una metodología que pudiera ser replicada, en tanto novedoso espacio burocrático administrativo por fuera de los Ministerios.

Sin embargo, esto no nos explica la naturaleza del diseño, en cuanto al instrumento y su relación con los objetivos políticos y, sobre todo, en cuanto a la forma de caracterizar las relaciones entre gobierno y oposición, o la manera de interpretar los escollos institucionales para el despliegue de programas sociales de amplio alcance. Misiones Sociales como “Barrio Adentro”, “Robinson”, “Ribas” o “Sucre” además de ser las primeras, permiten abordar –como condición para las mismas– el tipo de democracia que se promueve: la necesaria participación política y la unión cívico-militar. Las misiones también fueron emergencia de momentos en que las circunstancias políticas se precipitaban de forma crítica y obligaron al gobierno a afrontarlas: desde mediados de 2001 y, sobre todo, luego del golpe de 2002-2003, el gobierno consideró la necesidad de impulsar la organización política en los términos planteados históricamente por los sectores que confluyeron en el MBR-200 (1982-1997), en cuanto a la “ofensiva de masas (Wainer, 2019) y la denominada “metódica desde abajo” (Izarra, 2004),[5] tanto para la defensa del gobierno como para la construcción de la democracia protagónica y la “batalla ideológica” (López Maya, 2008).

Si hasta el año 2003, al interior del gobierno continuaban confluyendo fundamentalmente dos sectores divergentes; en la creación de las misiones se va a imponer la visión que buscó profundizar la revolución sobre la base de la “Seguridad y la Defensa Integral de la Nación” (Wainer, 2020b), es decir, “construir poder popular a partir de la concepción de unión cívico-militar para el desarrollo y para la defensa”[6]. Estos sectores habían convivido desde el inicio impulsando reformas institucionales, amparados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN, 2001) y en distintas reformas sectoriales a cargo de los ministerios respectivos y en base a la Constitución de 1999. Si al interior del chavismo existió un sector que entendía que se debía llevar a cabo una revolución cívico-militar para instalar una nueva democracia “de mando popular y moral revolucionaria”, también lo hacía otro que procuraba un proceso de cambio social a partir de avanzar en amplias reformas institucionales “que progresivamente vayan fortaleciendo una democracia ciudadana y socialmente incluyente” (D’Elia, Cabezas, 2008: 3). Uno de ellos pugnaba por una serie de reformas graduales y moderadas sin afectar relaciones de clase, mientras que el otro se proponía desarrollar un proceso político –cívico-militar– de características revolucionarias. Coexistieron en iniciativas y planes como las propuestas por las Leyes Habilitantes (2001) o la profundización en programas y acciones cívico-militares como el Plan Bolívar 2000, el trabajo ideológico de base como el de los Círculos Bolivarianos y, finalmente, desde 2003 en adelante, el lanzamiento de las Misiones Sociales. Sin embargo, los años 2002-2003 marcaron el quiebre en cuanto al equilibrio que se buscaba sostener: en adelante va a ocupar centralidad aquella orientación política que tuvo mayor lugar en la creación de las misiones, que formuló el carácter protagónico que la unión cívico-militar debía mantener en la conducción del Estado[7].

La Misión “Barrio Adentro” se llevó a cabo para cubrir necesidades sanitarias en barrios populares. Para ello contó con la presencia de médicos cubanos, formados en salud comunitaria. En el caso de las misiones educativas como las “Robinson” o “Ribas” –alfabetización y educación media no iniciada o incompleta– se llevaron a cabo también con la presencia de personal y métodos pedagógicos cubanos. La misión universitaria “Sucre” –implementada para incorporar estudiantes sin cupo universitario– también fue de amplio alcance y comenzó su implementación durante el año 2003. Estas serán seguidas, entre otras, por misiones como “Milagros” (atención oftalmológica en centros de salud cubanos), “Mercal” (abastecimiento alimentario post paro petrolero), “Vuelvan Caras” (capacitación productiva), “Hábitat” (adjudicación de tierras y construcción de viviendas) y la “Misión Miranda” (misión transversal para el fortalecimiento de la unión cívico-militar y la búsqueda de reservistas militares para participar en defensa y tareas de desarrollo).

Desde 2004 las misiones se establecieron como estructuras de funcionamiento paralelo a un Estado caracterizado como “burocrático” a la vez que como “Estado en transición”. Una institucionalidad heredada debía ser reemplazada gradualmente en algunas áreas y rápidamente en otras, como en ámbitos estratégicos, donde inclusive se ubicarán representantes militares en tanto “burocracia de reemplazo” (Aviles, 2010). En la apertura del “Seminario Nacional sobre Política Social” en 2004, el por entonces presidente de PDVSA afirmaba que las misiones debían ser el germen de esa “nueva institucionalidad en transición”: ante un gran obstáculo como el Estado “burocrático, ineficiente e ineficaz”, van surgiendo al lado de él, formas paralelas de nuevas instituciones como instrumentos para viabilizar los principios de la Constitución (Rodríguez Araque, 2004).

Del referendo revocatorio al nuevo mapa estratégico: el “salto adelante” para la “consolidación revolucionaria”

Desde el año 2004 se conoció el “Nuevo Mapa Estratégico”, un documento elaborado para llevar a la práctica los principales elementos planteados en el PDESN de 2001. Desde el gobierno se convocó a una instancia de profundización política y se lo hizo a partir de referenciar elementos históricos, tanto en acciones como programas. A diez años de la salida de la cárcel de Hugo Chávez y gran parte de dirigentes del MBR-200 (1994), el presidente se refirió a elaboraciones desarrolladas por esos tiempos por la organización. El año 2004 permite observar (esto es recurrente en el chavismo) cómo se reponen “objetivos estratégicos” frente a la tensión que presentan decisiones políticas “coyunturales”; continuidades en cuanto a que, en momentos de conflicto, se evocan programas como plafón para resolverlos y profundizar la construcción político-ideológica del MBR-200:

Ya en 1994, pocos meses después de haber salido de prisión, nosotros teníamos un mapa estratégico. Estoy seguro que aquí hay algunos que lo recuerdan, y pudieran hasta explicarlo. Yo de tanto repetirlo y explicarlo por el país, en tantas reuniones que hicimos me lo sé de memoria. Ese mapa fue el producto de una serie de trabajos y reuniones donde estaban el hoy ministro Giordani (…) el ex ministro Héctor Navarro, y un grupo de militares y civiles. (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

En la reunión de noviembre de 2004, durante dos jornadas, dirigentes políticos civiles y militares del chavismo elaboraron el “Nuevo Mapa Estratégico”, rediseñado diez años después de la experiencia de la cárcel del MBR-200 (entre 1992 y 1994), recuperando la historia de su elaboración y el contexto del mismo. En las largas jornadas del 12 y 13 de noviembre de 2004, en el “Taller de Alto Nivel” desarrollado en Caracas, Hugo Chávez esbozará un derrotero histórico que consideró “una virtud, en la consistencia” (Ministerio de Comunicación e Información, 2005). Allí se inscribían rupturas, éxodo de dirigentes y militantes desde los tiempos del MBR-200, así como disconformidades con el curso de las decisiones políticas, formación de otros grupos y desprendimientos de sectores. Pero continuidad en cuanto a las principales ideas del mapa (como programa político: desde 1994 hasta la llegada al gobierno) y luego, entre 1999 y 2004, con marchas y contramarchas, ya en el gobierno.

Fundamentalmente, en las jornadas de trabajo se buscó establecer la diferencia entre el significado del voto a favor de la continuidad de la revolución en el referendo revocatorio llevado a cabo en agosto de 2004 –entendido como último eslabón de un escenario crítico entre las movilizaciones de finales de 2001, el golpe de 2002 y el paro petrolero entre 2002 y 2003- y la necesidad de profundizar en la organización política y social.

Hugo Chávez llamaba a trabajar sobre la base de una “obra incompleta” y sobre todo “frágil”, dada la perdurabilidad y la fortaleza de las ideas que se pretendían combatir: “el molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando”. Se intentó fijar la idea de que lo institucional estaba en transición hacia el cambio político, pero no así los actores que lo resistían. Sobre haber pasado la “batalla” 2001-2004 se decía: “no es suficiente que el mapa venezolano esté cubierto de rojo (…) que tengamos 21 gobernadores de 23 (…) apenas somos un ejército desplegado en batalla, desplegado nada más” (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

Se resaltaba el apremio en la formación y en la organización, para incrementar capacidad política para construir una obra revolucionaria; en otros términos, para alcanzar los objetivos estratégicos, y situarse en ese momento, como lo había concebido el Programa Nacional Simón Bolívar (PNSB), trece años atrás, en 1991, ocho antes de llegar al gobierno (Wainer, 2020a). Como parte de esa necesidad, se llamó a organizar a los “cientos de miles” de estudiantes de las misiones “Ribas” y “Robinson”, en tanto misiones educativas muy masivas que contaban con grandes segmentos de la comunidad educativa en sus distintos niveles. Se proponía profundizar en organización dando avances concretos –realizables– en aras de la consecución de un horizonte que estaba establecido hacía más de una década. De allí la correspondencia de la interpretación de Roy Daza, sobre los tiempos, el horizonte estratégico hilvanado en lo táctico, lo que Chávez analizaba cómo “ir de a poco, hasta donde podía decirse en cada etapa”[8]; en los términos de Eloy Ruiz, “poco a poco, pedagógicamente, avanzando por zonas de proximidad que permitieran elaborar nuevas conceptualizaciones”[9]. Con ese cuidado en los avances, al mismo tiempo comprendiendo que el horizonte estratégico ordenaba las elaboraciones parciales, y que las elaboraciones parciales, suponían décadas de trabajo político-ideológico, como se había establecido desde 1991 en el PNSB.

Yo he sido muy cuidadoso con mi equipo para no caer en objetivos utópicos. Por eso coloque aquí “avanzar”, o sea que no estamos hablando de concluir o consolidar la nueva estructura social, sino de avanzar (…) Educación, inclusión social, igualdad (...) tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico (…) Por todos lados, la idea, la idea, la idea, la idea, la vieja idea hay que golpearla (…) sin clemencia (…) todos los días, en todas partes, las viejas costumbres, si no lo hacemos, ellas nos van a demoler tarde o temprano y tendríamos que terminar la vida diciendo: “Otra vez hemos arado en el mar”. (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

En cuanto al método, el chavismo puso el acento, fundamentalmente, en acelerar la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular. Esto requirió consolidar una nueva estructura social de base, a partir de: i) la experiencia de los Círculos Bolivarianos[10] (Hawkins, K. A. & Hansen, D., 2006), ii) las denominadas “unidades de batalla electoral” que habían sido organizadas en forma de patrullas para consolidar las ideas políticas y la organización popular, y iii) “las misiones, o de las experiencias de colectivos que formaban parte del chavismo pero no de los partidos” (Ruiz, 2020). En definitiva, todo integrante de alguna organización social, era convocado a construir organización política:

Los militantes de los partidos, los círculos bolivarianos, los reservistas, el frente Francisco Miranda, los facilitadores que están en cada aula de clase, los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua y muchas otras -esto variará según la región, en algunas regiones tendrá más peso algún elemento que otro-, pero esta es la guía estratégica y el marco fundamental de la nueva estructura social de base. A ese objetivo específico les pido que le demos prioridad para avanzar en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular. (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

Todo el planteo tuvo su centro en una ofensiva para impedir que los factores de oposición se reorganizaran; en términos militares –se decía– significaba que de suceder tal situación se debía estar preparados para la respuesta. Es el mismo axioma que se había planteado en 1997 como “Ventana Táctica” y “Ofensiva Táctica de Masas” (como condición para participar del escenario electoral) y que se puso en acto en la defensa al golpe de 2002. En ese sentido, Chávez -al conmemorarse tres años del golpe de 2002- convocó a los reservistas, en tanto la mayor expresión de unidad y de fusión cívico-militar, y columna central de la Venezuela Bolivariana (Bartolomé, M., 2008).

Estos objetivos, junto a los desafíos económicos y los vinculados a la nueva doctrina de la FAN, fueron pensados a partir del análisis de la política internacional, fundamentalmente poniendo atención a los Estados Unidos y Europa, tanto como a los países de la OPEP y al rol de América Latina y el Caribe, tras las crisis neoliberales. Ese marco de relaciones internacional y la búsqueda por incidir en ellas, rodeó las caracterizaciones que realizó el chavismo, ya sea que sea en cuanto a cuestiones económicas, políticas o militares; sobre todo cuando, luego del golpe de 2002, se consideró la idea de que los Estados Unidos iban a incrementar la agresión. Con todo ello de fondo, se planteó con celeridad la nueva estrategia militar nacional y el nuevo pensamiento militar venezolano[11]. Se nombró una comisión para redefinir o reelaborar –a partir de la insistencia en “buscar en el pasado”– un pensamiento militar venezolano “auténtico” para “borrar todo vestigio de la inyección que nos aplicaron de la doctrina imperialista” (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

Vale destacar el modo en cómo se asocian –vinculando izquierda y Fuerzas Armadas articulados durante varias décadas– dos conceptualizaciones sobre la guerra: una irregular, popular, de guerrillas, prolongada o de resistencia, y otra regular, relacionada a las funciones más clásicas de las Fuerzas Armadas y de hacer la guerra. Se convocaba a buscar en Miranda, en Bolívar en Zamora, en Sucre o en Páez a partir de la referencia a la historia venezolana: “Hay países que no tienen ni un solo prócer militar, nosotros tenemos una constelación”; pero también la convocatoria fue a estudiar la experiencia guerrillera, la lucha armada, dado que, se analizó, “allí hay conceptos estratégicos” fundamentales:

Lo que nadie sabe es en qué guerra nos pudiera tocar a nosotros luchar. Cuando uno ve los gringos allá en Faluya, acabando con aquel pueblo, uno dice, si a nosotros nos llegara a ocurrir algo parecido, bueno, nos irán a buscar a las montañas del Turimiquire, de Falcón, de Lara, en los campos de batalla (...) O sea, hay que consolidar nuestro verdadero pensamiento, pero vamos a fijarnos plazo, compañeros, y un equipo de buen nivel, podemos llamar a gente retirada, podemos llamar ex guerrilleros, estoy seguro que Alí Rodríguez estaría encantado de colaborar con eso. Por ahí andan los jefes guerrilleros. (Ministerio de Comunicación e Información, 2005).

Desde 2002 en Venezuela se elaboró -en palabras de Heinz Dieterich (2004) - una doctrina de guerra diseñada para disuadir a un agresor tecnológica y numéricamente superior. Esta concepción encuentra su orientación en los mismos valores que dieron luz a teorías militares sobre la “Guerra Popular Prolongada” o “Guerra Popular de Resistencia”, como parte de la disparidad entre un país militarmente fuerte y otro débil y las fortalezas relativas de uno y otro –conceptos tomados de Mao Tse Tun y Ho Chi Minh y la concepción de “Guerra del Pueblo”, de “Ejército del Pueblo” de Vo Nguyen Giap en Asia, y la “Guerra de todo el Pueblo” en Cuba (Mao Tse-tung, 1968; Ho Chi Minh, 1972; Giap, Vo Nguyen, 2017; Guevara, 1970); elaboraciones que inspiraron a la doctrina bolivariana y conformaron la perspectiva de unión cívico-militar en términos de corresponsabilidad y defensa integral.

Del MBR-200 a la concepción de Guerra Popular de Resistencia

La relación cívico-militar en Venezuela requiere ser pensada a partir de las características del movimiento civil y militar que había llegado al gobierno en 1998. Hugo Chávez, desde sus comienzos, buscó establecer una serie de planteamientos en relación a esa alianza, vinculando proceso constituyente y transformación en el campo militar. En palabras de José Antonio Rivas, se buscó “hacer de la institución armada un ejército revolucionario, una institución al servicio de un proyecto político fuertemente ideologizado” (Rivas, 2009: 75) empezando por lo normativo. Estos elementos de cambio debían, en principio, ser contenidos en el proceso constituyente apenas comenzado el gobierno[12].

Por las características cívico-militar –no como una alianza de estamentos separados, sino como una unidad político-militar integral– resultó un elemento saliente eliminar la prohibición del ejercicio simultáneo civil y militar: el militar pudo, desde entonces, desempeñarse al mismo tiempo en cargos en la administración pública, tal como se demostró rápidamente en centenares de casos, accediendo a alcaldías, gobernaciones, ministerios o participando de comisiones presidenciales para la puesta en práctica de programas políticos cívico-militares como las misiones. Además, se estableció la supresión del carácter “no deliberante y apolítico” del estamento militar, si bien se continúa con la naturaleza de una institución “sin militancia política”, se eliminó la prerrogativa de una institución cuyo fin era el de ser garante de la estabilidad de las instituciones democráticas; concediéndole por primera vez el derecho al voto a los militares.[13]

La pregunta sobre el rol de los militares en los gobiernos civiles (Rangel, 1980; Way y Levitsky, 2002), propia del final de las dictaduras y las transiciones democráticas en América Latina, o su desaparición como fuerza en un proceso de desarrollo nacional (Koonings y Dirk Kruijit, 2003) volvió a tomar centralidad con la llegada del chavismo al gobierno. Uno de los elementos salientes de dicha orientación fue un enfoque ideológico antiimperialista que lograra desterrar las “doctrinas imperialistas de la mente de los soldados”, como una forma de recuperar “la doctrina de Miranda, Sucre y Bolívar, es decir la doctrina de la liberación, el nacionalismo libertador, y de la unión del soldado con su pueblo” (Hugo Chávez Frías, Aló Presidente, programa número 216, 20 de marzo de 2005).

A la hora de analizar la evolución del concepto de “Guerra Popular de Resistencia” y su evolución en el chavismo, resulta apropiado acercarse a proposiciones desarrolladas con antelación por teóricos y políticos como Karl Von Clausewitz (2010), Vladimir Ilich Lenin (1906, 1976), Mao Tse-Tung (1968), Ho Chi-Minh, Vo Nguyen Giap (2017) o Ernesto Guevara (1970). Ellos y otros, en contextos históricos y políticos específicos, establecieron una serie de conceptos y categorías para abordar la idea de resistencia a partir de caracterizar una amenaza o un enemigo. En el año 2009, se conoció el trabajo del General venezolano Menry Fernández, “Guerra Popular de Resistencia” (Fernández Pereira, 2019), donde se analizaron los aspectos militares de la “Guerra Popular Prolongada”, en tanto concepto estratégico vinculado a la nueva doctrina militar venezolana. La concepción de “Guerra Popular de Resistencia” es consecuencia de una caracterización por parte del gobierno, como guerra asimétrica (Bonavena; Nievas, 2006), que parte de la afirmación de que la lucha tiene que hacerse en el plano que el combatiente más débil escoge y no la del ejército invasor (Baleta López, 2018). Para un gobierno de características cívico-militares, formado de una larga confluencia de sectores de la izquierda revolucionaria y segmentos nacionalistas y revolucionaros de las FAN, tal afirmación llevó a una cosmovisión singular de la guerra, sobre la base de los teóricos de la guerra revolucionaria.

Sobre tal mirada, el gobierno de Venezuela analizó que era imprescindible delinear un nuevo pensamiento militar para la FAN sustentado en la “Doctrina de Defensa Integral” venezolana, fortaleciendo los espacios de convergencia cívico-militar.

En Venezuela, la concepción de seguridad de la nación, tal como indica la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN de 2002), se refiere a la condición, estado o situación que garantice el goce y el ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de la población e instituciones. Hay dos principios que dan fundamento a la Seguridad Nacional: el desarrollo integral y la corresponsabilidad entre el Estado y sociedad civil, en tanto condiciones que promueven el goce y ejercicio de los derechos y garantías, correspondiéndole a la Fuerza Armada Nacional, garantizar la independencia, soberanía nacional y el respeto a los principios y valores expresados en el texto constitucional (Sánchez Medero, 2014). De ello emana el “concepto estratégico militar”, basado en los intereses y objetivos nacionales establecidos para el cumplimiento de las políticas correspondientes a la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo integral del país. De esta manera, la FAN sin olvidar su misión prioritaria de defensa, elabora y ejecuta los planes dirigidos a la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo integral de la nación, tal como lo indica la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) (República Bolivariana de Venezuela, 2005). Así, el concepto de seguridad asociado al de desarrollo nacional está vinculado a la promoción y la garantía de los derechos de los ciudadanos; lo que lleva a comprender por qué en Venezuela son más los actores implicados en estas funciones que en otros países. Como establece la LOSN (2002), en materia de seguridad y defensa, el Estado y la sociedad son corresponsables (art. 5); y la Fuerza Armada Nacional constituye uno de los elementos fundamentales para la defensa integral de la nación, organizada por el Estado para conducir su defensa militar en corresponsabilidad con la sociedad (art. 20). Con lo cual, la visión general del sistema de defensa integral de la nación tiene un enfoque pluralista al nivel actoral y no está exclusivamente centrado en la FAN (Sánchez Medero, 2014).

La doctrina venezolana en materia de defensa va a retomar el pensamiento de Karl Von Clausewitz en cuanto a la consideración sobre el aspecto político como el más importante de toda guerra. Podemos decir en los términos de tal pensamiento que el objetivo político, en tanto causa original de la guerra, “será la medida, tanto para el propósito a alcanzar mediante la acción militar, como para los esfuerzos necesarios para cumplir con ese propósito” (Von Clausewitz, 2010). A partir de considerar que guerra y política no son dos instancias escindidas, el análisis de Clausewitz recobra más sustancia, por ejemplo, en cuanto a la noción sobre las pasiones que se deben afectar en toda guerra; las cuales deben existir previamente en la sociedad que se buscará movilizar, sobre las que “el líder” debe prestar atención, dado que allí residen los objetivos políticos. Clausewiz, tomado por los teóricos de la insurrección en el campo del marxismo, afirmó que la guerra moderna implica el armamento del pueblo; como guerra de masas por lo tanto amplifica la política, que ya no es dirigida en las sombras por “gabinetes de monarcas”, sino que implica al conjunto de la población (Caviasca, 2018). Además, Clausewiz impulsa el debate para propiciar el levantamiento de las masas populares y campesinas contra el ocupante. Presenta formas de acción de milicias populares y guerrillas, capaces de desestabilizar cualquier ocupación (Caviasca, 2018): la guerra popular, como algo vaporoso y fluido, que no debe concentrarse en ninguna parte como en un cuerpo sólido (Aron, 2009). En la consideración que tanto Mao como Giap hacen sobre la relación entre el objetivo militar y el político podemos comprender más aún la recepción que hace el chavismo sobre la misma desde tiempos de la Academia Militar[14]. Mao analizaba que una guerra de resistencia era una guerra revolucionaria de toda la nación y que su victoria no podía ser pensada de forma separada del objetivo político (Mao Tse-Tung,1968; Giap, 2017).

Desde 2007, se conoció el “Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, también llamado “Plan Sucre” (Hurtado, 2015). Se argumentó su necesidad, a partir de los hechos del golpe de Estado de 2002, y como continuidad de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN) de ese año y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) de 2005. Otro de sus antecedentes fue el “Nuevo Mapa Estratégico para Venezuela”, o el “Salto Adelante” de fines de 2004, ya analizado.

Según Hugo Chávez, dicho plan radicó en que tras el golpe de 2002 se empezó a desarrollar la hipótesis de guerra no convencional, en tanto “una acción de guerra de carácter internacional, pero de orden asimétrico” (Chávez, 2007a, p. 3). Dirá además Chávez que el golpe de abril de 2002 dio origen, desde 2005, a una “fase antiimperialista con la participación popular masiva”, que profundizaría lo que Alberto Garrido caracterizó como las tres líneas estratégicas de la revolución bolivariana: repotenciar la FAN, reforzar la acción cívico-militar y organizar al pueblo para la defensa territorial (Garrido, 2008). Son estas líneas, en términos de Camilo Hurtado (2015), las líneas estratégicas, del “Plan Sucre” (Chávez, 2007a).

El “Plan Sucre” es el que finalmente colocó en el centro de la política de defensa, de forma concreta, la concepción de “Guerra Popular de Resistencia” o “Guerra Popular Prolongada” que hemos analizado en sus tradiciones teóricas. La LOFAN en 2005 introdujo el componente militar de la Guardia Territorial, asociado a la idea de resistencia cívico-militar; en tanto preparación de la sociedad organizada para “operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión interna o externa” (República Bolivariana de Venezuela, 2005, art. 30).

Desde fines de 2006, a partir de la segunda reelección de Hugo Chávez, se dio inicio a un proceso de radicalización política donde un nuevo proyecto de reforma constitucional se convirtió en el centro de la estrategia política para el 2007 (Jácome, 2008). El gobierno sufrió una derrota electoral en el referéndum de 2007 (por un margen de 1,4 por ciento); la reforma no aprobada proyectaba temas significativos para la estructura y funciones de la FAN, además de nuevos contenidos respecto a defensa y seguridad. La búsqueda por radicalizar los componentes de la defensa integral estaba plasmada en la reforma fallida. La Constitución buscaba cambiar el nombre de la FAN por FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana); para que albergara la idea de “cuerpo patriótico, popular y antiimperialista” (República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 6.239, 2008), para lo cual la denominación “Bolivariana” además adquiría presencia en los cinco componentes de la fuerza, esto es: Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana. Los ascensos militares y la designación a cargos, grados y jerarquías, además del control sobre la milicia popular pasaba a estar a cargo exclusivamente del presidente de la Nación. (República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 6.239, 2008).

El cambio de escala en materia de participación, de componentes y de corresponsabilidad, se expresó con claridad a partir de la concepción de “guerra popular de resistencia”, a la cual ahora se le buscaba otorgar rango constitucional. En la última disposición transitoria de la propuesta de reforma se establecía que la Reserva se convertía en el quinto componente de la FAN; o sea, “la Milicia Popular Bolivariana”, basada en el principio “del pueblo en armas para la resistencia” (Jácome, 2008). Una forma de asociar –en términos de unión cívico-militar– a civiles con combatientes; o como lo ha planteado Hugo Chávez: “una fuerza guerrillera (…) una fuerza para la guerrilla urbana y guerrilla rural en los montes, y para fortalecer las unidades de combate”. (Chávez, 2007b: s/n).

En estos términos es que la concepción de “Defensa Integral de la Nación” –en tanto principio constitucional, legal y doctrinal– desde 2005 fue adquiriendo la connotación de pueblo organizado, tanto ideológica como militarmente, para “resistir frente a una invasión de fuerzas extranjeras o repeler la violencia organizada que se pueda originar dentro del territorio venezolano” (Hurtado, 2015).

En el “Plan Sucre” Chávez analizaba –en los términos de Mao– que esta forma de guerra incluiría factores determinantes como la sorpresa, la cual es más fácil aplicar en una posición defensiva, bajo el empleo de guerrillas “que, aunadas a la prolongación en el tiempo, hace que los combatientes invasores declinen moralmente hasta su rendición” (Mao Tse-Tung, 1968). El “Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (Plan Sucre) estableció que para alcanzar sus objetivos era necesario elevar la capacidad de combate de la FANB, a los efectos de garantizar la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial “mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional” (Chávez, 2007a, pp. 4-5). Se le añadió la necesidad de una mayor capacidad militar, al remarcar las características del escenario bélico en el cual se diseñaba la capacidad de combate:

(…) las fuerzas políticas que adversan al Gobierno Revolucionario (…) están apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos y aliados [refiriéndose a Colombia, sobre todo], amenazando seriamente la Seguridad de la Nación Venezolana. (Chávez, 2007a, pp. 4-5).

El Plan Sucre estableció la necesidad de crear un entramado jurídico que permitiera que la FANB se integrara con todas las instituciones del Estado y con la comunidad, dentro de la figura de la Defensa Integral de la Nación. Lo que se buscó fue organizar a la sociedad en apoyo a los componentes militares para resistir frente a una invasión de fuerzas extranjeras o repeler la violencia organizada dentro del territorio venezolano. El plan se propuso avanzar en la construcción de la “Nueva Doctrina Militar Bolivariana”, para librar con éxito una guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte de Estados Unidos (Chávez, 2007a). La idea de doctrina en el chavismo, sobre la que se vuelve en distintas coyunturas, funge siempre como uno de los bastiones de la Defensa Integral de la Nación, no solo por su carácter autóctono, en el que se busca proveer a la Fuerza Armada de identidad propia, sino, además “por la concepción cívico-militar donde el pueblo es protagonista en la defensa de la nación” (Chávez, 2007a, p. 15).

Se buscó entonces abordar una nueva instancia de formación bajo la idea de la corresponsabilidad civil y militar en tareas de defensa, en tanto responsabilidad en el apoyo y complemento con los componentes regulares de la FANB, haciendo uso de armamento de combate de menor calibre. Se esperaba que la Milicia Bolivariana, en su condición de apoyo medios de menor poder –fusilería y minas antipersonales junto a un conocimiento de un terreno específico–, distintos de los que emplea la fuerza regular. Al respecto señalaba Chavez (2009, p. 15): “la juventud bolivariana debe convertirse en un ejército de milicianos, de las industrias, de las fábricas, los campesinos, los indígenas. Batallones de indígenas quiero ver yo”.

Por entonces, parte de la actividad de la milicia fue buscar por medio de tareas de complemento a las fuerzas regulares; acciones creativas que coadyuvasen a dichas fuerzas, en tanto pequeños golpes de baja intensidad, a las tropas enemigas para minar su moral de combate[15]. Como puede verse, esta forma de organización rompió con un esquema tradicional de defensa en el que las armas reposaban exclusivamente en un conjunto de hombres equipados, entrenados y capacitados para el enfrentamiento con un adversario similar, para dar paso a un sistema defensivo en el que todos los ciudadanos tuvieran alguna forma de participación. Esos elementos debían estar orientados a la planificación de operaciones contra una invasión o formular los lineamientos generales para “resistir en condiciones de país ocupado” (Chávez, 2007a, p. 21).

Así, se tornó imprescindible potenciar a la Milicia Territorial, con un horizonte de seis años, donde se buscaba contar con un millón de milicianos alistados para la defensa integral, permitiendo mantener una disposición operacional permanente en municipios fronterizos tanto como una presencia y acción de las demás instituciones del Estado venezolano, con el fin de garantizar la integridad territorial fronteriza (Chávez, 2007a).

El último eje planteado se vinculó con la cuestión de la educación, como pilar fundamental del Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se ubicó en el centro la formación ideológica de la FANB y de la Milicia Nacional Bolivariana, en tanto imprescindible para la construcción del “Socialismo del Siglo XXI” (Hamburger Fernández, 2014). Por medio de este se buscó perfeccionar el sistema educativo de la FANB, a partir de una reestructuración curricular integral, para que la Milicia Bolivariana junto con otros sectores de la población -asociada a los ya planteados cambios doctrinarios, al equipamiento militar pertinente para la actual hipótesis de guerra- lleven a cabo ejercicios militares ajustados a las condiciones de combate real, adecuados a las concepciones de una guerra prolongada (Chávez, 2007a).

Si para la Constitución de 1961, las Fuerzas Armadas formaban una “institución apolítica, obediente y no deliberante” organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas, el respeto a la Constitución y a las Leyes (República de Venezuela, 1961); para la Constitución de 1999, la FAN constituyó una institución esencialmente profesional, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, además de asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional (República de Venezuela, 1999). Estos elementos buscaron profundizarse en la propia experiencia política y en la medida que se optó por ampliar el carácter de revolución cívico-militar del proceso político: el artículo 328 de la Constitución, en consecuencia, buscó ser reformulado, de modo que, en el posterior proyecto de reforma constitucional de 2007, se estableció que:

La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia (…) En el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero. (Presidencia de la Repùblica, 2007).

Aquella propuesta de nueva reforma constitucional fue presentada por el gobierno y luego sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007 (República Bolivariana de Venezuela, 2007). Finalmente, en un referéndum consultivo y por muy poco margen los venezolanos no la aprobaron. Sin embargo, destacamos el anteproyecto constitucional dado que finalmente la reforma se llevó a cabo desde 2008, por medio de un conjunto de nuevas leyes o nueva Ley Habilitante (2008). Desde la publicación, en la Gaceta Oficial el 31 de julio de 2008, del Decreto 6239, entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB, 2008), que incluyó los elementos más salientes del anteproyecto comentado.

Conclusiones

Luego del 2002-2003 el chavismo llamó a profundizar el trabajo de formación y organización política y social sobre la base de las misiones. En la creación de las Misiones Sociales, se impuso –al interior del chavismo– aquella idea que buscó profundizar la revolución sobre la base de la Seguridad y la Defensa Integral de la Nación; es decir, construir poder popular a partir de la concepción de unión cívico-militar.

Desde el año 2004 se elaboró el “Nuevo Mapa Estratégico”, en el que Hugo Chávez repuso objetivos estratégicos en tensión con decisiones tácticas (PNSB de 1991), y para ello llamó a retomar la construcción político-ideológica del MBR-200. Estas relecturas se tornaron centrales a la hora de analizar continuidades y correspondencias entre “los orígenes” y los distintos momentos del gobierno, sobre todo cuando el chavismo enfrentó escenarios adversos, donde las continuidades aparecieron con mayor claridad, como producto de reelaboraciones y relecturas programáticas.

Uno de los elementos centrales desde entonces fue la necesidad avanzar en una doctrina militar que pudiese conjugar la idea de la “Defensa Integral” junto a la de “Guerra Popular de Resistencia”. Una nueva estructura de defensa requirió de cambios en cuanto a las líneas de mando, y la creación de novedosos componentes como el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional y la Guardia Territorial. Así se avanzó en una reelaboración de una doctrina de guerra diseñada para disuadir –ante la potencial amenaza militar estadounidense– a un agresor tecnológica y numéricamente superior. Esta concepción encontró su orientación en los mismos valores que dieron luz a teorías militares sobre la “Guerra Popular Prolongada” o “Guerra Popular de Resistencia”, como parte de la disparidad entre un país militarmente fuerte y otro débil.

Al momento de analizar la evolución de conceptos como “guerra de resistencia”, resultó apropiado acercarse a proposiciones desarrolladas con antelación por teóricos y políticos como Karl Von Clausewitz (2010), Vladimir Ilich Lenin (1906), Mao Tse- Tung (1968), Ho Chi-Minh (1972), Vo Nguyen Giap (2017), o Ernesto Guevara (1970). Ellos y otros, en contextos históricos y políticos específicos, establecieron una serie de lentes analíticos para abordar la idea de resistencia a partir de caracterizar una amenaza, un adversario o un enemigo. Todas estas habían sido lecturas de los sectores que acompañaron a Hugo Chávez desde tiempo de la Academia Militar (civiles y militares) y que desde 1982 conformaron el MBR-200.

La FAN tuvo la necesidad de poner en práctica una “Guerra Popular de Resistencia” como consecuencia de la caracterización de guerra asimétrica; una combatividad desarrollada por considerar la desproporción de las fuerzas: desde esta perspectiva, no se concibió una guerra convencional entre dos ejércitos con una marcada disparidad en sus fuerzas y gran asimetría de los medios de combate, sino la aplicación de una estrategia de confrontación indirecta.

Esas lecturas fueron consideradas desde 2007 por el “Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, también llamado “Plan Sucre”. Se argumentó su continuidad con la resistencia al golpe y como continuidad de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN) de 2002 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) de 2005. Se planteó que el golpe de abril de 2002 dio origen, desde 2005, a una “fase antiimperialista con la participación popular masiva”, que debía repotenciar la FAN, reforzar la acción cívico-militar y organizar a la población para la defensa territorial.

Como hemos visto, la LOFAN en 2005 introdujo el componente militar de la Guardia Territorial, asociado a la idea de resistencia cívico-militar entendida como preparación de la sociedad organizada para operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión interna o externa e intentó modificar una serie de artículos de la Constitución de 1999, en el que fuera el anteproyecto de reforma de 2007.

El cambio de escala en materia de participación, de corresponsabilidad y de componentes se expresó a partir de la concepción de “guerra popular de resistencia” mencionada, a la cual se le buscó otorgar rango constitucional. En la última disposición transitoria de la propuesta de reforma se estableció que la Reserva Militar se convertía en el quinto componente de la FAN, constituyendo una “Milicia Popular Bolivariana”, basada en el principio “del pueblo en armas para la resistencia”. Una forma de asociar –en términos de unión cívico-militar– a civiles con combatientes, o en los términos planteados por Hugo Chávez, “una fuerza guerrillera (...) una fuerza para la guerrilla urbana y guerrilla rural en los montes, y para fortalecer las unidades de combate” (Chávez, 2007b,:s/n). Por este motivo se ubicó en el centro, la formación ideológica de la FANB y de la Milicia Nacional Bolivariana, lo que se consideró un elemento imprescindible para la construcción del "Socialismo del Siglo XXI". Se buscó perfeccionar el sistema educativo de la FANB, a partir de una reestructuración curricular integral, para que la Milicia Bolivariana junto con otros sectores de la población pudieran llevar a cabo ejercicios militares adecuados a las concepciones de la “Guerra Popular de Resistencia”.

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Entrevistas

Entrevista a Carlos Martínez Mendoza, 13 de abril de 2017, Buenos Aires, Argentina. Integrante de la Academia Militar (1971-1975), integrante del MBR-200 y del MVR.

Entrevistas a Andrés Eloy Ruiz, 17 de noviembre de 2020 y 22 de marzo de 2021, vía Zoom. Integrante Comisiones Presidenciales para la elaboración de las Misiones Sociales.

Entrevistas a Pascualino Angiolillo Fernández, 29 de julio de 2019, Caracas, Venezuela; 12 de mayo de 2022 y 13 de septiembre de 2023, vía Zoom. Mayor General. Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) de Venezuela.

Entrevista a Mario Olivera, 10 de junio de 2020, vía Zoom. Integrante “Plan Bolívar 2000”. Jefe de Operaciones en Aviación Militar Bolivariana

Entrevista a Roy Daza, 18 de marzo de 2020, vía Zoom. Dirigente del PRV-Ruptura. Responsable internacional PSUV.

Entrevista a Libertad Velasco, 29 de julio de 2019, Caracas, Venezuela. Presidenta Misión Sucre.

Entrevista a Francisco Arias Cárdenas, 12 de junio de 2020, vía Zoom. Fundador de MBR-200. Dirigente histórico del chavismo.

Entrevista a Lilian Oropeza, 11 de junio de 2020, vía Zoom. Presidenta Fundadora Misión Robinson.

Notas