A través de sus políticas públicas, el Estado establece una relación con la sociedad donde se reflejan las concepciones que tiene sobre la organización de la sociedad para contribuir a su sostenibilidad y bienestar, pero también desde ellas se puede ejercer un poder que jerarquice los grupos sociales y establezca prioridades que aumenten las brechas socioeconómicas entre ellos, propiciando la desigualdad. El Estado cumple un papel protagónico en el desarrollo de una nación, en el fomento de cambios estructurales o en su obstaculización (Evans, 1996).

En Colombia, el régimen de tenencia de tierras ha sido el punto neurálgico para una auténtica reforma agraria que transforme radicalmente el derecho de propiedad, el ingreso y las relaciones sociales entre las personas que ejercen potestad sobre el uso del suelo (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013); más bien lo que se ha tenido es una política de tierras que se ha concentrado en la redistribución de la tierra, por lo que no se ha visto su impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios de las reformas agrarias (Pulecio Franco, 2006). Históricamente, la política agraria nacional no se ha ocupado de tocar los intereses de poder alrededor de la posesión de la tierra (Arango Restrepo, 1987; Fajardo Montaña, 1983; Kalmanovitz & López Enciso, 2006; Palacios, 2011).

Desde los años noventa la crisis del agro colombiano se agudiza con defectuosas legislaciones sobre la administración de los recursos del suelo y sus factores complementarios de producción: agua, capital y medio ambiente. El gobierno de Colombia ha legislado en contra del agro nacional. La política agraria que se ha repetido durante veintiocho años, con leves ajustes, ha sido nefasta para el campesinado colombiano, ya que su interés está en importar y no exportar, en remplazar la producción agrícola nacional por el consumo de productos extranjeros, además de reducir el negocio rural para destinar las mejores tierras del país a la empresa inmobiliaria. El problema económico del agro colombiano es una cuestión política, de un Estado que ha legislado con las lógicas neoliberales del Libre Comercio (Robledo & Navas, 2016). La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) (2015-2016) reportó que el país importó en 2016 trece millones de toneladas de productos agrícolas, lo cual significa que importa el 30 % de los alimentos que consume, a pesar de su vocación agrícola y de la buena provisión de tierras para el cultivo (El Heraldo, 2016). Al indagar con la población sobre este tópico, emergieron dos subcategorías: Uso de la tierra y Comercialización de los productos agrícolas.

El Estado legisla y regula el uso de los suelos y de los recursos naturales, el ordenamiento territorial y sus destinos. En el caso colombiano se evidencia que la relación que tienen los campesinos con la tierra es diferente a la que establece el Estado y su favorecimiento a los agronegocios y a la minería. Lo que subyace a la disputa por los usos de la tierra es un enfrentamiento entre dos posturas políticas, a saber: los que contemplan los derechos de tenencia y explotación del suelo, exclusivamente para una clase social privilegiada y los que defienden la titularización de la propiedad y del usufructo de la tierra con preferencia al pequeño cultivador familiar.

A diferencia del Estado, los grandes terratenientes y las trasnacionales explotadoras, el vínculo de los campesinos con la tierra es primeramente una relación social que se legitima en el vecindario y en el tejido social con el colindante. Su práctica de acceso al suelo es para su conservación, mejora y alimentación. Solo después es que esta relación con la propiedad de la tierra se legitima con el Estado.

La política de tierras³ del Estado colombiano se refiere exclusivamente al manejo de la tierra como recurso y "los factores de producción que le son complementarios (agua, capital y medio ambiente), sin llegar a tocar directamente, como objetivo sustancial, las relaciones de poder construidas sobre la tenencia de la tierra" (CNMH, 2013, p. 17), los procesos de redistribución del recurso y la afectación de la estructura social rural. Como bien lo señala este informe del CNMH (2013), la agenda investigativa del país está en mora de hacer una memoria e historia de las políticas de reforma agraria y de tierra "para comprender de mejor manera los procesos recientes de violencia y desempeño del sector rural, así como la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que están en el centro de la problemática agraria colombiana" (2013, p. 28).

A pesar de que la mayor parte de la producción de alimentos para el sostenimiento de la población urbana proviene de las prácticas agrícolas de los campesinos, la mayor concentración de la pobreza se da en las áreas rurales. Más del 90 % de sus habitantes es pobre o vulnerable (DDRS et al., 2014, p. 13). Colombia es el país latinoamericano que posee una de las tasas más altas de desigualdad en la propiedad rural y de concentración de la propiedad de la tierra. El informe del PNUD (2011) señala que el 52 % de la propiedad rural está en manos del 1,15 % de los propietarios, concentrada mayormente en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander, regiones en donde el conflicto armado y el desplazamiento forzado han sido más intensos. De esto se deduce que en Colombia una de las mayores razones de la guerra interna, en todas sus manifestaciones, ha sido fundamentalmente una disputa por la tenencia y uso de la tierra. Uno de los agricultores entrevistados lo relata desde su vivencia:

Hay cierta presión en la vereda en el hecho de que estamos muy cerca de Rionegro, con todo lo que tiene que ver con zona declarada industrial. Entonces toda la zona de expansión industrial de Rionegro y Marinilla queda hacia este sector. Hay un crecimiento demográfico también amplio, entonces las cercanías con Rionegro, con el aeropuerto, con Llanogrande, ejerce cierta presión muy grande hacia el ejercicio de la venta de las tierras, para hacer construir fincas, o sea sitios de veraneo, entonces lo que es ya todo el ejercicio que se trabajaba de agricultura ha reducido muchísimo. (Líder campesino ASOCAMPO E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

En el anterior relato se logra evidenciar el impacto que sobre la población rural ejercen estos cambios que afectan además la vocación del uso del suelo. Son las consecuencias de todo un sistema las que muchas veces no se alcanzan a dimensionar cuando en los planes de ordenamiento territorial empiezan a hacer una expansión industrial sin contar con la comunidad de pobladores que se ven afectados por esas transformaciones, lo que coincide con lo presentado por el PNUD (2010), la Subgerencia de Tierras Rurales (2013) y Silva Prada (2016).

De ahí el escepticismo que manifiestan ante las leyes y sus beneficios:

Para mí la ley es un "talegao" de piedras que nos alzamos al hombro y que nos hacen un poquito más difícil el trabajo porque lo que hay dentro de la ley que le permita a uno mejorar sus condiciones o que permita protección del Estado rural no hay posibilidad de cumplirlo, uno sabe que ninguno de los que está ahí en cargos públicos va a cumplir eso. (Líder campesino ASOCAMPO E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

Dicho escepticismo ante las leyes es algo de lo que poco se habla o más bien a lo que no se le presta suficiente atención en los medios, pero que está implícito en la movilización campesina, que en los años 2013 y 2014 tuvo dos importantes huelgas (Noticias RCN, 2016), en las cuales lo común es estigmatizarlos como guerrilleros para luego amenazarlos, despojarlos de sus tierras o desaparecerlos (Lledín Vitos & Campos Suárez, 2017).

Adicional a ello, los cambios de los usos del suelo incrementan los impuestos a los predios e (in)directamente ponen en riesgo a los campesinos sobre la posesión de sus bienes inmuebles:

¿Por qué estamos pagando hoy una injusticia de la contribución: el impuesto predial? Por el presidente Enrique Olaya Herrera. En 1930 tenía yo por ahí 8 años y fue mi papá esa noche de El Peñol que en esa semana había dicho el presidente que todos los dueños de finca pagarían una contribución a la alcaldía, dizque pa' poder pagar la policía (...). El presidente los había puesto a pagar contribución sobre la propiedad y antes no se pagaba. Y de ahí pa' acá estamos pagando contribución de la propiedad. (...) Cuando yo vine aquí hace 45 años compré en $60.000. Ahora va a hacer tres años pagué contribución, pagué por 70 millones en que me tenían esto [avaluado]. De este diciembre que viene ajusto tres años que no he vuelto a pagar porque primero pagué $162.000 porque estaba avaluado en $70'000.000 y de ahí pa' acá vino otra valorización. A los 4 o 5 meses me mandaron una boleta cobrándomen [sic] $600.000 más. ¿Y yo cómo voy a pagar sin deber? Si se equivocaron, eso a mí no me importa. (...) Yo que le hubieran elevado a esta finca 10, 15 o 20 millones a mí no me habría chocado, pero el capital que le elevaron a esta propiedad es mucho. Esto lo pasaron de 70 millones a 413 millones. Ahora que me vino otro papel ya le subieron otros 10 millones más. Está en 426 millones. ¡Por esa plata no se vende esta finca ni en esta vida ni en la otra! (Líder campesino asphor E6HA, comunicación personal, 3 de octubre de 2015)

Una realidad palpable desde el relato de otro agricultor:

Los campesinos han vendido sus tierras y se han ido para la ciudad. Cuando un rico compra la tierra de un campesino esa tierra nunca vuelve a las manos del campesino, pero cuando un campesino le compra a otro campesino es probable que sí vuelva al campesino, pero el rico encarece la tierra y la negocia con otro amigo rico. Este es un cambio muy grande que ha tenido la región, que los campesinos han emigrado a la ciudad. (Líder campesino ASPHOR E2HA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015)

Señala este agricultor otro problema asociado a la venta de propiedad rural: cuando el campesino vende, lo hace con el ánimo de emigrar a la ciudad, pero con seguridad el valor de su tierra no se compensa con los precios de las propiedades en la ciudad y de serlo, tal vez con un área mucho menor de la que tenía en el campo. Esto implica una disminución en su calidad de vida y un aumento del sentido de desigualdad.

Como ya lo indicaban Gutiérrez Sanín y García Reyes (2016) y Sánchez Henao et al. (2011), de cierta manera, los impuestos se convierten en una forma subrepticia de desplazar a la población campesina para asegurar el nuevo uso de los suelos:

Rionegro va a ser como la zona industrial, aquí va a estar el potencial de trabajo, de toda esa maquinaria y todo lo que nos va a mover. La gente trabajadora va a vivir en La Ceja y lo que es la gente rica y, pues digámoslo, como el estrato alto y todo, va a ser en la Unión, pero no están preparados para eso, o sea yo lo digo desde mi punto de productor, o no es solo la zozobra de la parte de seguridad la que nos tiene así, sino qué va a pasar con estas tierras, es que ya los precios los han subido mucho. Uno dice, si pavimentan la vía Carmen-La Unión cuánto se valoriza, cuando entreguen esas obras del túnel de Oriente, que eso abarca muchos kilómetros a la redonda, con toda seguridad a nosotros nos va a tocar esa valorización. ¿De dónde vamos a sacar nosotros, con un negocio tan incipiente, para todo eso? Entonces eso nos va estrechando y nos va... nos va..., no sé, desplazando. (Lideresa campesina ASOPROLER E10ML, comunicación personal, 31 de octubre de 2015)

Se trata de una preocupación legítima por el futuro y la incertidumbre que depara ante los megaproyectos que se anuncian desde las administraciones municipales y ante las cuales los campesinos tienen una ambivalencia: se percibe cierta alegría por el desarrollo vial, pues ello mejora las condiciones de distribución de sus productos, pero a la vez aumenta la valorización y, en consecuencia, el pago del impuesto predial, lo que incide en el fenómeno de la descampesinización (Subgerencia de Tierras Rurales, 2013; Rosset & Martínez Torres, 2016). Esa expansión urbana es mucho más patente en el municipio más industrializado del Oriente antioqueño, teniendo como secuela la desagrarización (Sánchez Henao et al., 2011):

Rionegro no tenía nada (...) se ha convertido en un potencial para eso [el turismo]. (...) Si entregan ese túnel de Oriente ahora en el 2018, dicen que quedan de Rionegro, del aeropuerto, a Medellín 18 minutos, entonces usted qué se va a demorar, o sea, vamos a convertirnos en un barrio de Medellín. Universidades han migrado aquí impresionante, colegios han migrado aquí, empresas también, entonces yo digo que este Oriente no está preparado, nosotros no tenemos ni las condiciones en vías ni en infraestructura, para lo que se nos viene y uno como sector agropecuario tampoco. (...) En Rionegro ya lo que es el sector agropecuario está muy desplazado, ya hay pues fincas grandes, lecherías, cultivos son pocos, ya las tierras son muy costosas. (Lideresa campesina ASOPROLER E10ML, comunicación personal, 31 de octubre de 2015)

Entre los campesinos entrevistados existen preocupaciones por el futuro agrario, en parte por el cambio en la vocación de uso del suelo que implica transformaciones en sus dinámicas de subsistencia, y en parte por los impuestos que soterradamente los desplazan y despojan de sus propiedades. Lo anterior pone en grave riesgo la sostenibilidad de los pequeños productores agrícolas, que poco a poco son relegados por el sistema o subsumidos por los agronegocios.

La sostenibilidad implica producir alimentos nutritivos e inocuos a precios razonables y usar eficientemente recursos renovables y no renovables (Rizo-Mustelier et al., 2017). En este sentido estricto, la sostenibilidad agrícola solo podría darse a partir de las prácticas amigables con el ambiente que tienen los campesinos, para quienes la relación con la tierra y su cultivo supera la mera utilidad alimentaria e implica una concepción holística que compromete a las personas, los animales y pensar en una tierra con condiciones óptimas para la provisión de alimento, por lo que se preocupan de no contaminarla ni tampoco los demás recursos necesarios para la subsistencia como el agua. Sobra decir que esas preocupaciones están por fuera de la agenda de los agronego-cios, concentrados en la producción descontextualizada, no relacionada con las especificidades de los ecosistemas locales (Rosset & Martínez Torres, 2016, p. 279). Sin embargo, las grandes empresas capitalistas ejercen una presión sobre los campesinos, puesto que estos no pueden competir con la alta capacidad de inversión y de tecnología de esas empresas, lo que ocasiona una migración a las periferias urbanas (Subgerencia de Tierras, 2013, p. 2). Ante este panorama lo que está en vilo es el futuro de la alimentación, puesto que de seguir la tendencia global donde la producción del alimento se concentra en apenas cinco compañías, serán ellas quienes decidan qué comerá la humanidad, fijará los precios para su oferta e igualmente los estándares de calidad. Estas industrias están generando unos desastrosos efectos en el ambiente y el clima: pérdida de la biodiversidad y de la fertilidad del suelo, polución marina y la emisión de gases de efecto invernadero (Heinrich Boll Foundation et al., 2017, p. 6). Hoy se están dando fusiones entre grandes multinacionales para ejercer el monopolio sobre la agroindustria. Así se prevé que la fusión Bayer-Monsanto será la mayor corporación agrícola del mundo, propietaria de una tercera parte del mercado global de las semillas comerciales y de un cuarto del mercado de los pesticidas (Heinrich Boll Foundation et al., 2017, p. 20), por citar un ejemplo. Según el Atlas de la agroindustria, cuatro compañías occidentales dominan el mercado global de los productos agrícolas y a ellos se ha sumado una firma china. Ellas privilegian, en este orden, la producción de: trigo, maíz, soya, azúcar, aceite de palma y arroz (Fundación Heinrich Boll Ciudad de México & Fundación Rosa Luxemburg, 2019, p. 28). Se trata de una tendencia global que, en caso de que el Estado no asuma unas políticas que protejan la sostenibilidad de la producción agrícola de los pobladores rurales, puede tener su asidero prontamente en Colombia; nuestro país aún no figura en este atlas de las corporaciones que controlan lo que come la población mundial, pero ya empiezan a aparecer países hermanos como México, Ecuador, Argentina y Brasil. Por supuesto que para la explotación de todo tipo de recursos, América Latina constituye un tesoro que aún tiene mucho para ofrecer a las diferentes transnacionales.

La manera en que se puede proteger a las poblaciones más vulnerables es por la vía de unas leyes que propendan por la igualdad y el bienestar. Sin embargo, como ya se planteó, esa no ha sido la constante en Colombia, donde el acento está en imperativos económicos de productividad y máximas ganancias obtenidos de cualquier modo, o más coloquialmente, "como sea", un mandato predador, en que no se pone en la balanza los costes sociales y naturales de esas decisiones.

La sostenibilidad implica atender a buenas prácticas agrícolas para preservar el medio ambiente, de las cuales sobresale la agroecología que obliga a una producción que se preocupe por la fertilidad del suelo a largo plazo, reutilizar los desechos de origen vegetal y animal y devolverlos a la tierra, reducir al mínimo la contaminación derivada de las prácticas para la producción, no usar organismos genéticamente modificados, entre otras.

En las escuelas campesinas se suele dar formación en torno a la producción agrícola amigable con el ambiente, para hacer un cultivo más artesanal si se quiere:

El cuento de la Revolución verde le dio un giro total a los sistemas de producción que pueden en determinado momento generar problemas de salud a las personas que están en torno a ese sistema productivo. (...) Entonces lo que hace escuela campesina es tratar de rebobinar el casete y volver a empezar con todas las prácticas culturales que tenían los viejos para el sistema de producción, donde como no habían [sic] agrotóxicos, pues se empleaban otros métodos. A usted le dan alternativas: manejo de plagas y enfermedades: usted tiene posibilidad de hacerlo con químicos o con este otro sistema. (Líder campesino ASOCAMPO E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

De manera sencilla esta campesina también concibe la agricultura desde una perspectiva ancestral, ligada a la salud y el bienestar: "La tierra nos da todo y no hay necesidad de estarla envenenando, sino que todo natural" (Lideresa campesina ASPHOR E7MA, comunicación personal, 3 de octubre de 2015). No obstante, más allá de una agricultura sostenible, lo que preocupa a gran parte de los campesinos que participaron en la investigación es el asunto de la comercialización de sus productos:

La gente del campo no ha tenido de parte de los gobiernos ese beneficio que los ayude mínimo a comercializar porque siempre los intermediarios son los que se quedan con todo. El menos valor adquisitivo es el que le toca al campesino que lo produce. Casi siempre los intermediarios son los que han quedado con todo el capital y han hecho sus grandes capitales. (Lideresa campesina ASPHOR E7MA, comunicación personal, 3 de octubre de 2015)

Efectivamente, otro campesino ilustra la usura que hay detrás de la intermediación con un ejemplo de su propia cosecha:

El sistema de mercadeo tradicional que se maneja en plaza para nosotros es perverso, hemos hecho análisis de precios y hemos visto que lo que otras personas toman de nuestros productos es exagerado. Por decir algo, por ejemplo, el caso de la zanahoria, lo que hay que echarle a un bulto para sacar la zanahoria al mercado es aproximadamente entre 80 kilos o 90 kilos (...). Por lo general se comercializa por carga, usted saca por decir 160 kilos y a ese kilo le colocan un precio (...), cuando hay oportunidad para que el mercado esté bueno para nosotros venden $50.000 o $60.000 pesos carga, incluso hay oportunidades en las que alcanzo $100.000 carga, pero cuando usted hace la conversión $100.000 pesos carga dividido 160 kilos, entonces tiene usted un precio promedio de $700 u $800 pesos cuando está muy caro. Pero hay otros momentos en que la carga puede valer $25.000 pesos, entonces esos mismos $25.000 divididos 160 kilos, entonces no alcanza a valer $200 pesos el producto. (...) Entonces el intermediario lo toma y lo distribuye y empiezan a jugar con escala, entonces el primer intermediario que lo compra, él no lo va a comprar si no le deja a $200 pesos por kilo, entonces a él le va a dejar una utilidad de 200 pesos que me pagó a mí por todo el proceso productivo, toda la mano de obra todos los insumos y todo lo demás, y va dando la vuelta, entonces esa zanahoria salió de mi finca a $200, en las legumbrerías cuesta $1.000 o $1.550, cuando está barata, pero cuando está cara esa misma zanahoria vale $2.000 o $2.500, ¿entonces de qué estamos hablando? De un 500 o 600 % de más que se va quedando entre los intermediarios. (Líder campesino asocampo E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

Y otro percibe de manera similar la arbitrariedad y el abuso por parte de los intermediarios para establecer unos precios que no son justos con la dedicación que requiere la labor agrícola:

Si uno lleva los productos a la plaza de mercado, los intermediarios llegan y le ofrecen a uno a lo que no es. Ellos llegan a la plaza de mercado, ellos saben cómo estuvo los precios en la Mayorista, en la Minorista; en cambio uno de acá del campo uno no sabe a cómo está. Y entonces ellos llegan y que a cómo y dicen que no, que está muy caro, que está muy pequeño, que la producción no está bien buena... miles de problemas le ponen a uno. (Líder campesino agricultor E9HA, comunicación personal, 10 de noviembre de 2015)

Asimismo el líder campesino de ASOCAMPO E8HA denuncia cómo falta regulación por parte del Estado para moderar los precios y la intermediación, y su falta de apoyo a la labor productiva mediante la contratación de sus provisiones para programas del gobierno:

El establecimiento de precios se hace en las mañanas tomando tinto y como voy con mis productos con la necesidad de vender, yo no puedo retornar a la finca con mis productos, entonces el agricultor llega y los pone ahí y como esos cuatro pelotudos tienen digámoslo así la necesidad de comprar, entonces entre ellos organizan sus tipos y sus topes y sus pisos de producción, entonces al agricultor -que no puede volver a pagar el flete para volver con sus productos a la finca- los intermediarios dicen: "se lo pago a tanto" y así juegan con la necesidad del agricultor. Al Estado no le interesa regular eso. (comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

La sobrevivencia de los campesinos es difícil, sobre todo por estar sometidos a la arbitrariedad y oscilaciones de los precios que ofrecen los mayoristas o los intermediarios. Por ello, algunos sueñan con que "el Estado podría colaborar con un precio estable en los cultivos que uno saca porque es que eso varía mucho. Por ejemplo, de un día pa' otro eso se rebaja, el cultivo se rebaja al piso, [es] muy poco rentable" (Líder campesino agricultor E3HA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015). En consecuencia, su capacidad adquisitiva es muy variable, con lo que difícilmente salen de la pobreza, antes bien tiende a aumentar porque "entonces, uno va empezando a comprar todo 'fiaito' y después si le va mejor, se va saliendo de las deudas, pero es difícil, uno vive 'apretao'" (Líder campesino agricultor E3HA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015).

En efecto, otra pobladora hace una radiografía de la situación económica de los trabajadores agrícolas, que bien ilustra la desigualdad de oportunidades para esta población (DDRS et al., 2014):

Para mí injusto es que un productor meta su esfuerzo familiar -porque en muchos casos las señoras recolectan la mora, los hijos ayudan también con la desyerba, con todo el proceso- y es muy injusto que un productor viva con menos de un salario mínimo. (...) Acá mucha gente vive con menos de un mínimo. Acá la gente vive con los créditos que tienen en las tiendas. Cada vez la pobreza se incrementa porque la gente por salir de las deudas opta por estos préstamos en que les cobran casi un 20 % de interés, la gente va a estar cada día más pobre y los bancos van a llegar a quitarles lo que tengan porque ellos tienen garantías obviamente para prestar. Ya cuando llegan al límite es que los productores desertan y se van de mayordomos, porque ya de pronto los ingresos son más fijos, pero la calidad de vida disminuye mucho, ya vienen a ser esclavos prácticamente de los "ricos". (Lideresa campesina asofrutas E4MA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015)

Como el cultivo de hortalizas y vegetales está mediado por las desfavorables condiciones ya anotadas, algunos han comenzado a optar por la floricultura:

Algunos se están pasando a sembrar hortensias que para ellos es un poquito más rentable, por el dólar. (...) Pero el impacto ambiental ha sido fatal acá porque mientras la mora se fumiga cada 15 días, a la hortensia hay que fumigarla hasta dos veces por semana. Entonces la contaminación de las fuentes de agua, la tala de árboles, eso se ha incrementado muchísimo. (Lideresa campesina ASOFRUTAS E4MA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015)

De los testimonios se desprende -con las debidas limitaciones de una microetnografía- que estos campesinos están haciendo lo posible por apostarle a una agricultura sostenible, con el uso de recursos renovables y no renovables, sopesando los distintos elementos relacionados en la producción y la interacción entre ellos; sin embargo, existen otras condiciones que no están bajo su control como la oscilación de precios impuestos desde las plazas de mercado y los intermediarios, por lo que finalmente también los propios consumidores se ven afectados con unos precios desorbitantes. Como bien lo indican, ese control podría ser ejercido por el Estado, cuyos funcionarios tienen un papel pasivo, de espectadores frente a ello, pero, por el contrario, sí se empeñan en supervisar y controlar el pago de los respectivos impuestos prediales o por el uso del espacio en la plaza pública para la venta de los productos agrícolas.

Al panorama trazado se suma la desmotivación de los jóvenes para trabajar el campo, por lo que se hace difícil un relevo generacional: "El joven no quiere trabajar, no saben ni siquiera qué es un azadón" (Líder campesino, ASOPROLER E5HL, comunicación personal, 3 de octubre de 2015) y otro relato al respecto:

La mano de obra está muy difícil de conseguir, este es un trabajo muy esclavizante. Digamos: usted de lunes a lunes, todos los santos días de la vida, llueva, truene o relampaguee hay que ordeñar esas vacas, y los horarios son muy establecidos, pues usted no puede ordeñar a las 9 de la mañana, mañana a las 5, no, o sea, todos los días hay que ordeñar a la misma hora, de la misma manera. Entonces mucha gente ya no le camina como a ese trabajo, hay otros trabajos que dan la flexibilidad en horario, en pago y en cosas, y entonces la verdad nos hemos quedado sin ordeñadores, la labor se está pues acabando, o sea yo por ejemplo en este momento cuando los trabajadores míos decidan jubilarse o irse o lo que sea, yo siempre la pienso: ¿y quién va a quedar? (Lideresa campesina ASOPROLER E10ML, comunicación personal, 31 de octubre de 2015)

Las labores agrícolas generan desmotivación en las nuevas generaciones que optan por estudiar en universidades buscando un mejor futuro, en oposición a la vida observada en sus padres. La situación está dada para la descampesinización, pues desde lo económico, lo ideológico, la calidad de vida y las políticas públicas, hay demasiadas condiciones desfavorables para quienes permanecen en estas labores. El peligro mayor recae en la sociedad completa: si no existen campesinos que cuiden y cultiven el campo, ¿de quién dependerá la alimentación? Aquí se vislumbra una grave crisis alimentaria (Redacción Medio Ambiente, 2017).

Es preciso tomar medidas; los campesinos le apuestan a la soberanía alimentaria y a la asociatividad para afrontar el problema del hambre. A continuación, se verán los comentarios que al respecto hicieron los informantes del altiplano del Oriente antioqueño.

La relación entre tierra y alimentos supone también un problema estructural: el de la disposición de tierras para el cultivo y la producción agrícola, además del conflicto entre la subutilización del suelo para la agricultura y la sobreutilización para la ganadería. Las apuestas de las empresas trasnacionales sobre el campo apuntan a ubicar la producción agrícola en los mercados financieros internacionales, fomentando la monoproducción agroindustrial, la ganadería extensiva, con lo que, además de afianzar la concentración de la propiedad de las tierras, obliga a la descampesinización del agro y a la renuncia a la soberanía alimentaria para dar paso a una agricultura capitalista (Prudencio Bóhrt, 2014).

Cabe recordar que la soberanía alimentaria alude a estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentación sana y promueve la agricultura familiar (Domínguez, 2015), estableciendo, además, según las necesidades de la comunidad, qué se cultivará. Ante las presiones ejercidas por un sistema injusto, estos campesinos han encontrado en la asociatividad -esto es, la búsqueda de organización mediante el agrupamiento de campesinos para trabajar mancomunadamente en la consecución de metas de distribución y venta de su producción agrícola- una vía para recibir apoyo técnico en las fincas de zootecnistas, veterinarios y agrónomos, para así hacer frente a la intermediación, mediante la comercialización directa de sus productos y la posibilidad de participar activamente de la negociación. De esa forma, ellos establecen una asignación de precios justa tanto para la asociación como para el productor:

En el municipio de Marinilla tenemos un punto de venta en donde cada semana llevamos los productos que tenemos en la finca y los comercializamos de forma directa. ¿Eso qué está haciendo? De cierta manera está permitiendo que nosotros como asociados vendamos a un mejor precio. Estamos reduciendo al máximo la escala de la intermediación, entonces nos permite producir y vender casi de manera directa. Se saca un mínimo porcentaje de esa producción para el mantenimiento de la organización y el resto de la plata se transfiere directamente al agricultor. (Líder campesino ASOCAMPO E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

Pese a esta estratagema ideada para hacer frente a las dificultades, el Estado es percibido como opositor a la asociatividad:

Las normas y las leyes que se crean desde el Estado tampoco están apoyando mucho estos procesos de asociación, entonces cada día se crean más impuestos. De esos $300 pesos que está dejando el asociado por la zanahoria, hay que darle una parte al Municipio por manejar industria y comercio, hay que declarar renta a la DIAN, hay que estar cada año renovando un montón de cosas, hay que estar presentando en la Cámara de Comercio para renovar tu matricula mercantil y hay que estar pagando un montón de cosas al Estado, entonces sentimos que vamos a tener que hacer un reajuste para cobrarle más al productor para darle cada vez más al Estado y del Estado no recibimos nada o se recibe muy poco. (Líder campesino ASOCAMPO E8HA, comunicación personal, 9 de noviembre de 2015)

A juzgar por el testimonio anterior, se podría afirmar que, si bien existen esas políticas de asociatividad, los campesinos no están encontrándolas atractivas para sus intereses en la medida en que asociarse les implica una personalidad jurídica y unas obligaciones que, al parecer, no se compensan con los supuestos beneficios que recibirían. Posiblemente esto se debe a la implementación de políticas que están alineadas con agencias como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocidas por su enfoque neoliberal y que se evidencian en la queja constante de los agricultores de la falta de regulación del Estado en el funcionamiento de los mercados y en los privilegios dados al sector económico de la sociedad, que no tienen en cuenta la realidad de la economía campesina y se enfocan netamente en el denominado crecimiento económico (Pérez Corredor & Cortés Niño, 2017).

Lo que pocos ven es que la afectación a los trabajadores rurales redunda en el resto de la sociedad, como lo dice lúcidamente esta campesina:

Yo digo el agro es un punto frágil y complejo porque es el sector primario, y todos [lo] necesitamos, yo leía por ahí algún día una frase que decía: «por lo menos una vez al año necesito un abogado, una vez al año de pronto necesita usted un médico, pero usted a un agricultor lo necesita tres veces en el día» ¿cierto? Mínimo, pues por más dietas que hagamos y que más cosas, uno necesita comer. (Lideresa campesina asoproler E10ML, comunicación personal, 31 de octubre de 2015)

En el proceso de producción de alimentos, el territorio, la economía y la asociatividad campesina no tienen como fin último la elevación de las ganancias del agro, sino el despliegue de condiciones de una vida común digna, el pleno ejercicio de los derechos de los habitantes del campo para disponer de métodos, prácticas y de productos agroecológicos autosuficientes, que mejor sirvan a cultivos ecológicamente más sustentables y a tener una alimentación más sana y nutritiva.

A estas dificultades que el papeleo burocrático interpone a la asociatividad, uno de los derechos establecidos por la Constitución, se suma el problema de la falta de reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos, tema desarrollado en el siguiente apartado.

Aunque la Constitución Política de 1991 (República de Colombia, 1991/2016) establece varios artículos para proteger a los trabajadores del agro (arts. 64, 65 y 66), al considerar que el Estado debe adoptar medidas que promuevan el acceso a la tierra, la protección de la producción de alimentos y la adopción de medidas frente a los créditos agropecuarios, los campesinos colombianos continúan siendo sujetos de exclusión política y social (Castilla Salazar, 2015).

A pesar de que los campesinos se reconocen con tradiciones campesinas, en lo fáctico y en sus sentires, los gobiernos del Estado colombiano no han legislado reconociendo explícitamente la condición del ser campesino y su cultura, su denominación en esos términos que constituyen su identidad, asunto que revela la discriminación estructural que ha sufrido históricamente el campesinado.

Precisamente, un tercer factor identificado tanto en los antecedentes como en los testimonios es el no reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos con capacidad de representarse y de ser actores fundamentales en el desarrollo agrícola del país (Subgerencia de Tierras Rurales, 2013, p. 2). Esa ausencia de reconocimiento es coherente con la enunciación de problemas del diagnóstico (DDRS et al., 2014): pobreza del sector rural, cambio en el uso de la tierra y la concentración de la propiedad, así como el desplazamiento forzado, todos ellos consecuencia de negarles o violarles sus derechos como ciudadanos. Pero, aunque desde la sociedad y el Estado se les niegue el acceso a sus derechos, estas comunidades se han destacado por organizarse y constituir importantes movimientos sociales rurales para hacer resistencia y reclamar lo negado (Subgerencia de Tierras Rurales, 2013), aun con el riesgo de ser estigmatizados como guerrilleros (Barbosa, 2016; Lledín Vitos & Campos Suárez, 2017).

Las marchas campesinas con sus protestas, sus asociaciones y liderazgos políticos constituyen acciones que hacen visible su existencia. Desde mediados de 2015, organizaciones campesinas nacionales, varias regionales, la Mesa Campesina del Cauca, en conjunto con 1.800 campesinos (Uprimny Yepes, 2018) demandaron al Estado colombiano para ser incluidos y dentro de las estadísticas nacionales con la categoría campesino/campesina, obligando al reconocimiento de esta identidad permanente negada en el país. La no inclusión del campesinado, como campesinos, en el censo poblacional, constituía una de las mayores vulnerabilidades de sus derechos: a existir como campesinos, y a ser invisibles para las políticas públicas, considerándolos en la categoría general de "empresarios rurales" -vinculada a factores de producción- pero no como campesinos.

Se hace patente la intención de hacer invisibles a las poblaciones vulnerables cuando en los proyectos de desarrollo y reordenamiento territorial no los tienen en cuenta para escuchar sus necesidades o cuando al hacer una denuncia de la violación a un derecho, ante las autoridades competentes, nada pasa, como le sucedió a una de las lideresas entrevistadas, víctima de un intento de homicidio:

Denuncié aquí ante la Sijín [sic] [DIJIN], pero no trascendió. (...) el problema es que son trámites y trámites, vale más el tiempo que tú pierdes. Definitivamente es muy triste porque ese sinvergüenza ni siquiera aparece, citas y citas y él no aparece, y ellos le alcahuetean... Ahí es cuando uno se pregunta: ¿quiénes son los que más pisotean los derechos? Los que tienen el poder. (Lideresa campesina ASPHOR E7MA, comunicación personal, 3 de octubre de 2015)

Experiencia similar ante un denuncio por robo de ganado tuvo una campesina del sector lechero:

Aquí hace tres años tuvimos un robo de ganado (...) llamaron a la policía y este es el momento en el que el caso no se ha resuelto (...) los trámites son muy complejos. (...) Usted va y denuncia y es que uno no sabe contra quién se está enfrentando, uno no sabe esa banda qué tan grande es, uno no sabe qué tan malo es el otro, entonces uno más bien se queda callado, aquí han hecho cantidades de robos impresionantes, de Sonsón, de aquí, de la misma Unión y no, uno no denuncia, porque ¿para qué si no encuentra uno ese respaldo, si la tramitología es tan larga, si a la final el testimonio del delincuente vale más que el de uno? (Lideresa campesina ASOPROLER E10ML, comunicación personal, 31 de octubre de 2015).

Otro de los agricultores se refiere al tema del reconocimiento y a la lectura que hace de los "juegos" legales:

El campesino no solo en esta región, sino en Colombia, está muy abandonado. El campesino en general es muy vulnerado, nos han menospreciado. (...) La ley es para los de ruana. El que tiene con qué, compra la ley, pero el campesino no tiene quién lo defienda, porque no tiene cómo comprar la ley. (Líder campesino agricultor E2HA, comunicación personal, 31 de octubre de 2015)

La dignidad del campesinado y su fuerza trabajadora es resaltada, lo que da cuenta de su importante rol en el desarrollo rural del país:

Nosotros entendemos que no somos mendigos. Mucha gente tiene el concepto de que "deme, deme". Nosotros pedimos solamente inversión. Los proyectos que llegan siempre los manejamos como fondo rotatorio, porque tenemos experiencias muy negativas en las que le daban a los productores, y los productores vendían la mora, vendían los insumos... Entendimos que no es dar plata, es dar medios pa' trabajar. El campesino es netamente trabajador, es de naturaleza trabajadora. Mientras le den los recursos pa' trabajar, el campesino a usted no le pide nada. Nosotros llegamos a la Gobernación y nosotros nunca pedimos plata. (Lideresa campesina ASPHOR E4MA, comunicación personal, 29 de agosto de 2015)

En los relatos de estos campesinos se observa una percepción compartida de estar desamparados frente a la ley, en su ejercicio de ciudadanos, sus denuncias no tienen una aplicación de la justicia. Señalan a un Estado negligente y condescendiente con aquellos que detentan un poder o que tienen capital, lo que parece corroborarles el dicho popular: "la justicia es para los de ruana". La privación de los derechos, la marginación social, la humillación y la ofensa son, al parecer de Honneth (2006), formas de injusticia social, heridas morales, cuya raíz es la falta de respeto y el no reconocimiento de un ser humano como habitante de su comunidad, con capacidad de responsabilidad moral propia. Las consecuencias de tal situación se reflejan en la estigmatización, la exclusión y el menosprecio, condiciones que han padecido históricamente los campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia, a quienes se les han violado sistemáticamente los derechos humanos (Marín Rivas, 2017).

En su dignidad humana, los campesinos son titulares de todos los derechos fundamentales y sociales. Pero, además, en su identidad ligada a la tierra, deben reconocérseles unos derechos particulares: el derecho a ser dueños del suelo que cultivan, a tener una vida digna a partir de sus propias prácticas productivas, a la protección de sus conocimientos ancestrales de siembra, cultivo y cosecha; respeto a sus modos culturales de vivir, alimentarse y el derecho a usar sus semillas.