Desfamiliarización del cuidado: un puente desde el malestar individual hacia el bienestar social

Defamiliarization of caring: a bridge from individual discomfort towards social welfare

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La trama argumentativa de este escrito, se centra fundamentalmente en el trabajo de cuidado, en cuanto categoría de análisis que permite poner en tensión determinadas lógicas patriarcales de organización del Estado que atentan contra las posibilidades de desfamiliarización del bienestar de las mujeres. En otros términos, desfamiliarizar el bienestar implica aliviar parte del trabajo reproductivo, no remunerado, que realizan las mujeres en el ámbito de la esfera privada-familiar, implica desaferrar la economía de las mujeres del ingreso familiar atribuido mayormente al salario del varón denominado cabeza de familia, implica un posicionamiento activo por parte del Estado en materia de políticas sociales de cuidado, contribuyendo de este modo con ampliar las estructuras de oportunidades de las mujeres.

El término trabajo de cuidado nace como categoría teórica con la impronta de la economía feminista y se incorpora en los últimos años al debate económico. Siguiendo a Corina Rodríguez (2005), se entiende por trabajo de cuidado a las actividades para la existencia y reproducción de las personas, otorgando éstas los elementos físicos y simbólicos para la vida en sociedad, dentro de estas actividades se incluye el autocuidado como cuidado de otras personas, actividades de provisión, precondición y gestión del cuidado, las cuales en su mayoría son atribuidas a las mujeres.

Se pretende acercar la problemática del trabajo de cuidado al debate público, posicionando al Estado como agente responsable de generar políticas de carácter universal, no asistenciales, paliativas o compensatorias, que contribuyan al bienestar de las mujeres, desfamiliarizando las actividades de cuidado.

A modo de sistematizar el desarrollo del artículo, en un primer momento se desarrollarán algunas consideraciones propias de la economía del cuidado, tales como el uso desigual del tiempo y el impacto de esto en la economía de las mujeres. Lo que permitirá argumentar a favor de los servicios de cuidado a las infancias como política pública de Estado con potencial desfamiliarizador y sus contribuciones al bienestar de las mujeres.

Luego se argumentará sobre funciones y alcances del Estado en cuanto interventor de la justicia social y garante de derechos. Para ello, siguiendo a Esping-Andersen (1993), se hará uso del término regímenes de bienestar evitando caer en miradas reduccionistas que condicionen una compleja interpretación del interjuego Estado, economía y sociedad.

Por último, se llevará a cabo una breve descripción de los centros de Desarrollo Infantil, en cuanto política social de carácter municipal. Para ello, se tomarán algunas experiencias de la provincia de San Juan, a través de las cuales se reflexionará sobre las posibles contribuciones del programa al ordenamiento y/o reconfiguración de las tareas de cuidado de las familias. Particularmente se analizará la impronta que les dio origen, el problema social que buscan resolver y el potencial desfamiliarizador de dicho programa.

El objetivo principal de este apartado es facilitarle al lector una clarificación conceptual de la categoría teórica economía del cuidado, ya que a lo largo del artículo esta noción será la que sustentará las aportaciones que se realizarán. La economía del cuidado es una temática de crucial importancia para la Economía Feminista, ya que este concepto permite dilucidar mecanismos de reproducción de la desigualdad socioeconómica y de género.

La Economía Feminista es una corriente de pensamiento que pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía, y de las diferentes posiciones de los varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas (Rodríguez, 2015).

En este sentido, la Economía Feminista realiza una crítica a las teorías (sobre todo las teorías económicas neoclásicas) que sitúan al hombre en el centro de todas las cosas. Esta visión androcéntrica o patriarcal parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, esta perspectiva conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, ocultando las valiosas aportaciones que puedan realizar en todos los ámbitos de la vida.

Esta corriente de pensamiento heterodoxa realiza importantes aportaciones al estudio de la participación económica de las mujeres, centrando sus esfuerzos en exhibir los mecanismos de discriminación en el mercado laboral. Además de la categoría conceptual economía de cuidado, la economía feminista también ha elaborado otros conceptos de suma relevancia para el análisis de la desigualdad socioeconómica entre hombres y mujeres como división sexual del trabajo y organización social del cuidado.

En definitiva, esta rama de las ciencias sociales ha realizado importantes contribuciones en los últimos años en torno a las diversas desigualdades socioeconómicas que padecen las mujeres, tanto a nivel internacional como en América Latina y sus diferentes regiones, permitiendo visibilizar sus realidades y padecimientos en el ámbito laboral, y generando, a la vez, estrategias y propuestas concretas para la transformación económica entre hombres y mujeres en un sentido igualitario.

Ahora bien, ¿de qué se trata la economía del cuidado? Corina Rodríguez, importante referente de la economía feminista en la Argentina, sostiene que

...el contenido del concepto refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en la que viven. Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos), y la gestión del cuidado (coordinación de los horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones) (...) El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones/capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermos o con algunas discapacidades) y también de las que podrían autoproveerse dicho cuidado (Rodríguez, 2015: 36).

El trabajo de cuidado cobra gran relevancia para la economía feminista porque ayuda a visibilizar el rol del trabajo doméstico no remunerado en el proceso de acumulación capitalista, actividades que por cierto son atribuidas mayormente a las mujeres. Sin el trabajo doméstico este sistema de acumulación no podría reproducirse, ya que el mismo posibilita que los trabajadores, en su mayoría hombres, puedan emplearse sin mayor dificultad en el ámbito laboral, sin la necesidad de dedicar tiempo extra en labores del hogar.

De esta forma, el trabajo de cuidado, sobre todo el que implica atender las necesidades de personas dependientes como bebés, niños pequeños, adultos mayores, es responsabilidad socialmente asignada a las mujeres. Lo que de algún modo les imposibilita desempeñarse plenamente en el trabajo, escuela, realizarse profesionalmente, recrearse, entre otras cuestiones.

Desde esta perspectiva económica, tiende a visibilizarse la producción, en detrimento de la reproducción de fuerza de trabajo. Sin embargo, el papel que cumple el trabajo de cuidado en la economía es fundamental. En la medida en que sin trabajo de cuidado no existiría fuerza de trabajo, y en consecuencia no habría posibilidad de generar valor económico y reproducir el sistema económico y social. Incluso están quienes piensan que el trabajo reproductivo debe ser remunerado tal como lo es el trabajo productivo, considerando sus aportes directos a la producción económica (Rodríguez, 2012).

Resulta relevante destacar que históricamente hombres y mujeres han utilizado el tiempo de manera diferente, en relación a estereotipos culturales que marcan tajantemente una división sexual del trabajo. El último relevamiento de encuestas de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) de 2013 muestra resultados alarmantes.

Tabla 1. Trabajo no remunerado. Total aglomerados - 2013
Fuente: INDEC. Tercer trimestre 2013.

Los datos presentados posibilitan advertir una gran desigualdad en el uso del tiempo no remunerado entre varones y mujeres. Siendo el trabajo de cuidado la tarea que mayor tiempo les ocupa a estas últimas, seguido de los quehaceres domésticos y por último el apoyo escolar. En este sentido, las responsabilidades familiares de las mujeres restringen las posibilidades de desfamiliarización, tales como obtener una plena independencia económica, realizarse profesionalmente, entre otras.

...ahora bien, el trabajo de cuidado ¿sería un condicionante del orden de lo subjetivo, individual, o más bien es una problemática que nos aqueja como sociedad? Por lo que hasta acá se sabe, se da una transferencia de la responsabilidad del cuidado por parte del Estado y el mercado hacia el espacio doméstico (Fernández y Agüero, 2018: 5).

Es decir, el trabajo de cuidado, en cuanto problemática, se resiste a formar parte del debate público (social), siendo parte más bien de la agenda privada (familiar). En este sentido, no solo hablamos de desigualdades de género entre varones y mujeres, sino también hacia el interior de un mismo género, (el femenino), las desigualdades de las mujeres quedarían sujetas a configuraciones familiares, condiciones materiales de vida precaria y patrones culturales.

Ruth Sautu, reconocida investigadora argentina, sostiene que “(chances de vida) y (estilos de vida) son espejos que se autorreflejan, aunque no necesariamente cambian al mismo ritmo” (2012: 138). Es decir, resulta difícil mantener estilos de vida que no se correspondan con las chances de vida. Si pensamos el trabajo de cuidado como una problemática individual, si atribuimos esta problemática al seno familiar, desfamiliarizar el cuidado puede superar las chances de vida de muchas mujeres de sectores populares, y más que un derecho universal, puede entenderse como un estilo de vida al que acceden mayoritariamente los sectores más favorecidos, aquellos en condiciones de comprar cuidado.

En este sentido es que resulta de suma importancia que desde el Estado nacional se generen líneas de acción que contribuyan con una mayor equidad en la disposición y uso del tiempo, permitiendo de este modo que las mujeres, fundamentalmente de sectores sociales populares, gocen de la posibilidad de ampliar sus estructuras de oportunidades. Que el ingreso al mercado laboral, la continuidad de los estudios, la realización profesional, las actividades recreativas, entre otras cuestiones, no sean únicamente para los sectores con mayor acumulación de capitales.

Luego de los procesos de transformación del capitalismo competitivo al capitalismo monopólico a fines del siglo XIX, el creciente Estado nacional no solo reconoce que hay problemas sociales determinados, sino que interviene en la manifestación de los mismos. No se trata solo de un mecanismo que interviene en la estructura de la desigualdad, el Estado regula la economía, las condiciones de vida y la intervención de las políticas sociales. Economía y política social forman parte de un régimen de acumulación, ambas no pueden entenderse de forma separada.

En este sentido, Esping-Andersen (1993) habla en términos de regímenes de Estado, ya que hablar de Estado a secas sería solamente considerar al Estado y sus políticas y no la compleja relación entre Estado, mercado y familias. Un régimen de bienestar denota marcos de institucionalización históricos, entendidos estos como un conjunto complejo de reglas y/o esferas que tienen que ver con el bienestar.

Los regímenes de bienestar intervienen activamente en el ordenamiento de las relaciones sociales, ya que, a través de procesos de reconocimiento de justicia, igualdad, merecimiento, determinan los destinatarios y alcances de la protección social. Estas determinaciones impactan significativamente en los individuos, fomentando la estratificación.

Resulta peligroso permitir la autorregulación del mercado, y es acá donde el Estado cumple una función preponderante, una función de suma importancia en este interjuego Estado, mercado, familias, en cuanto protege a la sociedad de los efectos del mercado. En este sentido los regímenes de bienestar se miden justamente por el poder desmercantilizador del Estado. El bienestar es una cobertura frente a los potenciales daños del mercado, el potencial desmercantilizador se asocia fundamentalmente con el alcance de los derechos sociales.

Tomando los aportes de Esping-Andersen (1993), para que se produzca la desmercantilización es necesario estar mercantilizado, en este sentido no hablamos de desmercantilizacíon sino hasta la conformación de las sociedades capitalistas, cuando los mercados se vuelven universales y hegemónicos y la reproducción de los individuos no es posible fuera del contrato laboral. La fuerza de trabajo se mercantiliza.

Si bien para desmercantilizarse primero hay que estar mercantilizado, es decir, estar insertos en una relación asalariada plena e irreversible, cabe preguntarse: ¿Qué pasa con aquellos individuos que se encuentran institucionalmente premercantilizados? Es un hecho que gran parte de las mujeres están en tal situación y la dependencia de la configuración de su familia es muy significativa para su bienestar.

Tomando nuevamente los aportes de Claudia Danani (2004), en el caso de estas mujeres, se produce una privatización de la reproducción, debido a que su bienestar pasa por la esfera familiar. Si bien esto disminuye la dependencia respecto del salario, no podemos hablar de mercantilización en el sentido en que no se socializa dicha reproducción.

En términos de Esping-Andersen (1993) las responsabilidades familiares que el sistema sexo-género le atribuye como únicas a las mujeres, fundamentalmente la maternidad, limitan la posibilidad de obtener una independencia económica plena. En este sentido, las mujeres deben desfamiliarizarse, esto supone independizar su bienestar de la configuración de su familia. Sin embargo, la desfamiliarización no es antifamilia, supone que los sujetos sean tratados con igualdad de condiciones y a su vez que gocen de los mismos derechos.

En el caso de las mujeres premercantilizadas, es necesario que se desfamiliaricen para de ese modo poder mercantilizarse y después de ello desmercantilizarse. Es tarea del Estado implementar políticas sociales que contribuyan a vehiculizar estos procesos. Existen ciertos indicadores para medir el poder desfamiliarizador del Estado. Gastos en servicios familiares, subsidios del Estado a familias con hijos/as, cobertura de servicios públicos de atención a la familia, oferta de asistencia a los adultos/as mayores, entre otros.

En otros términos, el Estado debe organizar y sancionar subsistemas de flanco, extraños al mercado, que sean soporte de la condición salarial, soporte de nuestra misma reproducción como especie. Fundamentalmente en el campo de la socialización, la salud, la educación y el cuidado de infancias y adultos/as mayores.

Según un informe llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en los últimos años en nuestro país la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral ha crecido significativamente. El primer trimestre del 2017 evidencia una mayor tasa de empleo femenino de 48,1% con relación a la década del 90 que fue de 36,8%. Si bien el incremento del porcentaje de las mujeres en la esfera laboral es alentador, en comparación a años anteriores, continúa representando una proporción menor con relación a la inserción laboral de los hombres, la cual es de 66,3%.

Tal como se mencionó anteriormente, el sistema sexo género produce una desigual brecha entre hombres y mujeres en la medida en que configura estereotipos culturales de uso del tiempo que condicionan el acceso pleno de gran parte de las mujeres al mercado laboral. Ésta ha sido, y aún continúa siendo, bandera de reclamos de múltiples organizaciones y movimientos sociales feministas en diferentes partes del mundo, que abogan por condiciones y oportunidades laborales y salariales más equitativas.

Ahora bien, es necesariamente importante y vital interrogarse acerca del posicionamiento del Estado argentino con respecto a esta constante interpelación del feminismo hacia el aparato estatal. ¿El Estado lleva a cabo políticas sociales que permitan una desfamiliarización de los servicios de cuidado impuestos por mandato cultural a las mujeres? ¿Impulsa acciones desmercantilizadoras que posibiliten igualdad de oportunidades de ingreso al mercado laboral entre hombres y mujeres?

En San Juan, a partir de la nueva Ley de Educación Provincial, su artículo 27 establece que los jardines maternales pertenecen al nivel de Educación Inicial, los mismos “son establecimientos destinados a la atención de niños desde los cuarenta y cinco días hasta los dos años de edad inclusive” (Ley N°1327, 2015). Uno de los aspectos a destacar con esta normativa es que estos jardines ofrecerían a los niños y niñas un proyecto pedagógico educativo acorde a la franja etaria que acoge.

Teniendo en cuenta que los jardines maternales/paternales son instituciones muy requeridas en los últimos años, debido a las jornadas laborales de hombres y mujeres, en la provincia actualmente están registrados en el Ministerio de Educación solo ocho jardines de los cuales en su totalidad son de gestión privada. En este sentido, y continuando la línea teórica de Esping-Anderson, es posible argüir, y a modo de respuesta a algunos de los interrogantes anteriormente planteados, que desde el Estado provincial no se estarían gestando políticas sociales que permitan, en un primer momento, la desfamiliarización plena de las tareas de cuidado de mujeres de escasos recursos económicos que desean y necesitan insertarse en el mercado laboral, y que por su situación monetaria desfavorable no cuentan con el capital necesario para comprar cuidado.

Si bien cada año en época estival se llevan a cabo los Jardines de Cosecha, en todos los municipios de la región, para que hombres y mujeres con hijos/as puedan desempeñar sus labores en el período de vendimia, es un programa que solo se extiende de febrero a marzo, entonces la ausencia de un programa similar de gestión pública el resto del año obstaculiza a muchas mujeres sostén del hogar insertarse laboralmente por estar involucradas en el cuidado de menores.

Esta problemática también se manifiesta a nivel nacional. A continuación, se presenta el siguiente gráfico que forma parte de una investigación estadística llevada a cabo por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec) en 2015. El mismo revela la escasez de servicio de cuidado de carácter público, representando el quintil 1 solo el 20,7% de niños y niñas de 0 a 4 años que asisten a un centro de cuidado infantil, entretanto el quintil 5, de mayor poder adquisitivo, alcanza 52,1%. Esta diferencia porcentual entre quintiles de ingreso tiene su fundamento en las desigualdades socioeconómicas. Las familias que tienen acceso a un mayor ingreso pueden solventar dicho servicio, lo que habilita que las mujeres que integran este rango económico ingresen al mercado laboral, mientras que mujeres de escasos recursos no siempre pueden costear dicha oferta.

Tabla 2. Asistencia de la población de 0 a 4 años a centros de cuidado y educación, formales y no formales (2011/2012). Total país y por quintil
Cippec, en base a Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (Ecovna), Unicef y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Para concluir este apartado, y en base a lo expuesto, se considera de suma importancia la existencia de políticas públicas de cuidado, en cuanto contribuirían significativamente con una organización y/o reconfiguración familiar, rompiendo de algún modo con un mandato del sistema sexo-género que atribuye la responsabilidad única del cuidado a las femeneidades.

Generar políticas sociales con perspectiva de género posibilitaría la equidad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, asimismo esta mirada contribuiría a la justicia social por la que Esping-Anderson aboga, la cual es un desafío urgente y necesario que debe asumir el Estado. El trabajo de cuidado debe formar parte de la política estatal y no ser un asunto familiar y heteronormativo circunscrito a lo privado.

Antes de avanzar en el desarrollo de este apartado, resulta pertinente dar cuenta brevemente de algunas características de la Provincia de San Juan. Estos aportes permitirán comprender el entorno sociocultural de la región, lo cual facilitará la comprensión del análisis que se llevará a cabo en los siguientes párrafos.

La Provincia de San Juan se sitúa en la región Cuyo de la República Argentina, se caracteriza por ser una zona árida-desértica. El desarrollo económico de las zonas rurales de la provincia se basan mayoritariamente en trabajos precarizados, temporales e informales. Las actividades productivas giran en torno a la agricultura, siendo las principales el cultivo de la vid y el olivo.

En temporada de cosecha dichas actividades productivas convocan a todo el grupo familiar, adultos, jóvenes y en ocasiones niños y niñas. Esto sucede así por dos razones, una de ellas es que es la única oportunidad efectiva de trabajo con la que se cuenta en la zona para solventar algunas necesidades básicas, aprovechando el período de vendimia para recaudar y almacenar algunas provisiones alimentarias para consumir algunos meses en los que la producción se detiene. En consecuencia, los adultos, para obtener un mayor rédito económico de la cosecha, llevan a sus hijos e hijas pequeños/as por no tener a un familiar adulto cercano que se responsabilice de sus cuidados.

En respuesta a esto, desde el Ministerio de Desarrollo y Acción Social de San Juan se crean los Jardines de Cosecha como una iniciativa de cuidado de gestión pública que se implementan en la provincia. Están destinados a menores cuyas edades oscilan entre los 45 días y los 12 años y funcionan en los 19 departamentos de la provincia. Las actividades se llevan a cabo durante la época estival (enero, febrero y marzo), período en que mujeres y hombres con hijas e hijos se encuentran afectados directa o indirectamente a tareas temporarias de la cosecha de la vid. Entre los servicios que ofrecen los jardines se encuentran la repartición de alimentos como el desayuno, almuerzo y/o merienda, y la realización de una evaluación médica a las niñas y niños que asisten.

Los centros de Desarrollo Infantil, por su parte, son producto de una transformación de los Jardines de Cosecha, con el fin de ampliar los alcances de estos últimos. En 2017 se incorporaron 19 CDI, pasando a funcionar un total de 34 centros en toda la provincia. El objetivo es contener a infantes cuyas edades oscilan entre los 45 días y los 3 años. Los CDI, a diferencia de los Jardines de Cosecha, funcionan todo el año y se sustentan bajo la Ley de Educación Nacional N°26206.

Si bien los programas mencionados son una alternativa al trabajo de cuidado, resulta revelador conocer el problema social que se busca paliar con dicha iniciativa. Según (Blumer, 1971), un problema social no siempre surge de una necesidad, sino más bien de una interpretación. Tal interpretación nace en el debate público, está cargada de intereses y es legitimada por los sectores en el poder. Es por ello que la interpretación del problema social no necesariamente contribuye con paliar la necesidad que le dio origen. En este sentido, el presente análisis persigue la tarea de buscar no solo el problema social, sino también su interpretación y su impacto en la economía del cuidado.

Lo explicitado hasta el momento permite poner en tensión determinados supuestos que giran en torno a los programas mencionados, fundamentalmente considerando las distancias entre los objetivos que persiguen y las necesidades reales de cientos de mujeres de la provincia. Con respecto a los Jardines de Cosecha, se advierte un débil trabajo de diagnóstico, desde una mirada con perspectiva de género y una planificación rigurosa para abordar el problema social previo a la implementación del programa.

El principal objetivo que persigue esta línea de acción es disminuir el trabajo infantil agrícola y promover así la protección de los derechos de niñas y niños, lo cual no es un tema menor a considerar. Sin embargo, lo que se intenta poner en tensión en este escrito es que la problemática de trabajo de cuidado público y gratuito continúa quedando en segundo plano.

Si bien este proyecto beneficia de cierto modo a mujeres de escasos recursos, no es una política social que aporte considerablemente a la disminución de desigualdades económicas entre hombres y mujeres en torno al ingreso y continuidad de estas últimas al mercado laboral. Con relación a esto se advierte que el Estado no se involucra directamente generando políticas de promoción de igualdad en vía de dar respuestas a esta problemática que se ha convertido en uno de los pedidos urgentes y necesarios de movimientos y organizaciones feministas tanto a nivel provincial, nacional e internacional.

En este sentido, si bien el programa se transformó en los hoy denominados centros de Desarrollo Infantil, ampliando sus roles y cobertura, se mantiene acotado y alejado de ser una política universal de cuidado. Se advierte cómo ambos programas se desenvolvieron y se desenvuelven con una lógica de funcionamiento distante de otros programas o espacios que llevan a cabo actividades de cuidado (cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros), viéndose dificultada una red extensa y consolidada de provisión de servicios de cuidado.

Asimismo, se observa cierta gradualidad en el mejoramiento de las condiciones y recursos laborales dentro de los procesos de estos programas, sin embargo, en la actualidad se otorga una contraprestación todavía reducida y discontinua al personal que realiza las actividades de cuidado en el programa, sean estos profesionales, docentes, empleados de cocina, auxiliares, su gran mayoría mujeres. Visualizándose la necesidad de mayor contribución (sobre todo monetaria) para favorecer sus condiciones de vida y laborales.

Las líneas de acción de ambos programas presentan deficiencias con respecto a los espacios y horarios de prestación de servicios para su correcta implementación, difusión y funcionamiento, se considera necesario ampliar la oferta de centros infantiles en cada uno de los municipios de la provincia, como también la franja horaria.

El presente artículo persigue el propósito de movilizar discursivamente la necesidad de desfamiliarizar el trabajo de cuidado atribuido mayoritariamente a las mujeres. Es por ello que se argumentó acerca de las desigualdades generadas entre varones y mujeres con relación al uso del tiempo y al impacto de ello en la economía y bienestar de las mujeres. Se pretende problematizar socialmente dicha temática, trascendiendo el enclave doméstico y familiar, para así formar parte de un asunto político, estatal.

En busca de respuestas a la cuestión social planteada, se hizo foco en los jardines maternales, que preferentemente se los denominó jardines maternales/paternales para evitar caer en un lenguaje sexista de orden patriarcal. Se analizó el potencial desfamiliarizador de estos centros y el posicionamiento del Estado en cuanto a responsabilidad y grado de participación en tareas de financiamiento, asesoramiento, formación de recursos humanos, evaluación, entre otras.

El análisis desarrollado posibilitó advertir, en un primer momento, la falta de iniciativas del sector estatal al momento de pensar líneas de acción que contribuyan a desfamiliarizar el cuidado, situación que se hace evidente ante la presencia de centros de cuidado de gestión privada, en detrimento de los de gestión públicos. Por su parte, también se advierten dificultades por parte de la agenda pública, al momento de problematizar la cuestión del cuidado, lo cual puede visualizarse al reflexionar sobre la iniciativa de los centros de Desarrollo Infantil en San Juan.

Puede interpretarse que la implementación específica de los CDI, si bien impacta en el trabajo de cuidado, no es ese su objetivo principal, ya que están dirigidos fundamentalmente a la protección integral de los derechos de niñas y niños. Si definimos al trabajo de cuidado como las actividades para la existencia y reproducción de las personas, advertimos que los alcances del programa no abarcan la dimensionalidad del trabajo de cuidado, por lo que sus contribuciones no disminuirían plenamente las desigualdades que giran en torno a tal problemática.

Un factor clave en la economía del cuidado es el uso del tiempo, el cual no es remunerado cuando se trata de la tarea reproductiva, esta tarea no abarca meramente el cuidado de los niños y niñas, sino también el cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, el resto de la familia y todo lo inherente al trabajo doméstico. Bajo esta perspectiva, la respuesta de los CDI a la economía de la mujer es parcial, sobre todo en zonas rurales donde hay un fuerte imaginario patriarcal en el que las mujeres son subordinadas a la economía del varón (cabeza de familia), quedando ellas atadas al trabajo doméstico y de cuidado en su totalidad. En estos sectores, el uso del tiempo que la mujer no emplea en el cuidado de los hijos/as, seguro lo emplea en otras tareas domésticas que hacen al trabajo de cuidado

Se puede afirmar que dicho programa contribuye de manera reducida a la economía femenina de las zonas rurales de San Juan, ya que no aportaría un servicio en tiempo prolongado, motivo por el cual solo un número mínimo de mujeres, quienes posean un trabajo en horarios y días de funcionamiento del CDI, tendrían la posibilidad de insertarse y permanecer en un trabajo de producción y por ende contraprestación económica monetaria. Lo que lleva a pensar en el hecho de que los alcances del programa no tendrían carácter de universalidad y no contribuirían plenamente con el bienestar de las mujeres, entendiendo este bienestar como independiente de la configuración familiar.

Por su parte, considerando ciertas particularidades propias de las zonas rurales, entre estas el fuerte imaginario machista que gira en torno al trabajo reproductivo de las mujeres, sería de gran relevancia procurar acortar distancias entre los CDI y las necesidades reales de la población, contribuyendo con potenciar los alcances del programa. Una alternativa sería acompañar dicho programa con charlas informativas, talleres de debate dirigidos a la comunidad, donde se trabajen temáticas como la igualdad de género, la importancia del trabajo reproductivo en la economía, los derechos de la mujer, violencia de género, entre otros. A modo de contribuir con la ruptura de estructuras patriarcales de larga duración, las cuales en ciertos sectores se encuentran naturalizadas en cuanto prácticas subversivas y alienantes.