Cuerpos disidentes y diversidad funcional: lo sexual como espacio de activación socio-política

Dissenting bodies and functional diversity: “The sexual” as a space of socio-political activation

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Los estudios sociales sobre el cuerpo han recorrido una amplia trayectoria para que lo corporal pueda constituirse, más allá de la mirada biologicista, como eje central también desde los análisis de las ciencias sociales.

Este trabajo se vincula con los estudios que relacionan el estatus del cuerpo como categoría que justifica un sistema de opresión hacia corporalidades no normativas. Entendemos la noción de cuerpo como un hecho simbólico, político y social que es disciplinado y dominado (Foucault, 2001 y 2005). Interpretando las propuestas butlerianas, nuestro enfoque analítico pretende (re)situar el cuerpo como entidad de resistencia que permita cuestionar el poder hegemónico (Butler, 2002). Desde esta perspectiva, nos centramos en explorar la corporalidad desde el activismo político encarnado en las personas con discapacidad. Por un lado, nos marcamos el propósito de abordar las relaciones de poder y dominación producidas mediante los dispositivos de normalización. Por otro lado, mostramos discursos de resistencia que utilizan lo sexual como elemento subversivo.

Este artículo se plantea desde la reflexión académica producto de una elaboración interpretativa y analítica. Desde un pardigma cualitativo, nos basamos en la perspectiva hermenéutica (Arráez, Calles y Moreno, 2006) como actividad interpretativa de lo corporal y sexual. Se emplea el análisis documental y de contenido como técnicas de investigación. Nuestra finalidad pasa por visibilizar discursos, prácticas y espacios en la diversidad funcional que, con la voluntad de no encajar en la norma sino de cuestionarla, utilizan lo sexual como espacio de activación política. Nos centramos en el contexto español puesto que supone un escenario significativo desde el que estudiar las maneras de habitar el cuerpo categorizado como discapacitado.

Comenzamos este trabajo realizando una aproximación a la (des)biologización del cuerpo, con el objetivo de presentar los aportes teóricos esenciales para cuestionar lo normativo. Con ello se significa lo corporal como categoría de clasificación adscrita a una concepción ideologica, política y económica (re)construida socialmente. En un segundo apartado abordamos la normalización como dispositivo social de poder y control sobre las personas con diversidad funcional. Posteriormente repasamos cómo lo sexual ha sido utilizado por diversos movimientos como expresión de resistencia frente a los mecanismos de dominación y opresión hacia corporalidades y sexualidades no normativas.

En la parte más analítica de este trabajo, nos centramos en el contexto español para exponer los resultados alcanzados sobre discursos y prácticas significativas que desde la diversidad funcional transforman lo sexual en una cuestión política. Hacemos referencia en este apartado a la asistencia sexual, el posporno tullido/crip o la pornortopedia. Finalmente, concluimos el texto exponiendo la necesidad de democratizar el deseo, el placer y el sexo como manifestación de una sociedad que aspira a alcanzar la justicia social.

Para Chris Shilling (1993) la sociobiología piensa el cuerpo con una base biológica y presocial sobre la que se implantan las superestructuras del yo y la sociedad. Por el contrario, los constructivistas como Michel Foucault (2012) refuerzan el discurso que el cuerpo pertenece a lo sociocultural y no a una identidad biológica. El cuerpo es interpretado culturalmente, estando la biología dentro de la cultura. El autor piensa que la corporalidad expresa su existencia dentro de un entramado político. Esto es, el cuerpo se revela como el espacio donde la relación con el mundo se descubre en términos de construcción histórica. Lo político le confiere al cuerpo un espacio donde comportarse, donde moverse y adoptar ciertas posturas.

Para Foucault el hecho que el cuerpo esté inserto en el entramado político supone que está dentro de prácticas discursivas y dispositivos que en cierto modo lo disciplinan. El cuerpo está sometido a obligaciones socio-culturales de normalización. Todo ello originará sujeciones estandarizadas económica y políticamente. Este poder ejercido sobre las corporalidades es entendido como la función que orienta, dirige y gobierna las conductas de los cuerpos que crea, mediante procedimientos de análisis y diferenciación.

Foucault (2001) señala que también debe ser considerado el poder médico. El autor hace referencia a la biopolítica para describir un proceso donde el Estado y la ciencia médica reglamentan los cuerpos y su gobierno. Se destaca de Foucault la idea de que la ciencia médica propugna un discurso normalizador que, a través del pretexto de la salud, potencia la normalización de los cuerpos. Se manifiesta así un tipo de dominación sobre el cuerpo que se cimenta en una legitimidad técnico-científica o en relación con el poder médico y clínico.

La diversidad funcional (discapacidad) se ha construido en torno a la idea de normalidad como categoría sociocultural relacionada con nociones de salud. Este imaginario colectivo y simbólico minusvalora la condición humana de la diversidad funcional y reduce su experiencia vital a la de cuerpos no válidos, enfermos, desviados, discapacitados, repulsivos (Barton, 2008).

La realidad de la discapacidad se ha pensado tradicionalmente tomando como referencia la experiencia corporal de la población normativa, de aquella sin discapacidad. En este sentido la ideología de la normalidad desempeña un papel esencial en la producción simbólica de la diversidad funcional. La discapacidad es representada a través de un estándar de normalidad. No obstante, ese patrón de normalidad no es neutro sino que es producto de un sistema sociocultural específico. La modernidad occidental ha tomado como referencia en la categorización de lo normal los dictámenes biomédicos. Unos indicadores que están relacionados no solo con la salud como ausencia de enfermedad sino con categorías vinculadas con aspectos capacitistas y estéticos. Dentro de los ítems capacitistas, la modernidad anhela un cuerpo funcional, fuerte, ágil, productivo. También el bienestar se vincula con la corporalidad a través de parámetros estéticos donde un cuerpo bello, agradable, joven termina configurando un estándar de cuerpo sano. Esta aspiración corporal, creada bajo un imaginario sociocultural concreto, termina imponiéndose no solo como modelo de individuo normal sino como un patrón normativo (Bergua y Moya, 2017).

Lo natural es tener dos piernas y no sólo una; lo natural es tener una visión razonable y no ser ciego; lo natural es poder usar las piernas para andar y no necesitar una silla de ruedas para desplazarse; lo natural es desarrollar un nivel intelectual acorde con la edad biológica y no sufrir un retraso; lo natural es lo que naturalmente asumimos como tal en función de los patrones de referencia que culturalmente se nos imponen (Ferreira, 2008: 11).

La discapacidad se instaura como categoría que a pesar de ser construida socialmente es interpretada como resultado natural de un problema de índole biológico/individual. La persona con diversidad funcional se considera, por tanto, desviada de un supuesto estándar de normalidad que no es una construcción neutra “sino que se encuentra sesgada a favor de los parámetros físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante” (Palacios y Bariffi, 2007: 18). La consecuencia de esto es que las razones por las que las personas con diversidad funcional no podrían participar plenamente en la sociedad, o no lo hacen, se originan directamente de las limitaciones (dis-capacidades) físicas o psicológicas (Oliver, 1990).

Siguiendo a Michel Foucault (2001) la normalización desempeña un dispositivo social de poder y control. La discapacidad, en este sentido, queda dominada por instancias médicas y legales que determinan las condiciones de vida de las personas del colectivo. La normalización jugaría un doble papel. Por un lado califica a las personas con discapacidad como sujetos alejados de lo normal (personas anormales) y por otra parte justifica el proceso de normalización. Este proceso tendría la finalidad de corregir la anormalidad/discapacidad de los sujetos con el objetivo de que puedan funcionar como el resto de personas estándar. Se entendería así la rehabilitación funcional como el eje para la integración social.

La representación de la normalidad se basa en la autoconciencia de una sociedad acostumbrada a otorgar a sus miembros el papel de productores y que proyecta la independencia/capacidad, como una condición universal del ser humano deseable y alcanzable. El sujeto estándar se construye a partir de un conjunto de capacidades que son las que posibilitan la participación del individuo en la sociedad, entendiéndose por ello que cada persona debe contribuir a producir cierta riqueza. Zygmunt Bauman (2007) alude al término superfluo para referirse a los otros que son catalogados como desechos humanos porque no aportan en la sociedad moderna.

Ser superfluo significa ser supernumerario, innecesario, carente de uso –sean cuales fueren las necesidades y los usos que establecen el patrón de utilidad e indispensabilidad–. Los otros no te necesitan; pueden arreglárselas igual de bien, si no mejor, sin ti. No existe razón palmaria para tu presencia ni obvia justificación para tu reivindicación del derecho de seguir ahí. Que te declaren superfluo significa haber sido desechado por ser desechable (Bauman, 2007: 24)

La cultura neoliberal-capitalista en la que estamos inmersos tiende a catalogar a las personas con diversidad funcional de “excedentes”, “superfluas”, “inútiles” e “improductivas” debido a los requerimientos estructurales de esa maquinaria económico-social que conforma el patrón de existencia (Ferreira, 2008b). Mario Toboso y Francisco Guzmán (2010) revelan que el cuerpo estimado es el cuerpo productivo, capaz de trabajar generando plusvalía y, con el salario obtenido, consumir, insertándose de esta manera dentro de la corriente principal del sistema económico y social. La activista y escritora Marta Russell (2008) reconceptualiza la discapacidad como resultado de la economía política. La discapacidad sería una categoría social creada a partir de las relaciones laborales dentro de la estructura económica de explotación de la sociedad capitalista. El capitalismo es un sistema de relaciones que tiene por finalidad la maximización del beneficio a través de un trabajo productivo que aumente las riquezas materiales. Dentro de este paradigma, se piensa que la persona con discapacidad o no es capaz de producir o genera más gastos de producción que contribución potencial a futuras ganancias (Russell, 2008). El elemento esencial de evolución de la sociedad capitalista, que es el beneficio económico, demanda un parámetro de persona dotada de un cuerpo capaz y normal cuyas funciones corporales garanticen el rendimiento en términos de productividad económica. Las personas con discapacidad son poseedoras, desde esta ideología capitalista neoliberal, de cuerpos imperfectos, ortopédicos e incompletos que no pueden adaptarse a las exigencias de la maquinaria económica que demanda de individuos competitivos.

Miguel Ángel Ferreira (2011) señala que la economía capitalista necesita mano de obra eficiente, esto es, cuerpos aptos para la producción económica. No obstante, amplía el concepto de contribución a otras esferas diferentes a lo laboral.

El Estado-nación ha necesitado ciudadanos útiles (cuerpos dispuestos a practicar las prácticas demandadas, como el ejercicio del voto, que es un acto corporal) y aparatos policiales (cuerpos armados para ejercer la violencia cuando sea necesario si es necesario), la familia ha necesitado procreadores que perpetúen, en su núcleo, la especie que garantiza la perpetuidad del capitalismo y del Estado-nación (cuerpos biológicamente condicionados por una sexualidad animal que los alimenta como tales) (Ferreira, 2011: 10).

Utilizando los argumentos de Michel Foucault (2005), el poder disciplinario de la normalidad es un dispositivo de corrección y control. La ideología de la normalidad se centra en el cuerpo, se apodera del individuo y termina (de)limitando la vida de la persona.

El Estado instaura una serie de coerciones que naturalizan una infravaloración de las personas con discapacidad y promueven su reproducción al garantizar una especie de acuerdo tácito entre esos principios y las estructuras del mundo social. Esto explica por qué en términos estadísticos las personas con discapacidad presentan peores niveles educativos y sanitarios, menor participación económica y comunitaria y más pobreza y dependencia que el resto de la población (Ferrante y Dukuen, 2017: 158).

Este análisis nos lleva a pensar en la normalización como un mecanismo de poder que termina construyendo la discapacidad en términos de dominación y opresión. La perversión de la normalización estriba en que lo que da sentido a la acción pública es el cuerpo discapaz. Un accionar ideológico, político-jurídico, institucional y profesional que termina biologizando la discriminación social.

La revolución sexual se inicia en Occidente en los años sesenta y buscaba vivir la sexualidad con mayor libertad. Esto suponía la ruptura de tabúes y la quiebra de los rígidos códigos que regulaban la sexualidad de los individuos hasta ese momento (Cobo, 2015). Variados movimientos sociales intervinieron para que se produjese la revolución sexual destacando el movimiento hippy, la revolución de Mayo del 68 y los disturbios de Stonewall que supusieron el inicio de los movimientos de lucha LGTBI. Todos ellos contribuirán a la creación de una atmósfera contracultural que conformó grupos inconformistas y críticos con el orden social establecido hasta el momento. Todas las grandes instituciones sociales represivas de la modernidad se verán sometidas a la crítica desde estos nuevos movimientos colectivos que desde vertientes disidentes cuestionan el sujeto normativo. Sin embargo, en el campo de la mujer no es hasta la llegada del feminismo radical cuando se mostrarán las dimensiones patriarcales de la libertad sexual poniendo de manifiesto las verdaderas propuestas liberadoras para las mujeres (Cobo, 2011). Se interpela al sujeto político del feminismo institucional. Esto es, la mujer entendida como una realidad biológica predefinida como blanca, occidental, heterosexual, capacitada y de clase media (Bergua y Moya, 2017).

Desde estos movimientos sociales empieza a existir una subordinación de los cuerpos hacia la forma en la que se les piensa, clasifica, ordena e institucionaliza. Esta resistencia está vinculada a las prácticas y al gobierno al que refiere el pensamiento de Foucault.

En primer lugar está la resistencia, y ella permanece superior a todas las fuerzas del proceso; ella obliga, bajo su efecto, a cambiar las relaciones del poder. Considero entonces que el término resistencia es la palabra más importante, la palabra-clave de esta dinámica (Foucault, 2002: 741).

Esta resistencia ejercida desde la propia sexualidad frente a las prácticas correctas que dirigen nuestra conducta se convierte en una oposición frente al poder que puede ser ejercida de modo individual o colectivamente por los grupos contestatarios. Los grupos contestatarios son muchos y distintos, siendo algunos de ellos ciertamente beligerantes, como los referidos a la liberación sexual, el feminismo, el antirracismo, el nacionalismo y la antiglobalización. Los movimientos de los activistas gays, de las abortistas o las prostitutas se han normalizado tanto en nuestra sociedad como las manifestaciones de las organizaciones sindicales. Estos movimientos tienen el mismo significado de reivindicación política. Todas ellas son manifestaciones frente al rechazo explícito a adoptar determinadas formas de individualidad, proponiendo nuevas y alternativas formas de vida.

En este orden de ideas, la resistencia da cuenta de una potencia para bloquear, pero también para crear, a partir de la crítica radical del ordenamiento esencialista y universalista que busca regular y sujetar la producción de subjetividad, eliminando la reversibilidad y la movilidad que toda relación política conlleva, en tanto se trata de una creación. Sin embargo, el predominio de relaciones sociales asimétricas sedimentadas a través de las instituciones genera estados de dominación donde la fluidez y la reversibilidad quedan limitadas y debilitadas por las tecnologías de gobierno, cuyo papel fundamental es transformar los juegos de poder en juegos de verdad para los sujetos (García, 2011: 24).

Por ejemplo, la participación del activismo LGTBI+ en los procesos de transformación social ha contribuido a generar categorizaciones sexo-políticas dentro de un movimiento mayor de lucha por los derechos básicos de las minorías sexuales, que han redundado en el resto de población. En este sentido, la teoría queer rechaza la actual clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, por las limitaciones impuestas por una cultura donde el patrón de normalidad es la heterosexualidad. Para la teoría queer la actual categorización es ficticia y se sustenta en motivaciones políticas en la que el sexo no se entiende en términos morales, sino de erotismo, jerarquía o responsabilidad social. En este sentido la ensayista queer Monique Wittig (2005) expresa que la heterosexualidad se ha entendido como lo normal frente a lo homosexual entendido como enfermedad o perversión. Para el sostenimiento de un orden social hegemónico hay que mantener los sexos que son biológicamente, hormonalmente o genéticamente diferenciados de este modo y que tiene consecuencias sociales de orden económico, político e ideológico.

Al análisis de la diversidad corporal, la reivindicación del cuerpo y del sexo como agencia de uso político se incorpora el activismo gordo. Para María Luz Moreno (2015) desde la perspectiva de la diversidad corporal, sobre los cuerpos gordxs se han desplegado desde finales de los años 70 nuevas formas de vigilancia y control que pretenden su normalización para ser adaptados al ideal de salud y belleza. Frente a estas políticas de control alimentario, de salud, estéticas, otras, han emergido los movimientos anti fatphobia (fobia a la grasa/gordura) que han emergido anticipadamente en Estados Unidos y están proliferando en diversos países. La proliferación de políticas en contra de la obesidad basadas en las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, asentadas en el Índice de Masa Corporal, han generado programas institucionalizados para la regulación de las poblaciones gordas. La noción de normalidad vuelve a desempeñar un papel clave para disciplinar las corporalidades. La clasificación como gordx/grasa se ha transformado en un indicador matemático que sitúa a estos cuerpos fuera de la norma. Así se legitima que se ejerza sobre éstos acciones punitivas que van desde la patologización como enfermo hasta la producción de tratamientos o la invisibilidad en determinados espacios, como lo son aquellos donde se visibilizan el valor del deseo, el placer y el sexo.

Entre todos estos movimientos (LGTBQI, gordxs, diversidad funcional, entre otros) se encuentran puntos de unión a raíz de la corporalidad. Sin olvidar que existen personas que están en la intersección de ambas categorías y que hay una amplia diversidad dentro de los propios movimientos, es interesante y necesario visibilizar cómo tener cuerpos y sexualidades no normativas se utiliza para naturalizar estructuras sociales discriminatorias hacia los colectivos. Las personas son representadas como sujetos desviados, enfermos que necesitan de tratamiento y rehabilitación médica y profesional para conseguir ser aceptados por la sociedad (Platero, Raquel (Lucas) y Rosón, María, 2012).

En el ámbito de la discapacidad también se forma una narrativa que busca romper la representación de su corporalidad generada del discurso médico-capacitista para convertir lo corporal en sujeto de resistencia. Desde el movimiento crip, es el cuerpo tullido, abyecto, monstruoso (Planella, Jordi, 2007) el que a partir de los puntos de ruptura del discurso médico-capacitista se transforma en potencia política. Este posicionamiento ofrece grandes alternativas para generar nuevas formas de subjetivación (Bergua y Moya, 2017).

En España se está asistiendo a un movimiento emancipador de la discapacidad que utiliza lo sexual para generar conciencia, debate y activación socipolítica. Dentro del contexto español, es importante señalar que los movimientos asociativos y organizados del ámbito de la discapacidad actúan como interlocutores válidos en el diseño, en la implementación y en la evaluación de políticas públicas relacionadas con el sector. Por tanto, nos situamos en un escenario donde estos movimientos sociales actúan no solo como grupo de presión sino como agentes activos, en mayor o menor medida, en distintas etapas del ciclo de las políticas públicas.

Otra característica importante que nos ayuda a (re)situar el contexto está relacionado con la trayectoria del movimiento de vida independiente en España. El movimiento internacional de vida independiente plantea, entre otras cuestiones, que las propias personas con discapacidad tomen las decisiones y el control sobre su propia vida a través de la asistencia y los apoyos que sean necesarios. Este discurso emancipador puede visualizarse en gran parte en España a través del Foro de Vida Independiente. El Foro de Vida Independiente (ahora Foro de Vida Independiente y Divertad) tiene su origen a mediados de 2001 con el objetivo de impulsar en España el movimiento de Vida Independiente y el reconocimiento de derechos humanos. Es una agrupación de personas con y sin diversidad funcional que se organizan por internet para generar acciones pedagógicas de reflexión y denuncia social ante el modelo tradicional de abordar la discapacidad. El Foro de Vida Independiente ha supuesto un hecho socio-histórico significativo en nuestro país en materia de diversidad funcional, participando desde una óptica crítica en ámbitos culturales, políticos y académicos. Los fundamentos del foro implican un proceso de (re)conceptualización del conjunto de creencias, actitudes y disposiciones generadoras de prácticas en el campo de la discapacidad. Esta perspectiva ha propiciado que en 2006 surgiera en el seno del Foro de Vida Independiente, el modelo de la diversidad funcional (Palacios y Romañach, 2006). Este modelo supone, además de un cambio terminológico de discapacidad por diversidad funcional, todo un nuevo paradigma ideológico en la manera de abordar la diversidad funcional. En concreto a través de la perspectiva de los derechos humanos y la vida independiente. El foro, a través del análisis terminológico, comienza a expresar una subversión sobre un modo particular de ejercer la opresión hacia el colectivo, en este caso, a través de los significados. A partir del análisis de las categorías semánticas, avanzan hacia el trabajo teórico sobre cómo implementar los postulados del movimiento de vida independiente en el contexto español. Desde esta narrativa encarnada y subersiva se cuestionan, entre otros, los aspectos relacionados con la institucionalización de las personas con discapacidad en centros sociosanitarios, los servicios sociales fundamentados en la rehabilitación psicosocial y los recursos especializados, la educación especial y segregadora para los niños y niñas con discapacidad, la falta de accesibilidad, la carencia de apoyos y asistencia personal para el desempeño de una vida indipendinte y, en la actualidad, se aborda también lo sexual como una cuestión (de transformación) política. Antonio Centeno, activista con diversidad funcional y miembro del Foro de Vida Independiente manifiesta:

La sexualidad, como expresión intensa de la vida, pone de manifiesto el carácter ptolemaico de figuras más pensadas para sobrevivir que para vivir y que asumen el sacrificio de la libertad en nombre de una cierta idea de la protección, como las residencias y la incapacitación jurídica. El giro copernicano que necesitamos en el imaginario colectivo de la realidad de la diversidad funcional nos llevará a una sociedad más humana y más justa para el conjunto de la población. Es un camino largo, complejo y apasionante, pero de momento, si usted –a diferencia de quien escribe estas líneas– aún no tiene diversidad funcional, quédese con una idea muy simple: yes, we fuck! (Centeno, 2014: 109).

Se trata de visibilizar el poder simbólico de lo sexual para politizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida digna y plena en todos sus sentidos.

En esta línea, el documental Yes, we fuck!¹, dirigido por Antonio Centeno y Raúl de la Morena en 2015, supone una provocación hacia ese imaginario colectivo que visualiza a las personas con diversidad funcional como seres asexuales. A través de historias reales protagonizadas por personas con diversidad funcional se visualizan sin censura prácticas sexuales, diálogos, cuestionamientos y reflexiones en torno a lo sexual. La proyección contempla parejas mostrando cómo experimentan la erótica y el placer sexual, sesiones de un taller posporno o experiencias de asistencia sexual.

Más allá del producto audiovisual que ha resultado de hilvanar las seis historias, el proceso de realizar el documental ha tenido un valor en sí mismo, en tanto que ha generado un espacio de encuentro para diferentes movimientos políticos vinculados al cuerpo y la sexualidad: feminismos, transfeminismos, diversidad funcional, LGBTI, trabajadorxs sexuales, activismo gordx (Centeno, 2016: 82).

El documental interpela ese modelo estándar y normativo de corporalidad del que muchos colectivos y personas no se ven representados ni identificados. Además, provoca un cuestionamiento de las bases ideológicas que construyen la representación de la discapacidad que se han formado bajo nociones de vulnerabilidad, fragilidad y cuidado asistencial. Se reclama subvertir un sistema de pensamiento tradicional y mostrar otras formas de entender y actuar en la diversidad funcional (Pié, 2014).

La proyección audiovisual también recoge la figura de la asistencia sexual. La asistencia sexual ocupa, actualmente, un amplio debate en España desde un plano académico. Si bien, la definición de qué es la figura de la asistencia sexual (AS) en la diversidad funcional también está en estos momentos en cuestión, se pude señalar que la AS es un apoyo humano que ejerce una tercera persona para que la propia persona con diversidad funcional, y con grandes necesidades de apoyo generales y permanentes, pueda satisfacer sus necesidades sexuales (Arnau, 2017).

Expresar el significado de asistencia sexual nos lleva a tres cuestiones clave. La primera es que se trata de un apoyo humano para la realización de una actividad sexual. Rafael De Asís (2017) señala que este hecho es esencial en el posicionamiento legal y ético frente a la asistencia sexual. Desde el punto de vista de la persona que ejerce como asistente sexual el debate gira en torno a si esta práctica sexual es prostitución. Desde un enfoque legal, la intervención de una tercera persona introduce al análisis la (no) regulación del trabajo sexual. En España la ordenación del derecho en relación al trabajo sexual es algo ambigua. No obstante, puede afirmarse que no existe la prohibición del ejercicio libre de este tipo de actividad (De Asís, 2017). Del tal forma tampoco puede prohibirse la asistencia sexual.

La prostitución se enfrenta además a críticas desde un argumento ético por el que se interpreta esta actividad como una forma de violencia del sistema patriarcal (Cobo, Rosa, 2011). A pesar de ello, la AS también encuentra en el razonamiento ético la defensa central de esta figura. La AS debe entenderse como un medio, un instrumento para dignificar la vida de las personas con diversidad funcional. La AS es una herramienta para ejercer el control sobre la propia vida, disfrutando la sexualidad como una expresión del derecho a la vida independiente de las personas con diversidad funcional (Arnau, Soledad, 2014). La AS actúa así como elemento clave que dignifica la vida de las personas con diversidad funcional. La dignidad se presenta entonces como un valor ético que promueve el desarrollo humano y de los derechos humanos (Turner y Crane, 2016).

Este último aspecto es el que nos conduce a una segunda cuestión esencial sobre la AS. La asistencia sexual forma parte del discurso de derechos humanos. El/la asistente sexual ejerce la actividad en libertad y dignidad para promover la libertad y dignidad de las personas asistidas. En este sentido se entiende que es la persona con diversidad funcional quien ejerce el derecho, respetando los derechos de una segunda persona que se encarga de prolongar y apoyar en el ejercicio de los derechos del asistido (De Asís, 2017).

Tanto en el contexto español como en el internacional pueden diferenciarse modelos de AS. Algunos se asemejan a la prostitución, donde la persona asistida busca otra persona con la que mantener relaciones sexuales. La distinción con la prostitución tradicional se basa en que se trata de una especialización en el ejercicio de la actividad en base a las necesidades y características de sus clientes/as (personas con diversidad funcional). Otro modelo, con mayor consenso social, es la AS que materializa el acceso al propio cuerpo de la persona asistida. Se entendería aquí la autoerótica, la masturbación y la exploración del propio cuerpo. Por último, se diferencia un modelo de AS que posibilita el encuentro de una persona con otra(s) para mantener relaciones sexuales, bien de forma presencial o virtual –cibersexo– (Arnau, 2017).

En cualquiera de los modelos se pone de manifiesto la sexualidad de las personas con diversidad funcional como una realidad invisibilizada históricamente (García-Santesmases, 2017). Además, desde el modelo basado en la autoerótica como desde el modelo sustentado para posibilitar las relaciones sexuales con otra(s) persona(s), se interpreta la AS no solo como derecho moral y humano sino que también, cabría la posibilidad de reclamar la actuación del Estado para que prestara el servicio. Si bien este hecho obligaría a profundizar en la regulación, derechos y obligaciones de la persona asistente (De Asís, 2017).

La tercera y última cuestión central que nos planteábamos de la asistencia sexual radica en el sentido que se le debe dar (su filosofía). Entendemos que la interpretación de la AS no debe realizarse desde el rol que ejerce la persona asistente. Un rol que puede interpretarse como prostitución especializada. El análisis de la AS tampoco debe quedarse en la justificación al derecho de (auto)placer de la persona asistida. El objetivo explícito es la denuncia política de un sistema estructural que excluye a las personas con discapacidad hasta en los aspectos más íntimos y privados como son el placer o el sexo.

Por otro lado, otros de los ejemplos que nos ayudan a politizar la sexualidad en la diversidad funcional, al margen de la asistencia sexual, lo encontramos en lo que podemos denominar la erótica crip. Con erótica crip nos referimos a la reivindicación de la sexualidad situando en primer plano los cuerpos discapacitados, tullidos, imperfectos, anormales, monstruosos (García-Santesmases, Andrea, 2017b). En el contexto español, a través de movimientos como el posporno tullido, que utiliza el porno como dispositivo para (re)construir representaciones de la sexualidad en la diversidad funcional, o la pornortopedia, un proyecto donde se sexualizan las prótesis y órtesis, se están mostrando otros cuerpos, prácticas y deseos desde lo subversivo. Lo crip funciona como identidad colectiva y como seña de orgullo que celebra la dignidad de lo diferente y disidente visibilizando lo sexual de (y en) la diversidad funcional (Moscoso y Arnau, 2016).

Siguiendo a Raquel (Lucas) Platero y María Rosón (2012), estas expresiones de resistencia transforman las estructuras sociales vigentes que permiten considerar la sexualidad no normativa como constituyente de la exclusión social. Las personas con diversidad funcional se rebelan así contra la obligatoriedad de cumplir con unas normas que van más allá de los comportamientos sexuales. Supone una denuncia a los cánones hegemónicos vigentes de salud y belleza, pero también a los estándares sobre los comportamientos sociales, culturales, políticos o económicos.

La noción de cuerpo transciende lo meramente bio-fisiológico y material. El cuerpo alberga toda una carga simbólica de significados en el que se hace visible las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas de sociedades concretas.

La corporalidad no normativa ha sido tradicionalmente percibida y representada como un problema de salud en el ámbito biomédico. Estos discursos intentan legitimar unas prácticas concretas sobre los cuerpos disidentes, situando las diversidades en los márgenes de la participación social. En cambio, las propias personas significadas como diversas (LGTBQI, gordxs, diversidad funcional, entre otras) están desafiando los discursos hegemónicos a partir de la construcción de su propio relato.

Abordar lo sexual en el ámbito de la discapacidad nos lleva a interpelar la sexualidad como un hecho natural destinado únicamente a un determinado patrón normativo. En el contexto actual, basado en un sistema opresor, patriarcal, biomédico y minusvalidista (Arnau, 2017), se construye un imaginario colectivo devaluado sobre la diversidad funcional y las relaciones con lo sexual. Estos discursos tratan de reforzar estereotipos en los que las personas con discapacidad se representan como seres asexuales por naturaleza. Por el contrario, entendemos la sexualidad como un constructo sociocultural basado en elementos simbólicos, morales, educacionales, políticos y económicos. En este sentido, las profesiones del ámbito social deben incorporar las narrativas subversivas de la diversidad funcional como elemento que desafíe las teorías y prácticas hegemónicas que buscan problematizar la diversidad, reforzando la estructura de un determinado orden social.

En este trabajo hemos presentado acciones desarrolladas en el contexto español y expresiones concretas de resistencia al modelo de corporalidad hegemónica en el ámbito de la diversidad funcional. Concretamente nos hemos basado en el estudio de caso del documental Yes, we fuck! para evidenciar lo sexual y las sexualidades contruidas desde un relato diverso y real. Desde la propia discapacidad encarnada se utiliza lo sexual para cuestionar y desnaturalizar ciertas condiciones que buscan justificar un accionar disciplinario y opresivo sobre las personas con diversidad funcional. A través de distintas experiencias se busca evidenciar un cambio conceptual en la(s) forma(s) de imaginar y representar la discapacidad y las personas con diversidad funcional.

A pesar del reconocimiento generalizado de la sexualidad como elemento clave de la vida, las disciplinas sociales deben profundizar más en el estudio del bienestar sexual ejercido desde la plena autonomía de las personas con discapacidad (Lee y Fenge, 2016). El reto que se nos plantea desde las ciencias sociales pasa por (re)situar las relaciones sexuales de las personas con diversidad funcional desde el enfoque de derechos humanos. Este planteamiento requiere superar la visión individual, asistencialista y terapéutica de lo sexual, para poner en valor el bienestar sexual que actualmente actúa como fuente de discriminación y opresión hacia el colectivo. El nuevo discurso del colectivo de la diversidad funcional utiliza lo sexual como categoría subversiva. Este elemento es clave en el accionar político-transformador. En esta visión, el relato de lo sexual que emana de las personas con diversidad funcional nos sirve de apoyo para desafiar los sistemas estructurales que discriminan al colectivo. Para ello ha sido imprescindible que el colectivo tome conciencia en su reclamo de ciudadanía. Una exigencia que parte de un cambio de visión sobre su propia identidad, que pasa por un cuestionamiento sobre la posición social que la sociedad otorga a las personas con discapacidad y se intensifica al demandar el ejercicio real y efectivo de sus derechos.

El hecho de rescatar saberes ausentes, olvidados, postergados y subalternos implica un cuestionamiento sobre las formas estructurales de representar los colectivos discriminados (Lorente, y Luxardo, 2018). Lo sexual se transforma en un pretexto, una provocación que va más allá de la reclamación de las personas con diversidad como sujetos capaces de sentir, recibir y dar placer. A través de prácticas y discursos en torno a lo sexual, las personas con diversidad funcional encuentran nuevos escenarios para la reivindicación política como sujetos de derechos civiles y humanos. Democratizar el deseo, el placer y el sexo no solo ayuda a reconocer otredades sino que supone un accionar colectivo en la tarea de promover la justicia social.