Introducción

Las depresiones de las economías centrales abren un escenario que redunda en establecer indicadores desde la institucionalidad acreedora hacia la periferia, donde los costes de su modelamiento se traslada bajo una constante histórica hacia la región sudamericana. Las capacidades instaladas y la producción de energía merecen ser examinadas y verificadas bajo una perspectiva sostenible socio-ambientalmente. Sin embargo, la asimetría de información es propia de la universalización del valor, por tanto es un bien escaso. Esto considerando las posibilidades de tomar una decisión sostenida por una estructura competente y democrática, que tribute de ser una política de Estado, con la posibilidad de constituirse en el engrosamiento del Estado, en la medida que el tema energético deje de ser concesión e hipoteca para un eventual escenario de vulnerabilidad energética.

Toda vez que el mercado pretende asumir el rol del Estado bajo el agenciamiento de un marco de políticas públicas, que poco puede decir de una decisión de largo alcance. Algunos Estados en la medida que controlan una mayor cantidad de variables pueden hacer diseños prospectivos en tanto minimizan la incertidumbre en los objetivos deseados. En la región, la característica principal de muchos Estados sigue siendo que el mercado no realice análisis prospectivo sobre 30 años. Ya que si consideramos el análisis que particularmente hace el Estado de Chile en materia energética, con el conjunto de actores que operan en el campo de la sectorización pública y privada, no se llega a superar los 25 años. Esto puede contraer un significante que dice mucho acerca de las condiciones estructurales de una línea de toma de decisiones.

Definitivamente en la ausencia de participación democrática y de prospectiva se evidencia una contracción para enfrentar un escenario que reclama pertinencia en lo que a soberanía nacional se refiere. Es más, la matriz energética de la región redunda en externalidades que van en desmedro de la posibilidad de garantizar seguridad y junto a ello genera diferentes dimensiones de vulnerabilidad. Que se corresponden también con una lógica geopolítica, que en principio resulta muy útil de representar en el realismo político que determina la cooperación y la negociación a través de IIRSA, pero que requiere una formulación a escala regional de un cúmulo de decisiones, que se inscriben en la capacidad de responder a la integración con un Estado con capacidad de negociar con sus iguales pero que como desafío, paradojalmente, requiere una institucionalidad más fuerte para negociar a geometría variable con una integración regional impulsada por los mercados.

Un acercamiento histórico

La integración regional de latinoamérica, desde sus albores republicanos, se desenvuelve con la resuelta contradicción de anteponer proyectos de Estado que conllevaron rupturas al interior de sus sociedades políticas pluriétnicas, frente a la integración de sus pueblos. Esto se puede entender en dos momentos, el primer momento fue, en mucho países de la región, una deliberada alineación de los sectores políticos vencedores a los modelos monoexportadores de materias primas. En adelante y frente al declarado agotamiento de las oligarquías económicas dentro de la región (Quiroga, 2002:220), se arribó a un segundo momento que exigió un proceso en el que hubo que redefinir la mayoría de los Estados en la región (1940-1950). Este segundo momento que se plantea como proceso de industrialización en la región responde a un corolario de ideas que se plantearía tempranamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, bajo la posibilidad de la sustitución de importaciones. Hecho que no modificó en absoluto el carácter integrador de la región, bajo la dependencia económica con las economías centrales. Es más, la industrialización modificará el problema, pero no lo suprimirá (Marini Mauro, 1993:1). No obstante lo señalado antes, serán los sectores de mayor desarrollo de las economías centrales, fundamentalmente Estados Unidos, los que aunque respondiendo indirectamente a los intereses de las burguesías latinoamericanas, dejarán explícitamente evidenciado que la política de integración regional será parte de una nueva estrategia estadounidense, tendiente a la afirmación de su hegemonía para una América Latina que se resistía a ella. Quizás el momento más alto de esta mencionada resistencia tuvo su más manifiesta representación en la Revolución Cubana. Y en el plano de las ideas en las tesis desarrollistas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y de la teoría de la dependencia.

En adelante y principalmente en el curso de la década del 1960, la iniciativa estará en manos de EstadosUnidos que, en su agenda hacia la región, impulsará un marco estratégico denominado Alianza para el Progreso, programa lanzado en Punta del Este en 1961. Para dichos propósitos será recurrente la imperiosa necesidad de implantar regímenes burocráticos autoritarios, formulados al alero de la Doctrina de la Seguridad Nacional DSN (Fuentevilla, 2008:58). Esta formulación concebida en parte como respuesta de contención geopolítica en el mundo bipolar, más que restaurar un orden previo busca poner término a los Estados naciones de la región en su versión soberana. Ya que se suspenden las garantías constitucionales y las instituciones democráticas para instaurar un régimen político de excepción. Toda vez que deja de residir en el pueblo la soberanía y se pone término a la noción de acuerdo con el universo del Estado benefactor. Lo que permitió organizar un nuevo patrón de acumulación en una alta burguesía oligopólica y transnacionalizada. El advenimiento de estos procesos responde a políticas de desestabilización en la región que proponen una solución militar para un escenario de crisis y conflicto en los sistemas políticos nacionales. Al mismo tiempo que el estamento de las Fuerzas Armadas monopoliza la violencia resolviendo la dominación, delega en una clase de tecnócratas la función de normalizar la economía. Estas condiciones generan por cierto el valor sustancial de este proceso, basado en la articulación coherente, la dilaceración y el procedimiento anexado de sus partes, lo que en su lógica prístina, devendrá interdependencia compleja y en la suma de sus denominadas partes (clusters). Esto se conforma en una serie de ejes y corredores que convenientemente operaran en la extracción de materias primas para las economías centrales, pero fundamentalmente bajo los dictados de la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo en el denominado Consenso de Washington.

El estudio diacrónico del proceso de toma de decisiones en el ámbito energético arroja insumos que sitúan la tipología del Estado como una categoría que a lo largo del proceso de hegemonización del poder del Estado, bajo regímenes de excepción y reformas estructurales. Determinará la atomización del Estado en función de un rol mínimo de carácter regulador, frente a la dogmatización en la liberalización de la economía. Esto se elevó a condición de dogma político en un austero código ético liberal para establecer las razones de Estado en la disolución de las instituciones de la propiedad social o del Estado. No obstante esto, la principal articulación entre la idea y su ejecución está en la conducción política de este proceso bajo el thatcherismo y el reanganismo en la región. Lo real detrás de esta retrospectiva es que en 30 o 40 años quedó nuevamente demostrado que el crecimiento de la economía capitalista está supeditado a una contradicción por sobre su generación de excedente, en la irracionalidad de la generación de la energía para inyectar potencia basada en combustibles fósiles y en el uso de los recursos naturales para industrializar procesos. Ya que la demanda de los recursos continuó aumentado exponencialmente y de manera deslocalizada en la extracción frente a la producción tecnológica.

Por sobre las tesis desarrollistas e incluso los procesos de afirmación nacional con el que se enfrascaron algunos Estados de la región, cristalizando paradojalmente la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en 1975, organismo exclusivamente regional concebido en una línea de independencia en relación con Estados Unidos (Marini Mauro, 1993:4).

En una línea de entendimiento del espacio regional, la apreciación de lo que ya constituye un bien escaso no renovable en términos de recursos naturales redunda en una subsunción de la materia prima en el lenguaje simbólico que sincroniza la producción de capital. Así en lo cifrado de la confusión que expresa la cosa lógica y en la lógica de las cosas cuando tenemos que referirnos a la relación de los precios (Porto-Gonçalves, 2007:3). Es decir, el dogma liberal aplicado al aumento de precios hacia la demanda de un recurso energético esperando automáticamente un aumento de la producción o sustitución es creer que el dinero genera energía, aunque la realidad resulte inversa, pues es la energía la que produce dinero (Mancilla, 2009:46). Bajo esta racionalidad, considerar el desarrollo tecnológico como indicador de un desarrollo concebido a sí mismo es un error de comprensión, en tanto el soporte de dicho desarrollo tecnológico es la naturaleza. Entonces, si incorporamos variables propias del espacio geográfico, podemos deducir más allá del carácter antrópico de muchas variables. La incorporación del tiempo permite entender el espacio geográfico bajo la acumulación del tiempo en un presente y pasado. La omisión de esto último deshumaniza el espacio geográfico. Por lo tanto el espacio es en tanto acumula el paso del tiempo en el transcurso de la historia (Hidalgo-Sanchís, 2008:164).

Esto último resulta gravitante dada la caracterización territorial de la región y por tanto para poder establecer una comprensión del comportamiento del gobierno de su morfología cuando corresponda. Decisivo, si se quiere, cuando además los ímpetus integradores son clave en las generaciones de externalidades de orden socio-ambiental. Sin embargo la racionalidad que gobierna el espacio regional bajo una dimensión geopolítica hemisférica se ajusta a la transformación de la materia, devenida espacio geográfico regional. Es menester señalar que la sociedad en su conjunto evoluciona en razón del tiempo bajo una temporalidad material que se mide en el comportamiento y agotamiento de su matriz energética en la región. Esta fuerza material es la que permite la producción de bienes y servicios, junto a las externalidades de un modelo de desarrollo dado.

Dicho esto en razón a que el viejo regionalismo del 1950 al 1970 del Estado-nación como modelo de integración cerrado y proteccionista también fue generador de un impacto en el medio ambiente que no logra visibilizarse claramente en la emergencia de las reformas estructurales vividas en la región. Porque además este modelo de integración de las tesis de la Cepal se basaba en la industrialización para la sustitución de importaciones, lo que incorpora variables diferentes al Regionalismo Abierto latinoamericano de los 90, impulsado por los mercados bajo relaciones industriales orientadas a la exportación. Y diferenciado del Regionalismo Estratégico que nace en el 2000 que tiene como objetivo profundizar en la globalización la configuración de mercados regionales (Márquez, 2017). Donde si bien es abierto y competitivo, al igual que su predecesor ,y responde al impulso del mercado, requiere de un Estado de interés privado, ajustado a una perspectiva regional-global en la financiación de proyectos públicos-privados y en sectores productivos de infraestructura y servicios antes privatizados.

La pertinencia geopolítica

La tensión geopolítica atraviesa el cono regional de América del Sur. Pero tiene como fundamento dos líneas de análisis, una que guarda relación con los recursos hídricos y la otra con la explotación de los recursos fósiles. Ambas confluyen en la denominada política energética como un binomio que apunta bajo una direccionalidad que es común en vías de su control y explotación hacia la región. Basado en el carácter del Consenso de Washington, que respondió con claridad al consentimiento del mercado científico-tecnológico, desde las formas institucionales de los organismos multilaterales en el mercado de capitales. Siendo el desarrollo de la economía de Estados Unidos la impulsora a través de la estrategia dinamizadora del consumo el principal demandante, dejando abierta para la perplejidad la naturalización de sus propias relaciones productivas. Como es de suponer los mecanismos de optimización del complejo industrial de las economías centrales, se orientan a modelos energéticos de combustibles no renovables. Esto último no hace parte de algún debate político normativo ajustado a la toma de decisiones, pues la demanda estructural tiene al menos un componente y es que no se ajusta a los debates de sustentabilidad recientes, a escala humana o socio-ambientales.

En el contexto de la reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasilia (Brasil), entre el 30 de agosto y 1 de setiembre del 2000, estuvo en curso un silencioso proceso de integración física denominado IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana¹). Esta iniciativa fue un proceso multisectorial con orientación al desarrollo e integración de las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones de América del Sur, en un plazo de diez años. Así se planteó el entendimiento del espacio geográfico regional desde la representación de los intereses transnacionales. Y bajo un contexto de excepción política, en tanto permanecen jurídicamente los regímenes cívico militares de la DSN en los procesos de transición política, a la vez que permanecen sus modelos económicos herencia de estos procesos políticos militares. Sin embargo, el impulso de capitalización de la infraestructura regional se da en un contexto de una prolongada crisis económica de Estados Unidos por lo que con suma prestancia dinamizo un sector de su economía, abordando la seguridad regional desde el despliegue del Plan Colombia en la lógica unipolar. Esto generó los resultados que eran esperables en el contexto de la experiencia contrainsurgente, pero la lid no se constituyó en el aniquilamiento total de la insurgencia colombiana, por el contrario, los objetivos primarios fueron modificar el carácter del conflicto, situarlo en un margen de seguridad y establecer una cabecera de explotación de recursos en concomitancia con los aliados históricos de Estados Unidos en la región. Pero también como iniciativa para la superación del fracaso del Área de Libre Comercio de las América (Alca) por Estados Unidos en América Latina. Dado al mismo tiempo que el objetivo del Regionalismo Abierto, fue para apoyar las reformas estructurales en un proceso de integración regional débil y fuerte hacia afuera.

No obstante, IIRSA es una iniciativa de Brasil a la medida de los mercados (Márquez, Carolina, 2017), y será esto último un camino de convergencia para representar geográficamente en la región un sistema integrado. En esta misma línea, si se sigue con atención el dinamismo de la economía, se produce lo que se desecha a un costo inmensamente superior sin tener posibilidad comparativa de asignarle un valor económico. El IIRSA, siendo la dirección obligada del sometimiento de la soberanía nacional, se construyó bajo imperativos hipotéticos, que no necesariamente se concebirán de acuerdo a la planificación de sus Ejes de Integración y Desarrrollo (EID) pero deja entrever un debate que solo la desidia del poder político paradojalmente podría posponer. Ir en contra la lógica de la acumulación del tiempo es un engaño desde el punto de vista de lo sustentable. Y esto no deja de ser una tragedia que involucra a millones de sudamericanos, pues detrás de una integración económica queda pendiente o pospone una integración política, que es lo que en última instancia deberían generar los procesos de integración como respuesta a un marco socio-ambiental sustentable en el devenir político de la región.

Si bien IIRSA nació con una institucionalidad mínima en el 2000. Su evolución llevo a 12 gobiernos de la región, en 2008, a la creación de Unasur y en el 2009 el Cosiplan (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). Lo que no supone un retorno de la política, de hecho, la política está totalmente ausente de este proceso de integración. El regionalismo de la Unasur está centrado absolutamente en el mercado (Márquez, 2017). Por lo que se puede observar, los caminos modelados por la representación de la política como un fin en sí mismo no han dejado de demostrar que el camino de la democracia ha sido el menos transitado por nuestros pueblos, en tanto las instancias constituyentes de sus decisiones y de la prospectiva de sus intereses no deja de estar en manos de quienes han llevado los modelos de enriquecimiento bajo condiciones de creciente exclusión política, medido solamente en los altos índices de abstención de las elecciones nacionales de manera gradual desde el inicio de los procesos de transición.

Dos momentos en el territorio de Chile y Perú

Los acercamientos de Chile a una integración energética redundan en la extrapolación de sellar las sucesivas gestiones administrativas bajo los imperativos categóricos de una política pública, lo que dice mucho del valor, estudio y tiempo en que se mide una decisión política. Chile, en la región sudamericana, opera en condiciones desmedradas, dada su falta de decisión política para generar los cambios constitucionales que promuevan una apertura hacia la región, esto no es menor dado que un conjunto de decisiones se traducen en una forma de representar la política de acuerdo a como el modelo produce, desde ese punto de vista somos lo que producimos. Esto quiere decir que si bien Chile es parte de Unasur-IIRSA, lo hace basado en un modelo económico neoliberal, que tiene como soporte institucional un régimen político fundamentado en una soberanía constitucional (Fuentevilla, 2015).

Dado el compromiso demostrado en el proceso de integración de la Unasur y su política estrella, IIRSA, es totalmente compatible y coherente con las propuestas de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, la UNCTAD (nuevas estrategias de inversión internacional), la OMC, la Cepal y otros como los bancos de desarrollo. De hecho, ha sido directamente promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) constituyen, junto con los gobiernos de los 12 países de la Unasur, el comité de coordinación técnica de la IIRSA (Márquez, 2017). Por lo que Chile se sitúa dentro de las institucionalidades emergentes de procesos de transición política. Con incapacidades estructurales para intervenir su matriz energética, dado también que la integración energética de IIRSA es a partir de los EID, ya que busca alimentar la infraestructura logística para la extracción de recursos naturales. Como el modelo de integración IIRSA no es político, no cabe una integración energética regional que no sea la que se ajuste al Estado de interés privado. En el caso chileno, la concentración del más de 80% de la matriz energética está en centrales hidroeléctricas, que de paso toman control de uso del agua, por tanto liberalizan y alejan más aún las posibilidades de mitigación. Frente al elevado impacto de las réplicas sociales, como resultado de la exclusión política y la iniquidad de su sistema político, sobrerrepresentado políticamente en los canales participativos de la línea de toma de decisiones. Por lo que la prioridad de Unasur-IIRSA en Chile es consolidar los EID que permitan ser corredores de acceso a los puertos del océano Pacifico como nodos estratégicos (Márquez, 2017).

La ausencia de una política energética y de una política ambiental habla mucho del carácter modernizador del Estado en las reformas estructurales. Su reduccionismo tiene mucha relación con el ímpetu envolvente del sustento ideológico liberal que nutre una serie de decisiones; visto así y entendiendo los alcances estratégicos, es obtuso presentar políticas sustentables en este ámbito, si consideramos que no existe siquiera una localización espacial, como institución o ministerio, en el caso de Energía y Medio Ambiente. Por lo que se explica también, el estado situacional para incorporar energía nuclear como alternativa en esta oligopólica matriz energética. Ahora bien, ¿qué determina entonces el tipo de integración que se necesita?, una estructura errática en el Estado, con claras incapacidades de abordar con pertinencia, la demanda nacional. Los tratados inspirados en la lógica del Regionalismo Abierto (Insulza, 1998:69) han demostrado el más absoluto fracaso como camino para enmendar las traumáticas transformaciones vividas por Chile bajo el régimen cívico-militar. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) no han hecho más que contribuir a la incorporación de supuestos, en calidad de riesgos, que no se traducen más que en una concentración de la riqueza, con tal grado de iniquidad en su distribución que deja en condiciones de discapacidad a la sociedad civil en su conjunto, para acercar el problema energético con propiedad soberana en la participación de sus decisiones. La integración del Estado de Chile a la región, en términos comparativos, frente a una política bilateral con las economías centrales, pero principalmente con Estados Unidos, termina endosando a la sociedad civil decisiones erróneas que se trasladan en medio de una crisis, no precisamente como una oportunidad, cuando las cosas están constituidas con tales asimetrías.

En el contexto IIRSA, la producción energética concibe como alternativa renovable de manera capciosa la producción de etanol, a través de la conversión del suelo agrícola en el uso de esta biomasa (fotosíntesis) como combustible. Esto, de acuerdo a diferentes estudios es una proyección de una escases de alternativas, pero ante todo es un escenario que proyecta vulnerabilidad alimentaria bajo la denominada transición de la matriz energética en esta nueva división productiva. Uno de los países en el que se genera un notable impacto, bajo esta conversión en la región, es en el Estado de Brasil, dada la combinación de agua y biomasa, junto con la favorables condiciones de exposición solar para la fotosíntesis. Esto está presente principalmente en el Amazonas y se proyecta con fuerza en un corredor transamazónico, que se corresponde con diferentes EID de IIRSA. Condición más que suficiente como para que se evidencie en la participación de transnacionales de agrocombustible, como Bunge, Syngenta, Monsanto, Saludable, Basf, John Deere, Bayer, Du Pont, Pirelli, Pricewaterhouse Coopers, Petrobras, Valle del Río Dulce, Goodyear y ADM (Porto-Gonçalves, 2007:3), y localicen sus centros de operaciones en la periferia de la urbe de Río de Janeiro y San Pablo, en la conversión del suelo agrícola, dejando en evidencia el futuro déficit alimentario de dichas ciudades en el incremento de los precios que se proyectan ajustados a la demanda. En el caso del Estado de Chile, se proyecta la conversión en el escaso suelo agrícola en el Sur del país y se fomenta una proyección de vulnerabilidad alimentaria, que es la suma de las partes de un modelo de integración.

En el caso peruano si bien este país cuenta con recursos de hidrocarburos, podemos observar un ejemplo frente al desarrollo desigual y combinado de un regímen de excepción y un modelo de integración, es el caso de la carretera interoceánica de Acre en la frontera de Perú con Bolivia. Si bien este proyecto se basa en acuerdos previos de integración entre 1979 y 1981, es un acuerdo de cooperación y amistad pensado en el Estado de Acre en la frontera con Madre de Dios. Es el presidente Alan García el que resucita el acuerdo y lo manda a ratificar al Congreso del Perú. De ahí que fue Alan García el que abrió las puertas a Brasil. A tal punto que es el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso el que interviene en la OEA para que no sancione la reelección a presidente de Alberto Fujimori en el 2000. Año en que se suscribe la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), por expresa invitación de mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso (Ochoa, 2017).

Eje amazónico del Sur (Perú – Brasil – Bolivia)
Fuente: IIRSA. Disponible en: http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/lb09_seccion3_eje_pbb.pdf

Se puede entender entonces el IIRSA como modelo de integración basado en la expansión de las empresas brasileñas bajo la lógica transnacional. Si bien el proyecto se apoyó en una carretera interoceánica de Acre al Pacífico, que sería un corredor para la exportación de soja. Lo real es que la empresas constructoras brasileñas solo tenían interés en la construcción de la carretera, que fue una parte del negocio financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que pago cerca de 2.000 millones de dólares que bastaron para la corrupción del regímen de excepción de Fujimori. El mismo modelo de negocios que otorgó el crédito a la empresa Odebrecht para promocionar una serie de proyectos de construcción financiando paros y diferentes grupos de presión con el propósito de desarrollar una infraestructura de carácter vial. En la región Inca (Cusco, Madre de Dios y Apurímac) y en la región José Carlos Mariátegui (Puno, Moquegua y Tacna) (Ochoa, 2017).

Considerando lo anterior, se puede inferir que el modelo de integración IIRSA se corresponde en su dimensión económica como un modelo especulativo, pues no hay sincronía entre el crecimiento basado en la construcción y la conversión hacia el extractivismo de la madera y el oro en los proyectos mencionados. Dado que los recursos son limitados, bajo una perspectiva sustentable y por las consecuencias negativas medioambientalmente. Pero también se evidencian las aristas de un modelo de integración con serias limitaciones, ya que se mantuvo su expansión en la misma lógica con el presidente Lula da Silva para el financiamiento de sus programas sociales. Frente a la soja, que saldría por la carretera interoceánica de Acre, por la envergadura de los camiones y por la altitud de sus rutas se preferían las rutas por Bolivia y Chile. Lo que contribuye a la comprensión de la relación dialéctica entre el poder económico y el político.

Consideraciones finales

Es cierto que los modelos de administración pública fueron modificados radicalmente en razón de los cambios ejercidos por los regímenes de excepción, que tienen la responsabilidad de haber desarrollado la gestión política para la privatización de las empresas del Estado y de reducir la línea de toma de decisiones de acuerdo al rol doctrinal y satelital dentro de la economía de parte del Estado. Ante la evidencia, esto generó las condiciones políticas en la región para socavar la soberanía popular de la democracias en la región. Esto se proyectó como respuesta para los nuevos competidores que subyacían al termino del rol de empresas del Estado (Villanueva, 2012:15). Con el consabido monopolio productivo, dado el carácter neurálgico que implicaba, por ejemplo, el transporte público para el funcionamiento del Estado y su economía nacional. De ser Estados con un control soberano de sus monedas a través del Banco Central, o sea del control de su economía, pasaron a ser Estados satélites del mercado.

En lo inmediato esto impacta en la línea de la toma de decisiones, ya que además influye en la disolución de la organización colectiva, que representa el piso político que sostiene un sistema político dado. Este aparente modelo de flexibilidad des-regulado se plantea en la deontología de una forma de entender la institucionalidad política o de una relación ontológica con un presente político demasiado inmediato; es la ausencia de determinismo y la imposibilidad de abordar soluciones de largo alcance, con supuestos que incorporan riesgos en modelos de integración, que no aportan sostenibilidad a la región bajo una distribución ecuánime del Producto Interno Bruto (PIB), resultado del crecimiento económico. Por tanto, sus falencias en la representatividad de la toma de decisiones son evidentes. Y esto habla de condiciones que objetivamente, sin regulación de los diferentes Estados en la región, podría además instalar una condición de vulnerabilidad energética para un desarrollo en bloque.

Las expectativas de una integración energética a través de IIRSA-Unasur es inexistente dado que la prioridad es la integración regional latinoamericana con una mayor inserción en la economía global desde una posición de economía extractivista, en beneficio del capital global centralizado fundamentalmente en los territorios del hemisferio Norte. Esto, tanto para Chile como para otros países de la región. Esta división internacional del trabajo, en el caso de Perú, deja en condición de evidencia el comportamiento institucional en la conducta política de fondo, frente a la sobrevaloración y apalancamiento excesivo en la generación de burbujas financieras de los nuevos mercados de infraestructuras en los que podemos encontrar varios factores: a) la desregulación financiera; b) el exceso de liquidez; c) el crédito fácil, y d) la privatización de los antiguos servicios públicos convertidos ahora en los nuevos mercados de infraestructuras (Márquez, 2017). Esta condición de financiarización de la economía en infraestructura y megaproyectos no exige el retorno del Estado, al contrario, es un retorno instrumental a favor del mercado y de sus nuevas demandas; no hay retorno de la política y tampoco hay un retorno de la agenda de desarrollo, más allá del importantísimo papel que se exige ahora al Estado, su centro está basado ahora en términos cuantitativos/financieros como cualitativos para desarrollar estas redes de integración global (Márquez, 2017).

Finalmente Unasur-IIRSA se ajusta plenamente a un modelo de Regionalismo Estratégico (“la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo”, Tratado Constitutivo de la Unasur, 2011). Lo que también se puede considerar en términos geoestratégicos como la gestión de los intereses geopolíticos y económicos políticos en un escenario multipolar (Merino, 2018). Por tanto no se plantea un modelo de desarrollo alternativo alguno, excepto mejorar la eficiencia del transporte y disminuir sus costes (Márquez, 2017). El modelo sigue siendo primario exportador orientado crecientemente al Pacífico. Lo que reafirma los objetivos permanentes de IIRSA, al intentar cubrir de forma eficiente las zonas en las que se encuentran los principales recursos naturales y de conectarlos con los principales puntos de salida de esta producción (nodos estratégicos), pensando principalmente en la exportación fuera del continente, se han considerado prácticamente todas las reservas de gas, petróleo y agua, las que están comprometidas dentro de la trama de los Ejes de Integración y Desarrollo, observándose una llamativa correspondencia entre los recursos e IIRSA a través de sus EID (Márquez, 2017), que comunican las zonas internas del continente con los puertos oceánicos de ambas márgenes de América del Sur, posibilitando la extracción y comercialización con diferentes mercados del mundo globalizado.

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Notas